la gaceta del patriota n° 24

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la gaceta del patriota 24 Suscribite a la gaceta enviando un mail a [email protected] Diseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo ¡HAGAN LAS VI- VIENDAS CARAJO! 4500 personas, 700 familias. Cientos de madres, niños, bebés, ancianos y discapacitados fueron desalojados del Barrio Papa Francisco sin que el Estado les diera una solución habitacional. Des- alojados del terreno donde debieron construirse las viviendas del programa Sueños Compartidos, engañados en el Indoamericano donde el gobierno 25.08.14 de la ciudad y la nación prometieron poner un peso cada uno para construir casas, los pobres de la ciudad reciben como respuesta del Estado la represión, la estigmatización y la perpetuación de la miseria. En Capital Federal, el 11% de los hogares -unas 400.000 perso- nas- no accede a una vivienda en condiciones de habitabilidad. En paralelo, el 23,9% de las viviendas de la ciudad se encuentran deshabitadas. Esto genera que uno de cada cuatro menores viva en situación de déficit habitacional, y que el 60% de ellos resida en villas y el restante 40% en inquilinatos, hoteles y pensiones. En toda la ciudad, existen 56 barrios en condicio- nes de habitabilidad precarias, donde viven unas 73.000 familias. Según el censo de 2010, año en que casualmente sucedió la toma del Parque Indoamericano, la población de las villas de la ciudad aumentó un 50% en 9 años. La ausencia de una políti- ca de vivienda progresiva, que facilite el acceso a un techo a los más humildes, generó este crecimiento poblacional. En el sur de la ciudad se concentra el 69% de las villas, particularmente en las comunas 4 y 8. Casualmente, ambas comunas detentan el mayor porcentaje de parque habitacional deshabitado de toda la ciudad, que trepa al 40% de las casas. En este marco, la comuna 8 -donde se ubicaba el Barrio Papa Francisco- concentra el 37,4% de la población de la ciudad que vive en viviendas precarias. Particularmente Lugano, Soldati y Villa Riachuelo exponen la mayor tasa de hacinamiento de todo Capital Federal con el 23,3%. En paralelo, la comuna 8 tiene el menor ingreso per cápita de toda la ciudad -$859-.

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¡HAGAN LAS VIVIENDAS CARAJO! 4500 personas, 700 familias. Cientos de madres, niños, bebés, ancianos y discapacitados fueron desalojados del Barrio Papa Francisco sin que el Estado les diera una solución habitacional. Desalojados del terreno donde debieron construirse las viviendas del programa Sueños Compartidos, engañados en el Indoamericano donde el gobierno de la ciudad y la nación prometieron poner un peso cada uno para construir casas, los pobres de la ciudad reciben como respuesta del Estado la represión, la estigmatización y la perpetuación de la miseria.

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l a g a c e t adel patriota 24Suscribite a la gaceta enviando un mail a

i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo

¡HAGAN LAS VI-VIENDAS CARAJO!4500 personas, 700 familias. Cientos de madres, niños, bebés, ancianos y discapacitados fueron desalojados del Barrio Papa Francisco sin que el Estado les diera una solución habitacional. Des-alojados del terreno donde debieron construirse las viviendas del programa Sueños Compartidos, engañados en el Indoamericano donde el gobierno

25.08.14

de la ciudad y la nación prometieron poner un peso cada uno para construir casas, los pobres de la ciudad reciben como respuesta del Estado la represión, la estigmatización y la perpetuación de la miseria.

En Capital Federal, el 11% de los hogares -unas 400.000 perso-nas- no accede a una vivienda en condiciones de habitabilidad. En paralelo, el 23,9% de las viviendas de la ciudad se encuentran deshabitadas. Esto genera que uno de cada cuatro menores viva en situación de déficit habitacional, y que el 60% de ellos resida en villas y el restante 40% en inquilinatos, hoteles y pensiones.

En toda la ciudad, existen 56 barrios en condicio-nes de habitabilidad precarias, donde viven unas 73.000 familias.

Según el censo de 2010, año en que casualmente sucedió la

toma del Parque Indoamericano, la población de las villas de la ciudad aumentó un 50% en 9 años. La ausencia de una políti-ca de vivienda progresiva, que facilite el acceso a un techo a los más humildes, generó este crecimiento poblacional. En el sur de la ciudad se concentra el 69% de las villas, particularmente en las comunas 4 y 8. Casualmente, ambas comunas detentan el mayor porcentaje de parque habitacional deshabitado de toda la ciudad, que trepa al 40% de las casas.

En este marco, la comuna 8 -donde se ubicaba el Barrio Papa Francisco- concentra el 37,4% de la población de la ciudad que vive en viviendas precarias. Particularmente Lugano, Soldati y Villa Riachuelo exponen la mayor tasa de hacinamiento de todo Capital Federal con el 23,3%. En paralelo, la comuna 8 tiene el menor ingreso per cápita de toda la ciudad -$859-.

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En el terreno donde se erigió el Barrio Papa Francisco, el programa Sueños Compartidos, conducido por la Asociación Ma-dres de Plaza de Mayo, planificó en 2008 la construcción de 1.300 viviendas, lo que daría inicio a la urbanización real de la Villa 20.Estipulada en la ley 1770 votada por la legislatura en 2005, la urbanización nunca fue cumplida ni iniciada por el gobierno de Mauricio Macri, que se ocupó de desguazar los programas de vivienda social y aumentar la cantidad de desalojos como en ninguna gestión anterior.

La construcción de viviendas se daría en un terre-no de 25 manzanas hasta entonces ocupado por un cementerio de autos de la Policía Federal. Este depósito contaminó durante años la tierra de la villa 20, generando cientos de casos de niños con plomo en sangre.

A través de un convenio entre esta fuerza y el Gobierno Nacional, la obra de Madres permitiría dar, en solo dos años, una solución habitacional a un porcentaje importante de las más de 7.000 fa-milias que habitan la Villa 20, además de convertir un basural contaminador en calles pavimentadas con servicios básicos y viviendas sociales.

A su vez, la obra urbanizadora preveía la cons-trucción de jardines maternales, escuelas iniciales y secundarias, un centro de salud, espacios ver-des y un área para infraestructura comercial.

Las irregularidades y los tre-mendos negociados que tiraron abajo el sueño de las Madres también dejaron sin vivienda a miles de pobres condenados a la precariedad y el desamparo. En el mismo proceso, se suspendieron otras obras del programa como la de Los Piletones, Casta-

ñares y Villa 15. Cientos de obreros, muchos de ellos vecinos de las propias villas que se formaron laboralmente en el programa Sueños Compar-tidos, se quedaron sin trabajo y con las obras a medio terminar.

Todavía antes de que se iniciara esta debacle, la crisis habitacional explotó en el Parque In-doamericano en diciembre de 2010, con tomas en simultáneo en otros puntos de la ciudad y el conurbano. Casualmente, la acción que precipitó la ocupación del parque fue el intento por copar el obrador de Madres en Piletones por parte de una patota ligada a punteros del PRO. A las pocas horas de ese hecho, 1.500 familias -13.500 per-sonas- ocupaban uno de los espacios verdes más extensos de la ciudad, denunciando a la luz del día el déficit habitacional porteño.

La respuesta estatal, como en el caso más reciente, fue la re-presión, agravada por el uso de balas de plomo por parte de la Policía Metropolitana. También allí, la justicia decidió un desalojo express, sin previo aviso, que costó la vida de tres vecinos de las villas de la zona sur.

En vez de responder a la crisis habitacional con política, el gobierno de la ciudad se dedicó a estig-matizar a los pobres e inmigrantes a través de una campaña de xenofobia que ubicó el problema de la vivienda en la “porosidad de las fronteras”.

Cuando la lucha popular no cejaba, la ciudad y la nación prometieron la inversión de un peso de cada gobierno para construir viviendas sociales. Con un censo que prometía ser la base de adjudi-cación de las nuevas viviendas, se convenció a las familias para que se retiraran definitivamente del Parque.

Solo seis meses después, Sergio Schoklender renunciaba como apoderado de Madres, iniciando

la causa judicial por el manejo fraudulento de fondos públicos.

A partir de allí, el obrador de Piletones -el mismo que quiso ser copado por la patota macrista- como el resto de las obras de Madres, se con-vierte en un símbolo del desamparo y la desidia estatal.

Ante esta situación, obreros y vecinos sin trabajo y sin vivienda decidieron retomar la lucha po-pular para continuar el legado de las Madres. Comienza entonces el proceso de gestación de la Cooperativa 24 de Noviembre, conformada por ex trabajadores de Madres, que en base a una lucha incansable conseguirá la finalización y entrega de 108 viviendas. Construcciones en muchos casos financiadas por el propio esfuerzo de los traba-jadores.

Ello requirió una ardua tarea de lucha cotidiana para que el gobierno de la ciudad y la nación se pusieran de acuerdo en la finalización de la obra, impidiendo que se repitieran los ejemplos de paralización definitiva como en la Villa 20 -donde nunca empezó- y la Villa 15.

En la 20, los vecinos engañados en el Indoamericano fueron los mismos que fundaron el Barrio Papa Francisco. El cementerio de autos que se convertiría en un barrio de viviendas sociales se transformó enton-ces en un nuevo asentamiento precario donde la ausencia del Estado permitía que las mafias de siempre se aprovecharan de las necesidades de los pobres.

En lugar de reparar esta situación con una política habitacional seria, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo en la utilización de la fuerza

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deudala oposición y los buitres contra el nuevo canjeEl gobierno nacional envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para continuar con los pagos de la deuda reestructurada y evitar el chantaje de las medidas judiciales del imperio. Esta decisión fue tomada con vistas al próximo vencimiento del día 30 de septiembre, que por las resoluciones del juez Griesa sería imposible de abonar. Como lo viene haciendo desde el comienzo del litigio, la oposición coincidió con los buitres y Griesa, al rechazar el nuevo canje.

Los principales puntos del pro-

pública para desalojar el asentamiento, y trasla-dar forzosamente a sus habitantes a paradores y casas de familiares donde se reproducen el hacinamiento y la precariedad. A su vez, sesenta familias no encontraron otro refugio que la calle, por lo que resisten el frio, la lluvia y la represión acampando frente al predio desalojado. Rozando el límite del cinismo, la propia vicejefa de gobier-no de la ciudad ofreció créditos hipotecarios a quienes no cuentan con un recibo de sueldo ni con los ingresos necesarios para acceder a una vivienda por esos medios.

Cuando hablamos del reclamo por la construcción de viviendas sociales nos referimos a una inversión estatal que saca a los pobres de pobres y que no utiliza insumos importados que puedan afectar la actual co-yuntura económica. Al contrario, la realización de viviendas sociales podría haber frenado el parate de la construc-ción, por el que también se destruyeron cientos de puestos de trabajo de los sectores más humildes.

500.000 viviendas de todo el país fueron construidas o re-faccionadas por el Plan Federal hasta 2010. Desde entonces, la única respuesta del Estado a la crisis habitacional es la repre-sión y la estigmatización de los pobres. No hay más perjudicados por una política progre-siva de vivienda que quienes lucran con los pobres a través de alquileres y redes mafiosas que solo hacen perpetua la pobreza y la desigualdad. Ni las obras de cotillón del gobierno macrista, ni programas habitacionales apuntados a las clases medias altas van a erradicar la pobreza y la

crisis habitacional.

La urbanización de las villas es la única medida posible para resolver la pobreza y responder a las demandas de seguridad de los más humildes que sobreviven sin acceder a los servicios básicos.

Néstor Kirchner nos enseñó que a la protesta social se respondía con política social y con empode-ramiento popular, no con palos y topadoras. En ese legado político, y abrazados a las lealtades populares que forjó este proyecto político, nos hacemos carne de los reclamos por una política habitacional de alcance nacional, que saque a los pobres de pobres y que repare con justicia social el amplio daño que genera la exclusión, la xeno-fobia y el racismo todavía enquistado en algunos funcionarios de Estado.

yecto son el reemplazo del Ban-co de Nueva York por el Banco Nación como agente de pago, la apertura de un canje voluntario a los bonistas reestructurados y el depósito a los buitres con las mismas condiciones que tie-nen el resto de los acreedores. El primer punto busca evitar el bloqueo de pago realizado por el Banco de Nueva York tras las órdenes del Juez Griesa, que obstruye los depósitos a los acreedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010. El gobierno nacional se basa en la cláusula 5.9 de los contratos que rigen los títulos, donde se habilita a cambiar el agente de pago en casos tales como el reciente, donde la entidad bancaria se encuentra con “incapacidad para actuar”. Para que esto se concre-te, el banco neoyorquino debe aceptar la renuncia como agente de pago al mismo tiempo que la cámara compensadora DTC debe colaborar suministrando la información de los acreedores. En este caso, y res-pondiendo a la presentación del proyecto, Griesa ya les prohibió a todas las entidades bancarias ayudar al país.

Otra opción podría ser, como lo dice el proyecto de ley, que los bonistas propongan un agente fiduciario que garantice el cobro.

El segundo punto del proyecto propone la opción de canjear los papeles de deuda actuales por similares bajo legislación local y con idénticas condiciones de rentabilidad y plazos, para así poder cobrarlos en Buenos Aires. Si el cambio genera una adhesión del 75% de los bonistas, se haría extensivo al total de los acreedores.

El escenario más difícil para nuestro país sería la no aceptación de esta propuesta y la reunión del 25% de los acreedores para exigir la aceleración de los pagos. Ello equivaldría a la apertura de un nuevo proceso legal que, de dar la razón a los bonistas, obligaría a nuestro país a cancelar en un solo pago todo lo

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econo-míalas contradicciones del pensa-miento neoliberalLa saga de los buitres en el juicio que impulsaron en Nueva York refleja nuevamente una serie de falencias en las razones propuestas desde la escuela neoclásica-liberal para dar cuenta de los fenómenos económicos que pretende explicar.

Algo que se le puede y debe exigir a cualquier teoría económica es, por ejemplo, que argumente el porqué de los distintos fenómenos que se ven en el mercado.

Uno de ellos es la tasa de inte-rés, que puede ser visto como un precio por acceder al dinero o un costo que se debe pagar para obtener financiamiento. En el marco de la economía internacional, esto se aplica a las diferentes tasas de interés que deben pagar los países cuando emiten deuda. La respuesta de cualquier economista “serio” sería: por el riesgo que implica prestarle plata a un país menos solvente. Para compensar ese riesgo, un país en desarrollo debe pagar una tasa más alta que las potencias

24adeudado.

El tercer punto se refiere al depósito total de lo adeudado con los buitres en las mismas condiciones y con los mismos porcentajes de quita que aceptó el 94% de los bonistas. En este caso resulta difícil ima-ginarse la abdicación del posicionamiento buitre en el futuro, aunque el dinero se encuentre depositado a la espera del cobro.

Ante estas propuestas del nuevo canje, la oposición confluyó en las mismas posiciones que los buitres, anunciando su futuro voto negativo en el Congreso. Con razones variadas que com-parten el mismo tino electora-lista, desde el Frente de Izquier-da, pasando por la UCR, UNEN y el partido de Sergio Massa, hasta el PRO, la oposición coinci-dió con el rechazo al proyecto, tal como lo hizo el Juez Griesa -quien lo calificó de “ilegal”- y por supuesto los fondos buitres. En lugar de discutirlo en el Congreso, los líderes opo-sitores adelantaron su rechazo con argumentos poco consistentes. “No resuelve ninguno de los problemas que tenemos hoy en materia de empleo y falta de producción”, afirmó Martín Redrado del Frente Renovador.

Quien más claramente expresó su posición al respecto fue Mau-ricio Macri, quien afirmó: “Ahora hay que ir, sentarse en el tribu-nal de Griesa y lo que él termine diciendo hay que hacerlo”. Como el resto de la oposición, se niega a decir qué haría con la cláusula RUFO y con la debacle de la reestructuración que ello provocaría. Sus cercanías con los acreedores pueden verse en el 300% de aumento de la deuda externa de la Ciudad de Buenos Aires durante su gestión.

económicas (Estados Unidos, Alemania, Japón) para así atraer inversores que podrían optar por comprar un bono de Estados Unidos que se lo considera “libre de riesgo”.

Este razonamiento viene extra-polado del funcionamiento de crédito para las firmas privadas y omite que un país no puede quebrar como una empresa y que no se pueden liquidar sus activos entre los acreedores. Cuando se llega al punto de insolvencia, como en el default de 2001, el país sigue existiendo y por eso resulta necesario reestucturar su deuda con una quita, que permita al país seguir cumpliendo sus obligaciones, y que el sector privado asuma parte de esa pérdida.

El fallo de Griesa, avalado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, da por tierra con este concepto de la escuela neoclásica, ya que obliga al país a reconocer el 100% de la deuda. Aun cuando un país hubiera alcanzado el punto en el que es incapaz de pagar su deuda como estaba previsto, el sector privado tiene garantizado por la vía judicial que va a recibir el cobro pactado originalmente y se elimina el “riesgo” de un posible default. Si no existe ese riesgo, pierde sentido que la Argentina o cualquier otra nación deba pagar un plus adicional en términos de tasa de interés toda vez que haya un juez imperialista dispuesto a recono-cerle a un buitre que debe recibir el pago por el total de los intereses y punitorios. Por esto, el fallo pone en cuestión las futuras reestructuraciones y los funda-mentos del sistema financiero internacional.

El problema del pensamiento neoclásico, heredado de la tradición liberal, está en suponer que los contratos se dan de forma absolutamente libre y voluntaria. En las corrientes que dominan la academia económica se encuentra completamente ausente la noción de “poder”. En toda negociación, hay una parte que tiene una mayor capacidad de postergar la decisión que

Otro que admitió su voracidad electoral por sobre los intereses de la Patria fue Sergio Massa quien al rechazar el proyecto advirtió: “si no nos escuchan, en 476 días lo vamos a resolver nosotros”.

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carnelas penas son de nosotros, las vaquitas son ajenasComo ya es costumbre desde hace algunos años, la fila de la carnicería se convirtió en un crisol de malestares ante un nuevo y sistemático aumento del precio de la carne.

En lo que va del año, la carne aumentó en promedio más del 54%, una suba ampliamente superior a cualquier medición inflacionaria. Un porcentaje también alejado de los aumen-

otra. Con esa herramienta, le puede imponer condi-ciones a la otra parte que queda en una posición de mayor debilidad. En el caso de los buitres, se vio que no tienen ninguna intención de negociar porque espe-ran que el gobierno se ponga de rodillas o que llegue al poder otro sector más favorable a sus reclamos. Mientras tanto, los intereses como los punitorios siguen corriendo y su ganancia se va acrecentando.

Analizar la disputa con los fondos buitre en términos me-ramente económicos tiene una gran limitación. No podría entenderse por qué la deuda argentina fue emitida bajo la legislación de Nueva York ni por qué los capitales financieros globales condicionan al país con tasas usurarias. El poder económico se traduce en un poder político que fuerza a los países en desarrollo a aceptar las reglas que se dictan en los centros económicos mundiales.

tos salariales y del poder adqui-sitivo de los trabajadores. La cifra se eleva por las nubes si se toma en cuenta que en los supermercados la carne cuesta hasta 70% más que en las carnicerías.

Las causas de este aumento se encuentran direc-tamente ligadas a la especulación oligárquica que así como retiene la cosecha de granos, también retiene la hacienda.

En este caso, los productores de la Mesa de Enlace -entidad don-de se reúnen la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales Ar-gentinas- presionan para que el gobierno nacional otorgue una baja de retenciones a la expor-tación de carnes -actualmente son del 15%, mientras que en 2005 eran del 5%- y amplíe los permisos de exportación (ROE). Esto se da justo en el momento en que Rusia y la Unión Europea abren sus mercados a nuevas exportaciones cárnicas de nuestro país a las que por el momento los productores decidieron no sumarse, aduciendo la falta de “rentabilidad” del sector. La misma práctica que realizan desde 2010, cuando se dejó de cumplir la famosa cuota Hilton por la que se exporta a Europa.

Como el gobierno no acepta bajar retenciones, sabiendo que ello generaría aumentos del precio interno todavía mayores que los actuales, los producto-res e intermediarios deciden enviar menos ganado al Merca-do de Liniers, donde ante la poca oferta y la demanda constante, el precio sube.

En paralelo, la Mesa de Enlace forma parte del lobby del establishment para provocar una nueva devaluación que redundaría en mayores ingresos para los exportadores de carne.

La excusa de las condiciones climatológicas que esgrimen las patronales puede sostenerse durante semanas o días pero no durante ocho meses consecuti-vos de aumentos por encima de cualquier otro producto. Menos todavía, cuando aprovecharon la última devaluación para inmediatamente aumentar los precios sin que el tipo de cambio tuviera relación directa con los precios internos.

En la actualidad, el 94% de la producción ganade-ra se destina al mercado interno, por lo que un aumento en las exportaciones tampoco debería afectar sustancialmente el precio interno a menos que se rebajaran las retenciones. Ese es el principal reclamo de los productores, quienes pujan por mejorar su “rentabilidad” para de esa forma, supuestamente, aumentar la producción.

En realidad, la Mesa de Enlace quiere volver a la situación an-terior a 2003, cuando el negocio de la carne era la exportación y no el mercado interno. Por ejemplo, en 1995, cuando las retenciones eran del 5%, ingresaron al país 1005 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna mientras que en 2013 esa cifra trepó a 946 millones con retenciones del 15%.

En 2005, año en que las reten-ciones se elevaron al 10%, se ex-portaba el 21% de la producción total mientras que actualmen-te se exporta solo el 6%.

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expor-tacio-nesmisión a rusia y baja liquidación de agrodólaresMientras la oligarquía exportadora hace caer la liquidación de divisas para presionar por una nueva devaluación, el gobierno nacional envía una misión a Moscú para expandir la exportación de productos argentinos hacia ese país.

Como respuesta a las sanciones impuestas por

En cuanto al mercado interno, en 2002 los argentinos con-sumíamos 59 kg por año por persona. Entre 2003 y 2014 el promedio de consumo fue de 66 kilos con una población mayor y con 10 millones de cabeza de ganado menos por el pase de los exportadores a otro tipo de actividad como la soja. Por otra parte, la búsqueda de mayores renta-bilidades en productos para exportación, como los cereales, se ve acompañada por un brusco incremento de la frontera agrícola que desde 2003 a la fecha computa 11 millones de hectáreas pertenecientes anteriormente a la ganadería.

la Unión Europea y Estados Unidos, Rusia resolvió cerrar las importaciones de productos alimenta-rios desde esos países.

Para reemplazarlas, el gobierno de Putin decidió importar mayo-res cuotas de alimentos desde los países latinoamericanos. Por ese motivo, el gobierno nacional envió una delegación encabezada por la ministra de indus-tria, Débora Giorgi y por el ministro de agricul-tura, Carlos Casamiquela, para avanzar en nuevos convenios comerciales. En distintas reuniones con autoridades y empresarios rusos, la misión argentina expuso una lista de productos con potencialidad exportadora como vinos, aceites, panificados, pastas, lácteos, carnes y frutas. Con cantidades y precios de referencia tanto para el último trimestre de este año como para 2015, el objetivo de la misión es concretar acuerdos en el corto plazo que refuercen el frente externo de la economía.

Por otra parte, la ministra Débora Giorgi invitó a los empresarios rusos a invertir en nuestro país y ratificó que el gobierno nacional facilita las radi-caciones para aumentar la producción industrial de recursos naturales con valor agregado.

Mientras tanto, la oligarquía continúa liquidando cada vez menos dólares y presionando para una nueva devaluación. Reteniendo la cosecha, los empresarios del agro prefieren mantener sus granos valuados en dólares a liquidarlos para conseguir pesos.

Como resultado de esta acción, solo el 40% de la cosecha de soja fue vendido en lo que va de 2014, mientras que el promedio histó-rico para esta altura del año es del 52%.

A su vez, la liquidación se fue desacelerando a medida que el litigio con los buitres avanzaba y las expectativas de una nueva devaluación crecían. Esto a pesar de que el precio de la soja tiende a la baja por la anunciada supercosecha en Estados Unidos, Brasil y otros países.

Lo más entendible sería en-tonces que los productores aprovecharan para liquidar la producción con un precio en dó-lares todavía estable, tomando en cuenta que la cosecha del hemisferio norte comienza en noviembre cuando los precios caerán por la mayor oferta. Sin tomar en cuenta este cuadro de situación, las estadísticas demuestran que en la semana que fue desde el 11 al 15 de agosto se registró la menor liquidación de divisas desde el mismo mes de 2010 con 398 millones dólares. Muy lejos de los 966 millones con que se inició la cosecha a comienzos de mayo.

Esto genera una menor capa-cidad del Banco Central para hacerse de reservas, y por lo tanto, para mantener un tipo de cambio equilibrado.

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dino-sau-riosabogados de genocidas piden amnistíaLos equipos legales de los represores de toda Latinoamérica se reunieron en Buenos Aires para coordinar una “acción enérgica y eficaz” contra los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Entre los participantes del en-cuentro estuvo Vicente Massot, director del diario La Provincia investigado por la desaparición de dos trabajadores de su em-presa; Cecilia Pando, defensora del robo sistemático de bebes por parte de la dictadura; y Alberto Rodríguez Varela, ex ministro de Justicia de la dicta-dura y ex abogado del dictador Videla. Coincidiendo con el quinto aniversario de la “Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia”, creada para coordinar a los equipos legales que defienden a ex militares y civiles presos por delitos de lesa humanidad, este foro latinoamericano convocó a más de 250 personas con la notable presencia de ex miembros de las

dictaduras de los países de todo el continente.

La invitación se realizó con un mensaje directo contra las políticas de Memoria, Verdad y Jus-ticia: “los países de la región están en riesgo de disolverse en el odio y la venganza, muchas veces promovidos desde sus propios poderes públicos”. Yendo todavía más allá de su cinismo, se atre-vieron a resignificar términos utilizados por los organismos de Derechos Humanos para describir el robo de bebés por parte de los genocidas: “Observamos un plan sistemático de demolición del orden político, jurídico, cultural, educativo y económico de nuestras sociedades”.

En términos jurídicos, este grupo sostiene que los genocidas son “estigmatizados y condenados por anticipado” y que “fueron convocados por los políticos de todos los grupos democráticos a combatir al ejército marxista que había en 1973, y éstos sabían que tal trabajo no podía ser jurí-dicamente impecable”. En ese sentido, intentan relanzar la figura de los “excesos” para tapar los crímenes de lesa humanidad.

Para terminar con los juicios, proponen o bien una Ley de Amnistía, similar a las leyes de impunidad sancionadas durante los gobiernos de Alfonsín y Me-nem, o un “acuerdo político para cerrar el pasado” como el Pacto de la Moncloa español. Ambas propuestas intentan abarcar no solo a militares, sino también a los civiles que comienzan a ser juzgados, con cada vez más frecuencia, en todo el continente.

Más allá del eje del encuentro, los expositores aprovecharon para expresar su rechazo contra políticas tan disímiles como el matrimonio igua-litario o la ley de abastecimiento: “Hay una pla-nificación sistemática de destrucción del orden familiar, judicial y económico. Hoy vemos cómo

avanzan contra la propiedad privada”, afirmó el presidente de la asociación, el abogado Alberto Solanet.

Otros expositores, como el ex coronel uruguayo José Carlos Araujo, también se expresaron directamente en contra del sistema democrático: “la demo-cracia moderna es un sistema sin valores, que se impuso dicta-torialmente por la guillotina, en 1776”. Estas conferencias se dieron en la misma semana en que la Sala VI de la Cámara del Crimen aceptó un Habeas Corpus presentado por el abogado del represor Jorge Carlos Olivera Rovere -condenado a prisión perpetua por numerosas causas de lesa humanidad-, solicitando la revisión de toda la causa. Esta situación inédita, ya que un Habeas Corpus no puede ser utilizado sino ante deten-ciones ilegales o por el agravamiento de las con-diciones de privación de libertad, podría generar un efecto de “contagio” en el resto de las causas, donde los abogados de los represores impugnan la cárcel común y efectiva de los condenados, y la totalidad de las causas.

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24brasil¿quién es marina silva?La trágica muerte del candidato a presidente del Partido Socialista Brasileño, Eduardo Campos, sacudió el mapa electoral para los próximos comicios de octubre. Aun cuando todavía no se había realizado el funeral, una llamativa campaña periodística del multimedio O Globo -opositor al gobierno del PT- comenzó a postular a Marina Silva, hasta entonces candidata a la vicepresi-dencia, como la posible nueva postulante que reemplazaría a Campos en las elecciones.

A la operación en los medios le siguió la primera encuesta que desde el inicio de la campaña elec-toral da como resultado una posible derrota de Dilma en un supuesto ballotage con Silva.

En paralelo, banqueros y agen-tes de la bolsa de San Pablo manifestaron su confianza en la nueva candidata, a la que consideran un freno contra las políticas intervencionistas del PT. Es que hasta la muerte de Campos, el establish-ment brasileño apoyaba a Aecio Neves, candidato por la socialdemocracia que nunca logró superar, ni acercarse, a Rouseff en las encuestas.

Silva, referente ambientalista y ex militante del PT, fue la tercera más votada en las elecciones presidenciales de 2010 con 20 millones de votos. Sus inicios en la vida pública fueron como líder sin-dical de los seringueiros -extractores de goma-, desde donde transitó su paso por el Partido Re-volucionario Comunista para luego llegar al PT. En 2003, Lula la nombró Ministra del Medio Ambiente, cargo al que dimitió en 2008 por diferencias en

torno a la gestión. A partir de allí, se enroló en el Partido Verde, desde donde construyó un discurso ciudadano -ambientalista que según las propias definiciones del partido: “se rehúsa a ser catalo-gado de izquierda o derecha”.

A pesar de ello, en discusiones concretas como la autonomía del Banco Central, tema ardua-mente discutido en Argentina, su posición es la de la derecha: “El Banco Central tiene que tener autonomía porque sin ella no hay cómo ejecutar la política económica que queremos”. La palabra autonomía hace referencia a la per-manencia del lobby sin control estatal que realiza el poderoso sector financiero de Brasil sobre las políticas monetarias de la entidad.

Lo mismo sucede con la política de PETROBRAS, donde con la excusa de combatir la corrup-ción, Silva propone revisar la reestatización de la empresa petrolera.

Ello generó que las acciones de la petrolera treparan un 2,12% en la plaza paulista tras cono-cerse su postulación.

Sin embargo, al establishment económico bra-silero solo le interesa que Dilma Rouseff no sea reelecta, por lo que su apoyo a Silva se centra en las posibilidades reales de que esta pueda vencer. Máxime cuando su perfil permite atraer no solo al voto joven, que hasta ahora se mostraba indeciso, sino también a simpatizantes del PT, a los que puede cautivar el progresismo de alguna de sus propuestas.

Al poder real no le importa que Silva forme parte de un partido en el que no militó, y al que solo utiliza, como advirtió públicamente, para armar el propio. Tampoco le interesa cuáles serán sus alianzas en caso de llegar al poder, teniendo en cuenta que los socialistas la perciben como un cuerpo extraño al partido.

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jornada sanmartiniana en el café de los patriotas

Con motivo de un nuevo aniversario de la muerte del General San Martín, el Café de los Patriotas realizó una jornada sanmartiniana que incluyo cine, charla y debate.

Como disparador de la jornada, vecinos y compa-ñeros observaron la proyección del documental “La Batalla de San Lorenzo”, realizado por Canal Encuentro con la dirección de Leandro Ipiña -también director del film “Revolución, el cruce de los andes”.

A continuación, la charla se centró en la figura de San Martín y sus muy distintos significados, apropiaciones y reivindicaciones. Para ello se utilizó una imagen del Ministerio de Educación de la Ciudad, circundada por el amarillo partidario que identifica al PRO, donde se resumía el pen-samiento sanmartiniano en una de las máximas que el General escribió a su hija: “Respeto sobre la propiedad ajena”. La recuperación llamativa de esta frase se dio en una semana donde se discutió la ley de abastecimiento a la que el es-tablishment y el PRO acusan como violatoria de la libertad de empresa por el intervencionismo que proponen sus artículos.

Con una imagen de fondo que refiere a la signifi-cación más conservadora del General, el macrismo reivindica una máxima que pretende reducir su acción a un pensamiento -claramente relacionado con el ideario liberal de la época- que no resume ni su práctica ni el conjunto de los ideales por los que dio la vida, relacionados con la liberación de los pueblos americanos.

Para poner en duda esta posible síntesis, los expo-sitores se centraron sobre las experiencias de gobierno en Cuyo (1814-1817) y Perú (1821-1822), y sobre el proyecto continental que llevó adelante.

En el primer caso, la gobernación de San Martín se basó en un férreo intervencionismo estatal que limitó los abusos de la oligarquía, fomentó la incipiente industria y propició una política fiscal

sumamente progresiva.

Con medidas tan actuales como fijar precios máximos para la carne y asegurar su abasto, San Martín llevó adelante una gestión con claros apoyos populares que más tarde se tradujeron en la conformación del Ejército de los Andes, a pesar de la falta de recursos enviados desde Buenos Aires. En el mismo sentido, el General no dudo en expropiar esclavos -a pesar de las quejas de sus propietarios- para conformar los regimientos, ni en confiscar estancias y campos a los realistas.

Pero más audaz fue su acción gubernamental desarrollada como Protector de Perú, donde desarrolló una política social apuntada a quebrar el antiguo orden colonial. Entre otras medidas, se declaró la libertad de vientres, marcando el principio del fin del esclavismo y la abolición de los tributos y trabajos forzados de indígenas. Esa era la revolución democrática por la que San Martín peleaba, una revolución que podía crear un orden nuevo de mayor igualdad y justicia social.

La segunda parte de la exposición se centró en su proyecto de liberación continental, que era en última instancia el verdadero objetivo de San Mar-tín y sus compañeros.

Agrupados en la “Logia Lautaro” hombres como Larrea, Monteagudo, Zapiola y Álvarez Jonte, se proponían “trabajar con sistema y plan en la inde-pendencia de la América y su felicidad”.

Asimismo, a la hora de proponer una organización política, San Martín junto a varios líderes revolucio-narios impulsó la conformación de una monarquía inca. Esta propuesta tenía la ventaja de convocar a las masas populares, sobre todo indígenas, hacia la revolución y de unir territorios que las guerras civiles amenazaban con separar.

Con los realistas casi derrotados pero con el gobierno de Rivadavia en su contra y sin lograr un acuerdo de trabajo junto a Bolívar, San Martín cae en la cuenta de que el proyecto político de una

América unida tiene serias limitaciones.

Ante esta situación el Gran General decide marchar al exilio, desde donde continuará pe-leando por la liberación de los pueblos, como lo demuestra su correspondencia con Rosas ante el bloqueo anglo-francés y la batalla de la Vuelta de Obligado.

Al terminar la exposición, varios vecinos y com-pañeros intervinieron refiriéndose a las figuras de San Martín y Bolívar. De allí surgió una dis-cusión acerca de las distintas apropiaciones de ambas, tanto en Argentina como en Venezuela. Arribando a la conclusión de que mientras Bolívar actualmente es una figura ligada a un programa revolucionario como el que lleva ade-lante la revolución bolivariana, la figura de San Martín no es retomada con ese significado por las fuerzas populares de Argentina.

En ese sentido, se recordó que una de las primeras medidas tomadas por los golpistas que derrocaron el gobierno de Hugo Chávez fue bajar el cuadro de Bolívar de las instituciones de gobierno. Al contrario, la versión más común de San Martín es la de una figura de unidad nacio-nal, profesional, austera y “apolítica”, de la que no se suelen recordar sus medidas revoluciona-rias de gobierno ni su cercanía con el ala más radical de la revolución. “Nadie discute por la figura de San Martín”, afirmó uno de los vecinos.

En ese sentido, se destacaron iniciativas como las que lleva adelante el Canal Paka Paka, donde la figura de San Martín no aparece solamente ligada a ciertos valores morales o éticos sino a un programa de revolución democrática y a la liberación de los pueblos americanos. En ese camino, el Ateneo General San Martín continuará dando la batalla cultural desde el barrio para reivindicar al gran General como un militante de la Patria Grande y de una revolución democrá-tica que buscaba establecer un nuevo régimen de igualdad.

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