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i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 30.12 .14Proyecto Comunidad

anuario 2014La Gaceta del Patriota se complace en presentar las noticias más importantes del 2014. Para rememorar lo que paso, entender el presente y avizorar lo que se viene. Por un feliz 2015 para todo el pueblo patriota, que día a día pelea por una patria más justa, libre y soberana.

Abril- Nro.4

lincha-mientoslos efectos del terrorismo me-diático y la corporación judicial Hechos sociales de semejante magnitud como los linchamientos, no pueden entenderse de manera

aislada. Es necesario pensar por qué estas prácticas repudiables se dan ahora y no antes, si algunos de los elementos que pretenden justificarlos están presentes desde hace mucho, como la ineficacia de la justicia, la lentitud y corrupción policial, etc. Es por ello que no debemos subestimar el tremendo poder que ejercen los medios masivos de comunicación, y quienes irresponsablemente emiten mensajes de terror a través de sus pantallas. A esto se suma la impunidad de una parte no menor del Poder Judicial, que continúa actuando como una corporación en vez de ser un poder al servicio de la ley.

El emblema del terror mediático es, sin dudas, Sergio Massa. Desde marzo de este año, el diputado repite que el Gobierno Nacional busca liberar peligrosos

delincuentes con la sanción de nuevas leyes: “El pro-yecto de reforma del Código Penal es una amnistía para los presos más peligrosos que saldrán a la calle inmediatamente cuando se apruebe, por ser ley más benigna y un mensaje muy peligroso para los delin-cuentes: delinquir es gratis, ya los delitos más graves, entre ellos el tráfico de drogas, serán excarcelables o sufrirán reducción de pena”.

Como ya lo dijimos en esta misma Gaceta, la reforma del Código Penal no implica que la tasa de delitos disminuya. Ni siquiera una reforma de los Códigos Procesales podría cambiar los índices delictivos, ya que en ningún país del mundo se corresponden los años de pena por un delito con la desaparición del mismo. Aunque las penas subieran o bajaran, el Poder Judicial seguiría teniendo el mismo poder para aplicar la Ley según su antojo. La discusión sobre la insegu-ridad marcha principalmente por la reforma de una Justicia que actúa más como poder corporativo que como Poder Judicial, pero también por la inclusión que la sociedad pueda hacer de los sectores marginados.

En las antípodas de este razonamiento, el mensaje de terror de Massa fue amplificado por la caja de resonancia de decenas de programas de opinión periodística que colmaron la agenda pública con zócalos apocalípticos sobre el nuevo Código Penal. Desde entonces, la conclusión nefasta que se esconde detrás de quienes llevan adelante los linchamientos es esta: si la justicia nunca nos va llegar por las vías lega-les, entonces estamos justificados a ejercerla-léase, lo que ellos entienden por “justicia”- por fuera del aparato legal del Estado. El razonamiento irracional se completa con la idea de que el linchamiento genera una “disuasión” que no genera la justicia, frente a los futuros delincuentes que serían liberados.

Ahora bien, el mensaje de terror no puede explicar por sí mismo el hecho social del linchamiento. Hay otros elementos que debemos tener en cuenta, como la situación del Poder Judicial. Un poder que no ha sido democratizado desde la vuelta de la democracia, y que mantiene su corporativismo intacto, para defen-

42der mezquinos intereses.

Un nuevo camino se abrió a par-tir del conocido caso de Marita Verón. En el año 2012 la Justicia de Tucumán absolvió a todos los imputados por el secuestro y la desaparición de esta joven. A partir de esta sentencia, el Gobierno Nacional envió una ley para democratizar la justicia, siendo éste el único poder que no es electo por la voluntad po-pular. Para ello se establecía el voto universal para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, institución que se encarga de vigilar la actuación de los jueces y proponer a los candidatos para cargos nacionales y federales. El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso, y declarado inconstitu-cional dos meses después por la misma Corporación Judicial que veía perjudicados sus mezquinos intereses.

Otro capítulo del hecho social son las víctimas de los linchamientos. Jóvenes, pobres, morochos, rateros -o no-, desarmados, ladrones de poca monta. En un barrio de Rosario puede leerse un cartel con la leyenda: “¡Ratero, si te agarramos no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar!”. No hubo linchamientos en los que se desarmara a un peligroso delincuente. El objetivo de los linchadores son los jóvenes marginados y olvidados que el sistema expulsa, el eslabón más débil de una larga cadena de desigualdades.

En algunas comunidades de los pueblos originarios de otros países se elige linchar a quienes no tienen familiares en el lugar, para así evitar una posible venganza. En nuestro país se elige a los más pobres, porque se sabe que no van a ser oídos por un sistema judicial organizado para castigar al más débil y liberar al más pesado.

mayo, nro. 9

auto-motri-ces empresarios que especulan con el trabajo de los argentinosDespués de una década de ganancias multimillo-narias, las empresas automotrices radicadas en nuestro país suspenden personal por las menores ventas registradas en el primer trimestre del año.

Desde 2003 a la fecha, las 14 automotrices más importantes -todas extranjeras-, acumula-ron -según sus balances- una ganancia por ventas de más de

500 mil millones de pesos. Algu-nas de estas empresas, como Wolkswagen, Toyota, Ford o Peugeot-Citröen, forman parte de las 25 que más facturaron en el país durante los últimos cuatro años, a diferencia de 2003 cuando ninguna figuraba en este ranking.

La industria automotriz es la rama que generó más puestos calificados -y mejores pagos- en los últimos diez años. Mientras que en 2003 generaba 39.735 empleos directos, con un pro-medio salarial de 1.646$, actual-mente existen 89.705 puestos con un nivel salarial de 11.443$- el segundo más alto de toda la industria. A esto debemos sumarle las 400 empresas autopartistas que componen más de 65.000 puestos de trabajo en todo el país, y los concesionarios, con unos 60.000 trabajadores.

Este incremento es consecuencia directa del crecimiento del 400% que experimentó el rubro en estos diez años, tomando en cuenta que en 2003 se produjeron 169.521 vehículos y en 2012 unos 764.495. A su vez, es el segundo sector industrial con mayor inversión extranjera directa en los últimos años, lo que se refleja en la amplia-ción de las plantas, y el consiguiente aumento en términos de producción y empleo.

Observando las cifras que presenta ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores), podemos afirmar que el principal negocio de estas empresas no es el mercado interno, sino la exportación. En 2013, de 791.007 unidades

producidas, se exportaron 433.295 en un 90% con destino a Brasil. Ante la caída en las com-pras de este país -y también en el resto de los mercados de Europa, México, Colombia, etc.- y la retracción de la demanda interna -producto del aumento desmedido de los precios para el mercado minorista de automóviles-, las empre-sas deciden cortar la cadena por el eslabón más

débil: los trabajadores. El inmenso poder social de estas empresas, con el que presionan y extorsionan al gobierno nacional, no con-siste solamente en los 210.000 puestos directos que genera la industria, sino también en el millón de puestos de trabajo indirectos que implican en el resto de la economía nacional (principalmente en transporte, metalúrgicas, aseguradoras, combustibles y bancos).

La presión y la extorsión de las empresas tienen como objetivo que el gobierno nacional retro-ceda en el aumento de impues-tos a los autos de alta gama establecido a comienzos de este año. Si bien estos modelos re-presentan el 4% de las ventas, sus altos precios -alrededor de 100.000 dólares hasta antes del impuesto- los convierten en un tercio de su facturación. La res-puesta del gobierno ha sido dar lugar a la revi-sión de la política impositiva siempre y cuando las empresas den marcha atrás con los aumentos de precios hacia el mercado minorista.

junio, Nro. 15

yankees de mierda“justicia”, republicanos, buitres e imperialismoEl fallo de la Corte estadounidense pone de relieve las relaciones de dominación imperialista con las que el capital financiero pretende arrodillar a los Estados nacionales de la periferia.

En un artículo del periódico Financial Times del 11 de diciembre de 2012, se leía: “Será el fallo del siglo en el

juicio del siglo”. La hipótesis del diario británico era que de vencer Argentina, los buitres y sus prácticas carroñeras desaparecerían. Pero los in-gleses tampoco nos veían con buenos ojos: decían entonces que el juicio era entre “dos malos”, ya que nuestro país tampoco jugaba con las “reglas

claras” del capitalismo.

Lo cierto es que la lógica de los buitres no escapa a los movi-mientos del capital financiero internacional contra los Estados nacionales de la periferia. La reali-dad nos demuestra que la “justicia” que permitió el fallo responde no solo a los intereses de estos grupos, sino a los de todo el imperialismo: atar de pies y manos a un país para moldear y manejar sus políticas. Más aún cuando ese país demostró su voluntad soberana no solo para reestructurar su deuda sino para impulsar los procesos de integración latinoamericana -UNASUR, CELAC, etc.- más importantes de los últimos 50 años.

La señal del fallo es para la Ar-gentina, pero sobre todo para

42

Julio, Nro.19

econo-míaacuerdo estratégico entre ar-gentina y china

Tras la cumbre de los BRICS, el presidente chino llegó a Argentina para firmar veinte acuerdos bilaterales que significan inversiones por más de 7.500 millones de dólares y otros 11.000 por un swap -intercambio- de monedas que fortalece-rán nuestras reservas. Esas inversiones apuntan a fortificar la estructura energética del país con

la construcción de dos represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz y una cuarta cen-tral de energía nuclear, pero también a recupe-rar el sistema ferroviario con la reconstrucción del Belgrano Cargas.

China es el segundo socio co-mercial de Argentina, con un intercambio de 17 mil millones de dólares, y el primer importa-dor de soja y aceite de girasol producido en nuestro país. A pesar de que la balanza comercial entre ambos países creció 10 veces en los últimos años, continúa siendo deficitaria para nuestro país. En 2013, la balanza cerró con un rojo de 5.000 millones de dólares producto de la creciente importación tanto de bienes de capital, artefactos eléctricos y mecánicos, como de químicos, vagones de tre-nes y subtes, y otros tipos de insumos necesarios para la industria nacional.

Esto también se explica por la política comercial china, que apunta a importar cada vez menos productos con valor agregado, como los pellets y expellers de soja -alimento para animales que se obtiene del proceso para extraer de aceite de soja- que cayeron de 220.296 toneladas importa-das en 2008 a 14.186 en 2013.

Por otra parte, en los últimos meses el gigante asiático hizo pie en sectores estratégicos de nuestra economía: desarrollo de semillas (Nidera), petróleo (Bridas-CNOOC, Sinopec, Petro AP), y en otras áreas como energía eólica, fabricación de chips y biocombustibles.

Sin embargo, el hecho funda-mental que determina esta alianza es el nuevo mapa mundial que comienza a trazarse con el avance de los BRICS y los evi-

el resto del mundo: los buitres tienen el pleno respaldo de la justicia imperial, para reclamar el 100% de las deudas que quie-ran reestructurarse. Por su parte, el resto de los acreedores contemplan ahora los riesgos de entrar en una reestructuración en la que puedan ver sus flujos de pagos interrumpidos por una decisión judicial.

Por otra parte, la estrategia internacional de nuestro país para resolver las distintas deudas en default y conseguir financiamiento interna-cional parece haber definido el momento del fallo. En la versión taquigráfica del encuentro entre Griesa, los abogados que defienden a Argentina y los fondos buitres, pudo conocerse que estos últimos justifican su reclamo de pago inmediato en que: “Ellos acordaron pagar mil millones al Club de París y 5 mil a Repsol”. Por lo tanto, nos exigen que así como tuvimos voluntad de pago inmediata en esas negociaciones, también la tengamos con ellos. Claro que ni la negociación con el Club de París ni con Repsol nos llevaban a nuevos recla-mos, en principio, por 15 mil millones de dólares, como es el caso de los buitres.

Pero la punta del iceberg son las suntuosas tasas que deberemos pagar para conseguir financia-miento internacional, ya que el fallo consigue bajar la “repu-tación de pago” y por lo tanto crear una desconfianza interna-cional que nos obliga -no solo al gobierno, sino principalmente a las empresas- a tener costos de financiación mucho más altos.

agosto, nro. 23

ley de abas-teci-miento contra los abusos del establis-hment El gobierno nacional envió al Congreso una serie de iniciativas para reformar la Ley de Abastecimien-to, la de Defensa del Consumidor y la de Defensa de la Competencia. El objetivo de la reforma es establecer nuevas herramientas para defender los derechos del consumidor entre las que se encuentran las prerrogativas del Estado para sancionar a empresas con posición dominante que: “eleven artificialmente los precios u obten-gan ganancias abusivas”.

Como era de esperarse, el establishment y los formadores de precios se pronunciaron en contra de la reforma. Contra los derechos de los consumidores, el empresariado agita el fantasma del desempleo: “Es peligrosa, puede afectar muy negativamente la inversión y el empleo”, sostuvo Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina.

Entre estos empresarios se encuentran varios propietarios de monopolios como los dueños de Siderar, que controla la producción de chapas, Dow Argentina, con posición dominante en la producción de polietileno, Aluar, que maneja toda la producción de aluminio como también las cuatro multinacionales que manejan el negocio del cemento. Estas empresas tienen la capacidad de manipular precios de insumos básicos para productos manufacturados, lo que termina im-pactando en la elevación de costos del resto de la cadena de valor. Esto genera que las pequeñas y medianas empresas soporten aumentos constan-tes de sus insumos que inevitablemente terminan trasladados a los precios finales.

A pesar de que la reforma elimina la pena de prisión para empresarios -que se extendía de 90 días a 4 años-, y la po-sibilidad de expropiar bienes o intervenir empresas ante una situación de desabastecimiento, las grandes empresas quieren derogar la ley original y todo lo que pueda ampliar la capacidad de intervención del Estado en la economía. El verdadero meollo del problema es que la reforma pone en riesgo su mayor poder de fuego: los resortes económi-cos por los cuales se dictaminan precios disparatados, se aca-paran cosechas en los silos, y se garantizan tasas de ganancias salvajes.

Desde 2003, los gobiernos kirch-neristas aplicaron la ley contra

dentes movimientos de Estados Unidos y la Unión Europea para cortar de raíz cualquier vestigio de amenaza a la hegemonía imperial. En el plano meramente económico, son las econo-mías llamadas “emergentes” las que sostuvieron el crecimiento del PBI mundial mientras los países centrales se encontraban estancados por la crisis internacional.

En ese contexto, los emergentes reclamaron mayor participación en la toma de decisiones del FMI y el Banco Mundial, pero el imperio coartó esas posibilidades desde el propio Congreso de los Estados Unidos. De allí en adelante, los BRICS comenzaron a trabajar no sólo para crear un nuevo esquema de financiamiento global, sino también para fortalecer sus relaciones con el resto de los emergentes.

En este caso, lo más sobresaliente del acuerdo para nuestro país es el swap de monedas locales que permitirá una mayor es-tabilidad financiera. El swap de monedas consiste en la posibili-dad de solicitar yuanes -moneda china- a cambio de pesos, por un monto equivalente a 11 mil millones de dólares, a una tasa de 6% anual, con un plazo de re-integro de un año. En caso de un ataque especulativo, nuestro Banco Central podrá disponer de esos yuanes para adquirir dólares que hoy por hoy son la única moneda de reserva internacional.

42

Septiembre, Nro. 27

AGROacaparamiento, pérdidas millo-narias y aprietes para devaluarLos dueños del complejo agroexportador conti-núan reteniendo la cosecha en los silos, a pesar de las pérdidas millonarias que eso les genera, con el objetivo de provocar una nueva devaluación.

La retención de un 40% de la cosecha de soja -24 millones de toneladas- ya generó pérdidas por 1.440 millones de dólares, como efecto de la caída del pre-cio internacional por las “super-cosechas” de Brasil y Estados Unidos. Los 54 millones de toneladas de soja de la última cosecha, 6 millones más que en 2013, no redunda-ron ni en una mayor liquidación de dólares ni en una mejora en la recaudación por retenciones. A pesar de que el precio de la soja viene cayendo en picada desde junio, los productores argentinos

Octubre, Nro.30

polí-tica econó-micaun cambio en el central contra la especulación cambiariaUn día después del duro discurso de la presidenta Cristina Kirchner contra la falta de controles al sistema financiero por parte de las autoridades del Banco Central (BCRA), Juan Carlos Fábrega renunció como presidente de la entidad. En su lugar, fue designado Alejandro Vanoli, integrante del Plan Fénix y, hasta su designación, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Al mismo tiempo, se designó como director de la entidad a Pedro Biscay, hasta ahora coordinador del área de Fraude Económico y Bancario de la Procuradu-ría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), organismo que presentó parte de las denuncias por irregularidades en el BCRA.

Si bien las diferencias entre el BCRA y el Ministe-rio de Economía vienen desde hace ya un tiempo, la salida de Fábrega se aceleró con una denuncia de la PROCELAC donde se pudieron constatar filtraciones de información de parte del BCRA que

poderosas empresas como Shell y Techint pero también contra las oligarquías locales que ma-nejan el negocio de la carne y el trigo. Más recientemente, la Secretaría de Comercio se amparó en la Ley para ordenar a los laboratorios retrotraer un aumento de precios completamente injustificado. En todos los casos, su utilización despertó polémica entre empresa-rios y políticos de la oposición.

en conjunto con las multinacionales que manejan el negocio agroexportador siguen acaparando 22 millones de toneladas de soja en los silos. De ese total, ya anunciaron que retendrán 10 millones de toneladas hasta 2015, por lo que se pronostica que solo ingresarán 4.500 millones de dólares

por exportaciones del agro hasta fin de año. En ese caso, este año terminará con el ingreso de 24 mil millones de dólares, solo mil millones más que el año pasado, a pesar de contar con una cosecha mayor y por haber desaprovechado precios superiores que los ac-tuales. Esto impacta directamente en el poder recau-datorio del Estado, que en el último mes registró una caída de ingresos por retenciones del 3%, cuando en los primeros ocho meses del año se percibió un aumento del 50,5% en ese rubro.

Por otra parte, el precio internacional de la soja sigue cayendo, por lo que los productores dejaron pasar precios de 330 dólares -con el descuento de las retenciones incluidas- al actual de 275, con el solo objetivo de generar una devaluación que podría mejorar todavía más sus márgenes de rentabilidad.

Pero la oligarquía sabe que las ventas del complejo agroex-portador generan el 77% de la oferta bruta de moneda extranjera, por lo que eligen perder dinero pero generar la presión suficiente para una nueva devaluación. Los efectos colatera-les de este accionar pueden verse en el aumento del dólar ilegal que pasó de $12,80 a $14,20 en agosto.

beneficiaron a cuevas -previniéndolos de opera-tivos judiciales- y a bancos y sociedades de bolsa -anticipándoles medidas económicas.

En el caso de los bancos, los beneficios generados por contar con “información privilegiada” fueron ilustrados perfectamente por el discurso de la presidenta. “Un día antes de que se anunciara la medida que los obligaba a reducir sus tenencias en activos dolarizados, y cuando todos los ban-cos compraban dólares, estos bancos -Macro, Patagonia, Supervielle e Itaú- salieron a vender”, afirmó la mandataria.

En el mismo sentido, dos socie-dades de bolsa -Mariva y Balanz Capital- manejaron llamativa-mente el 43% del mercado del dólar contado con liqui, que fun-ciona a través de la compra de acciones o bonos en pesos que cotizan en dólares en el exterior. Las financieras transfieren esos títulos a cuen-tas fuera del país para venderlos y hacerse de dólares. En lo que va del 2014, este negocio les permitió manejar 27.400 millones de dólares, una cifra muy cercana a las reservas del BCRA. La financiera Mariva, propietaria de José Luis Pardo, íntimo amigo de Eduardo Duhalde, fue suspendida por la CNV, tras no brindar la información exigida sobre distintas operaciones.

Otro de los puntos fundamen-tales en la falta de controles sobre el mercado cambiario son los 80 mil sumarios “en curso” contra grandes exportadoras, importadores, petroleras, bancos y casas de cambio por operaciones irregulares.

noviembre, nro.34

ley de hidro-carbu-ros

más inversiones para el autoa-bastecimiento energéticoDesde comienzos de este año, el Poder Ejecutivo, los directivos de YPF y las diez provincias petro-leras vienen discutiendo una reforma a la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de atraer más inversiones y alcanzar el ansiado autoabasteci-miento energético. Después de meses de intenso debate, la ley fue aprobada en el Congreso

Nacional.

A partir del descubrimiento de Vaca Muera en 2010, nuestro país está considerado como la segunda reserva mundial más importante de hidrocarburos no convencionales. Según estudios realizados por YPF, con solo poner en valor el 5% del potencial de Vaca Muerta, Argentina podría lograr el autoabastecimiento energético, lo que le evitaría una sangría de miles de millones de dólares por año para importar hidrocarburos. Al mismo tiempo, en el mediano plazo, la explotación del yacimiento podría aportar a nuestra econo-mía ingresos de hasta 65 mil millones de dólares anuales, como así también la creación de 500 mil puestos de trabajo.

Este inmenso potencial puede ser un estímulo para el desa-rrollo soberano de nuestro país, pero también para la llegada de capitales extranjeros especia-lizados en saquear las riquezas naturales de países emergen-tes. Es por ello que surge la necesidad imperiosa de contar con un marco legal que disponga límites concretos a estas prác-ticas ampliamente reconocidas en la industria petrolera a lo largo de toda su historia. En ese sentido, la reforma prevé un nuevo marco legal que completa y modifica la ley preexistente incorporando regulaciones sobre los hidrocarbu-ros no convencionales, hasta ahora sin regulación alguna. A su vez, unifica los pliegos en todo el territorio nacional, por lo que asegura mejores niveles de negociación tanto para las provincias como para el gobierno nacional.

En ese sentido, la decisión po-lítica del gobierno nacional es avanzar en la aplicación de la Ley Penal Cambiaria. “Lo que estoy pidiendo fundamentalmente es que los organis-mos de control y de regulación del país apliquen las normas y, fundamentalmente, cuiden a todos los argentinos”, fue el mensaje de la presidenta hacia las autoridades.

42diciembre, nro. 40

dere-chos huma-nos no les tenemos miedoEn el marco del aniversario número 31 de la recu-peración de la democracia, la política de derechos humanos ocupó el centro de la escena. Mauricio Macri afirmó que terminará con el “curro de los derechos humanos” si llega a ser presidente en 2015. Sergio Massa sostuvo que nuestro país debe “cerrar la etapa de los derechos humanos”. En paralelo, y con pocos días de diferencia, el ex represor Barreiro reveló sitios donde los mili-tares habrían sepultado cuerpos de detenidos-desaparecidos, y las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 116.

Los dichos de Macri, perte-neciente a una de las tantas familias de empresarios bene-ficiados por la “patria contra-tista”, fueron apoyados por figuras de la oposición como el ex fiscal Strassera, quien

El punto nodal de la reforma es la limitación en la libre disponi-bilidad para exportar que ten-drán las empresas. En el caso de los yacimientos en tierra, recién después de tres años de cumplir con las inversiones previstas, podrán exportar el 20% del total explotado. En las platafor-mas off shore, que requieren inversiones más complejas y con mayores riesgos, será del 60%.

La importancia de este punto reside en que desde la última dictadura militar en adelante, el modelo petrolero argentino ha dado prioridad a la exportación por sobre el autoabastecimien-to y el desarrollo industrial. Esta fue la política de las grandes empresas petro-leras, que con la conveniencia de los distintos gobiernos, provocaron la depredación de gran parte de nuestras reservas y la dependencia de los dictados del capital extranjero.

El punto máximo de entrega llegó en 1989 con la política de desregulación que fijó un régi-men de libre disponibilidad del 100% del crudo para las empre-sas privadas. Sin necesidad de invertir, ya que el incumplimiento de planes de inversión no les generaba perjuicios, las empresas hacían lo que querían.

Al contrario, el esquema energético que orienta la reforma no apunta a la generación de exce-dentes para la exportación sino a alcanzar el autoabastecimiento para potenciar el desarrollo

industrial y garantizar los servicios domiciliarios y comerciales. Esto comenzó a hacerse realidad con la recuperación de YPF y la ley de expropiación que fijó una nueva política de hidrocarburos, aboliendo el régimen de libre disponibilidad.

Por otra parte, el principal escollo para acceder a la explotación de estos recursos son los 20 mil millones de dólares necesarios para inves-tigación, exploración, perforación, terminación y producción que pueden aportar los capitales extranjeros en una primera etapa. Este monto podría garantizar el autoabastecimiento de gas y petróleo para antes de 2020, pero la inversión real necesaria para lograr la explotación total de Vaca Muerta y el resto de los yacimientos ascien-de a los 200 mil millones de dólares.

En este sentido, la ley aprobada establece nuevos plazos para las concesiones, según el tipo de explotación, y para los permisos en exploración, que se achican como incentivo para nuevas inver-siones. 25 años para los yacimientos convencio-nales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos en la plataforma marítima argentina, con la salvedad de que las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones. Esto da un horizonte de proyección a mediano plazo para empresas que realicen inversiones no menores a los 250 millones de dólares.

profundizó su sentido. “Se están cometiendo atrocidades con los militares. Para mí esto no es justicia, es venganza. A Videla se lo sometió a 10 juicios. Con probar un solo homicidio alevoso, era para prisión perpetua. Hay que terminar con esta payasa-da de repetir juicios”, afirmó el militante radical.Argentina es el único país del mundo que está en proceso de juzgar y condenar a todos los genoci-das que cometieron crímenes de lesa humanidad. Hasta el momento se han llevado a cabo más de 130 procesos penales -108 iniciados desde el 2004- y 520 condenas -114 firmes. Para el resto del mundo, estos juicios encienden la esperanza de lograr justicia contra quienes perpetraron esta clase de crímenes. Entre muchos países que nos toman como ejemplo podemos citar a nuestro vecino Brasil donde, tras la presentación de un informe de la Comisión Nacional de la Verdad (un símil de nuestra CONADEP), se abre el debate para derogar la Ley de Amnistía y comenzar con los procesos legales.

Al contrario, los equipos de campaña del PRO pla-nean, en caso de triunfar en las próximas eleccio-nes, una política de derechos humanos basada en la “reconciliación”, un término que históricamente funciona como eufemismo de impunidad.

Otro que se hizo eco de las declaraciones de Macri es el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. En una ensalada argumentativa donde pretendió mezclar crímenes de lesa huma-nidad con la violencia en hechos delictivos comunes, Massa sos-

tuvo: “Yo creo que la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos. Me parece que el gobierno se olvidó de que hay nuevos derechos humanos. Las víctimas de la inseguridad tienen derechos humanos”. Mientras tanto, los juicios continúan evidenciando la necesidad de una política de Memoria, Verdad y Justicia que se sostenga en el tiempo, para lograr su objetivo final. En una de las megacausas en las que se juzga a quienes cometieron críme-nes de lesa humanidad, el represor Barreiro, ex jefe de interrogadores del Centro Clandestino “La Perla”, indicó tres sitios donde se encontrarían los restos de 20 detenidos-desaparecidos. Si bien la estrategia legal del represor es lograr que se le conmute una parte de la pena al brindar datos, o que el juicio se extienda y sea “perdonado” por un futuro gobierno de otro signo político, es la primera vez que un acusado aporta datos sobre el destino de los desaparecidos.

Pocos días antes de esta declaración, las Abuelas anunciaron la restitución del nieto número 116. Sólo en 2014, el organismo logró recuperar siete nietos, lo que marca el número más alto de los últimos seis años.

Desde 2003 a la fecha se recu-peraron 43 nietos gracias a la lucha incasable de las Abuelas y los movimientos por los dere-chos humanos, pero también al creciente apoyo del gobierno nacional en las campañas de difusión que permiten que miles de jóvenes que dudan de su iden-tidad se acerquen a realizarse las pruebas en la Asociación. El

número contrasta ampliamente con los 19 nietos restituidos durante la década de los 90´, cuando el gobierno menemista mantuvo una política de impunidad hacia los genocidas y de desprecio hacia los organismos de derechos humanos.

Hacia ese pasado nefasto pre-tenden volver los Macri, los Mas-sa, los Strassera y también los Barreiro. Un pasado que se viste de “reconciliación” para frenar los resultados históricos de la lucha de las Madres, las Abuelas y de todo el pueblo argentino. Un pasado que pretende borrar la valentía de Néstor y Cristina Kirchner, dos de los máximos responsables de la actual política de Memoria, Verdad y Justicia.

No les tenemos miedo.

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