l a g a c e t adel patriota

Suscribite a la gaceta enviando un mail a i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 10.02.15Proyecto Comunidad

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china y argentinaen busca de una alianza estratégicaEl viaje a China de la presidenta Cristina Fernández, junto a una profusa comitiva de funcionarios y empresarios, marcó un nuevo hito en la relación entre ambos países. El gobierno nacional busca que China deje de ser un mero socio comercial para convertirse en un aliado estratégico en términos de inversión y financiamiento, pero también en la geopolítica mundial.

El gigante asiático, además de ser la economía más grande del mundo -según estadísticas del pro-pio FMI-, es nuestro segundo socio comercial y el primer importador de soja y aceite de girasol. A la inversa, nuestro país es el cuarto socio comercial de China en América Latina, que importa desde allí bienes de capital e insumos para la industria.

48Esta relación comercial -materias primas x bienes de capital- se explica por el desarrollo desigual de ambas economías, pero también por la política comercial china.

Mientras Argentina transcurrió diez años de crecimiento y recuperación industrial -tras más de 25 de neoliberalismo y saqueo-, la actual política económica de China -un régi-men industrial mixto con fuerte presencia y regulación estatal- lleva ya 35 años de creci-miento sostenido. Esto permitió sacar de la pobreza a centenares de millones de personas que actualmente engrosan las clases medias de China. La contradicción resultante es una creciente demanda de volúmenes de materias primas con las que el país no cuenta. Soja para alimentar cerdos y pollos, pero también petróleo, gas, hierro y otras materias primas que su industria precisa ahora y a largo plazo.

Esa demanda se combina con la también cre-ciente oferta de bienes de capital e insumos que nuestro país no produce. Es por eso que tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, China encuentra las dos varia-bles que necesita: materias primas y mercados. Para ello, cuenta con 4 billones de dóla-res de reserva -la mayor de todo el mundo- y crecientes esquemas de financiamiento que la posicionan como el pri-mer prestamista de los países latinoamericanos.La relación comercial con nuestro país viene creciendo exponencialmente en los últimos veinte años a partir de la demanda cada vez mayor de materias primas pero también, en los últimos diez, por nuestra necesidad de ma-yores insumos, tecnología y bienes de capital

para una industria en franca recuperación. De 1994 a la actualidad, el intercambio comercial en dólares se multiplicó por 16, a la vez que se aceleró el saldo desfavorable para nuestro país producto del estancamiento de nuestras exportaciones y el continuo crecimiento de las importaciones. En ese sentido, los productos chinos pasaron de represen-tar el 3,4% al 16,5% del total de las importaciones argen-tinas, a la vez que nuestras exportaciones crecieron pero mucho menos, del 1,4% al 7%. En paralelo, la política comer-cial china apunta a importar cada vez menos productos con valor agregado, como los pellets y expellers de soja, por lo que el déficit comercial se intensifica con cada año que pasa. Si se observa el intercambio en una línea de tiempo, se puede constatar que de 1994 a 2005 el superávit estaba de nuestro lado,

llegando en ese último año a 2475 millones de dólares. Al contrario, de 2005 a la fecha, la balanza se inclinó hacia China, llegando a 2014 con un rojo de 5000 millones de dólares, por la importación de bienes de capital pero fundamentalmente de insumos para la industria vinculada al ensamble de produc-tos electrónicos. De allí que las principales empresas que importan de China sean Hawei Tech Investment, Brighstar Fueguina, Newsan, Industria Austral de Tecnología, BGH, Atanor, Fábrica Austral de Productos Eléctricos y Electrofueguina S.A., todas firmas vinculadas al parque industrial de Tierra del Fuego. Un dato no menor para entender cómo in-fluye esta relación comercial en un esquema más global, es que el crecimiento del inter-cambio comercial con China, en todo el conti-nente, fue a costa de Estados Unidos. Entre 2002 y 2011, el peso de Estados Unidos en las exportaciones latinoamericanas pasó del 57,4% al 35,1%, mientras que las importaciones, del 47,1% al 30,3%.

Por fuera de la performan-ce negativa del intercambio comercial, la IED (Inversión Extranjera Directa) china ha tenido un rol fundamental en los últimos tiempos en nuestro país. Si se tiene en cuenta el retiro de capitales trasnacionales -producto de la crisis internacional y de la posible suba en la tasa de la FED- y la caída del 23% de la IED en Latinoamérica durante el primer semestre de 2014, las inversiones chinas llegan en un momento decisivo. Como es entendible, las mismas se ubican en

sectores estratégicos como energía, ferroca-rriles y cerealeras. Grandes empresas como Nidera -la segunda exportadora de granos en nuestro país- o Bridas y OXI-que superan en producción a YPF- pasaron a manos chinas en el último año. También la fábrica Emprendi-mientos Ferroviarios (EMFER) fue comprada por la CSR china, la misma que vendió 500 vagones a nuestro país y que realizará 62 pasos a nivel.

Por fuera de la relación co-mercial y las inversiones, en los últimos meses comenzó a esbozarse la posibilidad de superar esta relación, con la implementación de acuerdos basados en una coincidencia

táctica de intereses, pero no por ello menos importante en el largo plazo. De allí la matriz fundamental de los acuerdos que permiten que Argentina consiga financiamiento ex-terno para infraestructura rompiendo el cerco de los organismos de la dependencia internacional, y que China no solo adquiera las materias primas que necesita sino que se postule a nivel internacional como un país inversor y finan-cista. El ejemplo más claro de esta confluencia de intereses es el swap entre yuanes y pesos, el primer préstamo internacional recibido tras el bloqueo de buitres y organismos financie-ros. Si bien el intercambio de monedas es un prefinanciamiento del intercambio comercial, ya que servirá para adquirir mercaderías de ambos países, los primeros giros del swap sir-vieron -en conjunto con otras medidas- para frenar las presiones cambiarias y achicar la brecha entre el dólar oficial y el ilegal.

Otros ejemplos pueden ser la inversión en megaemprendimientos energéticos como las futuras centrales hidroeléctricas de Santa Cruz y una cuarta central nuclear, la financia-ción del Belgrano Cargas, etc. Queda claro que para China, cada una de sus inversiones tiene un sentido estratégico y no necesariamente solidario. El Belgrano Cargas reducirá los costos de transporte de la soja que importan, como también el swap de monedas permite una estabilidad cambiaria que asegura que nuestro país pueda seguir importando y exportando.

A pesar de lo determinante que puedan parecer las va-riables económicas, el punto fundamental que determina el carácter de esta relación es la política internacional. Así lo resumió la propia pre-sidenta: “Es muy importante recalcar que no solamente es una cuestión de relaciones bilaterales, sino también que es una cuestión de relaciones de China y Argentina con el mundo. Porque bueno es de-cirlo, también compartimos en este mundo tan complejo, tan difícil que hoy atravesamos, posturas similares en cuanto a la necesidad de reformas del Consejo de Seguridad, en cuanto a la necesidad de re-formas de organismos multila-terales de crédito y también, por supuesto, agradecemos fervientemente el apoyo que China ha dado a la iniciativa argentina para establecer una reglamentación global en materia de reestructuración de deudas soberanas”.En un mundo donde las relaciones políticas aparecen cada vez más alteradas por los conflictos en Ucrania y Medio Oriente, y donde los países emergentes buscan determinar con mayor énfasis un posicionamiento autónomo de los grandes centros financieros, Argentina también hace su apuesta histórica.

4818F la corporación sale a la calle

Si hasta ahora la corporación judicial había re-sistido la democratización del único poder no electo por el voto popular desde las sombras, el 18F marca un cambio de estrategia. Con una “marcha de silencio”, donde serán “acompa-ñados” por todo el arco opositor y exigiendo justicia (¿la justicia exige justicia?) por la muerte de Nisman, el sector más oscuro del Poder Judicial busca recolectar la incerti-dumbre provocada por el caso -y potenciada por ellos mismos y sus centros mediáticos- y utilizarla para defender sus intereses. Casual-mente, algunos de los principales convocantes a la marcha son fiscales denunciados por familiares de la AMIA, por frenar la causa.

Si bien la presentación de la marcha estuvo a cargo de los fiscales Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, quien juega su carta política es la oligárquica Asociación de Ma-gistrados (AM), cuya conducción -presidida por un ultraopositor como Ricardo Recondo- defien-de al núcleo más duro de la tradicional corporación judicial. Sin embargo, no está de más detenerse en cada una de estas figuras que funcionan como puente entre la AM y un sector minoritario pero poderoso del

Ministerio Público Fiscal. Marijuán es el candidato de Sergio Massa para ocupar el lugar de Gils Carbó. De allí su envalentonada oposición a las reformas que propone el gobierno, y sus denuncias penales para destituir a la actual procuradora, que lo desplazó recientemente de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social por realizar concursos de ingreso poco transpa-rentes. Stornelli, jefe de seguridad de Boca Juniors y militante del PRO, imputó a la presi-denta Cristina Fernández por los controles a la compra de dólares en 2012. Campagnoli, fue suspendido en su cargo por abuso de poder y mal desempeño, y luego restituido tras un escandaloso lobby político -mediático de la oposición. Saenz, vicepresidente de la AM y un reconocido opositor al gobierno, encabezó la oposición al Código Penal por considerarlo “garantista”. En plena discusión por la consti-tucionalidad de la Ley de Medios, Saenz viajó a Miami para un encuentro del Centro de Estu-dios para el Desarrollo de las Telecomunicacio-nes y el Acceso a la Sociedad de la Información (Certal) donde actúa como secretario general y cuyo presidente es el jefe de asuntos lega-les de Cablevisión.

Pero para tener el cuadro com-pleto, nos faltan dos fiscales que no estuvieron en la presen-tación y que forman parte de la convocatoria: Germán Moldes y Raúl Plee. Ambos denunciados por familiares de la AMIA, con motivo de su actuación frenan-

do la causa e impidiendo que los querellantes realicen medidas tan básicas como una apelación. A su vez, el primero de ellos fue viceministro del interior de Manzano -durante el gobierno de Menem-, luego designado fiscal en la causa AMIA por el propio director de la SIDE, Hugo Anzoarreguy, ahora denunciado por encu-brimiento. Por su parte, Plee fue desplazado recientemente de la Unidad fiscal para la investigación del lavado de dinero, por haberla mantenido “dormida”, mientras el actual responsable avanza en causas, embargos y sanciones que superan la actuación mucho más duradera de Plee.

Todos tienen más de 20 años en el fuero y se niegan a los cambios que pide a gritos la so-ciedad, cansada de una justicia lenta y oscura.

La Asociación de Magistrados viene defendiendo públicamente el poder de esta corporación -a lo que se refieren como “inde-pendencia”- desde el momento mismo de la discusión del nuevo Código Procesal Penal, ahora aprobado por ambas cámaras. Es que el nuevo Código pone en funcionamiento un sistema acu-satorio en el que los fiscales lle-van adelante la investigación, en reemplazo de los jueces y su po-sible parcialidad. Hasta ahora, los jueces de instrucción podían delegar o no las investigaciones. En el primer caso, la dirección de la investigación a través de pistas e hipótesis determina-das por quien debía juzgar por fuera de los intereses de ambas partes, ponía en serio riesgo la imparcialidad a la hora del fallo. A su vez, como ahora las causas no pueden durar más de tres años, los jueces podrían ser san-cionados con un jury de enjui-ciamiento si demoran su resolu-ción, una práctica ampliamente reconocida en nuestro país. Sin embargo, y para no generalizar, es importante aclarar que más de 200 jueces

solicitaron la actual reforma en 2012, por lo que puede entenderse que quienes se oponen a la misma representan en realidad a una minoría poderosa por sus vínculos con el esta-blishment económico.

Tanto la AM como todo el arco opositor se opusieron a la reforma afirmando que el Ejecutivo quería “entrometerse” en la justicia otorgándoles más poderes a los fiscales que a su vez se verían controlados por la Procu-raduría a cargo de Gils Carbó. La realidad es que ese organismo no podrá definir qué causa le toque a qué fiscal -ahora es por sorteo- ni podrá intervenir directamente en las investi-gaciones. Lo que sí sucederá es que las fiscalías tomarán funciones que antes tenían los juzgados, que por lo tanto perderán po-der, y también presupuesto. A su vez, el nuevo sistema prevé mayor participación de víctimas y testigos en trabajo conjunto con los fiscales, lo que choca con un núcleo de jueces acos-tumbrados a la impunidad que otorga la falta de participación ciudadana. Tras su aprobación, la Procuración General avanzó en la creación de las nuevas fiscalías y defensorías que establece la ley, con el objetivo de que estuvieran en condiciones de funcionar cuando la reforma entrará en vigencia. En poco tiempo, tanto la AM como diputados de la oposición presentaron medi-das cautelares y causas penales contra Gils Carbó para evitar que la ley se aplicara. Como era de esperarse, distintos jueces aceptaron las medidas y suspendieron una serie de re-soluciones de la procuradora que establecían la designación interina para ocupar cargos vacantes en las nuevas fiscalías. Todo ese

proceso de “bloqueo judicial” se llevó adelante en paralelo con la denuncia del fiscal Nisman y su posterior muerte.

Tras la conmoción social que provocó este hecho, y a la que potenciaron con sus declaracio-nes, la corporación judicial vuelve a la carga, ya no con causas judiciales ultramediáticas con-tra el gobierno, sino con una movilización que pretende revivir cacerolazos y otras manifesta-ciones públicas supuestamente “apartidarias”. “Invitamos a toda la ciudadanía y queremos transmitir que no es una mar-cha en contra de nadie. Lo único que queremos es que se haga sólo con banderas argentinas, y nada más pensar en el dolor de la familia y en su trágico deceso”, afirmó el ultraopositor Marijuán. Claro que el carácter supuestamente amplio de la convocatoria choca con la mili-tancia expresa de todos los par-tidos de oposición y del Grupo Clarín, cuyo único metamensaje cotidiano es el 18F.Contradictoriamente, toda la oposición dice defender la “independencia” de la Justicia, a la que también le reclaman celeridad en el caso Nisman, pero sin que se aplique una reforma basada en la agilidad y la imparcialidad. Inde-pendencia del poder político, pero no del eco-nómico, que con el eterno juego de cautelares y amparos sigue logrando incumplir leyes votadas por el Congreso.

48nuevo emba-jador yankee la oposición y la oligarquía rin-den pleitesía al imperioNoah Mamet, el nuevo embajador yankee en nuestro país, realizó su presentación oficial rodeado de referentes de la oposición, de la oligarquía y del Grupo Clarín. Mamet afirmó que su gobierno plantea una “nueva política” para la región, a la vez que felicitó por su tra-bajo a Kevin Sullivan, embajador interino cuyas opiniones a favor de los fondos buitre le valie-ron una citación en la cancillería argentina.

El nuevo embajador, uno de los grandes recau-dadores de la campaña presidencial de Obama, trabajaba hasta ahora como consultor de políticos y empresarios. Fuertemente ligado al riñón demócrata, trabajó con Bill y Hillary Clinton, y también con Madeleine Albright, una ex secretaria de Estado que trabajó para el fondo buitre Elliot de Paul Singer.

La relación entre la embajada y el gobierno argentino es tur-bulenta mucho antes de que se conociera el fallo del juez Griesa. Desde el No al ALCA hasta la es-trecha relación con la revolución bolivariana y el acercamiento a los BRICS, son muchos los puntos de conflicto con la represen-tación yankee en el país. Casos puntuales como la inspección e incautación de la carga de un avión militar norteamericano

en 2011, donde se encontró material para interceptar comunicaciones, drogas vencidas, armas y tecnologías con códigos caratulados como secretos, marcaron la relación en los últimos años. A ello le siguieron el fallo del juez Griesa, las declaraciones pro-buitres del em-bajador interino, y la interpelación de Cristina Kirchner a Obama por la nominación de Nancy Soderberg.

Ahora, y en medio de la investi-gación por la muerte del fiscal Nisman, quien trabajaba codo

a codo con la embajada y la inteligencia norteamericana, Mamet se rodeó de conspicuos representantes del establish-ment argentino. Desde Miguel Etchevere, de la Sociedad Rural Argentina, y el presidente de la UIA Héctor Méndez, hasta el pe-riodista Joaquín Morales Solá y el editor general de Clarín Ricar-do Kirschbaum, pasando por los economistas Carlos Melconián y Martín Redrado, el politólogo Rosendo Fraga, y los diputados Pinedo y Cobos. Casualmente, todos opositores que convo-can a una marcha contra el gobierno para el próximo 18 de febrero.El “mitín” se realizó horas después de que la embajadora argentina en Washington rechazara una misión estadounidense para investigar la muerte de Nisman. Es que la relación entre la embajada y el fiscal era tan estrecha que hasta el propio embajador participó del velatorio y destacó su trabajo en la causa AMIA.

En paralelo, el Departamento de Estado desmintió que la sede orientara u ordenara el trabajo del fiscal, como lo demuestran los cables de la embajada desclasificados por Julián Assange. Ello, a pesar de que los 196 cables exponen que Nisman concurría a la embajada en forma reiterada, anticipando los textos que iba a presentar y hasta permitiendo que fueran

corregidos. Tampoco faltaron sus disculpas por haber dictado una medida judicial sin antici-parlo a la embajada. Por supuesto, que la pista iraní que perseguía el fiscal era la elegida por la Casa Blanca, que ahora negocia acuerdos con Irán sin que ello signifique un escándalo mediático como el Memorándum de entendimiento. A pesar de ello, el nuevo embajador pidió que la muerte del fiscal: “no debe detener la búsqueda de justicia para las víctimas de ese brutal aten-tado”.

Un capítulo aparte lo merece la supuesta “nueva política basada en el respeto mutuo y el multilateralismo” que el gobierno de Obama tendría para la región. Extraño anuncio cuan-do la Casa Blanca acaba de informar nuevas sanciones contra Venezuela, y cuando su de-legación en la ONU se opone a forjar un nuevo marco legal para defender las reestructura-ciones de deuda de los buitres.

ucrania máxima tensión entre UE, EEUU, la otan y RusiaMientras los rebeldes prorusos avanzan y los combates recrudecen, Estados Unidos amena-za con suministrar armamento a Kiev, la OTAN refuerza sus tropas en la frontera y la Unión Europea -con Merkel y Hollande a la cabeza- plantean una salida diplomática moldeada por sus intereses. En un solo movimiento el imperialismo yankee y sus socios europeos plantean que si los rebeldes y Rusia no se atie-nen al acuerdo diplomático -que no prevé ninguna modificación en el territorio ucraniano-, su intervención será mucho más directa de lo que ha sido hasta ahora.Desde que se inició el conflicto en 2014, el gobierno neoliberal de Kiev no logra derrotar ni militar ni políticamente a las milicias pro-rusas. Al contrario, el campo de batalla expre-sa cada vez más crudamente las tensiones de la geopolítica mundial.

Antes de iniciarse el conflicto militar, Ucrania mostraba un cuadro político-económico simi-lar al de Grecia, con una crisis económica basada en el ciclo de la dependencia y el endeu-damiento con los organismos financieros internacionales. Un gobierno electo democráticamente resistía la aprobación de un programa de ajustes impul-sado por la Unión Europea que incluía congelar

48salarios y jubilaciones, aumentar tarifas, reducir el Estado y privatizar empresas esta-tales, reformar el sistema legislativo y judi-cial, la reconversión del esquema económico, y la aceptación de créditos multimillonarios del FMI para financiar la “reforma”. Al contrario, el gobierno se planteaba un acercamiento a Moscú.

En tres meses, una rebelión financiada por Estados Unidos y la Troika (Unión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) permitió derrocar al gobierno democrático sin que la comunidad internacio-nal clamase por los valores republicanos. En breve, Rusia denunció como ilegítimo al nuevo gobierno, se anexó la península de Crimea -a pedido del gobierno local- y advirtió que se reservaba el derecho de intervenir en caso de ver en peligro la seguridad de las comunidades rusoparlantes en Ucrania.

Desde entonces Estados Unidos y la Unión Europea sancionan económicamente al pueblo ruso y prestan ayuda -todavía no oficializa-da- al ejército de Kiev, buscando quebrar la legitimidad del gobierno de Putin y vencer a los rebeldes prorusos. Sin embargo, la firme posición del ejército ruso, apostado en la frontera con Ucrania, y la ardua resistencia popular impiden -por el momento- una inter-

vención directa.

En la actualidad, el avance del ejército rebelde y su posible victoria sobre Kiev alteraron las estrategias iniciales de EE.UU y la U.E. Ahora el imperialismo yankee requiere una inter-vención de cualquier tipo para salvar sus posiciones en Ucrania, sea diplomática o militar.

wLa segunda posibilidad fue esbozada por el gobierno de Obama al amenazar con aportar misiles antitanques y antiaéreos, drones y radares de última generación al ejército de Kiev. Como respuesta, Putin advirtió que de concretar esa medida, Estados Unidos pondría en peligro la seguridad de Rusia. Moscú tran-sita una crisis económica en la que depende cada vez más del movimiento del precio inter-nacional del petróleo y el gas. Una situación de posible conflicto con la OTAN no hace más que empujar esa cotización hacia arriba, ya que Rusia podría cortar el suministro a Europa, y por lo tanto, suma un nuevo punto a la posibi-lidad de un conflicto de envergadura mundial.

Alentando la vía militar, la OTAN

decidió reforzar su presencia militar en la frontera ucraniana con 5000 hombres de rápido despliegue, que totalizarían unos 30.000 con el resto de las tropas de la alianza. También los rebeldes prorusos planean reclutar 100.000 hombres y aumentar su poder de fuego contra un enemigo que, se su-pone, por ahora tiene la misma cantidad de efectivos. La alternativa diplomática se expresa en la misión de la U.E., en la que Merkel y Hollande pretenden cerrar un nuevo acuerdo de paz. Ambos dependen del gas ruso para mantener sus economías a salvo de un conflicto de envergadura. Su plan de paz incluiría no modi-ficar la territorialidad de Ucrania, un alto al fuego definitivo, la entrada de fuerzas de la ONU y una mayor autonomía para las regiones rusoparlantes. También habría un acuerdo para que Ucrania no se sume a la OTAN, uno de los principales reclamos de Putin.

sucedió el año pasado, cuando la Secretaría de Comercio ordenó retrotraer los aumentos dictados por los laboratorios sobre el 70% de los medicamentos que se venden al público. A su vez, el 90% de los principios activos para producir medica-mentos se importa desde China e India, produciendo una sangría de 1700 millones de dólares al año en el caso argentino. Para contrarrestar esta situación, la nueva ley declara de interés nacional y estratégico el fomento de la producción local de medi-camentos. Esto permitirá que sea el Estado quien regule la producción, y por lo tanto evite los abusos de las cámaras privadas, y garantice el acceso universal a los medica-mentos.

Por ejemplo, la ANLAP publicará las estructuras de costos de los remedios con el objetivo de marcar precios de referencia, un símil de Precios Cuidados, a partir de su propia producción e incidir en los valores de mer-cado. Por otra parte, el organismo centralizará la compra de insumos y activos, lo que mejorará la competitividad del sistema público.

La ANLAP también permitirá fijar prioridades de investigación y producción. De esta forma, el Estado podrá avanzar sobre medicamentos que actualmente no produce -como los que se utilizan contra el Chagas- o los llamados “huérfanos”, que por estar direccionados hacia un porcentaje reducido de la población tienen una baja rentabilidad para el mercado.

agencia nacio-nal de labora-torios públicosEl gobierno nacional promulgó la ley que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que coordinará el trabajo de los treinta laboratorios públicos para evitar la cartelización de las tres cámaras privadas que actualmente manejan el negocio de los fármacos. El nuevo organismo también permitirá fijar prioridades de investigación y producción con el objetivo de alcanzar la soberanía en la producción de fármacos que actualmente se importan.

La producción de fármacos se encuentra concentrada en 30 laboratorios que manejan casi el 90% del sector. Las cámaras que los agrupan suelen manipular los precios, como

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