scjn sistema juridico mexicano

El Sistema JurídicoMexicano

Primera edición: septiembre de 2002Segunda edición: septiembre de 2003Tercera edición: noviembre de 2004Cuarta edición: mayo de 2006D. R. © Suprema Corte de Justicia de la NaciónAv. José María Pino Suárez Núm. 2C.P. 06065, México, D.F.

ISBN 970-712-573-X

Impreso en MéxicoPrinted in Mexico

La edición de esta obra estuvo al cuidado de la Dirección General de la Coordinación de Compilacióny Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Mariano Azuela GüitrónPresidente

Primera SalaMinistro José Ramón Cossío Díaz

Presidente

Ministro José de Jesús Gudiño PelayoMinistra Olga Sánchez Cordero de García Villegas

Ministro Juan N. Silva MezaMinistro Sergio A. Valls Hernández

Segunda SalaMinistra Margarita Beatriz Luna Ramos

Presidenta

Ministro Sergio Salvador Aguirre AnguianoMinistro Juan Díaz Romero

Ministro Genaro David Góngora PimentelMinistro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Comité de Publicaciones y Promoción EducativaMinistro Mariano Azuela Güitrón

Ministra Margarita Beatriz Luna RamosMinistra Olga Sánchez Cordero de García Villegas

Comité EditorialDr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Secretario Ejecutivo Jurídico AdministrativoMtra. Cielito Bolívar Galindo

Directora General de la Coordinación deCompilación y Sistematización de Tesis

Lic. Laura Verónica Camacho SquiviasDirectora General de Difusión

Mtro. César de Jesús Molina SuárezDirector General de Casas de la Cultura Jurídica

y Estudios HistóricosDr. Salvador Cárdenas Gutiérrez

Director de Análisis e Investigación Histórico Documental

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PRESENTACIÓN

La mayoría de los países ha adoptado regímenes constitucionales que reconocen la existenciade tres Poderes y un catálogo de derechos. Estos elementos se traducen en el ejercicio de unesquema competencial propio de cada Poder, integrado por un número de órganos necesariospara el despacho eficaz de diversas tareas. En todo caso, la fuente del desempeño guber-namental radica en el derecho, cuya aplicación ha debido instrumentarse en esas dos grandesvertientes: la división de poderes y las garantías individuales.

La cuarta edición de esta obra describe al sistema jurídico mexicano, incomprensiblesi no se cuenta con datos respecto a las formas de Estado y de gobierno, las garantías indivi-duales y la organización y facultades de los Poderes públicos. Esta publicación trata, desdeuna perspectiva histórica, los pormenores de la organización jurídica de nuestro país. Sinlugar a dudas, el estudio de la evolución constitucional mexicana, así como de los derechospúblicos subjetivos y los límites impuestos a las autoridades de gobierno, facilitará la compren-sión de los derechos de que gozan los ciudadanos. La obra afirma la existencia de mediosprocesales e instancias jurisdiccionales disponibles en la resolución de conflictos derivados deleyes, o bien, respecto de actos de autoridad que vulneren los derechos individuales.

Revisado y actualizado, El sistema jurídico mexicano se mantiene como una publicacióncapital dentro del acervo editorial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo esfuerzodestinado a promover la cultura jurídica se mantiene como una de sus prioridades.

Comité de Publicaciones y Promoción Educativade la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ministro Mariano Azuela GüitrónMinistra Margarita Beatriz Luna Ramos

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas


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A. Antecedenteshistóricos

En 1810 inició la lucha por la independen-cia de México. Sin embargo, el primer regis-tro legal donde se establecieron los idealesdel naciente Estado se remonta a octubre de1814, al publicarse el Decreto Constitu-cional para la Libertad de la AméricaMexicana, elaborado, entre otros, por JoséMaría Morelos. A través de esta disposiciónse pretendió dar sustento constitucional almovimiento independentista; sin embargo,nunca tuvo vigencia.

El 4 de octubre de 1824 se promulgó laConstitución Federal de los Estados Uni-dos Mexicanos, mediante la cual se establecióuna República representativa, popular y fede-ral –dividida en Estados libres y soberanos–,además de que se instauró la división depoderes y el Congreso con dos Cámaras: lade Diputados y la de Senadores.

En sus inicios, la nación mexicana se regíapor algunas leyes creadas en la época colonial,que fueron gradualmente sustituidas por leyesnacionales.

Durante las dos décadas siguientes, losconstantes desórdenes, el lento desarrolloeconómico y los intentos de reforma liberal,motivaron que el Congreso expidiera las SieteLeyes Constitucionales de 1835 y 1836 quepusieron fin al sistema federal y establecieronel centralismo, donde los Estados se transfor-maron en Departamentos subordinados algobierno central. Cabe señalar que en estaConstitución se mencionan los derechos“de los mexicanos y habitantes de la Repú-

blica”, precedentes de nuestras actualesgarantías individuales.

En junio de 1843 se publicaron las Basesde Organización Política de la RepúblicaMexicana, en las que se ratificó el centra-lismo; sin embargo, cuatro años más tarde, en1847, se regresó al sistema federal mediantela restitución de la vigencia de la Constituciónde 1824, aunque con una serie de reformas.

En 1856 fue promulgado el EstatutoOrgánico Provisional de la RepúblicaMexicana, que sirvió de base para que unnuevo Constituyente expidiera la Constitu-ción Política de la República Mexicanaen 1857.

De esta forma se estableció un gobiernoliberal; sin embargo, a raíz de la publicaciónde las Leyes de Reforma –donde se dispuso,entre otras cosas, la separación entre la Iglesiay el Estado, la expropiación y secularizaciónde los bienes de la Iglesia y la creación delRegistro Civil–, los conservadores apoya-ron la intervención francesa y la implan-tación de la monarquía. El presidente BenitoJuárez García se vio obligado a trasladar elgobierno al norte del país hasta 1867, añoen que, después de una larga y desgastantelucha, se restableció la República.

Posteriormente, durante el gobierno dePorfirio Díaz se incrementaron la pobreza yla explotación de muchos nacionales. Éstosy otros factores provocaron que el 20 denoviembre de 1910 Francisco I. Maderoproclamara el Plan de San Luis, bajo el prin-cipio de “sufragio efectivo, no reelección”y, con el llamado al pueblo de México aalzarse en armas, comenzara la RevoluciónMexicana.

Aún sin concluir la lucha armada, el 5 defebrero de 1917 fue promulgada la actualConstitución Política de los Estados Uni-dos Mexicanos por el Congreso Constitu-yente convocado por Venustiano Carranza.Dicho ordenamiento constituye nuestra LeySuprema y da fundamento a las leyes vigentesen nuestro país.

EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

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Los hechos narrados forjaron los cimien-tos del actual sistema jurídico mexicano.

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B. Fuentes formales del derecho

Son el origen del derecho, es decir, de dondenace. Tradicionalmente, las fuentes delderecho se clasifican en reales, históricas yformales. Dentro de las fuentes formales, queson “los procesos de creación de normas jurí-

dicas”,1 el derecho mexicano contempla a lalegislación, la jurisprudencia y la costumbre.También encontramos como fuentes a lasnormas individualizadas y a los principiosgenerales del derecho.

I. LegislaciónLa ley constituye en México la más impor-tante fuente formal del derecho. En el ámbitofederal, el proceso legislativo está previsto enlos artículos 71 y 72 constitucionales y constade seis etapas, que son: iniciativa, discusión,aprobación, sanción, publicación e iniciode vigencia. Es importante señalar que exis-ten procesos similares en cada una de las enti-dades federativas.

II. JurisprudenciaEs un conjunto de principios establecidos enlas resoluciones de determinados tribunales,al interpretar las leyes o al definir los casos

1 Vid. TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, voz “fuentes delderecho”, en Diccionario jurídico mexicano, t. II, Instituto de Inves-tigaciones Jurídicas, México, Editorial Porrúa/UNAM, 1995, pp.1478-1480.


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no previstos en ellas.2 Los Jueces y los tri-bunales están obligados a resolver, de una uotra forma, los asuntos sometidos a su cono-cimiento, pero a veces es preciso averiguarel sentido que el legislador le quiso dar.

De esta manera, en el ámbito federal, elPoder Judicial de la Federación crea juris-prudencia a través del Pleno de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, de sus Salas,de los Tribunales Colegiados de Circuito, dela Sala Superior del Tribunal Electoral y de lasSalas Regionales de éste.

Existen otros tribunales que tambiénpueden emitir jurisprudencia en sus respecti-vos ámbitos de competencia; por ejemplo, elTribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-nistrativa, el Tribunal Superior Agrario, laJunta Federal de Conciliación y Arbitraje ylos Tribunales Superiores de Justicia de algu-nas entidades federativas.

III. La costumbreEs el procedimiento consuetudinario de crea-ción del Derecho. Se trata de normas jurídi-cas no escritas, impuestas por el uso, es decir,a través de la reiteración constante de unaconducta de los hombres. La legislaciónmexicana, en algunos casos, admite la cos-tumbre a falta de ley u otra disposiciónexpresa, ya que contra la observancia de laley no puede alegarse desuso, costumbre opráctica en contrario.

La costumbre está prevista en algunosordenamientos, tales como: el Código deComercio, diversos Códigos Civiles, la LeyGeneral de Títulos y Operaciones de Créditoy la Ley Federal del Trabajo.

IV. Normas individualizadasSe crean para aplicarse en forma individual auna persona o grupo de personas claramentedefinido. Entre ellas podemos mencionarlas sentencias judiciales, los contratos, lasresoluciones administrativas y los testamen-

tos. Pueden ser creadas inclusive por particu-lares como por ejemplo los contratos; sinembargo, en este caso sólo obligan a quienesexpresamente los aceptan.

V. Los principios generales delderecho

Son verdades jurídicas notorias, indiscutibles,de carácter general, creadas mediante proce-dimientos jurídico-filosóficos de generaliza-ción.3 Constituyen una fuente supletoria de laley, que permite a los juzgadores resolverlas controversias frente a las lagunas u omi-siones de ésta. Algunas veces es obligatoriorecurrir a ellos, según se advierte del conte-nido del último párrafo del artículo 14 consti-tucional, que dice: “En los juicios del ordencivil, la sentencia definitiva deberá ser con-forme a la letra, o a la interpretación jurídicade la ley, y a falta de ésta se fundará en losprincipios generales del derecho”.

En México no existe un listado expresode principios generales del derecho, porquesu número varía constantemente debido alperfeccionamiento de que son objeto. Así,queda a criterio del juzgador determinarloso deducirlos, siempre y cuando no desarmo-nicen o estén en contradicción con el con-junto de normas legales cuyas lagunas uomisiones han de llenarse con la aplicaciónde dichos principios.

3 Cfr. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, TerceraSala, t. LV, p. 2642; CD-ROM IUS: 357113.

2 Vid. GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio delderecho, México, Editorial Porrúa, 1996, p. 68


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C. Clasificación del sistemanormativo

Cada una de las normas jurídicas, cimientosde todo orden legal, tiene características quela hacen ser diferente. Con la finalidad de sis-tematizarlas y hacer más evidentes sus alcan-ces, se clasifican, entre otras formas, en aten-ción a su jerarquía y a sus ámbitos material yespacial de validez.

I. JerarquíaLas normas jurídicas no tienen forzosamenteel mismo rango ni categoría; algunas son

superiores y otras inferiores, es decir, existeentre ellas un orden jerárquico. Esto per-mite determinar cuál es la norma que resultaaplicable en caso de contradicción. Además,existe la necesidad de que unas se apoyen enotras; toda norma jurídica se considera váliday obligatoria porque se encuentra apoyada enotra superior, y esta otra, a su vez, porquese encuentra sustentada en otra norma de máselevada categoría, hasta llegar a la Constitu-ción Federal.

Así, en México, el nivel máximo superiores ocupado por la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos. Los trata-dos internacionales se encuentran en segundoplano inmediatamente debajo de ella y, entercer lugar, se encuentran el derecho federaly el local, con igual jerarquía.4

II. Ámbito material de validezEl ámbito material de validez de las normasjurídicas –o ramas del derecho– identifica lamateria que pretenden regular, es decir, lasnormas jurídicas no se aplican indistinta-

4 Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Pleno, t. X, noviembre de 1999, tesis P. LXXVII/99, p. 46; CD-ROMIUS: 192867.


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mente; cada una rige en determinada área delderecho y tiene características particulares.

Tradicionalmente se conocen como ramasdel derecho público las materias constitucio-nal, internacional pública, administrativa,procesal, electoral y penal. En el derecho pri-vado tenemos a las materias civil, mercantil einternacional privada, las que a su vez puedenadmitir múltiples divisiones.

Existen otras ramas del derecho, como laagraria, la económica, de seguridad social, deltrabajo y de asistencia social que, por susvínculos proteccionistas, aspiran a la supre-macía del interés común sobre los individua-les y conforman el derecho social. Además,debido a las transformaciones sociales yculturales han surgido nuevas disciplinas, talescomo el derecho informático.

III. Ámbito espacial de validezEl ámbito espacial de validez de las normasse determina por el territorio donde éstas sonaplicables. La República Mexicana está com-puesta de Estados libres y soberanos en

cuanto a su régimen interior, pero unidosen una Federación. Además, forma parte deella el Distrito Federal, que es la sede de losPoderes de la Unión y capital de los Esta-dos Unidos Mexicanos. Por su parte, losEstados tienen como base de su divisiónterritorial, organización política y administra-tiva, al Municipio libre.

De esta manera, el orden federal com-prende las leyes que son obligatorias en todala República. El orden local abarca las leyesque sólo obligan dentro de la entidad federa-tiva –Estados o Distrito Federal– en que seexpidieron. Finalmente, las disposicionesde carácter municipal sólo son aplicables enel Municipio donde fueron creadas.


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D. Las garantíasindividuales

Son los derechos públicos subjetivos queotorga la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos a los individuos y queel Estado debe reconocer y respetar.

Las garantías otorgadas por la CartaMagna suelen clasificarse, desde el punto devista doctrinal, en individuales y sociales.A su vez, las garantías individuales puedendividirse en garantías de igualdad, de libertady de seguridad jurídica. Así, tenemos:

(1) Garantías de igualdad. Tienen porobjeto evitar privilegios y otorgan a todos losindividuos los mismos derechos. Están conte-nidas fundamentalmente en los artículos 1o.,2o., apartado B, 4o., 5o., primer párrafo, 12,13 y 31, fracción IV; en los que se señalanel alcance de la protección de las garantías,los derechos indígenas, la igualdad del varóny la mujer ante la ley, el libre ejercicio de cual-quier profesión, comercio e industria a todaslas personas, siempre que no sean contrariosa la ley, la omisión de títulos de nobleza, laprohibición de leyes o tribunales especiales yla equidad en el pago de los impuestos.

(2) Garantías de libertad. Permiten laautodeterminación de las personas, situaciónque el Estado debe respetar. Las encontramosprincipalmente en los artículos 1o., segundopárrafo; 2o., apartado A, 3o., 4o., segun-do párrafo, 5o., 6o., 7o., 9o., 10, 11, 15, 24 y 28,que individualmente aluden, en lo fundamen-tal, a la prohibición de la esclavitud, a lalibertad de procreación, a la libertad de edu-cación, a la libertad de trabajo, a la libertad depensamiento, a la libertad de imprenta, a la

libertad de asociación, a la posesión y porta-ción de armas en el domicilio, a la libertadde tránsito, a la prohibición de extraditarreos políticos, a la libertad de culto y a lalibertad de concurrencia en el mercado,respectivamente.

(3) Garantías de seguridad jurídica.Se refieren a determinados procedimientosa los que debe apegarse el poder público,cuando con sus actos pretenda afectar a losgobernados. Están consagradas en los artícu-los 8o., 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23que, respectivamente, se refieren al derechode petición, a la irretroactividad de la ley, laprivación de derechos sólo mediante juicio yla prohibición de aplicar la analogía en juiciospenales; el principio de legalidad y la invio-labilidad del domicilio; la expedita y eficazadministración de justicia; los requisitos parala prisión preventiva; los requisitos para ladetención ante autoridad judicial; las garan-tías del inculpado, la víctima o el ofendidoen un proceso penal; la imposición de penassólo por vía del Poder Judicial y la persecu-ción de los delitos por el Ministerio Público;la prohibición de tratamientos inhumanosy la de que alguien sea juzgado dos veces porel mismo delito.

(4) Garantías sociales. Establecen dere-chos y prerrogativas de los grupos humanoso de la nación en su conjunto, conforme acriterios de justicia y bienestar colectivos.5

Las encontramos fundamentalmente en losartículos 3o., 4o., párrafos tercero y quinto,21, párrafos quinto y sexto, 27 y 123 que, demanera particular tratan, respectivamente,sobre el derecho a la educación, a la salud ya la vivienda; el disfrute de la seguridadpública; el régimen de propiedad de tierras yaguas, derechos agrarios, ejidales y comu-nales; y, los principios del régimen laboral.

(5) Garantías en materia económica.También son de contenido social porqueimponen al Estado deberes en beneficio detoda la población. Están reunidas en los

5 VALADÉS, Diego, voz “garantías sociales”, Diccionario jurídico…,op. cit., t. II, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 1523-1525.


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artículos 25, 26 y 28, los cuales mencionan,cada uno por su parte, que corresponde alEstado la rectoría económica; que es obliga-ción también del Estado la creación de unsistema de planeación del desarrollo nacional;la prohibición de monopolios –explotaciónprivilegiada de un artículo o servicio–, el esta-blecimiento de facultades económicas exclu-sivas del Estado, la prohibición de liberar delpago de impuestos y del acaparamiento deproductos.

Es importante señalar que, según el artícu-lo 29 de la Constitución Federal, con la par-ticipación de los Poderes Ejecutivo y Legis-lativo, en casos de invasión, perturbacióngrave de la paz pública o cualquier otro factorque ponga a la sociedad en grave peligro, esposible suspender temporalmente las garan-tías en todo el país o en lugar determinado,para hacer frente a la situación.

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E. Estructura delgobierno

I. La división de poderesLa Constitución Federal establece, en suartículo 49, que el Supremo Poder de la Fede-ración se divide para su ejercicio en los PoderesLegislativo, Ejecutivo y Judicial. Existen dis-posiciones equivalentes para los Estados.

En el caso del Distrito Federal, su gobier-no es ejercido en forma conjunta, tanto porlos Poderes Federales, como por los denomi-nados Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judi-cial de carácter local, de conformidad con la

distribución de competencias que la Consti-tución establece.

II. Poder LegislativoEn el ámbito federal se ejerce por el Con-greso de la Unión, el cual se encuentracompuesto por las Cámaras de Diputados ySenadores. Su función principal es legis-lar sobre las materias exclusivas que la CartaSuprema señala en el artículo 73, cuandofunciona integrado por ambas Cámaras; enel 74, cuando sólo actúa la Cámara de Dipu-tados; o en el 76, cuando se trata de la deSenadores.

La Cámara de Diputados se integra por500 diputados, de los cuales 300 son elegidospor el principio de votación mayoritaria rela-tiva –es decir, los que obtengan mayor númerode votos en las elecciones– y 200 medianteel principio de representación proporcio-nal –asignados según el número de votos queobtenga cada partido–. Duran en su encargotres años. Por su parte, la Cámara de Senado-res se integra por 128 senadores, de los cuales64 son elegidos por el principio de votaciónmayoritaria y 32 son asignados a la primeraminoría, en cada entidad federativa. Losrestantes 32 son elegidos por el principiode representación proporcional. Duran en suencargo seis años.

Las Cámaras funcionan durante dos perio-dos de sesiones al año. En los periodos inter-medios, denominados de receso, funcionaun órgano que se denomina Comisión Per-manente, integrado por 19 diputados y 18senadores.

En el ámbito Estatal, el Poder Legislativose ejerce por las Cámaras de Diputados loca-les, las que pueden expedir todo tipo de leyes,excepto en los casos que la ConstituciónFederal lo prohíbe expresamente. En el casodel Distrito Federal, la facultad legislativa escompartida entre el Congreso de la Unióny la Asamblea Legislativa del propio Dis-trito Federal, de conformidad con la distri-bución de competencias establecida en laConstitución.


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III. Poder EjecutivoSegún el artículo 80 de la Constitución, en elterreno federal, este poder se deposita en unsolo individuo denominado Presidente de losEstados Unidos Mexicanos, quien es elegidopor votación popular, libre, directa y secreta,para un encargo de seis años, sin posibilidadde reelección. De acuerdo con el artículo89 de la Constitución Federal, algunas de susatribuciones son:

(1) promulgar y ejecutar las leyes que expidael Congreso de la Unión, así como proveeren la esfera administrativa a su exacta obser-vancia –facultad reglamentaria–;

(2) nombrar a diversos funcionarios de laadministración pública federal;

(3) dirigir la política exterior;(4) conducir la administración pública

federal, y(5) promover ante el Congreso iniciativas

de leyes o decretos.En el ámbito local, según el artículo 116

constitucional, este poder lo ejercen losgobernadores de los Estados, mientras queen el caso del Distrito Federal, de acuerdo alartículo 122 del mismo ordenamiento, algunasfacultades corresponden al Presidente de losEstados Unidos Mexicanos y otras al Jefede Gobierno del Distrito Federal. Tanto losgobernadores como el Jefe de Gobierno duranen sus encargos seis años.

IV. Poder JudicialDe acuerdo con el artículo 94 de la Consti-tución Federal, el ejercicio del Poder Judicial

de la Federación se deposita en una SupremaCorte de Justicia de la Nación, un TribunalElectoral, Tribunales Colegiados y Unitariosde Circuito y Juzgados de Distrito. La admi-nistración, vigilancia y disciplina de estepoder, con excepción de la Suprema Corte ydel Tribunal Electoral, corresponden alConsejo de la Judicatura Federal.

Existen otros órganos encargados de laadministración de justicia que no formanparte del Poder Judicial, tales como el Tribu-nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativay el Tribunal Superior Agrario.

En los Estados, el Poder Judicial seencuentra organizado según lo que estable-cen sus respectivas Constituciones. General-mente se integra por un Tribunal Superiorde Justicia –o Supremo Tribunal de Justicia–,Juzgados de Primera Instancia y Juzgados dePaz, llamados también menores, municipaleso de cuantía menor y, en algunos casos, porun Consejo de la Judicatura. En algunosEstados los tribunales en materia electoral,administrativa, laboral –de los trabajadores delEstado y Municipios–, o de menores, formanparte del Poder Judicial, mientras que, enotros, funcionan de manera independiente.

En el Distrito Federal el Poder Judicial estáorganizado de conformidad con el artículo122, apartado C, base cuarta de la Constitu-ción Federal. Se integra por un TribunalSuperior de Justicia, Juzgados de PrimeraInstancia, Juzgados de Paz y un Consejo dela Judicatura.


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F. Sistema deadministración dejusticia

I. Justicia Federal1. Poder Judicial de la Federación

a) Juzgados de DistritoSon los órganos jurisdiccionales de primerainstancia del Poder Judicial de la Federación.Están a cargo de un Juez de Distrito. Lescorresponde resolver:

(1) juicios relacionados con la aplicaciónde leyes federales en las materias civil, penaly administrativa, o de tratados internacio-nales, y

(2) juicios de amparo indirecto en lasmaterias civil, penal, administrativa y laboral.Algunos de estos órganos están especializadossólo en una materia –penal, administrativa,civil o laboral–, mientras que otros conocende dos o más materias.

b) Tribunales Unitarios de CircuitoEstán a cargo de un solo Magistrado. Cono-cen de las materias civil, penal o adminis-trativa y tienen encomendado resolver,fundamentalmente:

(1) los juicios de amparo promovidoscontra actos de otros Tribunales Unitarios deCircuito, que no sean sentencias definitivas;

(2) apelaciones de juicios –excepto el deamparo, en el que debe promoverse la revi-sión ante Tribunales Colegiados– que se

hayan tramitado en primera instancia antelos Juzgados de Distrito;

(3) el recurso de denegada apelación–cuando un Juez de Distrito niega el trámitede una apelación–, y

(4) los conflictos de competencias entreJueces de Distrito y la calificación de impe-dimentos y excusas, excepto en lo relativo alos juicios de amparo.

c) Tribunales Colegiados de CircuitoSe integran por tres Magistrados y, entre otrosasuntos, resuelven:

(1) los juicios de amparo directo contrasentencias definitivas, laudos o resolucionesque pongan fin al juicio, en las materias civil,penal, laboral o administrativa, ya sea quela violación se cometa en ellas o durante elprocedimiento;

(2) los recursos que procedan contra autoso resoluciones que pronuncien los Jueces deDistrito, los Tribunales Unitarios o el superiordel tribunal responsable, cuando, entreotros casos, desechen una demanda deamparo o concedan o nieguen la suspensióndefinitiva;

(3) los recursos de revisión contra senten-cias pronunciadas en la audiencia cons-titucional por los Jueces de Distrito, Tri-bunales Unitarios o el superior del tribunalresponsable;

(4) los recursos de revisión contra resolu-ciones definitivas de los tribunales de locontencioso administrativo federales y delDistrito Federal;

(5) los conflictos de competencia entreJueces de Distrito o Tribunales Unitarios deCircuito en materia de juicios de amparo, y

(6) los asuntos delegados por el Pleno y lasSalas de la Suprema Corte.

d) Tribunal Electoral del Poder Judi-cial de la FederaciónEs un órgano especializado que se encargade resolver cualquier impugnación o contro-versia que se presente contra los actos o lasresoluciones de las autoridades electorales,


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así como en los procesos electorales federa-les o locales, en última instancia, excepto lasque se promuevan como acciones de incons-titucionalidad, por ser éstas competenciaexclusiva de la Suprema Corte de Justicia dela Nación. Se integra por siete Magistradosde la Sala Superior y por tres Magistrados encada una de las cinco Salas Regionales conque cuenta.

e) Suprema Corte de Justicia de laNaciónEs el Máximo Tribunal del país. Se integrapor once Ministros, de los cuales uno es su

presidente. La Suprema Corte puede funcio-nar en Pleno, es decir, cuando se reúnen todoslos Ministros (once) o al menos siete deellos; o dividida en dos Salas, las que se compo-nen de cinco Ministros, aunque se requierede un mínimo de cuatro de ellos para sesio-nar. El Presidente de la Suprema Corte deJusticia no forma parte de las Salas.

El Pleno puede conocer, entre otros, delos siguientes asuntos:

(1) controversias constitucionales y accio-nes de inconstitucionalidad;

(2) recursos de revisión contra sentenciaspronunciadas en la audiencia constitucional


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por los Jueces de Distrito o los TribunalesUnitarios de Circuito, entre otros casos,cuando subsista en el recurso el problema deconstitucionalidad de normas generales;

(3) casos en que las autoridades responsa-bles traten de eludir el cumplimiento de unasentencia de autoridad federal, y

(4) denuncias de contradicción de tesissustentadas por las Salas de la Suprema Corte,por los Tribunales Colegiados de Circuitoo por el Tribunal Electoral.

El Pleno puede resolver directamentelos asuntos o expedir acuerdos para remitirlosa las Salas y a los Tribunales Colegiados deCircuito, para lograr mayor prontitud en sudespacho.

En cuanto a las Salas, la Primera conocede las materias civil y penal, mientras quela Segunda se encarga de la administrativay la laboral. Los asuntos que resuelven lasSalas son, entre otros:

(1) recursos de apelación contra sentenciasdictadas en asuntos ordinarios en que la Fede-ración sea parte;

(2) en algunos casos, recursos de revisiónen amparo contra sentencias pronunciadas enla audiencia constitucional por los Juecesde Distrito o Tribunales Unitarios;

(3) en algunos supuestos, recursos de revi-sión contra sentencias que en amparo directopronuncien los Tribunales Colegiados;

(4) denuncias de contradicción de tesis quesustenten dos o más Tribunales Colegiadosde Circuito, y

(5) asuntos delegados por el Pleno de laSuprema Corte para una mejor imparticiónde justicia o por existir ya jurisprudencia alrespecto, o porque no entrañan la fijación deun criterio importante y trascendente.

f) Consejo de la Judicatura FederalEs el órgano con independencia técnica, degestión y para emitir sus resoluciones, encar-gado de la administración, vigilancia, disci-plina y carrera judicial del Poder Judicialde la Federación, excepto en lo relativo a laSuprema Corte de Justicia de la Nación yal Tribunal Electoral. Se integra por siete

Consejeros; uno de ellos es el Presidente de laSuprema Corte de Justicia, quien tambiénlo es del Consejo. Funciona en Pleno, en comi-siones y a través de los siguientes órganosauxiliares: el Instituto de la Judicatura Federal,la Visitaduría Judicial, la Contraloría delPoder Judicial de la Federación, el InstitutoFederal de Defensoría Pública y el Insti-tuto Federal de Especialistas de ConcursosMercantiles.

i) Instituto de la Judicatura FederalEs el encargado de la formación, capacitacióny actualización de los miembros del PoderJudicial de la Federación y de quienes aspirena pertenecer a éste. Además, tiene la enco-mienda de realizar los trabajos de investiga-ción necesarios para el desarrollo y mejo-ramiento de la justicia federal.

ii) Visitaduría JudicialTiene a su cargo inspeccionar el funcio-namiento de los Tribunales de Circuito –Cole-giados y Unitarios–, de los Juzgados deDistrito y de las oficinas de correspondenciacomún a éstos, así como supervisar la con-ducta de las personas que los integran.

iii) Contraloría del Poder Judicial de laFederaciónTiene a su cargo las facultades de control yla inspección del cumplimiento de las normasde funcionamiento administrativo que rijana los órganos, servidores públicos y empleadosdel Poder Judicial de la Federación, exceptoaquellas que correspondan a la Suprema Cortede Justicia de la Nación.

iv) Instituto Federal de Especialistas deConcursos MercantilesEl concurso mercantil es un procedimientojurisdiccional al que se somete un comer-ciante cuando incumple generalizadamenteen el pago de sus obligaciones.

Durante el procedimiento intervienen losdenominados especialistas de concursos mer-cantiles, quienes se clasifican en visitadores,conciliadores y síndicos, los que auxilian a los


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Jueces en las materias administrativa, finan-ciera, jurídica o contable.

Para asegurar que dichos especialistascumplan con los requisitos necesarios parallevar a cabo su tarea con competencia yhonestidad, así como la transparencia ensu designación, se creó el Instituto Federalde Especialistas de Concursos Mercantiles–IFECOM–, que es un órgano auxiliar delConsejo de la Judicatura Federal, quecuenta con autonomía técnica y operativa, yentre cuyas funciones principales se encuen-tran las de administrar el registro de espe-cialistas de concursos mercantiles, así comodifundir la cultura concursal.

v) Instituto Federal de Defensoría PúblicaEs un órgano auxiliar del Consejo de la Judi-catura Federal que está encargado de la pres-tación de los servicios de defensa penal yasesoría jurídica administrativa, fiscal y civilen forma gratuita, bajo los principios de pro-bidad, honradez y profesionalismo, a lapoblación que carece de medios para pagarun abogado. De esta forma, su objetivo esgarantizar el acceso a la justicia federal a losmás necesitados.

2. Otros órganos federales deadministración de justicia

a) Tribunal Federal de Justicia Fiscaly AdministrativaEs un tribunal administrativo, adscrito alPoder Ejecutivo Federal, dotado de plenaautonomía para dictar sus fallos. Se integrapor una Sala Superior y por Salas Regionalesdistribuidas en el país. Tiene a su cargo resol-ver, fundamentalmente, los juicios que sepromuevan:

(1) contra las resoluciones definitivas enmateria fiscal, dictadas por autoridades fisca-les y organismos fiscales autónomos;

(2) sobre la interpretación y cumplimientode contratos de obras públicas;

(3) sobre la responsabilidad de servidorespúblicos; y,

(4) contra las resoluciones dictadas por lasautoridades administrativas, en los térmi-nos de la Ley Federal de ProcedimientoAdministrativo.

b) Junta Federal de Conciliación yArbitrajeEs un tribunal con plena jurisdicción, decomposición tripartita, integrado por igualnúmero de representantes de trabajadores ypatrones y uno del gobierno, que tiene a sucargo resolver los conflictos laborales quese susciten entre trabajadores y patrones, sóloentre trabajadores o únicamente entre patro-nes, derivados de relaciones de trabajo o dehechos íntimamente relacionados con ellas,en las ramas productivas establecidas comode competencia federal, por el artículo 123constitucional.

c) Tribunal Federal de Conciliación yArbitrajeEs un Tribunal encargado de resolver con-flictos laborales entre los Poderes de la Fede-ración o el gobierno del Distrito Federal y susrespectivos trabajadores, con algunas excep-ciones, de las que sobresalen los conflictosentre:

(1) la Suprema Corte y sus empleados, queresuelve esta última; y,

(2) los Tribunales de Circuito y Juzgadosde Distrito y sus servidores, que dirime elConsejo de la Judicatura Federal.

Además, otorga registro a sindicatos einscribe condiciones generales de trabajo,reglamentos de escalafón, estatutos de sindi-catos y reglamentos de las comisiones mixtasde seguridad e higiene.

Se integra por representantes de los traba-jadores y del Gobierno Federal

d) Tribunal Superior Agrario y Tribu-nales Unitarios AgrariosSon órganos federales dotados de plena juris-dicción y autonomía para dictar sus fallos, alos que corresponde la administración de jus-ticia agraria en todo el territorio nacional.


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El Tribunal Superior Agrario se integra porcinco Magistrados numerarios y un super-numerario. Es competente para conocer, entreotros asuntos, de:

(1) recursos de revisión contra senten-cias dictadas por los Tribunales UnitariosAgrarios, y

(2) conflictos de competencia entre Tribu-nales Unitarios Agrarios.

Además, establece jurisprudencia obligato-ria para los Tribunales Unitarios Agrarios.

Por su parte, los Tribunales Unitarios Agra-rios están a cargo de un Magistrado nume-rario; se encuentran distribuidos en elterritorio nacional y resuelven, entre otrosasuntos:

(1) conflictos sobre límites, tenencia, suce-sión, restitución y explotación de tierras,bosques y aguas;

(2) juicios de nulidad contra resolucionesdictadas por las autoridades agrarias;

(3) conflictos por omisiones de la Procura-duría Agraria que ocasionen perjuicio a posee-dores de tierras, con el fin de subsanarlas, y

(4) de negocios de jurisdicción voluntariaen materia agraria.

e) Supremo Tribunal Militar, Consejosde Guerra y Jueces MilitaresSon órganos que tienen a su cargo sancionarlos delitos y faltas contra la disciplina mili-tar que contempla el Código de JusticiaMilitar. El Supremo Tribunal Militar se com-pone de cinco Magistrados y resuelve, entreotros asuntos, de:

(1) los recursos de su competencia;(2) las excusas y competencias de jurisdic-

ción de Jueces Militares;(3) la retención y libertad preparatoria de

reos, solicitudes de indulto y del trámite de soli-citudes de reducción de penas; y,

(4) reclamaciones contra correccionesimpuestas por Jueces y Consejos de Guerra.

Los Consejos de Guerra pueden ser ordi-narios o extraordinarios. Tienen a su cargoel conocimiento de todos los delitos contra ladisciplina militar, cuya atención no corres-ponda a los Jueces Militares.

Por su parte, los Jueces Militares estánfacultados para:

(1) instruir juicios de competencia de Con-sejos de Guerra, así como los de su propiacompetencia;

(2) juzgar delitos cuya pena sea de suspen-sión o multa o no exceda de un año de prisióncomo término medio;

(3) solicitar remociones, y(4) avisar al Supremo Tribunal Militar sobre

irregularidades que adviertan en los procesos.

f) Consejo de MenoresEs un órgano administrativo de la Secretaríade Seguridad Pública, que cuenta con auto-nomía técnica y tiene a su cargo la aplicaciónde las disposiciones de la Ley para el Tra-tamiento de Menores Infractores para el Dis-trito Federal en Materia Común y para toda laRepública en Materia Federal. De esta forma,conoce de los delitos cometidos por personasmayores de 11 y menores de 18 años, pre-vistos en las leyes penales federales y delDistrito Federal.

II. Justicia local1. Poderes Judiciales locales

a) Juzgados de Paz, menores, munici-pales o de cuantía menorSon órganos jurisdiccionales que formanparte de los Poderes Judiciales locales. Sustitulares reciben el nombre de Jueces. Su com-petencia y denominación varían de unaentidad federativa a otra. En general resuel-ven asuntos en materia civil y mercantil cuyomonto no sea superior a determinada canti-dad, y en materia penal sancionan delitos queno se castiguen con prisión, o donde ésta noexceda de cierto límite.

b) Juzgados de Primera InstanciaSon órganos locales que también formanparte de los Poderes Judiciales de las enti-dades federativas; se encuentran a cargo deun Juez y resuelven en primera instancia asun-tos que por su materia o cuantía están fuerade la competencia de los Juzgados de Paz o


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sus equivalentes. Pueden conocer de asuntosen materia civil, mercantil, penal, de arren-damiento inmobiliario, familiar, etcétera.

c) Tribunales Superiores de JusticiaTambién conocidos como Supremos Tribu-nales de Justicia, son el máximo órgano dejusticia con que cuentan los Estados y elDistrito Federal. Se integran por Magistrados;funcionan en Pleno o en Salas que a veces seespecializan por materias. Se acude a ellos,entre otras cosas, para impugnar decisio-nes de los juzgados inferiores, mediante eltrámite de algún recurso, como por ejemploel de apelación.

d) Consejos de la Judicatura localesAlgunas entidades federativas, entre ellasAguascalientes, Baja California, Coahuila,Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloay el Distrito Federal, crearon Consejos dela Judicatura, como órganos encargados de laadministración, vigilancia, disciplina y carrerajudicial, de sus respectivos Poderes Judiciales.En los Estados donde no existen, la funciónla ejerce el Tribunal Superior de Justicia.

2. Otros órganos locales deadministración de justicia

a) Tribunales electoralesSon los órganos encargados de resolver con-flictos que se susciten en materia electoralen las entidades federativas. Sus integrantes,generalmente, reciben el nombre de Magis-trados. Cabe señalar que en algunas entidadesfederativas el tribunal electoral forma partedel Poder Judicial local, mientras que en otrases autónomo.

b) Tribunales de lo ContenciosoAdministrativoSon órganos autónomos para emitir sus fallos,que resuelven controversias entre la adminis-tración pública de las entidades federativas ylos particulares. Su denominación y facul-tades pueden variar de una entidad federativaa otra.

c) Juntas Locales de Conciliación yArbitrajeFuncionan en las entidades federativas yresuelven los conflictos laborales origina-dos dentro de su territorio, en aquellos asun-tos que no sean competencia exclusiva de laJunta Federal de Conciliación y Arbitraje.

d) Tribunales Locales de conciliacióny arbitrajeResuelven conflictos entre los GobiernosEstatales o Municipales y sus respectivos tra-bajadores. Su organización y denominaciónvarían de un Estado a otro.

e) Consejos de MenoresTambién llamados tribunales para menores,se encargan de sancionar los delitos come-tidos por menores de edad, previstos en lasleyes penales locales. Cabe señalar que enlas entidades federativas varían las edadespara ser sujeto de un proceso ante el consejorespectivo, o bien, ante los tribunales corres-pondientes en materia penal.

III. El arbitrajeEl arbitraje es una forma de solución deconflictos en la que las partes, de comúnacuerdo, designan a un tercero para resolversu controversia. Tiene la ventaja de que esun procedimiento mucho menos rígido y másexpedito que los procesos jurisdiccionales.6

El arbitraje se lleva a cabo mediante elcumplimiento de ciertas formalidades quepueden encontrarse establecidas en una ley,o bien, ser acordadas por las partes de maneraconvencional. Los arbitrajes pueden ser deestricto derecho o de amigable composición;en el primero se dicta el laudo con base en lanorma jurídica aplicable al caso controver-tido, mientras que, en el segundo, el laudo sedicta con base en la conciencia y en reglasde equidad.

En el ámbito internacional, en los acuer-dos comerciales firmados por México condiversos países, se dispuso, como un medio desolución de controversias entre las partes, el

6 Cfr. FLORES GARCÍA, Fernando, voz “arbitraje”, en Diccionariojurídico…, op. cit., t. I, Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 198-203.


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establecimiento de páneles arbitrales, inte-grados por una cantidad variable de árbitros.

Los tipos de arbitraje más comunes enMéxico son: comercial, internacional, civil,financiero, médico, del consumidor y enmateria de derechos de autor.

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titución Federal. Tiene por objeto resolverconflictos que se susciten por leyes o actosde la autoridad que violen garantías indivi-duales; por leyes o actos de la autoridad fede-ral que dañen la soberanía de los Estados odel Distrito Federal; o por leyes o actos deestos últimos que invadan la esfera de compe-tencia federal.

1. Partes en el juicio de amparoa) El quejoso o agraviado. Es aquella per-

sona que inicia el juicio para reclamar un actoo ley de una autoridad, por presunta violaciónde garantías individuales o de distribución decompetencias entre la Federación y los Esta-dos de la República.

b) La autoridad responsable. Es todoaquel órgano o funcionario al que la ley otorgafacultades de naturaleza pública, y que realizaactos que afectan las garantías individualesde las personas. Es importante destacar que,para emitir esos actos, la autoridad actúaunilateralmente porque no necesita recurrira los tribunales ni obtener el consentimientodel afectado.

G. Los procesosconstitucionalesfederales

I. El juicio de amparoEs el medio protector por excelencia de lasgarantías individuales establecidas en la Cons-


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c) El tercero perjudicado. Es la per-sona que tiene interés en que subsista el actoque se reclama. Pueden serlo, por ejemplo, lacontraparte del quejoso cuando el acto motivodel amparo provenga de un juicio del ordencivil, o la persona que tenga derecho a lareparación del daño sufrido por la comisiónde un delito. Cabe señalar que no en todoslos casos existe tercero perjudicado, porejemplo, cuando se promueve un amparo encontra de una multa en materia fiscal.

d) El Ministerio Público. Es el repre-sentante social que vigila el correcto desa-rrollo del juicio, y que puede intervenir siestima que el asunto reviste interés público.

2. Tipos de juicios de amparoExisten dos tipos: el indirecto y el directo.

El amparo indirecto lo resuelven los Juz-gados de Distrito y, en ciertos casos, los Tri-bunales Unitarios de Circuito.

Procede, entre otros casos, contra:(1) leyes, tratados internacionales o regla-

mentos que, por su sola entrada en vigor ocon motivo del primer acto de aplicación,causen perjuicios al quejoso;

(2) actos de tribunales, ejecutados fuerade juicio o después de concluido;

(3) actos emitidos en un juicio que, deejecutarse, no puedan ser reparados;

(4) leyes o actos de la autoridad federalque vulneren o restrinjan la soberanía de losEstados o de éstos, cuando invadan la esferade competencia de la autoridad federal, y

(5) resoluciones del Ministerio Público queconfirmen el no ejercicio o el desistimientode la acción penal.

Por su parte, el amparo directo lo resuel-ven los Tribunales Colegiados de Circuitoy, en ciertos casos por la relevancia delasunto, la Suprema Corte de Justicia de laNación, a través del ejercicio de la facultadde atracción.

Procede contra sentencias definitivas, laudos–decisiones de litigios en materia laboral– yresoluciones que pongan fin al juicio, dic-tados por tribunales judiciales, administrati-vos o del trabajo, respecto de los cuales noproceda recurso ordinario alguno por el quepuedan ser modificados o revocados, ya sea

que la violación se cometa en ellos o duranteel procedimiento y afecte la defensa del que-joso en forma trascendente para el sentidode la resolución definitiva.

3. Principios que rigen el juiciode amparo

Existen, entre otros:a) Principio de instancia de parte.

El juicio sólo puede iniciarse una vez que laparte agraviada lo solicite, es decir, no pro-cede de oficio.

b) Principio de existencia de un agra-vio personal y directo. Debe existir necesa-riamente un menoscabo u ofensa que afecteespecíficamente al agraviado. Esa afectacióndebe haberse ya producido, o estar en ejecu-ción, o bien, debe ser de realización inminente.

c) Principio de definitividad. Antes deacudir al amparo es necesario agotar todoslos medios de defensa que para el caso con-creto prevean las leyes, tales como la ape-lación –en materia civil o penal–, el juicio denulidad –en materia fiscal–, etcétera. Sinembargo, hay algunas excepciones a este prin-cipio, entre las cuales sobresalen cuando elacto reclamado importe peligro de privaciónde la vida o se restrinja la libertad del quejoso.

d) Principio de prosecución judicialdel amparo. Significa que es necesario suje-tarse a los procedimientos y formas estable-cidos por la Ley de Amparo.

e) Principio de relatividad de lassentencias de amparo. Se refiere a que lasentencia que concede el amparo sólo bene-ficia a la persona que lo promovió, pero no ala generalidad de la población.

f) Principio de estricto derecho.El juzgador debe limitarse a resolver sobre laconstitucionalidad de los actos reclamados,hechos valer en la demanda. Existen algu-nas excepciones a este principio, entreellas, cuando se trate de las materias penal,laboral o agraria, casos en los que puedeoperar la suplencia de algunas deficienciasde la demanda.


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II. Las controversiasconstitucionales

Son juicios que se promueven ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación cuando sesuscitan conflictos entre poderes –Ejecu-tivo, Legislativo o Judicial– o niveles degobierno –Federal, Estatal, Municipal o delDistrito Federal–, por una invasión de esferasde competencia que contravenga la Constitu-ción Política de los Estados Unidos Mexica-nos. Es decir, para que proceda la controver-sia es necesario que el ámbito de competenciade quien promueva el juicio se vea afectadopor un acto concreto o una disposición decarácter general –por ejemplo una ley, un regla-mento o un decreto, excepto los de materiaelectoral–, que sea contrario a lo que disponela Constitución Federal.

Es posible que mediante una controversiaconstitucional se declare la invalidez absolutade una norma general, es decir, que la leyimpugnada no vuelva a tener efecto algunopara nadie. Para ello es necesario que, en pri-mer término, la controversia se haya promo-vido en alguno de los siguientes supuestos:

(1) contra disposiciones generales de losEstados o de los Municipios impugnadas porla Federación;

(2) contra disposiciones generales de losMunicipios impugnadas por los Estados;

(3) conflictos entre el Poder Ejecutivo yel Congreso de la Unión, cualquiera de susCámaras o la Comisión Permanente, y

(4) conflictos entre dos Poderes de unmismo Estado o entre dos órganos de gobier-no del Distrito Federal, sobre la consti-tucionalidad de sus actos o disposicionesgenerales.

Además, es indispensable que la resolu-ción que emita la Corte sea aprobada por elvoto de, cuando menos, ocho Ministros.

Solamente en los casos aludidos la senten-cia podrá tener efectos generales; en todos losdemás, producirá únicamente efectos paralas partes.

III. Las acciones deinconstitucionalidad

Son juicios tramitados ante la Suprema Cortede Justicia, en los que se denuncia la posible

contradicción entre normas de carácter gene-ral –ley, decreto, reglamento o tratados inter-nacionales–, por una parte, y la ConstituciónFederal, por la otra, con el objeto de invalidarla norma general o el tratado internacionalimpugnados para que prevalezcan los manda-tos constitucionales.

Pueden promoverlas minorías parlamen-tarias, conformadas por lo menos por el treintay tres por ciento del total de los integrantesdel órgano legislativo que haya expedido lanorma que se impugna, el Procurador Gene-ral de la República y los partidos políticoscon registro –estos últimos sólo en el casode leyes electorales–.

Si la Suprema Corte de Justicia declara lainvalidez de la norma, ésta no puede volvera tener vigencia ni aplicársele a nadie, lo quesignifica que las sentencias dictadas en accio-nes de inconstitucionalidad tienen efectosgenerales, siempre que la resolución se adoptemediante el voto de ocho o más Ministros.

IV. Procesos jurisdiccionalesen materia electoral

Son juicios a través de los cuales se busca larevocación o modificación de actos concretosde aplicación de las leyes electorales. Se pro-mueven ante el Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación. Su objeto es quetodos los actos de las autoridades electorales–federales o locales– se sujeten invariable-mente a los principios de constitucionalidady legalidad, mediante la anulación o correc-ción de cualquier eventual irregularidad quese produzca durante el desarrollo de las elec-ciones, así como mediante la protección delos derechos político-electorales de los ciuda-danos para votar, ser votados o asociarse parafines políticos.7

V. El juicio políticoEs una facultad del Congreso de la Uniónpara resolver los casos en que ciertos funcio-

7 Cfr. OROZCO HENRÍQUEZ, J. Jesús, “Los procesos elec-torales y el Tribunal Electoral”, en Derecho procesal constitucional, México,Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,A.C./Editorial Porrúa, 2001, pp. 436 y 448.


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narios públicos de alto nivel son acusados dehaber incurrido, durante el ejercicio de susfunciones, en conductas que redunden en per-juicio de los intereses públicos o de su buendespacho.

El funcionario responsable puede ser san-cionado con la destitución o inhabilitaciónpara volver a ocupar cargos públicos. Además,las resoluciones de las Cámaras de Diputadosy de Senadores, en esta materia, no puedenimpugnarse.

VI. La facultad de investigaciónde la Suprema Corte de Justicia

de la NaciónLa Suprema Corte de Justicia de la Naciónestá facultada para averiguar algún hecho ohechos que constituyan una grave violaciónde alguna garantía individual.

Para llevar a cabo dicha averiguaciónpuede nombrar alguno o algunos de susmiembros o algún Juez de Distrito o Magis-trado de Circuito, o designar uno o varioscomisionados especiales.

La Corte puede efectuar estas investiga-ciones cuando así lo juzgue conveniente o,bien, cuando lo pidiere el Ejecutivo Federalo alguna de las Cámaras del Congreso de laUnión, o el gobernador de algún Estado.

Además, la Suprema Corte de Justicia de laNación está facultada para practicar de oficiola averiguación de algún hecho que consti-tuya la violación del voto público cuando, asu juicio, pueda ponerse en duda la legali-dad de todo el proceso de elección de algúnPoder de la Unión.

En ambas situaciones, después de analizarel caso en particular, la Suprema Corte deJusticia de la Nación emite una opiniónautorizada que remite a los órganos compe-tentes –que son, entre otros, el EjecutivoFederal, las Cámaras del Congreso de laUnión o el Ministerio Público–, para que,en el supuesto de existir alguna responsabi-lidad, se inicie la acción correspondiente.

8

H. La protección de losderechos humanos

El apartado B del artículo 102 constitucionaldispone que el Congreso de la Unión y lasLegislaturas de las entidades federativas debenestablecer organismos de protección de losderechos humanos.

Actualmente existe una Comisión Nacio-nal de los Derechos Humanos y 32 organis-mos locales, de los cuales 29 son comisionesy tres son procuradurías. Éstos conocen dequejas en contra de conductas de índole admi-nistrativa de cualquier autoridad o servidorpúblico, excepto del Poder Judicial de laFederación, que violen derechos humanos.No obstante, carecen de facultades paraconocer de asuntos electorales, resolucio-nes judiciales, consultas sobre la interpreta-ción de leyes y conflictos laborales o entreparticulares.

No llevan a cabo juicios, sino que formu-lan recomendaciones públicas no vinculato-rias –es decir, que no obligan a actuar endeterminado sentido– y denuncias ante lasautoridades responsables. Sin embargo, estono impide al afectado el ejercicio de otrosmedios de defensa que prevén las leyes.


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I. La profesión legal

I. La abogacíaLos abogados son profesionales que brindanasesoría y representación a sus defendidos encuestiones jurídicas. Entre sus principalesfunciones están asistirlos para emprenderacciones legales y defenderlos ante los tribu-nales, así como asesorarlos en todo tipo denegociaciones.

Para ejercer la abogacía es preciso realizarestudios durante un número variable de años,en una universidad o escuela de derecho autó-noma o legalmente reconocida y obtener eltítulo correspondiente. El título que general-mente expiden las universidades es el de Licen-ciado en Derecho, con el cual se puede ejercerla abogacía, previo registro ante la Secretaríade Educación Pública, que otorga autoriza-ción para el libre ejercicio en todo el país.

La colegiación de abogados no es obliga-toria, ya que de lo contrario se violarían lasgarantías de libre asociación y de trabajo esta-blecidas en la Constitución Federal.

Cabe señalar que un elemento muy impor-tante en la función profesional del abogado loconstituye la especialización. El abogadopuede especializarse con miras a conocerparticularmente una o varias ramas del dere-cho. Para ello, debe realizar una serie de estu-dios de posgrado cuyas características sonvariables.

II. Los juzgadoresLos Jueces son personas autorizadas y nom-bradas por el Estado para administrar justicia,

es decir, para dirimir los conflictos que se lespresentan a través de la aplicación del dere-cho a casos concretos. Los juzgadores sonabsolutamente indispensables en todo sis-tema jurídico, puesto que atentaría contra elEstado de derecho el que las personas hicie-ran justicia por su propia mano.

En el ámbito federal, la legislación esta-blece las bases para formar y actualizar a losfuncionarios judiciales, así como para desa-rrollar la carrera judicial, que se rige por losprincipios de excelencia, objetividad, impar-cialidad, profesionalismo e independencia.

En el nombramiento de los Ministros dela Suprema Corte de Justicia intervienen elPoder Ejecutivo y el Senado. En el caso delos Magistrados del Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación intervienenla Suprema Corte de Justicia y el Senado.En cuanto a los Jueces y Magistrados fede-rales, son nombrados por el Consejo de laJudicatura Federal.

El ingreso y la promoción de los servi-dores públicos de carácter jurisdiccional delPoder Judicial de la Federación se hacemediante el sistema de carrera judicial, queestá integrada por diez categorías: Magistradode Circuito, Juez de Distrito, secretario gene-ral de Acuerdos de la Suprema Corte de Jus-ticia, subsecretario general de Acuerdosde la Suprema Corte de Justicia, secretario deEstudio y Cuenta de Ministro, secretariode Acuerdos de Sala, subsecretario de Acuer-dos de Sala, secretario de Tribunal de Cir-cuito, secretario de Juzgado de Distrito yactuario.

Para ser Magistrado o Juez se deben cubrirrequisitos específicos, entre ellos, contarcon título de Licenciado en Derecho, untiempo mínimo de ejercicio profesional, unaedad mínima, así como participar en con-cursos de oposición.

Un punto a destacar respecto de los juzga-dores federales mexicanos es que se man-tienen constantemente actualizados, sobretodo gracias a la labor del Instituto de la Judi-catura Federal, que forma, capacita y actualizaa los miembros del Poder Judicial de la Fede-


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ración y a quienes aspiren a pertenecer a éste.Dicha institución realiza, además, trabajosde investigación para el desarrollo y mejo-ramiento de la justicia federal.

En el ámbito local, cada una de las entida-des federativas cuenta con leyes que regulanla actividad de los juzgadores. Además, enmuchos de los casos también han establecidoinstitutos de estudios judiciales, sistemas decarrera judicial y escuelas judiciales, a finde incrementar la profesionalización de susadministradores de justicia.

III. Los fedatarios públicosLa fe pública consiste en una afirmaciónque la sociedad debe aceptar como válidaobjetivamente,8 conforme al ordenamientojurídico que la sustenta. Es decir, cuando unapersona debidamente autorizada da fe pública,invita a los demás a creer objetivamente enel hecho del que ha dado fe. Esto propor-ciona seguridad en las relaciones jurídicas.

En México existen diversos tipos de feda-tarios públicos, pero los más conocidos sonlos notarios y los corredores públicos. El nota-rio es un profesional del derecho investidode fe pública por el Estado, que se encarga,entre otras actividades, de:

(1) dar formalidad a los actos jurídicos quela requieran o que le soliciten los interesados,tales como contratos o testamentos;

(2) dar fe de los hechos que le consten, asolicitud del interesado, y

(3) tramitar los procedimientos no conten-ciosos que los interesados le soliciten, porejemplo, los relativos a sucesiones.

La función del notariado está regulada enel ámbito local, ya que cada una de las enti-dades federativas tiene su propia Ley delNotariado, expedida por su Legislatura.

En cuanto a los corredores públicos, suactividad se encuentra regulada en la LeyFederal de Correduría Pública. En dichoordenamiento se establece que a los corre-dores públicos les corresponde, entre otrasactividades:

(1) actuar como fedatario público parahacer constar los contratos, convenios, actosy hechos de naturaleza mercantil, exceptocuando se trate de inmuebles; así como en laemisión de obligaciones y otros títulos valor;en hipotecas sobre buques, navíos y aeronavesque se celebren ante él, y en el otorgamientode créditos refaccionarios o de habilitacióno avío, de acuerdo con la ley de la materia, y

(2) actuar como fedatario en la constitu-ción, modificación, fusión, escisión, diso-lución, liquidación y extinción de sociedadesmercantiles y en los demás actos previstos enla Ley General de Sociedades Mercantiles.

IV. Otras actividadesEl Licenciado en Derecho puede ejercer ade-más múltiples actividades, entre otras, ladocencia, la investigación, la diplomacia,la procuración de justicia –como investi-gador, fiscal o representante social–, laadministración pública, la política, la defen-soría de oficio, la asesoría, la representaciónde personas o empresas, etcétera.

8 PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, Alicia Elena, voz “fe pública”,en Diccionario jurídico…, op. cit., t. II, Instituto de InvestigacionesJurídicas, pp. 1430-1431.


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J. Para saber más…

El lector interesado en profundizar sus conocimientos acerca del sistema jurídico mexicano,puede consultar, entre otras, las siguientes obras y disposiciones legales:

ARELLANO GARCÍA, Carlos, El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa., Manual del abogado, México, Editorial Porrúa.

AZÚA REYES, Sergio T., Los principios generales del derecho, México, Editorial Porrúa.BADILLO, Elisa y coautores, Los derechos humanos en México (Breve Introducción), México, Editorial Porrúa/

Comisión Nacional de Derechos Humanos.BURGOA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Porrúa.

, El juicio de amparo, México, Editorial Porrúa.CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, México, Editorial Porrúa.

, La Constitución mexicana de 1917, México, Editorial Porrúa.COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, México, Fontamara, 1998.

, y Luis M. Pérez de Acha (comps), La defensa de la Constitución, México,Fontamara, 1997.

CASTRO, Juventino V., Garantías y amparo, México, Editorial Porrúa.COLEGIO DE SECRETARIOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, A.C.,

Derecho procesal constitucional, México, Editorial Porrúa.CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, Los Consejos Mexicanos de la Judicatura. Régimen jurídico, México,

Consejo de la Judicatura Federal.CRUZ BARNEY, Óscar, Historia del derecho en México, México, Oxford University Press.FLORESGÓMEZ GONZÁLEZ, Fernando, Nociones de derecho positivo mexicano, México, Editorial Porrúa.GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, Editorial Porrúa.GONZÁLEZ, María del Refugio, Historia del derecho mexicano, México, McGraw-Hill.LARA PONTE, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, México, Editorial Porrúa.MARGADANT S., Guillermo Floris, Introducción a la historia del derecho mexicano, México, Editorial Esfinge.MÉJAN, Luis Manuel C., Competencia federal en materia de concurso mercantil, México, Poder Judicial de la

Federación.REBOLLO FERNÁNDEZ, José Luis, “La jurisdicción electoral”, en Apuntes de derecho electoral, Libro 2,

México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.SIRVENT GUTIÉRREZ, Consuelo, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, Editorial Porrúa.SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, Los principios generales del derecho en México. Un ensayo histórico,

México, Miguel Ángel Porrúa.SOTO PÉREZ, Ricardo, Nociones de derecho positivo mexicano, México, Editorial Esfinge.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ¿Qué son las acciones de inconstitucionalidad?, México,

SCJN.SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ¿Qué son las controversias constitucionales?, México,

SCJN.TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, México, Editorial Porrúa.VALLS HERNÁNDEZ, Sergio, Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en la impartición de justicia, México,

Consejo de la Judicatura Federal.URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo, El arbitraje en México, México, Oxford University Press.VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al estudio del derecho, México, Editorial Porrúa.ZÁRATE, José Humberto, Sistemas jurídicos contemporáneos, México, McGraw-Hill.

Código de Comercio.Código de Justicia Militar.Código Federal de Procedimientos Civiles.


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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.Ley de Concursos Mercantiles.Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.Ley Federal de Correduría Pública.Ley Federal de Defensoría Pública.Ley Federal del Trabajo.Ley Federal de Procedimiento Administrativo.Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la

República en Materia Federal.Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.Leyes de los Organismos de Derechos Humanos de los Estados y del Distrito Federal.Leyes del notariado de cada uno de los Estados y del Distrito Federal.Leyes orgánicas de los Poderes Judiciales de los Estados y del Distrito Federal.

Imágenes en la portada

Edificio sede de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, México, D.F.

Palacio de Justicia Federal, sede de Tribunales deCircuito y Juzgados de Distrito, México, D.F.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de laFederación, México D.F.

Tomadas de: Archivo de imágenes de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

Relación de imágenespor capítulos

1. José María Morelos y Pavón.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE LA NACIÓN.- SCJN, México, 1999,p. 12.

2. Códice Florentino (detalle), volumen III, folio 392reverso. Libro Undécimo -de las diferencias de edifi-cios-, folio 391 reverso, que dice: “Casas reales dondehabitaban los señores, eran casas del pueblo donde sehacía audiencia y concurrían los señores y Jueces adeterminar causas públicas”.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- La Suprema Corte de Justicia, su tránsito y sudestino, SCJN, México, 1985, p. 59.

3. Viñeta de época sobre la Real Audiencia, carátuladel libro “Los Tribunales de la Nueva España”.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo, Op. Cit., p. 78.

4. Águila Republicana, emblema de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.Tomado de: Archivo de imágenes de la SCJN

5. Vista parcial del Palacio Nacional y zócalo enla Ciudad de México, a mediados del siglo XIX.Tomado de: Muestra Histórica 1825-1985 CLX-Ani-versario, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LANACIÓN.- SCJN, México, p. 20.

6. Themis. Jurisprudentia.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- Op. cit., p. 55.

7. Portada original de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos de 1917.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, p. 60.

8. Códice Florentino, volumen II, folio 287, anverso.Tomado de: SCHROEDER CORDERO, FranciscoArturo.- Op. cit., p. 60.

9. Ignacio Luis Vallarta.Tomado de: Suprema Corte de Justicia de la Nación, suintegración y funcionamiento, p. 40.


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ÍNDICE

Presentación 5

A. Antecedentes históricos 7

B. Fuentes del derecho 8

I. Legislación 8

II. Jurisprudencia 8

III. La costumbre 9

IV. Normas individualizadas 9

V. Los principios generales del derecho 9

C. Clasificación del sistema normativo 10

I. Jerarquía 10

II. Ámbito material de validez 10

III. Ámbito espacial de validez 11

D. Las garantías individuales 12

E. Estructura del gobierno 13

I. La división de poderes 13

II. Poder Legislativo 13

III. Poder Ejecutivo 14

IV. Poder Judicial 14

F. Sistema de administración de justicia 15

I. Justicia Federal 15

1. Poder Judicial de la Federación 15

a) Juzgados de Distrito 15

b)Tribunales Unitarios de Circuito 15

c) Tribunales Colegiados de Circuito 15

d) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 15

e) Suprema Corte de Justicia de la Nación 16

f) Consejo de la Judicatura Federal 17

i) Instituto de la Judicatura Federal 17

ii) Visitaduría Judicial 17

iii) Contraloría del Poder Judicial de la Federación 17

iv) Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles 17

v) Instituto Federal de Defensoría Pública 18

2. Otros órganos federales de administración de justicia 18

a) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 18

b) Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 18

c) Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 18

d) Tribunal Superior Agrario y Tribunales Unitarios Agrarios 18


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e) Supremo Tribunal Militar, Consejos de Guerra y Jueces Militares 19

f) Consejo de Menores 19

II. Justicia local 19

1. Poderes judiciales locales 19

a) Juzgados de paz, menores, municipales o de cuantía menor 19

b) Juzgados de primera instancia 19

c) Tribunales Superiores de Justicia 20

d) Consejos de la Judicatura locales 20

2. Otros órganos locales de administración de justicia 20

a) Tribunales electorales 20

b) Tribunales de lo contencioso administrativo 20

c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 20

d) Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje 20

e) Consejos de menores 20

III. El arbitraje 20

G. Los procesos constitucionales federales 21

I. El juicio de amparo 21

1. Partes en el juicio de amparo 21

2. Tipos de juicios de amparo 22

3. Principios que rigen el juicio de amparo 22

II. Las controversias constitucionales 22

III. Las acciones de inconstitucionalidad 23

IV. Procesos jurisdiccionales en materia electoral 23

V. El juicio político 23

VI. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 24

H. La protección de los derechos humanos 24

I. La profesión legal 25

I. La abogacía 25

II. Los juzgadores 25

III. Los fedatarios públicos 26

IV. Otras actividades 26

J. Para saber más ... 27

Imágenes en la portada 28

Relación de imágenes por capítulos 28

Esta obra se terminó de imprimir yencuadernar en mayo de 2006 en lostalleres de Supergráfica, S.A. de C.V.,Progreso núm. 4, Col. Industrial AlceBlanco, Municipio Naucalpan de Juárez,C.P. 53370, Estado de México. Se utilizarontipos Garamond de 8, 10, 12, 14 y 16puntos. La edición consta de 15,000ejemplares impresos en papel bond de 75 grs.

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