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FINANZAS PÚBLICAS

Módulo “D” | Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2012

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Escuela de Gestión Pública

LLiicceenncciiaattuurraa eenn AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa

FINANZAS PÚBLICAS LIC. SERGIO CAMPO

LIC. ALBERTO VINICIO PÉREZ LIC. JULIO ORELLANA

MÓDULO “D” UNIDAD “15 y 16”

Semana del 21/05/2012 al

03/06/2012

LA REFORMA FISCAL EN GUATEMLA Y EL PACTO FISCAL1

El modulo D, plantea los enfoques de finanzas públicas basado en la a estructura fiscal del país que está estrechamente ligada a la economía. El Estado de Guatemala es un país que produce poco e importa muchos de los bienes y servicios que utiliza. Esto fomenta una actividad comercial especulativa, en la cual los impuestos que se pagan y que en gran medida sostienen al Estado, son los impuestos al consumo y a las importaciones. Los impuestos que gravan los ingresos son marginales. Es el consumidor final el que en realidad sostiene al Estado, mientras los grandes inversionistas concentran las riquezas. El principio fundamental de toda política tributaria debe ser la capacidad de pago. Y también tiene que haber una progresividad o regresividad de los impuestos según los niveles de crecimiento económico. Esto nunca se ha implementado y sería el sistema apropiado que se tendría que aplicar en los ingresos brutos de las actividades económicas2.

1 NULIA HERNÁNDEZ, RAMÓN. 2005, PACTO FISCAL LA IMPOSTURA DE LA FALSA DEMOCRACIA II. Guatemala. Cuadernos de Guatemala. No. 5

2 La reforma fiscal César Leonel Mejía Rodríguez/A-1 943497 EL PERIODICO Guatemala, lunes 30 de enero de 2012

http://elperiodico.com.gt/es/20120130/cartas/207190

http://elperiodico.com.gt/es/20120130/cartas/207190

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GUÍA PROGRAMÁTICA

MÓDULO “D” UNIDAD “15 y 16”

Semana del 21 de mayo al 03/06/2012

Actividades de la Unidad

Tiempo

estimado de

realización

Plazos

Mayo

L M M J V S D

21 22 23 24 25 26 27

Plazos

Mayo Junio

28 29 30 31 1 2 3

Investigar la diferencia entre

Política Fiscal, Reforma

Tributaria, Reforma Fiscal y

Pacto fiscal, Ventajas y

desventajas durante los

periodos 2000-2004, 2004-2008 y

2008-2012.

3 hrs.

10 puntos

X

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INTRODUCCIÓN 3

El modulo D, unidad 14, relacionado a la Finanzas Públicas, específicamente describe aspectos fundamentales como la reforma fiscal y el pacto fiscal, temas candemente que busca los principios constitucionales del Estado de Guatemala, que esta para garantizar, a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, necesita obtener recursos con el fin primordial de satisfacer las necesidades públicas; por lo que la tributación es la forma de obtener tales recursos para el cumplimiento de sus fines sociales. La historia tributaria de los últimos 60 años ha sido también la historia del enfrentamiento y negociación entre el Estado y los sectores empresariales, que sistemáticamente se han opuesto a cualquier intento de instaurar un régimen de tributación directa. La debilidad del Estado frente a estos sectores y sus representaciones gremiales ha sido un valladar para lograr una reforma tributaria integral. Proponer impuestos transitorios, contrarios a la sostenibilidad fiscal del Estado, ha sido una de las formas más persistentes de oposición del sector privado organizado ante propuestas de reformas tributarias. Acudir a recursos de inconstitucionalidad, después de 1986, también ha sido parte de esta estrategia de oposición. La combinación de ambas prácticas le ha dado un gran poder de negociación al sector privado organizado frente al Estado, obligando a que cada gobierno tenga que negociar con el sector privado para evitar que caiga la carga tributaria. De ahí la existencia de políticas impositivas de corto plazo, cuya intención ha sido paliar crisis inmediatas que no han contribuido a organizar el Estado con perspectiva de largo plazo. Una clase dominante sin visión de futuro difícilmente puede orientar al resto del país en un proyecto común moderno y democrático. La elite, no obstante, se ha beneficiado de exenciones y exoneraciones fiscales que sucesivos gobiernos pusieron en marcha como parte de los incentivos a la industrialización y a la diversificación productiva. A su vez, los gobiernos militares no tuvieron éxito en aumentar la carga tributaria. En todo caso, como parte del ajuste fiscal que tuvo lugar en la década de los ochenta, hubo una variación en la política tributaria. Los ingresos aplicados al comercio exterior (aranceles de importación y exportación) que por décadas habían sido la base del sistema tributario, cedieron paulatinamente su lugar a los impuestos que recaen sobre el consumo, y especialmente del IVA.

Los impuestos a las exportaciones prácticamente desaparecieron y hubo una pequeña recuperación de los impuestos selectivos y de la reducida tributación directa. Entre 1996 y el 2006 hubo un aumento gradual de la carga tributaria, aunque sin alcanzar la meta de recaudación establecida en los Acuerdos de Paz (12% en el texto, 13.2% si se considera el nuevo cálculo de las cuentas nacionales). De 1996 a 2003 la carga tributaria se incrementó, mientras que en el 2004 y 2005 se redujo levemente. En el año 2006 se recuperó la carga tributaria, alcanzando el 11.8%. En ese período continuó consolidándose el IVA como la fuente de ingresos más importante. A ello también contribuyó el fortalecimiento de la administración tributaria, primero con la constitución de la Superintendencia de Administración Tributaria y luego con la aprobación de la ley “anti-evasión” del 2006 que, por medio del sistema de retenciones, fortaleció la recaudación del IVA e, indirectamente, del impuesto sobre la renta. En los últimos diez años, el incremento de la recaudación ha permitido un aumento gradual de la carga tributaria, aunque sin alcanzar la meta de recaudación establecida en los Acuerdos de Paz (12% a partir del texto, 13.2% si se considera el nuevo cálculo de las cuentas nacionales). De 1996 a 2003 la carga tributaria se incrementó, mientras que a partir de 2004 se redujo levemente. En el año 2006 se alcanzó una carga tributaria del 11.8%. En ese período continuó consolidándose el IVA como la fuente de ingresos más importante. A ello también contribuyó el fortalecimiento de la administración tributaria, primero con la constitución de la Superintendencia de Administración Tributaria y luego con la aprobación de la ley “anti-evasión” que por medio del sistema de

retenciones fortaleció la recaudación del IVA e, indirectamente, del impuesto sobre la renta.4

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Documento preparado para la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT Por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –

ICEFIGuatemala, diciembre de 2007historia DE LA TRIBUTACIÓN EN GUATEMALA (DESDE LOS MAYAS HASTA LA ACTUALIDAD) http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/mineco/analisis/HISTORIA%20TRIBUTACI%C3%93N%20EN%20GUATEMALA_.pdf 4 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/24348/G2289eFuentesCabrera.pdf

Juan Alberto Fuentes K. y Maynor Cabrera R E V I S T A D E L A C E P A L 8 8 • A B R I L 2 0 0 6 Pacto Fiscal en Guatemala: lecciones de una negociación

http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/mineco/analisis/HISTORIA%20TRIBUTACI%C3%93N%20EN%20GUATEMALA_.pdf

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/24348/G2289eFuentesCabrera.pdf

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OBJETIVOS Unidad “15 y 16”

L A R E F O R M A F I S C A L Y E L P A C T O F I S C A L E N G U A T E M A L A E L O L A E S T U D I A N T E L O G R A R À Q U E

Defina los conceptos financieros enfocados a Reforma Fiscal y su

relación con el Pacto Fiscal sustentado en los Acuerdos de Paz Firme y

Duradero

Analice el proceso histórico de la Reforma Fiscal y el Pacto Fiscal de

acuerdo a las políticas de los gobiernos a finales del Siglo XX y

principios del Siglo XXI.

Investigue y profundice la problemática del Reforma Fiscal y el Pacto

Fiscal en Guatemala y sus problemas con los niveles de pobreza

Política Fiscal

Reforma Fiscal

Reforma Tributaria

Pacto Fiscal

Estructura Fiscal

EL GRUPO PROMOTOR

DEL DIALOGO FISCAL

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CONTENIDO5

R E F O R M A F I S C A L E N G U A T E M A L A Y E L P A C T O F I S C A L

A. SITUACION ACTUAL 6 El proceso preparatorio del Pacto Fiscal se llevó a cabo en 1999, un año electoral. A pesar de ello se realizó una serie intensiva de consultas con distintos sectores (académico, privado, sindical, cooperativo y de partidos políticos). Lo anterior culminó con la propuesta de Pacto Fiscal presentada públicamente por la Comisión Preparatoria el 29 de diciembre de 1999, que tenía dos características: (i) tenía un abordaje integral, no referido sólo una reforma tributaria sino al conjunto de las finanzas públicas: gasto público, administración tributaria, deuda, déficit, patrimonio público, transparencia y descentralización; y (ii) la propuesta estaba orientada hacia principios y compromisos, con visión de mediano y largo plazo, en vez de centrarse exclusivamente en medidas de corto plazo.7 Para tal efecto, el poder ejecutivo formó una Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF), la cual estuvo a cargo de elaborar un proyecto de reforma tributaria. En este caso el proceso de consulta estuvo severamente limitado. Por una parte, la cercana relación entre la Comisión Técnica y altos funcionarios del gobierno vinculados a la política fiscal contribuyeron a que las principales inquietudes empresariales fueran tomadas en cuenta, por lo que diversos sectores argumentaron que la consulta para elaborar la propuesta fue insuficiente como para poder reflejar un “Pacto Fiscal”. La unidad sobre la reforma fiscal y el pacto fiscal analizan los planteamientos desde la perspectiva de la MODERNIZACION FISCAL, que propone el Organismo Ejecutivo para demostrar cómo se puede llevar a cabo una modernización del sistema tributario en forma eficiente con el objetivo de contar con los recursos necesarios que permitan ejecutar el respectivo Presupuesto de Egresos del Estado. El presente planteamiento se establece por los aspectos contenidos en la REFORMA FISCAL y en la REFORMA TRIBUTARIA cuyos elementos están establecidos por la importancia de la reforma tributaria, los componentes de acuerdo social y la conveniencia o inconveniencia de innovar el Impuesto al Valor Agregado -IVA- , los

5 Polanco Alfaro, Danilo 2001 IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y ASESORÍA EN UNA CORPORACION. Guatemala

Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía y Contaduría Püblica-Auditoría 6 PEREZ MEJIA LIC. VICTOR MANUEL ECONOMISTA (s.f) LA ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DE GUATEMALA; Universidad de San Carlos de

Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf 7 COTTO COBAR, BORYS ROLANDO 2007 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA Y EVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS AL COMERCIO

EXTERIOR DURANTE LA APERTURA COMERCIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN GUATEMALA: 1960-2005” Guatemala. Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economia, Universidad de San Carlos de Guatemala

ACTITUD HACIA LOS POBRES Los funcionarios y empleados públicos no están al servicio sus intereses particulares, sino al servicio del pueblo (lo cual el integra) sus atribuciones consiste contribuir a luchar contra la corrupción y la impunidad, y trabajar y luchar por la dignidad de la persona humana que se debate entre la pobreza que en Guatemala es predominantemente

rural, y la extrema pobreza es casi exclusivamente rural. Una porción desproporcionada de los pobres y extremadamente pobres reside en áreas rurales, en comparación con la porción de residentes rurales de la población nacional. Más del 81% de los pobres y 93% de los extremadamente pobres vive en el campo, dependiendo en gran medida de los ingresos agrícolas, lo que refleja su ubicación predominantemente rural. De los países de América Latina, Guatemala es el segundo país (después de Brasil) con mayor desigualdad en la distribución del ingreso. El 20% de la población más rica posee el 63% del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más pobre posee el 2.1% del ingreso nacional.

http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf

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Derechos Arancelarios y El Impuesto Sobre la Renta –ISR-; por tratarse de los tres componentes de mayor incidencia entre los ingresos tributarios del Gobierno Central. También se analiza la conveniencia de contar con sistemas que permitan ejecutar con eficiencia y eficacia, por medio de AUTOMATIZACIÓN Y MECANIZACION, la imposición, control y recaudación del -IVA-. Asimismo se plantearán algunos métodos para recaudar, aunque sea en parte, los impuestos que genera la economía informal. La política fiscal pretende ser un factor importante en la determinación del PIB, propiciando un interesante debate sobre el tamaño óptimo del sector público, con el que se pretende dar respuesta a cuestiones como cual es el nivel de gasto público que da lugar a un mayor crecimiento o cómo debe distribuirse y financiarse dicho gasto. Cuando se analiza la evolución que ha presentado el gasto público se observa claramente el peso creciente que sobre el PIB han ido adquiriendo tanto los impuestos recaudados como el gasto público. Resulta extraño que en los últimos años hayan aparecido una gran cantidad de trabajos teóricos y empíricos con propuestas sobre cómo aumentar las tasas de crecimiento de la renta per cápita alterando el nivel, la composición o la financiación del gasto público.

B. NOCIONES GENERALES RELACIONADOS A POLITICA FISCAL EN GUATEMALA

1. POLÍTICA FISCAL8 La política fiscal del País es uno de los elementos fundamentales para lograr su desarrollo económico social. Para hacer efectiva dicha función los Acuerdos de Paz y el Pacto Fiscal establecieron metas y mecanismos fiscales tendentes a eliminar las iniquidades sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo, como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. La política fiscal 9es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. POLITICA FISCAL. Se entiende como política fiscal como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno externo del estado, y a las operaciones y situaciones financieras de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina el monto y distribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional.

1.1. INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL. Depende de lo que se considere en cada pais, debe ser la función del estado en la medida que se acepte que el estado asuma la responsabilidad de crear infraestructura de desarrollo mediante inversiones en el campo económico y social, actividades agrícolas, industriales o distributivas, la influencia de la política fiscal puede ser muy grande. El sector público absorbe ingresos privados por medio de impuestos, los traslada a otras manos, crea inversiones y gastos.

1.2. PROPOSITO FUNDAMENTAL. Crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas y adquirir recursos adicionales mediante el endeudamiento interno y externo. Absorber de la economía privada, ingresos necesarios para la provisión de servicios públicos necesarios. Manipular instrumentos tributarios de gasto, cambiarios, de fijación de precios, tarifas, de forma que se creen suficientes incentivos para que el sector privado genere ahorros requeridos para el desarrollo económico y cree inversiones.

2. REFORMA FISCAL

Los objetivos que persigue una justa reforma fiscal son: aumentar la equidad; simplificar los impuestos; asegurar la suficiencia financiera de la Administración Pública; impulsar el crecimiento económico y la productividad; favorecer el tratamiento del ahorro de las rentas medias y bajas y favorecer la actividad

8 PEREZ MEJIA LIC. VICTOR MANUEL ECONOMISTA (s.f) LA ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DE GUATEMALA; Universidad de San Carlos de

Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf 9 http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal Esta página fue modificada por última vez el 9 may 2012, a las 06:15.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto

http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica


http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal

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empresarial y la creación de empresas. Sin embargo, contrario a una justa reforma fiscal en un proyecto también se plantea la injusticia de eliminar, en los próximos cuatro años, la deducción del IVA de los empleados en relación de dependencia que ganen más de 3,000.oo quetzales al mes. Esta medida se considera injusta porque los salarios de dichos empleados en ningún momento se ha considerado ajustarlos al nivel de inflación que constantemente los deteriora.

2.1. ESTRUCTURA FISCAL10 La política fiscal de Guatemala actualmente está definida por el Pacto Fiscal, acuerdo nacional firmado el 25 de mayo de 2000 por mas de 140 organizaciones sociales sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y por los Acuerdos de Paz de diciembre de 1996. Éstos, a su vez, constituyen el instrumento que puso fin a una guerra civil que había afectado al país por más de 30 años. El marco legal que determina la estructura fiscal nacional está establecido, entre otros marcos jurídicos, por: El Código Tributario, Código Civil, Código Procesal Penal, Código de Comercio, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Ley de Impuesto Único Sobre Inmuebles y Ley del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz.

2.2. EXONERACIONES Y EXENCIONES FISCALES11 La disposición de otorgar un tratamiento preferencial a determinados grupos tiene un costo, y al mismo se le conoce con el nombre de GASTO TRIBUTARIO. Entre estas exoneraciones y exenciones fiscales es importante mencionar:

a) GASTO FISCAL POR EXPORTACIONES: Esta exoneración permite que las exportaciones guatemaltecas compitan en los mercados internacionales mejorando su competitividad; y, según estudios efectuados los recursos utilizados en el sector no tienen un empleo alternativo en la economía guatemalteca. De estas exoneraciones disfrutan las zonas francas y otras actividades exportadoras diferentes a la maquila;

b) GASTO FISCAL DEL LAS MAQUILAS. El motivo para ofrecer un tratamiento especial al sector de la maquila se basa en el hecho de que ésta se enfrenta a una fuerte competencia internacional y, por lo tanto, resulta altamente sensible a los precios de los insumos.

c) GASTOS FISCALES DEL COMERCIO POR MENOR. Se refiere a las compras en los mercados cantonales, debido a que, como es obvio, la aplicación de los impuestos a este tipo de transacciones ha sido problemática en todos los países del mundo, por las características especiales que tiene el sector. En este caso resultaría muy difícil y costoso, desde el punto de vista administrativo, intentar recaudar el tributo.

d) GASTO FISCAL DE CENTROS EDUCATIVOS. Es un gasto tributario significativo que no puede suprimirse en el corto y mediano plazo, siendo los principales beneficiarios las universidades y centros educativos privados.

e) GASTO FISCAL DE MISIONES DIPLOMÁTICAS E INTERNACIONALES. Este tratamiento tiene su fundamento legal en convenciones, protocolos y otras leyes de carácter internacional o por tratamiento de reciprocidad con otros gobiernos, por lo cual no se hace necesario plantear argumentos para su supervisión.

f) GASTO FISCAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS. En lo que respecta a este beneficio, la mayor exención se concentra en la utilización de Bunker C para la generación de energía eléctrica, sector que es muy sensible al incremento de precios y especialmente el que se ocasionaría en el momento concesiones por leyes especiales. Sería imposible eliminar tales beneficios.

g) GASTO FISCAL EN LAS IMPORTACIONES. En este rubro las mayores exenciones se concentran en el fortalecimiento de la actividad exportadora por las zonas francas y la maquila; y por lo tanto son aplicables los mismos argumentos expresados en los puntos 1 y 2 de estas consideraciones.

h) GASTO FISCAL POR EXENCIONES Y EXONERACIONES PERSONALES. Este gasto fiscal está integrado por las deducciones del impuesto sobre la renta por Q36,000.oo, aguinaldo, bono 14 y otros gastos personales. Dentro de las principales categorías del gasto fiscal las exoneraciones y exenciones personales son las únicas que pueden ser canceladas, por eso es que no se extrañe que

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PEREZ MEJIA LIC. VICTOR MANUEL ECONOMISTA (s.f) LA ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DE GUATEMALA; Universidad de San Carlos

de Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf 11


de Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf



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todos los documentos de los consultores apunten a suprimirlas, decisión que puede causar un impacto negativo para la gobernabilidad del País, porque la sociedad civil no aceptará que el costo de la tributación recaiga siempre en la clase trabajadora

3. REFORMA TRIBUTARIA

La reforma tributaria en Guatemala tiene diversas experiencias permitían suponer que la cúpula empresarial bloquearía cualquier intento de reforma tributaria. Lo hizo con las reformas tributarias impulsadas por los gobiernos de Efraín Ríos Montt (1983), Óscar Humberto Mejía Víctores (1985), Vinicio Cerezo Arévalo (1987) y Ramiro de León Carpio (1994), y lo haría con el proyecto de reforma tributaria de la administración Colom12 La Reforma Tributaria esta determina que en la estructura de impuestos del País se establece quién o quienes deben o no pagarlos, así como el motivo de ello, la cantidad que deben pagar, la forma en que deben pagar, etc.; y dependiendo de las políticas del gobierno y de la economía del País se plantea la correspondiente reforma tributaria. Para efectos de la reforma tributaria guatemalteca es importante tomar en cuenta que la capacidad de pago de los correspondientes impuestos debe basarse en el ingreso y patrimonio de las personas, empresas u organizaciones. Desde todo ángulo o punto de vista que se considere y analice, cuando se propone una reforma tributaria es de particular importancia considerar aspectos que permitan que ésta se lleve a cabo satisfactoriamente y que los resultados sean los esperados por los guatemaltecos; por ejemplo:

a) Que los impuestos no deben afectar la eficiencia en el uso de sus recursos; es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o no utilice su capital en la producción. En general, no se debe permitir que los impuestos desincentiven su actividad productiva.

b) Los impuestos deben ser flexibles; o sea que se deben acomodar a las circunstancias económicas de Guatemala.

c) Contar con una cuota de simplicidad; es decir, que aunque detrás de los impuestos hayan teorías que en muchos casos resulten complejas, éstos deben ser sencillos de imponer y recaudar para evitar que se produzcan evasiones derivadas de su complejidad.

3.1. ESTRUCTURA TRIBUTARIA13 Al analizar la estructura tributaria de Guatemala, de inmediato se determina que ésta presenta elevados componentes o grados de ineficiencia; razón por la que los organismos financieros internacionales nos consideran como un “PARAISO FISCAL”; motivo por el que se presenta la necesidad de avanzar hacia un sistema tributario progresivo y eficiente, que permita generar los recursos indispensables para poder efectuar las inversiones en capital humano e infraestructura básica, requeridos para reducir la pobreza. y las enormes desigualdades que caracterizan a nuestro país, y lograr el desarrollo pleno de las potencialidades

de los seres humanos que lo habitan. Tres son los factores que inciden en la capacidad de recaudación fiscal y en la forma que se distribuye la captación de estos recursos en la sociedad:

a) La carga tributaria, b) Su estructura y c) El control de la evasión de impuestos.

El País enfrenta problemas serios por estos factores. En Guatemala la estructura tributaria lejos de basarse en la capacidad de pago y en una justa distribución, ha demostrado ser una estructura basada en un sistema REGRESIVO. Las definiciones que a continuación se

12 Instituto Centraomericano de Estudios Fiscales (ICEFI), DiEZ CLAVES PARA UN PACTO FISCAL. EXPERIENCIAS DE

NEGOCIACIÓN FISCAL EN GUATEMALA Y OTROS PAÍSES, Boletín de Estudios Fiscales, No. 1, s/f, Guatemala 13 PEREZ MEJIA LIC. VICTOR MANUEL ECONOMISTA (s.f) LA ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DE GUATEMALA; Universidad de San Carlos

de Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf


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detallan son utilizadas generalmente para explicar la relación entre carga tributaria y los ingresos de personas individuales o jurídicas. Si los contribuyentes con diferentes niveles de ingresos tributan una misma proporción promedio de su ingreso anual, entonces se dice que la carga tributaria es PROPORCIONAL a todos los tramos de ingresos. Si la carga tributaria promedio aumenta a medida que aumenta el ingreso por tramo se dice que la carga tributaria es PROGRESIVA; mientras que si la carga tributaria promedio disminuye a medida que los niveles de ingreso por tramo aumentan, se dice que la carga tributaria es REGRESIVA.

3.2. IMPORTANCIA DE LA REFORMA FISCAL Y TRIBUTARIA14 Históricamente ante la falta de recursos financieros el Estado de Guatemala, ha adoptado medidas como la disminución del gasto público, fundamentalmente en el recorte a la inversión, en detrimento de la satisfacción de las necesidades sociales y en contraposición a los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población que caracteriza a Guatemala; y es aquí donde se tipifica una falta de coincidencia entre el fin último del Estado y las medidas de políticas adoptadas, ya que en una sociedad donde existe alta concentración del ingreso, la carga impositiva y el gasto público deben ser utilizados como medios solidarios para el logro del desarrollo humano así como instrumento redistributivo del ingreso vía el gasto social en sectores como la educación, la salud, la infraestructura básica y la seguridad. No puede ser que por falta de recursos el Estado se vea en la necesidad de reducir gastos y con ello dejar de atender las necesidades sociales urgentes, ante la posibilidad de causar un desequilibrio fiscal, especialmente en un país que se ha caracterizado por la falta de atención de las demandas de la mayoría de la población. Por otra parte, cuando se trata de atender los compromisos del gasto público, especialmente en las metas propuestas en los Acuerdos de Paz, sucede que debido a la falta de recursos aumenta el déficit fiscal en proporciones preocupantes y por consiguiente los niveles de endeudamiento tanto interno como externo. Esto comprueba que el problema de fondo en Guatemala es la necesidad de aumentar el ingreso fiscal ordinario y no disminuir el gasto, sino buscar la eficiencia y calidad del mismo. Los indicadores económicos y sociales de Guatemala demuestran que no se ha logrado alcanzar ese conjunto de condiciones, que permitan a todos los guatemaltecos su desarrollo y bienestar en general. Los gobiernos que han intentado un cambio en esa dirección han tenido la presión política de grupos de interés; mismos que han pedido la sostenibilidad de medidas de política económica que no permitan mantener la estabilidad económica del País.

C. NOCIONES GENERALES DEL PACTO FISCAL

1. ACUERDO SOCIAL15 El Pacto Fiscal constituye un acuerdo social amplio y representativo sobre los derechos y obligaciones de los guatemaltecos con el Estado; así como los deberes y poderes en su relación económica y financiera de la sociedad. Asimismo, el Pacto Fiscal como acuerdo social, es consecuencia del acuerdo de democratización iniciado en 1985 y de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, que han creado las condiciones favorables al diálogo y a la negociación entre los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca.

Acordar un Pacto Fiscal implica un compromiso de trascendental importancia para permitir al Estado cumplir con sus funciones básicas, especialmente en materia social, económica, de seguridad y de administración de justicia. En general, es un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Implica acuerdos del conjunto de la sociedad sobre el estilo de nación que se desea cumplir y sobre principios y compromisos recíprocos del Estado y los ciudadanos acerca de los temas de Política Fiscal, Gasto Público, Deuda

14


de Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf 15

PEREZ MEJIA LIC. VICTOR MANUEL ECONOMISTA (s.f) LA ESTRUCTURA FISCAL Y TRIBUTARIA DE GUATEMALA;

Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Economía http://digi.usac.edu.gt/bvirtual/investigacio_files/INFORMES/rapidos2010/INF-2010-003.pdf



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Pública, Ingresos del Estado, Patrimonio del Estado, Administración tributaria, Control y Evaluación del Gasto, Combate a la Corrupción y a la Impunidad.

2. PACTO FISCAL” 16es un término que se remonta a los años noventa en varios países de América Latina (Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Panamá…), pero cuyo manejo es más reciente en el caso de Guatemala.

Es bueno ir paso a paso analizando primero que es un “Pacto” y que significa la palabra “Fiscal”. 2.1.PACTO: es un tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. 2.2.FISCAL: perteneciente al tesoro o erario público.

Entonces, el Pacto Fiscal es un acuerdo entre el gobierno y la ciudadanía para supervisar y tomar decisiones sobre la obtención, manejo y control de los recursos públicos. UN PACTO FISCAL 17constituye un acuerdo social amplio y representativo sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos guatemaltecos con el Estado, y sobre los deberes y poderes del Estado en su relación económica y financiera con la sociedad guatemalteca.

Experiencias sobre el Pacto Fiscal en otros países: Nueva Zelanda 1980, Estados Unidos 1986, Suecia 1938, la Unión Europea en el Tratado de Masstricht 1992, en estos encuentros participan organizaciones sindicales, empresariales, políticos partidistas, y la sociedad civil. El Pacto Fiscal es un acuerdo nacional sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones, según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz Firme y Duradero. implica acuerdos del conjunto de la sociedad sobre el estilo de sociedad que sesea construir.

2.3.POR QUÉ ES NECESARIO EL PACTO FISCAL UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS para que se plantee la necesidad de un Pacto Fiscal es la insostenibilidad de la Deuda Externa, que se ha convertido en un problema estructural que urge de soluciones Como es sabido, la deuda externa, más que progreso ha provocado atrasos a Guatemala, y las cantidades millonarias de los impuestos que cada año se destinan para intentar pagarla, provoca que recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo del país, sean entregados a los organismos financieros internacionales. Tanto en Guatemala como en el resto de países de América Latina ocurrió que a medida que fue quedando claro que el pago de la deuda externa no se resolvía en pocos días, y que se trata de un problema permanente en nuestras naciones, los mismos organismos que nos hicieron los préstamos diseñaron las famosas medidas o programas de ajuste estructural, para garantizar el pago total de lo que nos prestaron. De esta manera, a partir de los años noventa nuestro país inició un programa continuo de ajustes estructurales en su economía, repetido sucesivamente por cada gobierno de turno. En el lenguaje de los gobiernos d turno y de los organismos financieros internacionales, estos ajustes han buscado reformas orientadas a:

a) La liberalización comercial b) La integración económica c) La apertura a la inversión extranjera d) La liberalización de precios e) La desregulación de los mercados financieros f) La flexibilización en el mercado de trabajo g) La privatización de servicios públicos h) Cambios del modelo de financiamiento de la previsión social i) Descentralización fiscal.

La crisis provocada por la deuda puso en duda la responsabilidad constitucional del Estado para promover el desarrollo y a los ojos de la población quedó convertido en un gran recaudador de impuestos para los organismos internacionales.

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Conceptos adaptado por Lic. Julio Orellana basado en el manual de PACTO FISCAL ¿PARA QUÉ? Del Foro Social de Deuda Externa y desarrollo para Honduras. FOSDEH 17 Polanco Alfaro, Danilo 2001 IMPLEMENTACION DE UN DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y ASESORÍA EN UNA CORPORACION. Guatemala

Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Economía y Contaduría Püblica-Auditoría

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Así, por ejemplo, con los procesos de privatización y modernización el Estado ha buscado generar (al menos en teoría) ingresos extras a corto plazo y reducir el gasto y el empleo público. Algunas cosas resultaron positivas, como los procesos de descentralización, que promueven que el Gobierno Central transfiera responsabilidades importantes a las municipalidades. De igual modo, la liberalización comercial provocó que el Estado redujera los impuestos a las exportaciones, y como no podía quedarse sin dinero, entonces aumentó los impuestos internos. Un Pacto Fiscal auténtico, 18es decir consensuado por el gobierno con la sociedad civil, nos permitiría a todos los guatemaltecos y guatemaltecas:

a) Conocer la cantidad de los recursos que debe manejar el Estado b) De dónde deben surgir los recursos del Estado c) Cuáles deben ser las reglas para la asignación y utilización de los recursos públicos

Los ciudadanos y ciudadanas no debemos ni podemos mantenernos ajenos/as a lo qué debe hacer el Estado, a la composición y tendencia del gasto público y a una estimación de la carga tributaria necesaria para su financiamiento. El pacto fiscal se espera que sea un acuerdo entre la ciudadanía y el Estado en cinco aspectos fundamentales:

a) Cómo manejar los impuestos b) Que los empleados y funcionarios públicos trabajen mejor c) Que a la gente se le pueda garantizar manos limpias en el manejo del recurso público d) Que paguen más impuestos quienes más tienen y más ganan e) Fortalecer el Estado Democrático de Derecho

2.4.DESDE LA ÓPTICA DEL GOBIERNO, EL PACTO FISCAL TENDRÍA COMO OBJETIVO:

Construir, mediante un acuerdo nacional, los costos y los gastos de la ejecución de programas y proyectos de carácter social, de conformidad con la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, en beneficio de los grupos más vulnerables de la población, en forma equitativa y solidaria.

2.5.CUÁL ES EL OBJETIVO Encontrar mecanismos para que el régimen fiscal permita fortalecer favorablemente la búsqueda de inversión productiva, para contar con un sistema eficiente y eficaz que viabilice la determinación y recaudación, con simplicidad, del sistema tributario que contribuya a la determinación y obtención de los recursos financieros que necesite el Estado de Guatemala para su funcionamiento; toda vez que cuando ha habido negociaciones éstas han tomado la forma de "negociaciones de élites" entre una élite tecnocrática y la cúpula empresarial. El foro real de negociaciones no ha obedecido a la institucionalidad democrática del país, ni el Congreso en particular; sino que cuando ha habido negociaciones de élites, las propuestas que han logrado avanzar han sido aquellas tendentes a simplificar el sistema tributario o a aumentar el IVA y a erosionar la tributación directa, incluso mediante el establecimiento de impuestos temporales cuando han existido presiones para incrementarla. A largo plazo, uno de los objetivos más importantes de la política fiscal es la consecución de un crecimiento económico sostenido que permita alcanzar niveles de bienestar y renta per cápita cada vez mayores. EL GRUPO PROMOTOR DEL DIALOGO FISCAL19

Las políticas de Álvaro Colom Caballeros que presentaba por tercera vez su candidatura a la Presidencia de la República, explicarían el respaldo del nuevo gobierno a la Propuesta de modernización fiscal en Guatemala. En efecto, incluso antes de recibir formalmente el documento, la administración Colom asumió el desafío de impulsar una “reforma tributaria integral” basada en las recomendaciones del Grupo promotor

18 Conceptos adaptado por Lic. Julio Orellana basado en el manual de PACTO FISCAL ¿PARA QUÉ? Del Foro Social de Deuda

Externa y desarrollo para Honduras. FOSDEH 19 Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF), PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN FISCAL EN GUATEMALA, Guatemala, 16 de

noviembre de 2007 pág. 12-13

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del diálogo fiscal. Para ello, y en consonancia con los objetivos de la propuesta del GPDF. Los objetivos de la propuesta de modernización tributaria, 20según el GPDF, eran: 1) Cumplir la meta de los acuerdos de paz para la carga tributaria —hoy equivalente al 13.2 por ciento del PIB—; 2) Asegurar más recursos para la inversión social, seguridad, justicia e infraestructura, mejorando la competitividad; 3) Fortalecer la tributación directa, reformando integralmente el ISR, subsanando la dependencia a los impuestos mínimos como el IETAPP y corrigiendo debilidades en materia de equidad horizontal y vertical; 4) Contribuir a la estabilidad económica; 5) Procurar superávit o equilibrios fiscales, en su defecto, o un déficit fiscal prudente —alrededor del uno por ciento, en consonancia con el Pacto fiscal—; 6) Fortalecer la economía para enfrentar choques externos; 7) Mejorar la calificación riesgo-país; 8) Reducir la competencia desleal vía el combate a la evación tributaria; 9) Perseguir el contrabando y las asociaciones ilícitas de crimen organizado, destinadas a evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias; 10) Definir reglas claras y estables: i) Reemplazar medidas temporales por una reforma integral; ii) Impulsar una sola reforma tributaria durante el período 2008-2011. En n mayo de 2008 el Directorio de la SAT conoció el proyecto de Ley de modernización y fortalecimiento del sistema tributario guatemalteco, el cual fue trasladado de inmediato al equipo de juristas de ese organismo para que le incorporaran las sugerencias y correcciones que creyere necesarias. Hecho esto, entre finales de mayo y principios de junio de 2008, los directivos del órgano de administración tributaria emitieron los dictámenes favorables necesarios. Luego, en muy pocos días, el Ministerio de Finanzas lo trasladó a la Secretaría General de la Presidencia para “cumplir con todas las formalidades previo a su traslado al Congreso de la República”. Ahora bien, después de una negociación velada entre el gobierno, el CACIF y ciertos diputados de la oposición y del partido oficial, el proyecto de reforma tributaria integral que proponía modernizar la estructura tributaria guatemalteca, sufre del “veto del G-821” antes de su llegada al Congreso.

¿A qué se opusieron quienes mantienen capturada la economía nacional?22 ¿Qué provocó la reticencia del CACIF a la reforma tributaria? ¿Cuáles son, en una palabra, los temas del proyecto de Ley de modernización y fortalecimiento del sistema tributario guatemalteco que provocaron el espanto de los grandes empresarios? REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO 22 Estas pretendían fortalecer la capacidad fiscalizadora de la SAT a través de la adaptación de la legislación tributaria al uso de instrumentos electrónicos de documentación y declaración de impuestos.

NUEVA LEY DEL SISTEMA ADUANERO NACIONAL Con el objetivo de fortalecer el proceso de integración económica regional, el proyecto de ley buscaba complementar las disposiciones del Código aduanero uniforme centroamericano y su reglamento, e introducir procedimientos aduaneros adaptados a la especificidad de Guatemala. El proyecto de modernización fiscal, plasmado en el proyecto de Ley de modernización y fortalecimiento del sistema tributario guatemalteco, fue concebido para implementarse gradualmente —especialmente en lo que concierne al ámbito tributario. En ese sentido, en 2009 mantendría la tasa del 5 por ciento aplicable al régimen general del ISR, los dividendos pagarían únicamente una tasa de 5 por ciento y además se permitiría descontar el 100 por ciento del IVA. Por otra parte, el aumento al Impuesto de circulación de vehículos entraría en vigencia en 2010.

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Murga Armas, Jorge enero 2012Jorge POLÍTICA FISCAL/TRIBUTARIA DURANTE EL GOBIERNO DE ÁLVARO COLOM.

Guatemala Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala

21 El G-8, según el ex ministro de finanzas Juan Alberto Fuentes Knight, estaba compuesto por varios de los propietarios o accionistas de las grandes

corporaciones o conglomerados que monopolizan la economía nacional. Entre ellos, “Juan Luis Bosch del conglomerado agroalimentario-inmobiliario-financiero Gutiérrez-Bosch, Juan Miguel Torrebiarte del Banco Industrial, Mario Montano o Thomas Dougherty de Cementos Progreso, Rodriguo Tejeda de la Cervecería de la familia Castillo, José Luis Valdés del Banco Agromercantil, y Fraterno Vila de los ingenios azucareros”. Ellos, según el ex ministro, “ejercían un liderazgo informal en relación con el Cacif, pero sin que tomara la forma de una subordinación incondicional de esta entidad frente al grupo de grandes empresarios”. J. A. Fuentes Knight, op. cit., pp. 61-62. 22 Juan Alberto Fuentes Knight con el proyecto de la UNE. En su libro Rendición de cuentas, sin embargo, el ex ministro de Finanzas pone distancia entre

él y el partido de gobierno. Véase Juan Alberto Fuentes Knight, RENDICIÓN DE CUENTAS, F&G editores, Guatemala, agosto de 2011

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NUEVA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA El proyecto planteaba la reducción gradual del 31 al 25 por ciento de la tasa al régimen sobre utilidades y el fortalecimiento simultáneo del régimen de rentas del capital (intereses y dividendos), gravando específicamente la distribución de dividendos (ganancias que las empresas trasladan a sus dueños) gradualmente del 3 al 10 por ciento. Asimismo, incluía el fortalecimiento del control de los costos y gastos deducibles en el régimen de utilidades y el fortalecimiento del régimen simplificado de tasa única sobre ingresos brutos —gradualmente del 5 al 7 por ciento pero manteniéndose en 5 por ciento durante 2009. NOTICIA: GUATEMALA.- EL GOBIERNO RETIRA DEL CONGRESO EL PROYECTO DE REFORMA FISCAL GUATEMALA.- EL GOBIERNO RETIRA DEL CONGRESO EL PROYECTO DE REFORMA FISCAL23

El 27 de agosto, recién iniciada la sesión plenaria del Congreso de la República, el diputado Roberto Kléster, jefe de la bancada del partido de gobierno Unidad Nacional de la Esperanza, pidió al pleno retirar de la agenda la aprobación por artículos y redacción final de la reforma fiscal.

Esta acción puso fin a poco más de un año de intentos del gobierno por lograr cambios en el sistema tributario que le permitan obtener recursos para financiar el presupuesto y sus planes asistenciales. En realidad, la historia de esta reforma fiscal fue una de continuas claudicaciones del presidente y la UNE a los grupos de poder de la burguesía.

Desde la segunda mitad de enero del año pasado, recién iniciado su gobierno, el mandatario anunció un proyecto de reforma fiscal que le permitiera captar recursos cuando perdiera vigencia, a finales de 2008, el Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz. La parte central de la propuesta estaba constituida por una reforma al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), otra en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y el fortalecimiento de la fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria.

Antes de que el proyecto fuera formalmente entregado al Congreso, Colom dobló la espalda ante la burguesía -que había empezado a vociferar protestando contra el aumento de impuestos- al retirar del proyecto su parte más importante, las reformas al ISR. De esta manera, demostrando el temor que el presidente socialdemócrata tiene a los poderosos grupos de poder del gran capital, el 5 de agosto anunció que la propuesta de reforma fiscal sería presentada al Congreso sin su parte medular. A cambio de eliminar las reformas al ISR, el gobierno negoció con la burguesía la creación del Impuesto de Solidaridad (ISO), que reemplazaría al IETAAP, gravando las ganancias brutas de las empresas. Según el Ministerio de Finanzas, sin las reformas al ISR la propuesta tenía más posibilidad de ser aceptada.

El ministro de finanzas Alberto Fuentes Knight presentó al congreso el 11 de agosto de ese año el proyecto de “Ley de Modernización y Fortalecimiento del Sistema Tributario de Guatemala”, mutilado, como dijimos, en su parte principal. Desde entonces pasó más de un año de forcejeos en que el empresariado burgués, a través de sus representantes en el Congreso, en especial los diputados del Partido Patriota, batalló para evitar el aumento de impuestos. Los capitalistas utilizaron la cantaleta de que la economía está en crisis y cualquier aumento tributario llevará al despido de trabajadores y al cierre de empresas, ocultando que no son leyes ciegas de la economía las que llevan al desempleo, sino la rapacidad de los empresarios al proteger sus ganancias.

Cuando Colom anunció el retiro del ISR de la propuesta de reforma fiscal, declaró “…estoy seguro de que habrá una modernización fiscal sin traumas, sin conflictos, sin enfrentamientos” (Siglo 21, 6/8/2008). El tiempo haría que se tragara estas palabras. A través de innumerables maniobras, los diputados de la extrema derecha consiguieron postergar la discusión de la reforma fiscal. Las últimas discusiones, cuando finalmente el proyecto pasó a conocimiento del pleno, giraron en torno a los impuestos a la primera matrícula de vehículos importados y el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos. En ambos casos el gobierno accedió a no aumentar las tasas, a pesar de que en algún momento logró un acuerdo con la mayoría de bancadas de oposición, menos la del Patriota, juntando 105 votos del total de 158 diputados.

Al final de tantas negociaciones y regateos, el presidente y su gobierno se dieron cuenta de que el proyecto de reforma, manipulado, manoseado y recortado, ya no les servía para nada. No sólo no les permitiría obtener los ingresos urgentes para financiar el presupuesto, sino que, según un comunicado de prensa del

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EL SOCIALISTA CENTROAMERICANOhttp://www.elsoca.org/index.php/america-central/guatemala/787-guatemala-el-

gobierno-retira-del-congreso-el-proyecto-de-reforma-fiscal

http://www.elsoca.org/index.php/america-central/guatemala/787-guatemala-el-gobierno-retira-del-congreso-el-proyecto-de-reforma-fiscal




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Ministerio de Finanzas, “Las últimas propuestas de enmienda a la iniciativa original han sido erosionadas seriamente, pudiendo incluso resultar en una reducción en la recaudación tributaria” (Prensa Libre, 28/8/2009). Por lo tanto la decisión fue retirar del congreso la propuesta, reconociendo su derrota a manos de la extrema derecha, representante de los intereses de la burguesía recalcitrante.

Mientras tanto las consecuencias en el país de la grave crisis mundial del capitalismo han provocado una alarmante baja en la recaudación de impuestos por parte del Estado. Según cálculos conservadores, estamos ante un agujero fiscal de unos Q 7 mil millones. Sin reforma fiscal, el gobierno está recurriendo al endeudamiento por medio emisión de bonos (por Q 3 mil millones que fueron aprobados en el Congreso) y por contratación de deuda externa.

De esta triste historia del fracaso del gobierno por lograr una reforma tributaria podemos extraer algunas enseñanzas. En primer lugar, a los compañeros de agrupaciones de izquierda, sindicales, campesinas y

populares que aún reclaman al gobierno de Colom que se comporte como verdadero socialdemócrata, les decimos: ésta es la verdadera socialdemocracia, una corriente que desde inicios del siglo XX se ha caracterizado por traicionar los intereses de los oprimidos; por colaborar con los capitalistas y los opresores, salvando al sistema capitalista de graves crisis y engañando a trabajadores y campesinos haciéndoles creer que es posible lograr cambios en su beneficio sin tocar la esencia explotadora del capitalismo.

En este sentido el presidente y su gobierno han hecho lo que normalmente hacen los socialdemócratas, claudicar ante los poderosos, llegar a acuerdos con los opresores y jamás llamar a la movilización revolucionaria de las masas oprimidas para defender sus políticas. En realidad los socialdemócratas como Colom se mueven entre dos grandes miedos: el miedo a la burguesía y el imperialismo, y el miedo a la acción revolucionaria de las masas oprimidas.

Por tanto nuestra exigencia al gobierno no debe ser que sea socialdemócrata, sino que no sea cobarde e implemente decididamente un plan de impuestos a la oligarquía y a la burguesía para sacar al país de la crisis. De lo contrario, seremos los trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes y los pobres de Guatemala quienes pagaremos las consecuencias de la crisis, empobreciéndonos aún más. Si Colom y sus funcionarios no lo hacen, debemos salir a las calles y exigir por medio de la acción directa lo que el gobierno no quiere hacer por temor a los poderosos.

PROCESO IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA En abril de 1994 el Ejecutivo anunció que enviaría al Congreso un paquete de iniciativas de ley en materia tributaria. Las leyes afectadas eran el ISR, el IVA y el impuesto de salida. Días después remitió al Congreso un proyecto de impuesto extraordinario que gravaba los ingresos de personas individuales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a los Q500 mil. Esta medida fue rechazada inmediatamente por el CACIF, quien adelantó que provocaría el cierre de empresas y alimentaría la recesión. El Congreso no actuó con la celeridad requerida, lo que motivó al Ministerio de Finanzas a anunciar que si no había ingresos por tributación, el gobierno tendría que buscar ingresos artificiales por medio de la emisión de bonos o el endeudamiento interno En julio de 1994 el Ejecutivo presentó al Congreso una agenda que incluía una iniciativa de reforma al ISR y la armonización tributaria en el ámbito centroamericano de los impuestos sobre vehículos, bebidas alcohólicas, cervezas, aguas gaseosas e impuesto de salida del país. La intención del gobierno originó una nueva protesta del sector privado, advirtiendo que las continuas modificaciones del sistema tributario producían “obsolescencia de conocimiento tanto de los contribuyentes como de la propia administración tributaria…ello redundará en que se afecte la recaudación”. El gobierno no se dio por vencido y en septiembre introdujo una nueva iniciativa, esta vez ante un Congreso renovado, con el propósito de aumentar los ingresos fiscales por medio de reformas al ISR, el IVA y el Código Tributario. También se pretendía establecer un impuesto a la telefonía internacional, incrementar el impuesto de salida del país y hacer reformas a las leyes de bebidas alcohólicas, gaseosas y tabacos. La intención del gobierno de nuevo chocó con los intereses del sector privado, y con una oposición general del CACIF a lo propuesto. Aunado al cabildeo ante el Congreso el CACIF también impulsó una activa campaña de críticas por la vía de los medios de comunicación, incluyendo severos cuestionamientos de la Ministra de Finanzas, Ana de Molina. El Ejecutivo, conociendo el terreno que pisaba, agregó que las medidas eran “propuestas a negociar con el CACIF”. La discusión de las iniciativas de ley se prolongó cuando el Congreso se opuso a la intención del Ejecutivo de aprobar la reforma mientras se discutía el presupuesto de ingresos y

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gastos para el siguiente año fiscal. Del Congreso surgió un proyecto de ley para reformar el IUSI, que finalmente fue incluido en el paquete de leyes que se aprobó en diciembre. El Congreso aprobó un total de cinco leyes, a saber: el decreto 56-94, que modificó la ley de racionalización de los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas; el 57- 94, que modificó la ley del IUSI; el 60-94, que reformó la ley del IVA; el 61-94, que modificó la ley del ISR, y el 70-94, ley del impuesto sobre circulación de vehículos. 24 Durante esta etapa también se anunció, por parte del presidente Ramiro de León, y como parte del conflicto con el CACIF, que se aplicaría una tasa única de 10% a todas las importaciones, pero la medida no se puso en práctica. Las reformas a la ley del IVA incluyeron el aumento de la tasa del 7% al 10% “a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se firme el acuerdo que resulte de las negociaciones para alcanzar una paz firme y duradera o a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y seis, lo que ocurra primero…”, la recaudación del 3% adicional sería asignada íntegramente al financiamiento de la paz y el desarrollo.25 Se aumentaron nuevamente las tasas del ISR para personas individuales y jurídicas, fijándose la tasa máxima para personas individuales y la máxima para personas jurídicas en 30%. Se estableció el pago parcial del ISR en forma trimestral, para asegurar un mejor flujo de caja para el gobierno, y se crearon retenciones definitivas acreditables al ISR. Se aumentó el pago de la cuota anual sobre activos brutos al 1.5% y se eliminó el monto máximo de pago, cuota que pasó a ser acreditable al ISR, entre otros. Además, en 1995 el gobierno adoptó varias medidas de administración tributaria: se restablecieron los pagos trimestrales del ISR, mejoró la administración del IVA y la Corte de Constitucionalidad ratificó la figura legal del delito fiscal.295 Por otro lado, el Congreso ratificó el Decreto 32-95, ley del impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias (IEMA) que estableció un gravamen a cargo de las personas individuales o jurídicas propietarias del tipo de empresas mencionado. La base imponible era “la cuarta parte del monto que resultara de restar al total de activos el total de créditos pendientes de reintegro por parte del fisco, el total de los pasivos y las utilidades retenidas, conforme al balance general de apertura del período de liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta que se encuentre en vigor durante el trimestre que corresponda”. El impuesto se determinaría multiplicando el tipo impositivo (1.5%) por la base imponible. 26 En 1995 dio inicio la campaña electoral para sustituir a Ramiro De León Carpio en la presidencia. Todas las tendencias políticas estuvieron incluidas en las opciones que ofrecieron los partidos políticos, materializadas en un abanico de 19 candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Las preferencias del potencial electorado se fueron decantando en los candidatos propuestos por el PAN y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG). El 12 de noviembre ganó las elecciones el candidato del PAN, Álvaro Arzú Irigoyen, quien al no obtener mayoría absoluta pasó a disputar la presidencia en segunda vuelta con Alfonso Portillo, candidato del FRG. Finalmente, el 7 de enero de 1996, Arzú Irigoyen fue electo presidente de la república. SEGUNDA FASE DE LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA TRIBUTARIA El gobierno recurrió a una estrategia que le permitiera asegurar la recaudación tributaria, basada en tres ejes: el fortalecimiento de la coercitividad del Estado, el fortalecimiento de la legislación tributaria a través de una reforma fiscal y el fortalecimiento de la administración tributaria. 27 Para llevar a cabo la reforma tributaria, en lo que los meses de noviembre y diciembre, el Congreso introdujo reformas o decretó nuevas leyes sobre los impuestos que afectaban las bebidas alcohólicas, la salida del país, el petróleo crudo y combustible, el IEMA y el IUSI.

24

Los cinco decretos fueron publicados en el Diario de Centro América, los días 9 (56-94), 27 (57-94, declarado

de urgencia nacional), 23 (60-94 y 61-94) y 29 de diciembre (70-94). 25

Art.7º del Decreto 60-94, publicado en el Diario de Centro América el 23 diciembre 1994. 26

Decreto 32-95, publicado en el Diario de Centro América el 3 mayo 1995. 27

Inforpress, No.1251, 28 noviembre 1997, p.3. En abril, el presidente del FMI había declarado que si el país no cumplía con su compromiso de elevar la carga tributaria, se le cerrarían las puertas de la cooperación y el crédito financiero internacional. Ibid. Además, no debe olvidarse que el proceso de privatización de los activos del Estado se había estancado debido a recursos de inconstitucionalidad.

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También se aprobó la ley de supresión de exenciones, exoneraciones y deducciones en materia fiscal. El origen de estas medidas estaba en la falta de liquidez, la deuda interna y el compromiso adquirido con el FMI de elevar la carga tributaria al 8.5% del PIB.28 Los decretos finalmente aprobados fueron: 116-97, IEMA; 117-97, ley de supresión de exenciones; 122-97, IUSI; 123-97, petróleo y gasolina; y 132-97, bebidas alcohólicas y fermentadas.307 Las leyes más polémicas fueron las que se referían al IEMA y al IUSI. La primera generó oposición porque era un gravamen adicional al ISR y la segunda porque establecía tasas diferenciadas sobre la propiedad urbana y rural, partiendo de los metros o hectáreas registrados. Ambas medidas elevaban la progresividad del sistema tributario y trataban de incrementar la recaudación de impuestos directos. Por otra parte, y en lo que puede interpretarse como una medida compensatoria, a mediados de 1997 entró en vigencia una desgravación de la tasa del ISR del 30% al 28.5%. La posición del CACIF fue de rechazo a las medidas, especialmente a aquellos impuestos directos que castigaban al empresario, como el IEMA y el IUSI. Otras protestas se dieron en torno al IUSI e incluso se le desestimó mientras no existiera un catastro en el país. La Cámara del Agro manifestó que este impuesto subiría el precio de los alquileres y que el sector agrícola sufriría la doble tributación pues sus ingresos o activos serían gravados por el IEMA. Cuando entró en vigencia el IUSI hubo nuevas protestas no sólo del sector privado sino también de diversas organizaciones campesinas, sindicales y populares, como la Central General de Trabajadores de Guatemala, la Unidad de Acción Sindical y Popular, el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Campesinas, que manifestaron una posición similar a la de la Cámara del Agro al señalar que el impuesto subiría los alquileres, tanto de vivienda como de la tierra para el cultivo. Se registraron incidentes violentos en Totonicapán, Quiché y Quezaltenango, durante los cuales la población protestó por la aplicación del impuesto.29 En el mes de febrero, se presentaron dos recursos de inconstitucionalidad sobre el decreto y los partidos de oposición hicieron un llamado a la población para que se abstuviera de pagar el impuesto, “hasta que el PAN enmiende los errores técnicos… y reduzca las tasas impositivas”. Finalmente se derogó el Decreto 122-97, a solicitud expresa del presidente Arzú, quien en conferencia de prensa reconoció que la petición se hacía “para salvaguardar la paz social y la estabilidad nacional”. 30Una nueva ley del IUSI fue promulgada en marzo de 1998, que utilizó nuevamente la figura del autoavalúo, estableció rangos sobre los valores inscritos y una tarifa progresiva para el pago del impuesto, del 2 al 9 por millar.31

Por otro lado, y como parte de las medidas para fortalecer la administración tributaria, aumentar la carga tributaria y cumplir con uno de los compromisos de los Acuerdos de Paz, se aprobó en 1998 la ley de creación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La ley consideró necesario, reformar estructuralmente la administración tributaria para que se recauden con efectividad los ingresos que el Estado requiere para cumplir con sus obligaciones constitucionales… lo cual debe lograrse a través del combate a la evasión, la defraudación y el contrabando, la simplificación de los procedimientos, una mayor efectividad de los sistemas que se aplican para la recaudación y un mejor servicio a los contribuyentes, de manera que se eleve la moral tributaria de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.32

La ley asignó a la SAT una variedad de funciones relacionadas con el régimen tributario: la aplicación de la legislación; la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos, excepto los recaudados por las municipalidades; administrar el sistema aduanero; promover acciones judiciales para lograr el cobro de tributos, entre otros. La SAT vino a centralizar las funciones de tres organismos estatales que en consecuencia

28

Los decretos fueron publicados en el Diario de Centro América, los días 23 (IEMA y supresión de exenciones) y 30 de diciembre (los tres restantes). 29

Inforpress, No.1261, 27 febrero 1998, p.7. 30

Inforpress, No.1262, 6 marzo 1998, p.1. 31

Decreto 15-98, publicado en el Diario de Centro América el 18 marzo 1998. 32

Decreto 1-98, publicado en el Diario de Centro América el 13 febrero 1998.

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desaparecieron: las dos direcciones generales de rentas internas y de aduanas, así como la dirección de catastro, avalúo y bienes inmuebles. DIEZ AÑOS DE PAZ: ÁLVARO ARZÚ, ALFONSO PORTILLO Y OSCAR BERGER, 1996 – 2006 El proceso hacia la paz había sido largo desde los Acuerdos de Esquipulas, en 1986. En 1990 se firmó el Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos y al año siguiente se estableció el temario general de la negociación. El proceso se interrumpió, pero fue rescatado en 1994 con la firma del Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de Negociación entre el gobierno y la URNG. Los Acuerdos de Paz incluyeron una amplia temática de lo que ahora se suele agrupar en temas sustantivos y operativos. El proceso de negociación incluyó una serie de consultas con diversas organizaciones sociales, tanto empresariales como populares. Entre los Acuerdos de Paz, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, firmado en mayo de 1996, incluyó temas relacionados con las políticas fiscal, presupuestaria y tributaria. La política fiscal se reconoció como la “herramienta clave” para que el Estado cumpliera con sus obligaciones constitucionales, en particular las relacionadas con el desarrollo social. De ahí que la política presupuestaria y la política fiscal debieran ser sometidas a cambios importantes, con el propósito de mejorar la capacidad de recaudación, de gestión y de ejecución de los ingresos y egresos. La política tributaria debía permitir la recaudación de los recursos necesarios para que el Estado cumpliera con sus tareas. Se propuso organizar al sistema tributario como justo, equitativo y globalmente progresivo, universal y obligatorio, y estimular el ahorro y la inversión. La recaudación debía ser eficaz y transparente con el propósito de fomentar la confianza de los contribuyentes en la gestión pública, y eliminar la evasión y la defraudación fiscal. El Acuerdo fijó la meta primordial, para el año 2000, de incrementar la carga tributaria por lo menos en 50% respecto a la de 1995, es decir, el 12% del PIB33. El gobierno se comprometió a tomar medidas que contribuyeran a alcanzar esos propósitos: reformar el Código Tributario para establecer mayores sanciones a la evasión, la elusión y la defraudación fiscal, promover otras reformas en la legislación tributaria para eliminar las disposiciones que facilitaran la evasión fiscal, evaluar y regular las exenciones tributarias. También se comprometió a tomar medidas para el fortalecimiento de la administración tributaria, como el establecimiento de mecanismos de fiscalización y recaudación, simplificar la administración fiscal, crear un programa de grandes contribuyentes, poner en funcionamiento estructuras administrativas para la aplicación de las leyes tributarias y fortalecer a los municipios en la recaudación de ingresos. En 1995, anticipando el final de las negociaciones de paz, el gobierno, con el apoyo del Banco Mundial, había solicitado financiamiento para sustentar los Acuerdos de Paz. En la reunión del Grupo Consultivo realizada en junio de 1995, la comunidad internacional, es decir, organismos internacionales y países amigos del proceso de paz, se comprometió a desembolsar 553 millones de dólares en apoyo al proceso. El presidente electo en 1996, Álvaro Arzú, había adquirido experiencia en la administración pública como Alcalde de la Ciudad de Guatemala. En su agenda de gobierno figuraba como tema prioritario la conclusión de las negociaciones de paz en el primer año de su administración. También incluía un programa de obra pública, inversiones en el área social, la privatización de las empresas estatales y la promoción de las exportaciones no tradicionales. La reforma fiscal no era uno de los temas prioritarios de gobierno. El gobierno de Álvaro Arzú enfrentó en su primer año presiones monetarias, problemas de liquidez y una baja en la recaudación que lo llevaron a tomar las primeras medidas fiscales. El 1 de enero había entrado en vigor la nueva tasa del IVA (10%) cuya implementación encontró resistencia en diferentes sectores políticos y populares.

33

Acuerdos de Paz, 3ª ed. (Guatemala: Universidad Rafael Landívar, 1998), pp.134-135. En el Acuerdo sobre el

cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los Acuerdos de Paz (29 diciembre 1996) se programaron metas mínimas indicativas anuales para la carga tributaria/PIB, así: 1997: 8.6%, 1998: 10%, 1999: 11.4%. Ibid., p.237

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En mayo, el Congreso emitió el Decreto 31-96, ley del impuesto de solidaridad, extraordinario y temporal (ISET) y de emisión de bonos del tesoro de emergencia económica. El ISET, con una vigencia de dos años, sería pagado por las personas individuales o jurídicas que obtenían ingresos de fuente guatemalteca. En el primer año se cobraría el 1% del total de los ingresos brutos declarados en el período de liquidación del ISR, en el segundo la tasa se elevaba al 1.5% y en este caso sería acreditable al ISR34. El gobierno sujetó la redacción de este decreto a consultas con el CACIF, lo que evitó la presentación de recursos de impugnación ante la Corte de Constitucionalidad. Así se fue estableciendo de manera gradual lo que puede interpretarse como un precedente: el sector privado permitió la implementación de impuestos especiales para asegurar ingresos adicionales para el Estado, pero sujetos a un régimen temporal q ue garantizaba que cada gobierno tuviera que acudir continuamente a negociaciones para asegurar cierto monto mínimo de ingresos para operar. A su vez, continuó la reducción y racionalización de aranceles y se aprobó el Acuerdo gubernativo 483-96 que estableció un calendario de desgravación que en el transcurso de tres años reduciría los aranceles aplicables a las materias primas y bienes intermedios no producidos en Centroamérica a 0%, a las materias primas producidas en Centroamérica al 5%, a los bienes intermedios y de capital producidos en Centroamérica al 10% y a los bienes finales al 15%. El gobierno tampoco dejó de aprobar nuevos incentivos fiscales y en 1996 fue aprobada una ley para una zona franca específica en el puerto de Champerico (Decreto 27-96).

EL PACTO FISCAL Y EL GOBIERNO DE ALFONSO PORTILLO35 En 1998 también se inició un proceso de negociación respecto a la temática fiscal. Se trataba de llegar a un pacto político entre el Estado y diferentes sectores sociales con el fin de “legitimar el nivel, composición y tendencia del gasto público y de la carga necesaria para su funcionamiento”, propuesta formulada por la CEPAL bajo el nombre de pacto fiscal. Los orígenes del pacto fiscal en Guatemala se encuentran en los Acuerdos de Paz, específicamente el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria que, como se vio arriba,

identificó varios compromisos de política fiscal. El gobierno de Arzú no cumplió con las metas previstas en los Acuerdos, y de ahí que la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz (CAAP) concibiera el pacto fiscal como el recurso que le permitiría al Estado retomar el camino de las metas tributarias trazadas. El pacto fiscal buscaba la concertación social para “neutralizar, o al menos minimizar, el poder de veto de importantes sectores económicos, sociales y políticos y subsanar la relativa debilidad del gobierno frente a estos sectores”. El proceso del pacto fiscal tuvo su inicio formal con la aprobación del documento de recalendarización del cumplimiento de la meta tributaria de los Acuerdos de Paz, en octubre de 1998. Ahí se contempló elevar la carga tributaria al 12% en el año 2002 y realizar acciones de corto plazo con el propósito de mantener el crecimiento gradual de la carga tributaria. El proceso de concertación debía ser promovido conjuntamente por el gobierno y la CAAP. Para lograrlo se convocó a un Foro Nacional para el Pacto Fiscal, cuyo objetivo era recoger opiniones y consensos de la sociedad civil. El primer paso hacia la concertación lo dio la CAAP cuando integró la Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal (CPPF) en marzo de 1999, que se encargó de la elaboración de una propuesta base para la concertación del pacto fiscal. Es de hacer notar que este proceso se estaba llevando a cabo en un año electoral. Las elecciones se programaron para el mes de noviembre y los candidatos que se perfilaban con mayor peso electoral eran Alfonso Portillo, nominado por el FRG, y Oscar Berger por el PAN, quienes finalmente disputaron la presidencia en segunda vuelta. En las elecciones de diciembre el ganador fue Alfonso Portillo.

34

Decreto 31-96, publicado en el Diario de Centro América el 29 mayo 1996. 35

Mayra Palencia, El Estado para el capital: la arena fiscal, manzana de la discordia entre el empresariado y el

poder público (Guatemala: FLACSO, 2002), p.110. Guatemala: el financiamiento del desarrollo humano; cuarto informe 2001 (Guatemala: Sistema de las Naciones Unidas, 2001), p.42. En adelante, INDH 2001. Ibid., p.43.

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En el mismo mes en que se llevó a cabo la segunda vuelta para elegir al presidente de la república, la CPPF entregó el informe “Hacia un pacto fiscal en Guatemala” a la comisión. A mediados de febrero de 2000, la CAAP convocó a 75 organizaciones a participar en el proceso de concertación por medio de comentarios y propuestas al documento base. La comisión recibió 46 propuestas suscritas por 131 organizaciones. Por primera vez se sometía una política fiscal a una discusión amplia y participativa. A partir de la revisión de las propuestas se identificaron convergencias y divergencias. La CAAP, mediante un proceso de discusión y negociación, logró un consenso global sobre los compromisos que debía incluir el pacto fiscal. En mayo se instaló el Foro Nacional para el Pacto Fiscal, con la participación de todas las instituciones. El 25 de mayo, el pacto fue suscrito por más de 130 organizaciones, en presencia de los presidentes de los tres poderes del Estado36. La relevancia del documento radica en que fue producto del consenso entre el gobierno y la sociedad civil, en un esfuerzo que no tenía precedente y que constituía la base para una política fiscal integral de largo plazo.

Después de la firma del pacto, se integró la Comisión de Seguimiento del Pacto Fiscal (CSPF) con el propósito de apoyar a la CAAP en la verificación de los compromisos logrados. El 20 de junio de 2000, sectores de la sociedad civil (CACIF y el Colectivo de Organizaciones Sociales) suscribieron el Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz, el Desarrollo y la Democracia, que propuso una reforma tributaria (medidas administrativas, reformas a la legislación), la implementación de un programa de reactivación económica y social y otro de gasto público prioritario. Sin embargo, el gobierno no

participó en este proceso de negociación y presentó al Congreso su propio paquete de reforma tributaria antes de la suscripción del Acuerdo político. Esta medida socavó la implementación del pacto fiscal.318 Con el propósito de conciliar ambas iniciativas, se inició una nueva ronda de negociaciones dirigida por el vicepresidente de la república, Francisco Reyes López, en la cual participaron los signatarios del Acuerdo político y representantes del Legislativo y Ejecutivo. En esta etapa la discusión se centró en el tema tributario, dejando de lado los demás aspectos del pacto. Finalmente, al no alcanzar un acuerdo entre las partes, el proceso de negociación se rompió. La propuesta fiscal que el Ministro de Finanzas, con la anuencia de Portillo, envió al Congreso un día antes de la firma del Acuerdo político, incluía la ley del impuesto sobre aguardientes y bebidas alcohólicas y la ley de supresión de privilegios y beneficios fiscales, de ampliación de la base imponible y de regularización tributaria. La última halló en los principios y compromisos del pacto fiscal y los Acuerdos de paz la justificación para las medidas que propuso, destinadas a ampliar la base imponible y aumentar así la carga tributaria. El Decreto 44-2000 37reformó siete leyes (pasajes aéreos, circulación de vehículos, ley orgánica del INGUAT, ISR, timbres fiscales y papel sellado, IVA, productos financieros) y encomendó a la SAT la realización de un censo fiscal para actualizar el registro tributario, que debería llevarse a cabo en los tres años siguientes.38 En el marco de esta reforma, el gobierno esperaba recaudar Q1,715.6 millones durante el año 2001. La mayoría de los recursos se captaría gracias a la supresión de privilegios fiscales (la supresión del crédito del IVA a cuenta del ISR, el más importante), al incremento en las tarifas del 25 al 30% aplicable a las personas individuales y jurídicas en la ley del ISR, y a la regularización de la base del IVA en las importaciones39. En

36

Ibid. El CACIF, por su parte, había pedido al Congreso que antes de pensar en aumentar la tasa impositiva,

deberían buscarse los mecanismos para hacer más eficiente la recaudación fiscal y propuso que para aumentar el ingreso tributario se formalizara la economía subterránea. Inforpress, No.1367, 12 mayo 2000, p.14 37

Decreto 44-2000, publicado en el Diario de Centro América el 30 junio 2000. 38

MINUGUA, “El pacto fiscal un año después; informe de verificación” (Guatemala, mayo de 2001), [s.n.p.]

39

Inforpress, No.1374, 30 junio 2000, p.3. Después de la aprobación de la ley del impuesto a aguardientes y bebidas alcohólicas, diputados de la oposición interpusieron un recurso de amparo contra los miembros de la Comisión Permanente, por falsificar documentos y alterar la ley. Estas consistieron en bajar las tasas que la ley había fijado para bebidas alcohólicas, destiladas y fermentadas del 20% al 10%, la de vinos de 10% a 4.8% y la de bebidas gaseosas de 1% a 0.2%. Palencia, Op. cit., p.199. La ley de aguardientes y bebidas alcohólicas es el decreto 43-2000, publicado en el Diario de Centro América el 1 agosto 2000.

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el año 2000, la carga tributaria alcanzó por primera vez el 10% del PIB, aunque siguió siendo una de las más bajas de América Latina. En el informe de verificación sobre el pacto fiscal publicado en mayo de 2001, se estimó que los avances en la implementación del pacto habían sido “escasos y poco profundos”, siendo la reforma tributaria del 2000 el avance más visible.321 En suma, el pacto fiscal no alcanzó su objetivo fundamental: “sentar las bases de una política fiscal de mediano y largo plazo y establecer un sistema fiscal moderno, eficiente y progresivo”.322 El régimen de Alfonso Portillo introdujo una nueva reforma fiscal en 2001, esta vez en torno al impuesto al valor agregado. En enero de ese año, el Ministro de Finanzas y el Presidente del Banco de Guatemala explicaron la conveniencia de incrementar la tasa del impuesto del 10% al 12%. Con el incremento, dijeron, el gobierno se aseguraría un ingreso de Q1,331.4 millones. Esta medida también encontró su justificación en las metas tributarias que se habían establecido en los Acuerdos de Paz y en la urgente necesidad del gobierno de invertir en salud, educación y seguridad. En abril, el nuevo Ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, anunció que promovería medidas para endurecer la persecución penal contra los delitos fiscales, pues la evasión le costaba al fisco alrededor de Q4 mil millones anuales. El ministro no descartó el aumento al IVA como una medida para paliar la crisis económica que atravesaba el gobierno.324 Finalmente, el gobierno anunció en julio su intención de aumentar algunos gravámenes, ente ellos el IVA. Los sectores organizados dejaron ver su descontento a través de marchas y comunicados contra la reforma y reprocharon al gobierno que la reforma, lejos de ser implementada para cumplir con los compromisos de los Acuerdos de Paz, fuera la respuesta del gobierno a las presiones ejercidas por las instituciones financieras y la cooperación internacional, que exigían el aumento de la carga tributaria. De hecho, el representante del BID en Guatemala declaró que el desarrollo del país era imposible sin elevar la carga tributaria, “y la única forma acelerada de hacerlo es aumentar el IVA”. El anuncio provocó que diversos sectores se organizaran para protestar la medida. El 1 de agosto se llevó a cabo un paro empresarial y una marcha de protesta como muestra de rechazo al aumento del IVA. El CACIF se mostró complacido por el resultado. En respuesta, Portillo señaló “a los grupos de poder que siempre han evadido impuestos” y anunció que no daría marcha atrás. El Decreto 32-2001 40reformó la ley del IVA, modificando su tasa del 10% al 12%. En el preámbulo la ley recuerda el documento de concertación producto del pacto fiscal, en donde se acordó la modificación de tarifas de algunos impuestos, entre ellas la del IVA. De esta manera, el gobierno cumplía, a su modo, con los compromisos adquiridos en el pacto fiscal.327 Como consecuencia del incremento de los ingresos tributarios por la modificación de la tasa del IVA, la carga tributaria fue del 10.6% del PIB en el año 2002. Al año siguiente, el gobierno de Alfonso Portillo introdujo nuevas reformas impositivas, esta vez aplicadas a la ley de bebidas alcohólicas (ron y aguardiente) y al bunker C. Nuevos enfrentamientos tuvieron lugar entre las cámaras empresariales y el gobierno, pero al final los decretos fueros aprobados. No obstante, la recaudación alcanzó sólo el 10.3% del PIB. Entre las razones de esta caída pueden mencionarse los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los impuestos a la distribución de petróleo, bebidas alcohólicas y derechos arancelarios de importación. Las críticas para el gobierno, que a esas alturas estaba desprestigiado por la corrupción, se centraron en la naturaleza caótica y casuística de la política fiscal, en el abandono del pacto fiscal como política integral y en la necesidad que tenía el gobierno de recaudar fondos sin destino específico en un año electoral.328 En efecto, había llegado el momento de elegir un nuevo presidente de la república. En las elecciones de noviembre de 2003, los candidatos del FRG, Efraín Ríos Montt, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Álvaro Colom, y de la recién formada Gran Alianza Nacional (GANA), Oscar Berger Perdomo, fueron los principales contendientes. En noviembre resultó ganador Oscar Berger pero al no obtener mayoría disputó la presidencia en segunda vuelta con el candidato de la UNE, al que derrotó. En enero de 2004, Berger asumió la presidencia, fecha que también marcó el período con un régimen democrático más largo en la historia del país.

40

Decreto 32-2001, publicado en el Diario de Centro América el 1 agosto 2001. El preámbulo se refiere al Acuerdo político para el financiamiento de la paz, el desarrollo y la democracia, suscrito el 20 de junio de

2000, mencionado arriba.

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DE LA REFORMA TRIBUTARIA DE 2004 AL 2006 Berger empezó a gobernar bajo los signos de la crisis. Acompañado de un “gabinete empresarial”, tuvo que enfrentar los primeros problemas en el ámbito fiscal. En enero, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los empresarios que habían interpuesto durante el gobierno anterior un recurso contra el cobro del IEMA, lo que privó al nuevo gobierno de los ingresos que necesitaba para satisfacer, entre otros compromisos, las obligaciones de la deuda. El gobierno empezó a recurrir al endeudamiento para paliar el déficit, recortó el gasto público en un 20% e implementó acciones para mejorar la recaudación fiscal. En esas circunstancias, el presidente Berger hizo un llamamiento con el propósito de reactivar el pacto fiscal, e invitó a las organizaciones sociales y centros académicos a que presentaran sus propuestas. A finales de abril, una nueva Comisión Técnica del Pacto Fiscal había recibido 15 documentos. En medio del agobiante déficit, el gobierno presentó medidas de corto plazo y postergó la discusión de las medidas de mediano y largo plazo, desvirtuando así la naturaleza del pacto. En el paquete presentado en mayo, las reformas al ISR ocuparon un lugar preponderante. También incluyó la creación de un nuevo gravamen, el impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los acuerdos de paz (IETAAP). El sector empresarial manifestó su rechazo a este nuevo impuesto, aduciendo que desestimulaba la inversión y golpeaba a la pequeña y mediana empresa. En junio, el gobierno alcanzó un compromiso con los partidos políticos con representación en el Congreso y de esa manera allanó el camino a la reforma, que dejó fuera modificaciones al IVA y al impuesto al bunker. Entre las reformas al ISR y el IETAAP, el gobierno esperaba recaudar Q1,486.9 millones y obtener ingresos adicionales por la venta de bonos del tesoro. También se incluyó dentro del paquete el restablecimiento del impuesto sobre bebidas alcohólicas. Las reformas al ISR (Decreto 18-2004) 41no afectaron a los trabajadores en relación de dependencia. En lo que a las empresas respecta, la ley planteó dos opciones de gravamen: una tasa universal del 5% sobre los ingresos brutos o una del 31% sobre sus ganancias. El decreto también limitó algunas exenciones. El IETAAP, al igual que el IEMA, gravó las ventas netas a una tasa del 2.5%, con reducciones progresivas en los dos años siguientes hasta perder vigencia en diciembre de 2007.332 Como resultado de este paquete tributario, hubo un incremento en la recaudación de los impuestos directos, pero los indirectos se contrajeron y en consecuencia, la carga tributaria disminuyó al 10.1% en 2004 y a 9.6% en el año 2005. Dos medidas posteriores tuvieron efectos contradictorios. Por una parte, en 2004 el Decreto 29- 89 fue 42reformado mediante la aprobación del Decreto 38-2004 para incluir exportadores a otros países centroamericanos. Esto significa que las empresas que exportan a Centroamérica ya no estarían sujetas al pago de ISR, aranceles e IVA aplicados a sus insumos.333 Por otra parte, la reconocida debilidad del Estado para combatir la evasión y la elusión tributarias, debido a la ambigüedad del marco jurídico impositivo, llevó a la promulgación del Decreto 18-200643, disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, llamado también “ley anti-evasión”. El decreto se concibió como una medida para recuperar las pérdidas causadas por la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, por el régimen de liberación de aranceles que implica. La ley fortaleció a la SAT al darle mayor capacidad de fiscalización, pero no aumentó la agilidad de las sanciones y su ejecución, quedando pendiente entonces el fortalecimiento de la justicia tributaria

EL PACTO FISCAL EN GUATEMALA: UN ACUERDO NUNCA ANTES ALCANZADO EN EL PAÍS ANÁLISIS MENSUAL DE ASIES - MAY 200044

El Pacto Fiscal tiene como fin acordar principios y compromisos que permitan delinear una política fiscal efectiva y debidamente respaldada por la sociedad para el corto y mediano y largo plazo. El Pacto Fiscal busca, asimismo, trazar los elementos fundamentales que posibiliten un aumento gradual en la carga tributaria, de manera tal que el Estado

41

Decretos 18-2004 y 19-2004, publicados en el Diario de Centro América el 29 junio 2004. 42

En el caso del IVA la devolución (crédito) significa que lo que se pagó inicialmente luego se le devuelve al

exportador, de manera que en la medida que la devolución es oportuna no debería existir tanta diferencia 43

Inforpress, No.1661, 23 junio 2006, pp.1-2. El Decreto 18-2006 fue publicado en el Diario de Centro América el 28 junio 2006. 44

http://www.deguate.com/infocentros/ecofin/Archivo/ASIES/Analisis/asies05-2000.htm


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cuente con los recursos necesarios para hacer efectivos los compromisos sociales que se derivan de la Constitución Política y de los Acuerdos de Paz. El Pacto Fiscal constituye un hito en la historia del país pues nunca antes se había deliberado y arribado a consensos entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil en forma tan amplia sobre la política fiscal del país.

Uno de los compromisos más importantes de los Acuerdos de Paz fue el aumento de la carga tributaria al 12% del PIB para el año 2000 con el fin de que el Estado tuviese los recursos necesarios para cumplir los compromisos sociales que también se incluían en esos Acuerdos, en particular el Socioeconómico y Agrario. Llegado 1998, sin embargo, fue obvio que la meta no se iba a alcanzar en el 2000, y hubo que recalendarizar ese compromiso, trasladándolo hacia el 2002. Para evitar que dos años después se volviese imprescindible otra recalendarización, el gobierno, con el apoyo de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, contempló la necesidad de suscribir un Pacto Fiscal entre todos los sectores del país, para lo que decidió crear en 1999 una comisión de expertos en temas fiscales conocida como Comisión Preparatoria del Pacto Fiscal, y la que tuvo como asignación elaborar una propuesta de Pacto Fiscal, documento que concluirían a finales de ese año después de llevar a cabo numerosos estudios y deliberaciones. La Comisión Preparatoria concibió la política fiscal en forma bastante integral –es decir, no solamente determinó la política de ingresos-, marco que finalmente prevalecería. En ese sentido, es que se compone de ocho secciones: 1) Balance fiscal, o la búsqueda de unas finanzas públicas balanceadas que eviten el daño que causan los déficit públicos, 2) Ingresos del Estado, o mecanismos para propiciar el aumento en la carga tributaria, 3) Administración tributaria, o potenciar una mejora apreciable en la administración impositiva, 4) Gasto público, o lograr un gasto público efectivo que justifique el aumento anhelado por el lado de la tributación, 5) Deuda pública, o lograr que el país tenga un nivel de deuda pública sostenible, 6) Patrimonio público, o evitar que se abuse de la propiedad pública, 7) Evaluación y control, o mejorar la ética en el manejo de los recursos del Estado por parte de los funcionarios públicos, y 8) Descentralización fiscal, o lograr que otras instancias de gobierno –en particular las municipalidades- también asuman compromisos que se deriven del Pacto Fiscal.

Cada una de esas secciones se compone de dos conjuntos de elementos: principios y compromisos. Con los primeros se pretende que toda la sociedad acepte normas generales en cada una de esas ocho materias. Con los segundos, se va un paso más adelante y se busca que tanto el gobierno, como el sector privado, como la sociedad civil se comprometan a impulsar medidas más específicas que permitan materializar la normativa general de los principios. El Pacto Fiscal ya ha sido suscrito pero el país aún se encuentra pendiente del seguimiento del mismo, el que en forma más inmediata consiste en la aprobación de las reformas a la legislación fiscal que operacionalice lo acordado en forma más abstracta en el Pacto, en particular se está a la espera de las medidas tributarias que permitan elevar la carga tributaria al 12% para el año 2002.

La madurez de los diferentes sectores será vital para que el Pacto Fiscal no se eche a perder en esta última etapa, pues es más que obvio que la tentación será grande para criticar cualquier aumento tributario que emane en los próximos días. Siempre y cuando el paquete de medidas tributarias contenga un menú balanceado de reformas impositivas, que distribuya su carga entre todos los guatemaltecos y no solo en unos, y que no impacte en exceso sobre la eficiencia de la actividad económica, debería ser apoyado por todos los sectores sociales. Tres actores en particular adquieren una importancia trascendental: la sociedad civil y el sector privado, en lo que a negociaciones pre-Congreso se refiere, y los partidos políticos, en lo que correspondería a una ratificación final por el Congreso. La suscripción del Pacto Fiscal ya es un éxito enorme, pero la victoria fiscal del país todavía dependerá de la concreción de las medidas tributarias. De no ser así, el Pacto Fiscal perdería fuerza efectiva, quedaría como un acuerdo vacío

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA TRIBUTARIA 45 En efecto, después de un largo proceso de discusión y preparación de la propuesta, y luego de una negociación velada entre el Organismo Ejecutivo, ciertos diputados de la oposición, algunos del partido oficial y la cúpula empresarial (CACIF y G-8), el gobierno presidido por Álvaro Colom decide archivar el

45

La experiencia de Juan Alberto Fuentes Knight contada en su libro Rendición de cuentas confirma los valiosos aportes de dos obras de referencia

obligatoria sobre el tema tributario: la de J. Fernando Váldez y Mayra Palencia Prado, citada arriba; y la de Mayra Palencia Prado, titulada: El Estado para

el capital: La arena fiscal, manzana de la discordia entre el empresariado y el poder público, FLACSO, Guatemala, 2002. 30 PNUD, op. cit., pp. 440-441.

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proyecto sin haberlo enviado siquiera al Congreso de la República. El resultado del “veto del G-8”, contado recientemente por el ex Ministro de Finanzas, fue el vaciamiento y cercenamiento del proyecto original. Tres nuevos proyectos de reforma surgen entonces: 1) El proyecto de Ley de disposiciones complementarias para la modernización del sistema tributario indirecto y aduanero, que descarta los cambios al ISR y al IVA; 2) La iniciativa de crear el Impuesto de solidaridad (ISO) en sustitución del Impuesto extraordinario y temporal de apoyo a los acuerdos de paz (IETAAP), el cual vencería el 31 de diciembre de 2008 y; 3) La parte que incluía los cambios al ISR. A no ser por la aprobación en diciembre de 2008 del Impuesto de solidaridad que Fuentes Knight considera

el “único logro” de su gestión en materia tributaria,32 las otras dos “partes” del proyecto salidas de la

negociación con el CACIF siguen guardadas en el Congreso y la Presidencia de la República. La primera,

conocida como proyecto de Ley de disposiciones complementarias para la modernización del sistema

tributario indirecto y aduanero entregada a la Asamblea el 11 de agosto de 2008, se convirtió desde

entonces en la Iniciativa de ley 3874 que sufriría varias. Modificaciones hasta que fuera retirada de la

agenda de discusiones del Congreso el 26 de agosto de 2009.33

Más tarde, fue incluida nuevamente en la agenda legislativa pero mutilada y “sin incluir las propuestas de la diputada De Frade ni las sanciones en materia aduanera”.34 En enero de 2010, después de reiniciar el diálogo con el sector privado, el gobierno acordó establecer una mesa de diálogo sobre política fiscal y otra en el ámbito legislativo. Así fue como se inició “un nuevo proceso de intercambio y negociación sobre el tema fiscal, aunque circunscrito a los temas de combate a la evasión y contrabando y transparencia del gasto público, como lo deseaba el sector privado”.35 Así, en palabras del propio ex Ministro de Finanzas, se convino en que se podía avanzar en una negociación que desembocaría en la “resurrección” de la iniciativa de ley conocida como antievasión II: …convenimos que podíamos avanzar con una negociación sobre lo que se convirtió en la resurrección de la iniciativa antievasión II, con vistas a que la pudiéramos presentar al Congreso de nuevo, con un claro aval del sector privado. En la propia mesa fiscal establecida en el Congreso se había discutido en enero de 2010 la conveniencia de rescatar esta propuesta con técnicos de la SAT y del Ministerio de Finanzas. En la práctica estábamos desenterrando de nuevo la iniciativa de tributación indirecta, que en buena parte incluía lo que se conocía como el proyecto antievasión II, elaborada desde 2005 por Carolina de la Roca y que el Grupo de Apoyo al Diálogo Fiscal había incorporado a su propuesta que luego se convirtió en proyecto de ley sobre tributación indirecta que fue presentado en agosto de 2008. Esta iniciativa, como se recordará, fue retirada del Congreso un año más tarde cuando como resultado de las revisiones de los diputados —en lo que se refiere a los vehículos— surgió el peligro de que la propuesta redujera y no aumentara los ingresos tributarios. del Diálogo Fiscal. (…)

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LA REFORMA FISCAL ES UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO 2012-2016”46

Ministro de Finanzas Públicas, en el actual gobierno. El economista Pavel Centeno es uno de los fundadores del Partido Patriota y el principal asesor en materia financiera del presidente electo, Otto Pérez. Aunque el Ministerio de Finanzas aún no tiene próximo titular, Pavel Centeno es uno de los aspirantes que en estos días Pérez está evaluando. Sobre sus hombros podría recaer algo que muchos han intentado sin éxito: sacar adelante una reforma fiscal que toque los puntos clave de la tributación, como el ISR ¿Prevén que empeore la situación financiera internacional? Creemos que la perspectiva en la que se basa el Presupuesto de 2012 es demasiado optimista. Ellos están estableciendo un crecimiento del PIB de 3 a 3.7 por ciento. Yo creo que hay

que hacer una rectificación, reduciendo la perspectiva de crecimiento hasta 2.5 por ciento. ¿Eso hace que en realidad el Presupuesto esté más desfinanciado todavía? Sí, prevemos un crecimiento del déficit en Q2.5 millardos más, sumados a los Q12 millardos que habrá que financiar con deuda. Además, el Presupuesto proyecta que los ingresos que generará la Ley Antievasión II serán Q1.5 millardos, pero para nosotros esta ley puede aportar Q700 millones. El Presupuesto es muy optimista, está muy desfinanciado y contempla la emisión de una cantidad enorme de deuda. ¿Qué cambios buscarán en el Presupuesto de 2012? Lo peor que le puede pasar a un gobierno es entrar sin presupuesto. El que se plantea para 2012 es malo, pero a pesar de ello tenemos que luchar por readecuarlo y, aunque no se consiga, se aprobará porque es mejor que no tener presupuesto. Lo que haríamos el próximo año es hacer contingencia de gastos y trabajar en la reestructuración de la deuda. Si no vemos cómo reducir la deuda, vamos a entrar en problemas serios. ¿Y que harán para mejorar el ingreso del Estado? Primero ordenar el gasto. En el Congreso, a cada rato, se nos presentan ampliaciones, transferencias, etcétera. Lo segundo es obtener mejores recursos cumpliendo con las recomendaciones del Grupo para la Promoción del Diálogo Fiscal. Para nosotros la reforma fiscal, es una forma de ordenar el ingreso, no es subir tasas ni crear nuevos impuestos. Tercero está el fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que tiene muchos hoyos grandes. Solo en IVA, la SAT sabe que le defraudan unos Q6 millardos. Además, está la Ley de Minería y la reforma al sistema de regalías, al que vamos a entrar. ¿Van a impulsar la reforma fiscal tal y como la promovió Fuentes Knight, con los cambios en el Impuesto Sobre la Renta? Sí, esa propuesta parte de un consenso previo, el Pacto Fiscal que está ahí, desde hace 11 años. No nos estamos inventado nada. ¿Y si el sector privado se opone de nuevo? Para nosotros, primero son los intereses del Estado, y la reforma fiscal es fundamental; no es una forma de recaudar más impuestos, es un instrumento de desarrollo. Si en algún momento alguien quiere salirse de los acuerdos que busquemos, no vamos a parar. ¿En qué consiste la gestión por resultados que quieren implantar? – Todo parte de tener una agenda: saber qué se va a hacer y cuándo, y cuánto le costará. Hoy, cuando una institución envía su propuesta de presupuesto al Ministerio de Finanzas, ¿la cartera cómo decide la asignación que le dará? Muchas veces el único criterio es: si usted ejecutó este año el 80 por ciento de su presupuesto, solo el 80 por ciento se le da. Lo que buscamos es que Finanzas pueda evaluar si la propuesta de un ministerio es factible y que el ministerio pueda defenderse con argumentos técnicos

46 http://www.elperiodico.com.gt/es/20111108/pais/203383

http://www.elperiodico.com.gt/es/20111108/pais/203383

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B I B L I O G R A F Í A

LIBROS 1. Escobar Menaldo Rolando; Morales Ortiz Ana Maritza; Batres Rojas Víctor Manuel

FORTALECIMIENTO DE LAS SANCIONES PENALES RELACIONADAS CON LA DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL ORGANISMO JUDICIAL. Volumen II

2. Fuentes Knight, Juan Alberto RENDICIÓN DE CUENTAS, Guatemala F&G editores, agosto de 2011, 3. Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF), PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN FISCAL EN

GUATEMALA, Guatemala, 16 de noviembre de 2007 pág. 12-13 4. Murga Armas, Jorge enero 2012Jorge POLÍTICA FISCAL/TRIBUTARIA DURANTE EL GOBIERNO DE

ÁLVARO COLOM. Guatemala Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad de San Carlos de Guatemala

5. Piedrasanta Arandi, Rafael, Ordoñez de Molina Ana; Estévez Claveria De León Carlos Rodolfo ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas Departamento de Estudios de Problemas Nacionales

6. Rodas Martín Pablo; Rodas Martín Lucrecia; Ohama Eduardo Felipe Mostajo Guardia Rossana; PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO. Volumen III

7. Schenone Oswaldo H; de la Torre Carlos Banco Interamericano de Desarrollo. GUATEMALA. FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA.

8. Manuel R. Agostín. Asesor Económico Regional BID25 de noviembre de 2003 LA REFORMA FISCAL EN GUATEMALA. UNA TAREA URGENTE. Ciudad de Guatemala

9. Váldez Fernando y Palencia Parado, Mayra Palencia Prado, LOS DOMINIOS DEL PODER: LA ENCRUCIJADA TRIBUTARIA, FLACSO, Guatemala, 1998, p. 294.

10. Wisecarver Daniel L. Dos Santos Paulo Sergio López Rivas Silvia Sanz Gadea, Eduardo; H Schenone Osvaldo Larios José L. LA POLITICA FISCAL EN GUATEMALA. (3 Volúmenes) Octubre de 1999.

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