universidad regional autÓnoma de los andes...
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO
DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA
TEMA: “LA CELERIDAD PROCESAL EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS CON
RESERVA DE DOMINIO Y PRENDARIOS”
AUTOR: VILLACRÉS DUCHE ISRAEL JOSÉ
TUTOR: DR. HIDALGO RUIZ MILTON RODRIGO
PUYO - ECUADOR
2018
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
CERTIFICACIÓN:
Quien suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente Trabajo de Titulación
realizado por la señor VILLACRÉS DUCHE ISRAEL JOSÉ, estudiante de la
Carrera de Derecho, Facultad de Jurisprudencia, con el tema “LA CELERIDAD
PROCESAL EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS CON RESERVA DE
DOMINIO Y PRENDARIOS”, ha sido prolijamente revisado, y cumple con
todos los requisitos establecidos en la normativa pertinente de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, por lo que se aprueba su
presentación.
Puyo, Octubre del 2018
DR. HIDALGO RUIZ MILTON HIDALGO
TUTOR
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA
Yo VILLACRÉS DUCHE ISRAEL JOSÉ, declaro que conozco y acepto la
disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes, que en su parte pertinente textualmente
dice: El Patrimonio de la UNIANDES, está constituido por: la propiedad
intelectual sobre las Investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos
profesionales y consultorías que se realicen en la Universidad o por cuenta de
ella.
Puyo, Octubre del 2018
VILLACRÉS DUCHE ISRAEL JOSÉ
C.I.: 1600379109
AUTOR
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal de Grado, aprueba el trabajo de investigación, sobre el tema: “LA
CELERIDAD PROCESAL EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS CON
RESERVA DE DOMINIO Y PRENDARIOS”, elaborado por el señor Israel
José Villacrés Duche, por modalidad examen complexivo estructurado de
manera independiente, y la defensa de grado guarda conformidad con las
disposiciones reglamentarias de la Universidad Autónoma de los Andes
UNIANDES, Facultad de Jurisprudencia.
Puyo, Octubre del 2018
Para constancia firman
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
OPONENTE – LECTOR MIEMBRO DEL TRIBUNAL
DEDICATORIA
Con singular afecto y gratitud a mis padres: Oscar Villacrés Y Rosita Duche por
su ejemplo y ayuda incondicional durante toda la etapa de mis estudios.
A mi querida esposa Sarita Walden por su apoyo y comprensión durante esta
ardua jornada; y, a mis hijos Eithan e Isaac, que constituyen la razón de mi
existencia y el timón que me ha llevado a superar todos los obstáculos.
A mi hermano el distinguido Jurisconsulto Oscar Villacrés Duche, por
constituirse en mi guía permanente.
AGRADECIMIENTO
A Dios por haberme concedido la vida y por haber guiado mi camino, que a
pesar de los años y las dificultades, me ha permitido alcanzar una meta
anhelada.
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, por abrir sus
puertas y permitir mi superación personal y profesional.
Al Dr. Rodrigo Mena Peralta, Decano de la Facultad de Derecho de la
“UNIANDES”, por su inestimable ayuda y estímulo constante para el desarrollo
del presente trabajo.
Al Dr. Milton Hidalgo Ruiz, Tutor del trabajo investigativo, por sus acertadas
direcciones y observaciones críticas en la realización de esta investigación.
A todos los docentes de la Facultad de Derecho, por su sapiencia y guía
constante en la búsqueda de irradiar el conocimiento en sus estudiantes.
RESUMEN
La reserva de dominio tiene como objetivo hacer que la persona que compra un
bien mueble, no pueda disfrutar de la titularidad del bien, hasta que no cumpla
con lo establecido en el contrato que se ha firmado, teniendo el uso pero no la
propiedad del mismo. Los contratos de venta con reserva de dominio y
prendarios, permiten al vendedor reservarse el dominio del bien mueble que se
entrega al comprador, quien empieza a ejercer el derecho de uso y goce, y
cuando cancela la totalidad del precio recién se convierte en propietario. Si el
comprador se atrasa en el pago de las cuotas, el vendedor puede ejercer las
acciones civiles que la ley le otorga y que son: la aprehensión o el remate. La
aplicación de estas dos medidas se ha analizado en la presente investigación,
de acuerdo a los procedimientos estipulados tanto en el Código de Comercio
como en el Código Orgánico General de Procesos. La metodología inductiva-
deductiva del presente examen complexivo, el estudio de los aspectos
relacionados a este tipo de contratos, permitieron alcanzar los objetivos
propuestos. Se inició con el análisis de aspectos generales relacionados a los
conceptos y características de dichos contratos; segundo se abordó los
requisitos generales de un contrato, las obligaciones del vendedor y
comprador, la importancia de la voluntad del vendedor y comprador; tercero se
analizó las acciones civiles que tiene el vendedor como son la aprehensión o el
remate; y, para finalizar se realizó un razonamiento de los cambios que deben
formularse para un verdadero cumplimiento del principio legal como es la
celeridad procesal.
ABSTRACT
The contract of sale with reservation of domain aims to ensure that the person
who purchases a movable asset, cannot claim the ownership of the good until
all the conditions stipulated in the contract have been met. This contract allows
the seller to reserve the domain of a movable asset that was delivered to the
purchaser, who begins to exercise the right of use and enjoyment but only when
the debt is fully paid this person becomes the owner. When the buyer is late in
the payment of their dues, or fails to pay, the seller may exercise civil actions
that the law grants them: the apprehension or the auction of the good. The
application of these measures is what was analyzed in the present
investigation, regulated by the Commerce Law and the General Organic Code
of Processes. The present study analyzed fundamental aspects related to the
sale with reservation of domain which helped to achieve the proposed goals,
firstly there was an analysis of general aspects related to the concept of this
particular contract and its characteristics; secondly the study dealt with the
general requirements of this contract, the obligations of the seller and the buyer,
the importance of the will of the seller and buyer; thirdly this investigation
analyzed civil actions that the seller has such as apprehension or the auction of
the good; and, finally a reasoning of the changes that should be made in order
to achieve a real fulfillment in increasing the speed of legal procedures.
ROSS PROCTER
CTT PUYO
Índice de contenidos
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR
CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA
APROBACIÓN DEL TRIBUNAL
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
RESUMEN
ABSTRACT
1. Problema de la investigación .......................................................................................... 1
1.1. Necesidad práctica, los problemas que existen y justifican el estudio ..... 1
1.2. Descripción de la actualidad internacional y nacional .............................. 2
1.3. Formulación del problema a investigar .................................................... 3
1.4. Justificación de la necesidad, actualidad e importancia ........................... 3
1.5. Objetivos de la investigación ................................................................... 4
2. Fundamentación teórica conceptual ............................................................................. 5
2.1. Principales conceptos relacionados en el tema escogido. ....................... 5
2.2. Antecedentes relacionados con la investigación ..................................... 7
3. Metodología ........................................................................................................................ 25
3.1. Tipo de investigación ............................................................................. 25
3.2. Población ............................................................................................... 25
3.3. Métodos ................................................................................................. 26
3.4. Diagnóstico que caracterice el problema identificado en el trabajo ....... 27
4. Propuesta ............................................................................................................................ 32
4.1. Nombre de la propuesta ........................................................................ 32
4.2. Objetivos ................................................................................................ 32
4.3. Elementos que conforman la propuesta ................................................ 32
4.4. Explicación de cómo la propuesta contribuye a la solucionar las
insuficiencias identificadas en el diagnóstico ................................................ 36
Conclusiones .................................................................................................... 37
Referencias bibliográficas
1
1. Problema de la investigación
1.1. Necesidad práctica, los problemas que existen y justifican el estudio
Con respecto al procedimiento para la tramitación de causas referentes a
contratos de compraventa con reserva de dominio y prendarios, el Código de
Comercio, en el noveno artículo innumerado de la sección V del Título II, libro
segundo, establece que los deudores que no cancelaren lo que se estuviere
adeudando, la cosa vendida volverá a poder del vendedor, y el art. Innumerado
catorce establece que el vendedor que hiciere uso del derecho que le concede
la Ley, acudirá al Juez competente presentando el respectivo contrato y el
certificado otorgado por el Registrador Mercantil, y una vez que el Juez
observare que dicho contrato cumple con los requisitos esenciales, dispondrá
que uno de los alguaciles aprehenda las cosas materia del contrato donde
quiera que se encuentren y las entregue al vendedor.
En la tramitación de los juicios especiales de ejecución de contratos de venta
con reserva de dominio y prendarios según el Código de Comercio, se dicta un
solo auto, el cual involucra la aprehensión del bien materia del contrato y la
citación al demandado.
Sin embargo, el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, otorga otro
tipo de procedimiento para los contratos de compra venta con reserva de
dominio y prendarios, el cual está detallado paso a paso en los artículos 370 y
siguientes.
Este nuevo procedimiento tiene lugar porque el mismo COGEP, en el Art. 363
numeral 4, otorga a los contratos prendarios y de reserva de dominio, la
calidad de título de ejecución.
El Código Orgánico General de Procesos, en sus artículos 370 y siguientes
establece todo lo contrario a lo determinado en el Código de Comercio: primero
en el Art. 372 inciso final ordena que se notifique, que se avise al comprador
para que en el término de 5 días entregue el vehículo, y que en caso de que no
lo haga, en el Art. 375 se faculta que se ordene el embargo de dicho vehículo.
El Código de Comercio en la sección quinta, del título II, del libro segundo, del
Código de Comercio, tiene justamente- como título: “De la Venta con Reserva
de Dominio”, señala que en las ventas de cosas muebles que se efectúen a
2
plazos, el vendedor podrá reservarse el dominio de los objetos vendidos hasta
que el comprador haya pagado la totalidad del precio, consecuentemente el
comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago de la totalidad del
precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento en que la reciba
de poder del vendedor.
La venta con reserva de dominio es tratada en el Código de Comercio como
una sección más del título que habla de la compraventa, con un procedimiento
especial por seguir, cuando existe incumplimiento de pago.
1.2. Descripción de la actualidad internacional y nacional
Se puede evidenciar que en la actualidad los procesos judiciales se han
simplificado, se han reducido los tiempos de trámite, son más eficientes y
existe una mayor celeridad en cuanto a la ventilación de los diferentes casos;
favoreciendo de esta manera la correcta y eficaz forma de administrar justicia,
brindando así a la colectividad seguridad y bienestar jurídico; cumpliendo los
postulados del buen vivir y los derechos fundamentales que asiste a todo
ciudadano. (Constitución de la República del Ecuador, 2015).
Además, se ha considerado este tema por cuanto en los Juzgados, no existe
un criterio unificado para la ventilación y trámite de los procedimientos
referentes a contratos con reserva de dominio y prendarios, ya que si bien es
cierto dichos contratos se encuentran insertos en su parte sustantiva y adjetiva
en el Código de Comercio; mas con la entrada en vigencia del COGEP, si bien
la parte sustantiva se mantiene, lo adjetivo o procedimental, tuvo que ser
adaptado al nuevo código.
El movimiento industrial ha valorizado a los bienes muebles en la medida que
ha pasado el tiempo, y con esto la forma de pago a plazos derivada de otro
fenómeno muy de moda hoy en día como es el crédito, que es una de las
características económicas de este siglo que estamos viviendo.
El contrato de prenda debe celebrarse por escrito y cumplir las formalidades
que determina la ley para cada clase de contrato. El contrato de prenda puede
ser de tres clases: prenda comercial ordinaria, prenda especial de comercio y
prenda agrícola e industrial. (Altamirano, 2009).
3
En el contrato de prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor, para la
seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda, el acreedor que la
tiene se llama acreedor prendario.
No se perfecciona el contrato sino por la entrega de la prenda al acreedor. El
acreedor está obligado a guardar y conservar la prenda como buen padre de
familia y responde por los deterioros que la prenda haya sufrido, durante el
ejercicio de la posesión y goce del bien mueble.
Tendrá derecho el acreedor prendario de pedir que la prenda del deudor
moroso se venda en pública subasta, para que le pague, con el producto, o que
a falta de postura admisible sea apreciada por peritos, y se le adjudique en
pago, hasta el valor de su crédito sin que valga estipulación en contrario; y sin
perjuicio del derecho para perseguir la obligación principal por otros medios.
Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la
prenda o apropiarse por otros medios que los aquí señalados.
1.3. Formulación del problema a investigar
¿De qué manera la diferencia de procedimientos existentes en el Código
Orgánico General de Procesos y en el Código de Comercio, en lo referente a
los contratos con reserva de dominio y prendarios, obstaculizan la ventilación
de las causas en contraposición al principio de celeridad procesal?
1.4. Justificación de la necesidad, actualidad e importancia
Se ha considerado esta temática para la realización del presente trabajo de
investigación, por cuanto es un tema de actualidad, en virtud de que, a partir
del año 2016 con la vigencia del nuevo Código Orgánico General de Procesos,
se han dado cambios sustanciales en los trámites judiciales en el Ecuador.
Siendo la celeridad procesal uno de los principios básicos del sistema jurídico
vigente, se ha considerado necesario tomar este tema, el cual será analizado y
contrastado a fin de identificar el proceso más idóneo que promueva y
determine un lineamento claro y específico, respecto de la tramitación de los
procedimientos referentes a los contratos, con reserva de domino y prendarios.
4
La aplicación del procedimiento más ágil, veraz y justo para la tramitación de
los contratos con reserva de dominio y prendarios, permitirá una mejor
convivencia socioeconómica garantizando así, las relaciones interpersonales
en la sociedad ecuatoriana.
El objeto de compraventa se constituye en garantía de la venta pactada, hasta
el momento en que se cumpla el pago del precio, es una modalidad utilizada en
los contratos de compraventa a plazos. El contrato se extenderá en tres
ejemplares, para el vendedor, comprador y el tercero para la Oficina del
Registro.
En consecuencia, el comprador adquirirá el dominio de la cosa con el pago de
la totalidad del precio, pero asumirá el riesgo de la misma desde el momento
en que la reciba de poder del vendedor.
Identificación de la Línea de Investigación
El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación: “RETOS,
PERSPECTIVAS Y PERFECCIONAMIENTO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS
EN EL ECUADOR”, específicamente en lo referente al primer punto, “EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO, PRESUPUESTOS
HISTÓRICOS, TEÓRICOS, FILOSÓFICOS Y CONSTITUCIONALES”.
1.5. Objetivos de la investigación
Objetivo general
Formular una propuesta sobre la necesidad de unificar los procedimientos
existentes en el COGEP y el CÓDIGO DE COMERCIO, en lo referente a los
contratos con reserva de dominios y prendarios, con la finalidad de optimizar la
celeridad procesal.
Objetivos específicos
• Fundamentar teórica y científicamente el presente trabajo de
investigación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el COGEP y
en el CÓDIGO DE COMERCIO, sobre los contratos con reserva de
dominio y prendarios.
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• Analizar los procedimientos existentes en el COGEP y en el CÓDIGO
DE COMERCIO, para la ventilación de las causas relacionadas a los
contratos con reserva de dominio y prendarios.
• Contrastar los procedimientos establecidos en el COGEP y en el
CÓDIGO DE COMERCIO, en lo que respecta a los contratos con
reserva de dominio y prendarios.
• Realizar las encuestas necesarias a profesionales del Derecho de la
ciudad de Puyo, sobre la temática a investigarse y procesar los
resultados
2. Fundamentación teórica conceptual
2.1. Principales conceptos relacionados en el tema escogido
Venta
Laura Fischer y Jorge Espejo en su obra de Mercadotecnia en relación a la
venta, manifiestan: “Del latín vendita, venta es la acción y efecto de vender. La
venta es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio
ajeno por el precio pactado (Fisher, 2004).
La venta puede ser algo potencial o una operación ya concretada y es una de
las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que
ofrecen algo en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente
de la cantidad de veces que realice esta actividad, de lo bien que lo hagan y de
cuán rentable les resulte hacerlo.
Reserva de dominio
En relación a la reserva de dominio, dice: “La venta con pacto de reserva de la
propiedad o del dominio, es la venta en la cual en virtud de la voluntad de las
partes se difiere la transferencia de la cosa o derecho vendido hasta el
momento en que el comprador pague la totalidad o una parte determinada, del
precio (Valencia, 2012).
En esas consideraciones se puede decir, que el pacto con reserva de dominio
es aquel que suele incluirse en ciertos contratos de compraventa, por el cual el
vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida, hasta haber recibido la
totalidad del precio, normalmente aplazado.
6
El vendedor no transmite la propiedad del bien, sino solo su posesión, uso y
goce. Se entiende que lo que existe en estos casos es una condición
suspensiva, de manera que hasta que no se cumpla tal condición no se
transmite la propiedad. Una vez satisfecho el precio, la propiedad del bien se
transmitirá automáticamente.
Pero la práctica comercial ha introducido, especialmente en las ventas de
bienes muebles a plazos, la cláusula añadida al contrato de compraventa por
virtud de la cual, y para asegurarse el cobro del precio, el vendedor se reserva
la titularidad sobre la cosa. Mientras no perciba la totalidad del precio, se limita
a conferir la posesión inmediata al comprador, con las facultades de uso y
disfrute al título posesorio. En consecuencia, el vendedor no conserva la
posesión de la cosa, pero continúa siendo propietario de ella. (Pérez, 1972).
Incumplimiento de pago
Se refiere a la circunstancia en la que el deudor no ha satisfecho al acreedor en
la pretensión obligatoria, es decir, no ha pagado. La relación jurídica que existe
por la obligación, está dirigida a la satisfacción del sujeto. El incumplimiento de
las obligaciones puede ser voluntario o involuntario, es decir, que el deudor con
conocimientos de ello, no realiza la prestación debida, o bien no se ha llevado
por causas ajenas a la persona (Alcalde Rodríguez, 2003).
Si el pago es el cumplimiento de la obligación tal como ella se encuentra
establecida, no hay otra forma de que la negativa para definir el
incumplimiento: el no pago, esto es, la falta de satisfacción íntegra y oportuna
de la obligación al tenor de ella.
Vendedor
La palabra vendedor se deriva de vender, la cual, procede de la palabra latina
compuesta vendo, que significa venir, y daré, que quiere decir dar; o sea, ven y
dame. En forma general, se define al vendedor como la persona que efectúa la
acción de vender algo, es decir, ofrecer y traspasar la propiedad de un bien o la
prestación de un servicio a cambio de un precio establecido (Fisher, 2004).
Sin embargo, cabe mencionar que al vendedor se le considera como "la
persona que hace de las ventas su forma habitual de vida y que forma parte de
7
un equipo por medio del cual una organización vende determinado bien o
servicio, ofreciéndole una remuneración por su trabajo.
Comprador
Comprador es quien realiza la acción de la compra, pero que no
necesariamente consume o usa el producto, mientras que un usuario es quien
utiliza el producto o servicio y por tanto aprovecha sus beneficios a su favor,
pero no necesariamente realiza la compra.
Por consiguiente puedo decir que un comprador es un cliente, es decir, un
individuo o negocio que hace una compra a un vendedor. Independientemente
de cuál sea la situación, el comprador es la parte que da o transfiere dinero al
vendedor para obtener un producto.
Un adolescente que adquiere un videojuego en una tienda del centro comercial
es un comprador, como también lo es una compañía de distribución que
adquiere materias primas de un fabricante a crédito.
2.2. Antecedentes relacionados con la investigación
Los temas jurídicos que deben enfrentar los operadores del derecho son varios,
algunos de éstos no son de fácil comprensión, en la normativa del Código de
Comercio facilita el procedimiento, pero al aplicar la nueva normativa del
COGEP, genera equivocación al momento de presentar una demanda,
calificarla, o emitir el fallo.
El tema de las acciones civiles por falta de pago en la venta con reserva de
dominio y prendarios, es una de aquellas situaciones jurídicas que no está
definida, lo cual se evidencia en que, ante una misma norma, existan diversos
criterios, lo que justifica un estudio por intentar clarificarlo
El vendedor se reservaba la propiedad de la cosa hasta el momento en el que
el comprador cancelare la totalidad del precio; por tanto este era perfectamente
lícito y gozaba de la Acción Venditi, la Reivindicatoria. El primer cuerpo de
Derecho Mercantil de que habla la historia, son las leyes marítimas de los
Rhodios.
Estas leyes que llegaron a formar un cuerpo de legislación reguladora del
comercio marítimo, en el que ocupa el primer lugar tres siglos antes de Cristo
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en todo el Mediterráneo, por este motivo, esta legislación debió haber ejercido
grande influencia sobre la de los demás pueblos marítimos y muy
particularmente en el Derecho de los romanos, con quienes los Rhodios
cultivaron relaciones pacíficas, hasta que la isla fue reducida a provincia
romana, sin embargo, fuera de los fragmentos que de esa legislación Rhodia
existen en los monumentos del Derecho Romano, ningún otro documento se
creó.
Derrumbado el imperio romano de occidente y durante toda la era de las
invasiones, la anarquía más espantosa se enseñoreó de Europa y ante las
nuevas condiciones de vida (como el feudalismo) el magistral Derecho
Romano, resultó insuficiente; Surgió entonces, un nuevo Derecho, constituido
primero por la costumbre, cristalizado después en ciertas leyes escritas, que
recibieron el nombre de estatutos, y cuyo conjunto forma el llamado derecho
estatutario el cual sentó algunas de las bases sobre las cuales se cimentó más
adelante el Derecho Mercantil como tal.
La necesidad de someter las costumbres a las formas precisas del Derecho
escrito, se dejó sentir principalmente en el comercio de mar, y ello explica que
a éste se refieran las compilaciones más importantes y de observancia más
general que entonces se formaron.
Ya para finales de la Edad Media en el siglo XVI pasan a ocupar en los vastos
dominios del comercio un lugar de primer orden gracias a los felices
atrevimientos de sus navegantes.
La promulgación del Código de Comercio francés (Code Napoleón) de 1807
cambia radicalmente el sistema del Derecho Mercantil porque, inspirado en los
principios del liberalismo, lo concibe no como un Derecho de una clase
determinada (la de los comerciantes), sino como un Derecho regulador de una
categoría especial de actos: los actos de comercio.
Ese ordenamiento pretende dar al Derecho Mercantil una base objetiva, que
deriva de la naturaleza comercial intrínseca de los actos a los que se aplica. A
imagen y semejanza del Código francés, los demás Estados europeos
promulgaron sus respectivos Códigos de Comercio, también sobre una base
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objetiva. Este Código francés fue un "Código de exportación", como todas las
leyes napoleónicas.
En esas condiciones surge el contrato de compraventa con reserva de dominio,
como una condición resolutoria; respecto a la mencionada condición se debe
establecer su categoría de suspensiva o resolutoria: Según nuestro
ordenamiento jurídico estamos frente a una condición suspensiva mientras ésta
no ocurre, se suspende la adquisición del derecho de dominio a favor del
comprador, que se le debe en virtud del contrato de compraventa, siempre que
por su parte cumpla con la obligación de pagar la totalidad del precio (Petit,
2005).
Doctrinariamente ha existido una amplia discusión respecto a la Naturaleza
Jurídica de dicha condición, sin embargo la mayoría de las legislaciones,
incluyendo la nuestra, se han acogido al criterio de que se trata de una
condición suspensiva.
Por otro lado cabe recalcar que el contrato de Compraventa se considera
perfecto desde que las partes han acordado en la cosa y el precio,
independientemente de su celebración por escrito y su inscripción en el
Registro Mercantil; sin embargo cuando se incorpora la cláusula tema de este
trabajo, con reserva de dominio, se perfecciona con el cumplimento de ciertas
formalidades como la inscripción en el Registro Mercantil y los demás
requisitos legales. Tanto la necesidad de adquirir, como la de vender, puede
coincidir, con la falta de las posibilidades económicas que presenta la persona
para comprar.
Desde el punto de vista de la equidad, nada es más justo que sea el
comprador, quien cargue con todos los riesgos de la cosa vendida, ya que es el
quien, viene disfrutando y obteniendo provecho económico de la misma.
En la venta con reserva de dominio, lo que hace el vendedor es justamente
reservarse la propiedad, por lo tanto, en este tipo de contratos, el solo
consentimiento no opera la transmisión de la propiedad.
Este pacto que se introduce en el contrato de compra venta, en el cual se
realiza una explicación distinta mediante razonamientos, antes de la vigencia
de la Ley, se recurría con frecuencia el contrato de arrendamiento con opción a
10
compra, mediante un contrato celebrado de arrendamiento sobre la cosa
mueble, este arrendatario pagaba una cuota mensual fija; y, luego al terminar
de pagar el número determinado de cuotas se hacía propietario de la cosa
mueble.
El pacto de reserva de dominio desempeña en la contratación de nuestro
tiempo tanto nacional como extranjera un papel preponderante, pues el hecho
de que una persona pueda adquirir de inmediato un bien que se le entrega sin
pagar simultáneamente su precio y que lo hará a plazos, toda vez que de
momento carece de dinero para pagar el importe del mismo, a pesar de que en
fecha más o menos próxima tenga lo suficiente, indudablemente, es para
considerar el pacto en la forma antes señalada, más bien, valiosísimo.
Ahora bien, es necesario anotar que algunos tratadistas hablan acerca de la
reserva de dominio como una cláusula del contrato de compraventa, y otros
prefieren tratarla como una modalidad del contrato de compraventa. Esto, que
en apariencia parece no revestir mayor interés, en realidad es clave para
entender más adelante las características de la venta con reserva de dominio,
pues si bien ésta es tratada como una sección más del título que habla acerca
de la compraventa en el Código de Comercio, tiene algunas características
propias, diferentes a las del contrato de compraventa.
Por eso, se prefiriere manifestar que, si bien en un inicio la reserva de dominio
es una cláusula más del contrato de compraventa, por las características
propias que tiene, deviene más bien en una modalidad del contrato de
compraventa.
Los requisitos generales del contrato de venta con reserva de dominio y
prendarios no difieren a los contemplados para un contrato de compraventa
común. Esto en primer lugar porque, como ya se señaló anteriormente, el
contrato de venta con reserva de dominio y prendarios son una modalidad del
contrato de compraventa con casi las mismas características; y, en segundo
lugar, porque el contrato de compraventa se rige por los principios generales de
todo negocio jurídico.
Los requisitos del contrato de compraventa común, no son por lo tanto
mayormente diferentes a los del contrato de venta con reserva de dominio; la
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diferencia más bien radica en que este último tipo de contratos por disposición
legal, es necesariamente de naturaleza real, toda vez que necesita para su
perfeccionamiento, la inscripción del ejemplar correspondiente en el Registro
de la Propiedad, o en su defecto en el Registro Mercantil, cuando el negocio
haya sido creado específicamente para asuntos de dicha índole.
El Código Civil no enumera en una disposición específica, cuáles son los
requisitos que debe contener un contrato de compraventa, pero los reglamenta,
en cambio, en varios de sus artículos.
Para este estudio se optará por seguir la misma estructura que la mayor parte
de tratadistas dan a este importante ámbito del Derecho, toda vez que la
metodología por ellos utilizada, ayuda a una mejor y más ágil comprensión.
La trascendencia de este tema de investigación es de tal importancia que
existen estudios profundos que lo abordan de una manera más compleja y
minuciosa, por lo que se tratará con cierto detenimiento, pero sin entrar en
detalles, indicando que también se analizará, sobre todo cuando se habla de la
importancia de la voluntad del comprador y del vendedor. Los requisitos
generales son los siguientes: capacidad y consentimiento de los contratantes,
objeto y causa lícita.
Esta capacidad, por tanto, permite al vendedor y comprador celebrar un
contrato de venta con reserva de dominio, y adquirir los derechos y
obligaciones propios de este tipo de contratos, como también les faculta
ejercerlos, de tal suerte que puedan tanto el vendedor como el comprador
plasmar sus voluntades en el contrato sin restricción alguna, salvo las
limitaciones impuestas por la ley.
A la capacidad se clasifica en tres categorías: absoluta, relativa y especial. Los
incapaces absolutos son aquellos que carecen de voluntad y por tanto sus
actos no producen ningún valor jurídico; incapaces relativos, en cambio, son
aquellos que teniendo voluntad necesitan, como medio de protección del
legislador, necesitan de un procedimiento especial para que su voluntad
produzca efectos jurídicos; y, son incapaces especiales aquellos que por
disposición legal no pueden ejecutar ciertos actos particulares.
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Estas incapacidades se encuentran regladas en el artículo 1463 del Código
Civil. La regla general de este requisito, por tanto, es que todas las personas
son hábiles o capaces para contratar, excepto aquellas que la ley las declara
inhábiles o incapaces.
El requisito del consentimiento es el más importante, indiscutiblemente el
elemento de mayor importancia, por cuanto desmenuzando un poco las cosas,
podemos concluir que todo viene a caer en definitiva en el consentimiento.
Para el presente estudio este requisito también es el más importante, como se
verá más adelante, puesto que es justamente el consentimiento del comprador
y del vendedor lo que no es debidamente apreciado por el juez al momento de
calificar la demanda de embargo: así, se ha dado el caso que el vendedor
solicita en la demanda el embargo del bien mueble materia del contrato y el
juez, al momento de calificarla, curiosamente no dispone esta medida sino la
aprehensión, lo cual evidentemente va en contra de la facultad que tiene el
vendedor de optar por cualquiera de estas dos medidas: el remate o la
aprehensión, facultad que se encuentra amparada en la propia ley que rige
este tipo de contratos, y que se encuentra robustecida en la doctrina.
(Vodanovich H, 2001).
El consentimiento es simplemente el eje central de los requisitos del contrato, a
partir del cual los demás se desarrollan, pues de no existir este requisito, los
otros no tendrían razón de ser; por esto, “El consentimiento es el acuerdo de
voluntades de dos o más personas con un objeto lícito.”, voluntad que tiene
como fin crear un vínculo jurídico, y debe, además, exteriorizarse, esto es no
solo quedarse en el deseo de consentir algo, sino que debe plasmarse en un
hecho o acto concreto por el cual se entienda existir dicho consentimiento.
(Vodanovich H, 2001).
La reserva de dominio es una figura jurídica que permite al vendedor de un
bien mueble reservarse el dominio hasta la cancelación total del mismo por
parte del comprador, quien por su parte entra en posesión del bien comprado,
usando, gozando y además haciéndose responsable del mismo.
La reserva para el vendedor y la posesión para el comprador es, en alguna
medida, un punto de equilibrio entre la seguridad que busca el vendedor hasta
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que el comprador cancele la totalidad del precio del bien y recién en ese
momento, se convertirá en propietario del mismo; y, la posibilidad de que el
comprador que se encuentra usando, gozando y disponiendo del bien cambie
de domicilio sin avisar al vendedor, no utilice el bien adecuadamente o lo ponga
en riesgo y/o no cancele su obligación.
Esto es lo que se observa en las diferentes disposiciones legales que regulan
la venta con reserva de dominio, en las cuales, encontramos implícitas las
obligaciones del vendedor, a diferencia de las del comprador, que el legislador
ha querido detallarlas explícitamente.
Es por esto que la utilidad de la cláusula de reserva de dominio se la puede
entender y desarrollar, desde y dentro del marco legal de las obligaciones que
tienen tanto el vendedor como el comprador.
Las primeras obligaciones que exige el Código Civil al vendedor son la de
entregar la cosa vendida, y hacerlo saneada. Revisemos en primer lugar la
obligación relativa a la entrega o tradición de la cosa. Esta entrega,
necesariamente, conlleva la intención del vendedor de transferir el dominio de
la cosa vendida al comprador, y va precedida de un título traslaticio de dominio,
que es la compraventa; es decir, la entrega material puede ser entendida como
una circunstancia o efecto inherente a la tradición, entrega que es evidencia del
consentimiento del vendedor.
Al analizar el artículo 1880 del Código Civil colombiano, que tiene una
redacción igual a la del artículo 1764 del Código Civil ecuatoriano, que señala:
“Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o
tradición, y el saneamiento de la cosa vendida.”, hace un interesante análisis
respecto de esta primera parte de la obligación del vendedor, y se encuentra
una posible incorrección gramatical en los alcances de la expresión entrega de
la cosa con la de tradición de la cosa.
No se encuentra en el Código de Comercio ninguna disposición legal, en la
sección que trata acerca de la venta con reserva de dominio, que en forma
explícita regule esta obligación del vendedor de entregar la cosa mueble; esto
sin embargo, no quiere decir que se haya omitido normar al respecto, lo que
pasa es que estas obligaciones como se indicó, están implícitas en el contrato.
14
Así, el artículo 1, inciso segundo, de la sección que trata la figura jurídica en
estudio, indica que el comprador asumirá el riesgo de la cosa vendida desde el
momento en que la recibe de poder del vendedor; esto es, para que el bien
vendido empiece a ser usado y gozado, y por tanto asumido el riesgo por el
comprador, debe existir, necesariamente, un acto previo que es la entrega de la
cosa por parte del vendedor, pues es él quien hasta antes de la entrega lo
posee.
Por su parte el artículo 3, literal b), entre uno de los requisitos que debe
contener el contrato, señala el de especificar el lugar donde se mantendrá el
bien vendido durante la vigencia del contrato.
Si bien esta es una obligación del comprador, permite en todo caso, entender
que, para que este compromiso contractual se haga efectivo, el comprador
debe haber recibido el bien o la cosa de parte del vendedor, esto es haberse
realizado la entrega o tradición de la cosa.
Ahora bien, esta obligación del vendedor de entregar o tradir la cosa mueble al
comprador, va revestida con el derecho o facultad de reservarse el dominio del
bien hasta que se haya cancelado la totalidad de su precio, por lo que la
entrega de la cosa al comprador implica la entrega del derecho de uso y goce,
pero no del dominio, que aún pertenece al vendedor.
De esta manera el vendedor cumple con su obligación, pero a la vez y como
todavía no se le ha cancelado la totalidad del precio del bien encuentra en la
reserva de dominio una seguridad para el cumplimiento de la obligación del
comprador de pagar el precio en forma aplazada, quien a pesar de no haber
cancelado todo el precio del bien se encuentran en uso y goce del mismo.
En cuanto al saneamiento de la cosa vendida, el Código Civil establece dos
obligaciones del vendedor: la primera, de amparar al comprador en el dominio y
posesión pacífica de la cosa vendida esto es el saneamiento por evicción; y la
segunda, responder de los defectos ocultos de la cosa vendida, llamados vicios
redhibitorios.
El Código de Comercio, en el artículo 191, se limita a disponer que: “El
vendedor está obligado a sanear las mercaderías vendidas y a responder de
los vicios ocultos que contengan, conforme a las reglas establecidas por el
15
Código de Comercio, en el Título ‘De la Compraventa’.” Sobre la primera de
estas obligaciones, señala el artículo 1778 del Código Civil: “Hay evicción de la
cosa comprada, cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por
sentencia judicial.”
Por la acción de evicción, y en tratándose de venta con reserva de dominio, por
tanto, el vendedor se obliga a garantizar que la posesión del comprador no sea
interrumpida, ya sea en todo o en una parte de ella; es decir, el vendedor por lo
menos garantiza al comprador la posesión tranquila y pacífica.
El artículo 7 dispone que el comprador tiene la obligación de notificar al
vendedor el cambio de su domicilio, a más tardar dentro de ocho días
posteriores a dicho cambio, y que igualmente, debe hacer conocer cualquier
medida preventiva o de ejecución que judicialmente se intentare sobre los
objetos comprendidos en el contrato, a fin de que el vendedor afectado haga
valer sus derechos. (Código de Comercio, 2013)
Cabe entonces una pregunta: ¿Cuáles son los derechos o el derecho afectado
del vendedor? Recordemos que el vendedor entrega la posesión al comprador,
pero se reserva para sí el derecho de dominio, por tanto es éste el derecho
afectado que va a defender el vendedor. Esta defensa, por cierto, tiene un
trámite especial, sumarísimo.
Si las cosas comprendidas en el contrato fueren embargadas o secuestradas
bastará que el vendedor comparezca ante el Juez de la causa presentando el
certificado del Registrador de la Propiedad, para que dentro del mismo juicio o
diligencia y sin más trámite, deje sin efecto las resoluciones que hubiere
expedido; y, ordene que las cosas vuelvan al estado anterior.
Ahora bien, esta obligación presupone que el comprador no conocía que sus
acreedores pretendían actuar judicialmente sobre el bien mueble objeto de la
reserva de dominio, por lo que su actitud respecto de este bien resultaría ser de
buena fe, por ello cumple con la obligación legal de notificar al vendedor a fin
de que defienda su derecho de dominio, pero además también se encuentra en
una situación de defender su derecho de posesión, pues por esta medida
preventiva o de ejecución, se le estaría privando del uso y goce del bien
comprado.
16
Sin embargo, la Ley prevé la posibilidad de que el comprador no actúe de
buena fe, por el contrario, contravenga disposiciones contractuales y legales,
pues solo con autorización expresa y por escrito del vendedor, podrá verificar
contrato de venta, permuta, arriendo o prenda sobre el bien adquirido, con
reserva de dominio, sin haber pagado todo el precio.
En caso de no existir esta autorización, dichos contratos serán nulos, y no
darán derecho alguno a terceros. Además de lo señalado, el artículo 8, inciso
segundo, ante tal actitud muestra la rigurosidad con la que el legislador quiso
sancionar al comprador que incumple el contrato y viola la ley, pues dice: que
el comprador que violare estas disposiciones señalas en el artículo 8, inciso
primero, quedará sujeto a la pena de dos meses a tres años de prisión.
Más adelante señala que, sin perjuicio de esta pena, el vendedor podrá exigir
de terceros la entrega de la cosa vendida de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 14 de los innumerados, esto es, presentando al juez el contrato y
certificado otorgado por el Registrador, a fin de que disponga que uno de los
alguaciles aprehenda la cosa materia del contrato y las entregue al vendedor.
Esta modalidad de la compraventa mercantil, la venta con reserva de dominio,
permite al vendedor de la cosa mueble reservarse el dominio sin transmitirle
este derecho, y más bien transmitir al comprador la tenencia, a fin de que al
terminar de pagar la última cuota, recién se constituya en propietario.
Mientras se encuentra cancelando las cuotas prefijadas, el comprador a más
de usar y gozar de la cosa, también se hace responsable de la misma. Esta es
la voluntad del vendedor y del comprador.
Es de extrema importancia, por tanto, que se encuentre claramente detallado el
consentimiento de los contratantes para identificar sus obligaciones, y las
consecuencias que pueden generarse por el incumplimiento de las mismas.
Ya se indicó que las consecuencias del incumplimiento del comprador pueden
ocasionar que el vendedor ejerza incluso acciones penales en su contra.
El conocimiento de la voluntad del vendedor y del comprador también es
importante para evitar posibles confusiones entre la identidad del contrato de
venta con reserva de dominio con la de otros contratos, con los que si bien
17
como ya se manifiesto pueden existir ciertas similitudes, en realidad hay más
diferencias pues tiene características y requisitos propios.
Sin embargo, el aspecto analizado tiene que ver con la voluntad del vendedor y
del comprador frente a las disposiciones legales que estipulan las opciones que
tiene el vendedor cuando el comprador de la cosa mueble ha incumplido sus
obligaciones, específicamente su obligación de pagar el precio en la forma
establecida y acordada en el contrato.
Las opciones que la ley otorga al vendedor frente al incumplimiento del
comprador son dos: la aprehensión y el remate de la cosa. Puede, por tanto, el
vendedor, a su arbitrio, decidir si demanda al comprador la aprehensión o el
remate. Esta voluntad del vendedor debe, necesariamente, estar plasmada en
el contrato para evitar confusiones en cuanto a saber si se debe dar el trámite
de aprehensión o el embargo. A continuación analizaremos estas dos acciones.
La aprehensión.
Por la manera como están redactadas estas medidas civiles de aprehensión y
remate, podría entenderse que la regla general es que, ante el incumplimiento
del comprador, la primera opción que tiene el vendedor es demandar la
aprehensión; y, como segunda opción demandar el remate.
Si bien el texto de la ley establece como primera opción “la aprehensión”, y
luego dice que solo si se lo prefiere se podrá optar por “el remate”, esta
redacción no implica jerarquización de estas dos medidas; es simplemente una
división que el legislador ha realizado, y que era necesaria a fin de establecer
diferencias entre ambas medidas.
El primer inciso, del artículo 9, de la sección que trata la venta con reserva de
dominio dice: “Si el comprador no pagare la cuota o cuotas establecidas en el
contrato, o si vencido el plazo no cancelare lo que estuviere adeudando, la
cosa vendida volverá a poder del vendedor, siguiendo el procedimiento
señalado en el artículo 14 antes indicado.” Este procedimiento permite al
vendedor obtener del juez una orden judicial para que uno de los alguaciles
“aprehenda las cosas materiales del contrato donde quiera que se encuentren y
las entregue al vendedor.
18
Este criterio está reforzado en el inciso primero, del artículo 10, cuando
manifiesta que el vendedor podrá preferir el remate de la cosa vendida; es
decir, la intención del vendedor es la de recuperar la totalidad del precio de la
cosa mueble vendida, por eso ha declarado anticipadamente vencida la
totalidad de la obligación, y esta la razón para sostener que cuando se dice “se
pone al día en el pago de las cuotas”, la ley se refiere a pagar toda la
obligación, esto es las cuotas atrasadas o vencidas más las cuotas que
anticipadamente se han declarado vencidas. (Código de Comercio, 2013)
Caso contrario, el vendedor no hubiese expresado esta facultad, permitiendo al
comprador, dentro de los quince días posteriores al vencimiento estipulado en
el contrato, ponerse al día en el pago de las mismas y recuperar la cosa
vendida. Esto es lo que se conoce como la aprehensión con reversión.
El remate
Esta acción que es planteada por el legislador como una opción alternativa a la
aprehensión (por eso dice el texto legal que si el vendedor lo prefiere podrá
pedir el remate, y nosotros agregamos: en vez de la aprehensión) y que tiene el
vendedor cuando el comprador ha incumplido el pago de sus cuotas, parece no
ser debidamente entendida por los operadores de justicia, quienes dan el
mismo tratamiento a la acción de aprehensión con la acción de remate, a pesar
de ser totalmente diferentes.
Incluso ya hemos visto que dentro de la aprehensión existen dos posibilidades:
que el vendedor demande las cuotas establecidas en el contrato y que se
encuentren atrasadas, o que declare anticipadamente vencida toda la
obligación y demande el pago íntegro de la misma.
Para abordar el estudio de este inciso se partió del hecho que la intención del
vendedor es la de recuperar la totalidad del precio, por lo que debe haber
declarado anticipadamente vencida toda la obligación, caso contrario no
hubiese manifestado su voluntad a través de esta declaración, y demandaría el
pago de las cuotas atrasadas siguiendo el procedimiento de la aprehensión con
reversión.
Por tanto, y para entender de mejor manera este planteamiento, se debe
advertir que esta regulación, tiene una coincidencia con el tercer inciso del
19
artículo 9, en el cual se observó que el vendedor podrá optar por declarar
anticipadamente vencida toda la obligación y exigir el pago de la misma a
través del procedimiento de la aprehensión, o esperar el ofrecimiento de una
garantía por parte del comprador, o, a su vez, demandar directamente el
remate del bien vendido.
Es decir, y ante el incumplimiento de pago del comprador, si en forma clara y
expresa el vendedor ha hecho evidente su voluntad, esto es su consentimiento
de preferir el procedimiento del remate por el de aprehensión, el juez que
conozca este pedido, debe aceptarlo, obviamente velando porque la demanda
cumpla con los requisitos generales de ley
Ya revisó que el consentimiento de las partes contratantes debe ser serio y
debe exteriorizarse, además que el contrato debe tener un objeto y causa lícita.
Si esta voluntad del vendedor es seria y coincide con la del comprador, y
además estas voluntades se han exteriorizado en el contrato, quiere decir que
estamos frente a un acto que produce efectos jurídicos.
En resumen, si el comprador ante su incumplimiento de pago ha consentido, en
los términos señalados, que el vendedor prefiera demandar el remate, no existe
causa alguna para que un juez no acepte tal pedido.
Sin embargo, en la práctica se ve con mucha frecuencia que el vendedor
declara anticipadamente vencida la obligación y demanda el remate, y el juez al
momento de calificar la demanda la acepta de esa manera, pero curiosamente
concede al comprador la posibilidad de recuperar el bien si dentro de los quince
días se pone al día en el pago de las cuotas, u ofrece garantía suficiente.
Es decir, confunde la aprehensión con el remate, lo cual genera incertidumbre
no solo en el vendedor sino en el comprador, quien en algún momento
posiblemente gozará de esta equivocación, pero no escapará a su
entendimiento que en algún instante esa equivocación, u otras que pueden
darse en los operadores de justicia, puede soslayar sus derechos.
Ahora bien el remate, porque así está dispuesto, puede seguirse según el
trámite de la prenda agrícola e industrial (artículo 596) o según el trámite
establecido de la prenda comercial (artículo 573). La diferencia sustancial entre
20
ambos trámites se da en que el procedimiento dispuesto para la prenda
agrícola e industrial exige al juez notificar al deudor la orden de embargo.
En cambio el inciso séptimo del artículo 573, del Código de Comercio, que
habla de la prenda comercial, no exige la notificación al deudor. El indicado
artículo textualmente dice: “Vencido el plazo de la prenda, el acreedor, sin
necesidad de notificación alguna al deudor, pedirá al juez la venta en subasta
pública del objeto materia de la prenda, y él la decretará (…).”
El artículo 596 por su parte dice: Si no se paga el crédito a su vencimiento, el
acreedor puede pedir al juez el remate de los objetos empeñados. Acompañará
a su solicitud el respectivo contrato y un certificado del Registrador de la
Propiedad que acredite que aún no ha sido cancelado.
Cumplidos estos requisitos, el juez ordenará e embargo de la prenda y su venta
en pública subasta conforme el Art. 573 (…) Se notificará al deudor la orden de
embargo. El procedimiento no podrá suspenderse, si el deudor no consigna en
pago el valor de la deuda, intereses y costas. (CONSTITUCIONAL, 2001)
Se ratifica aún más la tesis de que al demandarse el remate se demanda la
cancelación total de la obligación, y no solo el pago de las cuotas atrasadas.
Sobre la base de lo anotado, y a pesar de encontrarse establecido por mandato
legal la facultad del vendedor de optar por el trámite de la prenda agrícola e
industrial con notificación al deudor de la orden de embargo, o el trámite de la
prenda comercial sin notificación al deudor, se estima que los jueces deberán
optar por el primero, a fin de evitar dejar en indefensión al comprador.
De esta manera se estaría cumpliendo el derecho a la defensa como principio
de la administración de justicia. Por último, respecto del inciso segundo, del
artículo 10, es menester indicar que en concordancia con el trámite del remate
analizado necesariamente el producto del remate debe aplicarse al pago de las
cuotas vencidas, cubriéndose además los gastos de remate, debiendo entregar
al comprador el saldo si hubiere.
Es importante hacer notar que esta disposición legal faculta al vendedor iniciar
una nueva acción legal contra el comprador, cuando el producto del remate no
ha alcanzado a cubrir todo el crédito, e inclusive los gastos judiciales.
21
Una vez que se analizó, por una parte, la utilidad de la cláusula de reserva de
dominio frente a las obligaciones del vendedor y del comprador, advirtiendo
ahora que más que una cláusula es una modalidad del contrato de
compraventa; y, por otra parte, la importancia de la voluntad del vendedor y del
comprador frente a la normativa que regula la venta con reserva de dominio, se
puede decir que el vendedor ante el incumplimiento de pago del comprador
tiene dos acciones civiles a seguir, y que son:
1. La aprehensión.
2. El remate.
Ahora bien este procedimiento, aunque ya se analizó y se pudo verificar si la
equivocada aplicación de los operadores de justicia radica en una falta de
claridad de la norma, o más bien es una equivocada aplicación o interpretación
de la misma, tomando en cuenta que existen en la actualidad nuevos
procedimientos que faculta el Código Orgánico General de Procesos.
El Libro Quinto del COGEP, trata sobre la ejecución, pues debe olvidarse que
parte de la tutela judicial imparcial y expedita que señala el Art. 75 de la
Constitución de la República del Ecuador, es la ejecución de la sentencia, y es
justamente esta etapa, la que garantiza el cobro de las deudas, y la Jueza o el
Juez tiene la facultad de acceder de oficio o a petición de parte a los registros
públicos de datos del ejecutado para recabar información relativa a sus bienes.
Es menester recordar que, la fase de ejecución, es el conjunto de actos
procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en títulos de
ejecución, como son: la sentencia ejecutoriada, el laudo arbitral, el acta de
mediación, el contrato prendario y de reserva de dominio, la sentencia en el
laudo arbitral o el acta de mediación expedidos en el extranjero y homologados
en el país; las actas transaccionales válidamente celebradas ante autoridad
competente y el auto interlocutorio definitivo que pone fin al proceso monitorio;
en resumen, se trata de un proceso que vuelve factible la labor de tutela judicial
por parte del Estado, que señala el Art. 75 de la CRE.
La sentencia es el acto normal o regular de terminación del proceso y que
ejecutoriada se vuelve ejecutable, adquiriendo la categoría de cosa juzgada,
por lo que de acuerdo con el art. 101 “…surte efectos irrevocables con respecto
22
a las partes que intervinieron en el proceso o de sus sucesores en el derecho”,
no pudiendo alterarse ni modificarse el sentido de la resolución, pero sí
corregirse errores de escritura, numéricos, etc. aún en fase de ejecución
(art.100). Sin embargo, esos “efectos irrevocables” en la práctica pueden sufrir
variaciones, siempre que, provengan de la expresión libre y voluntaria de las
partes, sean posteriores a sentencia y consten legalmente aceptadas.
Al respecto el art. 373 del COGEP, señala que en la fase de ejecución la o el
deudor únicamente podrá oponerse al mandamiento de ejecución dentro del
término de 5 días, alegando uno o más de los siguientes modos de extinción
de las obligaciones: pago, dación en pago, pagos parciales, transacción,
remisión, novación, confusión, compensación, pérdida o destrucción de la cosa
debida, siempre que se pruebe que se ha producido luego de ejecutoriada la
sentencia.
La oposición será resuelta en la audiencia de ejecución y de ser procedente,
llevará al juez a declarar terminada la ejecución y mandar se archive
definitivamente el juicio.
Como un simple comentario vale decir que esta regulación con caracteres de
negocio jurídico procesal, en nada afecta la naturaleza o santidad de la cosa
juzgada, ni viola principio, precepto o interés procesal alguno, siendo más bien
una fórmula que asentada sobre bases de equidad y el principio de autonomía
de la voluntad, permite una solución inmediata del conflicto.
Según el art. 362 del COGEP la ejecución “Es el conjunto de actos procesales
para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución”,
siendo la sentencia un título de ejecución según el art. 361 No. 1. A su vez el
art. 364 prescribe que “La ejecución se circunscribirá a la realización o
aplicación concreta de lo establecido en el título ejecutivo”.
Se ha titulado este tema justamente como “El Proceso de Ejecución” por
cuanto ese conjunto de actos referidos en las normas anteriores, no son actos
aislados, sino una secuencia ordenada y progresiva que reflejan un proceso y
no un solo, simple y aislado acto de “Ejecución” como hace entender el
membrete colocado en el Libro V y repetido en el Título I del COGEP.
(Asamblea, 2016)
23
La ejecución o cumplimiento de la sentencia o auto firme y definitivo con efecto
de cosa juzgada(art.358 inciso último), se puede dar por dos vías, una la del
cumplimiento voluntario por parte del vencido como expresión de sometimiento
a la autoridad y a la ley, o caso contrario, por ejecución forzada de la
sentencia, en cuyo caso debe implementarse una nueva etapa conocida como
“fase de ejecución”, hoy “proceso de ejecución” en la que, el Juez continúa
ejerciendo jurisdicción, “ haciendo ejecutar lo juzgado”.
El art. 142 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que
corresponde al tribunal de primera instancia, ejecutar las sentencias, norma
que guarda armonía con la regla de la competencia que enseña que “el juez de
la acción es el juez de la ejecución”, posibilitando que dentro del mismo
proceso y manteniendo unidad, se cumpla las fases de juzgamiento y de
ejecución.
Más la citada regla no es aplicable a los casos de laudos arbitrales, actas de
mediación, actas transaccionales, pues el juez de la ejecución obligatoriamente
es otro distinto al de la “acción”. Sin embargo, el tema está claramente definido
en el Código Orgánico de la Función Judicial.
Para obrar con certeza jurídica en la ejecución, es imprescindible identificar el
tipo de proceso, pues a cada proceso corresponde una clase de sentencia y a
cada sentencia una forma de ejecución.
Así, a un proceso de conocimiento declarativo, constitutivo o de condena, le
corresponde una sentencia de igual naturaleza, y una forma específica de
ejecución. Mas, buscando armonizar los criterios doctrinarios expuestos con lo
prescrito restrictivamente en el art. 366 y siguientes del COGEP, se procede a
comentar únicamente la “Ejecución de obligaciones de dar, hacer o no hacer”,
declaradas en sentencias de condena a “dar, hacer o no hacer”.
1.- Si se trata de dar una especie o cuerpo cierto, se observará la ejecución
prevista en el art. 366 que señala: “Cuando se trate de…… (El texto íntegro es
parte de la materia)”.
2.- Si se trata de dar dinero o bienes de género, se observará el procedimiento
del art. 367 que señala: “Cuando se trate de……… (El texto íntegro es parte de
la materia).
24
3.- Si se trata de una obligación de hacer, se atenderá el procedimiento
previsto en el art. 368 que señala: “En la obligación de hacer…… (El texto
íntegro es parte de la materia).
4.- Si la obligación es de no hacer, se atenderá lo dispuesto por el art. 369 que
prescribe: “Si la ejecución se refiere a no hacer algo…. (El texto íntegro es
parte de la materia).
En todo caso en que no pueda realizarse o materializarse la obligación de dar
bienes de género o especie, o de hacer o no hacer dispuestos en sentencia, se
convocará a audiencia y en base a las pruebas que se aporten se fijará el
monto de las indemnizaciones, que el obligado deba pagar, procediendo como
mandan los arts. 371, 372, 375 y siguientes del COGEP, embargando bienes,
avaluándolos y convocando a una nueva audiencia de ejecución, en la que se
procederá conforme el art. 392, pudiendo llegar al remate previsto en su inciso
final, para con su producto cancelar los valores adeudados.
Finalmente, bajo todas las argumentaciones basadas tanto en el Código de
Comercio y las implantadas en el Código Orgánico General de Procesos, nos
encontramos ante una disyuntiva jurídica que determina la falta de celeridad en
el nuevo Código y que nos obliga a observar y plantear una alternativa.
Si el nuevo Código no permite que fluyan los procesos con celeridad se debe
entrelazar las normas respecto al procedimiento de aprehensión, que permita
acelerar y no retardar la forma del cobro que garantice un normal
procedimiento, respetando lo establecido en la Constitución, al debido proceso;
pero, generando efectividad.
25
3. Metodología
3.1. Tipo de investigación
El presente trabajo se desarrolló bajo los diseños de investigación analítica
descriptiva, los mismos que permitieron utilizar métodos, técnicas y
procedimientos adecuados, para cumplir los objetivos; para ello fue importante
la recopilación bibliográfica y la ayuda de la información de las encuestas, que
permitió obtener los parámetros y datos estadísticos, para evaluar toda la
información, para ello se utilizaron los siguientes métodos:
3.2. Población
El universo de la investigación está conformado por 312 Profesionales del
Derecho de la Provincia de Pastaza.
Muestra
Para determinar la muestra investigada se aplicó, la siguiente fórmula
estadística
1)1(2 +−
=Ne
Nn
DONDE (Explicación).
n = MUESTRA
N = POBLACIÓN O UNIVERSO
e = MARGEN MÁXIMO DE ERROR 5%
N-1= FACTOR DE CORRECCIÓN EN LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
n= 312
(0.05)2 (312-1)+1
n= 312
0.0025 (312-1)+1
26
n= 312
0.0025 (311)+1
n= 312
0.77+1
n= 312
0.77+1
n= 312
1.77
n= 176
3.3. Métodos
Método inductivo – deductivo
Este método, permitió obtener la información pertinente a través de la
observación, entrevistas, para lo cual se realizó una visión global de la realidad
que encuentran a diario los operadores de justicia y profesionales del derecho.
Técnicas
En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas de investigación
Observación
Se la utilizó, en los diferentes espacios, para obtener la información
bibliográfica, con respecto a las principales Leyes como son la Constituciones
de los diferentes países, Tratados Internacionales entre otros, para el análisis
en el Derecho Comparado, que permitió desarrollar la investigación.
La encuesta
Aplicada a los Profesionales del Derecho y que tienen conocimiento sobre el
tema, que permitió recopilar la información de campo, con respecto a la
importancia de hacer prevalecer el principio de celeridad en relación a los
contratos con reserva de dominio y prendarios.
27
Cuadro de resultados
Por medio de este cuadro se demuestra la información recopilada de las
encuestas, para crear así una asimilación con los resultados obtenidos en la
investigación.
Representación gráfica
Los resultados obtenidos por medio del cuestionario realizado a los
Profesionales del Derecho, se muestran de forma gráfica utilizando el gráfico
de pastel, en el cual cada respuesta está representada por un color
determinado, para una mejor comprensión.
Interpretación
Esta es la forma mediante la cual se procura expresar y plantear de forma clara
la información obtenida por medio de la investigación.
3.4. Diagnóstico que caracterice el problema identificado en el trabajo
Tabla 1 Tabulación de encuestas
PREGUNTA VARIABLES FRECUENCIA %
1.- ¿Conoce usted el procedimiento para aprehender bienes muebles establecidos en el Código de Comercio?
SI 150 85%
NO 26 25%
2.- ¿Conoce usted el procedimiento para aprehender bienes muebles, estipulado en el Código Orgánico General de Procesos?
SI 145 82%
NO 31 18%
3.- ¿Considera usted que, el Código General de Procesos es demasiado lento en el accionar de cobro respecto de los contratos con Reserva de Dominio, aplicando el principio de celeridad?
SI 164 93%
NO 12 7%
Fuente: Investigador
28
Tablas, figuras, análisis e interpretación de resultados de las encuestas
aplicadas a los y las Profesionales del Derecho en materia civil.
Tabla 2. Procedimiento para aprehender bienes muebles establecidos en el
Código de Comercio.
PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
¿Conoce usted el
procedimiento para
aprehender bienes
muebles establecidos
en el Código de
Comercio?
SI 150 85%
NO 26 25%
TOTAL 176 100%
Fuente: Investigador
Figura 1. Procedimiento para aprehender establecidos en el Código de
Comercio.
Fuente: Investigador
Análisis de resultados
El 85% de los Profesionales del Derecho consideran conocer los
procedimientos de aprehensión de bienes muebles normado en el Código de
Comercio.
Interpretación de resultados
Los Profesionales del Derecho tienen en su mayoría claro los procedimientos
del Código de Comercio, como se actuaba anteriormente.
85
25
SI
NO
29
Tabla 3. Procedimiento para aprehender bienes muebles, estipulado en el
Código Orgánico General de Procesos
PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
2.- ¿Conoce usted el
procedimiento para
aprehender bienes
muebles, estipulado en el
Código Orgánico General
de Procesos?
SI 145 82%
NO 31 18%
TOTAL 176 100%
Fuente: Investigador
Figura 2. Procedimiento para aprehender bienes muebles, estipulado en el
Código Orgánico General de Procesos.
Fuente: Investigador
Análisis de resultados
El 82% de los profesionales del derecho encuestados manifiestan conocer los
nuevos procedimientos del Código Orgánico General de Procesos.
Interpretación de resultados
Un alto porcentaje de profesionales consideran estar al tanto en la implantación
de nuevos mecanismos del procedimiento para la aprehensión de bienes
muebles según la normativa del COGEP.
82%
18%
SI
NO
30
Tabla 4. La celeridad respecto a los contratos con reserva de dominio.
PREGUNTA ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
3.- ¿Considera usted
que el Código General
de Procesos es
demasiado lento en el
accionar de los trámites
respecto de los
contratos con Reserva
de Dominio, aplicando el
principio de celeridad?
SI 164 93%
NO 12 7%
TOTAL 176 100%
Fuente: Investigador
Figura 3. La celeridad respecto a los contratos con reserva de dominio
Fuente: Investigador
Análisis de resultados
El 93% de los profesionales encuestados consideran que el procedimiento del
COGEP para el accionar respecto de los contratos con reserva de dominio y
prendarios es lento y que no se respeta el principio de celeridad.
Interpretación de resultados
En su gran mayoría los profesionales del derecho consideran que no se aplica
el principio de celeridad por cuanto en la norma establece procedimientos que
93%
7%
SI NO
31
demoran el objetivo planteado y que más bien el Código de Comercio es más
eficiente y eficaz.
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4. Propuesta
4.1. Nombre de la propuesta
Tramitación de los contratos con reserva de dominio y prendarios.
4.2. Objetivos
Desarrollar la propuesta de reforma que permita al Código Orgánico General de
Procesos actuar con mayor celeridad en los casos de aprehensión de los
bienes muebles con reserva de dominio y prendarios aplicando en principio de
celeridad.
4.3. Elementos que conforman la propuesta
• Exposición de motivos.
• Marco legal.
• Considerando.
• Resolución.
A continuación se desarrollan los elementos antes expuesto del proyecto:
Exposición de motivos
Partiendo de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, en
el artículo 169: “El sistema procesal es un medio para la realización de la
justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán
efectivas las garantías del debido proceso (…)”; se concibe que el Ecuador
como Estado constitucional de derechos y justicia, pretende que no sólo se
aplique la ley, sino que por sobre todo prepondere la realización de la justicia,
con respeto íntegro a los derechos y garantías de los/as ciudadanos/as.
En estricto cumplimiento de las normas señaladas anteriormente, el tema “de la
falta de celeridad en los actos de aprehensión de bienes muebles, con reserva
de dominio tiene basta importancia; ya que, el Código Orgánico General de
Procesos, demora la tramitación de lo que se actuaba con el Código de
Comercio
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 9
señala: “(…) El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
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los derechos garantizados en la Constitución”. Por tanto es esencial realizar la
propuesta planteada ya que se cumplirá con los requerimientos establecidos en
la Constitución de la República del Ecuador.
La presente propuesta posee valor legal, porque tiene fundamentación jurídica
respecto a los derechos y garantías básicas establecidas en la Constitución de
la República, además garantiza su aplicación correspondiente mediante la
presentación de un proyecto de ley, que permite su reforma.
Marco legal
Se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, Código de
Comercio y el Código Orgánico General de Procesos.
Considerando
Que: el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del
Ecuador, señala que el más alto deber del Estado es el respetar y hacer
respetar los derechos garantizados en la Constitución.
Que: el Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,
social, democrático…”;
Que: el Art 424 y 425 de la Constitución de la República se refieren a la
norma suprema que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disipaciones constitucionales en caso contrario carecerán
de eficacia jurídica.
Que: en caso de conflicto de normas de distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas, las y los
servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica
superior.
Que: el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el
derecho a la seguridad jurídica, siendo su esencia la existencia y respeto a
toda la normativa jurídica del país, cuya aplicación propicie la garantía de los
derechos de los ciudadanos y la eliminación de factores que atenten al
bienestar de los ciudadanos.
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Que: el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador determina: la
Asamblea Nacional tendrá como atribuciones y deberes las de expedir,
codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter
generalmente obligatorio.
Que: en cumplimiento del Art. 84 de la Constitución de la República del
Ecuador la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de adecuar la
normativa legal de nuestro país, en función de los derechos fijados a nivel
nacional e internacional.
Que: el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el
derecho a una tutela judicial efectiva, imparcial y expedita en sus derechos e
intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún
caso quedará en indefensión.
Que: el artículo 168 numeral 6: “La sustanciación de los procesos en todas las
materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema
oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo
Que: el artículo 169: “El sistema procesal es un medio para la realización de la
justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación,
uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán
efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la
sola omisión de formalidades.
La Asamblea Nacional en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el
numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador y el
numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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RESUELVE:
Artículo. 1.- Expedir una Ley Reformatoria al Libro V del Código Orgánico
General de Procesos incrementar un numeral 4 en el artículo 372, agréguese el
siguiente numeral: “ la orden de aprehensión del bien mueble en los casos de
contratos prendarios y de reserva de dominio; y, posteriormente la notificación
al ejecutado respecto a lo que establece los numerales anteriores”.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:
Deróguese todas las disposiciones, leyes y normas jurídicas que se opongan a
la presente.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en
el Registro Oficial.
Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la sede de la
Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 24 días del mes de
octubre del año 2018.
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4.4. Explicación de cómo la propuesta contribuye a la solucionar las
insuficiencias identificadas en el diagnóstico
El Código Orgánico General de Procesos y la misma Constitución de la
República del Ecuador, se caracterizan por ser leyes garantistas, lo que ha
permitido que quienes ejercen su derecho a la tutela efectiva de la justicia se
vean coartados por normativas que aun siendo nuevas, no contribuyen a la
celeridad procesal con la que se abanderó la nueva ley.
La propuesta es unificar la normativa entre el Código de Comercio y el Código
Orgánico General de Procesos, dándole a ésta reforma una herramienta para
que las causas en las que interviene la aprehensión de vehículos,
especialmente, no se vea truncada por la negligencia de la burocracia.
Definitivamente sobre el análisis desarrollado se sintetiza que el procedimiento
del Código de Comercio es más ágil, oportuno y cuenta con la celeridad
planteada en la nueva norma, y sería justificable la reforma.
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Conclusiones
• Con la presente reforma al Código Orgánico General de Procesos
impartimos el principio de celeridad.
• Con la propuesta de ley, se crea un balance proporcional entre las dos
leyes existentes tanto en el Código de Comercio y en Código Orgánico
General de Procesos.
• Con lo fundamentado en la presente investigación se deja claro y
legalmente establecido que los principios establecidos para los procesos
de ejecución deben proporcionar justicia, teniendo en cuenta uno de los
principios básicos de nuestra estructura legal el cual es la celeridad
procesal.
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