l a g a c e t adel patriota

Suscribite a la gaceta enviando un mail a i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo 03.02.15Proyecto Comunidad

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2015 carrió y macri juntos en las primariasFinalmente, los líderes del PRO y la Coalición Cívica confirmaron su alianza para competir en las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de agosto de 2015. El anuncio fue realizado por el jefe de gobierno y la diputada, quienes encabezarán dos fórmulas distintas para

presidente y vicepresidente. El acuerdo termina de dispersar el voto opositor, que ahora quedará dividido en tres sectores dis-tintos: el de esta nueva alianza, el del FA-UNEN -que conducen Cobos y Binner- y el de Sergio Massa.

Dando un golpe de muerte a UNEN como alter-nativa nacional, y dejando constancia de las difi-cultades que enfrenta la oposición para ganarle al FPV en las próximas elecciones, Carrió y Macri afirmaron: “Queremos que haya una alternativa competitiva frente a los que nos gobiernan desde hace décadas”. Ambos planean posicionarse como la “oposición real”, buscando polarizar con el FPV, y dinamitar la candidatura de Sergio Massa y de Cobos-Binner. En el cálculo de cada partido, el macrismo se siente seguro de ganar la interna, arrastrando los votos de la CC a su molino. Mien-tras que Carrió pretende atraer otros sectores del FA-UNEN-como el ala más conservadora del radicalismo que lidera Sanz- para hacer una interna más competitiva.

Tiempo atrás, Carrió había til-dado a Macri de “delincuente” y de ser su “limite moral”. En las elecciones de la ciudad de 2003 lo acusó de “contrabandista”. En 2009, dijo que Macri: “Tiene una

Side privada, ese cuasi mafioso que es su padre, miren lo que será que hizo escuchar a sus propios hijos. Designó a “Fino” Palacios sabiendo que era un delincuente”. Una vez que Carrió decidió retirarse de UNEN su discurso hacia Macri cambió, esta vez sostenido en un supuesto pragmatismo republicano: “Yo no confío en Macri, soy una estratega. Confío en una estrategia que abra la posibilidad republicana. En junio, cuando esté el acuerdo, la sociedad va a

poder elegir quién quiere que conduzca”.

El anuncio de la nueva alianza provocó rápidas reacciones entre sus ex compañeros del FA-UNEN. Sanz, de la UCR, felicitó a Macri y Carrió, y dejó la puer-ta abierta para que su partido se sume en las primarias. Días

47grecia un nuevo gobierno contra el neoliberalismo de la troika

Contrastando con el avance de la ultraderecha en las últimas elecciones para el europarlamento, el triunfo de una alianza popular de izquierda en Grecia abre un nuevo panorama político en la región. Casualmente, el eslabón más débil de la cadena de dominación en Europa, con una aguda crisis económica y una pesada deuda externa sobre sus espaldas, patea el tablero.

Con el 36,4% de los votos, la coa-lición Syriza ganó las elecciones generales y rozó la mayoría absoluta en el Congreso. Esto le permitirá terminar con las políticas de ajuste que se venían aplicando en el país, impulsadas por la Troika (FMI, UE, BCE) desde hace más de seis años, y rene-gociar la deuda externa, que ya alcanza el 177% del PBI y el 25% del presupuesto del Estado. Como lo afirmaron en reite-radas ocasiones los máximos dirigentes de Syriza, el ejemplo de reestructuración es el caso argentino, febrilmente bombar-deado por el poder financiero internacional.

atrás, el dirigente radical se había mostrado cerca del jefe de gobierno en un acto en la AMIA. Según las encuestas que maneja Sanz, Macri mide bien en Córdoba, donde la derecha radical es tan fuerte como en Mendoza y donde los dirigentes locales apuestan a ganar ambas provincias con Macri como can-didato nacional. Otros dirigentes de su partido, como Gerardo Morales, José Cano y Luis Naidenoff, también apuestan por una primaria amplia de la oposición que incluya a Massa. En la realidad, el radicalismo sabe que disputa su electorado con Carrió y Macri, pero también es consciente que de jugar en solitario tendría pocas chances de obtener buenos resultados. La convención radical definirá el posicionamiento orgánico del partido el próximo 14 de marzo, cuando se reúna en Gualeguaychú.

Lo mismo sucede con la Coalición Civica a nivel nacional, que, a pesar de la decisión de su dirigen-te, formulará su posicionamiento orgánico entre mayo y junio de este año.

n la vereda opuesta, Victoria Donda de Libres del Sur afirmó: “Nuestro candidato a presidente es Hermes Binner, nuestra interna para las PASO está en el Frente Amplio UNEN”. En el mismo sentido, Binner y Cobos comenzaron el año mos-trándose juntos, y rechazando de plano cualquier alianza extra UNEN.

En distritos como la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros como Santa Fé, el FAUNEN y el PRO realizarán internas separadas. En el caso de la Capital Federal, la disputa será entre Michetti y Larreta y Losteau contra Tumini, con la novedad del voto electrónico.

Desde hace más de 6 años, el pueblo griego sufre una brutal crisis económica producto de gobier-nos y políticas neoliberales, apoyadas y repro-ducidas por la Troika. Cada vez que los helenos entraron en crisis de deuda, la Troika no hizo más que redoblar sus niveles de endeudamiento otor-gando préstamos atados a los típicos programas de “saneamiento” que incluyen: ajustes a la educa-ción, a la salud, recortes salariales, achicamiento del Estado, flexibilización laboral, etc.

Los efectos de estas políticas pueden verse claramente en la situación socioeconómica del pueblo griego. El 44% de la po-blación se encuentra debajo de la línea de pobreza, el doble que en 2008, cuando estalló la crisis. La tasa de desocupación -la más alta de Europa- sube al 25,8% en términos generales y al 50% en menores de 25 años. Antes de la crisis, el 10% de la población se quedaba con el 40% de la rique-za, hoy se quedan con el 50%. Hasta el momento, la Troika le prestó a Grecia 340 mil millones de euros desde 2007 a cambio de un plan de ajuste feroz. Ahora, Syriza exige una moratoria sobre los intereses de la deuda para usar esos fondos en programas sociales y en reactivar la economía. A su vez, reclaman una revisión de las cláusulas donde quede claro que la deuda no será pagada a costa del pueblo.

Tras conocerse los resultados de las elecciones, tanto el FMI como el Banco Central Alemán afir-maron que el nuevo gobierno griego debe cumplir con los compromisos tomados por anteriores gestiones. Particularmente, el FMI descartó que pueda realizarse una quita a la deuda externa

griega, con la excusa de que no se pueden hacer consideraciones especiales para un país sobre las reglas generales de la UE.

Con estas declaraciones, la Troika pretende condicionar las decisiones del nuevo gobierno, teniendo como anzuelo el pago de 7 mil millones de euros que correspondería a febrero como fondos suplementarios. Sin embargo, el nuevo ministro de finanzas griego advirtió que re-chazarán esos fondos por estar atados a programas de austeri-dad que no forman parte de su plataforma de gobierno.

En paralelo, el nuevo gobierno debe enfrentar a los mismos fondos buitres que Argentina. Paul Singer y Kenneth Dart son los principales acreedores individuales de Grecia con 3000 millones de euros, mil más que las reservas del país. Como en el caso argentino, los buitres compraron estos títulos de los bancos privados a un 50% de su valor entre

2010 y 2012. Ambos afirman que si Grecia no cumple con sus pactos con la Troika, exigirán ante tribunales europeos el pago inmediato del 100% de los bonos en su poder.

En el plano de la UE, la victoria de Syriza significa un duro golpe para la derecha conservadora. Esto puede verse en la crisis del PP español -que apoyo explícitamente al derrotado Samaras en Grecia-, y en el avance del nuevo partido PODEMOS, que convocó a más de 300.000 personas en un acto en Madrid. Si Grecia consigue renegociar su deuda, cuya finalidad coincide con los planteos de Podemos, generaría un importante antecedente en Europa, donde países como España y Portugal continúan aplicando ajustes para endeudarse cada vez más, sin salir de sus respectivos estan-camientos económicos.

Mientras el ascendido gobierno impulsa una serie de medidas para reactivar la economía-aumento del salario mínimo y las jubilaciones, salud y electrici-dad gratuita para desocupados, etc.-, sus máximas autoridades recorren Europa buscando apo-yos a su plan de renegociación de la deuda. Sin embargo, el único aliado concreto que por

ahora tiene Syriza es el gobier-no ruso de Vladimir Putin, quien ofreció su apoyo apenas termi-nada la elección. Una de las primeras declaraciones del gobierno griego fue su oposición a las sanciones que la Unión Europea mantiene sobre Rusia por el conflicto en Ucrania. A contraparte, el ministro de finanzas ruso, Anton Siluanov, afirmó que su gobierno se encuentra discutiendo una ayuda financiera a Grecia, con quien mantiene una importante relación comercial.

47terrorismo, narcotráfico, tráfi-co de armas, trata de personas, cyber-delitos, y delitos contra el orden económico y financiero. En el mismo sentido, la actividad de inteligencia interior quedará limitada a la investigación de delitos federales complejos, in-teligencia criminal o atentados contra el orden constitucional. La AFI será conducida por un director y un subdi-rector cuyos nombramientos deberán ser pro-puestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por mayoría simple en el Senado. Esto contrasta con la ley actual, donde la designación del director era obra única del ejecutivo.

Por la importancia que redundan sus cargos, solo el director y el subdirector -o el funcionario que autorice esa actividad- podrán tener actuaciones con funcionarios por fuera de la AFI, por lo que se penalizará a funcionarios o empleados que tomen contacto con los servicios de inteligencia exteriormente a estos canales. También se crea-rán dos nuevas figuras penales -espionaje ilegal e incumplimiento de los controles de manipulación de base de datos por parte de funcionarios públicos- con las que se penalizará con 10 años de prisión a quienes realicen escuchas o intercepten mensajes de manera ilegal.

Por otra parte, las escuchas telefónicas realizadas bajo el Sistema de Observaciones Judi-ciales-OJOTA- pasarán de estar bajo la órbita del Poder Ejecutivo a la del Ministerio Público Fiscal, el único ministerio que no de-pende del P.E. Un símil del Cuerpo

de Investigaciones Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, de-pendiente del Ministerio Público Fiscal, que si bien no realiza es-cuchas telefónicas, asiste a los fiscales en sus investigaciones sobre delitos complejos. Por lo tanto, y en concordancia con la reforma del Código Procesal Penal que pone las investiga-ciones en manos de las fiscalías, serán los fiscales quienes decidan y soliciten la necesidad de inter-ceptar llamadas. Con posterioridad, los jueces determinarán si las avalan o no.

En el mismo sentido, se crean bancos de protección de datos para controlar la entrada y salida de información y para garantizar que si los datos no sirven a los fines establecidos deberán ser destruidos. De esa manera se busca evitar la nefasta y famosa práctica del “carpetazo” con la que los servicios suelen extorsionar a figuras públicas con infor-mación reservada que no fue solicitada para esos fines.

Por otra parte, y buscando transparentar el organismo, todo el personal de la Agencia, sin importar su rango, estará obligado a presentar declaraciones juradas de bienes patrimoniales.

El órgano encargado de supervisar la AFI será la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Orga-nismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación, quien deberá fiscalizar que se ajuste a las normas constitucionales y a los tratados de DDHH, y controlar que los fondos utilizados coincidan con las partidas asignadas.

inteli-gencia una reforma para fortalecer la democracia

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para disolver la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crear una Agencia Federal en su reemplazo. Si bien el proyecto se venía elaborando desde la remoción de la cúpula de la SI, la relación entre los servicios de inteligencia y las acciones para tirar abajo el Memorándum con Irán -po-tenciadas con la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman- apuraron los tiempos para saldar una de las deudas más importantes de estos 30 años de democracia. Tal es así, que la presidenta convocó a sesiones extraordinarias en el Congre-so, con el objetivo de tratar el proyecto lo antes posible y reformar la Ley Nacional de Inteligencia votada en 1994.

El proyecto de ley establece la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuya tarea será “la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a hechos, riesgos y conflictos que afecten la seguridad de la Nación y sus habitantes”.

A diferencia de la ley vigente, donde no están definidos clara-mente los límites de la actividad de inteligencia, el proyecto se refiere concretamente a amenazas internacionales como

breve histo-ria de la side en demo-cracia1983. La democracia recuperada lleva en sus espaldas la pesada herencia del aparato de inteligencia de la dictadura más sangrienta y vende patria de todo el continente. Hasta entonces, la SIDE había sido siempre comandada por un militar, y funcionaba en “coordina-ción” con las inteligencias de las tres armas, con los fines ya conocidos: secuestro, tortura, desaparición.

Para desmontar tan nefasto aparato represivo, Alfonsín deci-de nombrar al primer director civil del organismo, Roberto Peña. Lo que no sabe, es que uno de sus custodios, Raúl Guglielmi-netti, es un servicio infiltrado, ex miembro del Batallón 601 y torturador en el centro clan-destino de detención Automoto-res Orletti. Recién en 1985 se da a conocer su

infiltración y escapa a Europa, de donde fue extradi-tado en 2006 tras la reactivación de las causas por delitos de lesa humanidad.

El resto es historia conocida. Hechos como los levan-tamientos carapintadas o el ataque a La Tablada siempre tuvieron tras de sí la sombra de los servicios.

Con la llegada de Carlos Menem, los servicios tomaron otro cáliz pero sin cambiar de patrón. Extorsionando con videos, o sobornando con sobres, la red de inteligencia del menemismo estuvo demasiado ocupada como para prevenir dos atenta-dos sangrientos, la voladura de una fábrica militar y el posible asesinato del hijo del presidente. En breve, se encargarían de enlodar la causa AMIA, desviando la investigación y plantando pistas falsas. Desde entonces, la posibilidad de “trabajar” bajo las órdenes de la CIA y el Mossad les daría un vuelo inter-nacional peligroso.

En paralelo, el estrecho vínculo entre la corporación judicial y los servicios quedaba sellado en la red de jue-ces federales que cobraban sobresueldos y recibían “viáticos” de la caja siempre tenebrosa de la SI.

Con De La Rúa la cosa no cambió. Continuaron las sospechas por sobornos y los escándalos mediáticos, como el de las coimas en el Senado con cifras millona-rias que también habrían salido de la SIDE.

En los últimos años, no faltaron las ocasiones en que fue más que clara la necesidad de purgar y reformar los servicios de inteligencia. Levantamientos policiales que nunca fueron alertados, operaciones de prensa donde los juzgados federales manejaban información “privilegiada”, movimientos financieros con llamativos poderes premonitorios.

47jubila-ciones 18% de aumento semestral, 38,61% de aumento anual La presidenta Cristina Kirchner anunció la suba de jubilaciones más alta desde la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria en 2009. Un 18,26% que lleva a la jubilación mínima de $3231,63 a $3821,73 a partir de marzo, lo que representa el 81% del salario mínimo, vital y móvil.

Desde 2009 a la fecha, la míni-ma paso de $690 a $3821,73, un incremento del 454%. Incluso si se toman en consideración los dudosos datos que divulga la oposición con su “IPC-Congreso”, la inflación acumulada desde 2009 llega al 309%, muy lejos del aumento jubilatorio. Yendo todavía más atrás en el tiempo, puede observarse que de 2003 a la fecha, la mínima aumentó 25 veces y la media 14,8.

A su vez, y en conjunto con el aumento de septiembre de 2014, las jubilaciones registran una recomposición del 38,61% que impide que las presiones oligárquicas, por ejemplo la devaluación de enero del año pasado, licuen los ingresos de los

ba como jefe de gabinete del Ministerio de Justicia y que tuvo a su cargo la defensa judicial del famoso Memorándum. Casualmente, el ministerio donde trabajaba también había formado parte de la redacción del proyecto de reforma del Código Procesal Penal que le restaba poder a los jueces federales de la matriz menemista, claramente vinculados a los servicios.

La primera actuación de la renovada cúpula fue pedirle la renuncia a Jaime Stiuso, director de opera-ciones y supuesto “hombre fuerte” de la SI que ter-minó dimitiendo pocas semanas antes de la denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman.

La red de testigos, jueces, abogados y servicios también aparecería a la luz en las denuncias contra el vicepresidente, realizadas por Jorge Pacífico, un sar-gento del ejército participante de los levantamientos carapintadas, que apareció ensangrentado entre los restos de la voladura de la AMIA en 1994. Este oscuro personaje fue acusado por traficar armas robadas al ejército, y absuelto en 2011 por haber provisto los explosivos que volaron la AMIA. Pacífico denunció a Boudou afirmando que estaba en un café cuando escuchó una conversación de donde se desprenden los argumentos de su denuncia.

Sin embargo, la sangre llegó al río con el anuncio del Memorán-dum, y el inicio de lo que sería un enfrentamiento mucho más directo entre democracia y servicios de inteligencia. Para los servicios, la mera posibilidad de establecer un contacto con Irán significaba romper su tra-dicional sumisión a los deseos de la CIA y el MOSSAD. De hecho, la pista iraní se sostenía en un informe de inteligencia basado en escuchas realizadas por ambas fuerzas, lo que hacía imposible comprobar su veracidad. Desde entonces, la SI jugó fuerte para que la justicia declarase incons-titucional el acuerdo, como lo terminaron haciendo Farah y Ballesteros -en mayo de 2014- desde la Cámara Federal.

Tras estos hechos, en diciembre de 2014 la presidenta decidió desplazar a la cúpula de la SI -Icazuriaga y Larcher- y poner en su lugar a Parrilli- entonces Secretario de la Presidencia- y Mena. Éste último, un joven funcionario que se desempeña-

corte supre-mala candidatura de carles y el rechazo opositorEl gobierno nacional postuló a Roberto Carles como candidato para reemplazar al renunciante Eugenio Zaffaroni en la Corte Suprema. El objetivo del ejecutivo es cumplir con lo que establecen las leyes al respecto y mantener la pluralidad del tribunal, claramente en peligro desde la muerte de Enrique Petrachi y Carmen Argibay y de la posterior renuncia de Zaffaroni en 2014, con cinco integrantes. Como ya lo anunciaron el año pasado, la oposición salió al cruce de la candidatura de Carles, que precisa del voto de los dos tercios del Senado para avanzar, afirmando que no aprobarán a ningún candidato hasta que Cristina Kirchner no termine su mandato.

Ante la actual situación de la Corte, la ley 26183 sancionada en 2006 establece la obligación de designar un quinto integrante del máximo tribu-nal. A su vez, el decreto 223/03 establece un plazo de 30 días -a partir de la renuncia efectiva del juez- para que el Poder Ejecutivo proponga un re-emplazante. Un día antes de que venciera el plazo, se hizo pública la postulación de Roberto Carles.

Roberto Carles tiene 33 años y es especialista en Derecho Penal y Criminología, como su posible

jubilados. A ello se suma que la inclusión de 2,8 millones de adultos mayores, con el primer Plan de Inclusión Previsional de 2005, genera que la cobertura previsional de Argentina sea la más alta de Latinoamérica con casi el 94%. Cuando Néstor Kirchner asumió en 2003, esa cifra llegaba a solo el 63.6%.

En ese camino avanza la nueva moratoria previsional anunciada en 2014, con la que ya se jubila-ron más de 227.000 trabajado-res que producto del desempleo y la precarización laboral de la década del 90´, no pudieron realizar los aportes necesarios. A diferencia de la primera moratoria de 2005, en este caso se busca ampliar la cobertura de adultos mayores que pertenecen a los sectores más pobres del país. Mientras que en la primera el promedio de jubilaciones era de $5020, ahora alcanzarán los $2966.

Cuando la moratoria termine, el 99% de las personas en edad de jubilarse podrán percibir un haber mensual. Si bien el 50% cobra la mínima, en 8 de cada 10 hogares hay más de una jubilación que se actualiza semestralmente, garantizando que la puja distributiva no licue el poder adquisiti-vo de los jubilados.

47del Senado, y el FPV no llega a ese número ni sumando a todos sus aliados, la oposición parece segura de lograr la obturación.

Sin embargo, el FPV cuenta actualmente con 43 probables votos a favor, por lo que solo le faltan 5 para llegar a la mayoría necesaria. Eso, en caso de que los 72 legisladores estén presentes. Si hu-biese ausencias, el número necesario disminuiría.

Por otra parte, el explícito apo-yo del Papa Francisco también podría ser un elemento deter-minante para captar el voto de algunos senadores de la oposi-ción. Particularmente, del llama-do “interbloque federal”, donde se agrupan siete senadores que si bien firmaron -salvo uno- el documento de la oposición, po-drían cambiar de posición más fácilmente que el PRO, la UCR o el FA-UNEN.Justamente, estos bloques ya confirmaron su rechazo a la postulación de Carles, afirmando que “le falta experiencia” y que en realidad su candidatura es una “cortina de humo”. Más cínico fue Federico Pinedo, quien, tras haber compartido la comisión de redacción del anteproyecto de reforma del Código Penal con Carles, destacó su figura como “seria y estudiosa” pero reafirmó la oposición de su partido a: “un gobierno que ha tenido actitud de dominio de la Justicia y que de alguna manera empuja para tener una Justicia militante”.

Al contrario, jueces -como María Laura Garrigós de Rébori-, fiscales -como Félix Crous- e insti-tuciones como la Asociación Pensamiento Penal apoyaron su candidatura.

antecesor y maestro, Eugenio Zaffaroni. Su currículum acumula la ex-periencia de un docente de la UBA que también fue investigador y que se doctoró en Italia y Guatemala. Si bien no trabajó como funcionario judicial, sí lo hizo como especialista en la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña y del Senado Nacional. Desde 2013, se desempeñó como coordinador de la comisión de juristas que redac-tó el proyecto de ley de reforma de Código Penal, bombardeado por la oposición -cuyos dirigentes participaron en la redacción- y finalmente apro-bado en ambas cámaras.

Si bien su estrecha relación con el Papa Francisco lo muestra como católico, sus posturas po-líticas lo sacan de ese encasilla-miento. Desde su campaña para quitar crucifijos en juzgados e instituciones estatales, hasta su apoyo a la despenalización del aborto y al matrimonio igualitario, puede observarse un posicionamiento político bas-tante alejado de la doctrina del Vaticano.

Pero el principal escollo que enfrenta su candidatura no son sus antecedentes, sino la oposición política que busca vetar cualquier propuesta del Ejecutivo. Ya en noviembre del año pasado, 29 legisladores de la oposición firmaron un do-cumento donde se comprometieron a bloquear cualquier propuesta de reemplazo hasta que no termine el mandato de Cristina Kirchner. Como su postulación precisa del visto bueno de dos tercios

agroley de agricultura familiar y apoyo a los pequeños producto-resEl gobierno nacional comenzó el año con una fuerte apuesta por los pequeños y medianos productores rurales de todo el país. A la sanción y posterior publicación de la ley de agricultura familiar-apuntada al sector más castigado del campesinado- se suma ahora una nueva línea de créditos y una limitación en los permisos de exportación de las grandes trasnacionales que no paguen un precio justo a los productores.

La Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sancionada en diciembre de 2014, de-clara de interés público la agricultura familiar, definiendo a la tierra como un “bien social” y garantizando su acceso por parte de campesinos, agricultores familiares y comunidades indígenas. Para ello, crea un Banco de Tierras y suspende los desalojos por tres años.

En nuestro país, el 66% de las unidades productivas -unas 220 mil- están en manos de peque-ños agricultores. Además de producir para el autoabastecimiento, la agricultura familiar sostiene gran parte de la producción de hortalizas, frutas y verduras que se consumen en los centros urbanos.

Durante el primer trimestre de 2015 el gobierno nacional invertirá 450 millones de pesos -de un total de 1500- para la implementación de la ley. Ello incluye

la adjudicación de parcelas para unidades eco-nómicas familiares, líneas de crédito, un Centro de Producción de Semillas Nativas, la creación de ferias locales, erogaciones fiscales y un sistema de seguros contra fenómenos climáticos.

Por otra parte, el gobierno nacional comenzó a aplicar una política diferenciada para pequeños y medianos productores de soja con una línea de créditos especial para quienes produzcan menos de 600 toneladas por año y no retengan más del 10% de la producción.

Esta decisión se enmarca en la nueva realidad de la ya famosa Mesa de Enlace. Si antes, las oligarquías representadas en la Sociedad Rural, CONINAGRO y Confederaciones Rurales impe-dían que la Federación Agraria negociara políticas para el sector con el gobierno; con la elección de la nueva comisión directiva que desplazó a Eduardo Buzzi, la cosa cambió. Rompiendo con el esquema tradicional de la Mesa de Enlace, el nuevo titular de la FA afirmó: “cada entidad tiene su propia estrategia y propuesta, nosotros siempre defendimos a la banca pública”. A su vez, la FA expresó su apoyo a la Ley de Agricultura Familiar y confirmó que volverá a ocupar su lugar en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecno-logía Agropecuaria (INTA). En paralelo, el gobierno busca evitar los abusos de

las trasnacionales que pagan mucho menos del precio de exportación de trigo a los productores. Actualmente los productores reciben entre 900 y 1000 dólares por tonelada, mientras el precio de exportación oscila entre los 1250 y 1500. Para evitar estos abusos, el ejecutivo limitará los ROE -permisos de exportación- a aquellos casos donde el exportador pague un precio interno cercano al de exportación, establecido por el Ministerio de Agricultura.

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