mitos prision preventiva mexico

7/28/2019 Mitos Prision Preventiva Mexico

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LOS MITOSde la prisin preventiva

en Mxico


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Esta monografa es la primera de la Serie sobre PrisinPreventiva desarrollada por la Iniciativa Pro-Justicia.

En este documento se someten a un anlisis crticoalgunos de los argumentos (denominados aqu mitos)ms difundidos que se utilizan para justificar la extensa,inhumana e irracional prctica de la prisin preventivaen Mxico. El diagnsitico desvirta dichos mitos y

busca contribuir al debate para que la sociedad mexi-cana tome conciencia de la gravedad de este problemay logre reducir a su menor expresin la utilizacin de laprisin como medida preventiva.La monografa va dirigida a legisladores, agentes depolica, agentes del Ministerio Pblico, jueces, abo-gados, periodistas, organizaciones no gubernamen-tales y al pblico en general. Es el sumario de uno de loscaptulos de una amplia investigacin desarrollada

por Guillermo Zepeda Lecuona, CIDAC-Guadalajara,en el marco del presente proyecto. La publicacines coordinada por Ina Zoon, en colaboracin conMartin Schnteich y Benjamin Naimark-Rowse de laIniciativa Pro-Justicia

Para mayor informacin o para ordenar cualquiera delas publicaciones de la Iniciativa Pro-Justicia de laSociedad Abierta, por favor refirase a:

Open Society Justice Initiative:400 West 59th Street, New York, NY 10019, U.S.A.Tel. + 1-212-548-0600, Fax: +1 212-548-4662Correo-e: [email protected] web: www.justiceinitiative.org

Respecto de la Serie sobre Prisin

Preventiva:

El proyecto sobre prisin preventiva

en Mxico de la Iniciativa Pro-Justiciade la Sociedad Abierta (OpenSociety Justice Initiative).

El proyecto en Mxico de la Iniciativa Pro-Justiciabusca reducir el uso excesivo de la prisin preventivay fortalecer la presuncin de inocencia.

En 2004, la Iniciativa Pro-Justicia emprendi un proyecto

de tres aos para reducir y racionalizar el uso de laprisin preventiva en Mxico y promover alternativasa sta. El proyecto est desarrollndose conjunta-mente con una organizacin mexicana, Renace ABPen Monterrey, Nuevo Len. Desde hace varios aos, Re-nace ha llevado a cabo un programa de supervisin deimputados en libertad, apoyo para fianzas y asesoraa imputados detenidos.

El proyecto ha asumido tambin un anlisis de costo-

beneficio de la prctica mexicana de prisin preventivay medidas cautelares alternativas. Como parte del an-lisis se est catalogando el nmero real de prisionerosque enfrentan un juicio en las prisiones federales yestatales. Tambin se recopila informacin detalladade la duracin del internamiento de los detenidos,los delitos de los que se les acusa y el costo financierodel sistema mexicano de prisin preventiva para lasarcas pblicas y los contribuyentes de todo el pas.

Por ltimo, la Iniciativa Pro-Justicia busca generarconciencia en el gran pblico de los costos sociales dela prisin preventiva en la vida y las oportunidades de laspersonas inocentes quienes han sido encarceladas enespera de un juicio. Esto se har a travs de la recopi-lacin de historias personales de una gran diversidadde individuos que han sido detenidos durante largos pe-riodos en espera de un juicio, condenados por delitosmenores, liberados sin haber sido acusados e incluso

absueltos de todos los cargos.


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LOS MITOSde la prisin preventiva

en Mxico


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D.R. 2004, OPEN SOCIETY INSTITUTE

ISBN 970-9772-00-7

Impreso en Mxico5000 ejemplares

Esta edicin se termin de imprimir en el mes denoviembre de 2004 en 75 Grados Color, Francisco

Alvarez de Icaza No. 15B Colonia Obrera.

Primera Edicin

Fotografa de portada y diseo grfico:Sandra de la Pea Nettel y Nydia Cuevas [email protected]

Fotografa de Reportaje: Daniel PepperEdicin: Hctor de Maulen

Los mitos de la prisin preventiva en Mxico

Mtro. Guillermo Zepeda Lecuona

Profesional Asociado del Centro de Investigacinpara el Desarrollo (CIDAC) en Mxico, donde coordina elproyecto Justicia, Crimen y Derechos Humanos enMxico. Abogado (Universidad de Guadalajara), maes-tro en polticas pblicas (ITAM) y candidato a doctoren derecho (UNAM). Se ha especializado en temas

sobre desarrollo institucional, derecho constitucional,derecho y anlisis de poltica pblica (profesor de estamateria en posgrados en poltica y gestin pblica),reforma judicial, seguridad pblica y justicia penal. PremioNacional de Derecho y Economa 1999. Miembro de N-mero de la Academia Mexicana de Derecho y Economa.Autor de tres libros, captulos en obras colectivas y deuna veintena de artculos y ensayos publicados en re-vistas especializadas. Colaborador de los peridicosEl Economista y Milenio.

Su ms reciente libro es Crimen sin castigo: Procuracinde justicia penal y ministerio pblico en Mxico, publi-cado por el Fondo de Cultura Econmica y el Centro deInvestigacin para el Desarrollo (CIDAC) 2004.

Actualmente el Mtro. Zepeda realiza un estudio sobre la

prisin preventiva para Open Society Justice Initiative.


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LosmitosdelaprisinpreventivaenMxico

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CONTENIDO

Introduccin 6

Mito 1 - La prisin preventivareduce la incidencia delictiva 9

Mito 2:La prisin preventivadisminuye la inseguridad ciudadana 11

Mito 3:La prisin preventivase usa contra sujetos peligrosos 13

Mito 4:La prisin preventivagarantiza la reparacin del dao 17


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La prisin preventiva en Mxico es indebida, exor-bitada, injusta y costosa. Es indebida porque con-

tradice los principios constitucionales y del dere-cho internacional; es exorbitada porque la auto-ridad la utiliza extensa e indiscriminadamente:aproximadamente la mitad de las personassealadas como probables responsables sonencarceladas. El da de hoy, aproximadamente82 mil personas estn privadas de su libertad espe-rando a que las investigaciones y sus procesosconcluyan (representan el 42.7% de las personas

encarceladas: grf ica 1). Adems la prisin pre-ventiva es una realidad en expansin: el nmerode personas encarceladas a pesar de no ser ansentenciadas va en aumento desde hace 10 aos(grfica 2).

La prisin preventiva es en muchos casos injus-ta, porque cada ao a ms de 40 mil personas(uno de cada cuatro imputados), que inicialmentefueron sealadas por el ministerio pblico, sondejados en libertad al no comprobarse su respon-sabilidad. Muchos de ellos fueron privados de sulibertad perdiendo la salud, la familia y el trabajo.

Adems de indebida, exorbitante e injusta, la pri-sin preventiva impone altos costos humanos,sociales y econmicos. Las condiciones en las que

se sufre la prisin en Mxico son inhumanas.

LOS MITOS DE LAPRISIN PREVENTIVA EN MXICO

La saturacin de las crceles (las crceles mexi-canas en promedio estn al 125% de su capaci-

dad y en casos extremos, principalmente las des-tinadas a la prisin preventiva, exceden el 270% deocupacin), provoca hacinamiento, autogobierno(son los grupos de reclusos los que imponen lasreglas), violencia (tasas de homicidios hasta 10veces superiores a las que enfrenta la poblacinen libertad) e insalubridad; adems, de los altoscostos familiares y econmicos que se derivande la privacin de la libertad. Hoy por hoy en

Mxico las crceles son bodegas de seres huma-nos donde la rehabilitacin es impensable.

El hacinamiento hace de la prisin un entorno insufrible de autogobierno,

ocio, violencia y enfermedad.

Introduccin


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La sociedad paga por la prisin preventiva,tanto por tener que prescindir de las aporta-ciones sociales y econmicas de miles de perso-nas encarceladas, como por mantener con susimpuestos la infraestructura y la demanda desustento de 82 mil personas recluidas. Se estimaque el costo diario de manutencin de una personaencarcelada en Mxico es de 80 pesos, es decir,que slo en alimentar y vestir a los reclusos (sinconsiderar los salarios de los empleados de las pri-siones y el mantenimiento de la infraestructura) seemplean en el pas, en los tres niveles de gobierno,

6,56 millones de pesos diariamente.

A pesar de toda esta dolorosa evidencia, lasociedad mexicana ha permanecido indiferentea lo que Elas Carranza (Director ILANUD) hadenominado genocidio carcelario y a la injusticiade la prisin preventiva; en tanto que las autorida-des consideran al encarcelamiento sin sentenciacomo un mal necesario, cuya dimensin, aun-que contraria a los principios constitucionales ydel derecho internacional, se pretende justificarcon argumentos de poltica criminal.

Como ejemplo tomamos cuatro de los argumentos

ms util izados por las autoridades para mantener

FUENTE: Informacin

de la Secretara de

Seguridad Pblica y

Servicios a la Justicia

Grfica 1. Situacin jurdica de la poblacin carcelaria en Mxico (2004)

En Mexico la prisin preventiva se utiliza de una forma excesiva


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FUENTE: Secretara

de Seguridad Pblica y

Servicios a la Justicia

(1996 no disponible;

2004 corresponde

hasta el tercer

trimestre del ao)

Grfica 2. Nmero de presos sin sentencia en Mxico

En diez aos el sistema penal ha duplicado el nmero de personas que padecen

la prisin preventiva. Sin embargo, la inseguridad se mantiene.

a la prisin preventiva como pilar de la polticacriminal mexicana. Aqu los denominamos mitos,pues la evidencia emprica y el anlisis que est rea-lizando el proyecto sobre prisin preventiva enMxico de la Iniciativa Pro-Justicia, demuestran queestos argumentos no tienen fundamento. Existenvarios mitos o falacias de la prisin preventiva como:

La prisin preventiva reduce el nmero dedelitos que se registran La prisin preventiva garantiza la reparacindel dao a la vctima La prisin preventiva protege a la sociedadde sujetos peligrosos La prisin preventiva slo se aplica a suje-

tos peligrosos

La prisin preventiva es un mal necesario enla lucha contra el crimen La prisin preventiva es el nico medio eficazpara impedir la fuga del imputado La amenaza de la prisin preventiva disuadea posibles delincuentes La prisin preventiva brinda a la ciudadanaun sentimiento de mayor seguridad y mayorconfianza en la autoridad

Aqu tomaremos cuatro mitos que ilustran losprincipales argumentos con los que los defensoresde la prisin preventiva invitan a la sociedad aresignarse o ignorar la tragedia social que implicaque decenas de miles de seres humanos sean

sometidos a sufrir la prisin preventiva.


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De acuerdo con el credo de poltica criminal queprofesan las autoridades en Mxico, con la encar-celacin de los probables responsables de los ilcitosse busca reducir el crimen en dos formas: por una

parte, se dice, se incapacita a un agente criminge-no (aunque dicho agente sea presumido inocentepor la Constitucin) para continuar delinquiendo.Por otra parte, tambin se reduce la incidencia

MITO 1:La prisin preventiva reduce la incidencia delictiva

Grfica 3. Presos sin condena y delitos denunciados 1991-2003

FUENTE: Secretara

de Seguridad

Pblica y Servicios

a la Justicia (1996 no

disponible)

Aunque el nmero de personas en prisin preventiva crece constantemente

la delincuencia se mantiene igual.


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delictiva, en virtud del efecto disuasin: los de-

lincuentes o criminales potenciales al percibirel riesgo de captura y la efectividad del sistemapenal, optan por dejar de delinquir.

Sin embargo, hay un indicador que no concuer-da con esta gua de actuacin:a pesar de que lapoblacin en prisin preventiva ha crecido, laincidencia delictiva se ha estacionado en nive-les inusuales en la dcada anterior(grfica 3). A

pesar de 8 aos de crecimiento promedio anualde 14% de la poblacin carcelaria, el crimen nose ha desplomado como cabra esperar.

Alguna autoridad optimista podra argumentarque el nmero de reportes se mantiene cons-tante debido a que a pesar de que los delitos estnbajando, la ciudadana est ms dispuesta a de-nunciar los il citos. Sin embargo, nuevamente,

la evidencia estadstica contradice esa afirma-cin. La cifra negra (delitos no denunciados) enMxico es muy grande: en el pas durante 2001slo se denunci el 34% de los ilcitos cometidos;al ao siguiente este indicador decreci y slose report el 25% de los delitos que se come-tieron (Instituto Ciudadano de Estudios Sobre laInseguridad A.C.-ICESI). De acuerdo con estascifras, la disposicin de la ciudadana a repor-tar los ilcitos va en descenso, lo que permiteafirmar que la victimizacin o incidencia delic-tiva real no slo no est decreciendo, sino queha aumentado.

Si como sociedad hemos duplicado el nmerode reclusos, sin que ello se refleje en un descensoen los indicadores delictivos, Qu es lo que est

pasando? A quines estamos encarcelando? La

respuesta a estas interrogantes ser desarrolla-

da con mayor detalle al analizar el siguiente mito,pero para efecto del anlisis de este argumentoqueda demostrado que no se ha verificado laexpectativa de una poltica criminal orientadaa maximizar el nmero de detenciones, pues laincidencia delictiva y la percepcin ciudadanade inseguridad no han disminuido.

Los golpes al crimen organizado, autor de los de-

litos de mayor impacto social como el secuestro,el homicidio y el trfico de personas, drogas yvehculos robados, si bien han sido relevantesen algunas materias como el trf ico de estupefa-cientes, no han permitido menguar lo suficientelas actividades de estas industrias criminales.El nfasis del sistema en las detenciones no corres-ponde a una labor de inteligencia policiaca niinvestigacin criminal, que permita impactar

signif icativamente a los sectores criminales quemayores perjuicios provocan a la sociedad.


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El clima de emergencia y excepcin derivado delincremento en los indicadores delictivos y de lacreciente demanda ciudadana ha radicalizado

el discurso penal de un sector muy signif icativode la sociedad y de las autoridades del sistemade seguridad ciudadana y justicia penal. La escasacultura legal de la sociedad mexicana, aunada ala desesperacin ante la alta criminalidad hanprovocado que una parte muy significativa dela opinin pblica considere que la liberacin deimputados (aunque sean procesados liberadosbajo fianza), sea vista como impunidad y

corrupcin judicial.

En este contexto de demanda social, en los ltimosdos lustros se han modificado las leyes paraincrementar las sanciones y para aumentar elcatlogo de delitos graves (que impide que laspersonas sujetas a un proceso penal, puedanpermanecer en libertad durante su proceso), lasautoridades se han impuesto como meta incrementar

el nmero de capturas y consignaciones, elresultado evidente es que en menos de unadcada la poblacin carcelaria en Mxico seduplic y sigue creciendo (grfica 3), pasando de86 mil en 1994 a 184 mil en 2003 (en junio de2004 el nmero de reclusos lleg a casi 192 mil).Como se ha sealado, el 42.7% de los reclusosson presos sin condena, es decir, sufren deprisin preventiva.

El Estado ha utilizado el incremento de la po-blacin penitenciaria (los informes de todas lasautoridades se jactan del incremento de capturas y

encarcelamientos) como una respuesta mediticaque transmita seguridad a la sociedad, recuperela credibilidad del pblico para las institucionesy desincentive las actividades delictivas. En esteintento ha restringido el ejercicio del derecho a lalibertad provisional bajo caucin, privando de sulibertad a miles de personas que de conformidadcon el marco legal y por la conducta que se intentademostrar que cometieron, deberan de permane-

cer en libertad durante su proceso.

No obstante este esfuerzo legal y meditico, lasociedad sigue percibiendo un entorno de in-seguridad. Las encuestas muestran que unaproporcin muy significativa de los mexicanosnos sentimos vulnerables ante el crimen, que per-cibimos que nuestra integridad fsica y patrimonialse encuentran constantemente amenazadas por la

delincuencia. Por ejemplo, en el Distrito Federaluna encuesta trimestral de victimizacin que realizadesde 1995 un peridico capitalino sealaba ensu aplicacin de febrero de 2000, que 55 por ciento delos entrevistados consideraba que la inseguridadpblica era el principal problema de la ciudad, parafebrero de 2001, 74 por ciento de los encuestadosmanifest a la inseguridad como su principalpreocupacin (Reforma, feb. 2001).

MITO 2:La prisin preventiva disminuye la inseguridad ciudadana


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En una encuesta realizada en agosto de 2002,

se registro que 44% de los mexicanos se sientenalgo o muy inseguros, y que en 14% de loshogares, por lo menos uno de sus miembros ha-ba sido vctima de un delito en el ltimo ao.No obstante que un ao antes el 47% manifestsentirse algo o muy inseguro, la percepcin deinseguridad sigue alta y se percibe que va enascenso (ICESI).

A pesar del endurecimiento y radicalizacin de laautoridad, la percepcin ciudadana de confian-za y efectividad de las instituciones estataleses muy baja. Slo 22.6% confa en la polica.1En otra encuesta, en una escala de 0 a 10 deconfianza, la polica mexicana recibi una delas peores calificaciones (slo por encima delos diputados federales): 4.4.2 En la EncuestaNacional sobre Inseguridad Pblica en las

Entidades Federativas del Instituto Ciudadano deEstudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) lasprincipales causas por las que no se denunciaronlos ilc itos a las autoridades son: prdida detiempo y/o trmites largos y difciles (50%),desconfianza en la autoridad (19%); delito depoca importancia (9%); y no tena pruebas (9%).Los resultados de una encuesta real izada por elGobierno Federal,3 revelan que las principales

causas por las que los encuestados sealan no

1 Este porcentaje se obtiene sumando el 6.98% que dijeron confiar mucho en la polica con el 15.62% manifestaron confiar algo. EncuestaNacional sobre Cultura Poltica y Prcticas Ciudadanas 2001 de la Secretara de Gobernacin, Secretara De Gobernacin y Fundacin Estepas, revista Este pas: tendencias y opiniones, nmero 137, Mxico, agosto de 2002, 24 pp., dato en p. 13.2 Cultura de la Constitucin en Mxico: una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, coordinado por Hugo Concha, HctorFix Fierro, Julia Flores y Diego Valads, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal ycomisin Federal de Mejora Regulatoria, Mxico, 2004, 250 pp., dato de p. 62.3 Aguilar Zinser, Adolfo, La cifra negra, Peridico Reforma, Mxico, D.F., 29 de junio de 2001.4 Encuestas del peridico Reforma y en Ramrez, Teresita (Coordinadora) Trends and Empirical...Op. Cit.

haber denunciado el delito son: 47% lo consi-

der simplemente una prdida de tiempo (enotras encuestas una proporcin similar fraseasu parecer como: porque no sirve de nada4); 13%seal la dificultad y tardanza de los trmitesante el Ministerio Pblico; 11% por desconfian-za; y 9% por miedo al agresor.

De esta forma, queda claro que el incrementoen el uso de prisin preventiva a costa de las

garantas de libertad y del debido proceso, notiene un impacto significativo en la percep-cin de inseguridad de los mexicanos.

Las autoridades hacen de la pena anticipada de prisin

preventiva un blsamo para que los denunciantes y lasociedad en general sientan que se est haciendojusticia. Esta modalidad de la prisin preventivacomo espectculo social busca esconder tras unacortina de humo el problema real: la incapacidadde repuesta de las instituciones, la abrumadorarealidad de que 97% de los delitos que se cometenen Mxico no son castigados. A falta de justicia seofrece castigo


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prisinpreventivaenMx

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Uno de los debates ms intensos sobre la prisinpreventiva gira en torno a que esta medida setrata de una medida de seguridad predelictualy basada en sospechas y prejuicios sobre la peli-

grosidad. El marco legal ha propiciado que el de-recho fundamental a la libertad y a no ser privadode ella hasta que no se emita un fallo judicialque le seala como responsable se restrinja sen-siblemente. Como se ha sealado, este marco legal seha modificado ante la presin social por mayorseguridad sobre las autoridades.

Lo recomendable es que en la determinacin

de la libertad provisional bajo caucin, se dise-en reglas flexibles que puedan ser aplicadasracionalmente y con prudencia por los juecesante los casos concretos. Sin embargo, como ennuestro pas el legislador suele desconfiar delos jueces, se les ha reducido a stos su margende actuacin y discrecin y se han establecidograndes categoras (como el catlogo de delitosgraves, en los que los acusados no pueden man-

tener su libertad y quedan, necesariamente, con-finados en prisin preventiva) que se aplicanindiscriminadamente sin poder atender a lasparticularidades de los hechos en cada caso. Elmargen de arbitrio de los jueces se limita sloa los delitos considerados no graves.

As, algunos sistemas penales como el mexicanohan optado por las nociones de delitos graves

y peligrosidad; es decir, no slo se es probableresponsable, tambin se es probable peligroso.La gravedad y el peligro o amenaza social que-dan como conceptos jurdicos indeterminados

o cajas vacas que se llenan con la coyuntura delmomento. De esta forma, la presin social y laimpotencia de las autoridades ante el crimen hanhecho que el legislador ample los supuestos le-gales en los que se da la gravedad y la peligro-sidad. En ese mismo contexto de emergencia,el juzgador suele avalar las restricciones a lalibertad de los acusados en nombre de librar ala sociedad de la amenaza inminente de quien,

nicamente en la ley, se presume inocente.

Por ello, un argumento que se utiliza frecuente-mente para justificar la elevada cantidad depersonas sometidas a la prisin preventiva, esque en caso de que se redujera, la sociedad en-frentara una seria amenaza, pues quedara amerced de la posible reiteracin de conductasdelictivas por parte de personas probablemente

responsables (probablemente peligrosos) de-jadas en libertad durante su proceso. As mismo,suele afirmarse que de no limitarse la libertadprovisional, el nmero de fugas se incrementa-ra con el consiguiente riesgo para la sociedad ylas vctimas.

Sin embargo, al analizar algunas evidenciasque permiten someter a prueba el argumento de

MITO 3:La prisin preventiva se usa contra sujetos peligrosos


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la probable peligrosidad salta a la vista queno todas las personas privadas de su libertadparecen ser lo peligrosas que el sistema legal yjudicial asumen y que derivan en la extendida

prctica de la prisin preventiva.

Aproximadamente 15% de los procesos penalesno llegan a sentencia, por lo que el imputado oprobable responsable es liberado de responsa-bilidad. Los casos no llegan a sentencia en primerlugar porque se determina la evidente inocencia delprocesado y el juez o el ministerio pblico as lo reco-nocen (desvanecimiento de datos, desistimiento o

conclusiones no acusatorias). Aproximadamenteuna tercera parte de los casos que no llegan a sen-tencia corresponden a expedientes en los que seda el perdn de la vctima (en delitos menoreso delitos patrimoniales como dao en las cosasen accidentes de trnsito).

De las 125,759 sentencias emitidas en 2002 enel mbito de competencia local, 14% (17,527)

fueron absolutorias, algunas de ellas en casosde delitos graves como homicidio o violacin.Esto es un indicador que permite fundar laafirmacin de que un porcentaje significativode quienes estuvieron privados de su libertad

durante todo su proceso resultaron inocentes,por lo que su prisin preventiva fue innecesariae injusta, sin que se les indemnice por los costosy molestias asumidas.5

De los procesados en materia penal de compe-tencia local, que llegaron a sentencia en 2002,aproximadamente 45%, esto es, 56 mil personas,estaba privado de su libertad, bajo prisin pre-ventiva. Es decir, se trata de individuos que

habran cometido delitos graves o habran sidoconsiderados un peligro para la sociedad opara la vctima (tambin es significativo queaproximadamente 5% de los procesados no pu-dieron obtener su libertad por no poder pagarla fianza6). Sin embargo, al ver las sancionesimpuestas por las 108,232 condenas (grfica4) salta a la vista que, a pesar del incrementosistemtico de las penas, dos terceras partes

(69,485 personas) de los condenados recibie-ron penas inferiores a los tres aos, es decir,son condenados por delitos menores. Incluso,muchos de los sancionados con entre 3 y 5 aosde prisin (18,952 personas ms) pueden corres-ponder a delitos no considerados graves.

De acuerdo con lo que hemos sealado sobreel hecho de que aproximadamente 56 mil per-

sonas sentenciadas estaban privadas de sulibertad en virtud de haber cometido delitos graves,o representar un peligro, tenemos que, aunconsiderando que los 56 mil hubieran sidocondenados (como se seal algunos fueron ab-

Cinco de cada cien personas procesadas por

delitos menores tienen derecho a salir bajo fian-za pero se quedan en prisin preventiva soloporque son demasiado pobres para pagarlo.

5 En la investigacin que Open Society Justice Initiative real iza en Mxico se pretende obtener estimadores cuantitativos de la magnitudde estos indicadores.6 Tambin este indicador se precisar durante la investigacin en proceso.


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Grfica 4. Distribucin de las sanciones impuestas en las sentenciascondenatorias durante 2002

FUENTE: Cuadernos deEstadst icas Judiciales enMateria Penal N 11, INEGI, 2003.

sueltos), querra decir que al menos 19 mil personas privadas de su libertad, recibieron sancionesinferiores a los tres aos.7 En muchos de estos casos, las sanciones podran haber sido conmutadaspor una sancin pecuniaria como una multa o alguna otra sancin alternativa, lo que hace an msaberrante e indignante el encarcelamiento por esta causa.

Eran entonces tan peligrosas esas personas? Las agravantes por las que fueron sometidas a pro-ceso no pudieron ser probadas y tuvieron que esperar hasta la sentencia, sin evitar antes mayoresdaos al derecho a la libertad de los procesados? No podra evitarse a casi dos decenas de miles deseres humanos la amarga experiencia de sufrir una prisin por una conducta delictiva menor?

7 De ah se puede entender que la mayora de las personas que quedan en libertad despus de haber cumplido una condena o derecibir algn beneficio como las prelibertades, salen directamente de los reclusorios preventivos y en menor medida de los centrospenitenciarios destinados a sentenciados. Es decir, muchas personas en prisin preventiva, al recibir su sentencia, son liberadas enbreve, en virtud del tiempo que ya haban estado encarceladas.

La prisin preventiva se aplica indiscriminadamente aun en caso de delitos menores.19,000 personas fueron encarceladas innecesariamente por esta causa en 2002.


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El marido de Luca B. rehusaba dar dinero para el mantenimiento de sus tres hijos. Unanoche, Luca tom 500 pesos del bolsillo de su marido, mientras el dorma, y compr comida.El marido, enfurecido la denunci, Luca fu acusada de robo y sometida a prisin preventi-va. l se neg a pagar la fianza: Ella pas cuatro meses en prisin preventiva. Qu peligro

representa Luca para la sociedad mexicana?

Tampoco el argumento del peligro de fuga essuficiente para mantener en niveles tan exorbi-tados a la prisin preventiva. Cmo se seal,auna cantidad significativa de los procesados seles imputan figuras delictivas menores, por lo quepueden ser condenados a multas o penas de cr-cel que puedan ser conmutadas por multa. As, laposibilidad de fuga es mnima en estos casos. Endelitos de mayor gravedad, se podran aplicar me-didas cautelares distintas de la prisin preventiva.

En Mxico se ha hecho de la prisin preventiva lamedida cautelar ms utilizada, sin que se con-templen en la legislacin alternativas a la prisin.Es fundamental retomar las alternativas a la pri-sin contempladas en las Reglas Mnimas de lasNaciones Unidas sobre las Medidas no Privativasde la Libertad (reglas de Tokio), e incorporar y de-sarrollar, en la legislacin y en la infraestructurainstitucional, medidas alternativas, logrando, en

contra de la inercia carcelaria, que arraiguen ytengan eficacia medidas como sanciones verbaleso amonestaciones, prohibiciones de no salir dereas determinadas sin autorizacin judicial, obli-gacin de someterse a cuidados y tratamientosinstitucionales, arresto domiciliario, colocacinde localizadores electrnicas entre otras.

En Mxico no se contempla la posibilidad deusar localizadores electrnicos, las garantaseconmicas son excesivas. No se hace un segui-miento cuidadoso de los casos. Existen experien-cias posit ivas como la de la asociacin Renace,Monterrey, N.L., que patrocina casos en los quese tienen elementos para confiar en la manifestacinde inocencia de los procesados, tomando y aus-piciando su defensa legal, solicitando su libertadprovisional,8 consiguiendo, en su caso, fondos

para el pago de fianzas y, fundamental, brindandoasistencia y apoyo al procesado y su familia parasobrellevar la amarga experiencia del proceso.Los resultados son muy positivos: de los casi 2,000beneficiarios que ha tenido Renace en Monterrey,N.L., en sus 10 aos de existencia, slo 4% de laspersonas con libertad provisional bajo caucindejaron de presentarse al juzgado (fugas) y noterminaron su tratamiento; y slo 2% de los bene-

ficiarios de la asociacin tuvieron posteriormenteotra acusacin penal en su contra.9

Este desempeo de una asociacin no gubernamentaldemuestra que la seleccin y seguimiento de casospermitira reducir sustancialmente la prisin pre-ventiva, sin incrementar los riesgos y casos de fugas.

8 Han logrado la libertad provisional bajo fianza en la mitad de los casos que se han solicitado.9 Otro resultado destacable de Renace es que 90% de sus beneficiarios obtuvieron su absolucin en la sentencia.


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Por su parte, la reparacin del dao no se garan-tiza precisamente con la detencin preventiva,pues suele implicar la prdida de ingresos eco-nmicos para el procesado y su empobrecimiento

por los costos del proceso. En las prisiones mexi-canas existe un rgimen de ocio, en el que slo 10%de la poblacin penitenciaria puede acceder al tra-bajo, por lo que cesan sus fuentes de ingresos.

Adems, no es usual que se d oportunidad a losresponsables para que se repare el dao en par-cialidades. En muchos casos las personas notienen suficientes recursos para garantizar la

reparacin ni para pagarla, el sometimiento aprisin preventiva lo nico que provoca es quese incremente notablemente las probabilidadesde que el procesado termine por ser econmi-camente insolvente.

En lo que se refiere a los derechos de la vctimalas autoridades hacen de la pena anticipada deprisin preventiva un blsamo para que los de-nunciantes y la sociedad en general sientan que

se est haciendo justicia. Esta modalidad de laprisin preventiva como espectculo social esun resabio de la venganza popular o privada, esla saa hacia unas vctimas propiciatorias paraexpiar la percepcin de impunidad en el 97% delos casos que quedan sin castigo en Mxico.

Despojada de sus mitos y retrica, la prisin pre-ventiva en Mxico queda evidenciada como una

prctica en expansin que ha sido utilizadairracional e indiscriminadamente y constituyeun pilar de una poltica criminal desesperadaante el desbordamiento de la autoridad por elfenmeno delictivo y por la demanda ciudadanade seguridad.

La prisin preventiva ha devenido en una penaanticipada fundada en pesquisas e indicios poli-

ciacos (sino es que por slo en sospechas) que seprolonga por meses y suele concluir en la absolucino en sanciones menores. Suele ser inf ligida mayo-ritariamente a los sectores ms marginados yvulnerables de la sociedad como estratos de bajosingresos, discapacitados y minoras tnicas. Antela presin social, el sistema penal mexicano y susautoridades no estn buscando quien la hizo, sinoquien la pague.

MITO 4:La prisin preventiva garantiza la reparacin del dao

Ante la presin social, el sistema pe-nal mexicano no esta buscando quinlo hizo, sino quin la pague.


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OSI- Open Society Institute

El Open Society Institute (OSI) es una fundacinprivada que opera y proporciona subvenciones conla finalidad de dar forma a las polticas pblicas parapromover la gobernabilidad democrtica, los derechoshumanos y la reforma econmica, jurdica y social. A ni-vel local, el OSI implementa diversas iniciativas paraapoyar el estado de derecho, la educacin, la saludpblica y la independencia de los medios. Al mismo

tiempo, el OSI trabaja para construir alianzas ms all delas fronteras y continentes sobre asuntos como el combatea la corrupcin y a los abusos contra los derechos.

El OSI fu creado en 1993 por el inversionista y filntropoGeorge Soros, para apoyar a sus fundaciones en EuropaCentral, Oriental y la ex Unin Sovitica. Dichas funda-ciones se establecieron a partir de 1994 para apoyara las naciones en la transicin del comunismo. El OSI ha

expandido las actividades de la red de fundacionesSoros a otras regiones del mundo donde la transi-cin democrtica es de inters especial. La red defundaciones Soros involucra a ms de 60 pases,incluyendo los Estados Unidos de Norteamrica.

www.soros.org


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Direccin electrnica: [email protected]

400 West 59th Street

New York, NY 10019 USA

Tel: +1 (212) 548 0600

Fax: +1 (212) 548 4662

Oktober 6.u. 12H-1051 Budapest, Hungary

Tel: +36 (1) 327 3100

Fax: +36 (1) 327 3103

Plot 1266/ No. 11, Amazon Street

Maitama, Abuja, Nigeria

Tel: +234 (9) 413 3771

Fax: +234 (9) 413 3772

Sitio en la Red: www.justiceinitiative.org

Junta Directiva de la Iniciativa Pro-Justicia de la

Sociedad Abierta.

La Iniciativa Pro-Justica se gobierna por una junta direc-

tiva que se compone de los siguientes miembros:

Aryeh Neier, Chair,

Chaloka Beyani

Maja Daruwala

J. Kayode FayemiAnthony Lester

Juan E. Mndez

Diane Orentlicher

Wiktor Osiatynski

Andrs Saj

Herman Schwartz

Christopher E. Stone

Nmina del personal

La nmina del personal incluye:

James A. Goldston, Director Ejecutivo, Nueva York

Zaza Namoradze, Director, oficina de Budapest

Kelly Askin, Funcionaria Jurdica SuperiorJusticia Internacional

Helen Darbishire, Directora del Programa, Libertad de Informacin y Libertad de

Expresin

Nazgul Ergalieva, Funcionaria Jurdica, Asia Central

Julia Harrington, Funcionaria Jurdica Superior, Igualdad de Derechos yCiudadana

Nadejda Hriptievschi, Funcionaria Jurdica, Acceso a la Justicia

Stephen Humphreys, Oficial Superior de Redaccin e Informacin

Katy Mainelli, Gerente Administrativa

Chidi Anselm Odinkalu, Funcionario Jurdico Superior, Africa

Darian Pavli, Funcionario Jurdico, Libertad de Informacin y Libertad de

Expresin

Martin Schnteich, Funcionario Jurdico Superior, Justicia Penal Nacional

Valerie Wattenberg, Asesora Jurdica Superior, Justicia Penal Nacional


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Mientras usted lee ests lneas 82 mil personas enMxico se encuentran presas esperando el da de susentencia. Son 82 mil personas que se presumeninocentes pero que sufren, padecen la privacin de lalibertad en las condiciones dantescas que prevalecenen las crceles mexicanas: un entorno de autogobierno,violencia y enfermedad. Cada ao 40 mil personas sonliberadas despus de haber sido sometidas a investi-gacin y procesos judiciales, muchas de ellas fueronprivadas de su libertad por varios meses perdiendo

su trabajo, familia o salud.

Hoy en da se justifica la extendida prctica de la prisinpreventiva argumentando que el encarcelamiento de losacusados reduce la incidencia delictiva y la inseguridadciudadana, que garantiza la reparacin del dao y queslo aplica a individuos que de permanecer en libertad,

Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta

La Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta se dedica a promover reformas legales que favorezcan

la proteccin de los derechos humanos, y contribuyan al desarrollo de la capacidad legal para lograr

una sociedad abierta. La Iniciativa Pro-Justicia trabaja en base de la prctica emprica e incidencia

jurdica y poltica junto con la difusin de conocimientos en las siguientes reas de enfoque: reforma

nacional del sistema de justicia penal, justicia internacional, libertad de informacin y de expresin,

anticorrupcin, e iguladad de derechos y ciudadana.

seran un gran peligro para la sociedad y las vctimas deldelito. En estas pginas se presenta evidencia empricaque ilustra que estos argumentos son falsos, y que se po-dra evitar que miles de personas fueran privadas desu libertad y arrebatados de sus actividades productivas(adems del empobrecimiento econmico y desgastemoral de los detenidos y sus familias), sin que lasociedad o las vctimas quedaran desprotegidas.

Despojada de sus mitos y retrica, la prisin preven-

tiva en Mxico queda evidenciada como una prcti-ca en expansin que ha sido utilizada irracional eindiscriminadamente y constituye un pilar de unapoltica criminal desesperada ante el desbordamientode la autoridad por el fenmeno delictivo y por la de-manda ciudadana de seguridad.

IS

BN970-9772-00-7

www.justiceinitiative.org

mitos prision preventiva mexico

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