proced. sancionador administrativo terminado - eduardo ayala

Eduardo Ayala-ULADECH-Procedimiento Sancionador Administrativo y Trilateral

1

Dº Procesal Administrativo:

FACULTAD:

CARRERA PROFESIONAL:

CENTRO ULADECH CATÓLICA:

DOCENTE:

INTEGRANTES:

2013


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3

Agradecimiento.

Queremos Agradecer la formación brindada

por nuestro docente de curso Henry Grados

Méndez, quien nos orienta hacia la

Investigación de Derecho, para fortalecer

nuestra formación de futuras Abogadas

Piuranas.


4

PRESENTACIÓN

Queremos presentar este trabajo de mucha importancia para nuestra formación

profesional en Derecho, y expresar también que este curso de Derecho Procesal

Administrativo es muy amplio, sin embargo los temas son demasiado

importantes, teniendo en cuenta nuestro tema, el cual debemos conocer a

profundidad, debido a que dentro de la Administración, el Derecho Sancionador

tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios

coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un

sector de la doctrina define el poder sancionador dado a la Administración como

aquel en virtud del cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la

inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el

ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por la

Administración Pública en cada caso. Estas características de la eficacia, son

justamente las que presentamos en nuestro trabajo.

Finalmente también desarrollamos el Procedimiento trilateral, que es muy

importante conocerlo, ya que en el penúltimo Título la Ley incorpora los

Procedimientos Especiales denominados PROCEDIMIENTO TRILATERAL y

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, señalándose por los autores, sobre el

primero, con propiedad, lo siguiente: 'La realidad administrativa imponía dar

reconocimiento formal y cobertura legal a un conjunto de procedimientos donde

la Administración no actuaba de la manera tradicional", porque en ellos no se

constituía en juez y parte a la vez. Todos estos aspectos a detalle los

presentamos a continuación como un aporte a los Estudiantes que día a día

aprendemos más sobre esta profesión tan fundamental como es el Derecho y las

ciencias políticas en ULADECH Católica Piura.


5

INTRODUCCIÓN

Uno de los procedimientos más novedosos comprendidos en la Ley 27444,

denominada Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, la

LPAG), es el desarrollo del Procedimiento Administrativo Trilateral (PAT). En

realidad, la novedad de este tipo de procedimiento no se encuentra en su

elaboración conceptual sino en su incorporación en una ley de ámbito general y

expansivo en forma supletoria a todo tipo de procedimientos administrativos.

En este contexto, la reciente entrada en vigencia de la LPAG constituye un

notable esfuerzo por dotar al país de normas que regulen sistemáticamente el

procedimiento administrativo, buscando esencialmente con ello canalizar

adecuadamente la función servicial de los intereses generales que tienen las

Administraciones Públicas; establecer mecanismos de garantía efectiva de los

derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración; y dar

vigencia efectiva a los postulados del principio de sometimiento de la actuación

de la administración pública al ordenamiento constitucional y jurídico en general,

esto último, como resultado concreto de la sumisión de la Administración al

principio de legalidad .

Uno de los puntos más relevantes dentro de la sistemática de la LPAG, es que

ordena, de un lado, lo que denomina el procedimiento administrativo común, y

del otro lado, dos procedimientos administrativos denominados “especiales” (el

Trilateral y el Sancionador). A primera vista, esta división de los procedimientos

establecida en la LPAG, parecería indicar que existe una materia procedimental

administrativa, “especial” que sería contrapuesta a lo “general”. Sin embargo,

esta contradicción es sólo aparente, tal como afirma GONZALEZ NAVARRO.

Al respecto, es necesario indicar, conforme lo hace la doctrina más autorizada,

las diferencias existentes entre aquello que se debe entender por procedimiento

general, y aquello supuestos que califican la existencia de diversos

procedimientos especiales, y hasta dónde puede llegar la oposición entre

ambos, y si es que existe razón para tal diferenciación. Sobre el particular, son

muy ilustrativas las acotaciones que realiza Francisco GONZALEZ NAVARRO,


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respecto de la aparente oposición entre los procedimientos administrativos

generales y especiales. Dicho autor, señala que, “No hay un procedimiento

general, sino varios, una pluralidad de procedimientos formalizados que, en

ocasiones, y para ciertos supuestos, pueden admitir específicas desviaciones o

diferenciaciones en la realización de uno o varios trámites, desviaciones que

pueden a veces ser tan importantes que alteren la íntima estructura del

procedimiento formalizado utilizable normalmente para el cumplimiento de una

determinada finalidad administrativa, en cuyo caso, y sólo entonces, se podrá

hablar de procedimiento especial, pues de lo contrario –y es lo que ocurre casi

siempre- estaremos en presencia de una simple especialidad procesal y no de

un verdadero y propio procedimiento especial”. En concreto debemos señalar

que hemos dividido este trabajo en dos Capítulos; el primero denominado

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO, que contiene:

Definición, Historia, Relación con el Derecho Penal, Características,

Principios, Fases del procedimiento, Descargo presunción de licitud o inocencia,

Finalización del procedimiento sancionador, Caducidad del PAS y su

integración con la ley 27444, dl que modifica la LPA sobre el PAS

y el segundo capítulo sobre El PROCEDIMIENTO TRILATERAL. Contiene;

Introducción al tema, Concepto, Procedimiento Trilateral aspectos

fundamentales. Hemos considerado también un Tercer Capítulo, ya que existen

muchas dudas, por ello lo denominamos; III PREGUNTAS FRECUENTES E

IMPORTANTES SOBRE EL PAS, finalmente se establece claramente las

conclusiones, Recomendaciones, Bibliografías y los Anexos, lo cuales contienen

resoluciones del Tema desarrollado.

Esperando tener una buena aceptación de esta investigación terminamos esta

Introducción para pasar a su desarrollo, el cual fortalecerá los conocimientos

como futuros Abogados, egresados de esta prestigiosa Universidad ULADECH

Católica- filial Piura 2013.


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TABLA DE CONTENIDOS

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO

TRILATERAL

CARATULA

DEDIDATORIA Y AGRADECIMIENTO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCION………………………………….………………………………… Pág.5

I EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Pág.8

1.1.- DEFINICIÓN Pág.8

1.2.- HISTORIA Pág.9

1.3.- RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL Pág.10

1.4.- CARACTERÍSTICAS Pág.11

1.5.- PRINCIPIOS Pág.12

1.6.- FASES DEL PROCEDIMIENTO Pág.29

1.7.- DESCARGO Pág.29

1.8.- PRESUNCIÓN DE LICITUD O INOCENCIA Pág.9

1.9.- FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Pág.10

1.10.- CADUCIDAD Pág.30

1.11.- PAS Y SU INTEGRACIÓN CON LA LEY 27444 Pág.31

1.12.- DL QUE MODIFICA LA LPA SOBRE EL PAS Pág.31

II PROCEDIMIENTO TRILATERAL Pág.36

INTRODUCCIÓN AL TEMA Pág.36

2.1.- CONCEPTO Pág.37

2.2.- PROCEDIMIENTO TRILATERAL ASP. FUNDAMENTALES Pág.40

III PREGUNTAS FRECUENTES E IMPORTANTES SOBRE EL PAS Pág.48

CONCLUSIONES Pág.56

RECOMENDACIONES Pág.58

BIBLIOGRAFÌA Pág.59

ANEXOS Pág.61


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I.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

1.1 DEFINICIÓN.-

Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad

mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas

conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la doctrina

define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del

cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las

acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo

administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada

caso” (1).

También podemos mencionar que es un procedimiento administrativo interno,

que se desarrolla de oficio, e implica regular el ejercicio de los poderes

disciplinarios de la Administración respecto a sus agentes, con el fin de

conservar el buen orden en el desarrollo de la función pública el procedimiento

sancionador se contempla como un procedimiento especial. El cumplimiento de

las disposiciones contenidas en las normas legales o administrativas no

solamente constituye una obligación para los funcionarios y servidores públicos

dentro de su actuación, sino también constituye una obligación parar los

administrados. El incumplimiento de lo dispuesto mediante ley o norma de menor

jerarquía por parte de los administrados, acarrea una sanción que podrá ser

impuesta por los administradores, esperando los principios que regulan un

procedimiento denominado: sancionador.

(1) ESCOLA, Héctor. Compendio de Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Editorial Desalma. 1984, p. 207


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El procedimiento sancionador es el que utilizan las administraciones Públicas

para ejercer su potestad sancionadora. Por ejemplo, en España está regulado en

el Real Decreto 1398/1993, reglamento que desarrolla el Título IX de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; mientras que en Perú está

regulado por la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

En definitiva es un instrumento o medio para el cumplimiento que el derecho

objetivo les asigna a las personas jurídicas públicas que surge del ejercicio de la

función pública.

Secuencia que puede iniciarse de oficio por la misma autoridad administrativa, o

instancia de parte realizado por un tercero que bien puede iniciar con una

investigación preliminar o por las comisiones de procesos administrativos, el

procedimiento administrativo no cumple sólo una función de garantía para los

particulares. También, desde la propia perspectiva de los intereses públicos, por

los que la Administración ha de velar, puede perfectamente explicarse la

existencia de la institución que nos ocupa.

1.2 HISTORIA.-

Inicialmente, el proceso administrativo disciplinario se regulo en el Decreto Ley

11377 que es la primera norma que regulo todos los aspectos de la carrera

administrativas no apareciendo la vigencia del contrato de trabajo con gran

acentuación. Sólo consistía en aplicar a los servidores y funcionarios en que la

gran mayoría eran nombrados y los funcionarios de confianza designados. La

contratación como es el de servicios personales y no personales no tenía auge

como ahora existen, a tal punto que con la vigencia de este decreto ley no

existía una norma que protegía a los contratados.

Posteriormente, con la acentuación y definición clara del contrato de trabajo del

régimen privado, se identificó también la existencia del contrato de trabajo

público con diferencias marcadas con el sector privado regulándose en el

Decreto Legislativo 276 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 005-


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90-PCM y en forma definitiva en la Ley del Empleo Público, con lo que se amplió

al personal que comprende la administración pública y por ende amplía sus

alcances respecto del proceso disciplinario, siendo así, que comprende a los

servidores, funcionarios, contratados los denominados servicios personales

como también los de servicios no personales ( locación de servicios) cuya

protección se encuentra en la Ley 24041.

Este proceso administrativo disciplinario que se regulo y que hasta hoy viene

ventilándose en la administración pública, tiene naturaleza institucional porque

tiene como fuente la propia ley no siendo absoluto porque al juez se le ha

confiado la verificación de que si aquél derecho ha sido utilizado dentro de la

ponderación (racionalidad); es de interés institucional porque apunta a castigar a

los administrados para sostener su autoridad, sin considerar o respetar el

derecho de los mismos. Es carácter sumario y escrito porque su plazo de vida es

de treinta días hábiles y toda su actividad es funcionalmente escrita con claras

excepciones de la moralidad.

1.3. RELACIÓN CON EL DERECHO PENAL.-

Se entiende que el Derecho y el Procedimiento Disciplinario son autónomos

respecto del Derecho Penal. Por eso, se subraya en este momento, que las

transcripciones de normas penales es en lo pertinente. Así debe entenderse, por

ejemplo, en sede de agravantes y atenuantes de la sanción disciplinaria.

Se refiere específicamente al Derecho Disciplinario, que es administrativo y

represivo porque su objeto es aplicar una sanción. Este carácter nos obliga a

estudiar su relación con el Derecho Penal.

Se distingue tres grandes corrientes doctrinarias:

a) Un sector entiende que existe una ANTINOMIA entre el Derecho Penal y

el Disciplinario porque, en este último, el fin es conservar el buen funcionamiento

del servicio y porque no finaliza en la aplicación de una sanción penal. El objeto


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es diverso y por eso no existe, de principio, relación entre estas dos ramas del

derecho.

b) Otro grupo ASIMILA ambas ramas porque ellas obedecen a una misma

concepción del Estado: el poder represivo existe para asegurar el cumplimiento

de TODO el Derecho, más allá de la rama que se considere.

En ese sentido García y Fernández entienden que “La distinción entre la

potestad sancionatoria (administrativa general) y la penal, actuable por los

Tribunales represivos es prácticamente imposible, en un plano general y de

principio “

De acuerdo a esta forma de entender la relación entre los órdenes disciplinario y

penal, existiría una diferencia de matiz y no de naturaleza.

c) Finalmente, se dice que ambos derechos SON AUTONOMOS, aunque

están vinculados porque su función es hacer respetar las normas sociales y

porque, en ciertas hipótesis, el derecho penal puede prevalecer respecto del

disciplinario, por ejemplo, cuando en sede penal el órgano condena por delito. El

autor entiende que se puede diferenciar la represión disciplinaria de la penal

porque: 1) La Sanción penal se impone en ejercicio de función jurisdiccional y la

disciplinaria por acto administrativo.

1.4. CARACTERÍSTICAS.-

• Es un proceso que se encuentra sujeto a un determinado tiempo que no

excederá de treinta (30) días hábiles improrrogables.

• Está comisión hará las investigaciones del caso solicitara cualquier tipo de

investigación, examinará las pruebas que se presenten.

• Terminado este período probatorio o recolección de cualquier prueba

elevará un informe al titular de la entidad, concluyendo por la existencia de la


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falta grave investigada, la responsabilidad del procesado recomendando las

sanciones que sean de aplicación.

• Es prerrogativa del titular de la entidad determinar el tipo de sanción.

1.5. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR.-

Si bien es cierto, los principios generales del procedimiento administrativo se

establecen a partir del artículo 214 de la LGAP, de la lectura del numeral 229 de

dicho cuerpo normativo, se desprende la posibilidad de aplicar de forma

supletoria otros principios no establecidos en la LGAP, incluso los que rigen el

Derecho Penal.

1.5.1 Principio de Legalidad

Dentro de la ideología de un Estado Democrático de Derecho, el principio de

legalidad constituye uno de sus fundamentos y, para el caso de la

Administración, supone que esta se encuentra sometida plenamente a la Ley y al

Derecho. Para la nuestra jurisprudencia (2) el principio de legalidad “implica que

la acción administrativa debe necesariamente, adecuarse a la totalidad del

sistema normativo escrito o no escrito, o sea a lo que solemos llamar bloque de

legalidad (…) en todo momento requiere de una habilitación normativa que a un

propio tiempo justifique y autorice la conducta desplegada para que esta pueda

considerarse lícita, y más que lícita, no prohibida”.

(2) Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 40-95. Por su parte, la Sala Constitucional de forma clara y precisa ha señalado que el principio de legalidad constituye un principio rector del procedimiento administrativo. En tal sentido, sólo si el acto es conforme al ordenamiento jurídico se tendrá como válido. Voto No. 1731-93.


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El principio de legalidad está contenido en los artículos 11 de la Constitución

Política y 11 de la LGAP. De igual forma, el artículo 49 constitucional busca

garantizar la legalidad de la función administrativa; sin embargo, dicho precepto

debe ser analizado con detalle, toda vez en que este tiene un régimen de control

revisor, al cual un sector doctrinal ha denominado como mixto, donde además de

contemplar el aspecto objetivo de verificación de legalidad de la conducta

administrativa –activa o inactiva-, se orienta a garantizar los derechos subjetivos

e intereses legítimos de la persona, todo lo cual permite proteger tanto al

individuo como a la legalidad. Para el profesor GONZÁLEZ CAMACHO (3), se

trata de un nuevo modelo a seguir en lo contencioso-administrativo, lo cual

resulta de total aplicación cuando de procedimientos administrativos se habla,

toda vez que permite observar ya no solo la potestad sancionadora que tiene el

ente estatal, sino que además se pueden visualizar las actuaciones que dentro

de la misma se generen, bajo una óptica garantista, donde el procedimiento

administrativo sancionador se constituya en una verdadera garantía a favor de la

persona, evitando actuaciones arbitrarias y la consecuente imposición de

sanciones cuyo único fin sea mostrar el poder estatal. Como manifestaciones del

principio en estudio, encontramos la reserva legal y la tipicidad, la primera en el

orden formal, mientras que la segunda está referida a un plano material.

(3) GONZALEZ CAMACHO, Oscar. La Justicia Administrativa. Tomo I. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. Primera Edición. 2001, pp. 215-245.


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Reserva legal

Esta es vista desde dos ámbitos, por una parte, solo por Ley se regula toda la

materia a ella reservada por el legislador –reserva de Ley-; y, por otro lado en

materia reglamentaria, donde se desarrolla y complementa la Ley. Respecto a

este punto, NIETO GARCIA (4) considera que la reserva legal podría articularse

dentro del Derecho punitivo del Estado “a lo ancho de círculos concéntricos en

los que se iría diluyendo el rigor de su exigencia desde el interior a la periferia. El

círculo central sería el Derecho Penal; luego vendría del Derecho Administrativo

Sancionador de protección del orden general y un tercero para las relaciones

especiales de sujeción. A los que aún podría añadirse un cuarto círculo para el

Derecho disciplinario”.

Tipicidad

Por su parte, la tipicidad se refiere a la exigencia hecha a la Administración para

que de manera previa a la conducta reprochada, se establezcan las infracciones

en las que puede incurrir un sujeto, así como las correspondientes sanciones

que le podrían ser aplicadas en caso de comprobarse el hecho que se le

atribuye, todo lo cual viene a garantizar el principio de seguridad jurídica que

necesariamente debe impregnar los diferentes ámbitos de la materia

sancionadora.

Para la Sala Constitucional (5), “en el derecho disciplinario, en razón del fin que

persigue, cual es la protección del orden social general, y de la materia que

regula, --la disciplina- , la determinación de la infracción disciplinaria es menos

exigente que la sanción penal, ya que comprende hechos que pueden ser

calificados como violación de los deberes del funcionamiento, que en algunas

legislaciones no están especificados, y, en otras, sí.

(4)NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Madrid, España: Editorial TECNOS S.A., Segunda Edición ampliada. 1994, p. 250 (5)Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 5092-98


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De manera que, el ejercicio de este poder es discrecional, de allí que proceda

aplicar sanciones por cualquier falta a los deberes funcionales, sin necesidad de

que estén detalladas concretamente como hecho sancionatorio, por lo cual, la

enumeración que de los hechos punibles se haga vía reglamentaria no tiene

carácter limitativo.”.

1.5.2. Principio de culpabilidad

Este principio, importado del Derecho Penal, es aplicado en el ámbito del

Derecho Administrativo, con matices propios. A nivel penal, el principio de

culpabilidad se entiende bajo el precepto “no hay pena si la conducta no le es

reprochable al autor” y se fundamenta en la necesaria aceptación de que el

hombre es un ente capaz de auto determinarse.

El artículo 199 de la LGAP establece como requisito para atribuir responsabilidad

a un funcionario público ante terceros, que este haya actuado con dolo o culpa

grave en el cumplimiento de sus funciones. En este punto, es necesario recordar

que tanto el dolo –actuar intencional- como la culpa –falta al deber de cuidado-

constituyen elementos esenciales de la culpabilidad, sin los cuales no cabe

atribución de responsabilidad alguna para el funcionario que haya cometido una

falta.

Según NIETO GARCÍA, “la culpabilidad es exigible en las infracciones

administrativas, pero no en los mismos términos que en el Derecho Penal y a los

juristas corresponde determinar cuáles son sus peculiaridades”, por lo que

propone que la solución a dicha cuestión debe buscarse en dos ideas

fundamentales: la diligencia exigible y la buena fe. Respecto de la primera, la

responsabilidad el sujeto le será exigida no por los conocimientos reales que

tenga, sino por los conocimientos exigibles a la diligencia debida, la cual puede

variar de acuerdo al entorno en que se desarrolla la persona. Como

complemento de esto, se encuentra la buena fe, que es de gran relevancia para

el Derecho Administrativo Sancionador; está referida a las relaciones entre el

autor y la Administración. Como excluyente de culpabilidad deberá comprobarse

la buena fe con que ha actuado el infractor al momento de cometer la falta.


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1.5.3. Principio de oficiosidad

Se refiere a la facultad dada a la Administración para ordenar y efectuar actos

dentro de un procedimiento, aunque éstos no hayan sido expresamente

solicitados por alguna de las partes.

Para DROMI, (6) por medio del principio en comentario “incumbe a la autoridad

administrativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto sea

conveniente para el esclarecimiento y resolución de la cuestión planteada. El

principio de oficialidad es el que domina el procedimiento administrativo”. El

artículo 222.1 de la LGAP, viene a establecer dicho principio cuando indica: “El

impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio, sin perjuicio del

que puedan darle las partes”.

En relación con el inicio del procedimiento, nuestro ordenamiento jurídico

establece que el mismo podrá darse de oficio (art. 284 LGAP) y, en el caso

específico de las actuaciones que competen al Órgano Director, se tiene que

este deberá diligenciar el procedimiento administrativo con la clara intención de

lograr un máximo de celeridad y eficiencia, evitando cualquier retardo grave e

injustificado que pueda eventualmente derechos e intereses del administrado

(art. 225.2 LGAP).

1.5.4. Principio de imparcialidad

Con este principio se procura garantizar que en la búsqueda de la verdad real, la

Administración actuará con objetividad en la toma de decisiones y con absoluto

respeto hacia los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados.

No obstante, es conocido que este precepto resulta cuestionable cuando es la

propia Administración la que, en la resolución de un determinado asunto, actúa

como juez y parte.

(6) DROMI, José. Instituciones del Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea.1983, p. 509


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Como muestra de lo anterior, encontramos que en muchas ocasiones los

integrantes del Órgano Director encargado de realizar la fase de instrucción

dentro de un determinado procedimiento disciplinario, se encuentran

supeditados al jerarca de la misma institución donde laboran, lo cual podría

afectar la forma en que éstos ejecuten la función asignada, al no existir una

verdadera independencia respecto a tarea encomendada. En tal sentido, resulta

obvio suponer que el superior podría ejercer algún tipo de influencia sobre las

personas encargadas de realizar la investigación, lo cual lesionaría el principio

en estudio.

No cabe duda de que, si bien es cierto el Órgano Director puede en determinado

momento puede sentirse intimidado por alguna actuación que provenga de su

superior jerárquico, en definitiva, la forma en que desarrolle su función

dependerá en gran medida de la posición objetiva e imparcial que sus

integrantes asuman, para lo cual es necesario que sean conscientes de la

delicada labor que les ha sido encomendada y de la necesaria observancia de

todos los principios que enmarcan su actuar. A ese efecto deben recordar que, el

procedimiento lo que debe buscar es la verdad real de los hechos, con absoluto

respecto a los derechos del sujeto, lo cual convierte al procedimiento en una

garantía a favor del investigado y no sólo en un mecanismo puesto a disposición

de la Administración para ejercer la potestad sancionadora.

Con el fin de garantizar la imparcialidad con la que debe actuar la

Administración, surgen las figuras jurídicas de la recusación y abstención,

reguladas a partir del artículo 232 de la LGAP, junto con los numerales 49 y 53

del Código Procesal Civil.

1.5.5. Principio de informalismo

El informalismo protege la idea “pro-actione” por el fondo, según la cual se

deben eliminar los obstáculos puestos innecesariamente en el desarrollo de un

procedimiento propio de la Administración, a fin de que éste se realice de forma

ágil, procurando que el asunto sea definido con la mayor celeridad. En

consecuencia, el procedimiento administrativo debe orientarse a evitar lo


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complicado y excesivamente burocrático, prefiriendo un moderado formalismo,

sencillez y flexibilidad.

El principio en cuestión se establece en nuestro ordenamiento jurídico positivo a

través del artículo 224 de la LGAP. Sin embargo, el mismo no debe constituir

una excusa por parte de la Administración para dejar de cumplir los requisitos

básicos que la ley demanda. En tal sentido, según lo manifestado por el profesor

OSCAR GONZALEZ (7) lo que se debe combatir es el informalismo riguroso. En

consecuencia, debe entenderse que el informalismo que se evidencie durante la

tramitación de un procedimiento administrativo de tipo sancionador, deberá

necesariamente ser interpretado a favor del sujeto investigado.

(7) Clase magistral impartida el día 10 de noviembre del 2004. Curso de Derecho Administrativo III. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica.


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1.5.6. Principio de debido proceso

En el caso de nuestro país, ha sido la jurisprudencia constitucional la encargada

de definir y desarrollar los elementos o sub principios que integran el Debido

Proceso, además de señalar sus alcances.

En el ya conocido Voto No. 1739-92, la Sala Constitucional, en forma amplia, se

refirió a este principio e indicó que el mismo abarca no solo cuestiones penales

sino también otras más allá de sus límites. A través del Debido Proceso se

generan una serie de requisitos que deben seguirse en todo proceso o

procedimiento que tenga por finalidad la imposición de algún tipo de sanción.

Esto habilita su aplicación en asuntos donde la Administración haga uso de sus

potestades de imperio para ejercer el derecho sancionatorio. En la resolución de

marras se establecieron una serie de sub principios derivados del Debido

Proceso Constitucional, entre los cuales destacan:

Derecho general a la justicia

Se refiere a la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de la

justicia; es decir, del acceso universal a la justicia para toda persona, sin

distinción de su sexo, edad, color, nacionalidad, origen o antecedentes, o

cualquier otra condición social.

Derecho al juez regular

De forma concreta, este derecho, también conocido como "derecho al juez

natural", pretende garantizar que la persona encargada de juzgar al investigado,

sea imparcial e independiente. En nuestra Constitución este principio se

consagra a través del artículo 35, según el cual “Nadie puede ser juzgado por

comisión tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino

exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta

Constitución". Sin embargo, cuando es la Administración la que debe ejercer su

potestad sancionadora, dicho principio puede resultar lesionado. Por ejemplo, la

selección que generalmente se hace de los miembros del Órgano Director

puede, eventualmente, obedecer a una decisión premeditada de un jerarca,

quien con el fin de garantizar una sanción, delega la instrucción del

procedimiento en personas sobre las cuales eventualmente podría ejercer algún


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tipo de influencia. Contar con una planilla fija de personas que asuman dicha

función, a quienes se les asignen los casos según un rol de trabajo, debe ser

uno de los objetivos de la Administración, para garantizar el principio del juez

natural.

Derechos de audiencia y defensa

Estos derechos estás consagrados en el artículo 39 de la Constitución y se

desarrollan, de forma amplia en los artículos del 309 al 319 de la Ley General de

la Administración Pública; además en el Código Procesal Penal y en la

Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho general de

defensa implica otros, particularmente el de audiencia y los principios de

imputación e intimación, así como el derecho a la motivación o fundamentación

debida de toda resolución procesal. De conformidad con lo expuesto,

comprende:

-El principio de intimación: Toda persona tiene derecho a que se le instruya

(informe) sobre los hechos que se le atribuyen, incluso a manera de presunción.

Equivale al conocimiento de la acusación, desde el primer momento, incluso

antes de la iniciación del proceso en su contra.

-El principio de imputación: Es el derecho a una acusación formal, descriptiva,

precisa y detallada del hecho, incluyendo además, una clara calificación legal,

señalando los fundamentos de derecho de la acusación. Se relaciona con la

individualización del sujeto investigado, para lo cual se requiere una descripción

detallada, precisa y clara del hecho de que se le acusa y hacer una clara

calificación legal del mismo, señalando los fundamentos de derecho de la

acusación (8).

(8) Para el doctor MAURO MURILLO, especialista en Derecho Público “no puede haber procedimiento disciplinario sin imputación de cargos, o sea, sin advertir cuales son las supuestas faltas sobre las que versará el procedimiento disciplinario.”. MURILLO, Mauro. Objeto del procedimiento disciplinario e imputación de cargos. Crítica al voto 4457-99 de la Sala Constitucional. San José, Costa Rica: Revista IVSTITIA. Año 13. No. 151-152. 1999, pp. 20-21

-El derecho de audiencia:


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Se entiende por tal, el derecho del investigado y su defensor de intervenir en el

procedimiento, de hacerse oír por quienes dirigen el mismo, de traer toda prueba

que consideren oportuna para respaldar su defensa, de controlar la actividad de

las partes y de combatir sus argumentos y las pruebas de cargo.

-El derecho de defensa en sí:

Se refiere al derecho que sin restricciones tiene la parte para comunicarse

privadamente con su defensor, así como a la concesión del tiempo y los medios

necesarios para que se prepare adecuadamente la defensa, el acceso irrestricto

a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, particularmente

repreguntando y tachando o recusando a testigos y peritos y el derecho a no ser

obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes inmediatos, ni a

confesarse culpable.

-Principio de inocencia

Este también se desprende del artículo 39 de la Constitución, en cuanto a que se

requiere la necesaria demostración de culpabilidad para sancionar al funcionario.

Ninguna persona puede ser considerada ni tratada como culpable en tanto no

exista en su contra una resolución en firme, dictada en un proceso regular y legal

que lo declare como tal. Es así como a la persona se le presumirá inocente

mientras la autoridad respectiva no demuestre su culpabilidad y sin que exista

duda alguna sobre ella.

-Principio de "in dubio pro homine"

Implica que el convencimiento del órgano decidor respecto de la culpabilidad de

la persona investigada, debe superar cualquier duda razonable, de manera que

cualquiera que exista obliga a fallar a su favor, de lo cual se tiene que en caso

de duda sobre la comisión de un hecho, se debe favorecer a la persona a quien

se le viene atribuyendo el mismo.


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Los derechos al procedimiento:

Entre estos principios se encuentran:

-Libertad de acceso al expediente:

Según este principio, las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las

limitaciones que establezca la ley, según lo dispuesto en el artículo 217 LGAP.

Aunado a ello, el numeral 272 del mismo cuerpo normativo, establece que las

partes, sus representantes tienen derecho a examinar, leer, copiar y pedir

certificación de las mismas, cubriendo el costo de las copias y certificaciones.

-Confidencialidad:

Este principio consiste en una protección jurídica en relación a una determinada

información documentada, que impide su acceso a terceros por un tiempo

determinado legalmente. El artículo 273 LGAP establece los motivos por los que

puede negarse el acceso al expediente: secretos de Estado, información

confidencial por conferir privilegio indebido, proyectos resolución, informes de

órganos consultivos y dictámenes

Amplitud de la prueba:

Dado que la finalidad del procedimiento es la averiguación real de los hechos, se

deberá investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desatender ningún

medio legítimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la defensa no resulta

manifiestamente impertinente o repetitiva. También se deberá ordenar la prueba

para mejor proveer que resulte necesaria.


23

Libertad de prueba:

Se refiere a la posibilidad dada a las partes de recurrir a cualquier medio de

prueba legítima que se quiera incorporar al procedimiento. Este principio se

encuentra regulado a través del artículo 297 de la LGAP, el cual establece:

“La Administración ordenará y practicará todas las diligencias de prueba

necesarias para determinar la verdad real de los hechos objeto de trámite, de

oficio o a petición de parte”. Por su parte, el artículo 298, inciso 1), viene a

reafirmar el carácter de libertad de la prueba, al establecer que: “Los medios de

prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el derecho público, aunque

no sean admisibles por el derecho común.”

Como excepción a este principio, el artículo 307 de la LGAP, indica: “1. La

Administración podrá prescindir de todo prueba cuando haya que decidir

únicamente con base en los hechos alegados por las partes, si los tiene por

ciertos”.

-Legitimidad de la prueba:

Significa que toda la prueba recabada durante el procedimiento deberá ser legal;

es decir, que deberá estar autorizada por el Ordenamiento Jurídico; de lo

contrario la prueba sería espuria. En relación con este tipo de prueba, es

importante hacer mención de la conocida teoría “del fruto del árbol envenenado”,

cuyo origen se encuentra en la jurisprudencia norteamericana. Según ésta

teoría, toda prueba obtenida directa o indirectamente, violentando derechos o

libertades fundamentales de una persona, es ilegal y por ende inválida, así como

todas las actuaciones que de dicha prueban se deriven.

-Inmediación de la prueba:

Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una manera

directa, inmediata y simultánea.

Identidad física del juzgador: La persona investigada debe conocer quién es el

sujeto llamado a resolver sobre su caso, pero de igual forma, deberá tener

conocimiento de las personas que integran el Órgano Director.


24

-Comunidad de la prueba:

Todos los elementos probatorios una vez introducidos al procedimiento son

comunes a todas las partes.

-Valoración razonable de la prueba:

Toda la prueba recabada debe ser valorada según las reglas de la sana crítica

racional, siguiendo los preceptos de la lógica, la ciencia y la experiencia.

Además, por medio del inciso 2) del artículo 298 de la LGAP se establece la

forma en que se debe valorar la prueba dentro de un procedimiento

administrativo. En ese sentido, se requerirá que la apreciación hecha por el

órgano decidor, es decir por la jefatura, sea debidamente razonada y

fundamentada. Es importante recordar que el Órgano Director encargado de la

fase de instrucción no debe resolver ni recomendar la resolución del asunto.

El derecho a una resolución justa

Congruencia de la resolución-Para darse por concluido el Debido Proceso, se

requiere que la resolución adoptada respete al menos ciertos principios

constitucionales, siendo uno de ellos la congruencia de la resolución; es decir, la

correlación entre acusación, prueba y resolución, en virtud de que ésta tiene que

fundamentarse en los hechos discutidos y pruebas recibidas en el

procedimiento.

Doble instancia

Definido tradicionalmente como el "derecho a los recursos", implica la posibilidad

de que el acto sea recurrido y que el administrado pueda ejercer recursos contra

lo resuelto por el órgano decidor. Se expresa como una garantía constitucional

que faculta a los sujetos para someter a conocimiento de una instancia superior,

el pronunciamiento administrativo que les resulte desfavorable, con el propósito

de que se modifique parcial o totalmente e incluso se anule.

En síntesis, el principio de la doble instancia consagra a favor de los sujetos, la

posibilidad de defenderse contra un dictamen que les sea adverso. Se encuentra

regulado en el artículo 350 de la LGAP.


25

De forma específica, algunas instituciones cuentan con regulaciones internas

que garantizan dicho principio. Tal es el caso de la Caja, donde a través de los

artículos 29, 31 y 35 de la Normativa de Relaciones Laborales vigente a partir de

octubre de 1998, se dispone de un trámite especial para garantizar el principio

de doble instancia. Así, en el supuesto de que el funcionario investigado se

oponga a la gestión disciplinaria, la normativa interna de la Caja establece la

posibilidad de que su oposición sea conocida, primero, en dos diferentes

órganos bipartitos y paritarios, a saber, la Comisión Local de Relaciones

Laborales y la Junta Nacional de Relaciones Laborales, cuyos pronunciamientos

son de naturaleza recomendativa; siendo que una vez conocida la

recomendación de estos, el recurso de oposición pasa a conocimiento del

órgano superior jerárquico de aquel que dictó el acto impugnado, para su

definitiva resolución. Así las cosas es preciso aclarar que, aún y cuando en un

determinado caso el funcionario interponga recurso de revocatoria y apelación

contra la sanción dispuesta en primera instancia, es lo cierto que, al existir un

procedimiento especial regulado a nivel de la Caja para el trámite de tal

impugnación, deberá cumplirse con lo dispuesto en el numeral 29 de la

Normativa de Relaciones Laborales, por tratase de una norma especial –

respecto de lo que al efecto regulan los artículos

343 y siguientes de la LGAP (9)-, mediante la cual se procura garantizar el

principio de doble instancia.

(9) Ello resulta de la aplicación del principio general del Derecho según el cual, la norma especial priva sobre la norma de carácter general.


26

1.5.7. Principio de non bis in ídem

Este principio general del Derecho se refiere a la prohibición de condenar dos

veces por el mismo hecho. Se encuentra consagrado en el artículo 42 de la

Constitución Política. La infracción a una norma administrativa será objeto de la

respectiva sanción administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad penal

correspondiente, cuando ambas sean compatibles. De acuerdo con la

jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional, el principio non bis in idem no es

aplicable cuando se están frente a ámbitos diferentes de responsabilidad –ya

sea administrativo o penal, por ejemplo-, esto como resultado de la declarada

independencia del Derecho Administrativo en materia sancionatoria (10).

Al respecto la Sala Constitucional ha indicado: “ya esta Sala ha establecido (…)

que el patrono no puede quedar sujeto, para sancionar disciplinariamente, al

resultado previo de una causa penal, pues estamos ante dos tipos de

consecuencias distintas, para el acto de un trabajador” (11).

En el mismo sentido, ha indicado que “un mismo hecho puede encuadrar en

normas de distintas ramas del derecho y puede causar efectos diferentes e

independientes en diversas vías, toda vez que -como ocurriría en la especie- se

trata de sanciones correspondientes a dos esferas de responsabilidad totalmente

diferentes e independientes dentro de nuestro ordenamiento jurídico-la

administrativa y la penal.

(10) Al respecto es importante recordar que la responsabilidad del funcionario público puede ser penal, civil y/o disciplinaria, las cuales son excluyentes al estar cada una en ámbitos diferentes de responsabilidad. (11) Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 380-90. En igual sentido ver votos 1569- 93,6211-93, 1264-95.


27

En todo caso, advierte la Sala que lo resuelto por las autoridades de la Caja

Costarricense de Seguro Social, habida cuenta de las resultas del proceso penal

respecto al cuadro fáctico que se interesa, podría verse afectado –con las

consecuencias que ello implica– con arreglo a la jurisprudencia de esta Sala

acerca de la controversia que se puede producir cuando dos órganos del Estado

-uno jurisdiccional y otro administrativo- conocen de iguales hechos, puesto que

si recae una absolutoria en vía penal, podría imponérsele a la amparada una

sanción administrativa por esa misma situación fáctica (…). Si en vía penal se

determina que el hecho no se cometió o no lo fue por la persona a la que se le

atribuye, no podría ser sancionada administrativamente por los mismos hechos.

Si en vía penal se determina que el hecho irregular existió, pero no constituye

delito, por ejemplo, por no haber sido cometido en forma dolosa, el asunto si

podría ser examinado en vía administrativa. Se debe aclarar, sin embargo, que

lo contrario no es inconstitucional. Es decir, es posible imponer una sanción

disciplinaria cuando el hecho si fue penalizado en la jurisdicción común” (12).

1.5. 8. Principio de verdad real o material

Significa que debe establecerse de forma certera la realidad histórica de los

hechos investigados, siendo necesaria su reconstrucción por medio de la prueba

recopilada. La verdad real consiste en determinar las verdaderas razones sobre

las cuales se dieron esos hechos, es decir, cuál fue el cuadro fáctico que

propició la actuación desplegada. La verificación de esta verdad real debe ser el

fundamento sobre la cual se imponga una sanción administrativa. Por ello, el

Órgano Director que lleve a cabo una investigación disciplinaria, no debe

preestablecer ninguna situación fáctica como cierta, hasta tanto no se tengan por

demostrados los hechos investigados

(12) Voto No. 2007-98


28

.

El artículo 214.2 de la LGAP regula dicho principio y se complementa con el

artículo 221 del mismo cuerpo normativo. Para el profesor MILANO SANCHEZ

(13) el procedimiento administrativo surge como “el medio técnico jurídico más

adecuado para determinar la verdad real de los hechos que servirá de motivo al

acto final”.

Para la Sala Constitucional “el principio del Debido Proceso marca los motivos,

las condiciones y las circunstancias en que un proceso –aún en materia de

investigación administrativa- debe empezar e ir hasta la resolución final para

obtener la verdad real” (14).

(13) MILANO SANCHEZ (Aldo). Ensayos de Derecho Procesal Administrativo. Primera Edición. Editorial Universidad de San José. San José. CR. 1997. Pág. 47. (14) Voto No. 308-90


29

1.6. FASES DEL PROCEDIMIENTO.-

El procedimiento prevé dos fases:

• La instructora: La administración da audiencia a la persona interesada

para que pueda alegar y proponer la práctica de aquellas pruebas que considere

conveniente para su defensa, siempre en relación con los hechos que se le

imputan. Si el inculpado reconoce voluntariamente su responsabilidad, el

la/instructor/a eleva el expediente al órgano competente para resolver, sin

perjuicio de que pueda continuar su tramitación si existen indicios razonables de

fraude o encubrimiento de otras personas o entidades.

El/la instructor/a, si procede, ordena la práctica de la prueba o pruebas

propuestas, cuyos gastos derivados serán con cargo a quien las propone.

Transcurrido el plazo de 10 días para formular alegaciones, y tras la eventual

práctica de la prueba, el/la instructor/a formula la correspondiente Propuesta de

Resolución, que se debe notificar a los interesados para que, en el plazo de 10

días, puedan presentar alegaciones. Una vez cumplidos los trámites anteriores,

el/la instructor/a eleva el expediente al órgano competente para resolver.

La sancionadora: En la fase sancionadora (o más bien resolutiva, ya que el

expediente puede acabar sin sanción), el órgano competente dicta resolución,

sancionando, si han quedado acreditados los hechos imputados, o

sobreseyendo y archivando el expediente.

1.7. DESCARGO.-

El presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le

imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las

sanciones que en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del

instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción.


30

1.8. PRESUNCIÓN DE LICITUD O DE INOCENCIA.-

En todo el procedimiento, la persona imputada goza de la presunción de

inocencia y es la administración la que tiene la carga de probar la comisión de la

infracción, si bien es cierto que los hechos constatados por funcionarios tienen

valor probatorio (pero no de carácter absoluto: se puede destruir dicha

presunción con otras pruebas).

1.9. FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.-

• Por resolución sancionadora.

• Por resolución motivada por la que se acuerde el sobreseimiento:

Cuando los hechos no son constitutivos de infracción administrativa.

Cuando no hay indicios racionales de haberse producido los hechos que

han sido la causa del inicio del procedimiento.

Cuando no se ha acreditado la existencia de responsabilidad, o bien se ha

producido la extinción de ésta.

• Por caducidad del procedimiento.

1.10. CADUCIDAD.-

Otra garantía del procedimiento es la caducidad del expediente administrativo:

La administración ha de dictar la resolución que pone fin al expediente en un

determinado plazo, fijado normalmente por la normativa sectorial. Si no lo hace,

el expediente ha caducado y ya no puede dictar resolución sancionadora, si bien

podrá iniciar otro expediente distinto si la infracción no ha prescrito.


31

1.11. PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR INTEGRACIÓN CON

LA LEY 27444.-

Actualmente, este proceso administrativo disciplinario regulado como proceso

especial resulta ser complementado o integrado por la Ley 27444 de

Procedimientos Administrativos General en forma específica por el Capítulo II –

Procedimiento Sancionador – Si bien por disposición del artículo 229.2 se señala

que en las entidades cuya potestad sancionadora está regulada por leyes

especiales, este capítulo se aplicará con carácter supletorio, lo cierto es que esta

norma resulta privilegiada en su aplicación, porque el nuevo derecho

administrativo que se propugna como forma superada del derecho administrativo

permisivo ha adoptado asumir como suyo el conjunto de valores constitucionales

de respeto a la persona humana a sus derechos e intereses, cuya finalidad de la

administración pública es la protección del interés general garantizando los

derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento

constitucional y jurídico en general. En el proceso administrativo disciplinario

regulado por las normas especiales en mención, expresamente no se contempla

los principios de legalidad, motivación, tipicidad, presunción de inocencia, de

proporcionalidad, razonabilidad, verdad material y otros, que son lo que otorgan

garantías, respeto a los derechos fundamentales de las personas o imputadas

de una falta administrativa y porque ellos constituyen una limitación a la

arbitrariedad de las actuaciones de la administración y sustenta a un Estado de

Derecho Democrático.

1.12. DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO- LEY 27444.-

Publicado en el diario el peruano el 24 de junio de 2008, con el decreto

legislativo 1029 y por ley Nº 29157, modificando el procedimiento administrativo

sancionador y agregando a este el art.236-A.


32

“Artículo 229º.- Ámbito de aplicación de este capítulo 229.2 Las disposiciones

contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a los

procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar

necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que

se refiere el artículo 230º, así como la estructura y garantías previstas para el

procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos

favorables a los administrad os, que las previstas en este Capítulo.

229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las entidades

se rige por la normativa sobre la materia.”

“Artículo 230º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la

conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que

cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las

sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento

calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que

en orden de relación que se señalan a efectos de su graduación:

a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;

b) EI perjuicio económico causado;

c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la infracción;

d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;

e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y

f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia de la

imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado

incurra en forma continua, se requiere que hayan transcurrido por lo

menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la


33

última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que

demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.

Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de

continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva, en los siguientes casos:

a) Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro

del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última

sanción administrativa.

b) Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto

administrativo firme.

c) Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa

original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en

el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a

que se refiere el inciso 5.

Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente

una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos

en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la

concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el

inciso 7.

“Artículo 233º.- Prescripción

233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones

administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin

perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás

obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En


34

caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá

a los cuatro (4) años.

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la

existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se

hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada.

EI cómputo del plazo de prescripción sólo se suspende con la iniciación del

procedimiento sancionador a través de la notificación al administrado de los

hechos constitutivos de infracción que les sean imputados a título de cargo, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 235º, inciso 3 de esta

Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del

procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de veinticinco (25)

días hábiles, por causa no imputable al administrado.

“Artículo 236º-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones

Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por la comisión de la

infracción administrativa, las siguientes:

1.- La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u

omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad

a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del

artículo 235º.

2.- Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa,

confusa o ilegal. “

“Artículo 238º.- Disposiciones Generales

238.1 Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho común y en

las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a


35

los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de

la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquéllas.

238.2 En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por parte

de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso fortuito o

fuerza mayor, de hecho determinante del administrado damnificado o de tercero.

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado razonable y

proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas

o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando se trate de daños que el

administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con el ordenamiento

jurídico y las circunstancias.

238.3 La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede administrativa

o por resolución judicial no presupone necesariamente derecho a la

indemnización.

238.4 EI daño alegado debe ser efectivo, valuable económicamente e

individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos.

238.5 La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las demás

consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora del daño,

incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.


36

II.- PROCEDIMIENTO TRILATERAL

INTRODUCCIÓN A ESTE TEMA.-

Una de las reformas más importantes que LA LEY DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS incorporó a las Normas Generales de Procedimientos

Administrativos fue comprender dentro de su alcance a una serie de

procedimientos surgidos espontáneamente dentro de la Administración Pública

para conducir y resolver conflictos de intereses entre dos o más sujetos

procedimentales así como también incorporo las formas de sanción más

adecuadas para resolver de esa manera conflictos que surgen dentro de una

institución.

La realidad administrativa imponía dar reconocimiento formal y cobertura legal a

un conjunto de procedimientos donde la Administración no actuaba de la manera

tradicional siendo parte del procedimiento y portadora del interés público sino

más bien a modo de intermediario entre los intereses de dos sujetos de derecho,

a los cuales convoca, bajo su imperio, para decidir la controversia o las

sanciones que obviamente debe versar sobre algún aspecto de interés público.

Por ello, aun cuando confluyan más administrados ante el Estado, puede que no

exista entre ambos un conflicto de intereses cuya decisión sea materia del

procesamiento y que el funcionario público ejerza tareas definitorias respecto de

ellas.

En tal sentido, podemos definir el procedimiento cuasi jurisdiccional,

administrativo contencioso o trilateral, como aquel desarrollado en el ámbito de

la Administración Pública dirigido a decidir un conflicto de intereses suscitado

con motivo de la actuación pública o en asuntos de interés público y en donde la

autoridad ejerce el rol de instructor de la causa con facultades inherentes a la

jurisdicción retenida. Mediante este tipo de procedimiento la Administración

Pública tiene competencia para conocer, instruir y resolver:


37

2.1. CONCEPTO

En el penúltimo Título la Ley incorpora los Procedimientos Especiales

denominados PROCEDIMIENTO TRILATERAL y PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR, señalándose por los autores, sobre el primero, con propiedad,

lo siguiente: 'La realidad administrativa imponía dar reconocimiento formal y

cobertura legal a un conjunto de procedimientos donde la Administración no

actuaba de la manera tradicional" (1), porque en ellos no se constituía en juez y

parte a la vez.

Ciertamente, antes de la -vigencia del Decreto Ley N' 26111, que introdujo

diversas modificaciones, propiciando la promulgación del Texto único Ordenado

derogado, ya existían en diversas normas, legales y reglamentarias,

principalmente en materia de procesos de selección, llámense Licitación o

Concursos Públicos, aplicables para la ejecución de obras públicas, para las

actividades de Consultoría, así como para la adquisición de bienes y servicios.

Esto queda comprobado en el año 1958, a partir del cual las licitaciones públicas

para la ejecución de obras, son reguladas por un Reglamento General sustituido

por el Reglamento General de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas

dictado en el año 1961, que rigió hasta 1980. Año en el cual se dictó el

Reglamento único de Licitaciones y Contrato de Obras Públicas. Paralelamente,

regían el Reglamento único de Adquisiciones para el Suministro de Bienes y

Prestación de Servicios No Personales, sancionado por el Decreto Supremo Nº

065-85-PCM; y la Ley que normaba la actividad de Consultoría, con su

correspondiente Reglamento.

En estas normas quedaron establecidos los procedimientos para la solución de

conflictos surgidos entre los postores a través de los medios de impugnación

previstos en ellas; originándose los ahora denominados procedimientos

trilaterales. Por, ejemplo, en una licitación pública convocada para llevar

adelante mediante el respectivo contrato administrativo una obra pública, el


38

postor no conforme con el otorgamiento de la buena pro a otro postor, podía

impugnar tal decisión, correspondiendo pronunciarse, en primera instancia, a la

entidad convocante; y, en segunda y última instancia, al Consejo Superior de

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas.

Actualmente todas las disposiciones citadas anteriormente han sido derogadas,

por encontrarse vigente en reemplazo de las mismas el Texto único Ordenado

de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto

Supremo N' 083 - 2004 - PCM en aplicación de las Leyes N°s 27330 y 28267,

modificatorias de la Ley N' 26850, vigente desde el año 1997: conforme al cual

se establecen dos recursos para impugnar las decisiones del Comité Especial,

encargado de la organización, conducción y ejecución de la integridad del

proceso de selección hasta antes de la suscripción del contrato respectivo. Estos

recursos son el de Apelación y el de Revisión que se interponen para resolver

las discrepancias con actos administrativos producidos desde la convocatoria

hasta la suscripción del contrato, inclusive, correspondiendo la atención del

primero al Titular del Pliego o a la máxima autoridad administrativa de la Entidad

convocante, y el segundo, al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones, en

última instancia, fallo que causará estado.

Por todo ello, es parcialmente cierto cuando algunos autores afirman La ley

establece las pautas generales para algunos procedimientos administrativos

especiales que han adquirido enorme trascendencia en los últimos años" que no

fueron regulados adecuadamente por la legislación vigente antes de la nueva

Ley, reconociendo de esta manera su preexistencia. (2)

No pueden quedar al margen en este aspecto las normas vinculadas a los

Organismos Reguladores de la Inversión Privada en Servicios Públicos, en las

cuales subyacen los procedimientos trilaterales, en armonía con la definición de

la Ley, y en razón de la función de solución de controversias y de reclamos

previstos en la Ley Marco y en las respectivas normas específicas, a saber:


39

OSIPTEL.- El reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NO 008-2001PCM,

así como sendas directivas, establece que las controversias entre empresas

prestadoras del servicio estarán sujetas a la decisión en primera instancia, de

Cuerpos Colegiados y, en segunda instancia, en vía de Apelación, del Tribunal

de Solución de Controversias. Los reclamos de usuarios contra las empresas

prestadoras. También están sujetos a dos instancias, en la primera corresponde

conocer y resolver a la propia empresa operadora, siendo competencia del

Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos, conocer y resolver, en vía de

apelación, corno última instancia administrativa

OSINERG.- La función de solución de controversias entre entidades, entre éstas

y los usuarios libres y entre éstos, corresponde en primera instancia a Cuerpos

Colegiados y, en segunda instancia, al Tribunal de Solución de Controversias; y

la de los reclamos de usuarios, en primera instancia, a las propias entidades

prestadoras; y en segunda instancia, a la Junta de Apelaciones de reclamos, de

conformidad con el Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No 054-2001-

PCM.

OSITRAN.- El Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 0 10-200 1

PCM, establece igual tratamiento al establecido en el organismo anterior, para la

solución de Controversias y de Reclamos.

SUNAS.- El respectivo Reglamento sancionado por el Decreto Supremo No 017-

2001-PCM, determina similar procedimiento al adoptado por las dos anteriores

para la solución de controversias y los reclamos de los usuarios.

2.2 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMENTO TRILATERAL.-

Llamado también casi jurisdiccional o contencioso administrativo, tripartito o

triangular, es definido por Danos Ordoñez como aquel en el que la

administración decide un conflicto entre dos particulares, a diferencia del típico

procedimiento bilateral en el que la Administración es al mismo tiempo juez y

parte. Es el desarrollado, dice Morón Urbina, en el ámbito de la administración


40

Pública dirigido a decidir un conflicto de intereses suscitado con motivo de la

actuación pública o en asuntos de interés público y en donde la autoridad ejerce

el rol de instructor de la causa con facultades inherentes a la jurisdicción

retenida.

El PROCEDIMIENTO TRILATERAL forma parte del Título IV de la Ley, que en

los artículos 2190 al 2280 lo define y precisa el marco legal al cual queda

sometido, de la rnisma manera la iniciación, contenido de la reclamación,

contestación, pruebas que pueden ser actuadas en su desarrollo, medidas

cautelares aplicables, impugnación de las resoluciones emitidas y la conciliación

o transacción extrajudicial.

Sin matices, diferencias o clases, salvo los necesarios que permitan distinguirlo

del procedimiento común, es definido por el artículo 219' como un proceso

administrativo contencioso seguido entre dos o más administrados ante las

entidades de la administración, y ante las personas jurídicas de derecho privado

que en razón de concesiones, delegación o autorización del Estado, prestan

servicios públicos o ejercen función administrativa; denominando a los que lo

inician simplemente 'reclamantes" y a cualquiera de los emplazados reclamado".

La instrucción del procedimiento y la facultad de resolver son asumidas en

primera instancia por un órgano o autoridad sometida a subordinación jerárquica

y, en última instancia, generalmente, por un Tribunal Administrativo, de acuerdo

a las disposiciones específicas sobre la materia.

Son calificados como procedimientos de evaluación previa, con aplicación del

silencio administrativo negativo, por disponerlo el numeral 34.1.3 de la Ley, en

los cuales confrontan intereses dos o más administrados, exigiendo en

consecuencia el máximo de imparcialidad de la autoridad administrativa.

Si bien es cierto que su desarrollo se produce en el ámbito del Derecho

Administrativo; es cierto también, que asume algunos matices propios del

proceso civil. Se rige MARCO LEGAL por las disposiciones contenidas en el


41

Título IV y por las demás normas previstas en la Ley, que en relación a

procedimientos de la misma índole regulados por leyes especiales tendrá

carácter supletorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 2201,

supletoriedad que es reiterada por la Tercera Disposición Complementaria y

Final de la norma procedimental general.

La ley de procedimientos administrativos lo señala en los siguientes artículos

Artículo 219°.- Procedimiento trilateral

219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento administrativo contencioso

seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración y

para los descritos en el inciso 8) del Artículo I del Título Preliminar de la presente

Ley.

219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una

reclamación será designada como "reclamante" y cualquiera de los emplazados

será designado como "reclamado".

Artículo 220°.- Marco Legal

El procedimiento trilateral se rige por lo dispuesto en el presente Capítulo y en lo

demás por lo previsto en esta Ley. Respecto de los procedimientos

administrativos trilaterales regidos por leyes especiales, este capítulo tendrá

únicamente carácter supletorio.

2.2.3. INICIACIÓN DEL PROCESO TRILATERAL

Se puede originar mediante la RECLAMACIÓN, de uno de los administrados,

denominado por la Ley RECLAMANTE; o de Oficio, es decir, a iniciativa de la

propia Administración; quedando obligada ésta durante el desarrollo del

procedimiento a propiciar entre los administrados intervinientes la solución

conciliada de la controversia, de acuerdo con el artículo 221°, numerales 221. 1

y 221.2.

Admitida que sea la RECLAMACIÓN se correrá traslado al RECLAMADO, así

designado por el numeral 219. 2, para que exprese los descargos que a su

derecho conviniera.


42

La ley de procedimientos administrativos lo señala en el siguiente artículo

Artículo 221°.- Inicio del procedimiento.

221.1 El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una

reclamación o de oficio.

221.2 Durante el desarrollo del procedimiento trilateral la administración debe

favorecer y facilitar la solución conciliada de la controversia.

221.3 Una vez admitida a trámite la reclamación se pondrá en conocimiento del

reclamado a fin de que éste presente su descargo.

2.2.4. CONTENIDO DE LA RECLAMACIÓN

El CONTENIDO debe cumplir con los requisitos exigidos a los escritos en

general por el artículo 1130 de la Ley, agregándose el nombre y la dirección de

cada reclamado, si hubiera más de uno, los motivos de la reclamación, petición

de sanciones u otro tipo de acción afirmativa corno lo dispone el numeral 222. 1.

En el mismo escrito se ofrecerán las pruebas, acompañando, las que disponga,

como anexos. Al surgir dudas respecto a la exposición de los hechos o de los

fundamentos de derecho, el numeral 222.3 faculta a la administración a solicitar

la aclaración respectiva.

Las pruebas se rigen por lo previsto en los artículos 1620 a 1800. de cuya

actuación no podrá prescindir la Entidad, salvo acuerdo de las partes

intervinientes, de conformidad con el artículo 2250.

La ley de procedimientos administrativos lo señala en los siguientes artículos

Artículo 222°.- Contenido de la reclamación

222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en

el Artículo 113° de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada

reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo

de acción afirmativa.


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222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos

las pruebas de las que disponga.

222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla,

cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de

derechos respectivos.

Sobre la CONTESTACIÓN:

a) PLAZO: Quince (15) días improrrogables, posteriores a la notificación de

la Reclamación, absolviendo todos los aspectos controvertidos, sean de hecho o

de derecho. Se tendrán por aceptadas o meritadas, entendemos como ciertas.

Por la Administración, si no se negaran en la contestación, las alegaciones y los

hechos realmente relevantes contenidos en la reclamación.

b) REBELDIA Y ADMISION DE EXTEMPORANEIDAD. Vencido el plazo sin

mediar contestación, el reclamado incurrirá en rebeldía que será declarada por el

instructor; no obstante podrá admitirse la contestación extemporánea, si se

considera apropiado y razonable por la Administración en uso de la facultad que

en ese sentido otorga el numeral 223.3. Todas las cuestiones propuestas

conjunta y únicamente en la contestación o en la réplica se decidirán en la

resolución final, como lo previene el numeral 223.2; en la réplica el reclamado

alegará únicamente violaciones a la legislación.

En cambio la réplica a las contestaciones de las reclamaciones no está

permitida, pero los nuevos Problemas planteados en la contestación serán

estimados como materia controvertida, todo ello de conformidad con el artículo

2240.

Durante el desarrollo del Procedimiento Trilateral, en cualquier etapa, podrán

dictarse MEDIDAS CAUTELARES, de oficio o a petición de parte,

constriñéndose a lo dispuesto por el artículo 146°, que exige decisión motivada y

elementos de juicio suficientes, en previsión de la pérdida de eficacia de la

decisión final. Bajo responsabilidad de la Administración, cuidando que Su

adopción no configure perjuicio irreparable del o los administrados (Art. 226).


44

La ley de procedimientos administrativos lo señala en los siguientes artículos.

Artículo 222°.- Contenido de la reclamación

222.1 La reclamación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en

el

Artículo 113° de la presente Ley, así como el nombre y la dirección de cada

reclamado, los motivos de la reclamación y la petición de sanciones u otro tipo

de acción afirmativa.

222.2 La reclamación deberá ofrecer las pruebas y acompañará como anexos

las pruebas de las que disponga.

222.3 La autoridad podrá solicitar aclaración de la reclamación de admitirla,

cuando existan dudas en la exposición de los hechos o fundamentos de

derechos respectivos.

Artículo 223°.- Contestación de la reclamación

223.1 El reclamado deberá presentar la contestación de la reclamación dentro

de los quince (15) días posteriores a la notificación de ésta; vencido este plazo,

la Administración declarará en rebeldía al reclamado que no le hubiera

presentado.

La contestación deberá contener los requisitos de los escritos previstos en el

Artículo 113° de la presente Ley, así como la absolución de todos los asuntos

controvertidos de hecho y de derecho. Las alegaciones y los hechos relevantes

de la reclamación, salvo que hayan sido específicamente negadas en la

contestación, se tendrán por aceptadas o merituadas como ciertas.

223.2 Las cuestiones se proponen conjunta y únicamente al contestar la

reclamación o la réplica y son resueltas con la resolución final.

223.3 En el caso de que el reclamado no cumpla con presentar la contestación

dentro del plazo establecido, la administración podrá permitir, si lo considera

apropiado y razonable, la entrega de la contestación luego del vencimiento del

plazo.

223.4 Adicionalmente a la contestación, el reclamado podrá presentar una

réplica alegando violaciones a la legislación respectiva, dentro de la competencia

del organismo correspondiente de la entidad. La presentación de réplicas y


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respuestas a aquellas réplicas se rige por las reglas para la presentación y

contestación de reclamaciones, excluyendo lo referente a los derechos

administrativos de trámite.

Artículo 224°.- Prohibición de responder a las contestaciones

La réplica a las contestaciones de las reclamaciones, no está permitida. Los

nuevos problemas incluidos en la contestación del denunciado serán

considerados como materia controvertida.

Artículo 225°.- Pruebas

Sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 162° a 180° de la presente Ley, la

administración sólo puede prescindir de la actuación de las pruebas ofrecidas

por cualquiera de las partes por acuerdo unánime de éstas.

Artículo 226°.- Medidas cautelares

226.1 En cualquier etapa del procedimiento trilateral, de oficio o a pedido de

parte, podrán dictarse medidas cautelares conforme al Artículo 146°.

226.2 Si el obligado a cumplir con una medida cautelar ordenado por la

administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa

prevista en los Artículos 192° al 200° de esta Ley.

226.3 Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar

solicitada por alguna de las partes dentro del plazo de tres (3) días contados a

partir de la notificación de la resolución que dicta la medida. Salvo disposición

legal o decisión de la autoridad en contrario, la apelación no suspende la

ejecución de la medida cautelar.

La apelación deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo de (1)

día, contado desde la fecha de la concesión del recurso respectivo y será

resuelta en un plazo de cinco (5) días.

2.2.5. IMPUGNACIÓN

El artículo 227° permite la IMPUGNACION de la resolución dictada dando por

concluido el procedimiento, por la autoridad u órgano sometido a subordinación

jerárquica, pero sólo mediante el RECURSO DE APELACIÓN. Si se tratara de la

máxima instancia administrativa, procederá el RECURSO DE


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RECONSIDERACÍON cuyos alcances han sido desarrollados ampliamente en

páginas anteriores.

Serán interpuestos estos recursos dentro del plazo de 15 días de efectuada la

notificación del acto impugnado, debiendo el superior jerárquico dentro del plazo

similar correr traslado a la otra parte, concediéndole el mismo numero de días

para la absolución del recurso.

Absuelto el traslado, o de no producirse éste dentro del plazo conferido, la

autoridad en la cual radica la competencia, en un plazo no mayor a diez (10)

días podrá fijar día y hora para la vista de la causa.

La Resolución se emitirá en el plazo de treinta (30) días siguientes a la fecha en

que se realizó la audiencia. En el transcurso de este plazo, incluso, antes de la

notificación de la resolución, se pueden adoptar acuerdos, pactos o convenios,

dentro de los alcances de la legislación pertinente, que al significar conciliación o

transacción judicial, podrán poner fin al procedimiento, dejando insubsistente la

resolución que pudiera haberse dictado.

La ley exige aprobación por parte de la Administración mediante resolución: que

los acuerdos adoptados consten por escrito, indicándose por lo menos la

identificación de las partes y plazo de vigencia, sin perjuicio de continuar con el

procedimiento en el caso de producirse riesgo en los intereses de terceros o

existiera un interés general que prevalecerá.

La ley de procedimientos administrativos lo señala en los siguientes artículos.

Artículo 227°.- Impugnación

227.1 Contra la resolución final recaída en un procedimiento trilateral expedida

por una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica, sólo procede la

interposición del recurso de apelación. De no existir superior jerárquico, sólo

cabe plantear recurso de reconsideración.

227.2 La apelación deberá ser interpuesta ante el órgano que dictó la resolución

apelada dentro de los quince (15) días de producida la notificación respectiva. El


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expediente respectivo deberá elevarse al superior jerárquico en un plazo máximo

de dos (2) días contados desde la fecha de la concesión del recurso respectivo.

227.3 Dentro de los quince (15) días de recibido el expediente por el superior

jerárquico se correrá traslado a la otra parte y se le concederá plazo de quince

(15) días para la absolución de la apelación.

227.4 Con la absolución de la otra parte o vencido el plazo a que se refiere el

artículo precedente, la autoridad que conoce de la apelación podrá señalar día y

hora para la vista de la causa que no podrá realizarse en un plazo mayor de diez

(10) días contados desde la fecha en que se notifique la absolución de la

apelación a quien la interponga.

227.5 La administración deberá emitir resolución dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha de realización de la audiencia.

Artículo 228°.- Conciliación o transacción extrajudicial

228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la

resolución final, la autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o

contratos de los administrados que importen una transacción extrajudicial o

conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico específico que

en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin

al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se

hubieren dictado en el procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una

resolución administrativa.

228.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como

contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes y el plazo de

vigencia.

228.3 Al aprobar los acuerdos a que se refiere el numeral 228.1, la autoridad

podrá continuar el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera

que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la

iniciación del procedimiento entrañase interés general.


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III.- PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.-


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3.1. ¿Quiénes pueden presentar denuncias respecto de la comisión de

infracciones administrativas ante el Tribunal de CONSUCODE?

Cualquier persona natural o jurídica pude formular denuncias respecto de los

proveedores, postores o contratistas que hubiesen incurrido en alguna de las

infracciones de aplicación de sanción establecidas en el Reglamento de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Nótese, sin embargo, la

presentación de denuncias no convierte al denunciante en parte del

procedimiento administrativo, lo que no obsta su derecho de presentar los

escritos que considere pertinentes a efectos de sustentar la comisión de la

infracción denunciada.

3.2. En caso de presentar una denuncia respecto de la comisión de una

infracción, ¿Cómo tomo conocimiento del resultado de la misma?

El Tribunal notificará al denunciante las resoluciones y acuerdos que pongan fin

al procedimiento a efectos de que tome conocimiento del resultado de la

denuncia presentada. Cabe señalar que los demás actos administrativos que se

expidan dentro del procedimiento administrativo sancionador serán notificados

exclusivamente al supuesto infractor y a la Entidad.

3.3. ¿Cuándo debe comunicar la Entidad la comisión de infracciones

dentro de los procesos de selección que convoca?

Las Entidades se encuentran obligadas a poner en conocimiento del Tribunal los

hechos que pudieran constituir infracción administrativa. Es necesario precisar

que las solicitudes de aplicación de sanción remitidas por las Entidades deberán

cumplir con los requisitos exigidos por el TUPA de CONSUCODE para su

presentación.

Los requisitos a cumplir por las solicitudes de aplicación de sanción ha

presentarse son los siguientes:

(i) Estar dirigida a la Presidencia del Tribunal por el Titular del Pliego o por la

Máxima Autoridad Administrativa de la Entidad, según sea el caso o a quien éste

delegue las facultades de representación.


50

(ii) Señalar nombre completo, RUC, Número de fax y correo electrónico de la

Entidad.

(iii) Señalar domicilio procesal en la ciudad de Lima.

(iv) Descripción clara y precisa de la infracción imputada.

(v) Señalar el nombre, domicilio, RUC y número de fax o correo electrónico del

supuesto infractor.

(Vi) Remitir Informe Técnico Legal sobre la procedencia de la sanción y la

responsabilidad del supuesto infractor.

(vii) Remitir los antecedentes administrativos completos, foliados y ordenados

cronológicamente, con copia para la otra parte.

3.4. ¿Qué sucede cuando las Entidades remiten de forma incompleta la

información exigida por el TUPA de CONSUCODE como sustento de la

solicitud de aplicación de sanción?

En aquellos casos en los que las Entidades remitan la información exigida de

manera incompleta, el Tribunal se verá obligado a requerirla para la presentación

de la documentación faltante hasta en dos oportunidades. Cumplido el plazo

otorgado sin que la Entidad presente lo solicitado, el expediente será remitido a

la Sala Única del Tribunal para se pronuncie respecto del inicio del

procedimiento administrativo sancionador contra el supuesto infractor. Cabe

señalar que el Tribunal, de encontrar mérito suficiente, podrá disponer el inicio

del procedimiento administrativo correspondiente aun cuando la solicitud de

aplicación de sanción presentada por la Entidad no cumpla con todos los

requisitos exigidos por el TUPA de CONSUCODE.


51

3.5. ¿Cuáles son las consecuencias de la remisión incompleta por parte

de la Entidad de la información exigida por el TUPA de CONSUCODE como

sustento de la solicitud de aplicación de sanción?

En caso la Entidad no cumpliera con remitir la información faltante a pesar de

haber sido requerida previamente para ello, el Tribunal la requerirá en una

segunda oportunidad, poniendo en conocimiento de su Órgano de Control

Institucional la reiteración efectuada. Asimismo, de persistir el incumplimiento de

la Entidad, el expediente será remitido a la Sala Única del Tribunal para se

pronuncie respecto del inicio del procedimiento administrativo sancionador

contra el supuesto infractor, quedando esta última facultada para suspender el

procedimiento bajo responsabilidad de la Entidad y con conocimiento de la

Contraloría General de la República.

3.6. ¿Cómo se computan los plazos dentro del procedimiento

administrativo sancionador?

El cómputo de los plazos se inicia a partir del día siguiente de recibida la

notificación del acto administrativo que lo otorga. Así, si el Tribunal le concede

un plazo de tres días para que remita determinada documentación, y es

notificado de dicho acto un jueves, el plazo a usted otorgado vencerá el martes

de la semana siguiente.

3.7. ¿En qué momento se inicia el procedimiento administrativo

sancionador?

El procedimiento administrativo sancionador se inicia cuando la Entidad remite la

totalidad de la documentación e información exigida por el TUPA de

CONSUCODE o cuando la Sala Única del Tribunal emite un Acuerdo que así lo

disponga. Una vez iniciado el procedimiento, el Tribunal comunicará al supuesto

infractor de la denuncia efectuada en su contra a efectos de que presente los

descargos respectivos.


52

3.8. ¿Qué hacer en caso se inicie un procedimiento administrativo

sancionador en mi contra?

El Tribunal, una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador,

concede un plazo de diez días al supuesto infractor a fin de que éste presente

sus descargos. En este sentido, debe entenderse por descargos al documento

mediante el cual el supuesto infractor expone en forma clara y ordenada sus

argumentos en aras de acreditar su ausencia de responsabilidad en la infracción

imputada. La presentación de dicho escrito requiere cumplir con los requisitos

establecidos en el TUPA de CONSUCODE, bajo responsabilidad de resolver el

procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

Los requisitos exigidos por el TUPA de CONSUCODE para la presentación de

descargos son los siguientes:

(i) Señalar nombre completo, número de inscripción en el Registro Nacional de

Proveedores, RUC, número de fax y correo electrónico propio.

(ii) Fijar domicilio procesal en la ciudad de Lima.

(iii) En caso de ser persona jurídica deberá consignar, adicionalmente, los datos

generales del representante, adjuntando copia de su documento nacional de

identidad y del poder bajo la cual ejerce representación.

(iv) En caso de haberse presentado en consorcio, el escrito deberá ser firmado

por los representantes de cada una de las partes consorciadas, adjuntando a la

promesa de consorcio, los poderes de los representantes de cada una de las

partes consorciadas.

(v) Fundamentos claros y precisos de sus descargos.

(vi) Firma de abogado colegiado, con indicación del nombre y número de

registro.

(vii) Pago de la tasa correspondiente.

(viii) Copia del escrito y de los anexos para la otra parte.

Una vez remitidos los descargos o vencido el plazo concedido por el Tribunal

para la presentación de los mismos, el expediente será remitido a la Sala Única

del Tribunal para que resuelva.

3.9. ¿Con cuánto tiempo cuenta el Tribunal para resolver un

procedimiento administrativo sancionador?


53

No existe un plazo preestablecido dentro del cual el Tribunal deba resolver los

procedimientos administrativos sancionadores. En este sentido, la Sala Única del

Tribunal emitirá pronunciamiento respecto de determinado procedimiento una

vez que cuente con los elementos de juicio suficientes para determinar si el

supuesto infractor incurrió o no en la infracción imputada. Sin perjuicio de lo

expuesto, cabe señalar que, en todos los casos, el Tribunal deberá resolver

dentro de los tres años siguientes de cometida la infracción imputada, pues de lo

contrario operará la prescripción de la misma.

3.10. ¿Quiénes pueden solicitar el uso de la palabra dentro de un

procedimiento administrativo sancionador?

El uso de la palabra es un derecho otorgado exclusivamente a las partes de los

procedimientos administrativos. Consecuentemente, solo ellas pueden solicitar

se convoque Audiencia Pública a efectos de exponer oralmente sus argumentos.

El Tribunal, de considerarlo necesario, podrá convocar Audiencias Públicas de

oficio.

Téngase en cuenta que tanto el supuesto infractor como la Entidad podrán

designar hasta a dos representantes para que realicen el informe de hecho,

técnico y/o legal correspondiente por un tiempo máximo de diez minutos.

3.11. ¿Quiénes pueden dar lectura a un expediente administrativo de

aplicación de sanción?

Los expedientes de aplicación de sanción tienen carácter reservado hasta

transcurridos seis meses de su resolución. Consecuentemente, hasta el término

de dicho periodo sólo las partes tienen derecho a acceder a la lectura del

expediente, para ello, deberá autorizar a la persona o personas que vayan a

revisar el expediente. Una vez autorizado, el representante designado podrá dar

lectura al expediente cuantas veces lo considere necesario.

3.12. ¿Quiénes pueden solicitar copias de lo actuado en un expediente

administrativo de aplicación de sanción?


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En principio, sólo las partes del procedimiento administrativo pueden solicitar

copia de los documentos obrantes en el expediente. Sin embargo, transcurridos

seis meses desde la resolución del expediente administrativo, cualquier persona

podrá solicitar copias del mismo. Para ello, deberá presentarse un escrito

detallando el número de los folios cuya copia se solicita y adjuntando el

comprobante de pago de la tasa correspondiente.

3.13. ¿Qué sanciones puede imponer el tribunal en caso determine la

comisión de infracción?

El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o

definitiva en el derecho del infractor a participar en procesos de selección y

contratar con el Estado. El periodo de dicha inhabilitación dependerá de la

naturaleza de la infracción cometida así como de la concurrencia de criterios de

gradualidad (intencionalidad del infractor, daño causado, reiteración,

reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada, circunstancias de

tiempo, lugar y modo, condiciones del infractor y conducta procesal del infractor).

Es necesario recalcar que en aquellos casos en los cuales el infractor cuente

con dos o más sanciones de inhabilitación cuya sumatoria sea mayor a

veinticuatro meses en un periodo de tres años, el Tribunal dispondrá la

inhabilitación definitiva de dicho infractor.

3.14. ¿Cuándo entran en vigencia las sanciones impuestas por el

Tribunal?

Las sanciones impuestas por el Tribunal son efectivas a partir del cuarto día

hábil siguiente de notificada la resolución al infractor o de publicada en el Diario

Oficial El Peruano, de desconocerse su domicilio. De esta forma, si usted es

notificada un viernes con la resolución, la sanción entrará en vigencia a partir del

jueves de la semana siguiente.

3.15. ¿Qué recursos pueden interponerse contra las resoluciones emitidas

por el Tribunal?


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Las resoluciones emitidas por el Tribunal agotan la vía administrativa por lo que

pueden ser impugnadas directamente en un proceso judicial a través de una

acción contencioso administrativa. Sin embargo, los infractores también pueden

interponer recurso de reconsideración contra lo dispuesto por el Tribunal dentro

de los tres días siguientes de notificada la resolución que lo sanciona. De

optarse por la interposición del citado recurso deberá presentarse un escrito que

cumpla los siguientes requisitos:

(i) Señalar nombre completo, número de inscripción en el Registro Nacional de

Proveedores y RUC del impugnante. En caso de actuación mediante

representante, no acreditado en el procedimiento, se acompañará, además, la

documentación que acredite tal representación.

(ii) Señalar domicilio procesal en la ciudad de Lima y correo electrónico propio.

(iii) Determinación clara y concreta de la pretensión con la debida

fundamentación legal, indicando el acto o resolución materia de impugnación.

(iv) Firma del impugnante o de su representante. En el caso de Consorcios,

deberán firmar su o sus apoderados o representantes comunes designados.

(v) Firma de abogado colegiado con indicación de su nombre, y número de

registro.

(vi) Adjuntar copia simple del escrito completo y sus recaudos para la otra parte.


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CONCLUSIONES

1.- El procedimiento administrativo sancionador regula el ejercicio de los poderes

disciplinarios de la administración respecto a sus ajustes se contempla como un

procedimiento especial, acarrea una sanción que podría ser impuesta por los

administrados.

2.- Del ius puniendi del Estado, deriva la potestad sancionadora de la

Administración, la cual debe estar autorizada por el Ordenamiento Jurídico.

Garantizar un procedimiento acorde con los principios y disposiciones

normativas existentes, debe ser un objetivo básico dentro de las políticas de toda

institución, en especial cuando de materia sancionadora se trata, toda vez que

en presencia de esta pueden resultar lesionados derechos subjetivos de una

persona.

3.- Los principios incluidos dentro del Debido Proceso no constituyen una lista

taxativa, sino que a estos pueden incorporarse algunos otros principios que

favorezcan el desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, con

absoluto respeto de los derechos del investigado.


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4.- Para que dicho precepto logre materializarse, es fundamental fortalecer la

“visión garantista” que debe orientar todo procedimiento administrativo

sancionador, de forma tal que se respete la esfera jurídica del sujeto a quien se

le atribuye la comisión de alguna falta.

5.- El procedimiento administrativo trilateral es de vital importancia para la

solución de controversias en sede administrativa. La especialidad de este tipo de

procedimiento no se encuentra sólo en su ubicación sistemática en la LPAG

(como una categoría distinta al procedimiento común), sino en su fuerza

expansiva a otro tipo de procedimientos.

6.- La existencia de este tipo de procedimiento no es una “creación heroica”

de la LPAG, sino que se sustenta en las experiencias previas de la regulación

normativa de los diversos procedimientos administrativos especiales, tales como

los seguidos ante las diversas Oficinas y Comisiones del INDECOPI y ante los

Organismos Reguladores de servicios públicos.

7.- Finalmente, es de suma importancia dejar claro que, dentro de un

procedimiento de esta naturaleza la persona investigada deberá siempre ser

considerada como un sujeto de Derecho y no como un mero objeto del poder

dado a la Administración para sancionar.


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RECOMENDACIONES

1.- Las autoridades encargadas de resolver este tipo de procedimientos,

deben ser lo suficientemente cautelosas, para aplicar en su exacta dimensión el

principio de verdad material que informa a todo tipo de procedimiento

administrativo, a fin de que no se termine distorsionando el verdadero sentido de

las pruebas en el procedimiento. En consecuencia, la autoridad decisoria de este

tipo de procedimientos, no deberá sustituir el deber probatorio de las partes.

2. Recomendamos que no debe confundirse el procedimiento trilateral con

aquellos procedimientos en los que participan pluralidad de administrados o

agentes ni tampoco con los procesos arbitrales que se regulan por su normativa

especial.

3. Es absolutamente imprescindible que se tome en consideración el

carácter preferente del sistema de fuentes plasmado en el Artículo V del Título

Preliminar de la LPAG, y que de una u otra forma, implican la aplicación del

“bloque de normatividad administrativa” sobre los preceptos del derecho

procesal civil.


59

BIBLIOGRAFÍA

• ARNESTO MOYA, Alonso y FALLAS CUBERO, Susana. Tesis para optar por

el grado de licenciatura en Derecho: Los principios del Derecho Administrativo

Sancionador en Costa Rica. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica.

San José. 1998.

• CARRETERO PEREZ, Adolfo y CARRETERO SANCHEZ, Adolfo. Derecho

Administrativo Sancionador. Segunda Edición. Madrid, España: Editoriales de

Derecho Reunidas. 1995.

• DROMI, José. Instituciones del Derecho Administrativo. Buenos Aires,

Argentina: Editorial Astrea. 1983.

• ESCOLA, Héctor. Compendio de Derecho Administrativo. Buenos Aires,

Argentina: Editorial Desalma. Tomo I. 1984.

• GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás- Ramón. Curso de

Derecho Administrativo II. Madrid, España: Editorial Civitas S.A., 1977.

• GONZALEZ CAMACHO, Oscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo I.

Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

2001.

• MILANO SANCHEZ, Aldo. Ensayos de Derecho Procesal Administrativo.

Primera Edición. San José. CR.: Editorial Universidad de San José. 1997.

• NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda

Edición ampliada. Madrid, España: Editorial TECNOS S.A. 1994.


60

REVISTAS

• Revista IVSTITIA. Año 13. No. 151-152. San José, Costa Rica. 1999. Pág. 20-

21

SITIOS WEB CONSULTADOS

www.ccss.sa.cr

www.poder-judicial.go.cr


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ANEXOS


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proced. sancionador administrativo terminado - eduardo ayala

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