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P r oye c t o Comunidad

49edición especial

#Noalgolpe

el imperio ataca las democracias populares de la patria grandeVenezuela, Argentina y Brasil. Con la corporación judicial como mascarón de proa o con la siempre presen-te alternativa del golpe militar “clásico”, el imperio busca derrocar a los gobiernos populares de Latinoa-mérica que fueron el pivote del No al Alca en 2005. Fuerzas Aéreas financiadas por Estados Unidos decididas a bombardear la casa de gobierno en Venezuela, movilizaciones y pedidos de juicios políticos contra Dilma Rousseff en Brasil. El caso argentino quizás sea el que mejor expone un complejo sistema golpista, en el que confluyen líderes opositores, jueces, fiscales, multimedios y empresarios. Sin embargo, en los tres países las intentonas golpistas coinciden en ganar la calle convocando a moviliza-

49ciones fogueadas por arduas campañas de desprestigio hacia los gobiernos populares de todo el continente.

Si los hechos no convencen al más desconfiado, debemos remitirnos al documento “Es-trategia de Seguridad Nacional”, presentado hace pocos días por el mismísimo presidente Obama. Si bien esta claro que el imperio es lo suficien-temente inteligente como para no anunciar todos sus movimientos, el documento oficial contiene afirmaciones, omisiones y diferen-cias con su antecesor de 2010, que permiten entender hacia dónde avanza su política exte-rior, particularmente para América Latina.

Sin dudas Obama busca mostrar al imperio mejor posicionado que en el documento anterior. Para ello, afirma que mientras la economía norteamericana puede mostrar mejores cifras macroeconómicas, sus tropas se retiran de los conflictos más prolongados donde se encontraban empantanadas -Irak y Afganistán-, pero se reposicionan como “Nación indispensable” frente a todo tipo de amenazas mundiales. Hecho que se refleja en el proyecto enviado por el presidente al Congreso para ampliar a una escala global el combate contra el Estado Islámico.

El aspecto doctrinario central del documento se basa en su adhesión a la doctrina deno-minada “Responsabilidad de Proteger”, creada por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. La misma sirve como justificativo para intervenir en cualquier país donde el imperio

pueda alegar, según su criterio, “causas humanitarias”. A ello se le agrega, explícitamente, que el gobierno de Obama se reserva el alegado derecho de Estados Unidos a la utilización unilateral de la fuerza cuando sus intere-ses globales se vean en peligro. La posibilidad de intervenciones militares terrestres “a la antigua” queda limitada a un “uso selectivo”, pero el repertorio de otras opciones de injerencia -y sus correspondientes eufemismos- es lo suficientemente basto como para entender hacia dónde se dirige: empoderar la sociedad civil y los jóvenes líderes, apoyar las democracias emergentes, la cooperación para el desarrollo, el impulso a los tratados Transpacífico y Trasatlántico de libre comercio e inversión, la creación y apoyo a “reglas, normas e instituciones” claves para la paz, el desarrollo y la estabilidad, etc.

En ese sentido, llama particularmente la atención el capítulo dedicado a la juventud. Basándose en que la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años, la Casa Blanca se propone estrechar relaciones con este sector para “identificar” a los dirigentes políticos, sociales y empresariales del futuro. Llamativamente, las guarimbas que intenta-ron derrocar al gobierno bolivariano tuvieron en su mascarón de proa a la juventud universi-taria, postulando una imagen de “resistencia” que recorrió el globo.

En el reducido capítulo donde se explica la po-lítica exterior para Latinoamérica, el gobierno de Obama afirma que la prosperidad económi-ca alcanzada -que las clases medias son más numerosas que las pobres- está en riesgo por la debilidad de las instituciones. Canadá,

México, Chile y Perú aparecen como ejemplos de países que se abren al libre comercio y a los tratados que impone el imperio, mientras que Brasil es postulado como un “compañero” con el que se busca avanzar en las relaciones económicas. Guatemala, El Salvador, Haití y Honduras son catalogados como “países vulne-rables”, en los que Estados Unidos se postula como una suerte de garante del progreso económico y las instituciones democráticas.

Claro que para Venezuela el mensaje es mucho más directo. “Estamos con los ciudadanos de países donde el pleno ejercicio democrático corre riesgo. Como en Venezuela”. Y la cita parece enviar un mensaje al resto de los “no mencionados” anteriormente: “Aunque algu-nos pocos países de la región continúan atrapados en viejos debates ideológicos, seguiremos trabajando con todos los go-biernos que estén interesados en cooperar con nosotros en vías prácticas para reforzar los principios enumerados en la Carta Interamericana de la democracia”. Acto seguido, se nombra la política de apertura hacia Cuba como una forma más efectiva para que el pueblo “decida libremente sobre su futuro”.La realidad latinoamericana nos demuestra

que los personeros del imperio están más activos que nunca. Si la fortaleza y la her-mandad de los gobiernos populares les impidió derrocarlos de un día para el otro, la política del “desgaste” fue una herramienta más efectiva a sus fines. Las muertes de Néstor Kirchner y Hugo Chávez también les permitie-ron restar poder de síntesis a los pueblos y la unidad latinoamericana.

Como lo vienen haciendo desde que son imperio, los Estados Unidos y el poder financiero in-ternacional apuestan por todas las vías posibles a herir las de-mocracias populares en América Latina. Si no pueden pedir a gri-tos un golpe, susurran adelan-tamientos de mandatos, juicios políticos o cualquier “recurso legal” que demuela el potencial transformador de una Amé-rica conducida por dirigentes políticos que expresan los más maduros anhelos de liberación de los últimos 40 años. El objeti-vo es coyuntural pero también a largo plazo: el imperialismo no quiere que los gobiernos dejen un legado emancipador a conti-nuar. De allí que la democracia continúe siendo una herra-mienta peligrosa para sus fines inconfesables, aun cuando nos quieran convencer de que ellos son los garantes de la constitu-ción y la República que tantas veces pisotearon.

preña-dos de buenas inten-cionesEn el año 2002, luego del fracaso del golpe de Estado contra Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano sorprende al mundo con un fallo exculpatorio de los golpistas. Con el voto favorable de 11 de 20 de sus integrantes, sostuvieron que los acusados, frente al vacío de poder que se produce en au-sencia del presidente -la cual se debió nada más ni nada menos a que Chávez se encontraba de-tenido e incomunicado en Fuerte Tiuna y su vicepresidente pró-fugo y con orden de captura-, se vieron “obligados” a ocupar el poder para evitar males mayo-res. Como explicita el fallo los

mismos estaban “preñados de buenas intenciones”.Tres años más tarde el fallo sería revertido, permitiendo el procesamiento de los impu-tados en el golpe. Esto fue posible tras la parcial remoción y ampliación del número de magistrados del TSJ impulsada por el gobierno revolucionario, cuando entendió que la justicia, en manos de los magistrados comprometidos con el “antiguo régimen”, era un enemigo del proceso bolivariano, de igual o mayor enverga-dura que las corporaciones mediáticas.

Lamentablemente en el resto de nuestra América, salvo en los países de la región que reformaron su Constitución, el intento por democratizar el Poder Judicial para que deje de ser el último bastión de las clases dominan-tes, se ha vuelto una tarea casi imposible.

Más allá del caso puntual de Venezuela, podría-mos hacer una lista de los fallos y procesos judiciales “preñados de buenas intenciones” frente a los gobiernos populares de nuestra América Latina.

Enumeremos los dos más traumáticos e irre-mediables por su desenlace:

•En el año 2009 el TSJ de Hondu-ras justifica el derrocamiento y posterior expulsión del país del Presidente Zelaya por el delito de traición a la patria. La traición consistió en convocar al pueblo a una consulta no vinculante. La consigna era para votar por sí o por no: ¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE, EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 2009, SE INSTALE UNA CUARTA URNA EN LA CUAL EL PUEBLO DECIDA LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL

49

una re-forma justa y necesa-riaA menos de diez días de haber asumido “con más pobres que votos” como solía decir, Néstor Kirchner habló por cadena nacional y pidió al Congreso que realizara un juicio político contra miembros de la Corte Suprema “adictos” a las políticas de entrega y saqueo del mene-mismo en la llamada “mayoría

CONSTITUYENTE ?

Cuando Zelaya da la orden al general Vásquez Velasco de que ponga en marcha el operativo comicial, éste se niega y es destituido del cargo por el presidente, pero el general va a estar fuera de los cuarteles muy poco tiem-po, pues una decisión del Tribunal Supremo lo restituye en el mando. El camino quedaba así allanado para el secuestro y expulsión del presidente hondureño de su país.

•En el año 2012 Lugo es destitui-do por el Congreso de Paraguay en un juicio político, por mal desempeño de sus funciones, culpado por cinco cargos: -El sangriento episodio en un campo de Curu-guaity donde perdieron la vida 17 personas.

-Instigar la ocupación de tierras en la región de Ñacunday, en el 2009.

-Culpable de la violencia e inseguridad en el Paraguay

-Apoyo a un acto político de jóvenes de izquier-da en un cuartel militar en mayo de 2009.

-Apoyo al protocolo de Ushuaia II sobre compromiso democrático apoyado por el Mercosur.

Para defenderse de estos cargos, al presi-dente no se le dieron ni los tiempos, ni las mínimas garantías que marca este proceso. A pesar de las quejas y presiones que el resto de América Latina transmitió al Paraguay, la Corte Suprema no tuvo inconveniente en dar el visto bueno al derrocamiento.

En la historia argentina las acordadas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) legitimaron los golpes, basándose en la doctrina de la

continuidad jurídica del Estado, una constante desde el golpe de Uriburu en adelante, culmi-nando con la acordada del 76’.

Sin duda el acto montado por los fiscales opositores también está “preñado de buenas intenciones”.

automática”. Particularmente, el recién electo presidente se enfrentaba al “patrón” de esa Corte, Julio Nazareno, a quien describió como representante de “un pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar” y como parte de los hombres “que no están a la altura de las circunstancias”. El kirchnerismo empezaba sus días en el go-bierno nacional enfrentándose con la cúpula de una corporación judicial deslegitimada por su escandalosa relación carnal con anteriores gobiernos. Resulta por lo menos llamativo que un gobierno electo con un limitado caudal de votos -menos de un cuarto de los sufragios totales- diera su primer paso fuerte hacia un sector hasta entonces “intocable”. Sobre todo, teniendo en cuenta que ni el propio Duhalde había logrado torcer el poder de la Corte en el Congreso, donde la bancada me-nemista todavía funcionaba como su núcleo resistente. Néstor no contaba siquiera con una mayoría segura.

Sin embargo, y con el acompañamiento de un pueblo altamente movilizado, Nazareno, Moline O´Connor, Boggiano, Vázquez y López serían o bien destituidos por el Poder Legislativo, o bien obligados a renunciar ante la situación judicial que se les aproximaba.

Pero la historia no termina ahí. Kirchner tam-bién sería el responsable de impulsar un nuevo sistema para la elección de los miembros del máximo tribunal. Con limitaciones para el Poder Ejecutivo y nuevas pautas de parti-cipación ciudadana y transparencia, fueron designados Zaffaroni, Highton de Nolasco, Argibay y Lorenzetti.

La novedad no fue solo la calidad del método sino la diversidad de pensamiento de los nuevos integrantes. Hasta entonces, salvo contadas excepciones, los jueces de la Corte eran hombres conservadores, liberales o ultra católicos. Tanto la designación de Argibay, mujer atea y militante feminista pro-aborto, como la de Zaffaroni, garantista ligado al progresismo, marcarían un nuevo rumbo.

Esa nueva composición permitió que a mediados de 2007 la Corte declarara la inconstitucionalidad del indulto de Menem al General Riveros, y abriese el camino para derogar las leyes de Punto Final y Obediencia debida. Si bien esta reforma marcó un hito en las intenciones del poder político por transparen-tar al único poder no elegido por el voto popu-lar, no era parte de la agenda política -en ese momento- una discusión más profunda acer-ca de la necesidad de reformar al conjunto del poder judicial. Sin embargo, la posibilidad de juzgar y condenar a los genocidas, hasta entonces impunes, abrió una nueva etapa en la justicia. La caída del velo de impunidad con el que contaban distintos sectores sociales se pondría en evidencia en nuevas causas como Papel Prensa, La Noche del Apagón, y en distintos fallos como la condena del dirigente sindical José Pedraza, en la causa por el asesi-nato del militante Mariano Ferreyra.

A pesar de ello, si la Corte había dejado de ser un apéndice de los sectores oligárquicos, la falta de independencia y ecuanimidad de la estructura más profunda de la corporación judicial -an-

quilosada particularmente en los juzgados federales- se puso en evidencia cada vez que el gobierno avanzó sobre el poder económico. El mecanismo fue y sigue siendo muy simple: si el Congreso vota algo que los grupos económicos no quieren, la justicia acepta cautelares y recursos de amparo. Si el go-bierno, o un ciudadano acusan a un grupo económico por un delito, la justicia literalmente se “duerme”. Los estudios legales de la Sociedad Rural, Clarín, La Nación y otros grupos similares aplican este método casi mecá-nicamente. A su vez, la última trinchera del poder real, a fuerza de recursos de amparo y medidas cautelares, también se convirtió en el bunker de las mafias impunes. Un hecho que el primer fallo de la causa Marita Verón, que absolvió a los 13 acusados, pondría en evidencia.

En medio del clima de descontento social provocado por el fallo, la presidenta Cristina Kirchner anunciaría la democratización de la justicia a la que consideraba “divorciada” de la mayoría de la sociedad. “Para los invisibles y los pobres no hay cautelares ni inconsti-tucionalidades. Por eso es que es necesaria una modificación en la Justicia, para que no sólo exista para aquellos que tienen presión de lobby, o que cuentan con el dinero para contratar buenos equipos de abogados, sino que para todos por igual”.

Meses después, el Congreso recibía un

proyecto en el que, entre otros puntos, se democratizaba el Consejo de la Magistratura -sus miembros pasaban a ser electos por el voto popular-, se limitaba las cautelares a un plazo máximo de seis meses y se democratiza-ba el ingreso a la carrera judicial a través del concurso público.

Al poco tiempo de su aprobación en ambas cámaras, la propia Corte Suprema dictaría la inconstitucionalidad de los puntos fundamen-tales de la reforma, bajo un fuerte lobby del amplio abanico opositor.

Si en 2003 la oposición había considerado que la reforma de la Corte otorgaba mayor transparencia a la justicia, diez años después considerarían que cualquier reforma que surgiera del Ejecutivo era sinónimo de

49intromisión. Desde entonces, la corporación mediática puja para que oposición y justicia aparez-can como sinónimos. A pesar de ello, el debate instalado tras la abortada democratización permitió avanzar con las refor-mas de los códigos civil, penal y procesal penal. Si reformar el Poder Judicial desde las pro-puestas del Ejecutivo se hacía cuesta arriba, en breve serían sectores del propio Poder Judicial quienes encabezarían modificaciones institucionales. La designación de Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación en 2012, marcó este nuevo proceso.

Si bien el Ministerio Público Fiscal es el único que no depende de ninguno de los tres Po-deres constitucionales, la intromisión de los juzgados en su funcionamiento es histórica.

La gestión de Gils Carbó trajó consigo la creación de nuevas procuradurías especializadas contra mafias y poderes eco-nómicos -de Narcocriminalidad, contra la violencia institucional, de criminalidad económica y lavado de activos, etc.-, la de-signación de funcionarios que representaban una renovación al interior del Ministerio Público Fiscal y la constante crítica a lo que denominó un “sistema oscurantista, burocrático, autoritario y corporativo”. El avance de las procuradurías en causas contra

bancos, cerealeras y otras corporaciones, funcionaron como prólogo del ataque cotidia-no de los medios de comunicación opositores que nuevamente clamaban por defender la “independencia judicial”. Son muchas las causas que pueden citarse a modo de ejemplo, aunque particularmente se destacan las investigaciones al HSBC y al Grupo Clarín por fuga de divisas, y a siete bancos por forzar la devaluación de enero de 2014.

Las medidas cautelares se com-binaron entonces con denuncias penales que en conjunto busca-ron el mismo efecto: bloquear cualquier acción que reformase el Ministerio Público Fiscal. Claro que quienes comandaban esta resistencia oligárquica eran los fiscales que servían de nexo entre esta institución y la ya famosa Asociación de Magis-trados (AM), representante de un selecto núcleo de jueces que simbolizan al sector más putre-facto del Poder Judicial.La gota que colmó el vaso fue la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que precisa-mente resta poder y suma mayores contro-les -tanto en términos presupuestarios como legales- a la casta de jueces acostumbrados a la impunidad en sus funciones.

columna de opiniónla con-jura de los ne-cios3Burdo, torpe, con la impunidad calzada como un zapato demasiado cómodo, el Fiscal que gusta de las “marchas” silenciosas, gusta también de la trampa. Si no fuese escandaloso y repugnante que ese Fiscal de la Nación esté cometiendo un delito, nos quedaría solo el asombro y la incredulidad.

Porque no nos dan tregua con las sorpresas. Estos tipos en los que recostamos nuestra expectativa de justicia, de ecuanimidad, a los que les pagamos exorbitantes salarios para que cumplan con su trabajo de investigar delitos y hacer justicia, salen a la calle a pe-dirle ¿a quién? lo que ellos tendrían que estar haciendo desde sus públicos despachos.

Sería justicia si Marijuán diera trámite a las denuncias contra el Grupo Clarín por lavado de dinero.

Sería o hubiera sido justicia si el extinto Fiscal de los servicios hubiera movido al cabo de 10 años algo más que un par de papeles y una denuncia que no califica ni para el examen de primer año de derecho penal.

Sería justicia……..

Sería justicia si el Fiscal Taiano diera trámite a la denuncia por la escandalosa apropiación de Papel Prensa.

Y así podríamos seguir por horas.

Sin embargo -curiosamente- ellos toman las calles para reclamar paradójicamente por eso de lo que ellos mismos nos privan. Sería agredir la inteligencia del lector decir que quienes tienen que hacer justicia son justa-mente los Fiscales, los jueces. Pero parece que es necesario recordarlo. Porque si algo logran con su vocinglería es hacernos perder de vista algunas esencias.

El 18 dejarán sin sonar las cacerolas, pero el propósito es el mismo una vez más: voltear a un gobierno popular, violentar la voluntad de las mayorías haciéndose pasar por los defen-sores de la democracia.

La muerte de Nisman se les sirvió en bandeja. Actúan el luto y la pesadumbre pero esconden sus sonrisas satisfechas por lo bajo, mientras se apuran a instalar la idea del asesinato. Magnicidio le llaman. Y esta vuelta los actores de reparto son media docena de Fiscales al borde del mal desempeño de su función cada vez que hablan del tema.

Están creando un clima peligroso. Se mues-tran asustados, temen por sus vidas. Pero esa charada no es inocente. ¿Cómo no va a

generar pánico social que el tipo que trabaja de meter presos a los delincuentes tenga miedo de que lo maten? ¿Qué tranquilidad puede tener la población si los jueces están en peligro?

Por eso publicitan la marcha con la consigna “miedo o libertad”.

Pero una se pregunta ¿a quién tenemos que tenerle miedo,- realmente-, después de ente-rarnos que el abogado Marijuán se hace ame-nazar por un amigo para instalar él el miedo, la zozobra y la sospecha de que el gobierno presiona y extorsiona a “la Justicia”?

¿Quién tiene que temer cuando a esa marcha se convocaron también Cecilia Pando y el ominoso Tata Yofre para hacer sonar su re-clamo a favor de los “viejitos” genocidas “tan injustamente juzgados”?

Y a propósito de amenazas truchas… ¿alguien le cree al multidenunciado Bonadío, sobre la que dijo haber recibido?

Sin embargo Marijuán, Moldes, “Stornelli”, Campagnoli, Saenz, Rivolo y sus adláteres, hoy tienen la voz cantante y se empoderan detrás de las cámaras y micrófonos amigos vendien-do la imagen de la mesura, de la libertad, de la independencia, preocupados por el futuro de la justicia, de la República…

Nada menos que ellos, los amigos de los espías.

La ecuación les cierra perfecto. La culpa la tiene la yegua.

Y apuestan fuerte los muchachos: “Cristina asesina” hacen rodar por las redes. Mató a Nisman, a su propio marido y seguramente al mayordomo de las películas de Hitchcock, ¿por qué no? Y subrepticiamente convocan a que nos cuidemos de esta Presidenta asesina serial que nos parió el destino…

¿Cual habrá de ser el límite para decir cual-quier cosa sin ninguna consecuencia más que la molestia de abrir desencajadamente la boca?

Asistimos cotidianamente a grandes dosis de impudicia: desde los datos ezquizofrénicos de Patricia Bullrich, al descaro no menos esquizofrénico de la legisladora procista (¿deberíamos decir procesista, quizá?) que sin rubor afirma que el muerto le había dicho que Cristina lo había “ordenado todo”, habilitando a leer entrelíneas que “también” su muerte.

Y a esa misma runfla se sumaron los Fiscales marchadores, que por más que se esfuercen en remarcarlo no están para nada silenciosos. Desparraman sus dardos a troche y moche.

¿Cuál es el límite de nuestra tolerancia? ¿Cuánta basura diaria, soportan nuestros oídos?

¿Puede el fiscal Germán Moldes comparar el “eventual suicidio” de Nisman con los asesi-natos de la triple A en la década del 70´ que precedió al mayor genocidio que desangró la Patria? ¿Tiene derecho ese sujeto -magistra-do- a cargarse en la historia de dolor y desa-parición, pretendiendo agitar ese fantasma?

Ese debería ser el motivo de una marcha indignadísima y alarmada de un pueblo a merced de magistrados que no trepidan ni reparan en su artero designio de construir poder -mucho poder- dentro de ese castillo medieval que es la justicia federal.

¿Podemos quedar impávidos y silenciosos cuando son nada menos que estos sujetos los que enarbolan banderas tan caras para nuestra historia, como la de memoria, verdad y justicia?

¿Ellos piden independencia? ¿Acaso están

49acordar con el golpela corte y uriburu

Hacia el año 1929 la Bolsa de Nueva York se derrumbaba y se iniciaba así una crisis que, por efecto dominó, afectaría a todo el mundo occidental. La Argentina sufriría inmediata-mente las consecuencias de esa caída, porque la dependencia de la economía agroexportado-ra era muy grande.

El gobierno estaba en manos de un presidente que, si bien no había cuestionado el modelo agroexportador y su estructura de clases, no venía de la oligarquía ni respondía directamen-te a los intereses de la misma. Se trataba de Yrigoyen, el primer presidente electo demo-cráticamente de la historia argentina, quien había sido reelecto en 1928, con una base electoral que se nutría de los sectores me-dios. Para las clases altas, que la crisis llegara mientras Yrigoyen estaba en el gobierno sig-nificaba uno de los peores escenarios posibles. Es que el presidente tendía a aumentar la inversión pública y hasta tenía ciertas iniciati-vas nacionalistas, como la creación de YPF. Este tipo de deslices eran difícilmente permisibles en un contexto de crisis económica, en el que para la oligarquía se requería ahorrar y

enfocar todos los recursos a garantizar la continuidad del comercio internacional.

Así fue que comenzaron a inquietarse las aguas y los cuarteles. La historia cuenta que más las primeras, que los segundos: se trató de un grupo de militares relativamente reducido. El respaldo que tenían atrás era el que contaba: los sectores encumbrados de la sociedad (terratenientes y comerciantes agroexportadores) y la prensa, venían im-pulsando y anunciando el golpe desde hacía tiempo. Con importante protagonismo civil, se produce entonces la primera interrupción del sistema democrático, que inaugura el ciclo de golpes que se sucederán en la breve historia de la democracia argentina . Analicemos el rol del Poder Judicial en este primer quiebre democrático.

La Corte Suprema de Justicia, como todas las instituciones del Estado argentino, no llevaba muchos años de historia y gozaba para 1930 de cierto prestigio por las cualidades de sus integrantes. En aquel momento, era hegemó-nica la concepción liberal según la cual un juez no es más que un agente que aplica la ley, una idea que aleja al Poder Judicial de la política y se opone a la noción de que un juez, más aún si pertenece a la Suprema Corte, es también de alguna manera creador de la ley. Acordes al liberalismo, las repercusiones de las acciones de la Corte se restringían a círculos judiciales y en todo caso a las clases altas. Pero el golpe del 30´ trae novedades respecto del rol del máximo tribunal.

La posibilidad de la instauración de un gobier-no de facto desató debates entre los inte-grantes de la Corte, divididos entre la opción de renunciar para no convalidar el quebranta-miento del orden institucional, o la de estable-cer una cierta regulación al Poder Ejecutivo de facto, convalidando la nueva situación. Según

dispuestos a dejar de depender de la CIA, de la Mossad, de Magnetto?

Pocos fiscales y jueces federales resisten su pasado y su presente de invitados a las fiestas del poder.

No lo resistía Nisman, con sus zalemas y obsecuencias en la embajada yanqui; como no lo resiste ahora tampoco Gerardo Pollicita, -macrista recalcitrante y acérrimo enemigo de la gestión peronista-, (el que impulsó la fallida denuncia de Nisman) recusado en la investigación del proxeneta y agente de inteli-gencia Martins, por ser amigo del titular de la Agencia de Control Gubernamental de Macri, a quien ayudó en su campaña con dólares de sus prostíbulos.

En alguna otra marcha seguramente habrán batido las cacerolas, en esta sería bueno que llevaran espejitos para chequear cada tanto que las narices no se les deformen demasiado.

Mascaró 3010

el hijo de uno de los jueces de aquella Corte, en paralelo a este debate, la Corte presionó a los golpistas para que juraran respeto por la Constitución, cosa que se llevó adelante el 8 de septiembre. Para el 10 de septiembre, entonces, se hizo pública la Acordada; la Corte había tomado posición .

Los dos primeros artículos dicen:

“1º. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante de 6 de septiembre del corriente año.

2º. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución y de las leyes fundamentales del país, en el ejercicio del poder”.

Es realmente notoria la se-paración que se hace entre institucionalidad y democracia, pareciera posible conservar la primera aún cuando la segunda se haya quebrado. Es que se trata de un Poder Judicial pre-ocupado por las instituciones republicanas formales y su di-visión de poderes antes que por la democracia y los derechos políticos. En este punto es que se explica la jura a la Constitución por parte del primer gobierno de facto, una Constitución que rara vez habla de democracia y que en los 30´ no incorporaba casi derechos sociales. La defen-

sa de la República antes que de la democracia, de la libertad antes que de la igualdad, es toda una posición política que caracterizaría las intervenciones del Poder Judicial en la arena pública a los largo de gran parte de la historia argentina.

Pese a la escasa repercusión pública que tuvo en Argentina la Acordada y la posterior reunión de los integrantes de la Corte con el presidente de facto Uriburu, se puede pensar que este documento fue central para el reconocimiento internacional de un gobierno que había nacido muy debilitado y se había consolidado más por omisión de resistencia que por acción de los “revolucionarios”. Y la cuestión del reconocimiento internacional no era nada menor: la Argentina agroexporta-dora necesitaba de un lugar -subordinado- en el mundo y de ese comercio que nutría a las clases altas que, desesperadas por la crisis del 30´, impulsaron la primera de una larga lista de acciones golpistas.

Clara Chevallier, historiadora

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