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    En atencin a lo dispuesto en el artculo 73, segundo prrafo,de la Ley de Amparo, as como en la jurisprudencia de rubro:PROYECTOS DE RESOLUCIN DE LA SUPREMACORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN Y DE LOSTRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SLO DEBENPUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LACONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE

    UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LAINTERPRETACIN DIRECTA DE UN PRECEPTOCONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONALEN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.1, a continuacinse hace pblico el fragmento del proyecto de sentencia del

    Amparo Directo en Revisin 6983/2015 en la cual se realizael estudio de constitucionalidad respectivo:

    AMPARO DIRECTO EN REVISIN6983/2015.QUEJOSA Y RECURRENTE: **********.

    PONENTE: MINISTRA NORMA LUCA PIA HERNNDEZ.SECRETARIO: MIGUEL NGEL VILLASEOR REYES.

    Vo. Bo.

    Ministra

    Ciudad de Mxico. La Primera Sala de la Suprema Corte de

    Justicia de la Nacin, en la sesin correspondiente al da *********

    VISTOS, los autos, para dictar sentencia en el amparo directo en

    revisin 6983/2015.

    1Jurisprudencia P./J 53/2014 (10.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin,Dcima poca, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Pgina 61.

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    R E S U L T A N D O:

    25. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO

    27. En relacin con los artculos 396 y 396 Bis de la Ley General deSalud, considera que son contrarios al artculo 16 constitucional,

    en sus prrafos primero, dcimo primero y dcimo sexto, porque

    permiten la emisin y elaboracin de un informe de verificacin de

    publicidad, sin que previamente a ello se expida una orden de

    verificacin, que autorice y permita la realizacin de aqul, y en la

    que se contenga la informacin que ser materia de verificacin.

    28. Siendo que, indica, al tratarse de actos de verificacin, debe estar

    precedido de la orden de verificacin respectiva, que cumpla con

    todos los requisitos legales previstos en las leyes y en las

    jurisprudencias del Alto Tribunal del pas, en acatamiento del

    derecho fundamental de seguridad jurdica previsto en el artculo

    16 constitucional.

    29. Por lo que, aduce, si el informe de verificacin de publicidad es un

    acto por el que se lleva a cabo la verificacin de publicidad que se

    emite en diversos medios de comunicacin, debe estar precedido

    de una orden de verificacin que faculte a determinada persona a

    analizar en un tiempo y lugar especfico la publicidad que seemita, pues de lo contrario se deja en estado e indefensin al

    particular.

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    30. Por lo que hace al artculo 432 de la Ley General de Salud,

    considera que resulta violatorio de los artculos 14 y 16

    constitucionales, en cuanto al derecho fundamental de seguridad

    jurdica, ya que no establece el tiempo que puede transcurrir entre

    el momento en que se emite y notifica el informe de verificacin

    de publicidad y el otorgamiento del plazo para presentarmanifestaciones y pruebas, dejando al arbitrio de la autoridad esa

    situacin, en contravencin de la seguridad jurdica que debe

    prevalecer en los procedimientos administrativos; sin que el plazo

    de caducidad o prescripcin previsto en las leyes subsane esa

    laguna legal, pues finalmente, se permite que la autoridad no

    tenga un lmite temporal entre ambas actuaciones, decidiendo

    arbitrariamente en su perjuicio y dejndolo en estado de

    indefensin.

    31. Resultan infundados los agravios expuestos por la

    representacin legal de la quejosa.

    32. Para dar respuesta a los agravios, es necesario tener presente elcontenido de los artculos 14 y 16 de la Constitucin Poltica de

    los Estados Unidos Mexicanos, que sealan:

    Ar tcu lo 14. A ni ngun a ley s e dar efect o r etroacti vo enperjuicio de persona alguna.

    Nadie podr ser p rivad o de la l ibertad o de sus

    propiedades, posesiones o derechos, sino medianteju ic io segu ido an te los tr ibunales prev iam enteestablecidos, en el que se cumplan las formal idadesesenciales d el procedimiento y conform e a las L eyesexpedidas co n anter ior idad al hecho .

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    En los juic ios del orden cr iminal queda prohibidoimponer , po r s imple analo ga, y an po r m ayo ra derazn, pena alguna qu e no es tdecr etada po r un a leyexactam ente aplicable al del i to de que se trata.

    En los ju icios d el orden civ i l , la sentencia def ini t ivadeber ser c on form e a la letra o a la interp retacinju rdica d e la l ey , y a falta de sta se f undar en los

    pr inc ipios g enerales del derecho .

    Artcu lo 16. Nadie puede ser m olestado en su pers ona,fami l ia, dom ici l io, papeles o pos esiones, sino en vir tudde mandamiento escr i to de la autor idad competente,que funde y mo t ive la causa legal del procedim iento.

    Toda persona t iene derecho a la proteccin de susdatos personales, al acceso , rect i f icacin y cancelacin

    de los m ism os , as como a man ifestar su o po sic in, enlo s trm inos q ue fij e la ley , la cual es tab lecer lossupu estos de excepcin a los pr inc ip ios que r i jan elt ratamiento de datos, por razones de seguridadnacion al , disp osic iones de orden pbl ico , segurid ad ysalud pbl icas o para proteger los derechos deterceros.

    No po dr librars e orden de apr ehens in sino por laautor idad jud icial y sin qu e preceda denuncia o querel la

    de un hecho q ue la ley seale com o deli to, sanc ionadocon pena pr ivat iva de l iber tad y obren datos queestablezcan que se ha com et ido ese hecho y que existala probabi l idad de que el indiciado lo comet i opart ic ip en su c om isin.

    La autor idad que ejecute una orden judicial deaprehensin, deber poner al incu lpado a dis po sic indel ju ez, sin di lacin alg un a y bajo su ms est ricta

    respon sabil id ad. La contrav enc in a lo anterio r sersancio nada po r la ley penal .

    Cualquier persona puede detener al indiciado en elmom ento en que est comet iendo un d eli to oinm ediatamente d espus de haberlo cometido ,ponindolo sin demora a dis po sicin d e la auto ridadms cer can a y sta con la m isma p ront itud, a l a del

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    Minis terio Pblic o. Exist ir un regis tro inm ediato d e ladetencin.

    Slo en caso s urg entes, cu ando s e trate de deli to graveas cali f icado p or la ley y ante el riesgo fun dado de qu eel indiciado pueda s ustraerse a la accin de la just ic ia,s iempre y cuando no se pueda ocurr i r ante la autor idadjud ic ial por r azn de la hora, lugar o c ircuns tanc ia, el

    Minis terio Pblic o p od r, bajo su r esponsab il idad,ordenar su detencin, fundando y expresando losindic ios qu e mot iven su p roceder .

    En caso s de urgenc ia o f lagrancia, el juez que reciba lacons ign acin del detenido deber inm ediatamenterat i f icar la detencin o decretar la l ibertad con lasreservas de ley.

    La auto r idad judicial , a pet icin del Minister io Pbl ico ytratnd os e de delito s de delin cu enc ia org anizada, po drdecretar el arraigo de una persona, con las modal idadesde lu gar y tiem po qu e la ley seale, sin qu e pu edaexceder de c uaren ta das, siempre q ue sea necesariopar a el xit o d e la in ves tigacin , la pro tecc in depersonas o bienes jurdico s, o cuand o exista r iesgofund ado de que el incu lpado se sustraiga a la accin dela jus ticia. Este p lazo po dr pro rrogars e, siempre ycuand o el Minister io Pbl ico acredi te que su bsis ten las

    causas que le dieron o rigen. En todo caso , la duracinto tal del arraig o n o p od r exceder lo s o ch enta das.

    Por del incuencia organizada se ent iende unaorg anizacin de hecho de tres o ms personas , paracom eter del i tos en form a permanente o rei terada, en lostrm inos de la ley d e la m ater ia.

    Ningn in dic iado p od r ser retenid o por el Min isterio

    Pblic o por ms de cuaren ta y oc ho ho ras, plazo en qu edeb er or den arse su libertad o po nrsele a d isp os icinde la auto ridad jud icial; este plazo pod r duplic arse enaquellos casos que la ley prevea como del incuenc iaorganizada. Todo abuso a lo anter iormente dispuestoser sanc ion ado po r la ley penal.

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    En toda o rden de cateo, qu e slo la autor idad jud icialpodr expedir, a so l ici tu d del M inis terio Pblic o, seexpr esar el lugar que ha de ins pecc ionarse, la pers onao p ersonas que hayan d e aprehenderse y lo

    s objetosque se bus can, a lo que nicamente debe l imi tarse ladi l ig encia, levantndose al co nc luir la, un actacircunstanciada, en presencia de dos test igospropu estos por el ocu pante del lugar cateado o en s u

    ausencia o n egat iva, por la autor idad que pr act ique ladi l igencia.

    Las comu nicaciones pr ivadas son invio lables. La leysanc ionar penalmen te cualquier acto que atente con trala l ibertad y p rivaca de las m ismas, excepto cuandosean apor tadas de form a voluntar ia por alguno de lospart ic ulares qu e part i cipen en ellas. El juez valo rar elalcance de stas, siem pre y cuando conten gan

    inform acin relacionada con la com isin de un del i to.En n ingn caso se adm it i rn com un icaciones qu eviolen el deber de co nf idenc ialidad qu e establezca laley.

    Exclus ivamente la autor id ad jud icial federal , a pet icinde la autor idad federal que facul te la ley o del t i tular delMinisterio Pblico de la entidad federativaco rresp ondien te, po dr auto rizar la intervenc in decualqu ier com un icacin privada. Para el lo, la autor id ad

    competente deber fun dar y motiv ar las causas legalesde la sol ic i tud , exp resand o adems, el t ipo deintervencin, los sujetos de la m isma y su du racin. Laauto ridad jud icial federal no p od r oto rgar estasauto rizacion es cu ando se trate de materias de carcterelectoral, f iscal, mercanti l , civi l , laboral oadminist rativo, ni en el caso de las comunicaciones deldetenido c on s u defensor .

    Los Poderes Ju diciales contarn c on jueces de con trolque resolv ern, en form a inmediata, y por c ualqu iermedio, las sol ic i tudes de medidas cautelares,pro vid enc ias p recauto rias y tcn icas d e inv estigacinde la autor idad, que requieran control judicial ,garant izando los derechos de los indic iados y d e lasvctimas u of end idos . Deber exis tir un r egi str o

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    fehaciente de todas las com unicaciones entre jueces yMinis terio Pblic o y d ems auto ridades com petentes .

    Las in tervencio nes au tor izadas se ajus tarn a losrequ isito s y lm ites p revis tos en las leyes. Lo sresul tados de las intervenciones qu e no cum plan constos, carec ern de to do valo r p robato rio .

    La autor idad adm inis trat iva pod r practic ar visi tasdom ici l iar ias nicamente para cerciorarse de q ue sehan c um pl ido los reglamentos sani tar ios y de po l ica; yexigi r la exhibicin de los l ibros y papelesindispensables para compro bar que se h an acatado lasdis po sic iones fiscales, sujetndose en estos casos , alas leyes respect ivas y a las form al idades prescr i taspara los cateos.

    La correspon dencia que bajo cu bier ta ci rcule por lasestafetas estar libre d e tod o r egist ro, y su vio lacinser penada por la l ey.

    En tiem po de paz ni ngn m iembro del Ejrc ito po dralojarse en casa part ic ular c on tra la vo lun tad d el du eo,ni imponer prestacin algun a. En t iempo de guerra losm il i tares podrn exig ir alojam iento, bagajes , al imen tosy otr as p restacio nes , en lo s trm ino s qu e estab lezca laley marcial corr espon diente.

    33. De conformidad con el primero de los referidos preceptos

    constitucionales, nadie podr ser privado de la libertad o de sus

    propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido

    ante los tribunales previamente establecidos, en el que se

    cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

    conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

    34. Con lo cual, se establece el derecho fundamental de audiencia, en

    el sentido de que previamente a la existencia de acto de privacin,

    deben seguirse un juicio o procedimiento en contra del

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    gobernado, en el que se respeten las formalidades esenciales del

    procedimiento, ya definidas por este Ato Tribunal del pas.

    35. Por su parte, los prrafos conducentes del artculo 16 de la

    Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, que aqu

    importan, establecen que nadie puede ser molestado en supersona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud

    de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y

    motive la causa legal del procedimiento (primer prrafo).

    36. Asimismo, que en toda orden de cateo, que slo la autoridad

    judicial podr expedir, a solicitud del Ministerio Pblico, se

    expresar el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o

    personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se

    buscan, a lo que nicamente debe limitarse la diligencia,

    levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia

    de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en

    su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la

    diligencia (dcimo primer prrafo).

    37. Y, finalmente, que la autoridad administrativa podr practicar

    visitas domiciliarias nicamente para cerciorarse de que se han

    cumplido los reglamentos sanitarios y de polica; y exigir la

    exhibicin de los libros y papeles indispensables para comprobar

    que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetndose enestos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades

    prescritas para los cateos (dcimo sexto prrafo).

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    38. De este ltimo precepto constitucional, en los prrafos

    destacados, se deriva lo siguiente:

    a) Todo acto de molestia(persona, familia, domicilio, papeles

    o posesiones), debe emitirse por escrito, por autoridad

    competente, as como estar fundado y motivado.

    b) En toda orden de cateo, expedida por la autoridad judicial,

    a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar que

    ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de

    aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que

    nicamente debe limitarse la diligencia, levantndose un

    acta circunstanciada, en presencia de dos testigos

    propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su

    ausencia o negativa, por la autoridad que practique la

    diligencia.

    c) La autoridad administrativa podr practicar visitas

    domiciliarias para cerciorarse de que se han cumplido lasnormas en esa materia, sujetndose en esos casos, a las

    leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los

    cateos.

    39. De lo anterior se deduce, entonces, como premisas esenciales,

    que todo acto de molestia, para respetar el derecho fundamentalde legalidad, debe ser emitido por escrito, a travs de autoridad

    competente, adems de encontrarse fundado y motivado.

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    40. Y tratndose de visi tas domici l iar ias, deben sujetarse a las

    formalidades prescritas para los cateos, es decir, contar con una

    orden de verificacin expedida por la autoridad administrativa, en

    la que se exprese el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o

    personas a quien se encuentra dirigida y el objetos de la misma,

    as como levantarse un acta circunstanciada, en presencia de dostestigos propuestos por el ocupante del lugar o, en su ausencia o

    negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

    41. De conformidad con esto ltimo, se faculta a la autoridad

    administrativa para practicar visitas domiciliarias a efecto de

    cerciorarse que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de

    polica, as como para comprobar que se han acatado las

    disposiciones fiscales.

    42. Dicha intromisin implica una excepcin a la inviolabilidad del

    domicilio particular, la cual se justifica por el inters general que

    existe en verificar que los gobernados cumplan con los deberes

    que el legislador establece en relacin la obligacin de cumplircon las normas administrativas.

    43. Y cabe indicar que en atencin al principio de seguridad jurdica

    tutelado en el propio artculo 16 constitucional, la facultad de la

    autoridad administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias se

    encuentra sujeta a diversas formalidades, a efecto de que no seaejercitada en forma caprichosa, por lo que en la orden de visita

    relativa debe expresarse el lugar que ha de inspeccionarse y el

    objeto que se busca, levantndose al concluirla, un acta

    circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el

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    ocupante del lugar revisado, o en su ausencia o negativa, por la

    autoridad que practique la diligencia (formalidades para los

    cateos).

    44. Lo anterior, en virtud de que una expresin del derecho subjetivo

    de seguridad jurdica es el derecho fundamental de lainviolabilidad del domicilio a cuyo respeto el Estado est obligado,

    por lo cual, ante la posibilidad constitucional de exigir los papeles

    o documentos a los particulares en su domicilio, el ejercicio de la

    atribucin queda sujeta al cumplimiento de los requisitos

    constitucionales referidos, as como a aquellos previstos por las

    leyes secundarias.

    45. De ese modo, el artculo 16 constitucional, en el prrafo

    mencionado, contempla como derecho fundamental del

    gobernado la inviolabilidad del domicilio, pues el acto de molestia,

    en tal lugar, queda sujeto al cumplimiento de determinadas

    formalidades que delimitan la facultad de la autoridad

    administrativa para llevar a cabo visitas domiciliarias, con lo quese estatuye tambin el derecho fundamental de seguridad jurdica

    en ese acto de molestia, pues tambin se debe cumplir lo que

    establece el primer prrafo del mismo precepto constitucional, o

    sea, que el acto de molestia sea emitido por autoridad competente

    y conste por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del

    procedimiento.

    46. Sobre este aspecto, este Mximo Tribunal del Pas ha establecido

    que las rdenes de visita que expiden las autoridades

    administrativas o fiscales, por regla general, deben cumplir con los

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    requisitos previstos en el propio artculo 16 constitucional,

    adems, deben sujetarse a las leyes respectivas y a las

    formalidades prescritas para los cateos, por lo que se traducen en

    actos de molestia, al igual que las visitas de verificacin por

    constituir caso anlogos.

    47. Lo anterior se advierte as, de la jurisprudencia 2a./J. 175/2011,

    de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin,

    visible en la pgina 3545, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 ,

    Dcima poca del Semanario Judicial de la Federacin y su

    Gaceta, que a la letra dice:

    ORDEN DE VERIFICACIN. SU OBJETO. Enconcordancia con lo que esta Segunda Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nacin sustent en la

    jurisprudencia 2a./J. 59/97, de rubro: "ORDEN DEVISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO."; se afirma quecomo la orden de verificacin es un acto de molestia,

    para llevarla a cabo debe satisfacer los requisitospropios de la orden de visita domiciliaria, de entre losque destaca el relativo a la precisin de su objeto, el

    cual ha de entenderse no slo como un propsito o unfin que da lugar a la facultad verificadora de laautoridad correspondiente, sino tambin como unacosa, elemento, tema o materia; es decir, el objeto deuna orden de verificacin constituye la delimitacin delactuar de la autoridad, a fin de determinar dndeempezarn y dnde terminarn las actividades que hade realizar durante la verificacin correspondiente,dado que la determinacin del objeto configura un acto

    esencial para la ejecucin de las facultades deinspeccin de la autoridad fiscalizadora, pues tiende aespecificar la materia de los actos que ejecutar; luego,

    para que la autoridad hacendaria cumpla ese deber, esnecesario que en la orden de verificacin respectiva

    precise el rubro a inspeccionar y su fundamento legal, afin de que la persona verificada conozca lasobligaciones a su cargo que van a revisarse, en

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    acatamiento a la garanta de seguridad jurdica previstaen el artculo 16 de la Constitucin Poltica de losEstados Unidos Mexicanos.

    48. En suma, el artculo 16 de la Constitucin Federal prev como un

    derecho subjetivo pblico de los gobernados no ser molestados

    en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones; lo cualimplica en principio la inviolabilidad del domicilio.

    49. Sin embargo, fue intencin del creador de la norma constitucional,

    permitir a la autoridad practicar actos de molestia a los

    particulares e introducirse a sus domicilios, siempre y cuando se

    cumplan determinadas condiciones o requisitos y con un propsito

    definido, a efecto de que pueda cumplir con sus actividades, pero

    siempre respetando el marco constitucional y legal

    correspondientes, a efecto de observar el principio de seguridad

    jurdica en beneficio del particular afectado.

    50. Inclusive, de conformidad con diversos precedentes de esta

    Suprema Corte de Justicia de la Nacin, se obtiene que es factibleque la autoridad administrativa lleve a cabo la verificacin de

    mercancas durante su trnsito en el territorio nacional, para lo

    cual debe contar tambin con la orden de verificacin respectiva,

    pero sin que requiera de una orden de visita domiciliaria, al no

    afectarse la inviolabilidad del domicilio de los gobernados.

    51. As se ha establecido en las siguientes tesis de jurisprudencia:

    poca: Novena pocaRegistro: 168846Instancia: Segunda Sala

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    Tipo de Tesis: JurisprudenciaFuente: Semanario Judicial de la Federacin y su GacetaTomo XXVIII, Septiembre de 2008Materia(s): AdministrativaTesis: 2a./J. 132/2008Pgina: 229

    ORDEN DE VERIFICACIN DE VEHCULOS DE

    PROCEDENCIA EXTRANJERA Y DE MERCANCASDE COMERCIO EXTERIOR EN TRNSITO.CONSTITUYE UNA FACULTAD DE COMPROBACINDIVERSA A LA S RDENES DE VISITA, REGIDAS POREL ARTCULO 43 DEL CDIGO FISCAL DE LAFEDERACIN QUE, POR TAL MOTIVO, ESINCONDUCENTE PARA FUNDAR LA COMPETENCIADE LA AUTORIDAD. La autoridad administrativa a fin decomprobar que los contribuyentes, los responsables

    solidarios o los terceros con ellos relacionados hancumplido con las disposiciones fiscales, tienen la facultadde ordenar y practicar la verificacin de vehculos de

    procedencia extranjera y de mercancas de comercioexterior, ambos en trnsito, con fundamento en losartculos 42, fraccin VI, del Cdigo Fiscal de laFederacin, 144, fraccin XI, de la Ley Aduanera, 7o.,fraccin II, de la Ley del Servicio de AdministracinTributaria y 12, apartado A y 11, fraccin X, delReglamento Interior del Servicio de Administracin

    Tributaria; en este sentido, cuando se ejerza dichafacultad se deben satisfacer los requisitos que al efectoseala el artculo 16 de la Constitucin Poltica de losEstados Unidos Mexicanos, en razn de estar frente aactos de molestia de la autoridad dirigidos a ungobernado en relacin con sus bienes o posesiones, ascomo los dems requisitos previstos por las leyesrespectivas, esto es, los sealados en los artculos 38 y43 del Cdigo Fiscal de la Federacin, los cuales se

    concretan, exclusivamente, en los siguientes: a) constarpor escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c)estar debidamente fundada y motivada; d) sealar ellugar que ha de inspeccionarse; e) indicar la persona o

    personas a las cuales va dirigida o los datos que permitansu identificacin; f) precisar el objeto de la misma; g)sujetarse a lo dispuesto por las leyes respectivas; h)asentar el nombre de la persona o personas que deban

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    efectuar la misma y, finalmente, i) estar firmada por elfuncionario competente para ello. De ah que la autoridadaduanera no tenga la obligacin de citar expresamente elartculo 43, fraccin II, del Cdigo Fiscal de laFederacin, para tener por fundada su competenciamaterial de designar a la persona o personas que demanera conjunta o separadamente deben practicarla, yaque el precepto relativo se refiere a la orden de visita

    domiciliaria, cuya finalidad es la inviolabilidad deldomicilio de los gobernados, situacin diversa al ejerciciode las facultades de la autoridad administrativa deverificar el exacto cumplimiento de las obligacionesfiscales por parte de los gobernados, como lo es la legalimportacin, tenencia y estancia de vehculos omercancas de procedencia extranjera en territorionacional, resultando suficiente que la autoridad fiscal citelos preceptos legales que lo facultan para ordenar y

    practicar la verificacin de vehculos de procedenciaextranjera y de mercancas de comercio exterior, ambosen trnsito, para que la orden relativa satisfaga lagaranta de fundamentacin, pues as el acto de molestiada certeza y seguridad jurdica al particular frente a losactos de las autoridades que afecten o lesionen suinters jurdico, y por ende, asegurar su defensa ante unacto que no cumpla con los requisitos legales necesarios.

    poca: Novena poca

    Registro: 174681Instancia: Segunda SalaTipo de Tesis: AisladaFuente: Semanario Judicial de la Federacin y su GacetaTomo XXIV, Julio de 2006Materia(s): Constitucional, AdministrativaTesis: 2a. LVII/2006Pgina: 436

    MERCANCAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA . ELARTCULO 144, FRACCIN XI, DE LA LEYADUANERA, QUE ESTABLECE LA FACULTAD DE LAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA VERIFICAR SULEGAL IMPORTACIN O TENENCIA DURANTE SUTRANSPORTE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL,NO TRANSGREDE EL ARTCULO 16 DE LACONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS

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    UNIDOS MEXICANOS. El dcimo primer prrafo delcitado precepto constitucional tutela las garantas deinviolabilidad del domicilio y seguridad jurdica delgobernado en los casos en que la autoridad ejerce, deentre la amplia gama de facultades de verificacin ycomprobacin establecidas en la legislacin ordinaria, laconsistente en la visita domiciliaria, ya que dichaintromisin requiere una regulacin constitucional al

    tratarse de una excepcin a la inviolabilidad del domicilioparticular. En ese sentido, se concluye que el artculo144, fraccin XI, de la Ley Aduanera, al prever unafacultad de comprobacin del cumplimiento de lasobligaciones fiscales y aduaneras del gobernado, distintade las visitas domiciliarias, no transgrede el artculo 16 dela Constitucin Federal, pues la circunstancia de que estenumeral solamente se refiera a las visitas domiciliarias,no implica que dicho medio de comprobacin sea el nico

    con el que cuentan las autoridades para cerciorarse delcumplimiento de las obligaciones a cargo de losgobernados, sino que ello responde a que elConstituyente estim que se trata de una facultad decomprobacin que requiere regulacin constitucional, porlo que el legislador ordinario puede establecer facultadesdistintas a la visita domiciliaria para que la autoridadverifique el debido cumplimiento de las referidasobligaciones en materias fiscal y aduanera.

    52. Precisado lo anterior, a efecto de conocer la regulacin normativa

    del denominado Inform e de Veri f icacin de Pub l icidad, que

    dio origen a la imposicin de la multa controvertida por la ahora

    recurrente, conviene tener presente el contenido de los siguientes

    preceptos de la Ley General de Salud, que establecen lo

    siguiente:

    TITULO DECIMO SEPTIMOVigi lanc ia SanitariaCAPITULO UNICO

    Artcu lo 396.- La vigilancia sanitaria se llevar a cabo atravs de las siguientes diligencias:

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    I.- Visi tas de ver i f icacin a cargo del personalexpresamente autorizado por la autoridad sanitariacompetente para llevar a cabo la verificacin fsica delcumplimiento de la ley y dems disposiciones aplicables,y

    II.- Tratndose de publicidad de las actividades,

    productos y servicios a que se refiere esta Ley, a travsde las visi tas a que se refiere la fraccin anterior o deinformes de ver i f icacin que renan los requisitossealados por el artculo siguiente.

    Artcu lo 396 B is .- Cuando la autoridad sanitaria detectealguna publicidad que no rena los requisitos exigidos poresta Ley y dems disposiciones generales aplicables enmateria de salud, elaborar un i n forme detallado donde

    se exprese lo siguiente:I.- El lugar, fecha y hora de la verificacin;

    II.- El medio de comunicacin social que se hayaverificado;

    III.- El texto de la publicidad anmala de ser materialescrito o bien su descripcin, en cualquier otro caso, y

    IV.- Las irregularidades sanitarias detectadas y lasviolaciones a esta Ley y dems disposiciones generalesaplicables en materia de salud, en que se hubiereincurrido.

    En el supuesto de que el medio de comunicacin socialverificado sea la prensa u otra publicacin, el informe deverificacin deber integrarse invariablemente con unacopia de la parte relativa que contenga la publicidad

    anmala, donde se aprecie, adems, del texto o mensajepublicitario, la denominacin del peridico o publicacin ysu fecha.

    Artcu lo 397.- Las autoridades sanitarias podrnencomendar a sus verificadores, adems, actividades deorientacin, educacin y aplicacin, en su caso, de las

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    medidas de seguridad a que se refieren las fracciones VIIy X del artculo 404 de esta ley.

    Artcu lo 398.- Las verificaciones podrn ser ordinarias yextraordinarias. Las primeras se efectuarn en das yhoras hbiles y las segundas en cualquier tiempo.

    Para los efectos de esta Ley, tratndose de

    establecimientos industriales, comerciales o de servicios,se considerarn horas hbiles las de su funcionamientohabitual.

    Artcu lo 399.- Los verificadores, para practicar visi tas,debern estar provistos derdenes escri tas, con firmaautgrafa expedidas por las autoridades sanitariascompetentes, en las que se deber precisar el lugar ozona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el

    alcance que debe tener y las disposiciones legales que lafundamenten.

    Artcu lo 400.- Los verificadores en el ejercicio de susfunciones tendrn libre acceso a los edificios,establecimientos comerciales, industriales, de servicio y,en general a todos los lugares a que hace referencia estaley.

    Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes

    de establecimientos o conductores de los transportesobjeto de verificacin, estarn obligados a permitir elacceso y a dar facilidades e informes a los verificadores

    para el desarrollo de su labor.

    Artcu lo 401.- En la di l igencia d e ver i f icacin sanitariase debern observar las siguientes reglas:

    I.- Al iniciar la visita el verificador deber exhibir la

    credencial vigente, expedida por la Autoridad sanitariacompetente, que lo acredite legalmente para desempeardicha funcin, as como la orden expresa a que serefiere el artculo 399 de esta ley, de la que deber dejarcopia al propietario, responsable, encargado u ocupantedel establecimiento. Esta circunstancia se deber anotaren el acta correspondiente;

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    II.- Al inicio de la visita, se deber requerir al propietario,responsable, encargado u ocupante del establecimiento,o conductor del transporte, que proponga a dos testigosque debern permanecer durante el desarrollo de lavisita. Ante la negativa o ausencia del visitado, losdesignar la autoridad que practique la verificacin. Estascircunstancias, el nombre, domicilio y firma de lostestigos, se har constar en el acta;

    III.- En el acta que se levante con motivo de laverificacin, se harn constar las circunstancias de ladiligencia, las deficiencias o anomalas sanitariasobservadas, el nmero y tipo de muestras tomadas o ensu caso las medidas de seguridad que se ejecuten, y

    IV.- Al concluir la verificacin, se dar oportunidad alpropietario, responsable, encargado u ocupante del

    establecimiento o conductor del transporte, de manifestarlo que a su derecho convenga, asentando su dicho en elacta respectiva y recabando su firma en el propiodocumento, del que se le entregar una copia. Lanegativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma ode la orden de visita, se deber hacer constar en elreferido documento y no afectar su validez, ni la de ladiligencia practicada.

    Artcu lo 401 B is .- La recoleccin de muestras se

    efectuar con sujecin a las siguientes reglas:

    I.- Se observarn las formalidades y requisitos exigidospara las visi tas d e ver i f icacin;

    II.- La toma de muestras podr realizarse en cualquierade las etapas del proceso, pero debern tomarse delmismo lote, produccin o recipiente, procedindose aidentificar las muestras en envases que puedan ser

    cerrados y sellados;III.- Se obtendrn tres muestras del producto. Una deellas se dejar en poder de la persona con quien seentienda la diligencia para su anlisis particular; otramuestra quedar en poder de la misma persona adisposicin de la autoridad sanitaria y tendr el carcterde muestra testigo; la ltima ser enviada por la autoridad

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    sanitaria al laboratorio autorizado y habilitado por sta,para su anlisis oficial;

    IV.- El resultado del anlisis oficial se notificar alinteresado o titular de la autorizacin sanitaria de que setrate, en forma personal o por correo certificado conacuse de recibo, telefax, o por cualquier otro medio por elque se pueda comprobar fehacientemente la recepcin

    de los mismos, dentro de los treinta das hbilessiguientes a la fecha de la toma de muestras;

    V.- En caso de desacuerdo con el resultado que se hayanotificado, el interesado lo podr impugnar dentro de un

    plazo de quince das hbiles a partir de la notificacin delanlisis oficial. Transcurrido este plazo sin que se hayaimpugnado el resultado del anlisis oficial, ste quedarfirme y la autoridad sanitaria proceder conforme a la

    fraccin VII de este artculo, segn corresponda;VI.- Con la impugnacin a que se refiere la fraccinanterior, el interesado deber acompaar el original delanlisis particular que se hubiere practicado a la muestraque haya sido dejada en poder de la persona con quiense entendi la diligencia de muestreo, as como, en sucaso, la muestra testigo. Sin el cumplimiento de esterequisito no se dar trmite a la impugnacin y elresultado del anlisis oficial quedar firme;

    VII.- La impugnacin presentada en los trminos de lasfracciones anteriores dar lugar a que el interesado, a sucuenta y cargo, solicite a la autoridad sanitaria, el anlisisde la muestra testigo en un laboratorio que la mismaseale; en el caso de insumos mdicos el anlisis sedeber realizar en un laboratorio autorizado comolaboratorio de control analtico auxiliar de la regulacinsanitaria. El resultado del anlisis de la muestra testigo

    ser el que en definitiva acredite si el producto encuestin rene o no los requisitos y especificacionessanitarios exigidos, y

    VIII.- El resultado de los anlisis de la muestra testigo, senotificar al interesado o titular de la autorizacinsanitaria de que se trate, en forma personal o por correocertificado con acuse de recibo, telefax, o por cualquier

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    otro medio por el que se pueda comprobarfehacientemente la recepcin de los mismos y, en casode que el producto rena los requisitos y especificacionesrequeridos, la autoridad sanitaria proceder a otorgar laautorizacin que se haya solicitado, o a ordenar ellevantamiento de la medida de seguridad que se hubieraejecutado, segn corresponda.

    Si el resultado a que se refiere la fraccin anteriorcomprueba que el producto no satisface los requisitos yespecificaciones sanitarios, la autoridad sanitaria

    proceder a dictar y ejecutar las medidas de seguridadsanitarias que procedan o a confirmar las que sehubieren ejecutado, a imponer las sanciones quecorrespondan y a negar o revocar, en su caso, laautorizacin de que se trate.

    Si la diligencia se practica en un establecimiento que nosea donde se fabrica o produce el producto o no sea elestablecimiento del titular del registro, el verificado estobligado a enviar, en condiciones adecuadas deconservacin, dentro del trmino de tres das hbilessiguientes a la toma de muestras, copia del acta deverificacin que consigne el muestreo realizado, as comolas muestras que quedaron en poder de la persona conquien se entendi la diligencia, a efecto de que tenga laoportunidad de realizar los anlisis particulares y, en su

    caso, impugnar el resultado del anlisis oficial, dentro delos quince das hbiles siguientes a la notificacin deresultados.

    En este caso, el titular podr inconformarse, solicitandosea realizado el anlisis de la muestra testigo.

    El depositario de la muestra testigo ser responsablesolidario con el titular, si no conserva la muestra citada.

    El procedimiento de muestreo no impide que laSecretara dicte y ejecute las medidas de seguridadsanitarias que procedan, en cuyo caso se asentar en elacta de verificacin las que se hubieren ejecutado y los

    productos que comprenda.

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    Artcu lo 401 B is 1.- En el caso de toma de muestras deproductos perecederos deber conservarse encondiciones ptimas para evitar su descomposicin, suanlisis deber iniciarse dentro de las cuarenta y ochohoras siguientes a la hora en que se recogieron. Elresultado del anlisis se notificar en forma personal alinteresado dentro de los quince das hbiles siguientescontados a partir de la fecha en que se hizo la

    verificacin. El particular podr impugnar el resultado delanlisis en un plazo de tres das contados a partir de lanotificacin, en cuyo caso se proceder en los trminosde las fracciones VI y VII del artculo anterior.

    Transcurrido este plazo, sin que se haya impugnado elresultado del anlisis oficial, ste quedar firme.

    Artcu lo 401 B is 2.- En el caso de los productos

    recogidos en procedimientos de muestreo o verificacin,slo los laboratorios autorizados o habilitados por laSecretara para tal efecto podrn determinar por mediode los anlisis practicados, si tales productos renen o nosus especificaciones.

    TITULO DECIMO OCTAVOMedidas de Seguridad, Sancio nes y Del i tosCAPITULO I

    Medidas d e Seguridad Sani tar ia

    A rtcu lo 413.- La suspensin de mensajes publicitariosen materia de salud, proceder cuando stos se difundan

    por cualquier medio de comunicacin socialcontraviniendo lo dispuesto en esta ley y demsordenamientos aplicables o cuando la Secretara deSalud determine que el contenido de los mensajes afectao induce a actos que pueden afectar la salud pblica.

    En estos casos, los responsables de la publicidadprocedern a suspender el mensaje, dentro de lasveinticuatro horas siguientes a la notificacin de lamedida de seguridad, si se trata de emisiones de radio,cine o televisin, de publicaciones diarias o de anunciosen la va pblica. En caso de publicaciones peridicas, la

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    suspensin surtir efectos a partir del siguiente ejemplaren el que apareci el mensaje.

    53. De conformidad con los anteriores numerales, en lo que aqu

    importa, se establece que la vigilancia sanitaria se llevar a

    cabo a travs de las siguientes diligencias:

    1. Visitas de verificacina cargo del personal expresamente

    autorizado por la autoridad sanitaria competente para llevar

    a cabo la verificacin fsica del cumplimiento de la ley y

    dems disposiciones aplicables.

    2. Tratndose de publicidad de las actividades, productos yservicios referidos en la misma Ley, a travs de:

    a) Visitas de verificacin; o,

    b) Informes de verificacin.

    54. Asimismo, se indica que cuando la autoridad sanitaria detecte

    alguna publicidad que no rena los requisitos exigidos por la

    normatividad aplicable en materia de salud, elaborar un informe

    detallado donde se exprese lo siguiente:

    I. El lugar, fecha y hora de la verificacin.

    II. El medio de comunicacin social que se haya

    verificado.

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    III. El texto de la publicidad anmala de ser material

    escrito o bien su descripcin, en cualquier otro caso, y

    IV. Las irregularidades sanitarias detectadas y las

    violaciones a esta Ley y dems disposiciones

    generales aplicables en materia de salud, en que sehubiere incurrido.

    55. Y que, en el supuesto de que el medio de comunicacin social

    verificado sea la prensa u otra publicacin, el informe de

    verificacin deber integrarse invariablemente con una copia de la

    parte relativa que contenga la publicidad anmala, donde se

    aprecie, adems, del texto o mensaje publicitario, la denominacin

    del peridico o publicacin y su fecha.

    56. Finalmente, se menciona que la suspensin de mensajes

    publicitarios en materia de salud, proceder cuando stos se

    difundan por cualquier medio de comunicacin social

    contraviniendo lo dispuesto en la citada Ley y demsordenamientos aplicables o cuando la Secretara de Salud

    determine que el contenido de los mensajes afecta o induce a

    actos que pueden afectar la salud pblica.

    57. En estos casos, se refiere que los responsables de la publicidad

    procedern a suspender el mensaje, dentro de las veinticuatrohoras siguientes a la notificacin de la medida de seguridad, si se

    trata de emisiones de radio, cine o televisin, de publicaciones

    diarias o de anuncios en la va pblica. Y que, en caso de

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    publicaciones peridicas, la suspensin surtir efectos a partir del

    siguiente ejemplar en el que apareci el mensaje.

    58. De lo anterior se deriva que los artculos 396 y 396 Bis de la Ley

    General de Salud, no resultan contrarios a los derechos

    fundamentales de legalidad y seguridad jurdica establecidos en elartculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos

    Mexicanos.

    59. Como qued establecido en prrafos anteriores, tratndose de

    visitas domiciliarias se requiere la previa existencia de una

    orden de verificacin para poder llevarlas a cabo, ya sea en el

    domicilio del gobernado o durante el trnsito de determinadas

    mercancas. Pues, de esa manera, se cumple con las

    formalidades prescritas para los cateos, en el sentido de contar

    con la orden respectiva, en la que se precisen los datos

    relacionados con la visita de verificacin, en aras de salvaguardar

    los derechos fundamentales del visitado.

    60. Sin embargo, de conformidad con lo sealado, se sigue que el

    Informe de Verificacin de Publicidadno constituye ni reviste la

    naturaleza de una visita domiciliaria, entendida sta como una

    excepcin a la inviolabilidad del domicilio de los gobernados,

    mediante la cual la autoridad administrativa puede tener acceso al

    mismo, para llevar a cabo la verificacin fsica del cumplimientode la Ley, directamente en el negocio o establecimiento

    correspondiente.

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    61. Sino que, de conformidad con los numerales antes mencionados,

    el Informe de Verificacin de Publicidad es distinto a una visita de

    verificacin. El primero, consiste en un informe emitido por la

    autoridad sanitaria, cuando detecta alguna publicidad difundida en

    un medio de comunicacin social (radio, cine, televisin, prensa,

    revistas, anuncios en va pblica, entre otros), que no rena losrequisitos exigidos por la normatividad aplicable en materia de

    salud. La segunda, se requiere para llevar a cabo la verificacin

    fsica del cumplimiento de la Ley, para lo cual, el personal de la

    Institucin debe contar con la orden de verificacin respectiva,

    que cumpla con los requisitos previstos en el artculo 399 aludido,

    observndose durante la diligencia las reglas sealadas en el

    diverso artculo 401, pues se practica directamente en el domicilio

    del gobernado.

    62. Informe de Verificacin que, se insiste, no constituye ni se traduce

    en una visita domiciliaria, en trminos del prrafo dcimo sexto del

    artculo 16 de la Constitucin Federal, al no practicarse en el

    domicilio del particular, ni tener como finalidad constituirse en eselugar para la revisin fsica de su publicidad.

    63. Consecuentemente, al no tratarse de una visita domiciliaria, sino

    de un acto de verificacin de diversa ndole, no requiere de la

    previa emisin de una orden de verificacin, que permita la

    intromisin al domicilio del gobernado.

    64. En ese tenor, se colige que los artculos 396 y 396 Bis de la Ley

    General de Salud, no resultan contrarios a los derechos

    fundamentales de legalidad y seguridad jurdica mencionados, al

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    no resultar contrarios al artculo 16 de la Constitucin Poltica de

    los Estados Unidos Mexicanos, particularmente, al prrafo dcimo

    sexto mencionado.

    65. Esto no significa que, en todos los caso en que se verifique la

    publicidad de las actividades, productos y servicios referidos en lamisma Ley, deba prescindirse de una orden de verificacin, pues

    ello depender de la manera en que se realice dicha verificacin,

    sea a travs de una visita domiciliaria, en la que s se requerir de

    tal formalidad, o de un informe de verificacin, en el que no se

    exigir ese requisito; pues, al respecto, cabe precisar que as lo

    establece la propia normatividad en anlisis, al sealar que

    tratndose de publicidad, la vigilancia sanitaria se llevar a cabo a

    travs de visitas de verificacin o de informes de verificacin,

    dependiendo, desde luego, del lugar en que se practique, sea en

    el domicilio del gobernado o, con independencia de ello, en el

    momento en que se detecte la publicidad en los medios de

    comunicacin social.

    66. Tampoco implica, por supuesto, que el referido informe no deba

    cumplir con los requisitos establecidos en el primer prrafo del

    artculo 16 constitucional, pues cabe sealar que al tratarse de un

    acto de molestia, s debe colmarlos; tan es as, que en el diverso

    artculo 399 Bis, tildado de inconstitucional, as se establece, al

    precisar los requisitos que debe contener, y que a la postre debenhacerse del conocimiento de la parte interesada, en caso de

    citrsele al procedimiento administrativo.

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    67. Sin embargo, contrario a lo que refiere la recurrente, no por el

    hecho de tratarse de un acto de molestia, de suyo, implica que

    requiera de la previa existencia de una orden de verificacin, pues

    para esto, como se indic, es menester que se trate de una visita

    domiciliaria, como excepcin a la inviolabilidad del domicilio de los

    particulares, lo que no acontece en el caso.

    68. Por lo tanto, se concluye en la constitucionalidad de los referidos

    preceptos legales, desde la perspectiva en que fueron

    cuestionados, pues contrario a lo referido por la recurrente, no

    todo acto de verificacin debe estar precedido por una orden de

    verificacin, sino slo cuando se trate de una visita domiciliaria, en

    los trminos sealados en el dcimo sexto prrafo del artculo 16

    constitucional, atento al derecho fundamental de inviolabilidad del

    domicilio.

    69. No pasa por alto sealar que lo anterior coincide, en esencia, con

    lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

    de la Nacin en el Amparo Directo En Revisin 4665/2015,fallado el da seis de enero de dos mil diecisis, por mayora de

    cuatro votos de los seores Ministros Eduardo Medina Mora I.,

    Javier Laynez Potisek, Jos Fernando Franco Gonzlez Salas y

    Presidente Alberto Prez Dayn, en contra del voto de la seora

    Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

    70. En dicho precedente, la Segunda Sala mencion, en la parte que

    interesa, lo siguiente:

    Todo lo expuesto permite llegar a la conclusinde que la circunstancia relativa a que el artculo 396

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    Bis de la Ley General de Salud, al no establecer quepreviamente al informe de verificacin se emita unaorden de verificacin obedece en principio a que lamateria a la que se refiere el informe de verificacinest inmerso en un procedimiento diverso a lavisita de verificacin partiendo del contenido delartculo 396 de la misma ley cuya transcripcin seha realizado en los prrafos anteriores.

    Por ello no es menester que previamente al informede verificacin la autoridad sanitaria emita unaorden de verificacin, mxime que en el

    procedimiento que inicia a partir de ese acto,cumple con las formalidades esenciales del

    procedimiento, pues en dicho informe como ya seindic se sealan todos los datos que permitenconocer al particular el da en que se llev a efecto,

    el medio social que se verific, las irregularidadessanitarias que se le atribuyen, la publicidad que seconsidera inadecuada, se le cita para que acuda aformular los argumentos correspondientes y aofrecer pruebas y una vez que se le oye y sedesahogan las probanzas que aport se dicta laresolucin correspondiente.

    Adems debe atenderse a que el legislador tienel ibertad de conf iguracin y en el caso de la

    publi c id ad engaosa tratndose de artcu lo sdest inados a la salud humana con sider que no eranecesar io que previamente al informe dever i f icacin s e emit iera una ord en de v isi ta, y p arael lo cre un pro cedimiento especial sin m enoscabode respetar las formal idades esenciales delprocedimiento, pues como ya se di jo, en elprocedim iento adm inist rat ivo que se or ig ina conmo t ivo del informe de ver i f icacin, se cump le con

    aqullas pu es, se le no ti f ica al go bern ado el in iciodel procedimiento y s us c onsecuencias; se le daopor tun idad de ofrecer y d esahogar las pruebas enque se f inque la defensa, se le da opo rtun idad dealegar; y se dicta la resolucin que dir ima lascuestio nes d ebatidas , la cual adems puedecombatirs e a travs del recu rso de revo cacin tal

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    como lo establece el artcu lo 438 de la L ey Generalde Salud, que es del sigu iente tenor :

    ARTCULO 438.- Contra actos y resoluciones de lasautoridades sanitarias que con motivo de la aplicacin de estaLey den fin a una instancia o resuelvan un expediente, losinteresados podrn interponer el recurso de inconformidad.

    Ahora bien, es verdad que en las rdenes de visitase determina el objeto de stas, lo que provoca lacerteza jurdica del gobernado, sin embargo,aunque es cierto que en el artculo 396 Bis de la LeyGeneral de Salud no se establece la obligacin dedicha orden de visita, lo cual ya se justific nodetermina la irregularidad constitucional del

    precepto en cita, es menester sealar que en stese obliga a la autoridad sanitaria a precisar en el

    informe de verificacin, el medio de comunicacinsocial que se verific, el de la publicidad anmalade ser material escrito o bien su descripcin, encualquier otro caso, y las irregularidades sanitariasdetectadas y las violaciones a esta ley y demsdisposiciones generales aplicables en materia desalud, en que se incurri, adems se establece laobligacin de anexar a dicho informe deverificacin el medio de comunicacin socialverificado sea la prensa u otra publicacin.

    Lo anterior permite al particular conocer lasrazones del inicio del procedimiento administrativo,lo que se homologa al objeto de la visitadomiciliaria, razn por la que se corrobora que elcitado artculo 396 Bis de la Ley General de Salud,est apegado al derecho humano de seguridad

    jurdica contenido en el artculo 16 de la CartaMagna.

    Sirve de apoy o a lo expuest o, po r analoga y en locon ducente, lo resuel to por esta Segunda Sala dela Suprema Corte de Jus t icia de la Nacin en elAm paro en Revisin 567/2007, en s esin de fech adiez de octubre de dos mi l s iete, por unanimidadde cin co vo tos de lo s seores Minis tro s: MarianoAzuela Gitrn, Genaro David Gngora Pimentel,

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    Sergio Salvador Ag uirre Angu iano, JosFernandoFranco Gon zlez Salas y Minis tra Pres iden taMargar i ta Beatr iz Luna Ramos. Fue ponente elseor M in ist ro Genaro Dav id Gng or a Pimentel,que s eala:

    En cambio, si la autoridad sanitaria opta por elaborar elinforme de verificacin, en trminos del artculo 396 bis de la

    Ley en cita, deber: 1) elaborar un informe detallado dondeexprese el lugar, fecha y hora de la verificacin; 2) el medio decomunicacin social que se haya verificado; 3) el texto de la

    publicidad anmala de ser material escrito o bien sudescripcin, en cualquier otro caso, y 4) las irregularidadessanitarias detectadas y las violaciones a la Ley y demsdisposiciones generales aplicables en materia de salud, en quese hubiere incurrido; aclarando que en el supuesto de que elmedio de comunicacin social verificado sea la prensa u otra

    publicacin, el informe de verificacin deber integrarseinvariablemente con una copia de la parte relativa quecontenga la publicidad anmala, donde se aprecie, adems, deltexto o mensaje publicitario, la denominacin del peridico o

    publicacin y su fecha.

    Ahora bien, el hecho de que la autoridad sanitaria, en trminosdel artculo 396 de la Ley General de Salud, opte por elaborar elinforme de verificacin cuando se trate de publicidad de lasactividades, productos y servicios, cumpliendo con los

    requisitos que previene el artculo 396 bis de la Ley en cita, loscuales quedaron precisados en el prrafo anterior, no quieredecir que se viole la garanta de audiencia, ya que tal garantaest protegida en los artculos 432, 433, 434 y 435 de la LeyGeneral de Salud. Estos numerales disponen:

    ARTCULO 432.- (Se transcribe).ARTCULO 433.- (Se transcribe).ARTCULO 434. (Se transcribe).

    ARTCULO 435.- (Se transcribe).Como se aprecia, el artculo 432 de la Ley General de Salud,establece que derivado de las irregularidades sanitarias que sereporten en el acta o informe de verificacin a que se refiere elartculo 396 Bis de esta ley, la autoridad sanitariacompetente citar al interesado personalmente o por correocertificado con acuse de recibo, para que dentro de un plazo

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    no menor de cinco ni mayor de treinta das comparezca amanifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebasque estime procedentes en relacin con los hechos asentadosen el acta o informe de verificacin segn el caso. Tratndosedel informe de verificacin la autoridad sanitaria deberacompaar al citatorio invariablemente copia de aqul.

    Asimismo, el artculo 434 de la Ley General de Salud, dispone

    que Una vez odo al presunto infractor o a su representantelegal y desahogadas las pruebas que ofreciere y fuerenadmitidas, se proceder dentro de los cinco das hbilessiguientes, a dictar, por escrito, la resolucin que proceda, lacual ser notificada en forma personal o por correo certificadocon acuse de recibo al interesado o a su representante legal.

    El artculo 435 de la Ley en cita, tambin establece que Encaso de que el presunto infractor no compareciera dentro del

    plazo fijado por el artculo 432 se proceder a dictar, enrebelda, la resolucin definitiva y a notificarla personalmente opor correo certificado con acuse de recibo.

    Todo lo anterior, demuestra que tratndose de informes deverificacin, la garanta de audiencia de la que se duele laquejosa, s est tutelada en los artculos 432, 433, 434 y 435 dela Ley General de Salud, pues una vez que se le notifica elinforme de verificacin al particular, ste tiene la oportunidad

    para manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer

    pruebas; y transcurrido los plazos correspondientes, laautoridad dicta la resolucin que corresponda.

    Adems, el gobernado, sin perjuicio de lo que dispone elartculo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,aplicable supletoriamente, segn el artculo 2 de la Ley en citaa la Ley General de Salud, conforme a los artculos 438, 439 y440 de la Ley General de Salud, podr interponer el recurso deinconformidad dentro del plazo de quince das hbiles,

    contados a partir del da siguiente a aquel en que se hubierenotificado la resolucin o acto que se recurra. Dicho recursose interpondr ante la unidad administrativa que hubieredictado la resolucin o acto combatido, directamente o porcorreo certificado con acuse de recibo.

    En efecto, los artculos 438, 439 y 440 de la Ley General deSalud, disponen:

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    ARTCULO 438.- (Se transcribe).ARTCULO 439.- (Se transcribe).ARTCULO 440.- (Se transcribe).

    Todo lo anterior permite concluir que los planteamientos de laquejosa son infundados, pues contrariamente a lo que afirma,los artculos 396 y 396 bis de la Ley General de Salud, no

    violan la garanta de audiencia, ya que, si bien es verdad quedichos numerales no establecen el derecho del gobernado dealegar o de hacer las manifestaciones en contra de los actosderivados del informe de verificacin, tambin lo es que talgaranta se tutela en los artculos 432, 433, 434 y 435 de la LeyGeneral de Salud, pues previo al dictado de la resolucinadministrativa, se otorga al particular el derecho de alegar y deofrecer pruebas. Adems, en contra de la resolucinadministrativa definitiva que la autoridad de salud dicte, puede

    interponer el recurso de inconformidad que prevn losartculos 438, 439 y 440 de la Ley General de Salud o, en sucaso, el recurso de revisin a que se refiere el artculo 83 de laLey Federal de Procedimiento Administrativo.

    No es obstculo para arribar a la conclusin anterior, el hechode que los artculos 396 y 396 bis de la Ley General de Saludno establezcan en su texto normativo la garanta de audiencia,ya que la constitucionalidad de los preceptos no se juzgan ointerpretan en forma aislada, sino de manera sistmica, de ah

    que si en los artculos 432, 433, 434 y 435 de la Ley General deSalud, se tutela dicha garanta, debe concluirse que aquellosnumerales son constitucionales porque todos los preceptosforman una unidad normativa.

    71. Tales consideraciones se comparten, en su esencia, en cuanto a

    la constitucionalidad de los preceptos legales cuestionados.

    76. Asimismo, son infundados los argumentos que expresa la

    inconforme, relacionados con la inconstitucionalidad del artculo

    432 de la Ley General de Salud.

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    77. Cabe recordar que la recurrente alega que dicho precepto legal es

    violatorio de los artculos 14 y 16 constitucionales, en cuanto al

    derecho fundamental de seguridad jurdica, ya que no establece el

    tiempo que puede transcurrir entre el momento en que se emite y

    notifica el informe de verificacin de publicidad y el otorgamiento

    del plazo para presentar manifestaciones y pruebas, dejando alarbitrio de la autoridad esa situacin.

    78. El punto a dilucidar entonces, atendiendo a la causa de pedir de la

    recurrente y a las constancias de autos, radica en determinar si el

    artculo 432 de la Ley General de Salud es contrario al derecho

    fundamental de seguridad jurdica previsto en el artculo 14

    constitucional, porque no establece un plazo entre la fecha de

    emisin del informe de verificacin de publicidad, en el que se

    detectan irregularidades, y la citacin al interesado para que

    comparezca al procedimiento a manifestar lo que a su derecho

    convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes, en

    relacin con los hechos asentados en el aludido informe.

    77. En principio, es importante destacar que esta Suprema Corte de

    Justicia de la Nacin ha considerado que un procedimiento es

    constitucional, desde la perspectiva de la garanta de seguridad

    jurdica, si su regulacin normativa establece un mecanismo por

    el que,por un lado, el particular pueda hacer valer sus derechos,

    otorgndole la va necesaria para ello y,por el otro, se impida quela autoridad acte de forma arbitraria, especificando un marco

    claro de las facultades y obligaciones que le corresponde.

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    78. Al efecto, se invoca la siguiente tesis que se comparte, de rubro,

    texto y datos de localizacin siguientes:

    GARANTA DE SEGURIDAD JURDICA. SUSALCANCES. La garanta de seguridad jurdica

    prevista en el artculo 16 de la Constitucin Poltica de

    los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse enel sentido de que la ley ha de sealar de maneraespecial y precisa un procedimiento para regular cadauna de las relaciones que se entablen entre lasautoridades y los particulares, sino que debe contenerlos elementos mnimos para hacer valer el derecho delgobernado y para que, sobre este aspecto, laautoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explicaque existen trmites o relaciones que por susimplicidad o sencillez, no requieren de que la ley

    pormenorice un procedimiento detallado para ejercerel derecho correlativo. Lo anterior corrobora que esinnecesario que en todos los supuestos de la ley sedeba detallar minuciosamente el procedimiento,cuando ste se encuentra definido de manera sencilla

    para evidenciar la forma en que debe hacerse valer elderecho por el particular, as como las facultades yobligaciones que le corresponden a la autoridad.

    79. Asimismo, debe tenerse presente que sobre la interpretacinconforme de las normas generales y el alcance del principio pro

    persona, este Alto Tribunal ha emitido los siguientes criterios:

    PRINCIPIO DE INTERPRETACIN DE LA LEYCONFORME A LA CONSTITUCIN. La aplicacin del

    principio de interpretacin de la ley conforme a laConstitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

    exige del rgano jurisdiccional optar por aquella de laque derive un resultado acorde al Texto Supremo, encaso de que la norma secundaria sea oscura y admitados o ms entendimientos posibles. As, el Juezconstitucional, en el despliegue y ejercicio del control

    judicial de la ley, debe elegir, de ser posible, aquellainterpretacin mediante la cual sea factible preservar la

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    constitucionalidad de la norma impugnada, a fin degarantizar la supremaca constitucional y,simultneamente, permitir una adecuada y constanteaplicacin del orden jurdico.2

    INTERPRETACIN CONFORME. NATURALEZA YALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO

    PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nacin, la supremacanormativa de la Constitucin no se manifiesta slo ensu aptitud de servir como parmetro de validez detodas las dems normas jurdicas, sino tambin en laexigencia de que tales normas, a la hora de seraplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptosconstitucionales; de forma que, en caso de que existanvarias posibilidades de interpretacin de la norma encuestin, se elija aquella que mejor se ajuste a lo

    dispuesto en la Constitucin. En otras palabras, esasupremaca intrnseca no slo opera en el momento dela creacin de las normas inconstitucionales, cuyocontenido ha de ser compatible con la Constitucin enel momento de su aprobacin, sino que se prologan,ahora como parmetro interpretativo, a la fase deaplicacin de esas normas. A su eficacia normativadirecta se aade su eficacia como marco de referenciao criterio dominante en la interpretacin de las

    restantes normas. Este principio de interpretacinconforme de todas las normas del ordenamiento a laConstitucin, reiteradamente utilizado por estaSuprema Corte de Justicia de la Nacin, es unaconsecuencia elemental de la concepcin delordenamiento como una estructura coherente, comouna unidad o contexto. Es importante advertir que estaregla interpretativa opera con carcter previo al juiciode invalidez. Es decir, que antes de considerar a unanorma jurdica como constitucionalmente invlida, es

    necesario agotar todas las posibilidades de encontraren ella un significado que la haga compatible con laConstitucin y que le permita, por tanto, subsistir dentrodel ordenamiento; de manera que slo en el caso deque exista una clara incompatibilidad o una

    2Tesis: 2a./J. 176/2010, Novena poca, Registro: 163300, Segunda Sala, visible en el SemanarioJudicial de la Federacin y su Gaceta Tomo XXXII, Diciembre de 2010, Pgina: 646.

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    contradiccin insalvable entre la norma ordinaria y laConstitucin, procedera declararla inconstitucional. Enesta lgica, el intrprete debe evitar en la medida de lo

    posible ese desenlace e interpretar las normas de talmodo que la contradiccin no se produzca y la norma

    pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre quesea posible, huir del vaco que se produce cuando seniega validez a una norma y, en el caso concreto, de

    ser posibles varias interpretaciones, debe preferirseaquella que salve la aparente contradiccin. Lainterpretacin de las normas conforme a la Constitucinse ha fundamentado tradicionalmente en el principio deconservacin de ley, que se asienta a su vez en el

    principio de seguridad jurdica y en la legitimidaddemocrtica del legislador. En el caso de la ley, fruto dela voluntad de los representantes democrticamenteelegidos, el principio general de conservacin de las

    normas se ve reforzado por una ms intensapresuncin de validez. Los tribunales, en el marco desus competencias, slo pueden declarar lainconstitucionalidad de una ley cuando no resulte

    posible una interpretacin conforme con laConstitucin. En cualquier caso, las normas son vlidasmientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoyen da, el principio de interpretacin conforme de todaslas normas del ordenamiento a la Constitucin, se vereforzado por el principio pro persona, contenido en el

    artculo 1o. de la Constitucin Poltica de los EstadosUnidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar lainterpretacin conforme en aquellos escenarios en loscuales, dicha interpretacin permita la efectividad delos derechos fundamentales de las personas frente alvaco legislativo que puede provocar una declaracinde inconstitucionalidad de la norma.3

    80. De dichos criterios se desprenden las premisas siguientes:

    3Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.), Registro: 2005135, visible en la Gaceta del Semanario Judicial dela Federacin Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pgina: 530. Amparo en revisin 159/2013. 16de octubre de 2013. Ponente: Arturo Zaldvar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos yGonzlez.

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    El principio de interpretacin conforme obliga a los

    juzgadores a adoptar la interpretacin de una norma que sea

    acorde con lo que establece la Constitucin, cuando el contenido

    de la norma sea susceptible de dos o ms interpretaciones.

    La supremaca normativa de la Constitucin se manifiestatambin en la exigencia de que las normas secundarias se

    interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales.

    La interpretacin conforme de todas las normas del

    ordenamiento a la Constitucin, se ve reforzado por el principio pro

    persona, contenido en el artculo 1o. de la Constitucin Poltica de

    los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la

    interpretacin conforme en aquellos escenarios en los cuales,

    dicha interpretacin permita la efectividad de los derechos

    fundamentales.

    81. El artculo 432 de la Ley General de Salud, desde su texto original

    (7 de febrero de 1984) hasta el actual (modificado desde el 14 de

    junio de 1991), ha sido el siguiente:

    Artculo 432. Turnada un acta de inspeccin, lasautoridades sanitarias competentes citarn al interesado

    personalmente o por correo certificado con acuse derecibo, para que dentro de un plazo no menor de cincodas, ni mayor de treinta, comparezca a manifestar lo quea su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime

    procedentes, en relacin con los hechos asentados en elacta de inspeccin.

    (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987)Artculo 432.Derivado de las irregularidades sanitariasque reporte un acta de inspeccin o el informe de

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    verificacin a que se refiere el artculo 396 Bis de estaLey, la autoridad sanitaria competente citar al interesado

    personalmente o por correo certificado con acuse derecibo, para que dentro de un plazo no menor de cinco nimayor de treinta das, comparezca a manifestar lo que asu derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime

    procedentes, en relacin con los hechos asentados en elacta de inspeccin o informe de verificacin, segn el

    caso. Tratndose del informe de verificacin la autoridadsanitaria deber acompaar al citatorio, invariablemente,copia de aqul.

    (REFORMADO, D.O.F. 14 DE JUNIO DE 1991)Artculo 432. Derivado de las irregularidades sanitariasque reporte el acta o informe de verificacin a que serefiere el artculo 396 Bis de esta ley, la autoridadsanitaria competente citar al interesado personalmente o

    por correo certificado con acuse de recibo, para quedentro de un plazo no menor de cinco ni mayor de treintadas comparezca a manifestar lo que a su derechoconvenga y ofrezca las pruebas que estime procedentesen relacin con los hechos asentados en el acta oinforme de verificacin segn el caso. Tratndose delinforme de verificacin la autoridad sanitaria deberacompaar al citatorio invariablemente copia de aquel.

    82. De lo anterior se advierte que, desde su texto original, hasta elactual (cuestionado), el precepto legal tildado de inconstitucional

    ha mantenido la esencia de su contenido, con algunas

    modificaciones. Pero conservando lo relativo a la citacin del

    interesado para que comparezca al procedimiento a defender sus

    derechos.

    83. De conformidad con el contenido de la sentencia recurrida, se

    aprecia que el Tribunal Colegiado parti de la premisa de que el

    referido numeral no estableca plazo alguno entre la emisin del

    informe de verificacin y el acto en el que la autoridad citaba al

    interesado para que compareciera al procedimiento a manifestar

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    lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que

    estimara procedentes.

    84. Sin embargo, sostuvo que ello no dejaba en inseguridad jurdica al

    particular, ya que ante tal circunstancia deba observarse el plazo

    de prescripcin de cinco aos, previsto en el artculo 79 de la LeyFederal de Procedimiento Administrativo, de aplicacin supletoria;

    lo anterior, siguiendo la lnea argumentativa del Amparo Directo

    en Revisin 455/2011, resuelto por esta Primera Sala, del que

    deriv la tesis aislada 1a. CXLIV/2011, de rubro: EQUILIBRIO

    ECOLGICO Y PROTECCIN AL AMBIENTE. EL PLAZO PARA

    QUE LA AUTORIDAD IMPONGA LA SANCIN PREVISTA EN

    EL ARTCULO 167 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, ES EL

    QUE ESTABLECE EL ARTCULO 79 DE LA LEY FEDERAL DE

    PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DE

    APLICACIN SUPLETORIA..

    85. No obstante, contrario a lo referido en los agravios e, incluso, a lo

    resuelto por el Tribunal Colegiado, esta Primera Sala de laSuprema Corte de Justicia de la Nacin considera que el artculo

    432 de la Ley General de Salud, no resulta violatorio del derecho

    fundamental de seguridad jurdica, previsto en el artculo 14

    constitucional, ya que s establece un plazo cierto entre la

    fecha de emisin del informe de verificacin de publicidad, en

    el que se detectan irregularidades, y el momento en que sedebe citar al interesado para que comparezca al

    procedimiento a defender sus derechos.

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    86. El numeral en comento establece que derivado de las

    irregularidades sanitarias que reporte el acta o informe de

    verificacin a que se refiere el artculo 396 Bis de la misma Ley, la

    autoridad sanitaria competente citar al interesado personalmente

    o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de

    un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta das comparezcaa manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas

    que estime procedentes en relacin con los hechos asentados en

    el acta o informe de verificacin, segn el caso.

    87. De acuerdo con ello, una vez que la autoridad tiene conocimiento

    de las irregularidades detectadas en el acta o en el informe de

    verificacin, debe citar al interesado para que dentro de un plazo

    no menor de cinco ni mayor de treinta das comparezca al

    procedimiento a manifestar lo que a su derecho convenga, en

    relacin las irregularidades asentadas. De lo cual se deriva, en

    consecuencia, que dicha citacin debe ocurrir dentro de ese

    plazo, para quea su vez-el gobernado pueda acudir dentro del

    mismo a defender sus derechos.

    88. Y en ese sentido, atendiendo a una interpretacin conforme de la

    norma, se colige que s existe un plazo para que la autoridad cite

    al interesado una vez que tiene conocimiento de las

    irregularidades detectadas, a fin de que ste pueda comparecer

    dentro del mismo a defender sus derechos.

    89. En efecto, si el precepto legal establece que detectadas las

    irregularidades, la autoridad citar al interesado para que dentro

    de un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta das

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    comparezca al procedimiento, debe entenderse, entonces, que la

    autoridad cuenta con ese plazo (mnimo y mximo) para citarlo,

    una vez que tiene conocimiento de las irregularidades, sin que

    puede exceder el mismo.

    90. Pues, de otro modo, es decir, de no citrsele en ese plazo (niantes, ni despus) el interesado no podra acudir al procedimiento

    dentro del mismo, como lo marca la norma. Lo que implica, en

    consecuencia, que dicha citacin tiene como lmite el plazo de

    treinta das, una vez que la autoridad tiene conocimiento de las

    irregularidades asentadas en el acta o en el informe de

    verificacin.

    91. Inclusive, el artculo 435 de la misma Ley establece que en caso

    de que el presunto infractor no comparezca dentro del plazofijado

    por el artculo 432, se proceder a dictar, en rebelda, la

    resolucin definitiva y a notificarla personalmente o por correo

    certificado con acuse de recibo.

    92. Lo cual corrobora, que si dentro de ese plazo debe comparecer el

    interesado al procedimiento, en tal sentido, es necesario que la

    citacin ocurra dentro del mismo, con la anticipacin necesaria

    para que dicha comparecencia no exceda de los treinta das

    posteriores al conocimiento de las irregularidades por parte de la

    autoridad.

    93. En virtud de lo anterior, se considera que en el texto de la norma

    reclamada s se contiene un plazo para que la autoridad cite al

    interesado para que comparezca a manifestar lo que a su derecho

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    convenga y ofrezca las pruebas que estime procedentes en

    relacin con los hechos e irregularidades asentados en el acta o

    informe de verificacin, el cual no puede ser menor de cinco das,

    ni mayor a treinta das, a partir de que tiene conocimiento de las

    irregularidades asentadas en el acta o el informe de verificacin,

    esto es, desde el momento de su emisin.

    94. Ello, precisamente, para que el interesado se encuentre en

    posibilidad de comparecer dentro de ese margen de tiempo a

    ejercer su derecho de defensa, respecto de las irregularidades

    detectadas por la autoridad. Y ser una vez que comparezca, que

    podr manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las

    pruebas que estime procedentes, en relacin con los hechos

    asentados en el acta o informe de verificacin, para que, a la

    postre, conforme lo establece el artculo 434 dela Ley General de

    Salud, una vez que sea odo y desahogadas las pruebas que

    ofreciere y fueren admitidas, se proceda dentro de los cinco das

    hbiles siguientes, a dictar, por escrito, la resolucin que proceda.

    95. Consecuentemente, adoptando una interpretacin normativa que

    resulta acorde con lo que establece la Constitucin Federal y que

    permite la efectividad de los derechos fundamentales de los

    gobernados, se colige que el artculo 432 de la Ley General de

    Salud no resulta violatorio del derecho de seguridad jurdica

    previsto en el artculo 14 de la Constitucin Poltica de los EstadosUnidos Mexicanos, en la medida en que establece un plazo

    para que la autoridad cite al interesado a comparecer al

    procedimiento, el que no puede ser menor de cinco ni mayor

    de treinta das a partir de la emisin del acta o informe de

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    verificacin, en el que se contienen las irregularidades

    asentadas.

    96. Y en ese sentido, no puede seguirse, como se aduce en los

    agravios, incluso, como as lo sostuvo el Tribunal Colegiado, que

    el referido precepto sea omiso en establecer ese plazo y que dejeal arbitrio de la autoridad determinar el momento en que puede

    citar al interesado a comparecer al procedimiento; habida cuenta

    que de dicho numeral se desprende una temporalidad precisa en

    la que debe acontecer esa citacin, para que el interesado acuda

    a defender sus derechos.

    97. Lo anterior, sin perjuicio de que al momento de citarse alinteresado para que comparezca al procedimiento administrativo,

    la autoridad sanitaria le otorgue, a su vez, un plazo no menor de

    cinco ni mayor de treinta das para que est en posibilidad de

    preparar adecuadamente su defensa y ofrezca las pruebas que

    estime pertinentes en relacin con las irregularidades detectadas;

    pues de esa manera debe entenderse la norma cuestionada, enbeneficio del particular, as como atendiendo a los derechos

    fundamentales de seguridad jurdica y defensa adecuada,

    previstas en la Constitucin Federal.

    98. De all, que se tornen infundados los agravios propuestos, en

    cuanto a la inconstitucionalidad del precepto mencionado.

    MAVR/vao***