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especial caso amia

la ter-cera guerra mundialNi el atentado a la AMIA ni los hechos que rodean su investigación pueden entenderse sin comprender el

conflicto político-militar que signó la geopolítica in-ternacional tras el fin de la Guerra Fría. Las repetidas cruzadas de Estados Unidos y la OTAN contra países islámicos -sosteniendo excusas siempre dudosas-, la incapacidad para sostener invasiones en pueblos que resisten al dominio imperial -y que multiplican sus organizaciones islámicas radicales- y los atentados -poco esclarecidos- en países de todos los continen-tes, son algunas de las características de lo que no pocos describen como la tercera guerra mundial. Por encima de cualquiera de los hechos puntuales, el interés imperialista por recursos económicos indispensables para la maquinaría de dominación y sojuzgamiento de otras naciones.

La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman forman parte de un nuevo capítulo de esta contienda mundial, iniciado a comienzos de este año, tras el atentado contra el diario francés Charlie Hebdo.

Pero para empezar este racconto hay que retro-ceder muchos años atrás. A menos de un año de la caída del muro de Berlín y del desplome de la Unión Soviética, Estados Unidos y una coalición de 34 países -entre los que se encontraba Argentina por decisión del entonces presidente Menem- atacaba Irak con la excusa de frenar su invasión a Kuwait.

Dos años después, atentaban contra la embajada de Israel en nuestro país, donde vive la tercera comu-nidad judía más importante del mundo. Cuatro años más tarde, contra la AMIA. Nuestro país se convertía en el primero de todo el continente americano en recibir un ataque de estas características.

La victoria militar del imperio no le permitió derrocar a Hussein, a pesar de la rendición de su ejército, ya que el fin explícito de la guerra era liberar a Kuwait.

Para una nueva cruzada que terminase con Hussein y con cualquier otro foco “rebelde”, el imperialismo necesitaba

46una causa con la que generar los con-sensos internos y externos necesarios. El hecho fundamental de esta guerra, que modificó completamente la geopolí-tica internacional, es el ataque, en 2001, contra las Torres Gemelas de Nueva York. Su impacto mediático y político -tras su televisación en vivo- permitió popularizar el concepto del “eje del mal”, con el que Bush estigmatizó a Irak, Irán, Corea del Norte, Siria, Libia y Cuba, como países que supuestamente apoyaban al terrorismo.

La Doctrina Bush impuso una política en la que no se distinguen organizaciones terroristas -muchas veces creadas y financiadas por la CIA- de naciones que supuestamente las apoyan. Así sucedió con la inmediata invasión a Afganistán, y con la posterior “segunda guerra del Golfo”, bajo la excusa de que Irak escondía armas de destrucción masiva que nunca fueron halladas.

Sin embargo, la resistencia popular en ambos países y el rechazo internacional a una invasión permanente hicieron que el imperialismo cambiase de estrategia para atacar al resto del “eje del mal”. La Revolución de los Jazmines en Túnez, inicia en 2010 la llamada “Primavera Árabe”, caracterizada por la desesta-bilización de algunos de los gobiernos que Estados Unidos consideraba como amenazas.

Cae Gadafi en Libia, se inicia la guerra civil en Siria -amenazada por una invasión yankee que terminan frenando Rusia y China- pero no se logra conmover al régimen iraní.

Desde entonces, las amenazas de bom-bardeo a Irán no cesan, impulsadas prin-cipalmente por el gobierno israelí pero también por los republicanos en EE.UU.

Si se observa un simple mapa puede constatarse que Irán está rodeado de hecho, en términos militares. Por el este, EE.UU cuenta con 11.000 soldados en Afga-nistán y maneja tres bases militares en Pakistán; al oeste, 13.000 soldados norteamericanos permanecen en Irak; en el norte, las ex repúblicas soviéticas per-miten que los EE.UU utilicen sus aeropuertos con unos 3.000 efectivos a cargo: y en el sur, Qatar también mantiene tropas norteamericanas en su territorio.

Si bien la relación entre EE.UU e Irán tiene varios antecedentes de tensión suprema, como la toma de rehenes en la embajada de Teherán en 1979, el punto álgido en sus conversaciones queda de-terminado por la relación con Israel.

Ésta comenzó a complejizarse hace ya muchos años, con el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 y su rechazo a la ocupación de Palestina. Con la llegada al poder de Mahmud Ahmadineyad, en 2005, Irán pro-fundizó su posicionamiento, afirmando que el Estado de Israel debía desaparecer, a la vez que rechazó las inspecciones a sus centrales nucleares, después de que EE.UU los excluyera del intercambio internacional de conocimientos y materiales para el uso pacífico de la energía nuclear.

Desde 2006, la ONU, la Unión Europea y otros orga-nismos aplican sanciones económicas de todo tipo contra Irán. Desde un embargo militar y de telecomu-nicaciones, hasta la prohibición de ayuda financiera, estas medidas generaron que el país quede práctica-mente aislado del comercio internacional.

En 2013, y con la elección presidencial de Hassan Roha-ni, se inician negociaciones entre el país y los miem-bros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,

con el trasfondo de una aguda crisis en la economía iraní producto de las sanciones. Hasta ahora, esas rondas no lograron concretar ningún acuerdo, aunque sí pudieron aflojar las tensiones temporalmente.

En ese lapso, el foco de atención de la política del Pentágono pasó de Irán al ya famoso ISIS, un “efecto colateral” de la invasión yankee en Irak que ahora amenaza con controlar un territorio no menor de Siria e Irak.

Peor aún, la política de EE.UU se encontró sorprenden-temente aliada a Irán en su combate contra el ISIS, cuyas posiciones en el norte de Irak, son bombardea-das tanto por el ejército iraní como por la aviación yankee.

Al contrario, la política exterior israelí no modificó sus pedidos de bombardear a Irán, tanto por su posible fabricación de armas nucleares -Israel posee 200 ojivas y no admite competidores en Medio Oriente- como por su apoyo a organizaciones palestinas o libanesas que combaten a Israel. En ese punto pare-cen bifurcarse, la política exterior de Obama y la de Netanyahu-primer ministro israelí-, lo que no significa que la ultraderecha israelí gobernante no coincida con la ultraderecha yankee ahora dominante en el Congreso estadounidense. Los puntos de coincidencia son más que obvios. Algunos funcionarios, como el ministro de defensa israelí, calificaron el acuerdo como: “rendición ante la ofensiva amable de Irán, destinada a conseguir más tiempo”. En la misma línea, los líderes republicanos de EE.UU afirmaron que las negociaciones otorgaban “inmerecidas con-cesiones” al régimen iraní. Para cerrar el círculo, el Senado estadounidense en manos republicanas invitó a Netanyahu a dar una charla sobre “Terrorismo e Irán” en Washington.

Mientras tanto, el ISIS no dejó de ampliarse por Siria e Irak -amen de las bombas de la OTAN que no logran detenerlo-, mientras los talibanes se fortalecen en

Afganistán.

Así terminó 2014, con la decisión expresa de la ultra-derecha internacional de quebrar cualquier entendi-miento con Irán, y de reanudar, cuando fuera posible, una ofensiva terrestre contra el ISIS. Pareciera que 2015 trajo una rápida respuesta a sus deseos con el lamentable atentado contra el periódico francés Charlie Hebdo. De allí en adelante, la historia es mucho más conocida y fácil de recordar. Un nuevo impacto mundial -nuevamente vía filmación in situ y retransmisión por todo el globo- que rememoró aquel provocado por las torres gemelas, pero esta vez sin un claro objetivo al que contraatacar.

En pocos días, las consecuencias políticas del atentado en Francia -que golpearon a todos los países europeos- demostra-ron hacia dónde apuntaban los cañones. Arrestos y deportaciones de musulma-nes sospechosos con una ardua campa-ña mediática que otorgaba argumentos chauvinistas, refuerzo de los presupues-tos de las fuerzas armadas en Europa y de los controles migratorios y el envío de un portaaviones francés hacia Irak. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante, un nuevo impulso para la ultraderecha europea que ya conquistó varios escaños en las elecciones de 2014 para el europarlamento. Esa ultradere-cha que fundó el movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, y que pregona una xenofobia feroz que si bien todavía no trepa hasta la cabeza de los gobiernos, los condicio-na.

Así estaba el mundo cuando el fiscal Nisman decidió imputar a la Presidenta como encubridora de los

iraníes que supuestamente habrían atentado contra la AMIA. Un fiscal que recibía, según documentos desclasificados, continuos “consejos” de la embajada estadounidense.

El mismo día de su muerte, el ejército de Israel atacó un convoy en Siria donde mató a un general iraní, hijo de uno de los acusados en la causa AMIA. El ataque volvió a poner en vilo la paz entre ambos países, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales en Israel.

hundan a cristina Una vez aclarado el panorama internacional en el que se inserta un hecho político de tamaña envergadura, es preciso recapitular el contexto nacional. Sin embargo, antes de ingresar en este ámbito, valga una importante anotación donde se entrecruza lo internacional con lo nacional.

Desde su asunción como Presidenta de la nación, el paso de Cristina Kirchner por organismos in-ternacionales, foros, etc., ha levantado polvareda. Una jefa de Estado con un claro posicionamiento a favor de la integración latinoamericana, que en múltiples oportunidades denunció la intromisión

de Estados Unidos en los asuntos internos de otros países, y que también enfrentó a los pode-res económicos mundiales.

En el último año, ataque buitre de por medio, esta marca ideológica se profundizó, a punto tal de afirmar en su discurso ante la Asamblea General de la ONU:

“no solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también son terroristas económicos los que desesta-bilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación”. En el mismo sentido fue la decisión de alinearse con los BRICS, reclamando una multilate-ralidad que el imperio combate, en un año donde EE.UU y Rusia tuvieron serias rispideces.

No fueron pocos los que vieron en su final de mandato y su improbable reelección un indicio de que Cristina Kirchner podría acceder a una representación de nuestro país en algún organis-mo internacional -¿ONU?- que diera cuenta de su potencial como líder ya no nacional, sino regional. Una posible piedra en el camino para los planes imperiales de recuperar el “patio trasero”.

Volvamos al contexto nacional que precedió la muerte del fiscal Nisman.

El año 2014 encontró al gobierno avan-zando en reformas y resistiendo los ataques del poder real en Argentina. El sistema financiero que, claramente aliado con los buitres, buscó todos los métodos posibles para gestar una nueva devaluación. La corporación judicial, que apostó por impedir toda reforma que

le quitase su histórico poder de veto antidemocrático y su accionar de condi-cionamiento político.

Y el conglomerado neocolonial de grandes empre-sas trasnacionales y no tanto -ahora unificadas en el Foro de Convergencia Empresarial- que resistieron a capa y espada la sanción y poste-rior aplicación de la Ley de Abastecimiento.

Pero lo que dominó la escena política fueron las serias resistencias del único poder de la democracia que irónicamente se resiste a demo-cratizarse. Un poder que ha demostrado ser la última trinchera del establishment económico, con amparos y recursos que tiran abajo cualquier ley votada por los representantes del pueblo que afecte intereses “intocables”. El mismo que man-tuvo estancada la causa AMIA durante más de 20 años, en la más oscura de las tinieblas.

Como es de público conocimiento, los servicios de inteligencia siempre trabajaron codo a codo con la corpo-ración judicial, a favor de los poderes reales. Extorsionando o pagando coimas, siempre tuvieron un patrón común. Si la designación de nuevos fiscales y la reforma del Código Penal avanzaban en pos de limar el poder anquilosado de los jueces “de peso”, la destitución de la cúpula histórica de la Secretaría de Inteligencia (SI) los ponía en un virtual jaque mate.

Esa fue la frutilla del postre, ya que sin el control efectivo de los servicios, la corporación judicial perdía su potencial para condicionar. La única y final culpable de ese avance democratizador era la propia Presidenta.

Basta con hacer un poco de memoria para re-cordar que si en 12 años de gobierno los ataques mediáticos se concentraron en ministros, secre-tarios y personas cercanas a la Presidenta, en los últimos meses todos los cañones apuntan a la cabeza de la jefa de Estado. Las acusaciones que antes se expandían como un rumor cuasi mito-lógico ahora se convirtieron en causas judiciales con sendas repetidoras mediáticas que dictan sentencia las 24 hs. Las que recorrieron los últi-mos días del 2014 y los primeros del 2015 fueron: enriquecimiento ilícito, no repudio del atentado en Francia, pero también… -¿por qué no?- el asesinato de un fiscal que la denunció.

Los rumores de un posible “desorden social” en diciembre no tuvieron su correlato en la realidad. Después de 13 años de diciembres en los que con mayor o menor medida se daban situaciones de desborde social, nuestro país vivió uno de los fines de años menos conflictivos, en el plano social, de los que se tenga memoria.

Ya entrados en 2015, y como es de público conocimiento, Cristina Kirchner comenzaba un año electoral decisivo con una imagen positiva importante, que le permitía continuar siendo la llamada “gran electora”. Por ese motivo, su figura todavía mantenía un peso considerable para definir el “vuelo” de los distintos candidatos. Solo dañando seriamente su figura se lograría quitar-la de la contienda y obligarla a terminar su mandato en condiciones paupérrimas, que hicieran imposible cualquier “revival” del kirchnerismo.

En ese camino, la primera opereta del año buscó posicionar a la Presidenta como una jefa de Estado que no repudiaba las muertes y el horror

breve histo-ria de la causa amiaEl 18 de julio de 1994 una bomba destruye el edificio de la AMIA matando 85 personas e hiriendo a más de 300. La investigación judicial queda a cargo del juez federal Juan José Galeano, ahora imputado por encubrimiento. Mientras tanto, y según cables de la embajada argentina en Jerusalén, el gobierno israelí envía un diplomático para “coordinar una interpreta-ción unificada de lo sucedido”. Para el gobierno israelí era importante no culpar a Siria, ya que su primer ministro, Rabin -con el auspicio del gobierno de Bill

Clinton-, estaba avanzando en un acuerdo de paz con el gobierno sirio de Al Assad. Para Menem, también era importante desviar la atención de Siria, el país donde nació su familia, donde conoció a su esposa y desde donde recibió la financiación necesaria para su primera campaña presidencial.

En breve, el gobierno argentino, estadounidense e israelí coinciden en culpar públicamente a Irán, con la hipótesis de que Hezbollah habría cometido el aten-tado, aun cuando esa misma organización dependía férreamente de las decisiones del gobierno sirio.

Un día después del atentado, el entonces presidente Menem decreta la “extra-territorialidad” de la zona del crimen y otorga a Israel y EE.UU el control de la investigación. En breve, un capitán del ejército israelí encuentra entre los es-combros un block de motor con el nú-mero de fabricación intacto. Allí empieza el tránsito de lo que hoy conocemos como una pista falsa que encubrió la posible “conexión local”.

A continuación, la justicia da con quien habría “arma-do” ese motor -un reducidor de autos llamado Tellel-dín- quien acusa a agentes de la Policía Bonaerense de haberlo “apretado” para que entregara la traffic. Ello, a pesar de que nunca se encontró otro resto de la supuesta camioneta más que el block. Ello, a pesar de que a nivel mundial en todos los atentados donde se usó un coche bomba se encuentra por lo menos el 30% de los restos del chasis, puntas de eje y demás partes. También en la Embajada de Israel, el coche bomba literalmente se “esfumó”.

Ya en 1997 se conoce el video donde el juez Galeano soborna a Telleldín para que inculpe a policías bonae-renses, lo que destruye la hipótesis de la conexión local. La persecución contra miembros de la comu-nidad musulmana tampoco puede sostenerse en el

tiempo por falta de pruebas.

Pasarían seis años hasta que la Cámara Federal removiese a Galeano y siete para que un tribunal federal declarara nula la causa y absolviera a todos los imputados. Como se conoce en la jerga, todo volvía a foja cero.

En ese momento, 2004, se crea la fiscalía especial para el caso AMIA, a cargo de Alberto Nisman a la par que la causa judicial por encubrimiento -iniciada en el 2000- donde se imputa al ex juez de la causa, al ex presidente, al ex jefe de la SIDE, a agentes de inteligencia y otros funcionarios, recae en el juzgado de Lijo.

Desde el inicio de su investigación, Nisman se apoya en los servicios de in-teligencia locales y en sus contactos con agencias extranjeras, principalmente de EE.UU e Israel. Pero su ligazón principal era con la embajada estadounidense, de la que recibió “consejos”, a la que le anticipó sus movimientos y hasta pidió disculpas. Todo ello quedó ampliamente registrado en los cables de la embajada, filtrados por Julián Assange en el ya conocido caso de los Wikileaks.

Por lo tanto, y tomando en cuenta la geopolítica del momento, su acusación avanza sobre Irán. Dos años después formaliza esta posición, generando que In-terpol emita pedidos de captura -las ahora famosas “alerta roja”- para cinco ex funcionarios iraníes.

Desde entonces, el Estado argentino llevará al plano internacional su reclamo para que Irán colabore con la causa y extradite a sus funcionarios imputados

del atentado en Francia. Haya sido la práctica opositora cotidiana del Grupo Clarín o no, en tér-minos mediáticos el camino estaba allanado para la denuncia de Nisman, que no solo lo posicionaría como un fiscal capaz de enjuiciar a la Presidenta, sino también como quien lograría resolver al menos la causa por encubrimiento en el caso AMIA.

Justo cuando tras 15 años de iniciada la causa por encubrimiento, se consideraba posible que en junio de este año se iniciará el juicio oral, a cargo del ya famoso juez Lijo.

46la cau-sa por encubri-miento Como dijimos anteriormente, la causa por en-cubrimiento se inició en el año 2000, cuando uno de los prosecretarios del juez Galeano -Claudio Lifschitz- denunció que éste y Menem habrían acordado inventar la pista que se dirigía a los policías bonaerenses, con el fin de desviar la investigación. A ellos se habría sumado el ministro del interior, Carlos Corach, quien junto a un grupo de fiscales y abogados habrían otorgado 400 mil pesos/dólares a Telleldín para que testificase en contra de los policías bonaerenses.

Los acusados son entonces el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Alfredo Anzorreguy, los ex fiscales Eamon, Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, el reducidor de vehí-culos Carlos Alberto Telleldín y su pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen.

En la lista también aparecen el ex presidente Carlos Menem y el ex PFA y ex jefe de la Policía Metropolitana, José Alberto “el fino” Palacios, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anché-

en la misma. Como era de esperarse, el gobierno iraní nunca aceptó estos pedi-dos, teniendo en cuenta que extraditar a sus funcionarios significaba ponerlos primero en las manos de Interpol, una agencia claramente conducida por EE.UU, y en el mejor de los casos en las de la justicia argentina, altamente condicio-nada por dos de sus mayores enemigos.

Para destrabar esta situación, en 2013 el gobierno nacional firma el memorándum de entendimiento con Irán. En el mismo se establece la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales, cuyo objetivo sería analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de cada país. Con posterioridad, la Comisión emitiría un informe con recomendaciones sobre cómo proceder para ambas partes, comprometiéndose los gobiernos a tenerlas en cuenta en sus acciones futuras. Pero el punto fundamental del memorándum era el encuentro que se llevaría a cabo en Teheran entre la Comisión y las autoridades judiciales de ambos países, donde se procedería a interrogar a los funcionarios iraníes sobre los que pesaba la alerta roja de Interpol.

Fueron múltiples las voces de la oposición y de las corporaciones mediática y judicial que se alzaron con-tra el acuerdo. Pero la que sin dudas sobresalió fue la del ex embajador de Israel en Buenos Aires, Itzhak Aviran, quién afirmó: “la gran mayoría de los culpables ya está en el otro mundo, y eso lo hicimos nosotros. Pero lo más importante es que, después de tantos años, desde Israel estoy escuchando que Timerman, el famoso canciller argentino, quiere hacer una comisión para encontrar a los culpables de los atentados con los iraníes, que fueron los principales responsables de los mismos. Timerman tiene una historia bastante problemática con nosotros. Antes, su padre, a quien salvamos y del que solo recibimos injurias, y después el hijo, que hace estas cosas, que son antiisraelíes y

antijudías.”.

Para que el memorándum estuviera vigente, ambos gobiernos debían apro-barlo en sus respectivos congresos. El argentino lo hizo, pero el iraní no. A su vez, la justicia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la DAIA y la AMIA y dictó la inconstitucionalidad del acuerdo. Ambas asociaciones habían afirmado su apoyo al memorándum en una conferencia de prensa conjunta, pero cambiaron de actitud -sin mayores explicaciones- cuando fue presentado ante el Congreso.

En el mismo fallo que declaró la inconstitucionalidad, los jueces Farah y Ballestero proponen juzgar a los iraníes en ausencia, algo que la justicia argentina nunca realizó en este tipo de casos pero que la AMIA y la DAIA vienen reclamando desde hace tiempo.

Si hasta entonces Nisman no había ac-tuado en contra -al menos públicamen-te- de la línea de investigación oficial, el memorándum partió aguas. El fiscal se sumó personalmente a los pedidos de inconstitucionalidad con un duro dictamen en el que también acusaba a Irán de infiltrarse en otros países de Latinoamérica para fomentar actos terroristas.

Mientras a fines del año pasado la causa AMIA con-tinuaba sin mayores novedades, la de encubrimiento parecía avanzar-muy a pesar del juez Lijo- y abrir una nueva caja de Pandora.

zar y el ex PFA Carlos Antonio Castañeda. Por su parte, Corach todavía no está procesado aunque se continúa investigando su posible participación.

Recién en 2005, y tras una serie de recusaciones y apartamientos de jueces y camaristas, la causa quedó en manos del Juez Lijo. Desde entonces, el juez no ha hecho más que pujar por el sobresei-miento de los imputados. La primera vez fue en 2012, cuando esta medida fue apelada por las querellas de los familiares de las víctimas agru-pados en Memoria Activa -distanciados de la DAIA y la AMIA-, del ex comisario Ribelli y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Llamativamente, Nisman no acompañó esta ape-lación desde su fiscalía especial, lo que dejó a las querellas apelando en soledad.

En dos oportunidades, la Cámara del Crimen revirtió estos sobreseimientos y advirtió que Lijo no cumplió con las me-didas de investigación que se le venían indicando desde 2007. Los camaristas le ordenaron seguir la hipótesis de que el encubrimiento tenía como fin tapar la pista siria, y por lo tanto le recordaron su escasa voluntad para utilizar el fa-moso informe 106, donde se registraron las llamadas entre Galeano, Corach, Anzorreguy, Telleldín -y su abogado-, Beraja -Dirigente de la DAIA- y otros funcionarios relacionados a los servicios de inteligencia.

La última vez que la Cámara revirtió los sobresei-mientos de Lijo- especialmente el referido a Car-los Corach- fue en diciembre de 2014. En paralelo, los camaristas ordenaron el procesamiento de otros funcionarios, la realización de indagatorias a varios de los imputados y medidas de prueba con respecto al ex ministro.

Es en ese momento, en los últimos días hábiles de 2014, cuando el propio Nisman presentó un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, solicitando que el juicio oral en la causa por encubri-miento se realice en el primer semestre de 2015. Su pedido iba en la misma línea de celeridad a la que apuntaba la Cáma-ra, pero días después presentaría una denuncia que correría completamente el eje de la causa.

46nis-man: ¿qué dice su denun-cia?Como es de público conocimiento, Nisman decidió suspender las vacaciones con su hija para volver abruptamente al país, siendo que la feria judicial duraría hasta febrero y que por lo tanto su de-nuncia no sería tomada por la justicia. Su primera presentación ante la justicia fue realizada sin las pruebas porque, según afirmó ante los periodis-tas de TN: “no tuve tiempo de copiar todos los CD con escuchas telefónicas de la investigación”.

¿Cuál era el contenido de su denuncia? El fiscal sostenía que en base a escuchas telefónicas había podido constatar la existencia de una asociación para encubrir a los iraníes que habrían llevado

adelante el atentado, conducida personalmente por la Presidenta. El famoso Memorándum con Irán sería entonces el resultado de negociaciones cuyo objetivo era simplemente recuperar la relación comercial con ese país para importar petróleo por granos y armas. A cambio de ello, el gobierno lograría que la Interpol diera de baja las alertas rojas que permitían detener a los imputados en cualquier sitio fuera de Irán. Para lograr veracidad, el gobierno inventaría una pista falsa basada en un grupo de “fachos locales”, tal como lo sostiene el texto presentado ante la justicia.

Nisman, que ya había solicitado acelerar los tiempos para iniciar las indagatorias en el primer semestre del año, presen-tó su denuncia en la causa por encu-brimiento que lleva adelante el juez Lijo. Ello, a pesar de que su presentación no modifica sustancialmente la investiga-ción demorada por más de 15 años, que imputa a poderosos funcionarios del ex gobierno menemista pero también a algunos de sus ex compañeros de tra-bajo como los fiscales Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia. A pesar de ello, el impacto público de su denuncia desviaría la atención judicial de los imputados originales, como ya lo está haciendo en estos días, y se centraría en la figura de la Presidenta.

El fiscal quería que fuera el juez Lijo, responsable en la imputación contra el vicepresidente Boudou, quien tomará su denuncia, y no Canicoba Corral, responsable de la causa AMIA y quien debiera recibir todo tipo de pruebas o denuncias que modificasen la investigación del atentado. Si así no fuera, la denuncia sería “sorteada”, pero sin

saber en qué juzgado “caería”.

Desde su presentación y posterior difusión por los medios, la hipótesis que manejaba la denuncia recibió críticas desde los más diversos sectores. Si bien al comienzo se desconocían las pruebas, algunos de los elementos principales fueron rápidamente rebatidos.

El eslabón más débil de la cadena, reco-nocido por el propio diario La Nación, era sin dudas la idea de que el encubrimien-to tendría fines comerciales. Nuestro país no es importador de petróleo, sino de gas natural, fueloil y gasoil.

El déficit energético se basa en que necesitamos más gas del que producimos localmente para las usinas térmicas y para los consumos industriales y domiciliarios, como así también de combustibles con los que no contamos por falta de capacidad de refinamiento. En el mismo sentido, nuestro país no se caracteriza por tener una industria de armas de guerra que pueda resultar siquiera atractiva a un país como Irán. Tampoco hubo un crecimiento del comercio bilateral desde el 2011, cuando Nisman afirma que comenzaron las negociaciones.

El segundo naipe caído fue el que relacio-naba al memorándum con la posible baja de las alertas rojas. Como es de público conocimiento, Interpol solo puede anular las alertas por una orden del juez a car-go de la causa, que nunca llegó. A su vez, Ronald Noble, ex secretario general de Interpol y ex directivo del servicio secre-to estadounidense, afirmó que ningún integrante del gobierno argentino le pidió bajar las alertas.

El tercero, ya mucho más sombrío, se refiere a los presuntos agentes de inteligencia que Nisman indicaba como la “SIDE paralela” que supuestamente colaboró con el encubrimiento en contacto directo con la Presidenta. Ninguno de los dos acusados formó ni forma parte de la SI. Es más, uno de ellos se encuentra denunciado por la propia SI, aún antes de los cambios en su dirección, por tráfico de influencia.

El cuarto, es la reunión pública que mantuvieron Timerman y su par iraní en Siria, donde habrían acordado dejar de lado la investigación. Nisman afirma que la reunión fue secreta -a pesar de los cables de TELAM que cubrieron el evento- y para ello se basó en las declaraciones de Pepe Eliaschev y Gabriel Levinas. El primero, dijo haber leído un documento secreto que “circuló” por distintas can-cillerías donde se describía esta reunión, pero del que nunca se conoció ni se tiene una sola copia. El segundo, que tampoco

cuenta con ese documento, coincidió con Eliaschev pero desde los dichos de “fuen-tes oficiosas de la Cancillería de Israel”.

El quinto, las escuchas, que deberían ser la base sobre la que se sustenta la imputación de la Presidenta y el canciller. Todas se basan en dichos de personas cuyo apoyo al Estado de Irán es público y notorio desde hace años, y que hablan “en nombre de”. No hay escuchas ni a la Presiden-ta ni al canciller. También se basan, como lo dijimos anteriormente, en personas que decían tener puestos que en realidad no tenían.

El sexto, la posible pista falsa de los “fachos locales” no presenta una sola prueba.

A estos puntos principales le siguen otra larga serie de “pruebas” seriamente endebles: como ser que en el 17º aniversario del atentado, en julio de 2011, la Cancillería de Irán sacó un comunicado re-chazando cualquier participación en el atentado y que la Argentina nunca respondió; o que el em-bajador de la Argentina ante las Naciones Unidas no dejó su banca -sí lo hizo la Presidenta- cuando habló el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad,

ante la Asamblea General de 2011.

A pesar de las serias deficiencias de una denuncia basada en especulaciones -destacadas por diarios ultraopositores como La Nación-, declaraciones periodís-ticas y escuchas poco valiosas, el mul-timedios Clarín continúa divulgando “en cuenta gotas”, las escuchas telefónicas, mientras el juez Lijo ordena desgravar las 5000 horas de grabación. En los días que siguen antes del fin de la feria, el magistrado deberá decidir si la denuncia es parte de la causa que llevaba ade-lante o si debe ser sorteada para que un nuevo juez la investigue. Recién con posterioridad a esto, la causa pasará a manos del fiscal correspondiente, quien deberá establecer si encuentra mérito para imputar a la Presidenta y el resto de los funcionarios.

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