alternativa Época ii - nº 59
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Alternativa Época II - Nº 59TRANSCRIPT
Alternativa Semanario
Montevideo, 17 de setiembre de 2012 - Época II Nº 59
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Imprevisión, desprolijidad
y soberbia La situación crítica de la salud pública ha traspasado
un nuevo umbral de inverosimilitud por la
efectivización de la renuncia de cirujanos, aún contra
la declaración de esencialidad del gobierno.
A este conflicto se
llegó por la
imprevisión y la
desprolijidad en las
acciones
gubernamentales de
José Mujica y el
Frente Amplio,
desde que, a
sabiendas del desmejoramiento de las
condiciones sanitarias públicas, se dice que
no hay más recursos, cuando en varios años
ha habido un derroche de dinero sin
precedentes, desperdiciando la oportunidad
por la bonanza económica y aún dentro de
una recaudación tributaria que sigue
creciendo. Entonces, cabría preguntarse
dónde ha ido a parar el dinero de los uruguayos si no
hay para solucionar uno de los aspectos más
esenciales de la sociedad como es la salud.
Asimismo, ¿acaso las autoridades pensaron que con
declarar la esencialidad lograrían el acatamiento sin
más de los cirujanos? Hay una compulsa de poder en
la cual el gobierno “pensó” que por ser quien es, ya
lograría ajustar las cosas a su manera de ver y que la
sangre no llegaría al río. Se ha equivocado.
En ese contexto, se ha conocido que el gobierno
cubano pretende que Uruguay y su gobierno le
paguen los gastos por las operaciones de ojos, y
que la mayoría de las empresas públicas prevén
déficit en sus presupuestos para el año 2013 contra
el cual recurrirían al endeudamiento para
sobrellevarlo, según informó El País. Por tanto,
parece difícil que aparezcan los recursos
necesarios, por haber sido mal gastados antes y no
contarse con ellos en el futuro inmediato.
Sin lugar a dudas, las
consecuencias y los
efectos negativos son
sufridos por los pacientes
y los usuarios de los
servicios públicos de la
salud, y sus familias;
personas de menores
condiciones económicas
para poder afrontar una crisis. Este complejo
panorama era previsible pero, precisamente, por la
falta de previsión, por la desprolijidad y por la
soberbia del gobierno, se termina perjudicando a
cientos de miles de uruguayos. De ellos, ¿se acuerda
el gobierno ahora o cuándo sean las elecciones? Imágenes: subrayado.com.uy; 10minutos.com.uy
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Agravamiento de Penas
por Tráfico de Pasta Base Por Pedro Bordaberry
“Como adelantó el señor Senador Pasquet,
nosotros vamos a votar favorablemente este
proyecto de ley, más allá de las anotaciones
precisas y certeras que él ha hecho acerca
de este texto –que podría ser mucho mejor–
, porque creemos que revela un cambio
positivo en nuestro país, dejando atrás esa
suerte de argumento por el que se decía
que agravar las penas era algo malo. Me
parece que es bueno que hoy el Senado de
la República vote por unanimidad un
agravamiento de las penas como algo
positivo y, además, es bueno que lo haga
contra este flagelo de la pasta base. Los
datos del Ministerio del Interior señalan que
en el año 2004 existían 187 consumidores
de pasta base en el Uruguay y transcurridos
siete años este número ascendió a más de
30.000. Quiere decir que los 187 adictos a
la pasta base en 2004 se han convertido en
más de 30.000, lo que representa un
problema muy grave para el Uruguay que
debemos encarar.
Creemos, además, que es vital que lo que
estamos haciendo hoy se traslade a otras
áreas de la política de seguridad ciudadana
en el país, es decir, que estas medidas para
combatir la pasta base también se apliquen
a otros delitos; no tengamos miedo de
hacerlo.
Vamos 10520 y el diputado
Fitzgerald Cantero Piali le invitan a un almuerzo con
Pedro Bordaberry Domingo 21 Octubre de 2012
12 Horas
“Chacra San Francisco “ Por reservas y consultas:
Visita: vamos10520 .com
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Nos parece bueno que se agraven las
penas y no que el Estado asuma la
comercialización y la distribución de la
droga. Hemos escuchado con preocupación
en los últimos tiempos una propuesta para
que el Estado asuma la comercialización de
la marihuana, con el argumento de que es
un buen negocio que hay que quitar a los
narcotraficantes. Si bien la pasta base
también es un buen negocio para los
narcotraficantes, nadie está pensando –
salvo algún jerarca de alguna Intendencia
del interior– que el Estado deba distribuir
esta droga.
Consideramos que algunos argumentos
contenidos en este proyecto de ley están
yendo por el camino adecuado. También
escuchábamos que si se agravaba la pena
respecto a alguien que cometía un delito,
eso sería un incentivo para que otros que
no estaban en la misma situación, también
lo hicieran. Aquí vemos que se pone como
atenuante o como un requisito para que el
Juez disponga medidas alternativas que el
imputado no tenga antecedentes penales y
nadie ha dicho que los narcotraficantes
vayan entonces a buscar o contratar a
quienes no tengan antecedentes penales o
que estamos provocando eso.
Creemos que eso es positivo como también
lo es que esta mañana se esté dejando sin
efecto –por suerte– el latiguillo, que se
repite una y otra vez, de que el
agravamiento de las penas no es la
solución.
La situación es muy grave y por eso es
bueno que se tome esta medida. Si uno
analiza la inversión que ha hecho el país en
seguridad pública a través del presupuesto
del Ministerio del Interior, ve un crecimiento
enorme en los últimos siete años. El monto
de ese presupuesto se ha multiplicado por
tres, pero también las rapiñas, que pasaron
de ser 6.933 –en 2004– a 16.322, lo que
representa un crecimiento de 130%.
¿Por qué hago referencia a las rapiñas?
Porque se está diciendo que la pasta base
influye mucho sobre quienes cometen este
delito. Como veremos más adelante, esto
es más un mito popular que otra cosa. En la
actualidad, hay casi dos rapiñas por hora,
es decir, 44 por día.
Frente a esta realidad, el Gobierno puede
decir que hay otros índices que han
evolucionado positivamente. Hemos
escuchado que el número de hurtos en los
últimos tiempos, si bien no ha disminuido,
no ha continuado creciendo. Esto también
es un mito, porque lo que sucede
actualmente es que ya no se denuncian
estos hechos; esa es la verdad. Muchos de
los que estamos aquí hemos sufrido hurtos
y sabemos que ya no se denuncian,
solamente se da cuenta de las rapiñas y de
los homicidios.
Alternativa es una publicación semanal
producida con la colaboración de adherentes y
de amigos de Alternativa Independiente, así
como por el apoyo, con artículos de opinión e
información, de otros actores políticos, sociales
y técnicos, cuyo objetivo es difundir las
actividades de interés social, cultural y político
que hacen a nuestro país, al Partido Colorado y
a nuestra Agrupación, así como difundir
artículos de los diversos medios de
comunicación, que pueden resultar de
particular interés.
Nota: Las opiniones e informaciones vertidas son
de exclusiva responsabilidad de quienes
suscriben los artículos, no comprometiendo la
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E-mail: [email protected]
Dirección: Fitzgerald Cantero Piali.
Coordinación General: Leonardo Monzillo Costa.
Colaboran en este número: Pedro Bordaberry;
Alejandro Guedes; Dr. Jorge Alejandro Suárez
Saponaro; Ernesto Spinak.
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Otro de los valores que el Gobierno podía
exhibir como estable era la evolución de los
homicidios, porque se mantenía estable en
los últimos 20 años; se cometían alrededor
de 200 homicidios por año, con algunas
variaciones en más o en menos.
Lamentablemente, la cifra en materia de
homicidios en el año 2012 será record; el
fin de semana pasado hemos superado los
209 homicidios. El promedio de los últimos
25 años en el país es de 207 homicidios y
todavía nos quedan por delante tres meses
y medio que, desde el punto de vista de la
estacionalidad en cuanto a la comisión de
homicidios, son los peores.
Frecuentemente se dice que esto se debe al
crecimiento de algunas modalidades, en
especial, al incremento de la violencia
doméstica –que a todos nos preocupa–,
pero cuando uno va a los indicadores del
Observatorio Nacional sobre Violencia y
Criminalidad del Ministerio del Interior ve
que no es así, ya que la violencia doméstica
representa el 13% de los homicidios en el
país, mientras que los homicidios por
rapiñas y copamientos representan el 32%,
por riñas y peleas eventuales, el 22%, y los
que son por ajuste de cuentas vinculados al
comercio de drogas representan el 17% de
los homicidios en el país, lo cual implica un
gran crecimiento de esta modalidad.
Esto nos tiene que preocupar porque, de
acuerdo con el Estudio Global sobre el
Homicidio de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, Uruguay
figura con la tasa de homicidios más alta
entre varios países sudamericanos, así
como también con respecto a Europa y a
otras naciones. Tomando la tasa de
homicidios cada 100.000 habitantes,
Uruguay se encuentra por encima de
Argentina, Perú y Chile. De acuerdo con
estas estadísticas, la participación de los
menores en los delitos de homicidio también
se ha incrementado muchísimo. En el año
2006, el 9% de los homicidios era cometido
por menores de edad y en el 2011 ascendió
a 26%. A su vez, también se incrementó
muchísimo la participación de los menores
en las rapiñas: en el último trimestre de
2010 –según los datos del Ministerio del
Interior–, más de la mitad de las rapiñas en
Montevideo –el 53%– contó con la
participación de menores.
Cuando se va a analizar las razones de la
influencia de la pasta base en estos delitos,
se debe tener en cuenta un estudio
realizado por el Defensor de Oficio de
adolescentes, doctor Daniel Sayagués, en
base a la experiencia en los Juzgados de
Menores. Es interesante mencionar que
solo el 1% de los que delinquieron
señalaron que lo hicieron por necesidades
económicas y, contra la creencia popular,
solo el 10% alegó haber robado para
financiar su adicción a la pasta base. A su
vez, el 54% afirmó no tener necesidad de
robar, ya que no le faltaba nada, y el 35%
alegó haber robado por ser su medio de
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vida o su trabajo.
Queremos ser claros: ésta es una buena
norma, que nos permite avanzar pero no
atiende a la globalidad del problema de la
inseguridad; con esto solo no alcanza.
Además, creemos que esta primera batería
de normas tiene que venir acompañada por
otras; no alcanza con atender el problema
de la droga. También hay que atender –ha
existido un compromiso de todos los
Partidos en este Senado– la situación del
Código del Proceso Penal, y la del
funcionamiento de la Justicia. Todos
sabemos que ha habido una gran evolución
de la población reclusa en el país, que pasó
de ser de 7.118 en 2005 a 9.450 en el año
2012, de la cual solo el 35% tiene condena
y el 65% está esperando por ella. Lo cierto
es que si no atendemos esta situación es
muy difícil hablar de reinserción o de
reeducación. Creemos que un nuevo
Código del Proceso Penal es
imprescindible, debe aprobarse tan
rápidamente como estas normas,
estableciendo la función del Fiscal, del
Ministerio Público, como instructor, y del
juez como verdadero juez y no como un
juez instructor que a su vez resuelve y dicta
sentencia. Obviamente, eso debe llevar al
estudio de cuál es la ubicación institucional
en la que estaría el Fiscal de Corte, el
Ministerio Público, ya que creemos que
debe estar fuera del Poder Ejecutivo. De
nada serviría adoptar medidas contra el
tráfico de drogas sin acompañar con las
normas del Código del Proceso Penal y sin
atender la situación de la minoridad y
también la de la actuación policial. Creo que
esto es algo positivo, pero aún es poco para
lo que hoy necesita el país.”
Palabras del senador Pedro Bordaberry en
la sesión de la Cámara de Senadores que
trató el proyecto de ley sobre agravamiento
de penas por tráfico de pasta base.
Fuente: vamosuruguay.com.uy
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Ley de donación de órganos
¿hasta dónde llega el Estado? Por Alejandro Guedes (*)
El pasado miércoles 5 de
setiembre la Cámara de
Representantes se aprestó a
sancionar una ley por la cual
todos los uruguayos son
donantes de órganos, a
menos que dejen constancia
expresa de lo contrario. Hasta
el momento la donación se
expresaba por la positiva, ya
que debía manifestarse la
voluntad de ser donante. Con
la entrada en vigencia de la
nueva ley todos seremos
donantes a menos que se
exprese lo contrario, dejando
su constancia en el "Registro
Negativo de Donantes" que
se creará en la órbita del
Registro Nacional de Órganos
y Tejidos. El proyecto fue
presentado el pasado año por
la socialista Mónica Xavier, el
nacionalista Sergio Abreu y el
colorado Alfredo Solari. Como
era de esperarse la sanción
de la ley contó con un amplio
apoyo de legisladores de
todos los partidos, salvo un
grupo de legisladores del
Partido Nacional. La magnitud
de los efectos de esta ley es
tan amplia como el
desconocimiento por parte de
la población del mismo.
Por tratarse de un tema muy
sensible que atañe a la
solidaridad de todos los
uruguayos, y en especial a la
vida misma, las disonancias
sobre el tema tienden a ser
mínimas. Sea porque en
realidad casi todos estamos
de acuerdo (cómo no estarlo)
en el beneficio que la
donación de órganos produce
sobre la sociedad en su
conjunto, y en particular sobre
aquellos que lo necesitan. O
incluso porque aún estando
en desacuerdo con esta
norma, cualquier reparo que
se haga público puede llegar
a ser políticamente incorrecto,
y con toda seguridad nefasto
para el político preopinante.
No obstante, esto no equivale
a pensar que no existen
buenas razones para
oponerse a esta norma. De
hecho las hay, y no
necesariamente desde un
punto de vista religioso, como
ha deslizado algún legislador
fácil de palabra que reduce
cualquier postura contraria al
proyecto, a un "egoísmo
existencial". De hecho nada
tiene que ver una cosa con la
otra. Sin ánimo de realizar
una especie de catarsis
moral, políticamente correcta,
previa al análisis, paso a
exponer algunos argumentos
sustantivos que al menos
podrían alimentar un debate
interesante en torno al tema.
Vayamos directamente al
fondo del asunto ¿bajo qué
justificativo el estado puede
legislar sobre los órganos de
las personas? y de
confirmarse ¿qué margen
queda para la decisión a
conciencia del individuo sobre
su propio cuerpo? Olvidemos
el caso particular de la
donación de órganos y
pensemos en términos más
abstractos. Una penetración
tal de la legislación parece ser
concebible tan solo bajo una
matriz totalizadora. Si lo
vemos en los términos de la
teoría política clásica
diríamos que estamos frente
a una República platónica
donde es de carácter
"natural" que el individuo se
deba a la asociación política.
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Es decir, que el ciudadano
no se pertenece a sí mismo,
y su razón de ser está dentro
del estado. Ello habilitaría
este tipo de legislación
tutelar donde el Estado
decide de antemano qué hay
que hacer con los órganos
de las personas, omitiendo
cualquier interpelación de
aquel que legítimamente,
sea por el motivo que sea,
no quiere donar sus órganos.
Pues, el hecho de que se
habilite en una etapa
posterior manifestar una
voluntad contraria a la
donación no anula el grado
de interferencia de la ley.
En el plano político, y en
particular en la legislación
uruguaya no tendemos a ver
como “invasivo” este tipo de
leyes, ya que tenemos una
cultura, si se quiere batllista y
republicana que permea
cualquier análisis más
teórico y abstracto. Pense-
mos por ejemplo en el caso
de los aportes jubilatorios y
la obligatoriedad de los
mismos. En otras palabras,
no se parte desde una visión
de intromisión sino más bien
de una intención garantista
de determinados derechos.
No obstante, la tensión se
hace presente y ello se
refleja en los comentarios a
favor y en contra de la
ciudadanía.
En contraste a la perspec-
tiva convencional que prima
en nuestro Parlamento,
tenemos aquella inspirada en
el contractualismo, de estirpe
más liberal. El estado antes
que nada debe velar por
garantizar las libertades
individuales evitando la
opresión política en este
ámbito. En este sentido no
es justificativo valerse del
interés común para someter
al individuo bajo la tutela del
estado cuando se interfiere
en su propia esfera. Parafra-
seando a Isaiah Berlin cabría
preguntarse: “cuál es el
ámbito en que al sujeto se le
deja o se le debe
dejar hacer o ser lo que es
capaz de hacer o ser, sin
que en ello interfieran otras
personas” (Berlín: 1958:1).
Lo que intenta poner de
manifiesto la pregunta son
dos cosas: que la persona
es la propia soberana de su
libertad; y que por tanto se
debe establecer un límite
claro entre la esfera de lo
público y la del ámbito
privado propia del individuo.
Es decir, que la autoridad del
Estado, por más buenas
intenciones que tenga, no
puede ser una entidad
omnipresente y omnipe-
netrante, pues existen
determinadas libertades que
deben ser respetadas.
Lógicamente la intromisión
del estado nunca se realiza
en nombre del control social,
al menos en las
democracias, pero sí se vale
de las buenas intenciones.
La lógica es la misma. Pen-
semos por ejemplo, en una
política antitabaco prohibiti-
va, en una ley seca para
combatir el alcoholismo, o
una ley de donación de
sangre obligatoria cada 6
meses. Sin dudas todas
buscan objetivos más que
deseables, pero ¿a qué
precio?
En mi opinión, llama
poderosamente la atención
que este tipo de argumentos
no forme parte de una
deliberación pública sobre el
tema. Más aún cuando se
toca un asunto tan sensible
que involucra a toda la
sociedad. Entiendo que un
gesto tan solidario y personal
como donar los órganos (y
por las dudas ya agrego la
donación de sangre) debe
ser realizado a conciencia y
no por el mandato de una
ley. Luego de este antece-
dente no nos debería sor-
prender hasta dónde puede
llegar una ley en la regula-
ción de nuestras vidas.
Bibliografía consultada: Ver-
lin, Isaiah; 1958. Dos con-
ceptos de libertad. Ed. Alian-
za, Madrid; Pablo Da Silvei-
ra; 2000. Política & Tiempo;
Platón. La República.
(*) Licenciado en Ciencia
Política por la Universidad
de la República.
AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA --- PPPÁÁÁGGG... 888
Un drama poco conocido:
El caso del pueblo saharaui Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro
En 2005 el gobierno de la
República Oriental de Uruguay
reconocía formalmente la
existencia de la República Árabe
Saharaui Democrática o RASD.
Este Estado, que para muchos
juristas su condición como tal está
en duda, es el reflejo de un
verdadero drama poco conocido, a
pesar de ser un país “hispano”, ya
que de 1884 a 1976, fue un
territorio español en el Norte de
África, que ha sufrido un drama
similar al del pueblo palestino.
Los palestinos hablan de la ocupación
israelí, en el marco de un verdadero
abandono por parte de la potencia colonial
británica, dando paso a la “Nakba” o sea
catástrofe, que significó el exilio de millares
de ello a países vecinos y a los territorios de
la Franja de Gaza y la Margen Occidental (o
Cisjordania). Así se inicia una lucha, que
llega nuestros días, y que dado las
características de la geopolítica explosiva de
Medio Oriente, ha impedido la formación de
un Estado palestino plenamente soberano.
El recurso del terrorismo, por parte de
organizaciones palestinas, unido a la
inestabilidad interna de la llamada Autoridad
Nacional Palestina, ha impedido, que existan
condiciones para que los intereses
hegemónicos del mundo den carta blanca
para que sea creado un Estado Palestino
soberano.
El caso saharaui, guarda muchas similitudes.
En 1884 se inicia la colonización española en
territorio ocupado por tribus nómadas
independientes de todo poder estatal, que por
medio de acuerdos y algo de coacción
armada, aceptan el control hispano. La lenta
colonización, recién para fines de los 50
muestra avances y ciertos cambios, dado el
interés de España de
conservar su posesión
africana, considerándola
provincia española y sus
habitantes, también españoles.
La independencia de
Marruecos cambia las cosas,
el movimiento nacionalista
Istiqlal, en base a una visión
idealizada de un pasado lejano
habla del Gran Marruecos, que
abarca Marruecos, el Sahara
Español, las actuales
Mauritania, parte de Malí y de
Argelia, en un vano intento de reclamar las
tierras controladas por el imperio almorávide
del siglo XI, que por cierto no duró mucho.
Eso seguramente vino como anillo al dedo a
una monarquía marroquí que necesita
consolidarse en el poder, aglutinar una
opinión pública y distraerla de una realidad
que le habla de subdesarrollo, escasa
democracia y una falta total de movilidad
social ascendente. A todo ello a fines de los
50, el nasserismo, las ideas progresistas y
nacionalismo laicista, eran las principales
amenazas para las monarquías y gobiernos
corruptos adictos a Occidente.
Circunstancias que seguramente había
tomado el “Majzén” como se conoce a la
Corona marroquí.
Las bravatas de un movimiento nacionalista,
terminaron en un proceso expansionista
decidido, ante una potencia colonial en
retirada y permeable a las presiones
internacionales. La ONU tomó nota del
asunto y habló directamente del derecho de
autodeterminación, el pueblo del Sahara
Español, tenía derecho a decidir libremente
su destino. Los cambios políticos en África
del Norte, la Guerra Fría, y los intereses
occidentales hicieron su aparición en
AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA --- PPPÁÁÁGGG... 999
escena. La falta de cambios, ante una
sociedad en transformación, llevó a que las
juventudes del Sahara adhirieran
abiertamente a posiciones nacionalistas, con
claras simpatías por los procesos nasseristas,
Argelia y el entonces casi legendario FLN,
Gaddafi, etc. Por otro lado, Marruecos inicia
una campaña en diversos frentes (político,
diplomático y hasta militar) a fin de lograr sus
aspiraciones sobre el Sahara. El
descubrimiento de los ricos yacimientos de
fosfatos, que se transforman en una
competencia para Marruecos, cambia la
situación, a todo ello se suma las tensiones
internas de dicho Reino. Un conflicto externo,
es lo mejor para distraer recursos, opiniones
y a generales poderosos e influyentes.
España organiza instituciones, controladas
por jefes tribales, invierte en la industria del
fosfato, e intenta defenderse del
expansionismo marroquí. El escenario es la
ONU, después de la fallida guerra de 1957,
del cual solo Marruecos logró obtener la
retirada española de un territorio saharaui,
conocido como Villa Bens o Cabo Juby. La
ONU habla de autodeterminación, reconoce
la existencia de un pueblo sujeto a
dominación colonial. Mientras tanto en el
gobierno español hay dos opiniones
dominantes, la favorable a la independencia y
la entreguistas a Marruecos. En este
contexto, nace el movimiento nacionalista
saharaui. Los errores políticos de la
administración colonial española crean una
distancia entre el pueblo saharaui y el
gobierno español, que por cierto se llena de
promesas, que nunca cumplirá.
La situación interna en Marruecos empeora,
los intentos de golpe se suceden, incluso una
tentativa de magnicidio, por lo tanto, hay que
hace algo para sobrevivir y un conflicto
externo es una salida ideal. La situación está
dada, el adversario está en aprietos, dado la
edad del Generalísimo Franco y los políticos
españoles piensan en el día después, poco o
nada les importa el Sahara y sus habitantes...
Esta situación lleva a España a librar un
conflicto de varios frentes, por un lado
Marruecos que suma a Mauritania a su
reclamo (en los 60 Marruecos se opuso a la
existencia de dicho país, para después
cambiar de opinión, para atraerlo a su
estrategia), mantiene sólidos lazos con
Francia y Estados Unidos, siendo este último
temeroso de que un movimiento nacionalista
de izquierda tome el poder en el Sahara
Español (ahora Sahara Occidental) y se
transforme en una base para la Unión
Soviética (que por cierto tenía poco interés en
el territorio y nunca le brindó ayuda formal).
Las cartas estaban echadas, a pesar de un
rotundo fallo de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, que dijo claramente que
el Sahara Occidental no le pertenecía a los
reclamantes, por lo tanto la vía para la
autodeterminación estaba abierta; Franco
está en agonía y Marruecos presiona
abiertamente. España ya lucha contra el
Frente Polisario, el movimiento de liberación
de los saharauis, y ahora tiene que enfrentar
las amenazas de Marruecos que habla de
guerra y arma un espectáculo con 350.000
“manifestantes” en la frontera común. En este
marco de ilegalidad, Madrid decide entregar
la “administración” de la colonia a Marruecos
y Mauritania, contra la opinión del pueblo
saharaui y así comienza la “Nakba” saharaui.
España abandona en febrero de 1976 a los
que antes consideraba españoles, a su
suerte, y el pueblo saharaui conducido por el
Frente Polisario se dispone a resistir. Antes
del abandono del territorio, líderes saharauis,
jefes tribales, ex miembros de la Asamblea
del Sahara y ante el Parlamento español
proclaman en Bir Lehlú, la creación de la
RASD. El temor a los nuevos ocupantes,
lleva al exilio a millares de saharauis que
abandonan sus hogares. Los campamentos
de refugiados son bombardeados por
Marruecos, verdaderos crímenes de guerra y
contra la humanidad, con la idea peregrina de
impulsar el retorno de los civiles y aceptar a
los ocupantes, que por cierto se dedican
AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA --- PPPÁÁÁGGG... 111000
a una dura represión de los nacionalistas.
Esos millares de civiles se refugian en las
duras tierras del sur de Argelia. El Frente
Polisario organiza una espectacular
campaña de guerra de guerrillas en el
desierto, único en el mundo, generando
grandes pérdidas a los ocupantes. A
diferencia de Marruecos, los saharauis
cuentan solo con el apoyo de Argelia, Libia
y en menor medida de Cuba y Corea del
Norte, los marroquíes cuentan con el apoyo
de Francia y Estados Unidos, a todo ello
hay que sumarle una cuestión demográfica,
los saharauis no llegan a más de 100.000
personas y solo movilizan hasta 20.000
combatientes, un esfuerzo terrible que a la
larga se hará sentir. Los cambios políticos
globales, el fin de la Guerra Fría, la crisis
interna argelina y un pueblo agotado por la
guerra, llevan al Plan de Paz de 1991
patrocinado por la ONU, que instala una
misión en el territorio a fin de promover la
celebración de un referéndum (que espera
desde 1974) para decidir si los saharauis
quieren ser un Estado o integrarse a
Marruecos. Cabe señalar que Rabat, bajo la
ocupación movilizó a más de 200.000
colonos al territorio ocupado. Mientras tanto
lo que había firmado Rabat, todo quedó en
la nada por constantes maniobras dilatorias,
en materia de identificación de votantes,
devolución de prisioneros de guerra y
explicaciones por cientos de desaparecidos.
Existieron planes de paz alternativos
promovidos por James Baker III,
estableciendo un territorio autónomo bajo
soberanía marroquí – ignorando que el 20%
del territorio está en manos de la
denominada RASD – hasta la celebración
del referéndum. Marruecos se negó de lleno
discutir su soberanía o presuntos derechos,
y su postura es irreductible. Mientras tanto
financia su ocupación por medio de la pesca
en aguas territoriales (muy ricas) y la
explotación de fosfatos, y ahora busca
petróleo. A pesar de las promesas de
autonomía, la represión a los
independentistas continúa, y la ocupación
militar, está lejos del compromiso de 1991
de reducirla a 65.000 efectivos. Hoy se
estiman en más de 100.000 efectivos,
apoyados por una serie de muros de arena
y piedra que dividen el territorio, apoyados
por minas antipersonal, radares, artillería y
blindados que salen al erario marroquí más
de US$ 500 millones. Al otro lado
sobreviven como pueden exiliados hace
más de treinta años millares de refugiados,
olvidados por la Comunidad Internacional, y
un gobierno con escasos recursos que
busca su reconocimiento, como única salida
para presionar a Marruecos y lograr, como
alguna vez fue prometido que el pueblo
saharaui pueda elegir libremente su destino.
La opinión con altura y firmeza del diputado Fitzgerald Cantero Piali.
AAALLLTTTEEERRRNNNAAATTTIIIVVVAAA --- PPPÁÁÁGGG... 111111
El problema del delito
en las sociedades urbanas Ernesto Spinak / Ciudadano
Recientemente se ha publicado
en Internet el Observatorio de la
Seguridad, resultado del
esfuerzo de la Fundación
Propuesta del Partido Colorado
(http://seguridad.observatoriofu
ndapro.com). El sitio es bien
interesante, con mucha
información y muy variada,
entre las cuales se destacan los
mapas de delitos por zonas de
la región metropolitana,
estadísticas varias, y
documentos internacionales
con muchos enfoques sobre el tema de la
delictividad. La información es abundante y
pertinente, por eso vale la pena destacar y
promocionar el esfuerzo y la seriedad con que
nuestros correligionarios están desarrollando ese
proyecto.
Desde mi humilde punto de vista, y con ánimo de
aportar, creo sería enriquecedor agregar un tipo
de información y análisis que en general es
escasa o ausente en todos los proyectos
similares; información que es importante a la
hora de planificar políticas integrales sobre el
hecho de la delictividad en las sociedades
urbanas y modernas. Me refiero a enfocar el
problema de la delictividad desde el punto de
vista de la epidemiología, y luego en un siguiente
paso analizarlo desde la sociobiología y
psicopatología del delito. Expliquemos en esta
nota el enfoque desde la epidemiología.
La epidemiología, como parte de la salud pública,
además de analizar las distribuciones de las
enfermedades (geográficas, género, etc.),
establece predicciones y programas para el
control de los factores relacionados con las
enfermedades en poblaciones objetivo. Por
ejemplo, los ministerios de salud pública cada
año programan campañas de vacunación contra
la gripe, estimando la cobertura
adecuada, la necesidad de camas,
hospitales, y los tiempos medios de
internación esperada. Dos conceptos
relevantes son la prevalencia y la
incidencia. Expliquemos los
conceptos con ejemplos de delitos.
La prevalencia es el porcentaje de
personas de una población que tiene
cierta característica en un período
determinado, que puede ser puntual o
a largo plazo. Ejemplo de prevalencia
puntual sería: el 0,25% de la población
de Uruguay está presa en este
momento; y la prevalencia de período sería, el
3% de la población uruguaya irá presa en algún
momento de su vida por los delitos J, K y Z.
La incidencia es la cantidad de casos nuevos en
un período determinado (junto con las recaídas).
Para esta discusión, la incidencia sería el
porcentaje de personas que cometerán delitos en
un período de tiempo, por ejemplo: tres de cada
diez mil habitantes cometerá delitos sexuales
este semestre. Del mismo modo que para las
diferentes enfermedades se tienen estadísticas
sobre la cantidad de días promedio de
internación y compararlos con los estándares de
“buenas prácticas”, en el Observatorio de la
Seguridad deberíamos tener los valores medios
de “internación” para los diferentes delitos
(incluyendo los “tratamientos ambulatorios”). De
aquí podríamos obtener valores comparativos, es
decir las diferencias entre los valores reales de
“internación” y los que deberían haber sido de
cumplirse lo que establecen los códigos (por la
aplicación benigna y por la que establecen los
códigos sin reducción de penas).
De la misma manera que Salud Pública puede
planificar la necesidad de camas y hospitales, no
hay en Uruguay (hasta donde sepamos) un
estudio de la “hotelería” necesaria para la
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internación de los delincuentes para las cifras de
incidencia y de prevalencia del delito existente en
el país. Mucho menos sabemos cuál sería la
hotelería si se modificaran los códigos o la forma
de aplicación de la ley por parte de los jueces.
Cuando el Esc. Stirling era Ministro del Interior en
Uruguay se llegó tener a 5.000 personas presas.
En los siguientes 10 años hemos llegado a
10.000 y sigue creciendo. Asimismo la
delincuencia no parece decrecer, es realmente
una epidemia; existe contagio en las conductas.
Las grandes aglomeraciones urbanas generan
“subculturas” que desarrollan sus propios códigos
y conductas, donde se instauran relaciones de
vasallaje entre las personas para sobrevivir en la
urbe, que llevan fácilmente a lo que se denomina
“Delincuencia de Supervivencia Organizada”;
esto es, los desarraigados acaban siendo
reclutados e instrumentalizados por
organizaciones criminales que a cambio de
sustento, protección y nuevos vínculos de
pertenencia, son convertidos forzosamente en
delincuentes. Esto se llama contagio.
Las medidas sanitarias en la epidemiología son
las vacunaciones y las cuarentenas, de modo de
reducir la exposición de los “sanos” a los
contagiosos. Cuando la cantidad de infecciosos
entre la población sana está por debajo de la
masa crítica, se evita la epidemia, se estabiliza la
cantidad de casos y eventualmente baja la
incidencia de la enferme-dad. Por esta razón
nunca se vacuna el 100% de la población, sino la
cantidad necesaria para estar por debajo de la
masa crítica.
Pregunta del millón: ¿cuál es la cifra de
“internados” que debe haber en la sociedad
uruguaya para llegar a una meseta de
delictividad y eventualmente pueda reducirse?
Mi conjetura (read my lips): dada nuestras
características demográficas y de urbanización,
llegaremos a la meseta cuando tengamos
alrededor del 0,4% de la población “internada”.
(Si hace las cuentas, digo que todavía nos falta
agregar 3.500 presos, aunque algunos podrían
ser “ambulatorios” si se ponen las pulseras
electrónicas). Como nota interesante indico, que
esa cifra es menor que la población carcelaria de
los Estados Unidos. El problema más urgente en
este momento es construir la “hotelería” pues de
otro modo habrá una crisis de derechos
humanos y tragedias en el sistema carcelario.
Esto es lo que el Observatorio de Seguridad
omite, y debería agregar.
¿Pero qué hay entonces de la “tolerancia cero”?
El ministro Bonomi, paradójica-mente, ha traído
como asesor al jefe de Policía de Nueva York
cuando se implementó esa política por un
gobernador republicano. Efectivamente esa
política tuvo como consecuencia la disminución
de la cantidad de delitos. Pero una de las críticas
que tuvo en su época fue que la disminución de
la criminalidad no fue principalmente por la ayuda
comunitaria que se dio, sino porque los
eventuales delincuentes pesados estaban presos
antes por delitos menores. O sea, si usted pone
presos a los delincuentes por delitos menores,
entonces la calle queda libre de esas mismas
personas que eventualmente serán los
delincuentes pesa-dos. En una forma parecida
argumenta el autor de uno de esos tantos best-
sellers de “sociología para el gran público”, me
refiero al libro Freakonomics. El autor, Steven
Levitt, cuenta en uno de sus capítulos, que en
forma indirecta la autorización en los años 70’s
para realizar abortos en uno de los estados de la
Unión, hizo que una gran cantidad de mujeres
más pobres (negros y latinos en general) que
abortaron, 20 años más tarde esa generación de
jóvenes que serían pandilleros no estaban, no
habían llegado a nacer, y como consecuencia
inesperada el delito descendió en esa región. No
hay delincuencia, hay delincuentes.
En resumen, la delictividad tiene relaciones
directas con variables sociodemográficas (y
sociobiológicas), y debería ser analizada usando
los instrumentos de la epidemiología. El profesor
Rama dijo años atrás que si no se construían
escuelas, habría que construir cárceles.
Tristemente debemos decir que en este
momento es más urgente construir cárceles que
escuelas. Yo sé que con esta afirmación no voy a
ganar muchos votos. Afortunadamente no voy
a presentarme a ningún cargo electivo.