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yankees de mierda “justicia”, republicanos, buitres e imperialismoEl fallo de la Corte estadounidense pone de relieve las relaciones de dominación imperialista con las que el capital financiero pretende arrodillar a los Estados nacionales de la periferia.

En un artículo del periódico Financial Times del 11 de diciembre de 2012, se leía: “Será el fallo del siglo en el juicio del siglo”. La hipótesis del diario británico era que de vencer Argentina, los buitres y sus prácticas carroñeras desaparecerían del capitalismo. Pero los ingleses tampoco nos veían con buenos ojos: decían entonces que el juicio era entre “dos malos”, ya que nuestro país tampoco jugaba con las “reglas claras” del capitalismo.

24.06.14

Lo cierto es que la lógica de los buitres no escapa a los movi-mientos del capital financiero internacional contra los Estados nacionales de la periferia. Actualmente, la mitad de las transacciones comercia-les se realizan a través de instituciones financieras con base en refugios fiscales, evadiendo el poder y la capacidad fiscal de los Estados.

Tan perfecto es el sistema que, aún si nuestro país no le paga a los buitres, estos cuentan con un “seguro contra la ocurrencia de cesación de pagos” con lo que se aseguran ganancias cualquiera sea el resultado final. A su vez, la institución que determina si entra-mos o no en default -International Swap and Deriva-ties Association- está integrada por los principales holdings financieros del mundo y por fondos buitres como Elliot Mangement, Citadel, Shaw Group, etc.

En ese sentido, los buitres no son una excepción a la constan-

te apuesta de subordinar a los países “no-desarrollados” para que no puedan escapar al circui-to de la dependencia. Detengámonos un momento a observar el circuito de endeudamiento y dependencia al que quieren

llevarnos.

Resulta ser que los países “no desarrollados” necesi-tamos financiamiento para realizar grandes obras y salir del subdesarrollo. En el esquema clásico, el FMI y el resto de los organismos -Banco Mundial princi-palmente- presionaban para que los países quitaran regulaciones y permitieran la llegada de capitales extranjeros. Aprovechando la situación, los capitales especulativos realizaban sus negocios y terminaban dejando tras de sí una deuda externa todavía más grande. El país entraba en crisis, como nosotros en 2001, y se declaraba en default o cesación de pagos. Para que la rueda pudiera seguir, el país debía dejar que el FMI reestructurara su deuda en base a un programa de ajuste sobre la inversión social, privatización de los servicios públicos y otras medidas

15antipopulares. Finalmente, como en el caso de Grecia, el país logra “salir” de lo más hondo de la crisis económica con una deuda todavía mayor y niveles de concentración de riqueza altísimos que en un breve lapso lo llevarán a endeudarse nuevamente.

Claro que la lógica salvaje de los buitres va por encima del circuito clásico. Lo que estos fondos buscan es quebrar completamente la soberanía de los Estados de la periferia.

No les importa que estos en-tren en default o directamente quiebren. Lo importante son las altas tasas de ganancia -en este caso 1600%- y los víncu-los en torno a los tribunales estadounidenses y el partido republicano que les permiten asegurarse la victoria de ante-mano. En ese sentido, conviene observar de cerca las relacio-nes entre buitres, republicanos y corte.

A pesar de que algunos observadores afirmaban que la Corte no se iba a arriesgar a poner en juego las reestructuraciones de deuda a nivel mundial ni el prestigio de Estados Unidos como plaza para la colocación de bonos en canje de deuda, el fallo demos-tró que los intereses de corto plazo del capital son los que dictan las conductas judiciales en el centro financiero del imperio. Aún sin aceptar la apelación, la Corte podría haber definido alguna medida que le diera tiempo al país deudor -con diciembre nos contentábamos- sin necesariamente damnificar a los buitres. Pero la lógica imperante no era la que muchos pensaron.

Basta con observar la composición de ese tribunal -cinco republicanos y cuatro demócratas-, para entender los lazos tan estrechos entre “justicia”, política estadounidense y buitres.

Por solo dar un simple ejemplo, uno de los principales referen-tes de estos fondos, Paul Singer del NML Capital Ltd., es financis-ta del Partido Republicano. En ese sentido, cabe destacar que los republicanos lograron, más allá del voto positivo del resto de los jueces demócratas, un hecho político relevante en la política local de EE.UU, tomando en cuenta que la posición de la gestión Obama había sido contraria a la de Griesa.

En paralelo, los vínculos políticos de los buitres son sin dudas interminables. El grupo lobista American Task Force Argentina -ATFA, creado por Paul Singer- busca difundir una imagen negativa de nuestro país para hacerle creer al mundo que no tenemos intenciones de pago. Su director ejecutivo es un ex funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y sus dos copresidentes fueron funcionarios de la adminis-tración Clinton.

Cuando nuestra presidenta participó de la Asamblea General de las Naciones Unidas, miembros de ATFA realizaron estruendosas protestas frente al hotel donde se hospedaba y ocuparon un lugar privilegiado en los medios de comunicación del imperio. Tal fue su influencia, que un grupo bipartidista del congreso estadounidense expresó su apoyo para declarar a la Argentina como evasora de fallos judiciales. La decla-ración fue introducida por los republicanos Connie Mack y Roger Wicker.

Por otra parte, la estrategia internacional argentina de resolver las distintas deudas en default y con-seguir financiamiento para solucionar el déficit en la balanza de pagos y potenciar el desarrollo -sobre todo energético- parece haber definido el momento del fallo. En la versión taquigráfica del encuentro en-tre Griesa, los abogados que defienden a Argentina y los fondos buitres, pudo conocerse que estos últimos justifican su reclamo de pago inmediato en que: “Ellos

acordaron pagar mil millones al Club de París y 5 mil a Repsol”. Por lo tanto, nos exigen que así como tuvimos voluntad de pago inmediata en esas negociaciones, también la tengamos con ellos. Claro que ni la nego-ciación con el Club de París ni con Repsol nos llevaban a nuevos reclamos, en principio, por 15 mil millones de dólares, como es el caso de los buitres.

Pero la punta del iceberg son las suntuosas tasas que deberemos pagar para conseguir financiamiento internacional, ya que el fallo consigue bajar la “repu-tación de pago” y por lo tanto crear una desconfian-za internacional que nos obliga -no solo al gobierno, sino principalmente a las empresas- a tener costos de financiación mucho más altos.

El caso de Vaca Muerta es sin dudas, un ejemplo ilus-trativo. Supongamos que llegase al país una empresa que quisiera invertir en ese emprendimiento. Tomando en cuenta la debilidad interna -por necesidad de divisas- y externa -por la situación en la que nos coloca el fallo-, las condiciones que exigirá serán sin dudas más que leoninas.

La realidad nos demuestra que la “justicia” que permitió el fallo responde no solo a los intereses de este grupo de fondos buitre, sino a los de todo el imperialismo: atar de pies y manos a un país para moldear y manejar sus políticas. Más aún cuando ese país demostró su voluntad soberana no solo para reestructurar su deuda sino para impulsar los pro-cesos de integración latinoamericana -UNASUR, CELAC, etc.- más avanzados de los últimos 50 años.

La señal del fallo es para la Ar-gentina, pero sobre todo para el resto del mundo: los buitres tienen el pleno respaldo de la justicia imperial, para reclamar el 100% de las deudas que quie-ran reestructurarse.

Por su parte, el resto de los acreedores contemplan

deudalos socios locales del saqueo Si observamos la historia reciente de la deuda externa, podremos corroborar que los buitres y organismos financieros siempre tuvieron cómplices locales. Sin ellos, hubiera sido imposible que actual-mente debamos subordinarnos a la justicia de otro país para resolver un diferendo.

El inicio de esta situación se remonta a la famosa “cláusula Martínez de Hoz”, Ley 21.305, con la que la dictadura posibilitó que todos los contratos de deu-da externa fueran sometidos a la ley y jurisdicción del Estado de Nueva York. Luego vino la década de los 80´, donde los comités de acreedores de bancos (Citi, Chase, JP Morgan, Deutsche) comenzaron a emitir bonos -Plan Brady y Baker-, comprados por sus clientes y grandes fondos de inversión. Fue entonces que los bancos exigieron cobertura judicial extranjera para esos nuevos acreedores, que fue aprobada por los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura.

Este punto es clave, ya que sin la justicia imperialista de por medio, ningún fondo buitre hubiera siquiera pensado en comprar bonos para luego litigar. De

ahora los riesgos de entrar en una reestructuración en la que puedan ver sus flujos de pagos interrumpi-dos por una decisión judicial.

hecho, en marzo de este año la Corte Suprema de nuestro país rechazó el pedido de una empresa inter-nacional -Clearen Corporation- , que exigía cobrar en Argentina otro fallo de Griesa de 2007. La Corte con-sideró que la demanda de esta empresa desconocía el principio de inmunidad soberana del Estado argentino y que el fallo afectaba principios de orden público del derecho local, por lo cual no se podía pedir su cumpli-miento en la Argentina.

En paralelo con el sometimiento a las condiciones que nos impo-nían, el crecimiento de la deuda fue exponencial: de los 58 mil millones que debíamos en 1990 -27,8% del PBI-, pasamos a 144 mil en 2002 -164,2%. Sus causas pueden también rastrearse en el endeu-damiento necesario para mantener el régimen de convertibilidad, y en dos operaciones financieras que representan uno de los mayores fraudes de nuestra historia: el blindaje y el megacanje.

A comienzos del 2001 nuestro país atravesaba una crisis económica que no le permitía afrontar sus deudas. Fue entonces que el FMI prestó 40 mil millones de dólares al gobierno de De La Rúa, que a su vez lo transfirió a la cuentas del capital extranjero.

Nos desendeudábamos con unos, para endeudarnos todavía más con un organismo que, al mismo tiempo, nos exigía un programa de ajuste que terminó bajando jubilaciones, desregulando obras sociales, reduciendo el presu-puesto educativo y destruyendo el tejido social. Según el FMI, el blindaje permitiría la llegada de inver-

bui-tresefectos de los fondos especula-tivos alrededor del mundoComprar deuda de un país en crisis a un precio muy bajo, para luego exigir sumas siderales, ha sido una práctica común de los buitres en muchos países, no solo de la periferia sino también del centro.

El ejemplo más reciente es el de Grecia, donde el fondo Dart Managment aprovechó la crisis económica y compró bonos a la mitad de su valor nominal desde fuera del país. Al poco tiempo exigió el pago del valor total y logró que mientras Grecia reestructuraba su

deuda, se le pagará el 90% de los bonos.

A diferencia de Argentina, este país reestructuró su deuda con un préstamo de salvataje de la Troika -grupo conformado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI-, y ac-tualmente continúa en una tre-menda crisis económica y con una deuda externa que equivale al 170% de su PBI. Pero los buitres también volaron bajo en Latinoaméri-ca, puntualmente en Perú y Brasil. En el primer caso,

siones extranjeras para “sanear” la economía. Las consecuencias reales llegaron en diciembre del 2001 con un estallido social provocado por el hambre y la desesperación en la que se había sumergido al pueblo.

Al fracaso del blindaje le siguió el megacanje, ideado por un ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos, David Mulford. El entonces CEO del Banco de Crédito Suizo, acordó con el entonces ministro Cavallo y su secretario Federico Sturzenegger –actual diputado por el PRO-, el postergamiento de los vencimientos de 50 mil millones de dólares de deuda, a cambio de aumentar un 7% los intereses anuales. En la realidad, después del megacanje los vencimientos del período 2001-2031 aumentaron un 63% hasta los 98 mil millones de dólares y los intereses se elevaron a 120 mil millones.

Uno de los detalles más importante de la operación fueron las suntuosas comisiones que cobraron bancos y AFJP, solo por hacer de intermediarios financieros de sí mismos. Es que de los 27 mil millones que bancos y AFJP canjeaban por los nuevos papeles de deuda, ya tenían 20 mil en sus carteras, por lo que no había transacción sino entre sí mismos.

En total, según el experto en ingeniería financiera Moisés Resnick Brenner, el país sufrió un perjuicio valuado en 55 mil millones de dólares.

Pero la gran joya del negocio se la llevaron los buitres del fondo NML que en el año 2008 com-praron bonos emitidos por el megacanje, y que actualmente representan el 70% de su recla-mo. El fallo de la justicia estadounidense les permite cobrar esos bonos con un interés del 1608%. El otro 30% que reclaman son bonos emitidos durante la convertibilidad.

En ambos casos, los gobiernos de De La Rúa y Me-nem aceptaron la justicia imperial para solucionar

el fondo ENL compró bonos por la mitad de su precio en 1996 -20 millones- y a través de un juicio logró que Perú le pague, en el año 2000, unos 58 millones de dó-lares. En el medio del camino, el fondo conducido por Paul Singer aprovechó para boicotear la reestructu-ración de deuda propuesta por el gobierno peruano y a la que se habían sumado otros acreedores.

Por su parte, el fondo Dart compró bonos devaluados por 375 millones de dólares en Brasil, para luego lograr -gracias a la bendita corte estadounidense- que el gobierno de ese país le pagará 955 millones. También Dart participó del bloqueo a la reestructura-ción de deuda en Brasil.

La lista continúa con los casos de Liberia, Zambia, Congo, Kazajistán, Turquía y Rusia, entre muchas otras víctimas de los carroñeros mundiales.

cualquier diferendo, lo que ahora nos pesa tremen-damente.

El Ateneo General San Martín se colmó nuevamente de vecinos y compañeros para la charla debate sobre el reciente fallo de la “justicia” estadounidense que be-neficia a los fondos buitres. El especialista en econo-mía de Proyecto Comunidad, Nicolás Pertierra, abrió el encuentro con algunas consideraciones técnicas y políticas sobre la situación que enfrenta nuestro país, para luego responder las preguntas del público.

En la introducción, se destacó que, a pesar de la difícil situación que atravesamos tras el fallo, se genera una gran oportunidad para volver a discutir conceptos claves para el proyecto nacional, como son el imperialismo, la dependencia y la soberanía. En ese sentido, se subrayó que no puede entenderse lo que está sucediendo sin observar las relaciones de fuerza reales entre el imperialismo y los países “no desarro-llados”, y sin pensar a la deuda como un mecanismo de dominación, no solo económica sino sobre todo, política.

Para comprender la situación actual fue necesario poner algunas cuestiones en común sobre cómo se generó la deuda y cómo este difícil momento res-ponde a la forma en la que fue emitida, sobre todo en las reestructuraciones denominadas Megacanje y Blindaje, realizadas por el gobierno de la Alianza.

En ese sentido, se recalcó que no existe una norma-tiva internacional para regular el default de un país -cuestión que podría asimilarse a la quiebra de una empresa a nivel local y que todos los países tienen regulado- y que por eso se establecen cláusulas específicas cada vez que se reestructura una deuda. Por ejemplo, en la reestructuración de su deuda Grecia dispuso en los títulos emitidos que si el 75%

de los acreedores aceptaban las nuevas condiciones propuestas, el 100% debía sumarse al marco que acordó la mayoría.

En Argentina, el gobierno de la Alianza no solo no puso ningún tipo de cláusula sobre esa cuestión, sino que aceptó que cualquier diferendo fuera resuelto en la justicia imperial. Es por esto que el 7% de los que no entraron en la restructuración hoy pueden litigar contra el país, y el 1% conseguir el fallo que obliga a pagar la totalidad, en detrimento de todos aquellos que acordaron y recibieron su pago en tiempo y forma hasta el momento.

La palabra circuló desde el comienzo del encuentro, entre preguntas, reflexiones y comentarios de los presentes. Una de las ideas que sobrevoló muchas intervenciones fue la de que este fallo sólo puede comprenderse como un intento de disciplinamiento hacia la Argentina, por haber salido de su crisis con recursos propios y estableciendo nuevas reglas para el pago de su deuda, con autonomía y preservando los intereses nacionales.

Sin embargo, también se resaltó que, a pesar de los pronósticos apocalípticos, el fallo genera una nueva limitación al proyecto nacional pero no necesariamen-te su destrucción. En ese sentido, se destacó que uno de los efectos económicos de corto plazo podría ser un encarecimiento del financiamiento internacional. Lo que no implica necesariamente una nueva corrida cambiaria como la de enero ni una situación económi-ca de crisis.

Por otra parte, se explicó que lo que también hace el fallo, es poner en riesgo la viabilidad para acceder a recursos y créditos para sectores estratégicos,

como por ejemplo Vaca Muerta donde YPF necesita acceder a mercados internacionales para conseguir los miles de millones de dólares necesarios para su explotación. También podría darse que las empresas involucradas lo hagan igual, pero pidiendo un retorno más grande, o que pueda conseguirse financiamiento internacional pero a tasas mucho más altas.

Ante las consultas por alternativas y apoyos de países amigos, se manifestó la dificultad de que en el corto plazo se pueda generar una coalición para romper con el imperialismo. A las diferencias estable-cidas en el G-77 entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, se suma la difícil situación que todavía atraviesa la revolución Bolivariana en Venezuela y las fallas para concretar proyectos estratégicos como el Banco del Sur. En paralelo, la presidenta de Chile, Michelle Bache-let, propuso juntar la Alianza del Pacifico-orquestada por EEUU- con el Mercosur, lo que equivaldría a volver a ponernos bajo la egida del imperio.

A pesar de la situación actual, se destacó la necesidad de profundizar la unidad latinoamericana ya que en el mediano y largo plazo será la única garantía de que no nos enfrentemos solos al ataque del imperio.

Frente a semejante coyuntura, el encuentro y la discusión fue más que saludable y fue unánime la posición sobre la necesidad de multiplicar estos espacios de debate. La dificultad de la hora no puede encontrarnos quietos ni desanimados. Como dijo un compañero sobre el final del Ateneo: “Estamos en democracia y hay que construir mayorías. Hay que aprovechar el tiempo, la discusión hay que salir a darla y plantear dónde están los intereses nacionales, dónde está la Patria”.

el imperialismo contra la soberanía nacional

ateneo general san martín

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nuevo merca-do cen-tralmacri y la cámara de comer-cio contra la economía popularUna alianza entre la Cámara de Comercio (CAC), el sector inmobiliario y el Gobierno de la Ciudad intenta frenar la instalación de la primera sede del mercado central en la Capital Federal. Con la excusa de que en la zona ya existen ferias itinerantes -con precios que están en un 200% encima de los del Central- y que el gobierno de Macri no podrá efectuar los controles bromatológicos- ya que no le correspondería por jurisdicción-, empresarios y funcionarios presionan con clausuras y una campaña periodística.

El diario INFOBAE se encargó de montar una campaña

econo-mía: denuncian penalmente a los ban-cos por forzar la devaluación de eneroLa Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) denunció penalmente a directi-vos de siete bancos por maniobras especulativas con las que habrían generado la devaluación de enero. Los ejecutivos denunciados pertenecen a los bancos HSBC, Galicia, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribas, JP Morgan y Banco de Córdoba.

La PROCELAC fue creada el 20 de diciembre de 2013, con el objetivo contar con un organismo del Ministerio Público Fiscal especializado en perseguir crímenes económicos y lavado de dinero. Al explicar las razones de su creación, la procuradora general de la Nación, Gils Carbó, explicó que después de diez años de contar con una ley contra el delito de lavado de dinero, solo se concretó una condena y se sancionaron cinco quiebras fraudulentas. A su vez, recordó que los pro-cesos suelen prescribir por falta de una investigación adecuada, y que solo una minoría llega a juicio.

Según la actual denuncia del organismo, los bancos acusados habrían ganado 10 mil millones de pesos a través de 17 operaciones financieras con las que generaron la devaluación de enero.

A partir de la denuncia pública realizada por el ministro de economía, acerca de la participación del presidente de Shell en Argentina, Aranguren, en una operación que habría provocado la corrida cambiaria, la PROCELAC comenzó a investigar los movimientos bancarios que terminaron en la actual denuncia.

contra el nuevo emprendimiento, que busca acercar precios más accesibles a los vecinos de la ciudad. Haciéndose eco de una asociación civil que solo repite los mismos argumentos que la CAC, el citado diario afirma que vecinos y comerciantes se oponen a la apertura por la competencia desleal que generaría

con los comercios del barrio.

Sin embargo, la propuesta del Mercado Central no es destruir comercios sino fijar precios de referencia que obliguen a las grandes cadenas de supermercados a bajar los precios. Es el ejemplo de los nuevos mercados instalados en Cañuelas y La Plata, que acercan productos al público sin intermediarios.Por su parte, la CAC emitió un comunicado que no solo rechazaba la apertura del nuevo mercado, sino también anunciaba la realización de gestiones: “ante autoridades de los distintos niveles de gobierno, condicionando el avance de estos proyectos”.

En el mismo sentido, el sector inmobiliario -a través de Donofrio propiedades- afirmó que el mercado “alejaría” a posibles nuevos habitantes que se acercan a Colegiales tras la saturación de barrios como Palermo.

En paralelo, vecinos del barrio juntan firmas para que el mercado se instale en un predio en desuso del Ferrocarril, argumentando que: “cerca de tu casa vas a encontrar los alimentos hasta un 200 o 300 por ciento más barato, evitando la cadena de distribución y comercialización y a los grandes supermercados”.

bolivianace alianza de la derecha oposi-tora y crece intención de voto a evo En un pacto firmado entre el Movimiento Demócrata Social y la Unidad Nacional, nació la Concertación de la Unidad Demócrata que pretende enfrentar a Evo Morales en las próximas elecciones generales del 12 de octubre. El acuerdo impulsa la candidatura presiden-cial del empresario Samuel Doria Medina que consiguió 5% de votos en la última elección de 2009.

En términos generales, el acuerdo electoral combina las expresiones de la clásica derecha boliviana con caudal electoral en Santa Cruz de la Sierra, Beni y otras regiones del oriente. Su intención es captar el voto conservador todavía existente en algunas ciudades del país, sabiendo que el voto campesino sigue siendo mayoritariamente masista.

Su candidato, ex ministro privatizador y magnate del cemento y las hamburguesas, postula la necesidad de regre-sar al programa económico que llevó a cabo el neoliberalis-mo en Bolivia. Mientras fue ministro de Planeamiento entre 1989 y 1993, Doria Medina acuñó la frase: “Privatizaré una empresa estatal por semana porque el mercado, la

oferta y la demanda definen la actividad productiva del país”. Además de ser “gobernador” del Banco Mundial y del BID, en 2005, Doria Medina fue candidato a presidente junto a Carlos Dabdoub, mentor de la idea de una “Nación Camba” que excluyera a los pue-blos originarios.

Mientras tanto, el MAS tiene una intención de voto en torno al 64% con el que Evo Morales ganó la última elección del 2009, muy por encima del 53% con el que llegó al poder en 2005, y muy lejos del 13% que los sondeos otorgan a la oposición.

Por su parte, el resto de los partidos opositores -Movimiento Sin Miedo, Nuevo Poder Ciudadano y fracciones del MNR- aparecen atomizados y su frag-mentación solo podría servirles para evitar que el MAS alcance los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que por ahora no aparece sostenido por los resultados de los sondeos.

15En el mismo sentido, se destaca la diferencia entre los 2.500 millones de pesos que el PRO destina a subsidiar la educación privada, y los 390 millones que invierte en infraestructura escolar. Por otra parte, a pesar de que el subsecretario afirmó que en las vacantes para etapa maternal se prioriza las zonas de la ciudad más vulnerables, el 42% de los casos de falta de vacantes en el nivel inicial se concentran en las comunas 1, 4 y 8, casualmente ubicadas en la franja sur de la ciudad. Al mismo tiem-po, un informe de la Multisectorial por la Educación Pública sostiene que el 60% de los reclamos por falta de vacantes corresponden al nivel inicial.

ciudadel macrismo continúa con el sistema de inscripción online y admite la falta de vacantesEl subsecretario de Educación del gobierno porteño, Carlos Regazzoni, se presentó en la Comisión de Edu-cación de la Legislatura, para dar explicaciones sobre los problemas generados por el sistema de inscripción online, la falta de vacantes, y el retraso de obras. Allí explicó que el gobierno de la ciudad continuará con el polémico sistema y que por el momento no tiene capacidad para dar vacantes en el nivel inicial:

“No tenemos capacidad para dar vacantes para los niños menores a 3 años. No podemos asumir el compromiso presu-puestario”. Ante las consultas de los legisladores, Regazzoni no logró explicar cuál es la estrategia del gobierno para que en 2015 no se repita la utilización de containers como aulas, y los cientos de casos de chicos que quedaron sin vacantes por culpa del nuevo sistema en el que se gastaron 15 millones de pesos.

Tampoco se refirió a los cientos de familias que no consiguieron vacantes, de los cuales un 14% decidió mandar a sus hijos a escuelas privadas, mientras que otro 74% todavía no recibió una respuesta a su recla-mo. Desde que el PRO asumió como gobierno, no solo redujo el presupuesto para infraestructura escolar, sino que subejecutó los fondos destinados con ese fin. Entre 2008 y 2013, el porcentaje de ejecución presu-puestaria fue de 69%, mientras que la participación de “construcciones” en el presupuesto educativo no creció -se mantiene en un promedio de 3%- a pesar de la creciente demanda de vacantes.

masacre de puen-te puey-rredón: denuncian que el juez lijo cajoneó la causa En las vísperas de un nuevo aniversario de la Masacre de Puente Pueyrredón, los familiares de Kosteki y Santillán-militantes asesinados por agentes de la Policía Bonaerense en la represión de 2002 contra organizaciones sociales- denuncian que el Juez Lijo cajoneó la causa que investiga las responsabilidades políticas de Duhalde, Felipe Solá y Juan José Álvarez, entre otros.

Si bien en 2005 se logró, después de años de lucha y movilización popular, la condena del comisa-rio Alfredo Fanchiotti, el cabo Alejandro Costa y otros seis miembros de la bonaerense; los familiares continúan recla-mando por la investigación de la participación intelectual de los responsables políticos. En ese sentido, denuncian que Lijo no respondió a los informes solicitados por la fiscalía sobre el cruce de más de 400 llamadas entre funcionarios duhaldistas y

autoridades policiales.

La fama del Juez Lijo se acrecentó tras el show mediático montado en torno al llamamiento a decla-ración indagatoria realizado al vicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone. Sin embargo, los medios hegemónicos ignoraron que en la misma semana, Lijo sobreseyó al ex ministro Corach en el encubrimiento del atentado a la AMIA. En ese sentido, el hermano de Darío Santillán afirmó: “Queremos que Lijo muestre en esta causa la misma celeridad que tuvo para condenar a Fernando Esteche y Raúl Lescano de

Quebracho o sobreseer a Corach en el encubrimiento del atentado a la AMIA”.

En la misma línea, subrayaron que Lijo también es responsable de que el partido neonazi de Alejandro Biondini tenga reconocimiento jurídico, a pesar de los fallos anteriores de la Corte Suprema que habían prohibido su participación en comicios electorales por el racismo de sus propuestas políticas.

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