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i n f o @ c a f e d e l o s p a t r i o t a s . c o m . a rDiseño e impresión. Coop. Gráfica del Pueblo

justiciael procesamiento de macri y la condena mediática a boudouMientras el jefe de gobierno Mauricio Macri continúa procesado por la justicia desde 2010, el vicepresidente Boudou es condenado públicamente por los medios y la oposición sin que el poder judicial haya definido su situación en la causa que se lleva en su contra.

En paralelo, la oposición continúa invisibilizando la situación judicial del jefe de gobierno porteño con la excusa de que la causa en su contra fue “orquestada” política-mente por el Juez Oyarbide, olvi-dando que fue la Cámara Federal la que confirmó el procesamiento. Detrás de estas justificaciones de dirigentes políticos como el radical Sanz, se esconde la futura alianza

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entre el PRO y el FA-UNEN para las elecciones de 2015.

Antes de comparar la situación de Macri y Boudou, vale aclarar que ser “procesado” por la justicia equi-vale a que el Juez de una causa resuelva someter a una persona a proceso penal, cuando existen suficien-tes pruebas para sospechar que se es responsable de algún delito. A partir de ese momento, comienza el juicio penal y la fiscalía debe demostrar la culpabilidad mientras la defensa del procesado debe probar su inocencia.

Mauricio Macri está procesado, desde 2010, por violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públi-cos como parte de una asociación ilícita que realizaba escuchas ilegales. El procesamiento quedo firme recién en 2012, produc-to de que la Cámara de Casación Penal demoró dos años para revisar el dictamen del Juez Oyarbide. En ese lapso, Macri fue reelecto jefe de gobierno bajo el manto de silencio de los grandes operadores me-

diáticos. Hace solo algunas semanas, el fiscal del caso requirió la elevación a juicio oral que llevaría al jefe de gobierno al banquillo de los acusados, a pesar de los infinitos recursos presentados por su defensa para no llegar a esa instancia.

Por si fuera poco, el jefe de gobierno también se encuentra procesado en otra causa, por los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimien-to de los deberes de funcionario público en 17 casos de desalojos violentos por parte de la UCEP (Unión de Control de Espacio Público) contra personas que vivían en la calle.

Si nos vamos un poquito más atrás en la historia, Macri también fue procesado en 2001 en una causa por contrabando de autopartes. Su absolución por parte de la desprestigiada Corte Suprema de aquellos años, provocó la destitución -a fines de 2003- del magistrado Eduardo Moline O´Connor.

El silencio mediático en alianza con los intereses de la oposición permitieron que mucha de esta información no sea tapa de ninguno de los diarios de mayor tira-da, ni titular en los medios televisivos y radiales que manejan las corporaciones del poder real.

jubila-cionesnueva moratoria para ampliar la cobertura previsionalEl Gobierno Nacional enviará un proyecto al congreso para que 99 de cada 100 personas en edad de jubi-larse puedan hacerlo, aunque no cuenten con los 30 años de aportes necesarios. El objetivo de la norma es ampliar la cobertura previsional a unas 474 mil personas, principalmente pertenecientes a familias de bajos recursos.

La nueva moratoria apunta a tra-bajadores que realizaron aportes por 10 años, pero que tras el avance del desempleo y la preca-rización laboral no pudieron seguir aportando. Mientras esto sucedía, las AFJP se quedaban con el 50% de los aportes de los trabajadores en concepto de comisiones y otros gastos.

Continuando con el Plan de Inclusión Previsional que en 2005 llevara adelante Néstor Kirchner -que permitió la inclusión de 2,8 millones adultos mayores- esta segunda etapa amplía la fecha para regularizar aportes hasta diciembre de 2003, mientras que hasta el momento la moratoria solo alcanzaba hasta el año 1993. En ese sentido, la presidenta destacó que el período 1993-2003 es donde se registraron mayores niveles de desocupación, y por lo tanto, donde los trabajadores no tuvieron posibilidad de seguir reali-zando aportes.

13A contrapelo, la causa contra el vicepresidente avanza a paso firme -sin retraso judicial alguno, como debie-ra ser en todos los casos- con una amplia repercusión mediática. El objetivo no es simplemente desprestigiar la figura del vicepresidente, sino pegar sobre la línea de flotación del Gobierno Nacional.

Todo lo que pueda hacerse contra el gobierno de Cristina Fernández, será tapa de los matutinos y titular de las cadenas televisivas, aun cuando se avasalle la presun-ción de inocencia. Es así que sin importar lo que dictan los tiempos judiciales, el vicepresidente está condenado de ante mano. La sentencia mediática exige que renuncie o que se pida una licencia.

En el plano judicial, se lo acusa del delito de negocia-ciones incompatibles con la función pública en relación a su accionar con la empresa Ciccone, la imprenta privada más importante del país. El juez acusa a Boudou de haber adquirido la imprenta de manera irregular, a través de su supuesto socio Vandenbroele, siendo Ministro de Economía. El resto de los imputados en la causa, incluida la propia familia Ciccone, intenta poner toda la culpa sobre el vicepresidente, lo que parece ser apoyado por el propio Juez Lijo.

Las vinculaciones entre el Grupo Clarín y el estado de la causa son de público conocimiento. En base al rumor que hizo correr el multimedios acerca de que la Cámara Federal apartaría de la causa al Juez Lijo, el periodista estrella de Clarín -Jorge Lanata- comenzó una furibunda campaña para escrachar a los jueces, e incluso a sus hijos. Como por arte de magia, en esos días el Juez Lijo definió el adelantamiento de la inda-gatoria para antes del mundial, evitando el riesgo de que la fiebre mundialista pusiera en un segundo plano el gran montaje mediático.

Todavía en 2013 el 45% de las 333 mil personas que se jubilaron lo hicieron gracias a la moratoria de 2005.

Por su parte, la nueva moratoria incluye a los pensio-nados que cobren la mínima pero limita el acceso a personas que tengan la edad para jubilarse -60 años las mujeres y 65 los varones- y a familias de bajos recursos que no estén en condiciones de completar aportes sin quita ni cuotas.

A diferencia del plan de 2005, que apuntaba a los sectores medios, el impacto que persigue la moratoria actual es ampliar la cobertura de adultos mayores que pertenecen al 30% de la po-blación más pobre del país.

Mientras que en la primera moratoria el promedio de jubilaciones rondaba los $5020, en este caso será de $2966.

Las deudas podrán regularizarse en planes de 60 cuotas, con una quita inicial cercana al 50%, que se actualizarán en función del índice de movilidad jubilatoria.

seguri-dadreforma del servicio penitenciario federal y situación en cárcelesEl Gobierno Nacional anunció que enviará un proyecto al congreso, para reformar la ley orgánica de Ser-

vicio Penitenciario Federal (SPF) sancionada en 1973 durante la dictadura de Lanusse.

En el contexto de las actuales discusiones por la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal, el proyecto se propone mejorar las condiciones del SPF y abandonar su perfil militarizado, heredado de las dictaduras militares.

El objetivo es crear un nuevo para-digma penitenciario, que además de velar por el cumplimiento de la pena, pueda trabajar para la re-socialización a través de progra-mas educativos y de formación laboral. En el anuncio, el jefe de gabinete afirmó que la refor-ma apuntará al cumplimiento estricto del artículo 18 de la Constitución Nacional que establece: “Las cárce-les de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.

Actualmente, existen 62 mil presos en el país, distribui-dos en 252 cárceles, alcaldías y comisarías de las que 35 dependen del SPF, con una población carcelaria de 10 mil presos. El número de presos creció en un 100% entre 1996 y 2003, y en un 20% entre 2003 y 2012. El 50% de los actuales presos no tienen una condena firme, y el 24% son jóvenes de entre 18 y 24 años.

A nivel nacional, las condiciones en las que estos presos cumplen sus condenas son denunciadas desde hace ya varios años por organismos de derechos humanos como el CELS. Al grado de hacinamiento revelado por los familiares de los detenidos, se le suman las 718 denuncias por tortura recibidas por la Procuración Penitenciaria Nacional en 2013, por las que se encuen-tran procesados 30 agentes del SPF.

En cuanto a capacidades y superpoblación, todo

parece indicar que el SPF cumple condiciones que el resto de los penales y comisarías del país no respeta. Mientras que en las cárceles que controla el SPF no se detecta superpoblación, en el resto de las unidades penitenciarias de jurisdicción provincial la situación es distinta. Según el último Censo Penitenciario Ar-gentino, la superpoblación es usual en unidades como Baradero (104,5%), Olmos (54,1%), Junín (50%), Catán (35,8%), San Isidro (33,1%), Florencio Varela (24%), entre otras.

A pesar del mejoramiento en las condiciones del SPF, la Procuración Nacional Penitenciaria advierte que existen casos de colapso en algunos penales como la Unidad 28: “que pasó a ser una Unidad de tránsito que no tiene condiciones para el alojamiento permanente de personas”. La misma situación se repite en el Noroeste, donde provincias como Salta y Jujuy decla-raron la emergencia carcelaria.

A su vez, la Procuración advierte que la capacidad del SPF se mide por la equivalencia “una cama = una plaza carcelaria” lo que no significa que en pabellones colectivos -donde pueden sumarse camas cuchetas para aumentar su capacidad- los presos puedan disponer de un espacio diferenciado para dormir, comer y pasar el tiempo.

Fue durante el último Congreso Federal sobre Refor-mas Legislativas donde se debatió el cambio de para-digma en el SPF. La desmilitarización es considerada como prioritaria ya que actualmente el SPF sigue estructurándose en forma vertical -como cualquier otra formación militar-, a través de las Fuerzas Armadas. Esto genera una lógica de cuerpo que difi-culta la cooperación con organismos e instituciones y obstaculiza el control político sobre la fuerza.

Los rastros de las dictaduras también pueden verse, por ejemplo, en que según la actual ley orgánica, la misión de los agentes del SPF comprende no solo la de seguridad sino también la de defensa, cuestión que nada tiene que ver con las cárceles.

En lo que coinciden quienes proponen la reforma es

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energíacomenzó a funcionar atucha 2Después de 32 años de avances y retrocesos, comenzó a funcionar el reactor de la central nuclear Atucha 2, que permitirá abastecer el equivalente al 5% de la demanda eléctrica nacional o al 12% de la demanda del Gran Buenos Aires.

A su vez, su puesta en marcha tiene como objetivo diversificar la matriz energética para reducir la dependencia del combustible fósil, cuya importación impacta negati-vamente en la balanza comercial.En conjunto con las centrales hidroeléctricas, las nucleares requieren una inversión inicial muy superior a las térmicas, pero ahorran más recursos y son más ecológicas en el mediano y largo plazo.

Fue el presidente Juan Domingo Perón quien creó la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950 con el objetivo de impulsar la soberanía energética y el desarrollo tecnológico. En su último gobierno, en 1974, inauguró Atucha I y rubricó el contrato para desarrollar la central Embalse Río Tercero.

Las obras para Atucha 2 comenzaron en 1982 pero se paralizaron en 1994 durante el gobierno menemista. Con las políticas anti industriales del neoliberalismo, se pensaba entonces que ya no era necesario generar

plan aplicado para el sector de motos, con una re-ducción del 15% en el precio de 39 modelos y líneas de crédito barato. Esto se combinaría con una rebaja del 10% en los precios de los autos, lo que replicaría en un aumento de las ventas.

En ese sentido, el titular de la Cámara del Comercio Automotor que agrupa a las concesionarias, advirtió: “Los últimos años fueron record absoluto en todo, ¿Cómo puede ser que no hagan un esfuerzo para sostener el empleo y hacer un aporte? Hay varias terminales que se radicaron en el país con exenciones impositivas, es decir, con el esfuerzo de todo el pueblo argentino. Las terminales tienen que devolverle al país lo que la Argentina les dio durante tantos años”.

auto-motri-cesdefinen acuerdo para evitar des-pidos y suspensionesEl Gobierno Nacional trabaja en un acuerdo a firmarse con las automotrices para frenar la caída del sector. Mientras la UIA y una parte de la oposición continúan pidiendo la abolición del impuesto sobre los autos de alta gama -que solo afecta al 4% de las ventas-, el gobierno apura la firma de un acuerdo que pueda restablecer el equilibrio del sector.

La caída de las automotrices llegó en mayo al 36% -22% en lo que va del año- mientras las suspensiones se multiplican.

Solo 3 de las 10 empresas que producen autos en el país -Ford, Toyota y Mercedes Benz, las únicas que no tuvieron caídas en su producción- no suspendieron personal. Mientras que las terminales tienen espalda como para suspender trabajadores y pagar su salario completo- solo representa el 4% en el costo total para fabricar un auto-, las autopartistas comienzan a realizar algunos despidos aislados como en el caso de Gestamp -el 50% del costo de la producción se va en salarios-.

En términos comparativos, la producción mantiene un ritmo de producción inferior a 2012 y 2011, pero superior a 2010 y 2009, por lo que la caída actual no significa una crisis terminal del sector.El principal problema que enfrentan las automotrices es cómo reducir el stock en un contexto de caídas en las ventas tanto internas como externas. Las ventas al exterior cayeron un 39,2% empujadas por la baja demanda de Brasil -que acapara el 88% de nuestras exportaciones-, Chile, México, Colombia y Uruguay. Empresas como Honda, que exporta el 80% de su producción, suspendieron la fabricación durante un mes pero pagarán el 100% de su sueldo a los 930 operarios.

Mientras tanto, las ventas internas cayeron un 40%, producto de los altos precios que mantienen las fábricas y de la suba de la tasa de interés tras la devaluación de enero. Esto afecta a empresas como Peugeot-Citroën, que vende el 75% de su producción en el mercado interno, la cual mantiene solo un turno de producción activo mientras el resto de los traba-jadores continúa en régimen de suspensión.

Los tres pilares en que se basaría el acuerdo a fir-marse entre gobierno y automotrices son: el cierre de un convenio comercial con Brasil, el anuncio de nuevos créditos prendarios para la compra de 0 km, y la baja de precios por parte de las empresas.

El acuerdo con Brasil implicaría mayor cantidad de importación tanto de autos como de autopartes argentinas hasta 2020, lo que alivianaría la situación tanto de las terminales como de las autopartistas.

Por su parte, los créditos a tasas accesibles que plantea el gobierno vendrían a achicar el costo de financiamiento para compras de 0 km, que aumentó considerablemente por la suba de la tasa de interés tras la devaluación de enero. La idea es replicar el

más energía. Fue así como se dejó en la calle a más de 3 mil trabajadores, que incluían técnicos e ingenieros nucleares de primera línea.

En 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner reactivó el plan nuclear pero debió enfrentar múl-tiples dificultades para concretar la obra. Por un lado, la empresa Siemens, que había desarrollado el reactor antes de la paralización de la obra, abandonó la actividad nuclear. Por otro, mientras la obra civil se encontraba muy avanzada, los componentes del reactor quedaron desarmados en carpas, a la espera de convertirse en chatarra.

Fue entonces que se decidió reconvocar a 800 espe-cialistas del sector, se formaron 187 jóvenes profe-sionales, 242 técnicos y 1300 soldadores nucleares. En ese sentido, el Estado invirtió, desde 2006, 14 mil millones de pesos de los cuales el 88% se invirtieron en componentes fabricados en nuestro país por más de 30 empresas proveedoras.

La puesta en marcha de Atucha II es la primera incorporación de energía nuclear al sistema eléc-trico, desde la inauguración de la central Embalse en 1984. Como el pro-ceso de puesta en marcha requiere de un aumento gradual de su potencia, recién a fin de año aportará el total de su potencial al sistema eléctrico nacional.

La industria nuclear continúa desarrollándose con el inicio de obra de la cuarta central nuclear y el desarrollo del primer reactor diseñado íntegramente en nuestro país.

en la necesidad de que las cárceles puedan cumplir su rol de resocialización: “Hay que acompañar con políticas que apuesten a generar una mayor inclusión de quienes están privados de su libertad. Se podría trabajar sobre el fortalecimiento de la estructura civil y política. Desarrollar políticas que apunten a generar la inclusión, a generar una relación para que esa gente que ya está excluida no quede aún más excluida”, afirmó Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.

La educación y el trabajo apa-recen como dos de los puntos fundamentales donde distintas políticas podrían cooperar con la resocialización. Actualmente, el 27% de los detenidos tiene el primario incompleto, mientras que el 40% solo completó la primaria. El 39% estaba desocupado y el 43% no tenía oficio ni profesión al momento de ingresar a la cárcel.

En cuanto a los penales de jurisdicción provincial, solo el 47% de los presos participa en las distintas moda-lidades de formación educativa como EGB, polimodal, terciaria y universitaria. Por su parte, solo el 19% participa de programas de capacitación laboral.

A diferencia de estos datos, en el SPF, el 80% de los presos par-ticipa en programas educativos, mientras que el 70% lo hace en talleres de formación laboral.

reforma imposi-tivaproponen reestablecer el impues-to a la herenciaEl Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB), más conocido como impuesto a la herencia, implica cobrar una tasa variable -de acuerdo al valor hereda-do- a quienes obtienen un bien -donaciones, legados, beneficios por fideicomiso o cobro de seguros, etc.- solamente por vínculos de parentesco o amistad.

A diferencia de los llamados impuestos indirectos (como el IVA) que son pagados principalmente por los que menos tienen, el ITGB forma parte de los que gravan las rentas, utilidades y patrimonios de los

13fondo. En enero de 2013, una encuesta revelaba que el apoyo popular a la realeza había caído a un 54%, cuando históricamente rondaba el 80%.

En ese sentido, los motivos de la abdicación, que citó el rey en su último discurso, se vincularon con la necesi-dad de rejuvenecer y relegitimar la monarquía para afrontar las demandas que se expresaron a través de las urnas con: “una generación más joven que pueda afrontar con nuevas energías las reformas que la coyuntura actual está demandando”.

El problema reside en que la “re-novación” de la realeza se resume en la asunción del Príncipe Felipe de Asturias, y no en los reclamos de un amplio frente político y social que exige una renovación de la política tradicional para poner fin al ajuste, a la desocupación y a la corrupción característica del actual sistema.

Allí se inscriben jóvenes fuerzas de izquierda como Podemos pero otras no tan nuevas como la Izquierda Unida e Izquierda Socialista -actual corriente interna del PSOE. Para todos estos agrupamientos, la monar-quía es parte fundamental de ese caduco sistema que los oprime.

Fue por eso que tras la abdicación, expresaron su posición antimonárquica en masivas manifestaciones donde reclamaron un referéndum para que los españoles decidan si quieren mantener la monarquía o recuperar la Tercera República.

Actualmente, la constitución española permite que el rey sancione y promulgue leyes, otorgue indultos, nombre embajadores, ponga fin al mandato de sena-dores y diputados, y convoque a elecciones.

En el mismo sentido, el rey goza de inmunidad absolu-ta tanto judicial como política, mientras que el Estado

sectores de mayores ingresos.

Existente desde la época del virreinato, el ITGB llegó a representar el 25% de las recaudaciones provinciales en 1946.

En 1976, la dictadura lo eliminó completamente, al mismo tiempo que elevaba el IVA. Esa transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos del país se vio caricaturizada en la propia vida del entonces ministro de economía José A. Martínez de Hoz. Al abolir el ITGB, el funcionario evitó pagar por la fortuna que en ese mismo momento heredaba.

Actualmente este impuesto se aplica en los países europeos pero también en América Latina. Ecuador, Chile y Brasil encabezan la lista con tasas que varían del 1 al 35%.

En nuestro país, la provincia de Buenos Aires rein-corporó el ITGB en 2009, con un mínimo imponible de 250 mil pesos y alícuotas que oscilan entre un 5% y un 16%.

Por su parte, el gobierno de Entre Ríos estableció el ITGB en 2013, con el objetivo de financiar el programa de desarrollo de la infraestructura social de la provincia.

La relevancia de este impuesto en la actualidad se vincula con que los sectores más ricos, en vez de invertir sus ganancias en producción y empleo, se llevan sus excedentes al exterior para luego hacer lobby y presionar por una devaluación. Las formas legales que utilizan son muy variadas: desde las remisiones de utilidades y el sobre giro por préstamos con casas matrices, hasta las inversiones

comer-cio ex-teriorevaden impuestos exportando soja argentina desde paraguayEl crecimiento exponencial de la producción de soja en Paraguay levanta sospechas de fraude con produc-ción argentina. Según el Banco Central de Paraguay, las exportaciones de soja tuvieron un crecimiento del 58,6% en 2013, muy distinto al 1,5% con el que la

CEPAL pronosticaba el desarrollo de las exportaciones regionales. A su vez, el precio de la soja se contrajo un 4% durante 2013, por lo que no existían razones de rentabilidad para un crecimiento tan desenfrenado.

Las sospechas se vuelven más evidentes si observamos lo que sucedió en Argentina durante 2013 con la co-secha de soja. En nuestro país, las agroexportadoras liquidaron lo mismo que en 2012, pero con una cosecha 20% mayor a la de ese año.

La diferencia -unos 4460 millones de dólares- se explicaría por el triangulamiento de la llamada soja blue a través de Paraguay, realizado por las grandes empre-sas trasnacionales, para evitar el pago de retenciones -35%- y la obligación de liquidar al tipo de cambio oficial. Esto, a su vez, generó la presión suficiente, a través del faltante de divisas no liquidadas, para conseguir la devaluación que finalmente se produjo en enero.

Del otro lado de la orilla, fue justamente durante 2013, que el congreso paraguayo aprobó un proyecto para gravar con retenciones la exportación de granos. Sin embargo, el presidente Cartes vetó total-mente la ley argumentando que las retenciones son un instrumento altamente distorsivo y regresivo.

Los especialistas coinciden en afirmar que los contro-les de entrada y salida de mercancías de nuestro país resultan insuficientes para controlar el contrabando. Es común que muchos barcos declaren transportar soja paraguaya para ser industrializada en nuestro país, pero que en realidad vengan con un 10% de esa carga para embarcar el 90% de soja argentina y luego exportarla a través de Paraguay. Así parece demostrarlo el reciente caso donde se retuvieron 34 embarcaciones de la empresa ADM Naviera Chaco, por sospecha de contrabando.

españala abdicación y el debate monar-quía o república El fracaso de los grandes partidos -PP y PSOE- en las últimas elecciones para el europarlamento y la crisis de representación que sufren todas las instituciones históricas de España, son las principales causas que provocaron la abdicación real.

La crisis del bipartidismo mostró sus consecuencias con la pérdida de más de 5 millones de votos para el PP y el PSOE. En paralelo, la llamada Izquierda Plural incrementó su electorado en más de un millón de votos, mientras que nuevas agrupaciones políticas como Podemos -representante del movimiento de indignados- de-butaron con 1,2 millones de votos. También hicieron su aparición nuevas formaciones que consiguieron representación en la eurocámara, como Ciudadanos o Primavera Europea.

Por su parte, la monarquía viene arrastrando tras de sí un creciente desprestigio. Tras los resonantes casos de corrupción que salpicaron al yerno y a la hija del rey, y con la imagen de éste cazando elefantes con su amante mientras en España la desocupación batía todos los records históricos, la monarquía tocó

español invierte 50 millones de euros anuales para mantener a su familia -sin contar los otros 50 millo-nes de gastos en viajes al extranjero, mantenimiento y conservación de palacios, seguridad y traslado, que son asignados a otros ministerios.

Hasta el momento, los efectos de la abdicación han generado éxitos tanto para la monarquía, que repun-tó su imagen pública hasta llegar al “sobresaliente”, como para el PP en el gobierno y para el PSOE en la oposición, que lograron rearmarse, abroquelándose en torno a la realeza, tras el desastre de las últimas elecciones.

Por otra parte, el nuevo rey deberá enfrentar el reclamo autonómico de Cataluña, que el 9 de noviem-bre próximo votará, si decide o no, su separación del resto de España. Al respecto, en su primer discurso, Felipe afirmó que quiere: “una nación, una comunidad social y política unida y diversa que une sus raíces en una historia milenaria”.

de corto plazo en el extranjero.

En ese sentido, el ITGB puede ser uno de los instru-mentos para retener esas ganancias con el fin de redistribuirlas luego, ya que no solo alcanza a perso-nas beneficiadas por bienes ubicados en nuestro país y en el exterior, sino también a personas que vivan en el exterior y hereden propiedades ubicadas aquí.

13ciudadla crisis habitacional y los niños con plomo en sangreSegún un informe realizado por el Auditor General de la Ciudad, un alto porcentaje de los niños que viven en villas de la Capital Federal tienen su sangre contami-nada con plomo.

Como resultado de la falta de una política progresiva de construcción de viviendas y urbanización, las villas se expandieron sobre terrenos contaminados con plomo.

Las condiciones en las que viven sus habitantes, influyen en que sean “zonas de alto riesgo ambiental”, ya sea por la falta de cloacas y agua potable como por la deficiente recolección de residuos. Todas obli-gaciones del Gobierno de la Ciudad.

En lo que respecta a la villa 21-24 de Barracas, esta se extiende sobre lo que fue un antiguo basural, a la vez que una parte de sus habitantes vive sobre la orilla del Riachuelo, contaminado históricamente por los residuos de las industrias. Como un ejemplo de las deficientes condiciones en las que viven estas familias, el 42% no tiene inodoro, mientras que el 58% restante tiene desagüe a pozo ciego, lo que aumenta las posibilidades de que la contaminación se extienda. El informe afirma que el 25% de 962 menores de seis años que viven allí, presentó plomo en sangre.

Los efectos que esto genera sobre la salud son preocupantes: desde anemia hasta daño cerebral pasando por hipertensión y disfunción renal. Por otra parte, también puede causar una reducción en el coeficiente intelectual y el tiempo de concentración,

radiografía de la clase dominante en la argentina/2

En el Café de los Patriotas-Ateneo General San Martín tuvo lugar la segunda charla “Radiografía de la clase dominante en la Argentina” a cargo del economista Ricardo Aronskind. Para profundizar los temas tratados en el primer encuentro, y a

pedido de vecinos y compañeros que plantearon la necesidad de avanzar en el debate propuesto, Aronskind explicó los procesos de concentración y extranjerización durante los 90 y los desa-

fíos económicos de nuestro país en la actualidad.

En el comienzo de la charla, el economista indicó que para comprender los procesos de concentración y extranjerización que tuvieron lugar durante la década de los años 90´ es necesario remitirse a la última dictadura militar, en tanto significó el retorno al poder de la clase dominante, que luego, a través de los gobiernos de Carlos Menem y la Alianza, completa-rá sus objetivos económicos y sociales. La dictadura no pudo mantenerse en el poder como quería, pero logró reorganizar la economía de manera tal que las finanzas y el capital extranjero pasaron a tener un rol determinante en la política económica interna.

Por su parte, el gobierno de Alfonsín intentó compa-tibilizar el pago de deuda externa y el crecimiento económico interno a través del Plan Austral, pero los sectores dominantes locales, aliados a los organismos financieros internacionales, presionaron y contribu-yeron a la situación de crisis que derivó finalmente en la hiperinflación. Las corridas cambiarias, azuzadas por los medios de comunicación que impulsaban la compra de dólares, y la falta de divisas promovida por los sectores exportadores que apostaron al descalabro económico, marcaron la salida anticipada del gobierno radical. Aronskind señaló que ante la mayor parte del pueblo argentino no quedó claro qué fue la hiperinflación ya que la acción política de los grupos concentrados fue invisibilizada.

La clase dominante volvió al poder del Estado en 1989 cuando Menem entregó el Ministerio de Economía al grupo Bunge y Born. Fue entonces, que la política económica respondió a la demanda de la clase domi-nante. Las privatizaciones a medida de los acreedores, la convertibilidad sostenida con endeudamiento -que llevó a la fuga de 370.000 millones de dólares-, y la extranjerización de empresas privadas, son ejemplos de esta política.

Por otra parte, Aronskind destacó que el modelo

económico fue tan insostenible que se desmoronó sin que la sociedad argentina lo tumbara políticamente. Recién con los efectos de su desmembramiento, el pueblo se movilizaría masivamente a las calles en diciembre de 2001.

Después de la exposición, las preguntas empezaron a surgir y a volcarse principalmente hacia el presente.

A propósito de la clase dominante de origen local, Aronskind indicó que desde el punto de vista econó-mico son cada vez menos relevantes, por el grado de extranjerización, pero que en lo político tienen un protagonismo muy importante, que se expresa en medios como La Nación y en organizaciones como el Foro de Convergencia Empresarial.

Ante la consulta de si existen sectores del poder económico que puedan comprometerse con un pro-yecto diferente al de los 90, el economista respondió afirmativamente. Sin embargo, llamó la atención acerca de las deficientes capacidades estatales para detectar y beneficiar a empresarios que verdade-ramente reinviertan sus ganancias en el desarrollo productivo. Como ejemplo, trajo a la memoria el reciente comentario de la Presidenta, cuando afirmó que algunos empresarios que se beneficiaron con créditos del bicentenario, utilizaron esos fondos para comprar autos de alta gama y no para invertir en bienes de capital. También recordó que los subsidios estatales beneficiaron durante años a sectores con altos ingresos como los casinos, y que esa situación se remedió hace muy poco tiempo. En ese sentido, desta-có que el Gobierno Nacional viene perfeccionando sus capacidades para intervenir en el desarrollo produc-tivo, pero que todavía falta desarrollar un sistema de premios y castigos como los que ya existen en países industrializados.

Junto a los comentarios sobre la puja distributiva que

se verifica en la suba de precios, se consultó también sobre la ilegitimidad de la deuda externa heredada que se demuestra en el informe de Alejandro Olmos. Aronskind explicó que la ilegitimidad jurídica no define estas cuestiones, sino la relación de fuerzas y la capacidad nacional para enfrentarse a agentes de poder económico.

En ese sentido, el reciente acuerdo alcanzado con el Club de París fue materia de discusión y consulta. Aronskind afirmó su relevancia en una coyuntura en la que el peligro de un golpe de mercado interno está latente. En ese sentido, afirmó que uno de los principales escollos que el gobierno intenta sortear con estos acuerdos es la necesidad de que ingresen inversiones y divisas para sostener las reservas y abortar la posibilidad de una nueva corrida financiera. En paralelo resaltó que las clases dominantes argen-tinas tienen un instinto sumamente suicida, y que históricamente han preferido que el país explote, con tal de voltear a un gobierno que no hace lo que exigen.

Continuando con el frente externo, Aroskind subrayó la importancia del fallo de la Corte de EEUU respecto de los fondos buitres. Si deciden no tomar el caso, y por lo tanto quedan firmes los fallos que obligan a la Argentina a utilizar una gran cantidad de reservas -15 mil millones de dólares- para pagar a estos acree-dores, el peligro de un golpe de mercado volvería a tomar forma. Al contrario, si la Corte toma el caso, el panorama es sumamente favorable, tomando en cuenta que cerrado el frente externo, el gobierno podría dedicarse plenamente a regular -en un esque-ma con mayores certidumbres- el tipo de cambio y la inflación, pudiendo ingresar al año 2015 con un sólido respaldo económico que permita lanzar nuevas medi-das para el desarrollo productivo, la redistribución y la justicia social.

discapacidad en el aprendizaje, restricciones en la lectura, pérdida de audición y limitaciones en el crecimiento, así como alteración de las funciones motoras y visuales.

En septiembre de 2010 se firmó entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, un convenio para el cumplimiento del Plan de urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental, como

es la villa 21-24. En cuatro años, el gobier-no porteño solo relocalizó al 14% de las familias que se encuentran en esa situación, y todavía le falta relocalizar a unas 1334 familias.

Los especialistas coinciden con que relocalizar a las familias permitiría que los niños contaminados puedan limpiar sus organismos, ya que el plomo circula por la acción del viento. El problema reside, como lo afirma la Asesoría General Tutelar, en que las relocalizaciones se hicieron en las comunas -8 y 9- que más dependen del sistema público de salud y educación, sin que el Gobierno de la Ciudad realice mayores inversiones en esas áreas: “Una mudanza no es solo vivienda digna; también es salud, espacios de recreación, escuelas. Nada de eso está previsto. La idea que subyace es: si el día de mañana van a tener una casa, eso es todo”.

En el caso de la Villa 20, donde el cementerio de autos de la Policía Federal -existente en los terrenos donde se extiende el nuevo asentamiento llamado “Papa Francisco”- contaminó el lugar, se estima que el 40% de los chicos tiene plomo en sangre.

La misma situación se repite en los terrenos de la villa Rodrigo Bueno, con un 25% de niños contaminados por otro depósito policial.

Si bien la mayoría de los autos ya fueron removidos, el Gobierno de la Ciudad no realizó la limpieza corres-pondiente ni la construcción de viviendas que impidan que la contaminación se expanda.

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Antes, como bandera, como símbolo de lucha ,te calzaste la remera de Los Bajitos sobre tu pequeño pecho ardiente. Después , fueron tuyas las que abriendo un surco en el terraplén llegaron a los durmientes encendiendo el fuego de la protesta . Lagrimas destemplando viejos rieles del San Martín, aunque no alcanzaban a ruborizar a jóvenes burócratas en interminables , enervantes negociaciones .Lagrimas de redención ,de reivindicación ,.... esta vez de una vivienda digna . Los rieles sirvieron

de yunque a los golpes de tus lágrimas, forjando militancia .

Lagrimas de bronca ,de odio , de impotencia, lagrimas de amor ..a los de abajo , que son los tuyos .

ALGUIEN DIJO, ALGUNA VEZ, QUE LA MILITANCIA ES AMOR

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