POLITICA CRIMINAL FRENTE AL LAVADO DE DINERO

INSTITUTO UNIVERSITARIO AM

LICENCIATURA CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA

CRIMEN ORGANIZADO Y MODUS OPERANDI

Lic. Claudia Guadalupe Fernández Hernández

Alumno. Fermin Casiano Crispín

 

El objetivo de este trabajo sobre la base de la ciencia penal y de la política criminal a la que se debe enfocar, es el replantear la verdadera problemática que representa el lavado de activos de origen ilícitos

El primer paso para resolver esta problemática, es dar a conocer que el delito de activos de origen ilícito, es un delito económico mas no uno de encubrimiento.

Catalogando que los delitos de “cuello blanco” estarían dentro de la producción de los medios que necesita la delincuencia organizada, es decir que depende de medios formales o en su defecto, informales.

Servirían para el reforzamiento del bien jurídico, dicho de otro modo, es el utilizar los activos ilícitos para reforzar la estructura jurídica y de este modo hacerlos pasar como lícitos, dándole una procedencia legitima.

Múltiples doctrinas adoptan la ideología que la principal proveniencia de estos activos ilícitos.

El patrimonio como un principal afectado de esta conducta, pues el desconocimiento de su procedencia, infligiría en la actividad de la receptación, que a su vez podría ser parte de un delito sin tenerlo presente.

FASES DEL LAVADO DE DINERO:

Colocación, abra una verdadera corrupción de los institutos jurídicos creados para solucionar necesidades de mercado (cajeros automáticos, títulos de valores, pólizas de seguro, transferencias de fondos, etc.).

Encubrimiento, se procede a separar los fondos de su origen por medio de una serie de transacciones financieras complejas escalonadas a fin de despistar cualquier intento de seguirles la pista y para conseguir la anonimidad.

Integración consta de el orden socio-económico que se ve afectado profundamente, sobre todo en el régimen de la libre competencia; pues los costos financieros vinculados a la generación de riqueza.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO:

Como principio, y con visión integral, sería interesante la posibilidad de reformulación de la materia penal que autorice un racional orden normativo, coherente con las opciones liberales-solidarias del Estado.

Esa opción permitiría incluir el orden socioeconómico y el normal funcionamiento del sistema financiero como bienes jurídicos.

PERCEPCION DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON EL LAVADO DE DINERO:

“…Cualquiera sea el criterio que se adopte, cada país debería incluir por lo menos una serie de delitos dentro de cada una de las categorías establecidas de delitos en los que se refiriera al blanqueo de dinero…”,

SISTEMA REPRESIVO   Blanqueo de capitales

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal, se ocupa de esta materia, que regula de forma expresa en el Libro II, Título XIII, Capítulo XIV, artículos 298 a 304, ambos inclusive. En concreto, el artículo 301, modificado por la LO 5/2010, dispone que:

“El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.”

Reformas adicionales a todos los códigos de procedimiento penal:

1) Se legislarán de un modo homogéneo a los lineamientos generales del GAFI; los cuales demanda que;

 Los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones sin fines de lucro son particularmente vulnerables, y los países deben asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente:

a. por organizaciones terroristas que se presenten como entidades legítimas

 b. para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo el propósito de escapar a medidas de congelamiento de activos; y

c. para esconder u ocultar el desvío clandestino de fondos, destinados a propósitos legítimos, de las organizaciones terroristas.

2. Se deberá tipificar el delito de lavado de activos como delito autónomo; dentro de todos los países alienados a la GAFI;  

3. Es posible la incriminación por lavado de activos aun cuando el delito precedente haya tenido lugar fuera del país;

4. Se reglamentó todo un sistema preventivo; con bases en las recomendaciones de la GAFI sin vulnerar la privacidad del cliente, al que no se le tengan registros de transacciones financieras de las que se sospeche;

Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las recomendaciones del GAFI.(DDC) Debida diligencia del cliente *  Debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios.  (i)establecen relaciones comerciales;(ii)realizan transacciones ocasionales: (i) por encima del umbral aplicable

designado (USD/EUR 15,000); o (ii) están ante transferencias electrónicas en las circunstancias que aborda la Nota Interpretativa de la Recomendación 16;

(iii)existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; o (iv)la institución financiera tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los

datos de identificación sobre el cliente obtenidos previamente.

El principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo la DDC debe plasmarse en ley. Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de DDC, ya sea mediante ley o medios coercitivos. Las medidas de DDC a tomar son las siguientes:  

1.Identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos o información confiable, de fuentes independientes.

2.Identificar al beneficiario final y tomar medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario final, de manera tal que la institución financiera esté convencida de que conoce quién es el beneficiario final. Para las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, esto debe incluir que las instituciones financieras entiendan la estructura de titularidad y de control del cliente.

 

3. Entender, y cuando corresponda, obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial.

4.    Realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo, cuando sea necesario, la fuente de los fondos.

 5) Intervención de la unidad de inteligencia financiera;

6) Que el poder de policía en materia de operaciones sospechosas (de constituir maniobras de lavado de activos ilícitos) en los operadores del sistema económico;

7) Establecer un sistema sancionatorio administrativo.

ANTEPROYECTO DE LEY PENAL PROPUESTO CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO-.

 Será reprimido con prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes, cuando provengan de las siguientes conductas ilícitas:  Producción, tráfico, comercialización ilícita de estupefacientes y/o precursores

químicos, su entrega, suministro, aplicación, facilitación o su financiamiento Contrabando de armas o contrabandos calificados Asociación ilícita, asociación ilícita calificada, o asociación ilícita terrorista Estafa y otras defraudaciones o fraudes al comercio y a la industria Corrupción Envenenamiento o adulteración de aguas potables o alimentos o medicinas Defraudación de los derechos de propiedad científica, literaria y artística Financiación del terrorismo

Lo dispuesto regirá aun cuando la conducta ilícita precedente hubiere sido cometida fuera del ámbito de aplicación especial del Código Penal de la Nación, en tanto la misma también hubiere estado amenazada con pena en el lugar de su comisión. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo anterior fuere funcionario público que hubiere cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requiera habilitación especial.