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Dos tópicos ético-políticos Por Jorge Giraldo Ramírez Educación, política y posconflicto Por William Restrepo Riaza Contra la ley Por Wilmar Martínez Márquez Después de la verdad y la reparación, el perdón Lo que hace que la educación sea educación y no adoctrinamiento es la respuesta ética: Joan-Carles Mèlich Fronteras al sur Por Verónica Giménez Béliveau Democracia y republicanismo. A propósito de la participación política Por Cristian Camilo Ramírez Participación política individual 2.0 Por Diana María Sánchez Pizarro Educación superior, potencialidades subregionales y orientación vocacional: disonancias Por Jorge Iván Gallego Mosquera, Verónica María Muñoz Serna, y Diego Armando García Gómez La ronda de las víctimas Por Jaime Rafael Nieto L. Respuesta a dos comunicadores apresurados Por Raúl Humberto Ochoa Carvajal Probablemente… llover sobre mojado Por Julio González Z. “Tenemos, cada vez más, que formar rebeldes competentes” Servicios de obstetricia y derecho a la salud vs rentabilidad Drogas, consumo y libertad Las fisuras de la construcción, un riesgo Aplicabilidad del principio de interés superior del niño, niña o adolescente en los procesos de impugnación de la paternidad Por Edna Patricia Camargo 2 10 18 22 24 29 32 40 48 54 57 59 61 68 74 78 82 ISSN 1657-429X N. 68 • MAYO/AGOSTO/2014 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Departamento de Información y Prensa –Secretaría General– Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. • Teléfonos 2195023 y 2195026. •E-mail: [email protected]http://almamater.udea.edu.co/debates Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de ex- presión de las disposiciones y pun- tos de vista de los universitarios. Alberto Uribe Correa, Rector • Luquegi Gil Neira, Secretario General Director: Heiner Castañeda Bustamante • Edición y correción de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Diseño: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

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REVISTA DEBATES N° 68 Mayo—Agosto 2014

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Dos tópicos ético-políticosPor Jorge Giraldo Ramírez

Educación, política y posconflictoPor William Restrepo Riaza

Contra la leyPor Wilmar Martínez Márquez

Después de la verdad y la reparación, el perdón

Lo que hace que la educación sea educación y no adoctrinamiento es la respuesta ética: Joan-Carles Mèlich

Fronteras al surPor Verónica Giménez Béliveau

Democracia y republicanismo. A propósito de la participación políticaPor Cristian Camilo Ramírez

Participación política individual 2.0Por Diana María Sánchez Pizarro

Educación superior, potencialidades subregionales y orientación vocacional: disonanciasPor Jorge Iván Gallego Mosquera, Verónica María Muñoz Serna, y Diego Armando García Gómez

La ronda de las víctimasPor Jaime Rafael Nieto L.

Respuesta a dos comunicadores apresuradosPor Raúl Humberto Ochoa Carvajal

Probablemente… llover sobre mojadoPor Julio González Z.

“Tenemos, cada vez más, que formar rebeldes competentes”

Servicios de obstetricia y derecho a la salud vs rentabilidad

Drogas, consumo y libertad

Las fisuras de la construcción, un riesgo

Aplicabilidad del principio de interés superior del niño, niña o adolescente en los procesos de impugnación de la paternidadPor Edna Patricia Camargo

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ISSN 1657-429XN. 68 • MAYO/AGOSTO/2014 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Departamento de Información y Prensa –Secretaría General– Ciudad Universitaria, Bloque 16 oficina 336. Medellín. • Teléfonos 2195023 y 2195026. •E-mail: [email protected] • http://almamater.udea.edu.co/debates

Respuesta al anhelo de estudiantes y profesores de disponer de una publicación que sea canal de ex-presión de las disposiciones y pun-tos de vista de los universitarios.

Alberto Uribe Correa, Rector • Luquegi Gil Neira, Secretario General

Director: Heiner Castañeda Bustamante • Edición y correción de textos: Luis Javier Londoño Balbín • Diseño: Juan Camilo Vélez Rodríguez • Impresión y terminación: Imprenta Universidad de Antioquia

El contenido de los artículos que se publican en DEBATES es responsabilidad exclusiva de sus autores y el alcance de sus afirmaciones sólo a ellos compromete.

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Dos tópicos ético-políticos*

PorJorge Giraldo RamírezDecano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la Universidad Eafit

Me ocupo de dos tópi-cos ético-políticos: el mal menor y el fin jus-

tifica los medios. Los llamo tópi-cos porque tienen un lugar bien establecido en la tradición occi-dental, tanto en el ámbito sofis-ticado de las teorías como en el imaginario y en las expresiones plebeyas. Podrían ser denomina-dos emblemas o adagios y tienen formulaciones proverbiales que hacen presumir una sabiduría antigua, eterna e irreprochable.

Me refiero a ellos como ético-políticos porque, a pesar de la car-ga negativa que poseen en socie-dades afectan al buen decir más que al buen hacer, hacen parte de concepciones éticas. Con ello, además, intento llamar la atención sobre tres asuntos relacionados

que exceden en mucho las pre-tensiones de esta reflexión, razón por la que están confinados en la introducción. El primero es que deberíamos sospechar del sentido implícito en la forma más común en que aparecen los términos éti-ca y política, y que precisamente se limita a una conjunción que tiene el efecto de resaltar las dife-rencias entre las dos y que parece anunciar que esa unión, si se da o cuando se da, es peregrina. El segundo asunto tiene que ver con la deriva que ha tenido la filosofía política en las últimas cuatro déca-das por la cual se apartó tanto de las referencias históricas y empíri-cas como del estudio de las con-figuraciones y los problemas de los procesos sociales y políticos, concentrándose de preferencia en la investigación sobre los fines últimos de la política (libertad, jus-ticia, bienestar). Ambos conducen

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a postular la necesidad. Tercero, de considerar la ética política o la ética pública como un campo propio que permita elaborar visiones alternativas a las que secular-mente ha ofrecido el realismo político y que le conceda un lugar preponderante al estudio de la acción política, de la conducta de los agentes políticos y de las condi-ciones del proceso político.

Me entiendo con ellos ahora que parece cada vez más razonable creer que el exaltado idealismo políti-co con que se recibió hace veinticinco años la caída del Muro de Berlín ha devenido en una frustración más, dados los baños de sangre en que se anegaron las ilusiones del cosmopolitismo liberal en Occidente, de un lado, y las esperanzas auténticas que suscitó en los colombianos el nuevo constitucionalismo incubado en aquellos mismos calendarios, de otro. Amén de esta declaración, si alguien supusiera que este discurso está afectado por los recientes acontecimientos —Siria, por ejemplo, o el reciente episodio reeleccionista en Co-lombia— no estaría muy descaminado tampoco.

En adelante examinaré el contexto teórico en el que se inscriben estos dos tópicos, sostendré que el objetivo declarado de los mismos —que es evitar los males mayores o procurar bienes supremos— no se cumple, revisaré un problema de la agencia moral en la aplicación de tales principios o argumentos, para terminar con unas aclaraciones indispensables.

Dos tópicos, dos teorías, una práctica Lo que llamo acá tópicos son argumentos clási-

cos que se pueden enmarcar en dos tipos de teorías que, a su vez, podrían inscribirse en dos escuelas del pensamiento político.

El principio del mal menor puede formularse de manera simple diciendo que ante una situación de necesidad, inevitable y dilemática, uno debe eludir el mal mayor lo que conduce fatalmente a aceptar o co-meter un mal comparativamente menor. Aunque en la literatura antigua existen ejemplos que se usan para describir el argumento, tales como Medea de Eurípi-des o la encrucijada de Poncio Pilatos en el Nuevo Testamento, su formulación completa proviene de una aplicación que Tomás de Aquino hizo a la política y, en general, es parte constitutiva del léxico de éticas religiosas como la cristiana y la judía. El desarrollo del tópico del mal menor se dio, sin embargo, en el mar-co de las teorías de la guerra justa y su resurgimiento en el siglo XX va de la mano de las discusiones sobre la violencia (Sartre) y la guerra (Walzer).

El principio que se enuncia como el fin justifica los medios diría que un fin cuyo valor y primacía son indu-dables basta para que se favorezcan todos los medios posibles para alcanzarlo, así ellos en sí mismos puedan ser moralmente dudosos o, incluso, malos. Formulado de este modo puede ser esgrimido por cualquier agen-te moral pero en el pensamiento político este argumen-to terminó siendo central en la teoría de la razón de Estado, hasta el punto de que la valoración del fin pasó a depender completamente de su promulgador, esto es, el detentador de la soberanía. Este principio puede remontarse a la defensa de los derechos del principado ante el papa que hizo Marsilio de Padua a comienzos del siglo XIV y está vinculado a la noción de autonomía de la política cuya paternidad se atribuye a Maquiavelo.

A pesar de que hay rasgos comunes entre estos ar-gumentos, ambos terminaron anidados en dos escue-las del pensamiento político distintas y rivales: el mal menor en el idealismo y el fin justifica los medios en el realismo. El idealismo definido como una escuela que entiende la política como parte de un solo dominio práctico y ético en el cual la acción está sujeta a un juego relativamente flexible de principios, considera-ciones prudenciales y excepciones; entre estas últimas el principio del mal menor ocupa un papel central. El realismo definido como una escuela que entiende la política como un ámbito distinto y con su propia moral en el cual la acción está sujeta a los resultados, el fin inamovible es el poder y su conservación, y los medios son evaluados exclusivamente en virtud de su eficacia; en este contexto se comprende la funciona-lidad que posee el principio el fin justifica los medios.

Durante largo tiempo las líneas divisorias entre el idealismo y el realismo político se mantuvieron claras y profundas, y los estereotipos sobre las fortalezas y flaquezas de cada uno sirvieron para alimentar los manuales de ciencia política y los lugares comunes en el debate especializado. Esas diferencias desapa-recieron con el final del siglo XX corto; es una de las tesis que quiero sostener acá.

A lo largo del cuarto de siglo trascurrido desde 1989, los idealistas han sido tan feroces y destructo-res como los realistas más desembozados y es hora de que empecemos a ajustar cuentas con ambos. Los idealistas han subordinado todos sus actos a la bús-queda febril de fines que consideran últimos y justos (la paz y la democracia universales, han sido el caso) asumiendo un perfil misionero, muy semejante al de sus antecesores religiosos y políticos. Los realistas ce-dieron a la tentación de presentar los intereses bajo

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máscaras altruistas e impusieron su modus operandi gracias a una supuesta eficiencia y, sobre todo, a la práctica carencia de métodos en competencia. De este modo, la divisa del fin justifica los medios obtuvo una gran fluidez hacia la dirección idealista, mientras la sacralización de los fines fue adaptada muy flexi-blemente por los realistas. La frontera entre políticas y políticos idealistas y realistas ha desaparecido, y esa mezcla deja malherida a la ética política, deslustrados los fines de la acción política y ampliamente deslegiti-madas muchas formas de actuación política.

¿Qué permitió que dos corrientes políticas adver-sas y aparentemente incompatibles se mezclaran y dieran lugar a una práctica política que se propone fines altamente virtuosos, que interpretan fielmente las partituras de la corrección política, con medios que ya habían sido condenados en la legislación in-ternacional y la conciencia pública?

Pérdida de la reluctancia moralOriginariamente los tópicos del mal menor y del fin

justifica los medios operaron como mecanismos inter-nos de contención o, al menos, canalización del uso del poder político. Fueron mecanismos de contención en cuanto permitieron establecer unas prioridades res-pecto a los fines de la acción colectiva, en el segundo caso, y unos límites a la misma, en el primero. Fueron mecanismos internos porque su evaluación y decisión competían excluyentemente a los titulares de la sobera-nía o sus delegados, y porque eran alternos a controles externos del poder político, como el derecho.

Dado este objetivo de autolimitación y refrena-miento del uso lesivo de la autoridad, cada uno de estos principios implica un argumento que involu-cra el cumplimiento taxativo de requisitos ciertos, explícitos o no. Veámoslos.

En el caso del argumento del mal menor, el punto de partida es la comprensión respecto a lo que cons-tituye un mal y la evidencia de que se trata de un

mal mayor. Dado el contexto en el que se desarrolla de modo más amplio —la teoría de la guerra jus-ta— y la capacidad de daño del poder de los agentes políticos, la idea de mal mayor cobró pronto el ca-riz de emergencia suprema u otras expresiones que denotan la inminencia de una situación catastrófica. Esto puede explicar que desde ella se devalúe mo-ralmente la posición de quien se niega a someterse al dilema. Tales, comprensión y evidencia proporcio-narían la base para justificar una excepción respecto a los compromisos con personas o valores. Se trata, además, de una acción consciente de que se comete una violación moral y no simplemente un mal de-rivado de una acción buena, lo que corresponde a otro principio (el del doble efecto). Finalmente, el mal menor implica la participación activa en el des-encadenamiento del mal, algo que en la práctica de este principio tiende a olvidarse con facilidad.

El argumento del fin justifica los medios tiene una apariencia de desregulación que, de acuerdo a la tra-dición, es equívoca en tanto el fin propuesto no es nada indefinido. Al contrario, se trata de un único fin ampliamente justificado por los pensadores eu-ropeos entre los siglos XVI y XVIII, que consiste en la conservación y estabilidad del Estado, lo que cerró durante largo tiempo la discusión respecto a fines alternativos. A pesar de la merecida mala fama de la razón de Estado, la expresión maquiaveliana res-pecto a que los buenos resultados excusan las acu-saciones generadas por los hechos se refiere al bien común de la ciudad. Y es que —si seguimos a Bob-bio— la acepción realista de orden político integró las maneras precedentes de entender el bien común y la justicia. De igual manera, la discrecionalidad que se da a la elección de los medios está regida por la eficacia de los mismos, lo que en principio descarta el uso de medios superfluos o inapropiados.

En las respectivas doctrinas se espera que el titular del juicio y de la decisión políticos tenga la suficiente prudencia como para cumplir con cada una de las

El principio del mal menor puede for-mularse de manera simple diciendo que ante una situación de necesidad, inevitable y dilemática, uno debe elu-dir el mal mayor lo que conduce fa-talmente a aceptar o cometer un mal comparativamente menor.

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cláusulas de los procesos y garantizar razonablemen-te que no se menoscabe la posición de la comunidad política que representa. Así, estas tradiciones bajo-medievales y renacentistas valorizaron procedimien-tos mucho más elaborados que el criterio costo/be-neficio del utilitarismo o la conveniencia táctica del marxismo, doctrinas que postergaron la deliberación moral hasta llegar a ignorarla.

La evaluación de estas cláusulas suponía, en abs-tracto, satisfacer unas condiciones, salvar restriccio-nes, como paso previo a cualquier acción que pudiera ocasionar un daño o un mal. Era una manera de obje-tivar una idea de contención o moderación e impedir la discrecionalidad absoluta y la actuación reactiva e inmediata. Aunque es difícil, empíricamente, hacer afirmaciones rotundas sobre el cumplimiento de este propósito regulador, sí es posible decir que siempre que ellas se olvidaron el efecto catastrófico de las gue-rras y la violencia política fue mayor. Tal es el caso de las guerras napoleónicas, la guerra de religiones polí-ticas en el siglo XX y las guerras posmodernas de las últimas décadas. Como era de esperarse, esta laxitud respecto a lo que otrora, o formalmente, eran límites, estuvo dada por cierta conformidad con la aceptación del mal o de medios excesivos y contraproducentes.

A este fenómeno le llamo pérdida de la reluctan-cia moral.

La recuperación de la reluctancia moralNormalmente en el vocabulario de la ética el sen-

timiento que neutraliza los actos malos en la persona se conoce como pudor o vergüenza. Dado que en el ámbito público se espera que la autoridad actúe con responsabilidad cumpliendo las funciones que le fue-ron conferidas, los sentimientos puramente personales no tienen cabida. Por eso, prefiero el término reluc-tancia que conlleva la idea de que, aun pensando en términos de consecuencias, el agente moral ofrezca resistencia a la tentación o necesidad de actuar mal.

Ante el más común vocablo resistencia, prefiero la palabra reluctancia por el énfasis que la etimolo-gía latina denota: reluctari, luchar contra. También me parece mejor que reticencia —término que usa Arendt— y que se refiere al estar callado intencional-mente (reticere), que me luce todavía más pasivo que el permanecer de pie que subyace en la resistencia. No se trata de falta de voluntad para hacer, de va-cilación, indecisión o negligencia, que van contra las obligaciones que contrae el decisor político cuando

acepta su encargo. Se trata de una auténtica oposi-ción a los actos incorrectos o indudablemente malos que estaría demandando el deber. La reluctancia es particularmente relevante para los agentes políticos en cuanto están abocados a tratar situaciones problemá-ticas con más frecuencia que los demás, no pueden eludir la demanda de una solución, y esta implica, a veces, optar por una acción dañina o mala.

Ahora bien, ¿cómo se expresa la reluctancia moral en algunas de las versiones contemporáneas de los principios del mal menor y el fin justifica los medios?

Para ambos tópicos serían válidas al menos dos condiciones. La primera tiene que ver con el carácter problemático de la situación. Desde la posición idea-lista el punto de partida consiste en establecer que la situación que se arrostra definitivamente es inmoral, es decir, que no hay soluciones libres de costos mo-rales. Desde la posición realista se trata de establecer que la situación que se arrostra definitivamente es excepcional, es decir, que los recursos normales a la mano no son idóneos para tratarla o resolverla. La segunda condición surge debido a la asunción de la soberanía popular. Para cualquiera de las dos posi-ciones la legitimidad es un criterio necesario aunque, como se verá, no suficiente para visar una elección determinada. Y en ambas, la legitimidad va más allá del cumplimiento de atribuciones legales.

En la intimidad de cada una de estas posturas, las restricciones que ayudan a darle cuerpo a la reluctancia moral adquieren tonos más particulares. Para los soste-nedores de la vía del mal menor, los mecanismos de control de la decisión política pasan por la exigencia de generar una cultura que obstaculice la fácil admi-sión de decisiones inmorales, esto es, que mantenga altos los umbrales de intolerancia hacia el mal. Ade-más, empiezan a aceptar que las buenas intenciones no constituyen ninguna garantía de que no se provo-carán grandes males. Para algunos realistas políticos la apelación a ciertos medios exige una demostración de su eficacia y legitimidad, con la novedad –dada la variabilidad de los fines en los Estados contemporá-neos– de que se plantea que los fines de la comuni-dad política deben pasar por el tamiz justificador de la legitimidad democrática. Solamente para realzar los puntos de contacto, y por la importancia que este pro-blema tiene en nuestro país, observaré que la corrup-ción es inadmisible en ambas interpretaciones.

En general, desde cualquiera de las dos perspectivas se trata de crear parámetros más exigentes que los co-

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nocidos para minimizar el número de decisiones inmo-rales o ineficientes y el alcance de los daños o efectos contraproducentes de ellas. En palabras de algunos de sus teóricos se trata de posibilitar un camino intermedio entre el cinismo y el fundamentalismo (Bobbio), entre el cinismo y el perfeccionismo (Ignatieff).

Algunas dificultades saltan a la vista. Una situación de inmoralidad compleja puede resultar del intento de cualquier actor político por manipular las eva-luaciones acentuando la gravedad de una opción y subestimando la que, de antemano, considera prefe-rible. La excepcionalidad de una situación puede ser el resultado de una adulteración de los elementos de juicio sobre la prontitud de la respuesta y la carencia de recursos normales para atenderla. Es de uso común creer que la democracia permite decisiones libres y públicas sobre los valores e intereses comunes de la sociedad; además, los idealistas están convencidos de que la democracia es refractaria al ejercicio de la vio-lencia. Pero la referencia a la democracia lo único que hace es trasladar la carga de la prueba del ámbito de las decisiones arriesgadas en situaciones de emergen-cia al de la configuración y calidad de las instituciones democráticas; como si en los dos siglos trascurridos desde la declaración kantiana de fe en la democracia hasta hoy no hubiera ocurrido nada y no se hubiera falseado ya suficientemente la tesis de la paz demo-crática, como si el siglo trascurrido desde que comen-zara la Gran Guerra y los setenta años desde la firma de Yalta hubieran dejando indemne esa quimera.

Aquí mi punto consiste en mostrar las limitaciones de una mirada puramente institucional, abandonada a la confianza en las normas escritas, los esquemas de control entre entidades administrativas o los poderes supuestamente benéficos de nuestras organizaciones políticas y sociales; a todo aquello que Paul Ricoeur llama “las estructuras de una comunidad histórica”. Y, a partir de ahí, señalar la imprescindible urgencia de recuperar las reflexiones sobre las personas, los líderes, los gobernantes, los jefes, pero también los ciudadanos, o sea, aquellos que denominamos ge-néricamente como los agentes morales. En últimas se trata de que en asuntos éticos o morales siempre estamos ante comportamientos individuales.

Agencia moral y lo que es como debería serEstas limitaciones de las que acabo de hablar no

deben achacarse con ligereza a la baja calidad de las

normas y parámetros de comportamiento o a la mal-dad esencial de los seres humanos que hace su apa-rición ante la primera oportunidad o a la capacidad refractaria del mundo a la acción perfeccionadora de los seres humanos, aunque no niego que estos y otros factores puedan incidir efectivamente. Pasa, simple-mente, que la contingencia en la vida social y moral es impredecible e inmensurable, que ninguna norma por mucha sabiduría que contenga puede captar las derivas de la elección y de la acción, que alguna bon-dad intrínseca con frecuencia va de la mano de males evidentes, que a nuestra limitada racionalidad esca-pan muchas y gravosas consecuencias indeseadas.

Recurro a la noción de agencia para aludir a la ca-pacidad de actuación de una persona en su entorno (agere). Normalmente se admite que existe una agencia no individual pero, como acabé de afirmar, me interesa llamar la atención sobre la agencia personal o indivi-dual. Es evidente también que esta preocupación se enfoca en la agencia moral, la que tiene que ver con la capacidad de juzgar y la voluntad de actuar. Como in-tento hablar de ética política, me concentro en aquellos de quienes se puede decir que les cabe responsabili-dad política, aquellos que tienen un poder político su-perior a un voto en las elecciones rutinarias de nuestras democracias, por decirlo así. Si prestamos un poco de atención veremos que no son pocos, que no se limitan a lo que en algunas teorías políticas se conocen como élites, y que abarcan a todos aquellos que participan en la esfera pública con algunos grados apreciables de influencia, fuerza o poder. De estos me interesan, el gobernante y el intelectual, que epidérmicamente se distinguen por la diferente valoración que tienen de su propio poder y que se diferencian menos por la pose habitual de ambos de restarle peso a su responsabilidad particular de cara a los asuntos públicos.

Por supuesto, la agencia moral tiene más importan-cia para quienes creemos que las personas pueden influir notablemente en su contexto social y que su potencia para juzgar, decidir y hacer representa cierta probabilidad de cambiar el estado de las cosas tal y como lo han recibido. Presupuestos como la libertad, la razonabilidad, la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, están incluidos en esta con-cepción. Existe una distancia considerable con todos aquellos que desdeñan la importancia de la persona singular. Pero también con quienes subestiman la sin-gularidad de las situaciones y que conciben el mundo como una planicie regular y dura, carente de rugosi-dades y anomalías, de sombras y sorpresas.

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Este encuentro de singularidades, la de la persona y la de la circunstancia, es el que hace imprescindi-ble en toda concepción de la ética un último resguar-do para las nociones aristotélicas de la prudencia y la equidad, las que se entienden con lo irregular y ex-cepcional, con lo particular y lo no repetido. Se trata del tercer ámbito que Alessandro Ferrara, profesor en la Universidad de Roma, ha intentado rescatar a partir de aquellas indicaciones de Aristóteles que, al parecer, no tuvieron tanta resonancia en la tradición. Ferrara se refiere en término de fuerzas a “lo que es”, ese mundo irreductible o que al menos produ-ce una fricción que nos hace sentir como la mosca que choca contra el cristal de la ventana; a “lo que debería ser”, el mundo ideal de las aspiraciones, los valores, los modelos y las normas, buenos to-dos ellos; y, finalmente, a esa poco estimada tercera fuerza de “lo que es como debería ser” que se defi-ne, cito, por: “la singular y excepcional congruencia que lo ejemplar realiza y exhibe entre el orden de su propia realidad y el orden de la normatividad a la que corresponde”. Puesto que lo ejemplar es encarnado, no es utópico ni perfeccionista, se sitúa en el horizonte de lo realizable. Tampoco se trata de que lo ejemplar sea íntegro, pues el ejemplar puede ser cotidiano y parcial; no es necesario que se subordine a la santidad o al heroísmo.

Héroes trágicos e intelectuales banales En la cita anterior la palabra que se subraya es

No se trata de falta de voluntad para hacer, de vacilación, indecisión o negligencia, que van contra las obligaciones que contrae el decisor político cuando acepta su encargo. Se trata de una auténtica oposición a los actos incorrectos o indudablemente malos que estaría demandando el deber. La reluctancia es particularmente rele-vante para los agentes políticos en cuanto están abocados a tratar situaciones problemáticas con más frecuencia que los demás, no pueden eludir la demanda de una solución, y esta implica, a veces, optar por una acción dañina o mala.

congruencia, pero la que le da sentido a la argumen-tación moral y política es lo ejemplar. La ejemplari-dad no parece muy atractiva en una época saturada de imágenes y palabras, discursos y declaraciones; tampoco parece apropiada ante la hegemonía del paradigma democrático que supone multitudes, jui-cios colectivos y decisiones masivas o consensuadas, y esto porque lo ejemplar es singular y encarnado.

Los tópicos ético-políticos alrededor de los que estoy especulando se enuncian bajo la forma de ex-cusas. De dos males el menos malo, el fin justifica los medios o sus versiones populares a falta de pan bue-nas son tortas o para hacer tortillas hay que quebrar huevos; como se los tome, su pronunciación es la de una justificación. Lo ejemplar, entendido de aquella manera, no cabe como muestra de ellos. Más bien lo ejemplar podría constituirse a partir de la superación de los dilemas y las resignaciones que conducen a obrar mal. Pero esto no significa que no podamos encontrar figuras que los representen.

Quien es capaz de hacer una elección efectiva ante dos males, quien puede usar medios determi-nados para lograr un objetivo, en el plano político y convertir esa elección en una iniciativa que moviliza instituciones y gente para realizarla es el dirigente, el gobernante, la autoridad, con las deducciones o car-gas anexas a su posición y a su nivel. Como dijimos antes, la apelación a los principios del mal menor y el fin justifica los medios implica siempre, para el

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primero, o con frecuencia, para el segundo, la co-misión de un acto dañino, de un mal moral. En una situación que cumpla las condiciones de emergencia y excepcionalidad que estos principios exigen, quien surte con éxito su tránsito es acreedor al reconoci-miento por haber cumplido con su responsabilidad, por haber realizado grandes cosas. Ahora bien, eso no elimina el hecho de que cometió un mal. La figu-ra que le hace justicia a esa ambivalencia de la ac-ción política es la del héroe trágico. No me interesa en este punto si en el momento en que este se en-frenta consigo mismo siente algo así como remordi-miento; lo importante es que el juicio externo debe mantener la reprobación por el mal causado, de ahí el carácter trágico de este héroe.

Sigo a continuación, brevemente, a Hannah Arendt respecto a aquellos que no juzgan, ni eli-gen, ni deciden, pero que son indispensables para que la acción política se efectúe. Es muy conoci-da la figura del malo banal, quien incrustado en una máquina burocrática se ampara bajo el mo-tivo del cumplimiento de órdenes y ante quien Arendt cambia la pregunta de la obediencia por la del por qué apoyaste esas acciones. Pero como ella misma dice, hay otras más decisivas para la cuestión moral, como la de las personas corrientes de la “sociedad respetable” (el sarcasmo es suyo) que actuaron sin convicción aceptando automá-ticamente una moral sustituta en la que el mal aparecía como legal, normal o inevitable. Y otras llamativas, como la conducta de los no participan-tes, a quienes reivindica porque hicieron uso de su capacidad de juzgar y cuya postura le lleva débil-mente a reconocer la importancia de los talantes

“dubitativos y escépticos” que, al menos, ante am-bientes hegemónicos se esforzaron por preservar su autonomía. Veo en esta última postura y en el aprecio de la autora cierta recuperación del valor de la abstención, la marginación o el retiro.

Pero adonde he querido llegar —estando en una universidad e impresionado por el momento que vi-vimos— es a la figura del intelectual, en especial en lo que atañe a su autoridad y responsabilidad. Hay un asunto importante en la esfera académica que tiene que ver con los valores epistémicos puestos en peligro por la comercialización del conocimiento, la prioridad de la cienciometría sobre la ciencia mis-ma y la adaptación de los métodos y resultados a los moldes exigidos por el mercado o por la corrección política. Este asunto no está exento de problemas morales pero no está en el núcleo de esta reflexión.

Ir más allá, supone preguntarse por el papel de los intelectuales, de la universidad y de los maestros en la formación de una cultura política que sirva de trasfondo firme para el tratamiento de los principales problemas morales que puede enfrentar una socie-dad. Después, examinar cuál es su contribución al análisis honesto (el adjetivo es de Pierre Bourdieu y lo define como trabajo intelectual con respaldo cien-tífico) de las situaciones de hecho que se presentan por los políticos prácticos como exigentes de la apli-cación de los dos tópicos de que trato y de otros más. Y, tal vez no finalmente, la deliberación crítica, la construcción de probables escenarios no dilemá-ticos, la desconfianza sistemática en los arcanos del poder, la búsqueda de salidas que fecunden el cam-bio social, en aquellos momentos en que las insti-tuciones creadas para decidir se aprestan a hacerlo.

Hay un asunto importante en la esfera académica que tiene que ver con los valores epis-témicos puestos en peligro por la comercialización del conocimiento, la prioridad de la cienciometría sobre la cien-cia misma y la adaptación de los métodos y resultados a los moldes exigidos por el merca-do o por la corrección política.

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AclaraciónNo me he ocupado de las cuestiones determinan-

tes de lo que podría ser una ética política. Apenas de un par de tópicos habituales que, teniendo oríge-nes diversos, han convergido en la práctica política y en el sentido común de los años que siguieron a la caída del Muro de Berlín, y que fueron saludados con entusiasmo por los muchos, aunque por razones distintas y con esperanzas divergentes.

He usado los conceptos de idealismo y realismo de manera ilustrativa, didáctica podría decir, y muy imprecisa, y he ampliado su aplicación para abarcar también la política doméstica y no sólo la interna-cional. He querido indicar que los idealistas se han preocupado principalmente de los fines y que los realistas lo han hecho de los medios, y que ambos constituyen grosso modo sendos discursos éticos distinguibles. En rigor, las fronteras entre ambos han sido muy lábiles, como lo pone de presente Alasdair MacIntyre al decir que “Maquiavelo se asemeja a Platón cuando pone en claro las ocasiones en que la ética y la política se unifican”. En mi opinión esa labilidad ha desaparecido y en Occidente —adón-de pertenecemos— se han fundido formando un frankenstein teórico que usa artillería pesada.

La elección de estos tópicos para el examen que acabo de hacer se debe al asombro que me sigue causando el éxito, en el mundo y en Colombia, de estos principios que me han lucido, y me lucen cada vez más, brutales y conservadores. Espero que su brutalidad se haya comprendido. Su conserva-durismo estriba en que, detrás del mal menor, hay un imaginario desconfiado hacia la innovación y el cambio políticos; ahí está el prejuicio de “mejor malo conocido que bueno por conocer”. Aunque el fin justifica los medios tiene una estructura abierta, su práctica ha dependido siempre de los poderes realmente existentes, cuya física les impele a con-servarse y ampliarse.

A esa bestia formada por los ideales más qui-méricos, buscados mediante medios catastróficos, habría que oponer una ética política de fines mo-destos y medios razonables, que restituya en su ca-rácter las emergencias y las excepciones, que se es-fuerce al límite por cumplir el principio de no dañar y se apoye en una ejemplaridad innovadora que promueva el cambio social. Una ética política que podría nombrarse “realismo esperanzado” como lo llamó Carlos Alberto Calderón, mi primer profesor de filosofía. Un programa por realizar.

BibliografíaSobre ética política: Alasdair MacIntyre, Historia de la éti-ca, Barcelona, Paidós, 1981; Joseph Raz, La ética en el ámbito público, Barcelona, Gedisa, 2001; Paul Ricoeur, “Ética y moral”, en Carlos Gómez (ed.), Doce textos fundamentales de ética del Siglo XX, Madrid, Alianza Editorial, 2012, 241-255; Dennis F. Thompson, “Po-litical Ethics.” International Encyclopedia of Ethics, H. LaFollette (ed.), Blackwell Publishing, 2012.Sobre idealismo y realis-mo: Raymond Aron, Paz y guerra entre las naciones, Madrid, Alianza, 1985. Da-vid Sanders, “Relaciones internacionales: neorrealis-mo y neoliberalismo”, en R. Goodin y H-D. Klingemann (eds.), Nuevo manual de

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Editorial, 1987. Norberto Bob-bio, Teoría general de la políti-ca, Madrid, Trotta, 2003.Sobre agencia política e in-telectual: Isaiah Berlin, El sentido de la realidad, Ma-drid, Taurus, 2000. Hannah Arendt, Responsabilidad y juicio, Barcelona, Paidós, 2007. Alessandro Ferrara, La fuerza del ejemplo: expli-caciones del paradigma del juicio, Barcelona, Gedisa, 2008. Carol Stabile & Jun-ya Morooka, “Between Two Evils, I Refuse to Choose the Lesser”, Cultural Studies 17(3/4), 2003, 326-348.

Notas* Conferencia leída en la Cá-tedra Guillermo Hoyos Vás-quez, 24 de julio de 2014, Universidad de Antioquia.

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L as posibilidades de pensar una ruptura histórica de la educa-ción en Colombia están definidas y condicionadas por la mis-ma situación crítica del país como proyecto histórico, pero, además, por las condiciones determinantes del momento de la globalización histórica y civilizatoria contemporánea, en sus peculiaridades integradoras como unidad compleja pero

con una materialización que concreta ejercicios, relaciones y dinámicas esenciales, aunque no exclusivamente hegemónicas.

Desde el punto de vista epistemológico, pero también metodológico, la crisis o mejor, su confrontación, exigen por lo menos el reconocimien-to de dos tipos de obstáculos: el orden contemporáneo inacabado, cuya realidad simbólica pero absoluta, determinante y real, la globalización en sus múltiples y complejas expresiones de poder hoy, determina las posi-bilidades de pensar y, sobre todo, de imaginar un mundo socio histórico nacional sin sus influencias controladoras y condicionantes. Pero ade-más, por dentro, la cuestión nacional, que es de lo que se trata cuando se habla de proyecto histórico educativo, también recibe el peso superior de la dinámica del sistema internacional, pero integrado a sus propias condiciones críticas de raigambre originalmente histórica y política. Todo esto, en el camino, ha enquistado la condición propia del mundo de la totalidad que es lo propio de la historia contemporánea, la cual hace rato pasó por encima del ser histórico nacional y sin darle fin (tema central de la teoría de la historia de hoy) se ha integrado como categoría de la reflexión, pero sobre todo de la historicidad misma.

Educación, política y posconflicto*

Por William Restrepo Riaza

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El segundo nivel condicionante, desde luego no autónomo sino integrado histórica y analíticamen-te al anterior, tiene que ver con las posibilidades de liberación del hombre nuestro, del hombre masa, perdido en el proceso de una crisis de mag-nitudes históricas complejas, que se expresa en el proceso estratégico de los sectores que ejercen el liderazgo político y económico de poder dentro del esquema aquí esbozado.

La condición general que define de manera

sistémica la situación de crisis de este país toma forma dominante en dos sectores —ni exclusivos ni excluyentes—: educación y salud, no solo por su lugar estratégico en la sociedad y el Estado mo-derno y contemporáneo, sino particularmente por su valor humano, filosófico, antropológico, ético, cultural y político respecto del orden histórico mo-derno como tal. Además, en nuestro caso, por el lugar que aquí se quiere reivindicar y argumentar como punto de encuentro a las posibilidades de una ruptura que abra el camino y proyección his-tórica hacia los cambios que creemos necesita la sociedad y el país como unidad histórica.

Por eso, cuando se habla críticamente del siste-ma educativo y del sistema de salud, y ambos se califican no sólo ideológica sino analítica y empí-ricamente como subsistemas en crisis recurrente y profundizada, es posible argumentar la situación

crítica del sujeto civil, del ciudadano, en quien se materializan esas condiciones y limitaciones insti-tucionales y sociales como expresiones de la crisis del Estado y de la sociedad colombiana.

El hombre común, también perdido en el con-texto crítico de la sociedad colombiana, está con-dicionado de tal manera por su propia realidad y lugar dentro de la crisis, con sus limitaciones mate-riales definidas en la vida cotidiana, en el diario vivir, en la simple subsistencia, que no encuentra

espacio para su propio ser antropológico: su realización personal, el desarrollo de su vi-vencia como individuo y su relación identita-ria con el otro, con el grupo, relación basada en el reconocimiento de las diferencias y las identidades propias de una sociedad, que se supone, se estructura y funciona dentro de una concepción civili-zatoria en donde prima, debe primar, el valor del hombre per se en cuan-to categoría humana y antropológica propia de una sociedad racional, es decir, ciudadana.

I. Colombia. Crisis y educación Hasta hoy en nuestro país los logros y avances

científico-académicos de las universidades, pú-blicas y privadas, se miden precisamente por al-cances valorados en el modelo cientificista y en su intención exclusivamente instructiva, lo cual, reconociendo los cambios importantes de algunas universidades en los últimos veinte años, no deja de mostrar el atraso en la formación de las nue-vas generaciones en relación precisamente con la identidad como pueblo nación y, sobre todo, con un proyecto histórico de país en donde lo que val-ga y se privilegie sea, precisamente, el hombre an-tropológica e integralmente formado dentro de un modelo holístico, que no solo lo instruye científica y técnicamente, sino que lo forma como parte de un todo histórico, político y sobretodo ético.

La condición general que defi ne de manera sistémica la situación de crisis de este país toma forma dominante en dos sectores —ni exclusivos ni excluyentes—: edu-cación y salud, no solo por su lugar estratégico en la sociedad y el Estado moderno y contemporáneo, sino particularmente por su valor humano, fi losófi co, antro-pológico, ético, cultural y político respecto del orden histórico moderno como tal.

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En este contexto histórico y peculiar, la educa-ción ha ocupado un lugar y papel fundamental, ha avanzado pero al mismo tiempo ha expresado las contradicciones propias de un proyecto de Estado que integró dos condiciones que en el contexto y entorno crítico de este país ha sido muy difícil que puedan complementarse académica, filosófica y po-líticamente, a saber: la profundización del proceso de privatización y un estado social de derecho en el que ambos sean el producto precisamente de los lo-gros históricos de una sociedad que haya alcanzado tales fronteras de desarrollo en sentido civilizatorio, humano, político, social, antropológico y cultural.

En los últimos años y con un profundo pero explicable desequilibrio regional, la educación general ha intentado avanzar, desde luego dentro del esquema aquí comentado, con una identifica-ción entre desarrollo y transformación educativa basada en el uso cada vez más ampliado de las tecnologías educativas, igualadas a la concepción que las define como la condición fundamental a un proceso de modernización y cambio.

Todos los proyectos educativos —unos más que otros— en sus definiciones y principios integran el valor humanístico, social y la formación integral casi que con una intención estratégica, pero la realidad es más fuerte y todos, o casi todos, en su organi-zación y devenir, han terminado luchando por al-canzar las metas del rendimiento y la productivi-dad académica, de acuerdo con unos parámetros y concepciones que poco tienen que ver con nues-tra realidad social, antropológica, material y sobre todo humana. La visión que evalúa críticamente, no el sistema educativo, sino el rendimiento estu-diantil dentro los modelos Ecaes y Pisa, no es que no tengan razón respecto de nuestra pobreza en el modelo educativo, sino que no atinan, porque no pueden hacerlo tal como se conciben, lejos de la complejidad de un entorno histórico como el que vive el país en su expresión educativa.

En términos reales, seguimos en dirección hacia una educación que forma, o intenta formar, hombres y mujeres de acuerdo con una realidad histórica y un orden sistémico internacional que dejó de lado los principios más valiosos de la condición humana y se ha involucrado estratégica y prácticamente en un modelo que sí forma y capacita al hombre de hoy para el combate por la supervivencia, con habilida-des y destrezas para el cumplimiento de las condi-

ciones de ruptura de la economía y la sociedad, pero dentro de la crisis grande a la que asiste el orden mundial, profundizada aquí por nuestras propias condiciones, de ninguna manera mejores, sino en-rarecidas dentro de unas relaciones profundamente complejas y negativas, que hacen perder el rumbo de nuestra evolución educativa.

El modelo que impera no permite respiro a una juventud forzada y sin tiempo, ni condiciones for-mativas para pensarse a través de una real reflexión sobre su propio ser y sobre el modelo en el cual el Estado quiere colocar las bases de un proyecto social y humano, ajeno a su propia condición individual, social, cultural, histórica y antropológica. Insisto, no estoy ubicado en aquel lado que no ve nada de transformación y avances, sino más bien en una pos-tura crítica frente a una realidad que, dentro del ne-cesario e importante avance histórico modernizador, arrastra algunos o muchos lastres que no pueden ser negados por las posturas de ambos lados desde valo-raciones científicas e ideológicas.

Lo que ha ocurrido en el país en lógica con la es-tructura de poder de la cultura central y hegemó-nica metropolitana y de nuestra propia condición nacional, es que el modelo dominante del necesario desarrollo del conocimiento tecnológico, se ha con-vertido dentro de la nueva cultura y poder del cono-cimiento en la única y excluyente opción de todos los países en su búsqueda desesperada por alcanzar las ya viejas metas del desarrollo, entendidas en esta misma concepción como materiales, medibles y cuantificables por sus objetivos y logros.

La educación concreta en sus principios a nivel estatal una relación normativa acorde con la misma constitución de un estado de derecho, liberal y de-mocrático que como tal establece los principios de la política educativa sobre esas mismas bases. Es decir, formalmente hablando, en el orden prescriptivo, los principios educativos de este país pudiera decirse que responden al orden teórico que fundamenta su legitimidad, pero cuando se avanza para mirar la per-tinencia de la legitimidad de esas políticas sobre la necesaria relación con el entorno social, que aquí es crítico, las políticas educativas y su implementación en planes curriculares, aunque mantengan la forma, en su esencia pierden legitimidad política, social y epistémica, que es de lo que finalmente se trata.

Es indudable que en los últimos veinte años se ha dado un proceso importante de transformaciones en el

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aparato teórico y tecnológico de las disciplinas educati-vas, la pedagogía y el aprendizaje, que han dado forma a un estatuto académico y epistémico de indudables fortalezas en estas disciplinas y su proyección, también importante, para el desarrollo disciplinar y curricular.

Los proyectos modelares y estratégicos dirigidos e implementados desde las instituciones estatales, Mi-nisterio de Educación, Colciencias, y de manera fun-cional y estratégica el Consejo Nacional de Acredita-ción (CNA), han aportado indudablemente en este campo y permiten cuantificar y cualificar un proceso muy importante de rigurosidad epistemológica en el aparataje disciplinar y curricular del país, búsqueda de lo que también se denomina la cultura de la au-toevaluación y la excelencia de los programas e ins-tituciones de educación superior en el país.

El desarrollo contemporáneo en este mismo pro-ceso muestra un cambio importante en la cualifica-ción del aparato administrativo del Estado reforma-do, en este caso para la administración eficiente de los necesarios y positivos avances de la institución educativa en el país: Colciencias, CNA, etc., dan cuenta, con resultados, de este proceso. Su objetivo más general es transformar la estructura, administra-ción, función y objetivos de las instituciones educa-tivas del país en todos y cada uno de los niveles de acuerdo con las nuevas políticas del sistema.

Así, entonces, desde los principios y soportes teó-ricos y filosóficos hasta cada programa, es observable una rigurosidad cuantitativa y concreta de estrategias y aún contenidos. El problema aparece cuando se trata de encontrar legitimidad social a unos currícu-

los construidos y guiados sobre supuestos y estrate-gias que aunque tengan la forma de identificar esa relación con nuestro propio entorno, su esencia for-mativa está inscrita en otros intereses y necesidades dentro de la nueva hegemonía en formación y de bases en el nuevo poder del conocimiento.

En general, siempre se considera cada refor-ma propuesta como la solución de los obstáculos y de la situación crítica, marginando estos factores y considerando ideológicamente que se superan ignorándolos, negándoles su presencia a través de unos principios de transformación del sistema, simplemente reforzando sus principios educativos en sí mismos, de acuerdo con la concepción ins-trumental dada a la educación, como un medio y un fin de una concepción de estado y sociedad,

propios de la condición que se necesita dentro del engranaje macro del orden internacional que hoy toma la forma de la globalización uni-versal en sus contenidos neoliberal, mercantil y privatizador.

Por eso, en relación con la educación como proyecto, que ha sido ordenado en perspecti-va más estratégica que filosófica y conceptual para el mundo presen-te, pensado en su nece-

saria conservación para ese futuro que se quiere controlar, aparece la gran contradicción doble: de un lado, hoy se trata de llenar las necesidades del sistema preparando los cuadros profesionales que cree necesitar, pero, de otro lado, se agota dentro de sus propias contradicciones sistémicas y estruc-turales cuando la crisis económica de ese orden neoliberal mundializado se quiebra y se expresa en la endemia laboral actual, simbolizada en el también mundializado desempleo masivo.

II. Crisis política y posconflictoLa condición de posconflicto se refiere en princi-

pio a aquel período histórico, político y social en el cual una sociedad se plantea el camino o caminos a través de los cuales intenta concretar unos planes,

El modelo que impera no permite respiro a una juventud forzada y sin tiempo, ni condiciones formativas para pen-sarse a través de una real refl exión sobre su propio ser y sobre el modelo en el cual el Estado quiere colocar las ba-ses de un proyecto social y humano, ajeno a su propia con-dición individual, social, cultural, histórica y antropológica.

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proyectos y programas estructurales, regionales y locales por medio de procesos estratégicos y unas acciones basados en unos acuerdos previos sobre la paz, realizados en búsqueda de poner punto final al conflicto histórico entre diversos contendientes como en el caso colombiano, entre la guerrilla de laa Farc y ELN, y el gobierno nacional.

El posconflicto es referido desde el punto de vista estratégico y político a la cuestión nacional y, por tanto, su referencia política es el Estado y, en ese sentido, se trata necesariamente de un proceso de construcción o reconstrucción de un proyec-to de país como referente y carta de navegación histórica y política de la ideal nueva sociedad, entendida como Estado Social de Derecho, de-mocrático, constitucio-nal y ciudadano. Llenar los vacíos históricos no significa una negación mecánica a los avan-ces grandes de nuestra propia historia, sino asumir que hay faltan-tes importantes, defini-tivas en la búsqueda de unos logros históricos que hay que reafirmar, los cuales no pueden ser otros que aquellos que intentan reforzar el valor del hombre como epicentro y eje central del orden moderno y civilizatorio y que aquí, aun con los grandes avan-ces, se ha ido perdiendo y diluyendo como objeto y sujeto de nuestra propia historia.

Desde el punto de vista político, el posconflic-to en lo histórico estratégico tiene un eje central que es el punto nodal en donde converge como un todo estructural la crisis histórica en que nos debatimos, o sea, el tema de la gobernabilidad. Esta, si se asienta en las disquisiciones teóricas y filosóficas que enriquecen el debate, nos per-mitiría encontrar el punto de encuentro de su utilización, si la asumimos teórica y constructiva-mente como el juego de relación interdependien-te, necesario y condicionante entre el poder de representación de la política y del Estado frente

al flujo de energía social y política de la sociedad como un todo en su expresión de representación política formal, hoy enriquecida críticamente por el refuerzo peculiar y complejo de los nuevos movimientos sociales, hasta el punto determinan-te del equilibrio de los poderes dentro del juego democrático y participativo. Un problema sus-tancial cuya referencia es precisamente la razón de ser filosófica de la política y de lo político, su esencia, ni más ni menos, que el poder.

Si los supuestos epistemológicos y filosófico po-líticos del posconflicto lo definen en grande como un camino histórico de mediana y larga duración y

como construcción y desarrollo de un proyecto de nación, entonces parece necesario definir un pa-norama y ruta que enmarque y conduzca ese pro-ceso en las dimensiones de lo histórico, lo político y de la estructura material, social y territorial, en-tendidos como partes sistémicas, contradictorias y complejas del ser de la nación. Así, se entiende esta como un todo humano que es dinámico y que confronta el proceso en su relación con el entorno en cuanto colectividad, pero además con el entor-no natural, mucho mejor entendido si lo llamamos geográfico y humano y cuya dinámica se da sobre la base de la acción y utilización del grupo huma-no sobre los recursos y el potencial de energía físico material de espacio territorial, vale decir

El posconfl icto es referido desde el punto de vista estra-tégico y político a la cuestión nacional y, por tanto, su referencia política es el Estado y, en ese sentido, se trata necesariamente de un proceso de construcción o recons-trucción de un proyecto de país como referente y carta de navegación histórica y política de la ideal nueva socie-dad, entendida como Estado Social de Derecho, demo-crático, constitucional y ciudadano.

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geopolítico nacional, pero valorado en el entorno superior de la globalización civilizatoria.

Así, entonces, el país no puede seguir siendo pensado y conducido como un todo cuya integra-lidad se asume alrededor del concepto y realidad incompleta y contradictoria del Estado Nación, el cual está precisamente en el centro de nues-tro conflicto histórico al ser inacabado y limitado desde la dimensión de lo político cultural hasta lo humano y material. Se reafirma aquí la visión que califica el país y la sociedad fragmentada, dife-renciada y cuya integración sobre las diferencias, ausente hoy, es precisamente el punto de encuen-tro histórico que se busca con la ruta de acción del posconflicto, entendida como constructiva, de avance y desarrollo histórico transformador.

Se trata, en principio, de entender que las condi-ciones de conflicto y de posconflicto deben ser con-sideradas centro y factores determinantes o sustan-ciales de nuestra condición histórica actual y, sobre todo, en el futuro inmediato, definido como el espa-cio histórico para la salida de un proceso y condición de raigambre profundamente humanitaria. Esto, pre-cisamente, porque hasta hoy, los factores que le dan forma, definen y, sobre todo, explican nuestra crisis, han sido pensados y valorados como tangenciales, estorbos y negaciones que no se quieren reconocer sino como realidades que hay que confrontar pero no integrar al todo histórico de país.

III. Educación y posconflictoEl logro máximo del proyecto y régimen político

de este país en su proceso de modernización en los últimos 30 años ha sido un avance importante expresado, de alguna manera, en desarrollo eco-nómico y modernización, pero, al mismo tiempo la contradicción, reflejo del proyecto de mundia-lización de la economía, ha sido precisamente el camino abierto y estratégicamente logrado del fin de la expresión de los intereses de los sectores po-pulares y, en la fase presente, la descomposición social y la pérdida del poder político de la sociedad civil, particularmente del sector de la clase media y profesional que es, casualmente, aquel otro extre-mo en donde recae, junto a la pauperización del sector popular, la crisis del orden social y material del país: competencia desleal dentro del régimen de mercantilización para el trabajo, desempleo ge-neral, subempleo, inequidad y pobreza.

De ninguna manera se trata de negar los avances y logros de proyectos académicos destacados den-tro y fuera del país, se trata más bien de justificar como una necesidad académica, filosófica, cultural y política, un proyecto institucional de educación desde el Estado, que reafirme el valor determinante de las transformaciones científicas, tecnológicas y culturales de un mundo integrado hoy precisamen-te por la ciencia y la comunicación, que no permi-te seguir pensando naciones marginadas ni mucho menos ausentes del gran cambio civilizatorio al que asiste la sociedad contemporánea.

En términos políticos, y con peso no solo históri-co sino analíticamente sobre determinante, la crisis de violencia y su respuesta ausente, la paz, adquie-re hoy un valor cuya trascendencia exige colocar este país alrededor del esfuerzo total en dirección a una estrategia nacional de carácter y fundamento humanitario, social y política en el sentido más mo-derno y ético del término, que permita un encuen-tro, el primero en la larga duración, que identifique el país como un todo en términos constructivos y sociales alrededor de lo fundamental: un proyecto de nación o de país, basado en la identidad y reco-nociendo la diferencia, el ciudadano, el trabajo, la justicia y la equidad.

Se trata de entender este país dentro de un pro-yecto histórico que integra a su concepción demo-crática el principio filosófico, político y estratégico fundante en la educación como principio y fin en la búsqueda de la transformación histórica a través del reconocimiento que da forma a esa educación asentada en el esfuerzo sistémico e histórico por la paz convertida en camino de las nuevas genera-ciones, vale decir, en la guía para la recomposición del Estado contemporáneo, es decir, constitucio-nal y democrático.

Los principios filosóficos y políticos más uni-versales que podrían guiar un proyecto educativo de país, debieran concretar la búsqueda del desa-rrollo material, humano y cultural desde, por y para las regiones, sobre los símbolos y principios de valor universal, la educación, el conocimien-to, la ciencia para la libertad, la responsabilidad, la justicia, el trabajo, la solidaridad, la equidad y la diferencia. En fin de cuentas, un real proyecto político de ciudadanía contemporánea.

Es aquí en donde aparece, debe aparecer, la rei-vindicación de una visión política y filosófica edu-

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cativa, que en lugar de seguir conformándose con una larga lucha de confrontación al reformismo estratégico del sistema educativo y, en este caso universitario, de una vez por todas se asuma, des-de el otro lado, una propuesta política que integre la posibilidad de un cambio en el aparato edu-cativo pero condicionado a su relación filosófica y política con un proyecto de estado y sociedad, vistos desde una visión estratégico política y ético filosófica, esencialmente crítica y constructiva.

IV. ConclusionesNaturalmente, el

mapa académico está elaborado en todas las disciplinas del cono-cimiento, desde luego con distintos niveles de desarrollo. Pero este desarrollo es pasivo en el sentido aquí mencio-nado, cada disciplina se desarrolla, académica e investigativamente en, por y para la academia y los logros y esfuerzos de la relación y compro-miso con la sociedad; avanzan, pero desde la misma perspectiva: una universidad y progra-mas de investigación y producción que venden sus proyectos, aportan presupuestos, fortalecen la autonomía de los gru-pos y programas, y, finalmente engrandecen la uni-versidad pero desde ahí, desde su propio espacio, con puentes mayores o menores y, la mayoría, con ninguno. Al final no pasa nada, pues la universidad avanza como unidad “autónoma”, sin ninguna re-lación con la sociedad, que sigue siendo “mirada”, cuando más, como un objeto de estudio, sin ningún entronque constructivo en el sentido histórico, filo-sófico y ético.

Por eso se trata, en relación con el poscon-flicto, de una institución educativa en políticas nacionales que integren con políticas y peculia-ridades regionales riquezas y recursos naturales, limitaciones y obstáculos al desarrollo, incluyen-do el estudio y discusión de su propia violencia,

formas culturales, relaciones económicas y socia-les peculiares, imaginarios. Todo ello siempre en relación crítica con los estatutos universales del conocimiento y la ciencia hoy; paradigmas disci-plinares aplicados críticamente a las peculiarida-des regionales, locales y su relación con lo nacio-nal y global. Todo esto implica, como condición epistémica y metodológica universal, la integra-ción a la cultura investigativa en todos los niveles educativos incluyendo, de acuerdo a sus propias características, la educación primaria.

Escuelas de educación que integren también en sus currículos la formación y desarrollo del conocimiento científico y filosófico educativo universal y contemporáneo, como lo han hecho hasta hoy, pero que además también abran el es-pacio para el desarrollo investigativo y la búsque-da de comprensión de la realidad regional y local del país sobre los mismos principios del régimen educativo nacional y estatal. Cambiando creativa y estratégicamente las diversas formas contempo-ráneas de control social y humano, que supues-tamente rompen con el orden premoderno de la urbanidad de Carreño, con la gran historia de Henao y Arrubla y con la suma del poder entro-nizado y vertical del catecismo del padre Astete, que nos sirvió de guía a los más avanzados en

Los principios fi losófi cos y políticos más universales que podrían guiar un proyecto educativo de país, debieran concretar la búsqueda del desarrollo material, humano y cultural desde, por y para las regiones, sobre los sím-bolos y principios de valor universal, la educación, el conocimiento, la ciencia para la libertad, la responsabili-dad, la justicia, el trabajo, la solidaridad, la equidad y la diferencia. En fi n de cuentas, un real proyecto político de ciudadanía contemporánea.

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*Intervención en la celebración, el 19 de agosto de 2014, de los 25 años del Instituto de Estudios Políticos, del cual el profesor William Restrepo Riaza fue director.

edad y, precisamente, en ese esquema en digni-dad y gobierno. Romper con esos restos atávicos, simbólicos pero reales, que aún hoy se sienten en los aires enfermizos de quienes quieren aprove-char la oportunidad de mover el país hacia ade-lante, precisamente para devolverlo a su lugar de origen ahora escondido tras el manto de la nece-sidad de dar seguridad a través de la instituciona-lización de la violencia y de la guerra y contra la Constitución como guía y luz para el ejercicio de transformación y construcción de país.

Se trata entonces de identificar simbólica y es-tratégicamente la situación de crisis nacional en un periodo que se puede llamar de posconflic-to, o cualquier otra cosa, pero que debe asumir su peso y estrategia integrando la triada Consti-tución- educación-ciudadanía, movidas por un proyecto de Estado y, así, cambiar el catecismo y sus nuevas formas de control y ejercicio del statu quo por la nueva cartilla, ya no teocéntrica, ni de urbanidad de Carreño y mucho menos autorita-ria, sino la Constitución misma como libro básico, instrumento del rescate del ciudadano y la ciuda-danía, camino a la construcción, no del autorita-rismo que identifica a dos enemigos, los vecinos y la falange colombiana, sino que tiene como iceberg la educación para formar las nuevas ge-neraciones en una cultura ciudadana compleja y global, crítica y constructiva como condición del nuevo liderazgo hacia la democracia constitucio-nal, la democracia compleja.

La constitución como texto guía del perfil no solo del estudiante sino del colombiano, base de la universalización de una cultura constructiva y crítica de ciudadanía, de obligación universal para todos en todos los niveles, español y segunda len-

gua, lógica y cultura general, las artes y la lúdica, humanidades, con materialización en el retorno a la historia y la geografía como disciplinas básicas, aunque, desde luego con su evolución, comple-jidad y rigurosidad, la política, todas entendidas en sentido de interdisciplinariedad y flexibilidad. Luego el reconocimiento instrumental de las dis-ciplinas que integran al hombre a la totalidad del mundo, la matemática, informática, segunda len-gua, pero valoradas en su real dimensión sobre una formación auténtica que forma un hombre integral de bases realmente humanísticas, críticas, un hombre pensante y reflexivo, que podrá dar lugar de manera racional y crítica al juego de los poderes del conocimiento contemporáneo.

Con un objeto de estudio doble, las condicio-nes, característica y peculiaridades de este país, desde el estudio de la crisis, regiones, recursos naturales, población, cultura, limitaciones, obstá-culos y riquezas potenciales, integrado en todos los planes de estudio y en relación crítica con el entorno y la realidad globalizada. Un esquema guía y eje central del currículo nacional con un trabajo transversal en la teorías del método cien-tífico, como el modelo de trabajo metodológico desde los orígenes hasta el final de la formación educativa formal.

Este eje se trabaja desde la educación primaria, desde las primeras letras y desde la escritura y lec-tura de base y fundamento para el niño, hasta el último eslabón de la carrera académica que tam-bién debe ser objeto de transformaciones profun-das basadas en el principio de un orden evolutivo y formativo que permita al individuo ir formándo-se desde la base para el trabajo hasta la formación científica y superior.

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E s insoslayable que para lograr la paz en el país se debe echar mano de ese recurso hobbesiano de la soberanía, en-

tendida como capacidad de de-cisión, de suspender la norma, en la búsqueda de un bien ma-yor. ¿No ha sido acaso el poder, la decisión de empezar desde cero, olvidando las tragedias de la guerra, la que ha permitido a las sociedades que la han pa-decido salir de su atolladero? O ¿ha sido la aplicación de la nor-ma, la ley, la que les ha permi-tido instaurar la paz? La lección de la historia es inequívoca: los responsables de la guerra no han dejado su accionar para re-cibir a cambio sus cabezas en las cestas. La aplicación de la ley sólo puede prometer esto. Frente a la norma, alguien es o culpable o inocente y, con base en ello, se sanciona. Los actores de esta guerra han co-metido las peores atrocidades, son culpables; el juicio es inob-jetable. El problema con el mis-mo, es que no permite hacer el tránsito de la guerra a la paz, ya que parte del supuesto de que no hay que hacer tal transición. El derecho opera como si la paz y el orden ya estuviesen esta-blecidos, por eso, allí donde la política ve enemigos, comba-tientes o rebeldes, él sólo pue-de ver criminales o defensores de la ley.

No es mera criminalidad lo que asola, desde hace décadas, sectores del país; es una gue-rra y las guerras se superan sólo desde lo político: o bien me-diante una victoria, o bien por vía de negociaciones. Para am-bas salidas se necesita la exis-

Contra la ley

Por Wilmar Martínez MárquezProfesor del Instituto de Estudios Políticos

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tencia de enemigos. Esto lo tenía bastante claro Schmitt al afirmar que con el enemigo se puede hacer la guerra, pero también pactar la paz; por eso, sin enemigos, no hay paz por establecer. Sabemos que hoy, en el país, una victoria militar no es posible, para el Estado, por lo menos en el futuro inmediato. Resta la negociación. Esta alternativa demanda, para tener éxito, perdonar parte de la responsabilidad de los crímenes cometidos por los actores. Esta exigencia, de entrada, genera repulsión, pues puede constituir una apología a la impunidad. A lo mejor. Pero las reservas legales, no siempre son buenos conseje-ros en política. Cuando Hobbes describe el paso de la guerra a la paz no dice nada sobre la necesidad del castigo, o establecer la verdad sobre los culpables de que la guerra se desatara; y su silencio no se debe a que no los haya habido. Sin duda los hubo; sin embargo, el castigo a los responsables hubiera impedido la paz. Por ello, con el Estado inicia otra verdad, otra justicia, que toma distancia de lo acon-tecido previamente. ¿Tendremos otra alternativa?

Se me reprochará que esta postura invisibiliza a las víctimas. Falso. Como me lo advirtió uno de esos maestros que todavía quedan en la universidad, son los defensores a ultranza del derecho los que las vuelven invisibles, pues la justicia que invocan solo tiene en cuenta a los victimarios. Ellos son el objetivo de la justicia que defienden. Lo importante es su condena, aun en el caso de que las víctimas de su accionar decidan perdonarlos. Esto no cuenta. La justicia así aparece como un asunto entre el derecho manchado y el criminal. La víctima desaparece. Por ello el perdón, el llamado a la reconciliación, el basta ya —todas proclamas de las víctimas— son para esta perspectiva sólo otros ropajes de la impunidad. Pero no es así. Es el tipo de justicia que reclaman muchas de las víctimas que se orienta, no a la condena de quienes los han hecho sufrir, sino a comprender por qué lo han hecho y a evitar que esto siga sucediendo. Es desconcertante y maravillosa la generosidad de muchas de las víctimas de esta guerra: sus reivindi-caciones de justicia se decantan por conocer la verdad de su historia concreta y por evitar que se repita para otros. No es casual entonces que quienes más han sufrido la guerra, más quieren que termine. Por lo general, el respeto al imperio de la ley o la búsqueda de la verdad histórica no aparecen entre sus reivindicaciones. La justicia que bus-can se resuelve en la consecución de la paz. Por ello, este texto da cuenta de las víctimas cuando aboga por la política y la decisión sobe-rana como aquel mecanismo que desde el siglo XVII ha hecho posible conseguir la paz, parar la muerte y el dolor de las guerras civiles.

Claro que hoy, a diferencia de hace trescientos o cuatrocientos años, existe un derecho internacional que prohíbe el olvido y perdón de los crímenes aberrantes de los cuales nuestra guerra es todo un inventario. Él exige al Estado la persecución y castigo de los responsa-bles de estos hechos, con lo cual lo pone ante el dilema de buscar la paz o imponer la justicia-castigo. Por ello, este derecho hoy hegemó-nico, cuya imposición Francis Fukuyama supo condensar muy bien en su tesis del fin de la historia, no sólo es incapaz de concebir un futuro distinto a sí mismo, sino que, al parecer, no puede dar cuenta del pa-sado y, lo más grave aún, de buena parte de la condición presente de

No es mera criminalidad lo que asola, desde hace décadas, sectores del país; es una guerra y las guerras se superan sólo desde lo político: o bien mediante una victoria, o bien por vía de nego-ciaciones. Para ambas salidas se necesita la existencia de enemigos. Esto lo tenía bastante claro Schmitt al afi rmar que con el enemigo se puede hacer la guerra, pero también pactar la paz; por eso, sin enemi-gos, no hay paz por es-tablecer.

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la humanidad. En efecto, sus grandes defensores teóricos y los países del norte que lo propagan, olvidan con facilidad que sus estados se consolidaron gracias a las amnistías, perdones e indultos, de los más terribles hechos; obvian, además, que en buena parte del mundo se padece de guerras intestinas, que requieren, para ser superadas, de los instrumentos políticos que se usaron en sus estados para su con-solidación.

La ceguera de los defensores a ultranza de esta postura consiste en que exigen a los estados envueltos —a sus ciudadanos— en las peores guerras civiles que la superación de las mismas se haga con el más absoluto respeto de las pautas morales y de los derechos de todas las generaciones, con lo cual, exigen para la solución de un problema propio de las sociedades tempranomodernas, la aplicación irrestricta de los estándares jurídicos y morales propios del siglo XX. Por esto, unas instituciones jurídicas y morales que surgieron pensadas para proteger a los más vulnerables, terminan condenándolos al estadio en el que más padecen: el de la guerra, pues sus exigencias imposibilitan salir de ella.

Esta corriente y sus instituciones descansan en dos supuestos que permiten explicar la manera como hace frente a situaciones como la nuestra. En primer lugar, y al ser herederos de los horrores de la Se-gunda Guerra Mundial, en especial del Estado totalitario alemán, tie-nen hacia el Estado y las prácticas políticas una sospecha irrenuncia-ble. Sin duda, esta sospecha está muy bien fundada. En el siglo XX el Estado, sustentado en prácticas políticas de excepción, fue el mayor violador de derechos. Ahora, este dato los hace olvidar otra verdad: desde su aparición, el Estado también ha sido el gran protector de las garantías humanas básicas.

En segundo lugar, parten del supuesto de que todos los estados ya están consolidados, de que las guerras son un fenómeno pretérito, por lo cual conciben toda violencia que se presente como crimen; así, incluso las más graves guerras civiles, las subordinan a una óptica penal. Sin embargo, Irak, Darfur, Afganistán, Colombia o Siria, son lamentables ejemplos de que la guerra aún existe.

Desde su perspectiva, toda suspensión de la norma, toda amnistía o negociación, no puede ser más que una violación del orden, un rompimiento con el derecho y, en cuanto tal, deben ser evitados a toda costa: “La nuestra es una época en la que toda desviación a la norma es sospechosa: nadie tiene el poder de tomar una decisión excepcional detrás del velo de la ignorancia. La idea de ese velo no es otra que subordinar la voluntad a la razón, lo particular a lo universal” (Kahn, 2012).

Por esto es que el derecho no nos puede sacar del atolladero. Si aplicamos la norma tal como se exige, al pie de la letra, para el caso de nuestra guerra, nunca superamos su condición. Grand Gilmore escribió alguna vez que en el infierno lo único que habría sería de-recho. Creo que podemos comprender a qué se refería: nuestro in-fierno perdurará, si esta vertiente termina imponiéndose. Ante ello es

No es mera criminalidad lo que asola, desde hace décadas, sectores del país; es una guerra y las guerras se superan sólo desde lo político: o bien mediante una victoria, o bien por vía de nego-ciaciones. Para ambas salidas se necesita la existencia de enemigos. Esto lo tenía bastante claro Schmitt al afi rmar que con el enemigo se puede hacer la guerra, pero también pactar la paz; por eso, sin enemi-gos, no hay paz por es-tablecer.

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que rescato el concepto de la soberanía, entendido como un acto de poder que, por fuera del derecho, busca dar solución a un problema concreto: la guerra.

Quienes acusan a la soberanía, así entendida, de ser simplemente una fractura al derecho, omiten u ocultan que más bien ésta inaugura su reino. Schmitt ya lo ponía de manifiesto al escribir que su figura es, eminentemente, transicional: la decisión política suspende la norma, pero para garantizar el éxito de la misma. Un jurista norteamericano, Paul Kahn, lo advertía con claridad al afirmar “que ésta no es la alter-nativa a derecho, sino su condición de posibilidad” (2012).

Por su puesto que una teoría pura del derecho como la kelseniana, en la que se inspiran las instituciones internacionales, no puede ver en el origen de la norma sino otra norma. Teniendo por supuesto el denominado problema de Hume, Kelsen profesa que el deber ser no puede derivar del ser; de ahí que en el origen de todo aparataje legal se encuentre una norma fundamental. Esto es lógicamente necesario. Pero el mundo no se construye a golpes de teoría. Detrás de ese plan-teamiento acecha el dato histórico de que han sido las revoluciones y demás actos políticos quienes han inaugurado el reino de la norma. La norma necesita normalidad para poderse aplicar —por eso se lla-ma norma—, y ella misma no puede ser la causa de la condición que la hace posible. Claro que es plenamente deseable —y sería desas-troso que así no pasara— que la producción de normas, en la norma-lidad, esté sometida al control del derecho. Esto es precisamente lo que hace de la ley el principio de conservación de la paz. Ahora, la historia muestra que el origen de la ley es un acto político: negociar una tratado de paz o vencer.

Por esto, la paradoja a la que está sujeta la filosofía hoy hegemó-nica y las instituciones que la encarnan es que son acérrimas críticas de las posturas que defienden la necesidad de aplicar olvidos y amnis-tías, en casos como los actuales, cuando ellas mismas son una apolo-gía al encubrimiento de la impunidad, cuando ellas mismas padecen de muy mala memoria (Orozco, 2005): los principios que defienden son producto, no del derecho, sino de una de las revoluciones más sangrientas de que las tengamos noticias.

Por supuesto que yo también defiendo las prerrogativas y princi-pios de la democracia liberal y del Estado de derecho; estoy con-vencido de que hacen del mundo un lugar con menos sufrimiento. De hecho, cuando apelo a la figura de la soberanía lo hago porque creo que ella, en los lugares donde el Estado no se ha consolidado, es la condición de posibilidad para que sus habitantes comiencen a disfrutar efectivamente de derechos y libertades. Filósofos liberales como Michael Walzer (2010) y Stephen Holmes (2011) ratificaban esta postura cuando escribían que incluso hoy El Estado —a pesar del hecho de que existan instituciones globales encargadas de velar por el respeto de las garantías humanas básicas— es el único que puede brindar y hacer efectivos los derechos humanos. Por ello, es claro que allí donde no existe, más florece el sufrimiento.

Por esto es que el de-recho no nos puede sa-car del atolladero. Si aplicamos la norma tal como se exige, al pie de la letra, para el caso de nuestra guerra, nunca superamos su condi-ción. Grand Gilmore es-cribió alguna vez que en el infi erno lo único que habría sería derecho. Creo que podemos com-prender a qué se refe-ría: nuestro infi erno per-durará, si esta vertiente termina imponiéndose. Ante ello es que rescato el concepto de la sobe-ranía, entendido como un acto de poder que, por fuera del derecho, busca dar solución a un problema concreto: la guerra.

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Después de la verdad y la reparación, el perdón

¿ El país está preparado para el desarme de los grupos que han infrin-gido tanto dolor y para desarmar los espíritus?

—Hay que entender que en un proceso de 50 años de guerra, hemos construido una manera de ser y necesitamos crear las condiciones para poder hablar, reconocer y para la verdad. Solo después de la verdad y la repara-ción podemos entrar a hablar de perdón y reconciliación, porque cada uno tiene un dolor muy pro-fundo, hay dolores no expresados y no ubicados, no vistos en pers-pectiva y eso genera una incapa-cidad de reconocer otros dolores.

¿El perdón es fundamental no solo para las víctimas, sino también para el resto de los co-lombianos?

—Claro, pero es que el per-dón es un punto de llegada. Si en un acto público dos personas se

dan la mano sin identificar cuál fue el hecho victimizante, quién fue el agresor, quién fue el victi-mario, quién determinó y quién fue el beneficiario, es como sa-nar una herida en falso. A veces, cuando los seres humanos tene-mos una herida vieja, queremos no tocarla porque duele, pero si no se limpia, si no se permite que salga y no se identifica muy bien, no va a ser posible una sa-nación de fondo.

Creo que hay un riesgo en este momento en la sociedad y es que se está negando diferenciación y proporcionalidades de victima-rios. Están hablando de los acto-res armados en general, y resulta que aquí hay un actor responsa-ble del 20%, 30% y el otro del 70%. Se quiere mandar una ima-gen de que todos son por igual y todas las mamás son víctimas por igual, pero las opciones de sus hi-jos, su participación en el conflic-to es diferenciado. Hay gente que

En el Foro nacional sobre víctimas que realizó la Universidad Nacional y Onu Colombia en agosto en Cali, a instancias de los diálogos de paz entre negociadores de las Farc y del Gobierno Nacional, el periodista Luis Javier Londoño Balbín dialogó con Alberto Franco, secretario ejecutivo de la Comisión intereclesial de justicia y paz, organización que acompaña a víctimas en diferentes regiones del país, y que se ha articulado en la red Compaz, Comunidad que construye paz desde los territorios.

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estaba en el conflicto y hay gente que no, pero que en ambiente del conflicto fueron asesinados. Entonces se necesita una mirada diferenciada, no para excluir, sino para entender que hay cosas que son diferentes.

¿Es mucho pedirles a las víctimas que perdonen?

—Me parece que no tenemos derecho a pedirles que perdonen. Tenemos que crear las condiciones para que puedan expresar y entender y a partir de ahí se puede crear el perdón. O sea, entrar pidiendo perdón no es posible. Pongo un ejemplo de un pro-grama de televisión en el que a una niña le pregun-tan si perdona al victimario; pues claro, está con una cámara, pero no, hay que dar las condiciones para que la niña elabore el duelo y para que el victimario reconozca qué hizo, cuándo lo hizo, por qué lo hizo. Sin ese proceso no habrá perdón real. El perdón es algo muy personal por hechos muy concretos, en-tonces la sociedad tiene que crear las condiciones para que el victimario reconozca, y que la víctima tenga un acompañamiento para que en un momento pueda hablar de las cosas de una manera más pro-funda. Así tendremos una sanación y un proceso que puede llevar al perdón.

¿La sociedad colombiana está lejos de esa pers-pectiva todavía?

—A mí me da mucho miedo esta propaganda del perdón y la reconciliación sin proceso. Hay que crear las condiciones para que la sociedad colombiana esté ubicada y entienda. O sea, no hay que negarnos esa posibilidad pero hay que entender que es un proceso, porque si no se hace ese proceso un poco sicológico y sico-espiritual, entonces corremos el riesgo grave de sanar heridas en falso y no hay nada más dañino para una persona que sanar una herida en falso.

Asumido el perdón como punto de llegada, ¿ha-brá que tener mucha paciencia, y pensar que nos enfocamos en un proceso de reconciliación todos los colombianos?

—Claro, creo que es muy importante para ver cuál es el sueño de país que queremos, por el que valga la pena perdonar. Pedirle a una persona que perdone sin un proyecto que la mueva va a ser muy riesgoso. Cuando a usted lo mueve algo, hay que mover una sanación personal, para los cristianos es el deber de perdonar pero no una generalidad: per-dono por este hecho ocurrido en tal momento. Eso ayuda al ambiente de una propuesta de paz; que se convierta en una reconstrucción de país, puede ser

una alternativa, pero hay también que plantear cuál es el sueño de país que queremos construir.

¿Y se debe deslindar del contenido religioso, más bien como un asunto que requiere la sociedad civil?

—Es muy importante que se acepten las diferen-cias, el riesgo es que una visión religiosa quiera di-reccionar todo. Necesitamos que todos aportemos, desde nuestras diferencias, pero también en el res-peto. Entonces a partir de ahí sí se construye una alternativa, porque el riesgo que tenemos es que una visión y una experiencia se convierta en la generali-dad, cando hay muchas visiones, muchas experien-cias y muchas realidades de fondo.

¿Obviamente el perdón exige reciprocidad, ge-nerosidad del que perdona, pero también humildad del que reconoce que actuó mal?

—El perdón lo pide el victimario y la víctima ofrece el perdón. Tiene que definirse muy bien qué pasó, cómo y por qué, y a partir de ahí, mientras no haya un victimario dispuesto a pedir el perdón, entonces no podemos hablar del perdón en este sentido. Una víctima puede decir: yo por sanidad personal perdono, como me lo dijo una madre: perdono de corazón a quien mató a mi hijo, pero voy a gastar todas mis fuerzas en que se haga justi-cia para que eso no vuelva a ocurrir.

Entonces no podemos juntar perdón y justicia y perdón y olvido. Una persona puede perdonar, como una manera de sanar y seguir viviendo distin-to, pero cuando hablamos de eso tenemos que en-tender que habrá perdón cuando el victimario reco-nozca con sinceridad qué pasó, por qué pasó, quién se benefició, por orden de quién y a qué modelo de sociedad le apuntaba.

¿En esta perspectiva de perdón y reconciliación qué experiencias tiene el país?

—Hay experiencias muy bonitas, de gente de las comunidades. Ayer, una persona decía: a mí no me interesa que se pudra en la cárcel quien nos dañó, queremos unas alternativas para que él entienda lo que nos hizo pero que sean constructivas para él y para nosotros. O sea, no necesariamente hay que li-mitar la sanción a una función penal, porque hay im-punidad penal, jurídica, social, mediática o religiosa, y así como hay impunidad en varios sentidos, tam-bién la alternativa de justicia no debe ser solo penal, pero debe partir del esclarecimiento de la verdad y el reconocimiento de los hechos.

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Lo que hace que la educación sea educación y no adoctrinamiento es la respuesta ética: Joan-Carles Mèlich*

En ningún caso me considero un his-toriador de la filo-sofía ni de la teoría de la educación, y, por tanto, no pre-

tendo ser fiel al pensamiento de nadie; es decir, los autores que yo utilizo son mi medio de trabajo y son casi un pretexto para pensar los problemas que me preocupan, especialmente tres: la cuestión antropológica, la cuestión ética y la cuestión pedagógica.

Pienso que en educación lo más importante no es pensar, sino dar a pensar y dar a pensar infinitamente, no terminar nun-ca con cerrar o clausurar la lec-tura y la intervención. Siempre una lectura paradisíacamente educativa tiene que dar lugar a una nueva lectura y así su-cesivamente. Toda lectura que

se clausure, toda palabra final, todo final de trayecto acaba convirtiendo la educación en puro adoctrinamiento, y acaba convirtiendo al educador, no en alguien que acompañe en un camino que se está hacien-do, sino en un guía, un caudi-llo, un líder.

Yo creo que hay dos grandes maneras de hacer filosofía: una manera metafísica, que es la manera dominante en la cultu-ra occidental, desde Parméni-des hasta Hegel, que es la de entender que hay unas esen-cias inmutables, que la historia tienen un sentido, que la his-toria finalmente va a terminar y todos cruzaremos las puertas del paraíso. En esta tradición el ser humano se entiende fundamentalmente como una dualidad entre cuerpo y alma. Porque en general el mundo se

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divide entre el mundo que vemos o el mundo de las sombras o, como diría Platón, el mundo de las ideas; y el mundo sensible y el mundo inteligible, entre lo que cambia y lo que es eterno. Esta es la visión, digamos, metafísica que ha dominado la cultura occidental. Esto no lo digo yo ni lo dice Emmanuel Lévinas, esto lo dice el filósofo judío Franz Rosenzweig, en su libro La estrella de la redención. Frente a esta tradición metafísica que cree, como dijo Descartes, que existen verdades tan firmes y seguras que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos son capaces de con-mover; yo creo que lo que hay es tiempo, espacio, historias; no hay caminos, hay sendas perdidas en el bosque; Holzwege, diría Heidegger. Lo que hay son situaciones, relaciones, contextos, por tanto no hay una esencia humana a priori, no hay ver-dades firmes, ni absolutas, ni universales, ni inmu-tables, lo que hay es un juego de interpretaciones, un juego de perspectivas. Yo parto de la tesis de Nietzsche de que no hay hechos, lo que hay son interpretaciones, de que no hay fenómenos mora-les sino interpretaciones morales de los fenóme-nos, diría éste en su libro Más allá del bien y el mal. Es decir, parto de una visión perspectivista, un juego de perspectivas que nada tiene que ver con el relativismo.

Pero es importante saber que hay perspectivas mejores que otras. Nadie es capaz de escapar de

su condición cínica. Nadie puede escapar de su condición corpórea, de su condición mortal. El ser humano, como finito, no está capacitado para cruzar las puertas del paraíso. Nadie ha cruzado las puertas del paraíso, al menos como ser finito, como ser adverbial; en cambio, ha habido muchas personas en Europa y en América que han cruzado las puertas del infierno, y algunos han vuelto para contarlo.

Por tanto, para mí la ética de Lévinas es una ética no como la de Platón, construida a partir de la idea del bien, ni como la de Kant, construida a partir de un imperativo categórico descorporeiza-do del principio de dignidad, sino una ética cons-truida a partir de una experiencia histórica animal, es decir la experiencia del sufrimiento, del dolor, de la experiencia de esos cuerpos sufrientes, de esos cuerpos dolientes, que día a día pueblan el mundo que nos ha tocado vivir.

Frente a la pregunta ética griega, aristotélica, helenística, ¿cómo puedo ser feliz? frente a la pre-gunta ética kantiana, por tanto moderna e ilustra-da, ¿qué debo hacer? la pregunta que finalmen-te nos propone Lévinas es ¿quién sufre? y ¿cómo puedo estar a la altura del sufrimiento del hombre? ¿Cómo puedo acompañar al otro en su sufrimien-to? Esta es la gran pregunta de Lévinas.

Esto es lo que Lévinas ejemplifica en la palabra

Pienso que en educación lo más importante no es pensar, sino dar a pensar y dar a pensar infi ni-tamente, no terminar nunca con cerrar o clausurar la lectura y la intervención. Siempre una lectu-ra paradisíacamente educativa tiene que dar lugar a una nueva lectura y así sucesivamente.

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...la ética de Lévinas alude a que si una ética no es capaz de enfrentarse al infi erno, al mal absoluto, al horror, a la muer-te, no es una ética para nuestro mundo. Y esto es lo que debe-ríamos pensar, y junto a una ética también deberíamos pen-sar cómo habría que educar para que Auschwitz no vuelva a repetirse.

Auschwitz, que es una idea que también está en Adorno. Adorno coincidiría en unas cosas con Lé-vinas. Pero yo creo que hay un punto que es muy importante y es que la palabra Auschwitz es mu-cho mejor que la palabra holocausto, porque Aus-chwitz muestra un hecho histórico terrible, pero Auschwitz es también un símbolo, el símbolo del mal absoluto, el símbolo del infierno en la tierra, el símbolo de lo que son capaces seis humanos bien formados, y esto es lo que es terrible.

Desde hace siglos hemos partido de un presu-puesto, de un prejuicio de que el mal es fruto de la ignorancia y que una persona bien educada, bien formada en humanidades necesariamente debería hacer el bien, y esto es lo que la experiencia de Auschwitz ha refutado radicalmente, Auschwitz no nace de la incultura, sino del corazón de la civili-zación, Auschwitz nace en el lugar más culto de la tierra, del corazón de Alemania; de la patria de Goethe, de la patria de Wagner, de Rilke, de todos esos autores.

George Steiner nos formula la pregunta que fá-cilmente podría haber surgido de Lévinas, la pre-gunta que dice: ¿cómo es posible que alguien lea a Goethe o a Rilke, o escuche a Bach o a Mozart por la noche, y al medio día vaya a torturar a Aus-chwit? Esto ha sucedido, esto sigue sucediendo. Por tanto, la ética de Lévinas alude a que si una

ética no es capaz de enfrentarse al infierno, al mal absoluto, al horror, a la muerte, no es una ética para nuestro mundo. Y esto es lo que deberíamos pensar, y junto a una ética también deberíamos pensar cómo habría que educar para que Aus-chwitz no vuelva a repetirse.

Hay una palabra que todo lector de Lévinas re-conoce que es importante para entender cuando él nos habla de ética y por supuesto de educa-ción, esa palabra es rostro, en la que es suma-mente importante distinguir el rostro de la cara. Normalmente vemos caras, es decir vemos cate-gorías, vemos el cuerpo y la piel, vemos el género masculino y femenino, vemos ciudadanos, vemos extranjeros, vemos padres, vemos madres, hijos, blancos, negros, rubios, morenos, todo esto forma parte de lo que Lévinas llamaría la cara, pero la cara no es el rostro.

El rostro se ve, el rostro se escucha, el rostro es una demanda, el rostro es siempre una apelación de un nombre propio, no de una categoría. No es una persona la que demanda el rostro, es un nombre propio, es decir alguien que tiene cuer-po, alguien corpóreo, alguien que sufre. Y el rostro nos demanda que no pasemos de largo, que no seamos indiferentes a ese sufrimiento. Es una ética de la no indiferencia frente al dolor de otros; una ética que no se basa en tales imperativos categó-

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ricos, sino en la sensibilidad al mal, al dolor, al sufrimiento.

Emmanuel Lévinas era judío y siempre cita-ba Génesis 4:9, cuando Dios le pregunta a Caín, “¿dónde está tu hermano?” y Caín responde: “¿acaso soy el guardián de mi hermano?”. Lévinas dice que la respuesta de Caín es sincera: lo que a ti te pase me trae sin cuidado. Hay una diferen-cia entre tú y yo, pero una diferencia que acaba siendo indiferencia. Frente a eso hay otra manera de entender las diferencias humanas, la relación ética, la relación no con caras sino con el rostro que me llama. En este caso, aunque Lévinas lo hace, hoy me voy a permitir citar otro texto bíbli-co desde un punto de vista literario, Lucas 10:30, el relato del samaritano en el que solo uno de los tres personajes que pasan delante de un hombre herido tiene una respuesta ética que transgrede la moral transmitida como reglas y valores. Sólo uno de estos hombres atiende al herido porque solamente uno de ellos, el samaritano, —el que además había sido educado para no atender al su-frimiento de ese ser, de ese judío no reconocido como persona— es el que rompe con la moral que le han heredado. Hay una genuina transgresión de la moral y da una respuesta ética; es decir, da una respuesta compasiva que es ponerse junto al otro que sufre, ayudarle en su sufrimiento, como diría Jacques Derrida: la compasión es un don, y el don resulta en carne.

No hay que confundir dar por intercambiar, cuando uno intercambia espera que algo regre-se, yo te doy para que tú me des, por tanto hay una espera de reciprocidad, vivimos en un mundo donde todo gira alrededor de lo que Derrida lla-maría la lógica de lo económico. Pero la ética, si existe, es un dar netamente gratuito, es un puro don, simplemente te doy a cambio de nada. Yo no les vengo a predicar ni Lévinas tampoco lo hace, decimos simplemente: o hay don, o hay gratuidad, o no hay ética. Ustedes me pueden decir que el don es imposible, que la gratuidad es imposible; pues muy bien, pero entonces no hay ética, y si no hay ética, tampoco hay educación, porque lo que hace que la educación sea educación y no adoc-trinamiento, es la respuesta ética.

Moral hay siempre, también en el adoctrina-miento hay moral; ni el nazismo ni cualquier otro sistema totalitario pecan por un déficit de moral, sino por un exceso. El nazismo es un exceso de

moral. Yo creo que vivimos en un tiempo de mu-cha moral y de muy poca ética, lo que hace que la educación sea educación y no otra cosa. El dar educativo es un dar-se, es decir hacerle ver a ese otro que tengo delante que él es importante para mí, que su sufrimiento me importa, que soy sensi-ble a su dolor, que no soy indiferente a lo que a él o a ella le suceda, por tanto la palabra clave aquí ya no es “diferencia” sino “deferencia”, ser defe-rente con el otro, ocuparse del otro, tener cuidado con él. Por eso en todo lo que he escrito duran-te muchos años he insistido que la ética no está al final de la educación, no es un objetivo de la educación sino todo lo contrario, es su condición y posibilidad. Lévinas citaba al poeta, también ju-dío, Paul Celan: “Yo soy tú cuando yo soy yo”.

Para mí una de las claves es la cuestión del nombre propio. El nombre propio no reside úni-camente en eso, el nombre propio en el sentido estricto, Juan, Pedro, se refiere a lo que yo llamaría el singular, el individuo. Claro, entender que en la educación debe haber una relación aún singular significa poner en cuestión, en buena medida, las técnicas y los manuales. No tiene ningún sentido un manual en singular. ¿Ustedes se imaginan un manual para una lavadora que únicamente sirviera para una determinada lavadora, un manual para un celular que solamente sirviera para un celular? No, los manuales sirven para un grupo, para un gé-nero, para una categoría, entonces si partimos de la base de que la renovación educativa es la rela-ción con un singular, tendríamos que hacer caso al viejo Nietzsche y devolver “los derechos al arte”, tendríamos que aprender mucho más del arte que de la tecnología, y en mi país al menos la tecnolo-gía está dominada por la tecnología.

Por qué me doy al otro? ¿Qué significa dar? Esa respuesta no puede responderse. Si yo respondie-ra por qué me doy al otro, automáticamente cae-ría en la más extrema posición contraria a la ética.

¿Se puede deconstruir la metafísica? Sí, se pue-de deconstruir, en concreto la metafísica moral se puede construir, por lo menos para mí la moral occidental, al menos, es una forma de metafísica, pero no nos engañemos, nunca podremos dejar de ser seres morales, es decir no hay ser humano a-moral, hay ser humano in-moral, pero no es po-sible vivir al margen de la moral, pero sí vivir en los márgenes de la moral, y en esos márgenes de la moral se abre el tiempo de la ética.

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* Apartes de la conferencia Pensando la educación desde Emmanuel Lévinas, la lección inaugural de la XII cohorte del Doctorado en Educación de la Universidad de Antioquia, a cargo del filósofo español Joan Carles Mélich, el 15 de agosto de 2014. Mélich es licenciado en filosofía y doctor en filosofía y letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha reali-zado sus postulados a partir de la interpretación de Emmanuel Lévinas, quien proclama a la ética como la filosofía primera, rechazando la prioridad que filósofos, como Husserl y Heidegger, le habían otorgado a la ontología. Transcripción de Jaime Darío zapata Villarreal, estudiante de periodismo y auxiliar administrativo del Departamento de Infor-mación y Prensa de la Universidad de Antioquia.

La razón práctica existe, pero con una condición, que sea impura, es decir que sea corpórea. No hay razón pura-práctica, por eso me considero en ética “antikantiano”, no hay razón pura-práctica, ni por supuesto teórica, pero ya Kant diría que no hay ra-zón pura-teórica; de hecho, la Crítica de la razón pura debería haberse llamado “Crítica de la razón pura-teórica”. Todo conocimiento —decía Kant al principio de este libro— comienza en la experien-cia, en cambio Kant rompe con esta idea cuando llega a la razón práctica: para él la razón práctica no puede aprender nada de la experiencia.

En la dedicatoria de su libro De otro modo que ser o más allá de la esencia, Emmanuel Lévinas dice: “A la memoria de los seres próximos entre los seis millones asesinados por los nacional- socialis-tas, al lado de los millones y millones de humanos

Yo no les vengo a predicar ni Lévinas tampoco lo hace, deci-mos simplemente: o hay don, o hay gratuidad, o no hay ética. Ustedes me pueden decir que el don es imposible, que la gra-tuidad es imposible; pues muy bien, pero entonces no hay éti-ca, y si no hay ética, tampoco hay educación, porque lo que hace que la educación sea educación y no adoctrinamien-to, es la respuesta ética.

de todas las confesiones y de todas las naciones, víctimas del mismo odio del otro hombre, del mis-mo antisemitismo”.

La memoria es fundamental en educación, fue fundamental en educación hasta el Renacimiento, y a partir del Renacimiento prácticamente des-aparece, a partir de Montaigne, Descartes, Kant, Rousseau, desaparece la memoria en educación, y no se recupera hasta el siglo XX con estos autores judíos Adorno, Arendt y Lévinas; pero cuidado, la memoria tiene un peligro, la memoria puede ser objeto de lo mejor y de lo peor, porque la memo-ria puede salvarnos y puede evitar una repetición del mal, pero la memoria también puede ser obje-to de venganza. El ser humano es un ser ambiguo, nunca dejará de serlo, y por tanto es el riesgo que tenemos que correr.

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Fronteras al sur

Por Verónica Giménez Béliveau*

La frontera suele ser un recur-so que nos permite pensar te-rritorios, sociedades, comu-nidades, grupos. Desde los límites, desde los bordes, se ven cosas que desde el cen-

tro quedan ocultas, desde esos márgenes se piensan cosas que son difíciles de pen-sar en el núcleo. Es por eso, entre otras razones, que estudiamos las fronteras: esos márgenes nos hablan de la sociedad, de sus dinámicas, de las segmentaciones, de los movimientos, de las maneras de percibirse y de pensar a los otros.

Las fronteras con más espacio en la prensa son aquellas que dividen mundos que el capitalismo ha vuelto lejanos: las fronteras entre la Europa rica y el África hambrienta, entre el sueño americano y el México de las chabolas. Fronteras vio-lentas, segmentadas, selectivas, que eligen quiénes pasan y quiénes quedan del otro lado. Fronteras que se desplazan hacia el sur, convirtiendo a los estados limítrofes en gendarmes de poblaciones aún más desesperanzadas, aún más deseosas de cruzar hacia el sueño lejano. México, Ma-rruecos se han ido ubicando hoy en el rol de “vigilantes” de las fronteras del norte, han sido llevados a ejercer políticas repre-sivas contra poblaciones que los utilizan como territorios de paso hacia los países del sueño de prosperidad.

Pero hay fronteras cuyos polos no se di-bujan tan claramente, que sirven de línea divisoria entre países cuyos desequilibrios, aunque existentes, no son tan marcados, que muestran otras socialidades posibles, otros modos de “ser en las fronteras”. ¿Qué características tienen estas fronteras al sur? ¿Cómo se fueron conformando his-tóricamente? ¿Cómo se vive la presencia cercana de mundos de sentido diversos entre países? ¿Qué sentidos tienen los tránsitos fronterizos? ¿Cómo viven esas localidades lejanas de las capitales y los centros económicos, culturales, políticos nacionales su “ser frontera”?

Trabajo hace años en la zona fronte-

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riza entre Argentina, Paraguay y Brasil1. Una zona en la que los nutridos flujos de personas y mercaderías generan cercanías, encuentros y también conflictos y grietas. La adyacencia de los sistemas estatales, que se tocan en los perímetros fronterizos, plantean una geografía social de tránsitos y movilidades. Toda frontera es porosa, ningún control fronterizo es absoluto, y cada espacio de frontera tiene, a su vez, reglas de circulación, de pasaje y de bloqueo del tránsito que son negociadas entre los pobladores a uno y otro lado, y las autoridades de los países que convergen en la línea.

Las fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil han sido históricamente muy transitadas. Los controles estatales que exigen documentos no detienen el tránsito de personas y mercancías, que se mueven a un lado y otro de la frontera, y a menudo en zonas grises entre lo legal y lo ilegal. Los inter-cambios en estas fronteras del sur son de diverso tipo, desde los comercian-tes brasileros que alquilan mancomunadamente un transporte para realizar compras de ropa, electrodomésticos y juguetes en Ciudad del Este para re-venderlos en San Paulo, Río de Janeiro o alguna otra de las grandes metró-polis de Brasil, hasta los habitantes de las comercias vecinas que cruzan a Argentina a comprar productos regionales como aceitunas, aceites y vinos; desde niños paraguayos que atraviesan alguno de los ríos, cotidianamente, para ir a la escuela, hasta pacientes argentinos que recurren a los servicios médicos de Foz do Iguazú. Estos tránsitos dibujan mapas de igualdades y desigualdades, de distinciones que, siguiendo líneas de clase, género y raza, marcan otras fronteras que las determinadas por los estados-naciones.

La región se fue poblando, en su configuración actual, desde fines del siglo XIX. Límite interior extremo de los estados que convergen es esa fron-tera, región selvática, de colonización lenta y difícil, que se vio transforma-da por el avance de los frentes pioneros que partieron de cada uno de los países. El frente que surge desde Argentina avanza de sur a norte, impo-niendo al paisaje natural un régimen de agricultura y ganadería conducido por pioneros, muchos de los cuales eran a su vez migrantes provenientes de diversos países de Europa. Suecos, alemanes, italianos, españoles, se convirtieron en pioneros que abrían picadas en el “monte”, cortaban las plantas nativas, rozaban la tierra y plantaban hierbas para el ganado, trigo, hortalizas. En Brasil la región fue ocupada de este a oeste, a partir de co-rrientes de pioneros, muchos de ellos también migrantes, alemanes e ita-lianos en su mayoría. El paisaje se fue transformando, de selva en campiñas cultivadas, la marca de la modernidad y el capitalismo “civilizó” las tierras y las transmutó inexorablemente. En Paraguay, la “Marcha hacia el este” comienza años más tarde, a partir de la voluntad del gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner de encontrar, a través de Brasil, una salida al mar. Así, se construye una carretera y se funda en 1957, en el límite con Brasil, a orillas del río Paraná, Ciudad del Este, entonces nombrada Puerto Stroessner. A partir de esa apertura, se consolidan espacios de colonización rural, que luego, a fines del siglo XX, serán ocupados mayoritariamente por planta-ciones de soja, y se crean centros comerciales que articulan el comercio internacional (importaciones provenientes de países lejanos, como China) con el comercio transfronterizo, a través de revendedores que exportan las mercaderías a Brasil y a Argentina.

Es interesante destacar que en las movilidades transfronterizas los sentidos

Las fronteras con más espacio en la prensa son aque-llas que dividen mundos que el ca-pitalismo ha vuelto lejanos: las fronte-ras entre la Euro-pa rica y el África hambrienta, entre el sueño ameri-cano y el México de las chabolas. Fronteras violen-tas, segmentadas, selectivas, que eli-gen quiénes pasan y quiénes quedan del otro lado. Fron-teras que se des-plazan hacia el sur, convirtiendo a los estados limítrofes en gendarmes de poblaciones aún más desesperan-zadas, aún más deseosas de cruzar hacia el sueño le-jano.

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cambian según factores diversos. La relación entre las unidades monetarias es uno de los vectores que más rápidamente alteran las circulaciones: si el peso argentino se revalúa, entonces las compras de brasileros y paraguayos disminuyen, si el real brasileño aumenta su valor respecto del peso argen-tino y el guaraní, las poblaciones locales cruzan menos a buscar productos brasileros. Las políticas estatales de control de las fronteras suelen ser tam-bién un factor central en la regulación de las movilidades: durante fines de los años 1980 y principios de los 1990, Brasil tuvo una política de fronteras cuasi abiertas con Paraguay y Argentina, y dejaba entrar a la región fronteriza personas y mercaderías con poca regulación. Esta política cambió en la pri-mera década del siglo XXI; desde ese momento los controles fronterizos se hicieron más estrictos, y el volumen del pequeño comercio decreció.

En este contexto de intercambios intensos y cambiantes, el vecino, el “otro” nacional, es construido de maneras diversas. Las sociedades de frontera se configuran como espacios de interacciones complejas, en las cuales la vida en el otro lado y los habitantes “de enfrente” tienen facetas consideradas positivas y otras detestadas: la cercanía estimula la intensidad de los imaginarios sobre el otro, las anécdotas propias o de conocidos fun-cionan como pruebas fácticas que refuerzan los argumentos del prejuicio. Así, los brasileros son percibidos como trabajadores y algo imperialistas por los paraguayos, alegres y ambiciosos por los argentinos; los paraguayos son poco trabajadores y grandes músicos para argentinos y brasileros; los argentinos son soberbios y emprendedores para paraguayos y brasileros. Estos imaginarios estructuran las relaciones y favorecen u obstaculizan po-líticas de acercamiento e integración.

El surgimiento del Mercosur y las políticas de integración emprendidas por los estados desde los años 1990 cambiaron el escenario fronterizo, que se había basado, entre las décadas de 1940 y 1970, en las hipótesis de conflicto del vecino invasor: Argentina y Paraguay temían los avances de Brasil, Brasil recelaba de los intentos de ocupación de tierras de los argen-tinos. Los habitantes de la frontera, sin embargo, viven de manera ambigua estos procesos: los consideran positivos, deseables, y a la vez los perciben como manejados por las capitales alejadas, sin mucha consideración por las dinámicas de los sectores fronterizos. En este contexto los prejuicios sobre los otros reaparecen, generan rispideces, activan líneas de conflicto.

Encuentros, crisis, trayectorias comunes y divergentes. Las fronteras al sur se caracterizan por los tránsitos, las porosidades, la baja intensidad de los conflictos. zonas de movilidades y transformaciones, las fronteras nos hablan, también, de las sociedades cuyos bordes conforman.

Las sociedades de frontera se confi gu-ran como espacios de interacciones complejas, en las cuales la vida en el otro lado y los habi-tantes “de enfrente” tienen facetas con-sideradas positivas y otras detestadas: la cercanía estimula la intensidad de los imaginarios sobre el otro, las anécdo-tas propias o de co-nocidos funcionan como pruebas fác-ticas que refuerzan los argumentos del prejuicio.

* Investigadora CEIL- CO-NICET, profesora de la Universidad de Buenos Ai-res, Argentina.

Notas1 Para ampliar las temáticas tratadas en este artículo ver Silvia Montenegro y Veró-nica Giménez Béliveau, La

triple frontera, globalización y construcción social del es-pacio, Buenos Aires, 2006, Miño y Dávila, y Verónica Giménez Béliveau y Silvia

Montenegro, La triple fron-tera. Dinámicas sociales y procesos transnacionales, 2010, Buenos Aires, Espacio Editorial.

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Democracia y republicanismoA propósito de la participación política*

Por Cristian Camilo Ramírez1

Introducción

La pretensión de esta ponencia es poner en discusión una perspectiva diferente de la participación política, no inclui-da en la visión liberal ni en la visión republicana. Partiendo de que para el liberalismo la participación política supone una liberalidad (largueza) en las diversas actuaciones de los individuos, contrario al republicanismo que la supone como

un deber moral. La perspectiva propuesta para la discusión es plantear la participación política como un “deber social” que involucra a la persona tanto desde su individualidad como desde su entorno social.

Desde los sistemas demo-liberales, la competencia entre los partidos po-líticos pretende involucrar al ciudadano como un mero individuo-elemento sólo apto para el mercado, en cuyo juego mercantilista se aplica la fórmula de oferta y demanda, a través de la cual se vende una idea de bienestar orientada a la satisfacción de necesidades particulares, que no siempre serán satisfechas, debido al incumplimiento de las promesas hechas. No obstan-te queda para este individuo-elemento un deber que sólo es considerado como contraprestación, cual es el de sufragar por la propuesta planteada.

Mientras para los sistemas republicanos la participación es un deber moral, el cual es asumido como una obligación detentada por el fuero in-terno de los ciudadanos, acción que redunda en una afectación colectiva, pero que tiene su mayor fortaleza en la virtud, “es la disposición a buscar el bien colectivo” (Dahl, 1993) manifestada como lealtad a las institucio-nes. Esto se puede entender en los términos de libertad política concebida por Montesquieu (1982) como la libertad no solo de la constitución (di-

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visión de poderes) sino también como la creencia del ciudadano de estar seguro no solo de los posibles ata-ques del Estado sino también de sus conciudadanos.

Aquí la pretensión es la de introducir en el con-cepto de participación política la categoría de de-ber social, la que es distinta a las visiones liberal y republicana, ya mencionadas. Por lo que esta idea se desarrollará en los siguientes apartados: 1. La de-mocracia social o justicia social, 2. El conflicto como categoría política de la democracia, y 3. La reevalua-ción del concepto de bien común, categoría propia del Estado moderno, por el de acuerdos comunes, más acorde con las democracias deliberativas, parti-cipativas y pluralistas, es decir contemporáneas.

1. La democracia social o justicia social A través de la historia política, la democracia ha

ido adquiriendo varios adjetivos: radical, absolutista, totalitaria, realista, sustentable, pluralista, deliberativa, procedimental, sustantiva, participativa, y social. Este último adjetivo es el que se pone a discusión en este apartado. Por dos razones, la primera tiene que ver con la necesidad que tiene la democracia como siste-ma político de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, las que son de obligatorio cumpli-miento; lo que requiere de cualidades o virtudes para que ésta sea considerada como mecanismo legítimo de toma de decisiones. La segunda, es que ésta debe sustentarse en la deliberación y la capacidad de juicio razonable, es decir, universalizable, sobre los fenóme-nos políticos, unidas a la autodeterminación de cada ciudadano, que convierta toda actuación política en deber social, es decir, para con los demás.

La democracia social o justicia social parte de la presunción de que los sujetos son iguales, por lo que ella se establece como sistema político apoyado en lo jurídico para garantizar, no sólo desde lo formal sino también desde la praxis, la paridad ciudadana, la que sólo puede darse bajo condiciones de igual-dad económica e igualdad política.

1.1. Cualidades o virtudes para la participación política del republicanismoEl republicanismo enfoca su especial interés en re-

lación con la política, a partir de la intervención de los ciudadanos en los diferentes campos sociales, abste-niéndose de injerencias subjetivas basadas en concep-tos de humanismo, bondad, benevolencia, entre otros.

Se parte de un solo ideario soportado en el interés ge-neral o el bien común que le asiste, por igual, a todos y cada uno de los componentes de la sociedad. En clave republicana, el bien común se identifica, según Gallardo (2012) “con el régimen de la ley y con una distribución justa o equilibrada de los recursos de au-toridad política…”, pero cabe preguntarse si no se le está dando mayor preeminencia a la legalidad (imperio de la ley) que a la legitimidad (poder de la sociedad), dado que en definitiva es en esta última donde recae la fuerza de las decisiones respecto de todo lo que le afec-ta, ya en lo comunitario, ya en lo particular. En uno y otro caso, no podrá estarse ajeno a la influencia permi-siva de intereses determinados y particularísimos, que permeando las distintas esferas de la sociedad buscan concentrar en unos pocos el poder decisorio respecto de las mayorías y, lo que resulta más negativo aún, pri-vatizar las decisiones de asuntos que afectan a todos.

En torno al bien común,2 base de la sociedad según la concepción aristotélica de la política, es menester in-dagar por la relación que pueda desprenderse de las acepciones bien común-derecho natural. La primera ahonda en la necesidad del cuerpo social en unir es-fuerzos para el logro de objetivos afines, tendientes al bienestar general, para lo que la participación de to-dos en pro de la consecución de un mejor estar es fun-damental; la segunda parte de un derecho inmanente en la sociedad, un derecho del que se desprenden ga-rantías para los ciudadanos en tanto son ciudadanos, condición por la cual los esfuerzos de todos también garantiza el reconocimiento entre ellos y el respeto por el bien general, como finalidad de su estar juntos.

Si bien el derecho natural se acerca al ideario re-publicano de intervención ciudadana en todo aque-llo que le atañe en la esfera gubernativa, puesto que se trata nada menos que del ejercicio de un dere-cho propio orientado a garantizar la participación en todo aquello que lo afecta, también es menester mostrar que el derecho natural (iusnaturae), impulsa al ciudadano a la defensa de sus derechos, los que son anteriores a la constitución del Estado y su salva-guarda legitima su existencia.

En el imaginario político republicano (Gallardo, 2012), el ciudadano ocupa un lugar central, a quien se le reconoce la facultad para darse la ley a sí mismo; empe-ro la perspectiva republicana no es tan halagüeña como se presenta, ésta requiere de un análisis. No puede per-mitirse que so pretexto del compromiso ciudadano de participación, se llegue a la manipulación como estrate-gia para aumentar el bienestar de unos cuantos.

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La participación ciudadana en los asuntos guber-nativos, en la toma de decisiones respecto de aque-llo que le afecta, en la elección de las normas que han de regular su conducta y en la elección de su futuro social, económico y político, debe darse en un ambiente de libertad y ajena a situaciones co-yunturales; no debe prestarse a beneficiar intereses particulares, debe ser consciente, libre y voluntaria, desprovista de presiones; no puede permitir injeren-cias particulares que no apunten al bien de la colecti-vidad. Deber ser consensuada y deliberativa, distan-te de la representación y siempre pensada en clave de unidad, de colectividad, de asociación, donde no quepa el menor asomo de individualismo, de secto-rización, de dispersión. Contrario a la democracia, el republicanismo le apunta a menor representación en aras de la efectividad, mientras que la democracia lo que hace es tender a mayor representación en aras de la inclusión.

1.2 Igualdad políticaEsta condición en las

actuales democracias ha sufrido una importan-te transformación des-de que apareció en el sistema político liberal clásico con Locke con el concepto de ciudadano diferente al de súbdito en el Estado absoluto (Hobbes, 2004), con-cepto que modifica radi-calmente la relación entre los sujetos políticos y el Estado. Para el liberalismo clásico la igualdad política solo podía establecerse entre aquellos ciudadanos propietarios, porque éstos defendiendo lo suyo en lo público defenderían lo de todos, es decir, el bien general (Locke, 1690).

Luego desde una perspectiva republicana en la modernidad con Roussseau, este concepto sufre un ensanchamiento e incluye no solo a los propietarios sino también a quienes no lo son, es decir, la ciuda-danía se extiende a un número mayor de sujetos polí-ticos; no obstante continúa siendo una participación política masculina. En este periodo hay otros autores que fundamentan la participación política como un principio igualitario entre los hombres públicos, pero

sin lugar a dudas la argumentación más influyente de todas fue la de Kant. Éste sustenta la igualdad huma-na en el principio de la igual dignidad.

Esta dignidad igualitaria, que para el siglo XX se ha ampliado al sector femenino, es el contenido más importante dado a la ciudadanía, el cual aún se sos-tiene hoy para exigir la reivindicación de derechos, ya no de corte político porque la igual libertad para participar en la política es una de las premisas de la democracia, aunque ésta sea entendida desde su acepción etimológica como gobierno del pueblo. Los derechos que hoy se exigen son sociales y cul-turales, y éstos últimos son los que en la actualidad permiten la distinción entre ciudadanía integradora (de corte liberal) y la diferenciada (de corte multicul-tural), pero ya sea desde la perspectiva demo-liberal

con las exigencias individuales por una ciudadanía concebida como la pertenencia a un determinado territorio o la multicultural, en la cual los derechos de un individuo son aquellos que se les otorgan a su grupo específico, la participación de los ciudadanos en la esfera política sigue siendo un mecanismo para mejorar y modificar las decisiones adoptadas a tra-vés de la regla de la mayoría (Dahl, 1989, Cap.11).

Si bien el proceso democrático como mecanis-mo a través del cual los ciudadanos políticamente activos, o también se puede entender como todos desde el ideal democrático, participan en la delibe-ración y en las tomas de decisión en todo aquello que les incumbe e interesa, también es cierto que desde los sistemas políticos reales este requisito es

La democracia social o justicia social parte de la presun-ción de que los sujetos son iguales, por lo que ella se es-tablece como sistema político apoyado en lo jurídico para garantizar, no sólo desde lo formal sino también desde la praxis, la paridad ciudadana, la que sólo puede darse bajo condiciones de igualdad económica e igualdad política.

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sólo una formalidad constitucional, porque aún hay carencias materiales que impiden a un gran número de ciudadanos ejercer su ciudadanía o quizá porque la relación clásica de un ciudadano un voto se des-virtúa cuando se permite desde la estatalidad que los medios materiales de unos cuantos ciudadanos hagan primar intereses particulares a veces disfraza-dos de interés general.

La influencia de la economía en la política ha lle-vado a que en ésta se hable, por ejemplo, de mer-cado electoral, en el cual se intercambian bienes y servicios por el voto, desdibujando el papel de la es-fera pública como la esfera de igualdad política, en la cual todas las preferencias se hacen públicas y se deliberan. Lo que marca el acento de lo público en las decisiones del público para sí mismo.

Desde esta perspectiva es que se hace urgente re-pensar lo público y al sujeto político no aislado del mercado y de la economía, pero sí reconociendo la influencia que en las últimas década las condiciones materiales están teniendo en decisiones universales y de obligatorio cumplimiento, al mismo tiempo que se debe revaluar la participación política, ya no des-de la igual dignidad o desde el igual derecho a la diferencia (Taylor, 1993), sino desde la capacidad de influenciar las decisiones públicas, lo que es propor-cional a la riqueza acumulada

1.3. Igualdad económicaDesde la teoría crítica de la democracia, con Ro-

bert Dahl, pero también desde la mirada política de Alexis de Tocqueville, se ha estipulado que no se pue-de hablar de igualdad jurídica y política si las condi-ciones materiales de los ciudadanos, no se convierten en un asunto relevante para la esfera política. Esta ad-vertencia surge de un hecho empírico, la influencia que la economía y el mercado ejercen en la política, o dicho de otra manera, la influencia en la política de un ciudadano con alto poder adquisitivo no es la mis-ma que de aquel ciudadano que carece del mismo. Razón por la cual las condiciones socioeconómicas deben ser una prioridad en las agendas políticas, si realmente se quiere democratizar el Estado.

Es así que para Dahl (1987), la desconcentración de la economía es el pre-requisito para el ejercicio de la igualdad política, de no ser así, los Estados y sus administradores públicos estarían mintiéndole a sus ciudadanos, cada que les aseveran que son los únicos legitimadores de los procesos democráticos.

Tal mentira puede evitarse, si y sólo si, el sistema eco-nómico se replantea una forma de distribución de la riqueza, distinta a la que se produce con un sistema de empresas capitalistas.

Por lo que debe diseñarse un sistema económico que posibilite la desconcentración de la riqueza con ayuda de la intervención estatal, cambiando las em-presas capitalistas por unas de corte cooperativo, las que permiten distribuir mejor “el trabajo y sus fru-tos”, según criterio de quienes las integran. El estado debe ser un tipo de sistema mixto entre intervencio-nista-socialista, en el cual la política vuelva a tomar las riendas de la economía, y ponga ésta al servicio de la población en tanto aquella se ocupa de dis-tribuir los recursos naturales y financieros de forma racional, es decir, equitativa.

Lo anterior debe de estar acompañado desde lo jurí-dico con un conjunto de leyes sobre acumulación e im-puestos a la misma, que des-estimule tal actividad para frenarla y a largo plazo eliminarla, sin que se llegue a la expropiación, acción que va en contra de la naturaleza del sistema democrático. Así quienes hereden riquezas deben pagar una cantidad similar a la mitad de lo que heredan, además de continuar pagando los impuestos por su conservación y uso (Dahl, ibíd.).

Si el control de la propiedad genera la desigual-dad política, no sólo en términos de participación sino de la capacidad real que tiene cada ciudadano de influenciar las decisiones. Las que más tarde se convierten en disposiciones jurídicas que modifican los comportamientos y formas de relacionarse entre sí los ciudadanos, y entre ellos y el Estado y entre ellos y los bienes. Para lo cual es necesario quitarle a la propiedad el carácter de derecho inalienable y moral, porque éste sería anterior al establecimiento del Estado, lo que favorece a la ideología liberal-indi-vidualista su perspectiva ilimitada de la acumulación en términos de egoísmo; tornándose cada intento de distribución en un acto fallido. Así con la critica a los derechos concebidos por el liberalismo clásico lockeano, Dahl propone como único derecho funda-mental el del autogobierno (Dahl, 1989), como una propuesta de que se establezcan nuevos derechos para los ciudadanos, pero aquellos que se determi-nen únicamente por medio del proceso democráti-co, incluyendo la adquisición de la propiedad.

Al respecto, un autor anterior a Dahl, Tocqueville, consideraba que una manera libre e igual de conce-bir a los ciudadanos dentro de un Estado democrá-

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tico, era a través de la adquisición de la propiedad (tierras), así quienes eran propietarios en América participaban de la política, porque tenían en común la defensa de sus bienes (premisa liberal clásica).

2. El conflicto como categoría de la teoría políticaEn el pensamiento político contemporáneo la idea

liberal de la democracia ha supuesto la superación del conflicto en la política, esto se debe en parte al pre-cepto liberal de poder conseguir un consenso político racional entre los diversos actores que participan en el proceso de configuración de lo público mediante la libre discusión de ideas contrapuestas; y también en parte a la supuesta superación de las identidades colectivas y la posibilidad de conseguir un mundo cos-mopolita en el cual no tenga cabida la diferenciación nosotros/ellos (Mouffe, 2011) o amigo/enemigo (Sch-mitt, 1991); esto sucede porque se cuenta desde el liberalismo con el mercado cultural3. Pero a diferencia de lo que la teoría liberal indica, la política supone un encuentro de distintos intereses en conflicto en los sistemas políticos democráticos o republicanos, cons-tituyéndose lo político en un campo conflictivo.

Es sobre la base de la política como conflicto en la cual se pueden adjudicar los objetivos de la demo-cracia contemporánea (la participativa, la pluralista, la deliberativa, e incluso tímidamente la democracia humana de Nussbaum). Concebir el conflicto como principio constitutivo de esta democracia y no como una amenaza es lo que se propone en este aparta-do, debido a que el conflicto se hace necesario para aceptar la diversidad de intereses que constituyen el campo político posibilitando la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Sin entrar en detalles sobre la teoría de Mouffe, lo que se pretende es llamar la atención sobre las condi-ciones en las cuales la democracia tiene que afrontar el plano conflictivo del campo político, reivindicando una noción del conflicto que pueda garantizar una sociedad pluralista. En este sentido, se hace nece-saria una politización de la sociedad que permita la constitución de identidades colectivas que suponen siempre la creación de un nosotros/ellos, en tanto la construcción de una identidad determinada implica el establecimiento de una diferencia. Por supuesto esto no significa que la relación sea antagónica, sino que siempre cabrá la posibilidad de que la relación se convierta en una relación de amigo/enemigo; en este

punto la democracia contemporánea debe repeler el surgimiento de las relaciones antagónicas y buscar una forma de establecer la relación nosotros/ellos que per-mita la coexistencia entre los ciudadanos.

Teniendo en cuenta las categorías nosotros/ellos es necesario traer lo que Schmitt entiende por conflic-to y el papel que juega en el binomio amigo/enemi-go. Lo político para este autor como otro elemento constitutivo de la sociedad como la economía, es la distinción que ésta tiene entre amigo y enemigo. El sentido de esta diferenciación está en marcar el gra-do de intensidad de una determinada relación en el campo político, siendo esta de unión o separación en-tre dos identidades que se consideran como distintas, así: “el enemigo político simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un senti-do particularmente intensivo” (Schmitt, 1991: 57). Se debe tener en cuenta que la relación amigo/enemigo en este autor se da entre Estados, cada uno de estos tiene que decidir por sí mismo si la presencia política del otro representa una amenaza a la propia existen-cia, y en esencia si hay que rechazarlo o combatirlo para conservarse a sí mismo, cabiendo la posibilidad de lo que llama Schmitt como la legítima eliminación ontológica del otro en términos de guerra.

El modelo político de Schmitt se basa en el anta-gonismo entre diferentes asociaciones políticas (Esta-dos), que pueden hacer extensivas a la sociedad sus diversos intereses, constituyéndose lo político como una esfera de decisión de una identidad política de-terminada y no de discusión.

Lo político4 no pude prescindir del antagonismo, ya que la existencia de un nosotros implica la exis-tencia de un ellos. Mouffe a diferencia de Schmitt5 lo que hace es usar su teoría del antagonismo en una lectura adversarial para buscar una forma de profundizar la democracia, buscando canales de do-mesticación del antagonismo para que el conflicto desaparezca, y en su lugar establecer la concepción del otro como quien es ideológicamente diferente, permitiendo que el binomio amigo-enemigo, propio de la teoría de Schmitt, se convierta en un nosotros-ellos, que reivindique el debate democrático y la empatía ciudadana.

La reivindicación que hace la autora del debate democrático permite que en la distinción nosotros/ellos no haya la posibilidad de una legítima elimi-nación del otro como la concebía Schmitt, sino una

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forma de confrontación entre intereses divergentes entre sí que se consideran como racionalmente le-gítimos unos a otros al interior del Estado, teniendo en cuenta que las posiciones son radicales y nunca se van a adherir unas a otras; de esta manera la autora caracteriza al otro como un adversario y no como un enemigo con el cual sí se puede coexistir.

La pregunta consecuente al carácter conflictivo de lo político recae sobre el ¿cómo pensarse una de-mocracia pluralista cuando el concepto de conflicto lleva consigo la eliminación del otro en términos de Schmitt? Y en este sentido la forma en que se conci-be el otro juega un papel importante a la hora funda-mentar una política basada en el conflicto, teniendo en cuenta que en este sistema político en particular se basa en la pugna por la primacía de intereses; el

conflicto debe tomar una forma, en la cual él mismo no destruya la asociación política, así en la confron-tación entre las diversas identidades debe haber la existencia de un vínculo común entre las diferen-tes partes para buscar canales para “domesticarlo”, y convertir la relación que antes se concebía como antagónica de una forma agónica, es decir, una re-lación en la cual las partes enfrentadas admitan la legitimidad del otro, concibiéndolo ya no como un rival a destruir sino como un adversario con el cual se comparte un espacio simbólico común (normati-vidad democrática).

Pasar del antagonismo al agonismo implica la creación de una serie de instituciones que buscan canalizar el conflicto schmittiano y “domesticarlo” como lo propone Mouffe a través de los principios

ético-políticos constitutivos de una sociedad demo-crática y deliberativa6; en este sentido el agonismo permite cambiar la naturaleza de la relación amigo-enemigo característica de los antagonismos pro-curando por eliminar aquellas fuerzas hostiles que resultan determinantes a la hora de confrontar al adversario. La categoría de adversario le permite a la autora apartarse de la teoría de Schmitt, porque en el agonismo hay un mutuo reconocimiento de que las posiciones encontradas son racionalmente irreconci-liables pero a la vez legítimas, propiciando un paso hacia la democracia pluralista.

La profundización de la democracia a partir del enfrentamiento entre diversas formas de identifica-ción colectivas garantiza la posibilidad de que exista el pluralismo democrático. En tanto la democracia se

concibe en términos de las distintas alternativas que pueden configurar lo público de una ma-nera determinada, man-teniendo siempre la po-sibilidad de subvertir los distintos intereses que se han considerado como hegemónicos a partir de la confrontación entre diversas alternativas cla-ramente diferenciadas que puedan proporcio-nar a la democracia un rol dinámico inherente a la misma.

3. La democracia republicana y el bien común. A modo de conclusiónLa democracia entendida en el sentido de agonismo

mouffetiano necesita de una profundización que vaya más allá de los valores ético-políticos sobre los que se fundamenta, valores como la igualdad y la libertad; se necesita de una ciudadanía capaz de legitimar al otro como su adversario y no como un enemigo teniendo en cuenta su perspectiva divergente. En este sentido, en la democracia se puede develar su aspecto social funda-mentado en la deliberación pública de los asuntos co-munes, establecer sistemas de educación que instruyan para la formación cívica que permita la participación de los ciudadanos, de manera colectiva y comprometida.

Ahora bien, una democracia republicana nece-

Tocqueville, consideraba que una manera libre e igual de concebir a los ciudadanos dentro de un Estado democrá-tico, era a través de la adquisición de la propiedad (tie-rras), así quienes eran propietarios en América participa-ban de la política, porque tenían en común la defensa de sus bienes (premisa liberal clásica).

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sita garantizar cierta igualdad entre los actores que participan del campo político, en tanto esta igualdad viene determinada por el deseo de los ciudadanos por eliminar las fuentes de las disparidades entre los distintos niveles de participación política, haciendo alusión a las desigualdades que existen entre los in-dividuos y los grupos sociales para influenciar la polí-tica. En este sentido, la igualdad se entenderá desde Ros (Ros, 2001) al referirse a la lectura de Tocqueville de la Democracia en América, quien sostiene que la igualdad se tiene que concebir en un sentido de igualdad de oportunidades, en cuanto a la posibili-dad de que no haya restricciones para cualquier ciu-dadano a acceder a todos los beneficios que ofrece la sociedad, en términos de participación.

Revisando los sistemas políticos reales latinoa-mericanos se puede verificar que las desigualdades políticas y económicas son uno de los grandes pro-blemas y se constituyen como factores degenerativos de la participación política, en la medida en que los partidos políticos usan estas desigualdades para in-crementar la corrupción política; es por esto que el papel del Estado como representante de los intereses colectivos debe ser el de establecer límites precisos a las desigualdades donde éstas ya se consideren como injustas, lo que permite la integridad procedimental y sustantiva de las actuaciones políticas.

La igualdad como una condición básica de una democracia de corte republicano supone el estable-cimiento de ciertas condiciones socioeconómicas que aseguren una auténtica y puntual intervención de los ciudadanos en la dirección de los asuntos co-munes, permitiendo la legitimación de la república entendida desde la posición de Javier Gallardo como aquella forma de gobierno que tenga una fuerte vo-cación pro-política, procure por el establecimiento de “acuerdos comunes” entre las diferentes posi-ciones encontradas en el campo político, fortalezca la ciudadanía a partir de la formación ciudadana y asegure ciertas condiciones sociales de equidad, pro-curando la posibilidad de la libertad en su sentido republicano. (Gallardo, 2012)

La igualdad nos lleva a hablar de las dimensiones de la libertad y el sentido político que toma ésta en una sociedad democrática y pluralista, debido a que la libertad debe ser tomada como un presupues-to fundamental de participación de los ciudadanos en el campo político (libertad positiva). La libertad como la entienden los republicanos supone la capa-cidad de los ciudadanos para poder ejercer acciones

comunes en el campo político, el principio de au-todeterminación colectiva y a su vez el principio de la autonomía individual; en este sentido el Estado debe servir como garante de la pluralidad de valores y preferencias que imperan en la sociedad ayudando a que la libertad sea uno de los presupuestos para la supervivencia del pluralismo.

Ahora bien, la libertad republicana debe ser en-tendida en términos de no dominación, es decir, la protección de los ciudadanos frente a la no interfe-rencia arbitraria de otros en la toma de decisiones del ciudadano, según Montesquieu de estos tanto al Estado como a los demás conciudadanos (Mon-tesquieu, 1982). La garantía de esta libertad como no dominación debe estar establecida en la ley; en la tradición republicana es ésta la que constituye la libertad, no es un simple derecho natural (libertad salvaje). La ley al contrario de lo que piensan los li-berales, para quienes ésta es una limitación al actuar humano dentro de los colectivos y en su naturaleza llevan la prohibición, para los republicanos ésta, por el contrario, es la forma en la cual se garantiza la libertad, entendiendo que sin ley ésta no existe; y que la ley misma es el ejercicio de la libertad de los ciudadanos en la medida en que el accionar político de éstos se cristaliza en las leyes.

El actual paradigma republicano propone una de-mocracia basada en la deliberación pública de los asuntos comunes, la virtud ciudadana y la reivindica-ción de la autoridad común de los ciudadanos como categorías fundamentales del pleno ejercicio de las libertades democráticas. La democracia republicana reivindica el papel de la ciudadanía basada en la for-mación pública y la capacidad para decidir por sí mismos orientada hacia la deliberación colectiva, lo que implica el intercambio de argumentos que lle-ven a los acuerdos entre los disensos (Sartori, 1997).

Para el republicanismo es de suma importancia la educación y las libertades cívicas como presupuestos fundamentales en la medida en que permiten a los ciudadanos habitar el espacio público con prácticas políticas basadas en la reflexión y la crítica de las di-versas posiciones, que determinan el bien común.

La democracia republicana deberá introducir a partir de la educación de sus ciudadanos en los fun-damentos de la institucionalidad y los conocimientos que se requieren para hacer buen uso de la partici-pación como un deber social. Éste ha de entenderse como el bien público pluralista de las democracias

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contemporáneas, sobre todo en aquellas en las que se privilegia el pluralismo como su elemento consti-tutivo, en tanto la discusión racional entre los ciuda-danos tendientes a adquirir acuerdos comunes sobre los disensos, desvirtúa la concepción tradicional del bien común de la república de los modernos, el cual se concebía delimitado a los intereses de unos cuan-tos de sus ciudadanos más ilustres, y por tanto éste era restringido, en términos que no se podrá modifi-car, en tanto no daba cabida a un interés divergente de otros ciudadanos individuales o grupos de ellos.

Las democracias contemporáneas, y sobre todos aquellas pluralistas, han de concebir en medio de su diversidad diversos grupos de intereses dentro del mismo sistema político, Estado y sociedad, por lo que ha de establecerse un marco de bienes comunes en los cuales se sientan representados si no la uni-versalidad de sus ciudadanos, por lo menos un alto número de ellos, por lo que se debe hacer referencia es a los bienes comunes en estos estados contempo-ráneos, expresión incluyente más acorde con el ideal de las democracia, la inclusión.

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Notas1. Autor: Cristian Camilo Ramírez, estudiante de De-recho de la Facultad de De-recho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Miembro del semillero Estu-dios críticos sobre democra-cia. Co-autores: María Dolly Cuartas Henao, profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y coordinadora del semillero Estudios críticos sobre de-mocracia. Nelson Augusto Ruiz, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Po-líticas de la Universidad de Antioquia.*Trabajo presentado en el VI Congreso latinoamericano de la Asociación mundial de investigación en opinión pública, Wapor, Santiago de Chile, junio de 2014.2. Si se continúa apegado al principio por el cual se cons-tituye el Estado moderno.3. Consumismo en términos culturales liberalismo - en la medida en que los ciudada-nos son considerados como iguales, se insertan en el mercado para adquirir una forma de cultura, en cuan-to es en el mercado donde

encuentran afinidades entre los sujetos que deben elegir entre las diferentes opciones que se le presentan.4. Karl Schmitt entiende: “la distinción política específi-ca, aquella a la que pueden reconducirse todas las accio-nes y motivos políticos, es la distinción de amigo y ene-migo”(1991:56)5. Chantal Mouffe entiene “lo político” como la di-mensión de antagonismo que considera constitutiva de las sociedades humanas, mientras que entiende a “la política” como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, or-ganizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” (Entorno a lo políti-co, 2011, pág,16)6. La democracia delibera-tiva es un modelo ideal de democracia, esto es un mo-delo normativo de la misma. Según el ideal, las decisiones políticas, para ser legítimas, tienen que ser el resultado de un proceso colectivo y público de argumentación, esto es, de un intercambio de argumentos y razones a favor y en contra de las propuestas presentadas con el objetivo de convencer racionalmente a los demás. (2007:156).

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Participación política individual 2.0*

Por Diana María Sánchez Pizarro1

Resumen

L a permeabilidad de las nuevas tecnologías en el campo de la participación social y política desde la individualidad, viene acompañada de una necesidad de renovación y búsqueda del entendimiento del nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Perfeccionar una forma de comunicación 1.0 por una web 2.0 es el reto a superar, ya que las comunicaciones son eje funda-

mental en la vida y en las interacciones de los sujetos en sus comunidades.

La web 2.0 permite un contacto directo con aquellos temas de prefe-rencia para los individuos y presenta la posibilidad de hacer pública las opiniones en un medio que se extiende a nivel mundial. El nuevo pa-norama que se vive es la posibilidad de procesamiento de información, generación y creación de conocimiento.

IntroducciónEl objetivo de esta ponencia es estudiar y analizar las nuevas formas de

participación política, las cuales posibilitan el entendimiento del desarrollo social de cada nación. La participación política, la diversidad de ideologías y las diferentes formas de manifestación colectiva enriquecen a toda la so-ciedad, tanto por su aporte político, como por su fortalecimiento en la cons-ciencia social. Es de gran importancia ilustrarse sobre la realidad que acaece: estar bajo el imperio de la tecnología y las nuevas formas de comunicación conlleva a transformaciones en todos los ámbitos de los individuos.

Un ejemplo de estas nuevas formas de comunicación se puede ob-servar en Colombia, un país que se ha enfrentado por más de 80 años a una guerra que se inmiscuyó en las esferas más privadas de los individuos, debido a que en todo el territorio nacional se generó un sentimiento de peligro y temor, propiciando una inseguridad en ámbitos sociales, políticos

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y hasta educativos, además, irrumpió con la tranqui-lidad de éstos y ha dejado una gran cantidad de víc-timas. Es el pueblo colombiano, quien a lo largo de esta ola de violencia ha querido indignarse y hacer pública su posición, la cual es claramente no más violencia, referenciando como uno de los actores de la mismas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Farc; y en provecho del gran auge de las nuevas tecnologías y su posible influencia en las relaciones, empezó a impulsar nuevas formas de participación política entre sus ciudadanos, nuevas formas de agrupación, en donde pudieran expresar su inconformismo y lograran hacer visible hasta en ámbitos mundiales la problemática nacional. El pue-blo colombiano a través de las redes sociales logró generar un gran impacto social, convocando a una de las marchas más influyentes para esta nación. Esta marcha unió a todo el país en pro de una misma cau-sa y permitió que se convirtiera en una misma voz las intenciones de más de cinco mil colombianos. Era necesario hacer un llamado a la paz, a la no violencia y a un cese de hostilidades con las Farc.

En el desarrollo de esta ponencia se realizarán va-rias contextualizaciones claves: se iniciará con un acer-camiento a una nueva forma de comunicación como lo es la web 2.0, con su influencia en la formación e incremento de participación política. También se hará una ilustración de los movimientos sociales, bajo algu-nas posiciones teóricas; y para finalizar, se hablará de una manifestación política que tuvo lugar en Colombia en 2008, la cual reúne características de participación política y es reflejo de una utilización de los medios de comunicación virtuales para fines socio-políticos.

1. Web 2.0, redes sociales y participación políticaEn la actualidad, el mundo se enfrenta a una era tec-

nológica que avanza a pasos colosales y que cada día se inmiscuye en todos los ámbitos de los individuos, dado que las personas recurren más a los medios tec-nológicos para desempeñar acciones de su diario vivir y se observa a nivel mundial un apego mayor a apara-tos y sistemas de esta índole. La lucha practicada por aquellas naciones, que encabezan el ranking mundial de países desarrollados y a la vanguardia de las nue-vas comunicaciones y el internet, genera una constante creación de contenidos y una actualización permanen-te de todos aquellos proyectos tecnológicos anteriores.

El internet ofrece una amplia gama de servicios atendiendo a las diferentes necesidades e intereses

de los individuos. Gracias a la implementación de la web 2.02, sus contenidos generan más comunica-ción, participación y una completa forma de inte-racción con servicios que antes se mostraban planos y estáticos, es decir: “La comunicación 1.0 (o tradi-cional) se caracterizaba por su verticalidad y unidi-reccionalidad, mientras que la 2.0 se caracteriza por la horizontalidad y la bidireccionalidad. (...), pone en relación al creador de contenidos y al usuario de forma directa” (Caldevilla, 2009 p 35), y esto, hoy en día, permite que los individuos sean partícipes en la construcción y actualización de estos contenidos.

La web 2.0 establece una colaboración descentra-lizada de transmisión de contenidos, la cual es usada por los individuos para potenciar su forma de partici-pación. De esta manera, las diferentes herramientas que presenta el internet como: las redes sociales, los nanoblogs, los blogs3, y las comunidades para com-partir contenidos, presentan según Casacuberta, Gu-tiérrez-Rubí (2010), la posibilidad de no solo recibir información sino también emitirla.

El uso de la comunicación digital posibilita la recep-ción de contenidos sin importar el público que lo recibe y las críticas que de éste se pueden suscitar, pero tam-bién ofrece un panorama más amplio de intercambio de conocimientos, información y opiniones, por ende cuando se envía y se transmite un contenido determi-nado, el receptor o receptores están en la posibilidad de comentarlo, criticarlo, compartirlo y re-transmitirlo; generando una forma de comunicación con mayor fa-cilidad de propagación, es decir, más viral.

Las redes sociales, como una de las herramientas que ofrece el internet, son consideradas como ejes de interacción de los individuos, las cuales se con-vierten en ciberespacios utilizados para la participa-ción en un mundo digital, que posibilita compartir contenidos y el establecimiento constante de comu-nicación con otros medios de información (radio, prensa, televisión, entre otros). De esta manera, las redes sociales se han consolidado en una forma para que los individuos y grupos interactúen, con base en sus intereses, facilitándoles la transmisión de sus puntos de vista e información, éstos adquieren no-toriedad por medio de plataformas como Facebook y Twitter, las que proporcionan una fácil interacción a través de contenidos cargados de preferencias, al alcance de un click. Hoy estas redes hacen parte del diario vivir de todas las personas, sin exclusiones ni restricciones de edad, sexo, religión, cultura, nacio-nalidad, ideología, posición social, entre otras.

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Las redes sociales, como una de las herramien-tas que ofrece el internet, son consideradas como ejes de interacción de los individuos, las cuales se convierten en ciberespacios utilizados para la par-ticipación en un mundo digital, que posibilita com-partir contenidos y el establecimiento constante de comunicación con otros medios de información (radio, prensa, televisión, entre otros).

Cada vez en la red aparecen en mayor medida gustos, ideologías y pensamientos de quienes inte-ractúan con dicha herramienta, puesto que cada vez es más la emisión de contenidos, convirtiendo el internet y a las redes sociales en un sistema de in-formación libre, el cual diariamente se expande. Las personas acceden con desenvoltura a espacios que les brindan toda clase de información con la posibili-dad de agregar más contenido como una ampliación de los datos, una crítica, un comentario, dar respues-tas a preguntas o generar las propias.

La red se transforma en un ciberespacio de libre actividad, el cual en la contemporaneidad ha sido utilizado en buena parte para actividades relaciona-das con la política y los ámbitos sociales; en palabras de Araya Dujisin (2005) “progresivamente la red se convierte en una herramienta para la actividad polí-tica, desde informar y organizar grupos hasta reclutar voluntades o incluso actuar colectivamente sobre de-terminados ámbitos”. (p 58). Por esta razón, en nues-tros días, las redes sociales son una herramienta que además de todas las posibilidades antes expuestas, concede y potencializa una nueva forma de partici-pación y activismo social. Son estos espacios los que permiten que las personas mediante la agrupación y las nuevas formas de ser escuchadas y de generar opiniones, comiencen a hacer parte de proyectos y situaciones de las cuales antes, físicamente, no eran partícipes y tenían desconocimiento. Además de esto, se abre un espacio para la participación más ac-tiva en las mismas propuestas de los gobiernos, dado que conjuntamente al participar en dichos ámbitos se concede un acceso más fácil y rápido a la informa-ción suministrada por entidades estatales.

Se podría afirmar, por tales razones, que son las re-des sociales un hito para las nuevas formas de ejercer la participación social, pues brindan un espacio de

opinión, deliberación y construcción que posibilitan una zona de debate y discusión, que está abierto para todas aquellas personas que están en un despertar ante las nuevas herramientas que el mundo presen-ta, como lo son: foros, discusiones, conversatorios y debates al alcance de un click, y con la posibilidad de intervención en éstos, lo que se traduce en más cono-cimientos, mayor transmisión y comunicación.

Las personas con la variedad de formas de comu-nicación e interacción digital han encontrado en las redes sociales un espacio, en donde ellos pueden ejercer una participación amplia por la misma canti-dad de temas, fenómenos y hechos que se presentan. Éstas sienten que son capaces de participar, entrando en un mundo de emisión y transformación del conoci-miento político que reciben, de esta manera:

Por primera vez pueden participar de-mocráticamente en lo que los rodea, sin tener que esperar a las elecciones. Los ciudadanos, si así lo desean, tienen a su disposición herramientas que les permi-ten publicitar sus propios pensamientos y darlos a conocer, interactuando con otros muchos ciudadanos conectados de ma-nera horizontal, de tú a tú. (Casacuberta, Gutiérrez-Rubí, 2010, p. 5)

No se puede afirmar de manera contundente que, debido a las avanzadas formas de comunicación que hoy en día se exhiben, a los ciudadanos les nace el interés por ser sujetos políticos, en realidad es que, debido a las facilidades de conexión que se presen-tan, éstos han sentido que su participación y opinión es más atendida y valorada, ya que ingresan en un mundo, en el cual se acepta las diferentes perspecti-vas sin prohibir su participación, aunque en las redes se aprueban y rechacen distintas posiciones.

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Los ciudadanos se han dado a la tarea de adoptar un papel crítico ante las situaciones que el mundo actual presenta, utilizando las redes sociales como una herramienta para manifestarse contra las proble-máticas sociales que aquejan a las diferentes comu-nidades; éste es el mecanismo con el que se oponen a políticas, decisiones gubernamentales, prácticas so-cialmente dañinas, o apoyando la institucionalidad.

Los ciudadanos, de una forma muy general, pueden sentirse cómodos con nuevos espacios generados por las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, que se presentan para la interacción de conteni-dos y puntos de vista debido a que no ven en la red un sistema jerarquizado ni burocrático al momento de la selección de información que transitará en la red:

Y es que, que las TICs descentralicen el control sobre los procesos de comuni-cación es fundamental porque las tecno-logías se conciben como un mundo sin centro hegemónico, sin jerarquías, sin asi-metrías culturales, sociales, económicas o políticas. En este sentido, las opiniones son completamente libres y una vez ex-presadas valen tanto unas como otras. Su valor, realmente, radica en el hecho mis-mo de que puedan ser formuladas, con independencia de su mayor o menor rigor intelectual. (Gascó Hernández, SF, p 61)

Ante el panorama observado, y entendiendo las ventajas y avances que han traído las redes sociales al ámbito político, no se pueden omitir las falencias que esta misma forma de comunicación presenta. Exhibir la web 2.0 y la participación política virtual como for-mas de activismo social, no necesariamente pretende un desconocimiento de los desatinos que éstas aca-rrean. Se postula una opinión y referencia positiva ante los grandes avances que se observan en la era de la comunicación digital, pero hay que reconocerle las falencias que esta herramienta presenta. Una de las falencias a las que se hace referencia, es la posibilidad de la exclusión, si bien se ha planteado la inclusión por parte de las redes, que pretenden abarcar a la po-blación, éstas pueden contener un carácter excluyen-te debido al acceso limitado o restringido del internet en algunos países; lo cual va estrechamente ligado a la necesidad de desarrollo, sostenibilidad y evolución de cada territorio: “A fin de que internet pueda ser una herramienta eficaz para la inclusión social al servicio del desarrollo y de la calidad de vida, su uso debe estar al alcance de todos. La inequidad en el acceso

es precisamente lo que hoy se conoce en el mundo como «brecha digital»” (Araya Dujisin, 2005, p 59)

Es válido afirmar un posible incremento de la parti-cipación política y social de los individuos con las redes sociales y la web 2.0 en general, pero se observa y se cuestiona ¿qué pasa con los ciudadanos en aquellos te-rritorios en los cuales las redes sociales virtuales no tie-nen un alcance universal?, es decir, que sólo existe ac-ceso a éstas en las grandes ciudades o en las cabeceras municipales. ¿Es posible hablar entonces, de un acceso universal a la información cuando no existen las con-diciones de infraestructura para que esa cantidad de ciudadanos aislados tengan un acceso a la información?

La nueva forma de participación política median-te las redes es una visión general que se tiene del comportamiento de los individuos, partiendo de su interacción con el internet, pero en las poblaciones en que no se puede analizar este ámbito debido a la falta de acceso a la forma de comunicación se puede estipular un vacío y un desconocimiento de todos los postulados antes planteados en esas territorialidades.

Esta es una visión que no se puede olvidar, pues-to que si se quiere resaltar una nueva forma de ac-tividad política, hay que tener claras las falencias y problemas que ellas tienen, por su concepción y na-turaleza, pero también por su implementación en la sociedad actual, y esto último le corresponde al Esta-do, el cual debe garantizar de una manera concreta la inclusión social, situación que en muchos casos reclaman los individuos. A éste aspecto se referencia en parte la web 2.0, ya que ésta potencializa la par-ticipación política sin discriminaciones.

2. Configuración de grupos y movimientos socialesAl existir una herramienta que genere espacios

que propicien la interacción y el intercambio de co-nocimientos, limitándolo en caso para este escrito, en el ámbito político, se está ante una latente posi-bilidad de agrupación según los intereses y posturas, debido a que el individuo cuando quiera transmitir conocimientos, posiblemente se inclinará más por interactuar con pensamientos afines al suyo, y con los que pueda desarrollar una transferencia de sabe-res y puntos de vista que enriquezcan su publicación.

Al producirse esa posible agrupación, en muchos casos, se evidencia un fortalecimiento y una cons-trucción de ideales más consolidados, con posibili-dad de acrecentarlos y expandirlos, todo esto sujeto

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a las intenciones de los individuos y a sus proyectos. Cuando se agrupan ideales, posturas y pensamien-tos, se conforma un colectivo de ideas, que en el ámbito social, si van dirigidas hacia determinada fi-nalidad, se pueden considerar un movimiento, que propugna, desarrolla y mueve pensamientos encami-nados a la transformación social.

Entender en qué radica la conformación de movi-mientos sociales es de vital importancia, debido a que no se debe confundir un activismo social o una partici-pación social con esta agrupación más consolidada, te-niendo en cuenta que estos “colectivos” distan también de la concepción y conformación de partidos políticos.

La estructura de un movimiento social es más flexible que la conformación de un partido político, puesto que cada agrupación para concebirse como tal tiene unos requisito propios, respecto a la confor-mación que corresponde a los movimientos sociales demuestran un claro y fácil acercamiento de los ciu-dadanos, bajo métodos más coloquiales o de mayor alcance y accesibilidad para las personas; un ejem-plo podría ser las redes sociales en su auge debido a la preponderancia del internet actualmente.

Se puede partir de la definición que da el profesor Salvador Marti i Puig en su escrito sobre los movimien-tos sociales, para realizar una breve descripción de esta forma de actuación política y poder diferenciarla como una actuación política más informal, puesto que es posible tener como hipótesis que la conformación de un movimiento político y social necesita de ciertos elementos de su esencia que los caracteriza:

[Los movimientos sociales] son actores políticos colectivos de carácter moviliza-dor (y, por tanto, un espacio de participa-ción) que persigue objetivos de cambio a través de acciones (generalmente no con-vencionales) y que para ello actúan con cierta continuidad, a través un alto nivel de integración simbólica y un bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y organización variables. (Marti i Puig, SF, p 1-2)

La conformación de un movimiento social inicia con un interés colectivo y de suma relevancia social y política, el cual a lo largo del tiempo debe ir consoli-dándose. Seguidamente, se debe obtener una confor-mación de individuos más numerosa y con exteriori-zación de sus pensamientos e influencia en el ámbito político y social, en especial al tópico que se inclinan.

Siguiendo la descripción que realiza el profesor Mar-ti i Puig (SF), se afirma que los movimientos sociales logran incidir es diferentes ámbitos de la política, como lo son el ámbito simbólico, interactivo, institucional y sustantivo, debido a que el grado de inmersión en un contexto social ya determinado permite que los movi-mientos sociales puedan generar tensión y cuestiona-mientos sobre la realidad que acontece gracias a sus comportamientos, exteriorizaciones y participaciones.

Son los movimientos una posible evolución de la participación política que se ejerce individualmen-te, que se transforma de un ámbito personal a uno colectivo y a una futura exteriorización e incidencia en la realidad, que es uno de los factores principales cuando se conforman estos grupos.

Los movimientos sociales conforman una estructu-ra más sólida pero a la vez más flexible para incursio-nar de una forma más fácil en ámbitos sociales y temas políticos; como ejemplo se puede tener en cuenta que su escenario es la sociedad, lo cual colabora a una mayor incursión y mayor posibilidad de influir en los ciudadanos, además como se dijo anteriormente su forma de llevar su mensaje representa un acercamien-to más perceptible y propugnando ser más directo.

Es posible afirmar que por medio de las redes los mo-vimientos sociales empiecen a consolidarse, teniendo en cuenta que consta de un gran proceso, pero se puede afirmar que la participación social ejercida por las redes es un paso para la agrupación y la exteriorización, por medio de un colectivo más reconocido, de los intereses y objetivos de cambio social que se promueven.

3. Colombia: fundación “Un millón de voces”, marcha 4 de febrero de 2008La fundación “Un millón de voces”, tuvo sus inicios

en 2008, cuando un ingeniero de la ciudad de Barran-quilla creó un grupo en la red social Facebook llamado: “Un millón de voces contra las Farc” y nace como ini-ciativa debido a la manifestación contra el secuestro y la violencia, que se llevó acabo ese mismo año.

Las causas que conllevaron a la creación de este grupo son en términos generales desapruebo e indig-nación a las actuaciones del grupo alzado en armas Farc. Actualmente en la página web de esta funda-ción, la cual es sin ánimo de lucro, son expuestas las razones fundantes de todo este proyecto y, es posible afirmar que según la misma, el centro de toda la pro-blemática del país es las Farc como grupo causante de tanto daño y dolor en la sociedad colombiana:

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Y para otros, esta movilización se vio como una manipula-ción de las masas a través de los medios, ya que se utilizó en mayor medida el Facebook, como red social infl uyente para transmitir información e intervenir en el pensamiento de quienes participaron en ella. En su momento se vio no como una marcha que agrupó los intereses de una socie-dad, sino como la imposición de los intereses de un grupo particular a los ciudadanos hastiados por la violencia o mo-vidos por pasiones de solidaridad y ajusticiamiento.

Colombia, un país con cuarenta y cua-tro millones de personas fue testigo el 4 de febrero de 2008 de la más grande moviliza-ción ciudadana conocida en su historia con-tra la guerrilla terrorista de las Farc -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las Farc se armaron como un grupo re-belde campesino, a principios de los 60. Esta guerrilla ha cometido muchas acciones terroristas, atacando a la población civil, ex-plotando bombas y secuestrando personas.

Hoy en día, las Farc son los líderes mundiales de la producción de narcó-ticos. Han cometido más de tres mil se-cuestros y setecientos colombianos aún permanecen en cautiverio. (Fundación “Un millón de voces, 2009)

La creación de este grupo en Facebook fue uno de los primeros pasos para buscar que la población colombiana mostrara su inconformismo, publicara su realidad y transmitiera de una forma clara y precisa su rechazo a las Farc. El pueblo colombiano recurrió a las redes sociales para participar en una discusión y una lucha en contra de este grupo alzado en armas. Y es a través de esta red social que se logra llevar el mensaje de la situación actual de la Nación al plano mundial, mientras que en el plano local cada vez más personas se unían a esta causa y respaldaban la iniciativa que tenía como objetivo alcanzar la paz en el país:

Gracias al fenómeno de la propaga-ción viral el grupo unió a 1.500 personas en las primeras doce horas. Al siguiente día ya eran 4.000, y a la semana suma-ba 150.000, y hoy en día cuenta con casi medio millón de usuarios. Desde el mis-mo momento en que fue creado el grupo,

se unieron muchos jóvenes líderes quie-nes interactuaban en los tópicos de dis-cusión, y mostraron simpatía por la causa. (Fundación “Un millón de voces, 2009)4

Tuvo tanto reconocimiento este grupo en Facebook que desde su plataforma se convocó a toda la pobla-ción colombiana que vivía en el país, y a colombianos residentes en otros países, para realizar una marcha en manifestación contra las actuaciones y miembros per-tenecientes a las Farc. Dicha convocatoria fue expan-diéndose a través de otras redes como MSN, Twitter, Skype y a través de otros medios de comunicación, de tal forma que la iniciativa fue de conocimiento nacio-nal, y además cruzó las fronteras, permitiendo que se organizara dicha marcha en diferentes países de ma-nera simultánea, es decir, todos marchando al mismo tiempo por la misma causa.

La organización de la marcha duró un mes, y se afir-ma que fue una de las marchas más grandes que se han realizado en Colombia: “Después de un mes de prepa-ración y gracias al enorme esfuerzo, el 4 de febrero de 2008, 200 ciudades en más de 40 países alrededor del mundo lograron inundar las calles con más de 12 mi-llones de personas que se manifestaron en simultánea contra las Farc gritando a viva voz: ‘No más mentiras’, ‘No más secuestros’, ‘No más muertes’, ‘No más Farc’ ”. (Fundación “Un millón de voces”, 2009)

Esta movilización social generó gran impacto en la sociedad colombiana que recibió elogios y críticas desde varios puntos de vista, ya que esta movilización podría ser la unión de fuerzas de todo un pueblo o una manipulación de masas que se dejaron seducir por el internet. Apelando a la primera afirmación, para algu-nos, esta movilización fue un mecanismo, por medio del cual la población aporreada por el flagelo de la vio-lencia pudo manifestarse como sociedad frente al daño

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de ciudadanos cercanos, ya fueran familiares, amigos o vecinos, exterminados por dichas prácticas bélicas.

Y para otros, esta movilización se vio como una manipulación de las masas a través de los medios, ya que se utilizó en mayor medida el Facebook, como red social influyente para transmitir información e in-tervenir en el pensamiento de quienes participaron en ella. En su momento se vio no como una marcha que agrupó los intereses de una sociedad, sino como la imposición de los intereses de un grupo particular a los ciudadanos hastiados por la violencia o movi-dos por pasiones de solidaridad y ajusticiamiento.

En retrospectiva la movilización del 4 de febre-ro de 2008 puede ser considerada como una de las más vinculantes, no solo por la gran participación de los ciudadanos, sino por la magnitud de sentimientos que esta marcha contenía: el dolor, el sufrimiento, la indignación, el desarraigo y la impotencia que este grupo ha generado desde mediados del siglo XX.

Después de la marcha y debido a su gran impac-to, el grupo que inició en Facebook se transformó en una fundación que en la actualidad sigue luchan-do de una manera discursiva y simbólica en contra de las Farc, además de esto continúa con su grupo activo en las redes, ya que se convirtió en un cibe-respacio de reunión para aquellos ciudadanos que han sido víctimas de este grupo insurgente o para quienes simplemente apoyan su causa.

ConclusionesEs posible afirmar que estos actos realizados por di-

cha fundación no constituyen un movimiento social, según las especificaciones y bajo las teorías anterior-mente planteadas. La fundación “Un millón de voces” constituye una acción política que trasciende en la realidad colombiana. Es una acción que se conforma de la participación en temas políticos y sociales de los individuos, puesto que son ellos mismos los que fue-ron los encargados de hacer conocer la problemática.

La influencia de las redes sociales en la marcha de 2008 y a la cual hace referencia esta ponencia, es tan importante que podemos afirmar que es la esencia de ésta. Son las redes sociales las que se en-cargaron de dar inicio a este proyecto que hoy en día se manifiesta bajo una fundación comprometida con los derechos humanos en relación con las violacio-nes de éstos por parte de las Farc.

La Fundación “Un millón de voces” tuvo origen

debido a un interés social y político de la comuni-dad, que encontró como plataforma y trampolín de impulso las redes sociales, en especial Facebook, puesto que éstas se encargaron de hacer viral un mensaje que empezó con un grupo reducido de personas, y luego se fue expandiendo a lo largo del territorio nacional e internacional.

El caso colombiano es una muestra de la efecti-vidad de las redes sociales como herramienta en la intervención social, puesto que fortalece una mani-festación de voluntad de los individuos y hace noto-rio ese elemento de activismo social, que en muchas ocasiones podría ser pasado por alto.

La marcha del 4 de febrero de 2008 permite ob-servar los elementos que a través de esta ponencia se describieron y de dieron a conocer. Hablar de un activismo social desde la perspectiva de la virtualidad podría parecer una simple consecuencia de la glo-balización y de la era tecnológica, pero es necesario ver más que eso representado en esta manifestación. El activismo social observado debe a las redes socia-les su nacimiento, pero fueron los mismos individuos quienes mediante sus acciones permitieron la tras-cendencia de dicho acontecimiento.

Los individuos tomaron control de la participación política y se propusieron transmitirla en un ámbito de enriquecimiento de la información, en el cual tuvo gran relevancia el internet, dado que éste fue el medio que permitió poner al alcance de muchos individuos el conocimiento y las opiniones que un colectivo iba expresando.

La retroalimentación y la transferencia de conteni-dos que se observa en el internet permitieron que los intereses de los individuos crearan lazos y se promovie-ran por infinidades de canales, que presenta este me-dio. Cuando a una persona se le da la oportunidad de presentar su contenido en un medio tan viral, pero tan importante como lo es el internet, a través de sus redes sociales, se le facilita dar a conocer su conocimiento, pero más que eso, se le brinda la posibilidad de una retroalimentación y autoevaluación de lo expresado.

La bilateralidad de la web 2.0 abre ese panora-ma a los individuos de ser calificados, y es esto tal vez uno de los puntos que más interés genera en los individuos, ya que se tiene el querer de ser oído, pero más que eso se quiere conseguir apoyo, o una postura que le permita enriquecer su visión.

Actualmente los ciudadanos no esperan a tener

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una posibilidad de participación, ellos mismos la generan y son las redes sociales las que les presen-tan un espacio para esto. Teniendo un escenario, un conflicto sobre el cual quiere inmiscuirse y hacer parte y con su necesidad de transmitir su opinión, los individuos empiezan a ser parte de la sociedad desde el punto de vista de intervención.

Es necesario tener en cuenta que las posibilidades que abre el mundo del internet y las redes sociales me-diante la web 2.0, como medios de participación que se proponen ser, pueden tener algunas falencias, entre éstas, una carencia de inclusión social en aquellas socie-dades en que el internet no llega de forma regular.

Cuando las personas utilizan el internet y se pro-ponen empezar su activismo social muchas veces la consolidación de ideales y el objetivo de creación

de grupos y activistas sociales se pueden transformar en una manipulación que para muchos permanece oculta. Cuando a los individuos se les toca el área más frágil de su ser, pudiendo ser las pasiones y los pensamientos e ideales más profundos, se mueve una fibra, que muchos expertos en estas actividades aprovecharían para fortalecer, o solo para conseguir seguidores de sus objetivos.

El internet, acompañado de las redes sociales, el contexto social de cada territorio y la evolución de los individuos determina un ejercicio de la participa-ción política, que actualmente toma fuerza, puesto que hoy en día no se está hablando de nuevas for-mas de ejercer la participación, sino que se muestra un fortalecimiento y se presentan herramientas para acceder más fácil y con oportunidades que las for-mas tradicionales no presentarían.

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Notas1. Integrante del semillero de investigación Estudios críticos sobre democracia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.*Trabajo presentado en el VI Congreso latinoamerica-no de la Asociación mundial de investigación en opinión pública, WAPOR, Santiago de Chile, junio de 2014.2. La web 2.0 represen-ta una evolución de una forma de comunicación virtual que se presentaba estática y no facilitaba el compartir de contenidos. Con la web 2.0 se está ante un panorama de emisión y recepción de contenidos, más comunicación, más interacción, más opinión. Se presenta una platafor-ma más amplia y menos restrictiva para el compartir de contenidos.3. Comunidades y platafor-mas que facilitan el com-partir de contenidos. Ra-dican en la publicación de contenidos que los usuarios manejan y presentan ante el mundo. El microblog-ging, conocido también

como el nanoblogging, per-mite de una forma sencilla la publicación de textos que los usuarios pueden utilizar para expresarse por medio del internet, así configuran-do como una forma de co-municación y presentación del usuario en sus páginas de redes sociales y en per-files creados en internet. Un ejemplo de esto es el Twit-ter, una red social creada en 2006 que se caracteriza por la emisión de publica-ciones de los individuos, en su mayoría de textos, con una extensión reducida que permite la interacción de los individuos por parte de sus publicaciones.4. La importancia de la publicación de la cita es las cifras que señala. Es de gran relevancia entender que este tipo de publica-ciones utilizan los intere-ses y los sentimientos de los individuos como forma de catapultarse. Se tocan sentimientos pasionales de los individuos que generan sensibilización, es decir, acuden a las fibras más íntimas de los sujetos para crear conmoción y en mu-chos casos aprobación.

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Educación superior, potencialidades subregionales y orientación vocacional: disonancias

Por Jorge Iván Gallego Mosquera*

Verónica María Muñoz Serna**

Diego Armando García Gómez***

E l presente traba-jo de investigación tiene como finali-dad evidenciar de manera directa por medio de encues-

tas estructuradas a estudiantes de grado 11 de diez de los 19 municipios que conforman la subregión occidente del depar-tamento de Antioquia, las pre-ferencias académicas, el grado de conocimiento de la oferta subregional de educación supe-rior y las condiciones socioeco-nómicas propias de cada estu-diante. El trabajo se llevó a cabo en dos fases (fase 1: 2009 y fase 2: 2013). Se pudo determinar el gran desconocimiento de los es-tudiantes de grado 11 (próximos al ingreso a la educación supe-rior) en lo que tiene que ver con la oferta académica en la región, con el desconocimiento de las

condiciones socioeconómicas en las que vive y con procesos de orientación vocacional asertivos que le permitan al estudiante to-mar decisiones adecuadas frente a su proyecto de vida y el pro-grama académico que desea es-tudiar. Siguen siendo programas tradicionales como: Medicina (14.2%), Ingeniería de Sistemas (12.5%), Administración de Em-presas (7.8%), Psicología (5.4%), Enfermería (5.1%), Medicina Veterinaria (5.1%) y Derecho (4.7%) los de mayor preferencia, esta realidad se presenta indis-tintamente del estrato socioeco-nómico, de la ubicación geográ-fica (occidente cercano, medio y lejano) y del género del estu-diante. La pregunta es ¿cuándo vamos a trabajar conjuntamente educación precedente y educa-ción superior en pro del desa-rrollo de las potencialidades su-

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bregionales y de los proyectos de vida de nuestros estudiantes?

Palabras clave: orientación vocacional, educación superior, proyecto de vida, occidente antioqueño, observatorio, preferencias académicas.

IntroducciónEn los últimos años los jóvenes han experimenta-

do transformaciones muy importantes relacionadas con sus hábitos de formación, condiciones socia-les y determinantes económicas; esto ha hecho que hoy algunos tengamos una imagen de los jóvenes ín-timamente relacionada con la tecnología y la supe-

ración personal y familiar a través de la educación y también jóvenes con una falsa concepción del éxito y del progreso personal y familiar soportadas en ac-tividades ilícitas que producen una nueva manera de entender una profesión, de elegirla o rechazarla1. Es necesario que la orientación vocacional posibili-te al estudiante la interacción con las características propias y las de un horizonte profesional a través del desarrollo de habilidades, por lo que el orientador tiene la responsabilidad no de ubicar meramente en un área ocupacional al estudiante, sino de capacitar-lo para que maneje un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo, con instrumen-tos más estables y eficientes. La orientación vocacio-nal le proporciona al estudiante todas aquellas expe-

riencias que le permitan modificar su percepción en el horizonte electivo. Por tanto, el enfoque a plantear es que el hombre debe ser educado para el servicio de la libertad, y que cualquier toma de decisión exi-ge que todas las potencialidades del ser humano se pongan en juego, máxime si tenemos en cuenta que en las subregiones del departamento de Antioquia un número muy alto de los bachilleres que egresan de sus instituciones no tienen posibilidad de acceso a la edu-cación superior, estimándose en ellas una cifra inferior al 20%, llegando incluso en algunas a ser inferior al 5% (Secretaría de Educación de Antioquia, 2012, pág. 2)2.

Durante el presente estudio se realizó un análisis en dos fases de las herramientas con que cuentan

los jóvenes al momento de realizar procesos de elección de una profe-sión. Fase 1, año 2009: 405 estudiantes del gra-do 11 de 13 institucio-nes educativas (solo una de ellas de carácter pri-vado) pertenecientes a diez municipios. Fase 2, año 2013: 456 estudian-tes del grado 11 de 15 instituciones educativas, una de ellas de carácter privado como en la fase 1 y pertenecientes a diez de los 19 municipios que conforman la subregión Occidente del departa-mento de Antioquia. La encuesta se diseñó con

el fin de indagar por las opciones que tenían los es-tudiantes al culminar sus estudios secundarios: iniciar educación superior en alguna universidad o trabajar, entre otras, igualmente se pretendió indagar por cuá-les son los programas académicos de sus preferencias.

Qué encontramosRespecto a las preferencias de los jóvenes, al

igual que hace 30 años, siguen siendo programas tradicionales como: Medicina (14.2%), Ingeniería de Sistemas (12.5%), Administración de Empresas (7.8%), Psicología (5.4%), Enfermería (5.1%), Me-dicina Veterinaria (5.1%) y Derecho (4.7%), entre otras, igualmente se detectó cómo un porcentaje importante de los jóvenes han decidido internarse

Es importante planear y realizar acciones encaminadas a implementar programas de orientación vocacional que per-mita a los jóvenes realizar sus proyectos de vida mediante el acceso a programas académicos pertinentes para la región, que no necesariamente serán los programas que tradicio-nalmente se estudian o se quieren realizar, pero que a la postre serán las herramientas que permitirán jalonar pro-yectos que posibiliten el desarrollo de los municipios que conforman la subregión del Occidente antioqueño.

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en el campo de la criminalística y la investigación judicial; algunos jóvenes (5.4%) muestran su pre-ferencia por la carrera militar ya sea en la Fuerza Aérea, en el Ejército o en la Policía Nacional. Esta realidad se presenta indistintamente del estrato socioeconómico, de la ubicación geográfica (Occi-dente cercano, medio y lejano) y del género del es-tudiante. Esto sucede tanto en la fase 1 como en la fase 2 del estudio. Igualmente es importante men-cionar que en la subregión Occidente al momento de la implementación de la fase 2 de este estudio se tiene una oferta de 73 programas académicos entre técnicos, tecnológicos y profesionales, destacándo-se los programas del área agrícola como los de ma-yor presencia en los diferentes municipios de la su-bregión y variada oferta con un 31% seguido del área administrativa y el área de sistemas con un 24% y 13%, respectiva-mente.

Es importante resal-tar que a pesar de que la economía de la su-bregión está soportada principalmente en el agroturismo, es eviden-te el bajo porcentaje de preferencias vocacio-nales en estas áreas por parte de los estudiantes de secundaria encuesta-dos. Sin embargo en es-tudio reciente realizado por el grupo Guíate, el área agrícola, ecológica y ambiental es la de mayor número de estudiantes matriculados y por tanto la de mayor participación en el conjunto de programas ofrecidos en la subregión3. Es aquí donde la Univer-sidad debe desarrollar el principio rector de la re-gionalización “y contribuir a la articulación del de-partamento de Antioquia y en especial la subregión Occidente con los procesos de construcción nacio-nal y con los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación”, creando las capacidades necesarias para que los actores regionales construyan sus pro-pios proyectos colectivos de desarrollo (Universidad de Antioquia, Dirección de Regionalización, 2008).

Preocupa, sin embargo, la preferencia de los jóve-nes por realizar los estudios superiores en la ciudad

de Medellín, pues en fase 1 un 60% de ellos pre-fieren realizarlos en dicho municipio, mientras que para la fase 2 este porcentaje se incrementa en seis puntos porcentuales, a pesar de que la gran mayoría refiere pertenecer a los estratos 1 y 2 y no poseer recursos económicos para estudiar en un municipio diferente a su municipio de residencia. Es de ano-tar que el 77% de esos jóvenes se encuentran entre los 15 y 17 años, que pudiésemos decir que a dicha edad es apenas natural que no se tenga muy claro el qué y cómo hacer, pues los proyectos de orienta-ción vocacional en algunas instituciones educativas es incipiente y en otras inexistentes; sumado a esto se tiene que la orientación que pudiesen recibir en sus hogares es igualmente precaria pues solo el 11%

de las madres y el 5% de los padres tienen forma-ción profesional, mientras que el 41% y 51 % de las madres y padres, respectivamente, solo alcanzan el nivel de primaria. (Grupo Guíate, Estudio demanda real educación superior subregión Occidente año 2013). Ver figura 1.

Es igualmente interesante resaltar que el 23% de los jóvenes quiere trabajar, evidenciando la situación económica en que viven ellos y sus familias en las regiones del departamento. Para la fase 2, el por-centaje de jóvenes que desea trabajar se comporta positivamente y solo alcanza el 7%. A las preguntas en fase 1 ¿conoce otras instituciones de educación superior que oferten programas académicos en su

Es necesario que la orientación vocacional posibilite al estudiante la interacción con las características propias y las de un horizonte profesional a través del desarrollo de habilidades, por lo que el orientador tiene la respon-sabilidad no de ubicar meramente en un área ocupacio-nal al estudiante, sino de capacitarlo para que maneje un mundo interno y profesional cada día más cambiante y complejo, con instrumentos más estables y efi cientes.

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municipio? y ¿a qué estrato socioeconómico perte-nece? el 85% y el 32% de los estudiantes encues-tados respectivamente responden no saber; para la fase 2 el porcentaje de desconocimiento por parte de los jóvenes de la existencia de otras instituciones de educación superior en su municipio presenta un comportamiento positivo y se reduce el porcentaje a un 46% de desconocimiento.

Igualmente es de destacar que en la fase 1, el 71% de los encuestados quiere estudiar en la Universidad de Antioquia; para la fase 2 este porcentaje se eleva al 92% de los encuestados y también es relevante in-dicar que aparece un 1% de los jóvenes encuestados que no tiene ninguna opción luego de terminar sus estudios secundarios, es decir no desea ni estudiar ni trabajar y tampoco realiza alguna observación de otra opción de proyecto de vida. Es importante pla-near y realizar acciones encaminadas a implementar programas de orientación vocacional que permita a los jóvenes realizar sus proyectos de vida mediante el acceso a programas académicos pertinentes para la región, que no necesariamente serán los programas

que tradicionalmente se estudian o se quieren rea-lizar, pero que a la postre serán las herramientas que permitirán jalonar proyectos que posibiliten el desa-rrollo de los municipios que conforman la subregión del Occidente antioqueño.

La fase 2 del presente estudio se realiza en octu-bre de 2013, durante ésta se encuestan a 456 jóve-nes de grado 11 de 15 de las instituciones educativas públicas y una privada de los diez municipios en es-tudio. Al igual que durante la encuesta aplicada en 2009, un porcentaje importante (79%) conoce de la existencia de la seccional de la Universidad de Antio-quia en el Occidente antioqueño, mostrando inclu-so un aumento del 13% con respecto al porcentaje obtenido en la fase1. Igualmente se observa que hay un descenso importante en el porcentaje de jóvenes que desean trabajar, pasando del 23% al 7%, cifra por demás alentadora que puede indicar que día a día los jóvenes de la subregión Occidente ven cerca-nas y reales las posibilidades de realizar programas de educación superior de calidad y de desarrollar proyectos de vida. (Ver figura 2).

Figura 1. Grado de escolaridad de los padres subregión Occidente, año 2013.

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Figura 2. Resultados generales encuesta: demanda real de educación superior en el occidente antioqueño año 2013. Fase 2.

MUNICIPIOS: Olaya, Buriticá, Liborina, Cañasgordas, Frontino, Santa Fe de Antioquia, Giraldo, San Jerónimo, Sopetrán, Anzá

MUESTRA 456 • MUNICIPIOS 10 • I.E. 15 (1 PRIVADA) • CARACTERIZACIÓN

ESTRATO 1=22%2=35% 3=8%No sabe= 35%

EDADEntre 15-17= 76% Entre 18-20= 22% MAS DE 21=1%No Responde=1%

GENERO Femenino= 59%masculino= 40%No Responde= 1%

¿CONOCE OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SU MUNICIPIO?

Si= 54%

¿POSEE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ESTUDIAR EN OTRO MUNICPIO?

Si= 47% • No=49% • No sabe=4%

ESTUDIO DEMANDA EDUCACIÓN SUPERIOR SUBREGIÓN OCCIDENTE AÑO 2013

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Es preocupante que el 46% de los estudiantes en-cuestados desconoce la existencia o no de institu-ciones de educación superior en su municipio y los programas que ofertan; esto también estaría dando una voz de alerta a las instituciones en el sentido de implementar más y mejores estrategias de comuni-cación y promoción de sus programas académicos a la población estudiantil y egresados que aún no han definido el programa académico al cual ingresar. Igualmente se observa cómo en la fase 1, el 32% de los jóvenes no tiene claridad o desconoce el estrato social al cual pertenece; esto conlleva a que el es-tudiante considere opciones de universidades y de desplazamiento que los padres no tienen la capaci-dad económica para brindárselos, convirtiéndose en factores de frustración y de decisiones equívocas al momento de orientar sus proyectos de vida. Para la fase 2 este porcentaje alcanza el 35%.

ConclusiónEs importante entender y dar a conocer en las ins-

tituciones de educación básica y media que el aseso-ramiento vocacional no puede limitarse ni a la elec-ción de estudios, ni a la elección de una profesión y mucho menos a la incorporación al mundo laboral.

El asesoramiento consiste en el acompañamiento de procesos evolutivos que se preparan a través de toda la formación secundaria y que exige la aplicación de recursos, de esta manera el adolescente adquie-re destrezas, contenidos, autoconocimiento y toma conciencia de su realidad sociocultural vital como punto de partida para la solución de problemas de orden personal, municipal y departamental. Lue-go de la realización de las dos fases del estudio se evidencia la preferencia de los jóvenes encuestados por desarrollar sus estudios universitarios en la sede central de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, esto sin tener en cuenta las condicio-nes económicas y aptitudes para el desarrollo y la construcción de proyectos de vida acorde con sus condiciones; por último, es importante anotar que en la subregión hay ocho instituciones de educación superior con un total de 2.984 estudiantes matricula-dos en 73 programas académicos entre técnicos, tec-nológicos y profesionales, destacándose los progra-mas del área agrícola como los de mayor presencia y variada oferta con un 31%, seguidos del área ad-ministrativa y el área de sistemas con un 24% y 13%, respectivamente. Programas que se cree pueden po-tenciar el desarrollo subregional pues obedecen a las vocaciones y potencialidades subregionales.

* Biólogo; Magíster en Educación. Director de la Seccional Occidente, Uni-versidad de Antioquia. Coor-dinador del grupo Guíate. [email protected] (034) 219 28 41.** Administradora de Em-presas. Docente de cáte-dra de la Universidad de Antioquia. Administradora de la Seccional Occidente, Universidad de Antioquia. Integrante del grupo Guíate. [email protected] (034) 219 28 41.** Licenciado en Educación Física. Estudiante de Maes-tría en Motricidad y Desarro-llo Humano. Coordinador Académico de la Seccional Occidente y docente de cátedra de la Universidad

de Antioquia. Integrante del grupo Guíate. [email protected] (034) 219 28 41.

Notas1. Este fenómeno se visibi-liza con más fuerza a partir de los ochenta con el surgi-miento del narcotráfico en Colombia y la posterior apa-rición del paramilitarismo.2. Secretaría de Educación de Antioquia. (2012). Pro-yecto Desarrollo de la capa-cidad técnica y tecnológica de las instituciones oficiales de educación superior de Antioquia. Medellín.3. Observatorio de Edu-cación Superior en el Occidente Antioqueño.

Universidad de Antioquia. Seccional Occidente. Gru-po Guíate. 2013.

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La ronda de las víctimas

Por Jaime Rafael Nieto L.Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Tal como estaba previsto, la nueva ronda de negociaciones en La Habana entre la comisión negociadora del Gobierno Nacional y las Farc aboca el punto 4 de la agenda: víctimas. Un tema tan espinoso y complejo como los tres que le an-tecedieron: tierras, participación política y drogas ilícitas. El tema ha estado precedido así mismo de una declaración

de principios entre las partes negociadoras que pone en el centro respe-tar el derecho de las víctimas y sustraerlas del llamado “intercambio de impunidades”. Así mismo, estuvo antecedido de sendos foros regionales y un foro nacional realizado en la ciudad de Cali, coordinados todos por la Universidad Nacional de Colombia y la ONU. En todos estos foros ha tenido participación activa un espectro muy amplio y plural de víctimas de todos los actores armados, tanto del Estado, como de las guerrillas y los paramilitares. Una primera delegación integrada por 12 de ellas viajó a La Habana para ser escuchadas en la mesa de negociaciones, y se es-pera que durante las próximas semanas viajen otras más.

El tema es crucial en esta fase de la negociación y ha trascendido a la opinión pública, suscitando toda clase de expectativas y controversias entre diferentes sectores políticos y sociales del país. Y no es para me-nos. Por primera vez en Colombia las víctimas del prolongado conflicto armado son reconocidas como sujetos de interlocución dentro de un proceso de diálogo y negociación conducente a la paz y, en consecuen-cia, son invitadas a participar directamente en él. Por primera vez los contendientes de la guerra (victimarios) se disponen a escuchar a sus víctimas, a resarcir sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación.

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Nunca antes había sucedido esto en la historia política del país: ni en el gran pacto firmado por la oligarquía liberal-conservadora que dio origen al Frente Nacio-nal para cerrar el ciclo fratricida de la gran violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta, ni en los intentos más recientes, algunos fallidos otros exitosos, de pactos de paz entre sectores de la insurgencia y el Estado. En ninguno se había reconocido a las víctimas de los actores armados como parte a ser resarcidas moralmente y restituidas en sus derechos. El primero selló un pacto cómplice de silencio y de impunidad sobre más de doscientos mil muertos, el destierro y la expropiación de miles de familias campesinas y de pe-queños y medianos propietarios rurales. Mientras que los segundos, los pactos menores, harían otro tanto tras las figuras de amnistía e indulto a los insurgentes. Ni siquiera el más reciente “acuerdo” llevado a cabo entre el presidente Uribe Vélez y las AUC logró incluir a las víctimas en el proceso de desmovilización de las últimas y garantizar sus más elementales derechos. Si no hubiese sido por la presión política nacional e in-ternacional, la desmovilización paramilitar se hubiera efectuado bajo la más cruda y descarada impunidad, tal como lo contemplaba el proyecto de acto legisla-tivo original de Uribe Vélez. Y aun así, la ley 975 [de 2005 o ley de justicia y paz] ha resultado un fracaso completo en cuanto a las víctimas.

Es cierto que el nuevo contexto político y jurídi-co internacional ha favorecido el reconocimiento de las víctimas en la solución de los conflictos armados internos de las naciones. Pero también lo es y de ma-nera fundamental, que este reconocimiento es fruto

del hecho mismo de que las víctimas por primera vez aparecen de manera clara en la narrativa reciente del conflicto armado en Colombia. Y aparecen no sólo en la condición de parte civil directamente afectada por las acciones vinculadas a las estrategias de guerra de los actores armados y al carácter profundamente de-gradado de la misma confrontación, sino también por el proceso mismo de transfiguración de las víctimas en sujetos de resistencia frente a la guerra y sus actores.

Como lo he subrayado en otras oportunidades, más allá de la víctima se encuentra la resistencia como ese otro del poder en tanto producción alter-nativa de subjetividad, que no sólo resiste al poder, sino que también busca autonomía respecto a éste (Negri), como un poder otro de la vida que lucha por una existencia alternativa, y no la vida inerme, desvalida, expuesta como carne viva a ser triturada por las máquinas de guerra y explotación. Si hoy las víctimas son reconocidas por sus victimarios como sujetos de interlocución es porque ese lugar y papel histórico se lo han ganado resistiendo a los poderes armados y a sus lógicas totalitarias, expoliadoras e instrumentalizadoras durante décadas de resistencia, y de ninguna manera por una dádiva graciosa de los negociadores de La Habana. Su presencia activa en el conflicto armado colombiano, sobre todo en las dos últimas décadas, mostró que no es posible una paz entre los contendientes sin las víctimas. Es por eso que está ocurriendo lo que está ocurriendo en La Habana en el punto 4 de la ronda de negociaciones.

Sin embargo, se requiere quizás que ocurran más cosas. Porque la condición de víctima no se

Es cierto que el nuevo contexto político y jurídico internacional ha favorecido el reconocimiento de las víctimas en la so-lución de los confl ictos armados internos de las naciones. Pero también lo es y de manera fundamental, que este reconoci-miento es fruto del hecho mismo de que las víctimas por primera vez aparecen de manera clara en la narrativa reciente del confl icto armado en Colombia.

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puede reducir a la experiencia individual de los afectados, tal como al parecer es el “modelo de víctima” en La Habana. La condición de víctima también comprende la experiencia social y colec-tiva vivida por miles de ciudadanos que compar-tían un mismo territorio (pueblos enteros, veredas, barrios y comunas de las ciudades) o que perte-necían a una misma categoría social determinada. Esta víctima, sin desestimar la importancia y el papel que pueda jugar la anterior, es la que hace falta de manera vertebral en la 4 ronda de nego-ciaciones. Que se escuche la voz de los labriegos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, tantas veces revictimizados por todos los actores armados, o la de los campesinos de Cimitarra, del Guaviare, de Córdoba y de los Montes de María, o la de las comunidades indígenas del Cauca o la voz cerrera y esperanzadora de los negros de Ji-guamiandó y Curvaradó o de Bojayá en el Chocó; así mismo, se requiere que se escuche en la mesa la voz criminalizada e intimidada de los sindicalis-tas y por supuesto la de los habitantes de la Comu-na 13 de Medellín y de muchos otros territorios urbanos del país. Estas voces colectivas de pueblos desterrados y humillados, de organizaciones socia-les destruidas, no podrían faltar en la mesa de La Habana a riesgo de cojear.

Si se dice que el tema de víctimas es crucial en la mesa de negociaciones de La Habana; no es por mera retórica, sino simplemente porque, bien vis-tas las cosas, todos los temas hasta ahora abocados pasan o implican directa o indirectamente a las víctimas. Tierras, participación política y cultivos ilícitos, tienen como referente social y político di-recto a las víctimas. El mismo marco jurídico para la paz no es posible definirlo definitivamente sin resolver adecuadamente la tensión entre los re-

clamos legítimos de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de las víctimas y la necesidad de un acuerdo de paz entre los con-tendientes. Sin embrago, el tema de las víctimas es crucial en un sentido estratégico, que no pasa necesariamente por la mesa de La Habana. Ese sentido tiene que ver con la capacidad de las vícti-mas de convertirse en un referente nacional y local de construcción de un movimiento nacional por la paz, llámese movimiento o frente, que se aboque a afrontar la otra guerra que las clases dominantes han desencadenado históricamente y cuya expre-sión reciente está asociada a la implantación del modelo neoliberal de desarrollo; se trata de una verdadera guerra social, acompañada del ejercicio de formas autoritarias y excluyentes del poder po-lítico y de la política. Y no es casual que quienes más han padecido la violencia de la guerra, sean también quienes más hayan soportado los efectos excluyentes, empobrecedores y expoliadores del modelo neoliberal.

De ahí que muchas veces cuando hablamos de víctimas tengamos que hablar necesariamente de víctimas elevadas a la segunda o tercera po-tencia. Y esto hace de las víctimas un sujeto con la potencia suficiente para encarar los desafíos de una paz que vaya más allá de la paz nega-tiva referida al silenciamiento de los fusiles. Se trata de un sujeto cuya potencia transformadora podría articular nuevos reclamos y subjetividades en resistencia que hagan posible la convocatoria y realización de una asamblea nacional constitu-yente, democrática y popular, como lo exige la coyuntura histórica colombiana. Aquí, como se ha dicho, el punto de vista de los vencidos y su potencia emancipatoria anuncia nuevos rumbos para la nación y su historia.

Si hoy las víctimas son reconocidas por sus victimarios como sujetos de interlocu-ción es porque ese lugar y papel histórico se lo han ganado resistiendo a los poderes armados y a sus lógicas totalitarias, expo-liadoras e instrumentalizadoras durante décadas de resistencia, y de ninguna ma-nera por una dádiva graciosa de los nego-ciadores de La Habana.

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Respuesta a dos comunicadores apresurados*

Por Raúl Humberto Ochoa CarvajalProfesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Polí[email protected]

A raíz del incidente protagonizado por una dama, un estu-diante de Derecho y un vicedecano de la Universidad, tuve oportunidad de leer las columnas publicadas en la revista Semana por Juan Diego Restrepo Echeverri y en el periódi-co El Colombiano por Jorge Giraldo Ramírez. Ambos per-tenecientes a la comunidad universitaria. Al primero no lo

conozco pero sí le he leído algunas de sus columnas que me han parecido muy interesantes, independientes y analíticas. Jorge fue mi compañero en la Maestría de Filosofía Política en el Instituto de Filosofía de esta Universidad. Ambos me merecen toda consideración y respeto y por eso me motivo a escribir estas líneas porque creo que se equivocaron gravemente.

Dice Diego que “La golpiza al vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas revela el nivel de intolerancia que se respira en este centro universitario, uno de los más importantes del país”. Luego agrega: “Ventas ambulantes por doquier y sin ninguna regulación, degradación de los espacios comunes, hacinamiento vehicular, atracos a mano arma-da y expendio de sustancias alucinógenas son parte de los problemas que padecemos no solo quienes hacemos parte de la comunidad univer-sitaria por razones de trabajo y estudio, sino de aquellos que nos visitan, entre los que se encuentran numerosos académicos extranjeros.”

Es preocupante que un miembro de la comunidad universitaria se pro-nuncie en esos términos frente a su Alma Máter. Me parece que fue ligero y exagerado en sus apreciaciones. El sujeto agredido es plural. Pero más preocupante me parece señalar a la Universidad como un centro de de-lincuencia, de vicio, de atracos a mano armada, donde no se respeta el

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espacio público, de hacinamiento vehicular. Por favor, coloquemos las cosas en su punto: de todo esto hay pero no en esa proporción. La Universidad acaba de realizar un esfuerzo serio para sacar todas las motos del campus universitario. Todos sabemos que el consumo de sustancias alucinógenas ha rebajado. La defensa del espacio público a costa de los venteros ambulantes, en una sociedad con tantas desigualdades, revienta más fácil en la universidad pública donde se reproduce lo que ocurre en la ciudad. Yo que llevo en esta Universi-dad tantos años, puedo dar fe de lo mucho que se ha hecho a pesar de lo mucho que falta. Hemos tenido épocas aciagas que es mejor no recordar.

Jorge Giraldo se muestra especialmente indignado por la agresión a un profesor en un claustro univer-sitario y le parece que no tiene presentación que un directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políti-cas se hubiera abstenido de pronunciarse “poniendo en pie de igualdad la versión de uno de los agreso-res —un estudiante de su unidad académica— y la del agredido. Una muestra fehaciente de la manera como se pueden formar abogados sin moral, pensan-do solo en términos jurídicos. Un agresor no es igual a un agredido, independiente de los pormenores de una querella judicial”. Por supuesto que acá está ofendiendo a toda la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Todos los profesores, independientemente de que el estudiante lo sea de esta facultad, hubiéra-mos hecho lo mismo. Es nuestra obligación moral y jurídica. Antes de acusar y de condenar tenemos que

averiguar la verdad verdadera, que entre nosotros no es un pleonasmo burdo sino una figura literaria que da fuerza a la expresión. Esa misma obligación se le debe exigir a los comunicadores.

No me puedo poner a hacer juicios como los que estoy criticando, pero sí invito a los dos comunicado-res a que investiguen —como lo debieron haber hecho antes—– la realidad de las circunstancias que rodearon los lamentables hechos y, si encuentran que están en lo cierto, se reafirmen en lo dicho, pero si la realidad es otra, presenten sus explicaciones racionales. Eso sí es de moral. Y todo esto lo digo porque tengo informa-ciones no originadas en ninguno de los tres vinculados a los hechos, pues no conozco a ninguno de ellos, en el sentido de que no se puede atribuir al estudiante de Derecho lo que los comunicadores le han atribuido, ni al vicedecano colocarlo simplemente como agredido. En todo caso, en los hechos no participó como vicede-cano ni como profesor, y si fue agredido no fue por esa condición. Lo que no me parece moral es que por espí-ritu de solidaridad gremial con toda rapidez pongamos a la Universidad y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en esa condición tan baja.

A mis estudiantes, a propósito de la ética de los abo-gados, les digo que los conocimientos que nosotros manejamos deben tener una función social en su utili-zación, y que un abogado inescrupuloso, que se dedi-que al comercio, es tan peligroso como un médico que tiene una funeraria. Hoy agregaría: o como un comuni-cador que no investiga la verdad antes de pronunciarse.

La Universidad acaba de realizar un esfuerzo serio para sacar todas las motos del campus universitario. Todos sabemos que el consumo de sustancias alucinógenas ha rebajado. La defensa del espacio público a costa de los venteros ambulantes, en una sociedad con tantas desigual-dades, revienta más fácil en la universidad pública donde se reproduce lo que ocurre en la ciudad. Yo que llevo en esta Universidad tantos años, puedo dar fe de lo mucho que se ha hecho a pesar de lo mucho que falta. Hemos tenido épocas aciagas que es mejor no recordar.

*Texto publicado en el portal www.udea.edu.co en agosto de 2014.

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Probablemente… llover sobre mojado*

Por Julio González Z.Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Que dos per-sonas se agredan físi-camente es, sin duda, un hecho que

hay que calificarlo como deplo-rable. Por fortuna. El día que dejemos de lamentarlo, ha-bremos alcanzado un grado de indiferencia y de insensibilidad digno de preocupación. Estos son los hechos que, mediante su reacción, nos permiten ca-librar el estado de los valores de una sociedad y significativa-mente nos indican qué pensa-mos de los otros, de qué ma-nera asumimos las relaciones con los otros, y de un sinfín de asuntos de suma importancia.

Es saludable, entonces, que reaccionemos. Pero como toda reacción, para que sea benéfica, tiene que ser racional, propor-cionada y debe permitirnos mi-rar hacia el futuro.

Tal vez uno de los más gran-des legados del Iluminismo fren-

te a esa pregunta tan compleja de ¿qué debe hacer una socie-dad con quienes transgreden las reglas?, fue precisamente la de buscar respuestas distintas al mero uso de la fuerza, es decir, buscar algo distinto al ejercicio desnudo de la autoridad. Ese es un legado demasiado caro en el proceso civilizatorio, para que la ofuscación sobre un episodio lamentable nos obnubile. Ese legado nos enseña que no de-bemos enzarzarnos en gritos de venganza, en condenas a priori, en encontrar culpables inmedia-tos y producir sentencias express.

No se dejan de traicionar esas ideas, cuando nuestros reclamos los disfracemos de denuncias por falta de autoridad, falta de gobernanza y nos apresuremos a relacionarlos con fenómenos tan diferentes como las ventas ambulantes, el narcotráfico, el desorden generalizado y la falta de educación.

En el caso de la Universidad de Antioquia, donde de todos es co-

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nocido el reciente incidente que involucró al Vicede-cano de Ciencias Sociales y Humanas, a un estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y, al pa-recer otras personas, la reacción ha sido desmesurada y sobre todo, ha dado lugar a condenas fulminantes.

El reconocido profesor Jorge Giraldo de la Universi-dad Eafit, en su columna del 10 de agosto del presen-te año, en el periódico El Colombiano, ante la infor-mación que tuvo de que un directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas prefirió, como la ley, la ética y el derecho le indicaban, esperar a recopilar toda la información y disponer de la versión de todos los implicados, antes de tomar cualquier decisión, en-cuentra en esto una afrenta y además, ”Una muestra fehaciente de la manera como se pueden formar abo-gados sin moral, pensando solo en términos jurídicos. Un agresor no es igual a un agredido, independiente de los pormenores de una querella judicial”.

Es decir, hace una invitación a borrar de un pluma-zo todo ese difícil proyecto de un Estado de Derecho y sobre todo de una forma de administrar los proble-mas entre los hombres, que no parta de suposiciones infundadas, de versiones unilaterales y que la reparti-ción de los derechos y los deberes no se haga con el solo criterio de la autoridad formal, sino con el apoyo de la razón y de las formas jurídicas, que no son meras ritualidades vanas, sino límites para que el poder no se vuelva arbitrario y degenere en tiranía como enseñó Carrara hace más de siglo y medio.

Creo que no hay nada más sano para una socie-dad que todavía tenga resortes éticos y políticos que le permitan reaccionar ante la violencia. Pero no deja de ser preocupante que sea el miedo lo único que nos una, y que cualquier incidente lo usemos para volver

sobre el trillado argumento de que la Universidad de Antioquia es una olla monumental, donde los únicos que actúan y hacen algo son los violentos y los delin-cuentes. Esto también es un ataque a la dignidad y al respeto que miles de estudiantes, cientos de profeso-res y empleados de la Universidad merecen, porque la mayoría de ellos no son ni violentos ni criminales y día a día buscan, con su estudio y con su trabajo, construir una sociedad distinta y un porvenir mejor.

Y a veces se siente que lo que se quisiera es una sociedad donde la autoridad domine sobre los de-más, sin el menor resquicio. Tal vez soñemos con un rector general, un decano coronel y un profesor sar-gento. Porque si entre las facultades de las directivas de la Universidad no está usar la fuerza contra los infractores, parece que quisiéramos, entonces, tener una autoridad a la que no le tiemble la mano, que tenga pantalones y dé en la cara.

Y es que una autoridad sin límites es simplemente autoritarismo. La autoridad siempre tendrá que ser un medio para que las sociedades funcionen, pero no puede ser un fin en sí misma.

Un buen mecanismo para hacer la radiografía de una sociedad es examinar la manera como tramita no sólo sus diferencias, sino también sus conflictos. Cuan-do creemos que ello debe hacerse con una autoridad fuerte, con una gobernanza estricta, le apostamos otra vez al autoritarismo, confundido con la autoridad.

¿Será que todo lo que predicamos de la Universi-dad como la institución que en una sociedad debe conservar, transmitir y producir el conocimiento, no nos dé sino para pedir intervenciones penales, disci-plinarias y policiacas?

Esto también es un ataque a la dignidad y al res-peto que miles de estudiantes, cientos de profe-sores y empleados de la Universidad merecen, porque la mayoría de ellos no son ni violentos ni criminales y día a día buscan, con su estudio y con su trabajo, construir una sociedad distinta y un porvenir mejor.

*Texto publicado en el portal www.udea.edu.co en agosto de 2014.

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R ealmente creo que algunos se sorprenden. ¿Por qué re-novar las ciencias sociales? Estamos viendo en los traba-jos presentados en este congreso que hay una vitalidad enorme en la sociología latinoamericana. ¿Para qué re-novar? Sin embargo, yo pienso que en la sociología y en las ciencias sociales, tal como en las calles y en las

plazas del mundo, la renovación, los impulsos transformadores nunca ocurren en periodos de gran depresión social. Ocurren siempre en periodos de aliento, de ánimo que quizá está frustrado por algunas expectativas que tuvimos y que no se realizaron. Y tal vez, ya que es-tamos en un periodo de ánimo para hacer cosas nuevas, deberíamos preguntarnos por una renovación de las ciencias sociales.

Lo voy a hacer desde una perspectiva epistemológica, porque pen-sar la epistemología es pensar el futuro hoy, es anticipar las cosas, es ver posibles borrascas en el horizonte. Hay nubes, hay problemas que son más visibles en algunos países que en otros, pero es necesario que empecemos a pensarlos un poquito más, pues no hay razones para que no ocurran. Por eso yo creo que esta es una profesión para inten-

“Tenemos, cada vez más, que formar rebeldes competentes”*

Sociología de las emergencias

Boaventura de Sousa Santos es doctorado en sociología del derecho de la Universidad de Yale, profesor de sociología en la Universidad de Coimbra, Portugal, y profesor distinguido en la Universidad de Wisconsin-Madison. Entre sus publicaciones se encuentran De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la posmodernidad y Una epistemología del sur, en la que plantea la necesidad de repensar las ciencias sociales por medio de una descanonización del eurocentrismo y el rescate de los saberes populares.

De este último tema habló en el XI Congreso Nacional de Sociología, realizado en la Universidad de Antioquia en agosto. La siguiente es una versión de su intervención en el certamen que durante una semana congregó a estudiantes y profesores del país en el teatro universitario Camilo Torres Restrepo.

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tar problematizar epistemológicamente nuestras ciencias sociales, buscando lo que yo llamo en mi trabajo “la sociología de las emergencias”. Lo que está emergiendo, lo que no ves todavía, pero que es un embrión de cosas que pueden ser luminosas, positivas, creativas; pero que pueden ser también destructivas, oscuras, nocturnas, que pueden ser algo que nos afecte muy negativamente.

Justicia cognitivaTal vez nuestro intento es demostrar que, para

nosotros sociólogos, la realidad nunca se reduce a la que existe. Hay realidades negadas y realida-des emergentes, y nosotros debemos estar atentos a las negaciones y a lo que emerge. ¿Y por qué? Porque no es simplemente mirar al futuro, pues no hay forma de mirar al futuro sin mirar al pasado. Porque las sociedades están hechas de memoria y anticipación. Y de todos los conflictos sociales algunos salen derrotados y otros salen vencedores. Nuestro conocimiento es normalmente de los ven-cedores; el conocimiento de los vencidos no llega a la universidad, no llega a la ciencia. Nosotros encontramos en esta contradicción, entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar, los pasados recientes de las historias de nuestros países. Es muy importante centrar el debate en esta contradicción de memoria y anticipación en un registro epistemológico. En el centro hay una cuestión central para mí: la de la justicia cognitiva. O sea, que nos falta justicia entre los conocimien-tos del mundo. Y si no hay justicia entre los cono-cimientos, nunca habrá justicia social y por ende no habrá justicia cognitiva global.

¿Qué es eso de justicia cognitiva? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se puede llevar a una discusión de diferentes contextos, que son distintos en cono-cimiento científico, que son distintos en el norte global, del norte Atlántico? En los países del sur, que fueron sujetos del colonialismo, es distinto; en América Latina es distinto, es distinto en Áfri-ca, es distinto lo que pasa en Asia. El mundo está cambiando, y más gente está demandando justi-cia cognitiva para que sus conocimientos sean le-gitimados. Y no es necesario ir a otro sitio, basta con mirar a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos afrodescendientes del continente. La in-clusión de sus culturas nunca se va a hacer de una manera correcta si no se incluyen sus saberes, sus

conocimientos. De otra manera la inclusión será excluyente; está siendo excluyente.

A mi parecer hay en el mundo diferencias regio-nales, continentales, pero hay fuerzas globales que no homogenizan, pero que nos obligan a afron-tar los mismos retos en diferentes países. Los de-partamentos de sociología hoy enfrentan retos en Mozambique que no son muy distintos a los retos de la Universidad Nacional o del departamento de sociología de mi universidad. Esto es normal-mente justificado en nombre de las mismas ideas de lo que hemos llamado, de manera muy vaga, la globalización neoliberal. Esta globalización está imponiendo condiciones a las universidades: la fi-nanciación, por ejemplo, de las ciencias sociales está disminuyendo de manera general en el mun-do. Se cierra un departamento de sociología o de estudios sociales todos los días en el planeta. Hay aquí una condición que nos obliga a decir “noso-tros en Colombia somos distintos; tenemos proble-mas distintos a Brasil y a Venezuela, distintos a los de los africanos o de los europeos”. Nada de uni-versalismos abstractos. Pero, analizando nuestros problemas deberemos entender que es necesario estudiarlos a diferentes escalas. Lo que pasa local-mente tiene condicionantes o impactos globales hoy en día. Tenemos que hacer una sociología de la sociología interescala: entre diferentes escalas y, ojalá, entre diferentes tiempos.

Yo creo que del siglo XVII al siglo XIX el cono-cimiento pasó de una generación por la curiosi-dad a una generación por la utilidad. O sea, este conocimiento que está basado en la observación de los hechos es un conocimiento útil para la so-ciedad. Y esta idea de utilidad va a ser muy fuerte para las ciencias sociales del siglo XIX. Por eso las ciencias sociales van a tener dos nombres intere-santes, completamente contradictorios: ciencias morales y física social. Ciencias morales, porque se decía que con las ciencias sociales nosotros no vamos a regresar a la barbarie, a los tiempos oscuros de la Edad Media; física social, porque ahora el conocimiento viene de la observación de los hechos. Y estas ciencias sociales van a intentar tener la utilidad, que es muy importante en todos los fundadores de la sociología, de ayudar a re-solver la gestión social que era muy fuerte en ese entonces con el crecimiento del desarrollo brutal del capitalismo en Europa.

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...las sociedades están hechas de memoria y anticipa-ción. Y de todos los confl ictos sociales algunos salen derrotados y otros salen vencedores. Nuestro conoci-miento es normalmente de los vencedores; el conoci-miento de los vencidos no llega a la universidad, no llega a la ciencia. Nosotros encontramos en esta con-tradicción, entre los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar, los pasados recientes de las histo-rias de nuestros países.

Esa utilidad, que yo llamo una “utilidad amplia”, está basada en la idea de que hay alternativas so-ciales. Yo puedo preferir la sociedad burguesa, pero hay una sociedad socialista, hay una socie-dad utópica, hay una sociedad comunista, hay una sociedad libertaria. Hay alternativas. Y la utilidad en las ciencias sociales es discutir de alguna mane-ra con las otras posibilidades.

¿Qué está pasando hoy, inicio del siglo XXI? Lo que está pasando es que la idea de alternativa está vacía en gran parte y esto está afectando, en gran

medida, a la utilidad en las ciencias sociales. Por-que nosotros no somos capaces de ser útiles sin te-ner una idea de alternativa. Y el dominio del capi-talismo financiero global hoy en el mundo nos está diciendo, desde hace algún tiempo, que no hay alternativa. Eso está produciendo un agotamien-to teórico y analítico en las ciencias sociales. Y la novedad que surge en los departamentos proviene normalmente de los estudiantes, que mayoritaria-mente son de América Latina, de África y de Asia; son los estudiantes que están tratando de entrar los que están trayendo novedades que muchas ve-ces se apropian los profesores, los departamentos de sociología. Porque estos estudiantes de alguna manera traen, de formas contradictorias, por su-puesto, una cercanía más grande a las luchas so-

ciales por venir de países donde no es posible vivir aislado de estas luchas.

¿Pero, entonces, por qué este ataque a las cien-cias sociales? Quiero que ustedes piensen esto un poquito, porque está pasando en todo el mundo: hay una desconfianza cada vez más grande de los ministerios, de los grandes centros de investiga-ción, de financiación en gran parte de países del mundo hacia la investigación en ciencias sociales y humanidades. Hay una idea de que no son úti-les. Miren, nosotros con el problema de la utilidad

y ellos diciendo que no somos útiles. Y tienen una idea de que es necesario otro tipo de conocimiento que, más que útil, es funcional a las necesidades del ca-pitalismo. Muchas ve-ces nos dicen que no estamos estudiando las cosas que son necesa-rias para el mercado, y que las cosas que las empresas necesitan nosotros no las pro-ducimos y tienen que producirla fuera de las universidades. Es muy curioso lo que está pa-sando: un gran inciden-te fue cuando hubo una enorme contaminación petrolera a causa del

barco Exxon Valdez en el Ártico, y los antropó-logos fueron llamados para ver el daño hecho en la vida de quienes viven en el círculo polar ártico; fueron informes devastadores de cómo la contami-nación de las aguas destruía todos los ecosistemas, y a las empresas no les gustaron estos informes y contrataron a sus propios antropólogos para con-tradecir totalmente lo que los otros antropólogos habían dicho. Entonces, aquí empezó la idea de que es necesaria una ciencia social más funcional a las necesidades de producción del capitalismo. Por eso, si tú quieres cambiar la educación, por ejemplo en España o Portugal, no contratas a un departamento de ciencia y educación, contratas a Delloitte o a PricewaterhouseCoopers para hacer los estudios; no a un departamento de sociología.

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Reconstruir las ciencias socialesEste diagnóstico puede ser uno muy negativo y que

les puede crear alguna inquietud. Pero soy un opti-mista trágico: yo no voy a aceptar una situación así. Hay que mirar cómo dar una respuesta a este proble-ma. La respuesta que les voy a pedir y a sugerir, de esta pérdida de inversión de ciencias sociales que se nota en todo el mundo, es el cómo nosotros vamos a reconstruir a las ciencias sociales. Y ahí necesitamos ser bastante claros en que nuestro conocimiento de las ciencias sociales es un conocimiento eurocéntri-co, pero también que el mundo está cada vez me-nos eurocéntrico en sus dinámicas. El mundo no-europeo, no-eurocéntrico, no-nortecéntrico se está ampliando. No son solamente los países emergentes, de quienes siempre se habla en la economía (es casi ridículo hablar de China como un país emergente con una civilización de miles de años). El euro-centrismo es un pensa-miento que no ha sido cuestionado hasta ahora y de la manera que tiene que ser cuestionado en las próximas décadas. Y es mejor que nosotros, que queremos seguir ha-ciendo ciencias sociales, empecemos este tipo de cuestionamientos.

En primer lugar es necesario ver que hay un desfase total entre nuestros presupuestos teóricos y las prácticas sociales en muchas par-tes del mundo. Porque los principios de acción colectiva son hoy muy distintos de los principios de acción colectiva que fueron pensados por nuestros fundadores. Y nosotros no hemos creado narrativas suficientemente fuertes que sean una alternativa; es por eso que los movimientos de los indignados, con los cuales estoy trabajando, saben muy bien qué no quieren, pero no saben bien qué es lo que quieren. Miren ustedes que un gran teórico marxista de este continente, uno de los grandes, José Carlos Mariá-tegui, de Perú, osó decir una cosa que era absoluta-mente imposible para La Tercera Internacional. Dijo

que en América Latina los indígenas eran un suje-to político. Para la teoría marxista de ese entonces los sujetos políticos eran los obreros, no podrían ser nunca los indígenas, pues ellos eran un residuo de la historia. Vino desde Moscú el representante del Co-mité para los Asuntos Latinoamericanos para criticar a Mariátegui diciéndole “eres loco, ¿qué es eso? Los indígenas son residuos de la historia. El sujeto revolu-cionario es el obrero”. O sea, acá se notó de una ma-nera casi caricaturesca la forma de ver una disyuntiva entre un cuadro teórico y una realidad social.

Entonces, la primera inquietud surge sobre la discrepancia que está pasando entre lo que dice la teoría y lo que se está haciendo en la práctica. ¿Quiénes son los fundadores de la sociología? No hay duda: los hemos respetado, los hemos estu-

diado y tenemos acá varios colegas que trabajan estos autores, pero imaginen que yo quiero que el conocimiento me ayude a una transformación social; este conocimiento tiene que representar al mundo como mío. Si no representa al mundo como mío, yo no lo puedo transformar. Lo que hicieron las ciencias sociales, para la gran mayoría de la gente que no era europea, fue no permitir que el mundo fuera una representación individual. Miren, toda la teoría de la sociología fue fundada en cinco países europeos del siglo XIX. Los funda-

...toda la teoría de la sociología fue fundada en cin-co países europeos del siglo XIX. Los fundadores es-taban preocupados con los problemas europeos, no sabían nada de los problemas del resto del mundo, que era en gran medida un mundo colonial que no conocían. Lo que escribieron de este otro mundo fue basado en crónicas, que por momentos eran erró-neas y anacrónicas.

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dores estaban preocupados con los problemas eu-ropeos, no sabían nada de los problemas del resto del mundo, que era en gran medida un mundo colonial que no conocían. Lo que escribieron de este otro mundo fue basado en crónicas, que por momentos eran erróneas y anacrónicas.

Por eso no se puede esperar que los fundadores hayan podido ver al mundo como está hoy, que está mucho más diverso. Uno donde surgen diversidades no-occidentales, con otros problemas, con otras in-quietudes en diferentes partes del mundo. Y quizás nosotros debamos mirar esta idea de que las ciencias sociales constituidas no permiten que gran parte de la gente del mundo sea representada y presente a ese mundo como suyo y propio. Por ejemplo, si us-tedes imaginan todos los grandes conceptos de los fundadores verán que las sociedades europeas están más cercanas a lo mejor de la idea. ¿Tipos ideales?, claro, los tipos ideales nunca se realizan, pero en la racionalidad legal de Weber son las sociedades eu-ropeas las más cercanas y no las otras. Solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, ¿cuáles son las so-ciedades más cercanas a la solidaridad orgánica? Las europeas. Diferencia entre sociedad y comunidad, ¿en qué países la sociedad está más fuerte que la co-munidad? En los de la sociedad europea. O sea, los conceptos ratifican una realidad eurocéntrica y por eso gran parte de los pueblos del mundo son puestos en una posición negativa.

Empecemos a ir un poco más al fondo: ¿hay otros fundadores además de los que conocemos? Los hay. Yo estoy dictando clases de sociología en Europa y hablo de Weber, de Marx y Durkheim. Son mi gente, yo estoy en Europa y esta gente habló de Europa, habló de los problemas de mi continente, así que no tengo problema con que me hablen de sus pro-blemas. Pero, si yo estoy dictando estas clases en el departamento de sociología de Marruecos no puedo dejar de mencionar que uno de los grandes funda-dores de la sociología es Ibn Jaldún. Quizás nunca oyeron hablar de Ibn Jaldún, es uno de los grandes fundadores del pensamiento moderno. Nació en Tú-nez en 1330. Sus obras fueron traducidas en el siglo XIX al francés, y hay una colega nuestra, marroquí, que demuestra que Durkheim al postular la idea de la solidaridad orgánica se basó, sin mencionar, en Ibn Jaldún. Hay otro panorama de las ciencias sociales que no son las eurocéntricas. ¿Entonces, por qué Ibn Jaldún no entra en el canon de nuestras escuelas de sociología a pesar de estar traducido al español?

Pensamiento abismalQuizás es porque el canon de ciencias sociales es

corto. Es eurocéntrico y hay que ampliarlo a diferentes niveles. Todas las teorías de nuestras ciencias socia-les modernas fueron construidas con base a lo que yo llamo “un pensamiento abismal”: el mundo está divido en sociedades metropolitanas y en sociedades coloniales. Nuestras disciplinas, sociología, antropolo-gía, hacen parte del pensamiento abismal: sociología para los civilizados, antropología para los salvajes. Y cuando estaba mirando el programa de sociología de este congreso, noté una cosa que pido disculpas de comentar, pero es un comentario muy cordial y muy amigo, y es que si este fuera un congreso antropológi-co el tema indígena sería mucho más fuerte.

Y, sin embargo, seguimos confiando en los grandes fundadores que hace más de un siglo pensaron todo esto por nosotros. De Marx a Weber, de Durkheim a otros. Quizás es necesario repensar que tantos años después los fundadores no son una visión amplia de la sociedad y que hablan siempre en los mismos tér-minos. El problema es saber si esos términos son de otro tiempo, si no hay otras cosas.

Deberíamos ver que hay tres distinciones que nosotros hacemos y que no son de ninguna manera compartidas por el mundo hoy, y que no son com-partidas por el mundo andino de este continente, que no son compartidas por el mundo amazónico de este continente. La primera es la distinción “in-dividuo y comunidad”. Todas nuestras teorías de so-ciología política, o de lo que sea, parten de esta idea que viene fuertemente de la sociología eurocéntrica, que ha producido trabajos notables; en la Escuela de Frankfurt la idea del individuo, del sujeto es funda-mental. Pero hay comunidades y culturas donde es la comunidad la que produce al individuo, no el indivi-duo el que produce a la comunidad. ¿Cómo vamos a rescatar a las diferentes formas? En la filosofía afri-cana no existe la palabra “yo”: existe la palabra “yo soy con”. En la filosofía Ubuntu, que es fundamental en la unidad epistemológica del mundo, hay otra on-tología que dice “yo soy porque tú eres”. O sea, esta idea fundamental entre ser y comunidad la tenemos en nuestro continente, pero la hemos despreciado.

Rodolfo Kusch, un autor que casi nadie conoce, de Argentina, en sus fundamentos ontológicos dice que en América Latina no somos, estamos siendo. Un concepto maravilloso, tan maravilloso como el concepto de “sentir-pensar” de Orlando Fals Borda.

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Son otras ontologías, otras maneras diferentes a la de “cuerpo-mente”, que Baruch Spinoza consideraba como la más estúpida de todas, estando en contra de Descartes, de quien fue discípulo. Pero nosotros seguimos con eso (el concepto “cuerpo-mente”) y perdimos una serie de otras culturas que existen en nuestras sociedades.

La segunda gran dicotomía es entre naturaleza y sociedad. Y aquí miren todos los textos de Theodore Adorno: nosotros conquistamos a la barbarie sien-do más independientes cada vez de la naturaleza. De hecho, para Adorno el nazismo era el regreso de la barbarie, el regreso de la naturaleza. Naturaleza como fuerza bruta. Las cosmovisiones andinas, afri-canas, budistas, hinduistas no ven a la naturaleza así; no es una naturaleza capitalista: es la Pacha Mama, es un ser viviente, de quien hacemos parte. Son otras cosmovisiones y ustedes pueden estar en desacuer-do con ellas, ¡por supuesto!, pero hay que conocer-las. Y aquí entran las epistemologías del sur.

La última dicotomía es entre el secular y el profa-no. Nosotros, las ciencias sociales, somos seculares, por la naturaleza de nuestra fundación. Hay muchos desarrollos y muchas cosmovisiones que nos fuerzan a entrar en la idea de la espiritualidad, y nosotros no sabemos trabajar con esta idea porque la mezclamos de inmediato con religión. Y esto no es así: un ne-vado sagrado, un río sagrado no son una religión, son otra cosa. Por eso, hay que repensar si esta idea de una dimensión no material de la vida es parte de la vida material. Es por eso que nuestra ontología es limitada. Una teoría del conocimiento es una teoría del ser. Para nosotros en occidente, en nuestras cien-cias sociales, es muy clara la distinción entre vivo y muerto. En las ontologías no-occidentales tenemos tres tipos de vivos. Yo los miré acá, en mi trabajo de campo, esto no es utopía: los vivos, como nosotros acá; los vivos-muertos, que son los ancestros y que viven; y el vivo que todavía no lo está.

Yo siempre cuento la historia de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando el ministro de Medio Am-biente le dijo a los indígenas “vamos a traer hospita-les y todos estos beneficios a raíz de la explotación del petróleo, les vamos a traer muchas ventajas, ¿us-tedes que piensan?” Y los taitas calladitos, sin decir ni una palabra, y el ministro se quedó muy nervioso y preguntó “¿he hecho alguna cosa mal?” y el secre-tario le dice “no, usted ha hecho todo muy bien”. Los taitas seguían calladitos hasta que, después de

preguntarles tres o cuatro veces más, el taita más an-ciano levanta la mano y dice “señor ministro, muy respetuosamente, hemos escuchado sus palabras; el problema es que nosotros no podemos decidir sin consultar a nuestros ancestros. Los ancestros están vivos; están acá”. El ministro ya estaba un poco loco con todo esto y pedía celeridad. “No, señor minis-tro, solamente podemos consultar nuestros ancestros en la luna llena”, le decían los taitas. “Ustedes están bromeando, ustedes no quieren hablar conmigo. Yo me voy. El helicóptero está por salir para Bogotá”, y se fue. Y al día siguiente, los periódicos de Bogotá decían que “los indígenas no quisieron hablar con el ministro”.

¡Quisieron hablar! Pero quisieron hablar en sus propios términos y lógicas. O sea, no hubo justicia cognitiva. Esto es justicia cognitiva. Hubiera que hacer una traducción intercultural para decir “para esta gen-te los ancestros son una cosa seria. Para nosotros es una broma; para ellos es serio”. Pero hay otro tipo de vivo, que se ve en diferentes partes del mundo, y es el de la cultura cartesiana. Esta es la contradicción del tiempo presente. Lo que es universal es lo más excep-cional, y este vivo cartesiano lo encuentro en India, lo encuentro en África, lo encuentro en todas partes: el vivo, el vivo-muerto (el ancestro) y el vivo que todavía no lo está (la nueva generación, las próximas gene-raciones). Son tres conceptos mucho más complejos que nuestra dicotomía entre vivo y muerto.

Por eso las epistemologías del sur, que vengo pro-poniendo, son un esfuerzo por validar conocimien-tos desde las perspectivas de los que han sufrido las injusticias del colonialismo, del capitalismo y del patriarcado. Entonces, estas epistemologías dan una atención muy especial a los conocimientos nacidos en la lucha. Y estos conocimientos nacidos en la lu-cha muchas veces salen derrotados y por eso nunca llegan a la universidad.

Hay un autor africano que dice que la historia de África ha sido escrita por el cazador, pero que un día será escrita por el leopardo, por la víctima. Igualmen-te es necesario no desperdiciar para nada al conoci-miento científico, ya que es muy importante, pero no es el único. Tiene que saber entrar en lo que llamo “la ecología de saberes”, porque si yo quiero ir a la luna necesito del conocimiento científico; si yo quie-ro conocer la biodiversidad de Amazonía necesito del conocimiento indígena. Entonces necesito de diferen-tes conocimientos para diferentes objetivos, y hay que

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Rodolfo Kusch, un autor que casi nadie conoce, de Ar-gentina, en sus fundamentos ontológicos dice que en América Latina no somos, estamos siendo. Un concepto maravilloso, tan maravilloso como el concepto de “sen-tir-pensar” de Orlando Fals Borda. Son otras ontolo-gías, otras maneras diferentes a la de “cuerpo-mente”, que Baruch Spinoza consideraba como la más estúpida de todas, estando en contra de Descartes, de quien fue discípulo. Pero nosotros seguimos con eso (el concepto “cuerpo-mente”) y perdimos una serie de otras cultu-ras que existen en nuestras sociedades.

discutir pragmáticamente cuáles son los más impor-tantes: ir a la luna o el preservar la biodiversidad.

Así que hoy por hoy es cuando nosotros nos da-mos cuenta de que realmente en el continente las grandes luchas están siendo protagonizadas por pue-blos que no están en las teorías sociales de nuestros fundadores: pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos. Son ellos quienes están siendo decla-rados terroristas. Centenares de mapuches fueron, por un tiempo, a prisión acusados por terrorismo. En Perú lo mismo, al igual que en Ecuador, Bolivia. ¿Cuál es el crimen de ellos? Bloquear carreteras para

no dejar entrar a las madereras ni a las empresas de minería a sus territorios. Bloquear una carretera hoy es un crimen terrorista.

Necesitamos ver que hay otro mundo distinto, no-occidental, que está aquí. No estamos hablando de India: estamos hablando de este continente. Esta-mos hablando también de Europa intercultural, que

se rehúsa a ser intercultural por su racismo colonial; que está obligando a crear leyes antinmigración que violan completamente los Derechos Humanos en Europa. Pero esa es sólo una continuidad de la línea abismal del capitalismo. Empecemos a partir de estas epistemologías del sur, que no es aquí un sur geo-gráfico, porque para mí Australia es Norte, no Sur. El sur son quienes han sufrido las injusticias y las discri-minaciones del capitalismo colonialista y patriarcal.

O sea, las formas de saber tienen que entrar en lo que yo llamo “un proceso de traducción inter-cultural”. Y necesitamos de una traducción intercul-

tural toda vez que este-mos convencidos de que somos unos ignorantes esclarecidos; que nues-tro conocimiento, por más valioso que sea, es incompleto; y que no hay ningún movimien-to social que por sí solo pueda tener éxito en su lucha. Esta unión en nuestro continente, en este mundo, exige hoy el reconocimiento de la di-versidad cultural, ya que la comprensión del pla-neta es mucho más am-plia que la comprensión occidental de él. Eso es una reinvención de la emancipación social.

Por eso la tarea es esta: estamos en un mo-mento donde las ciencias sociales se sienten tensas

por las faltas de alternativas, por otro lado están ata-cadas… la mejor defensa es el ataque. Y el ataque es saber problematizar esto. ¿Cómo estamos? Estamos en el riesgo constante de que nuestros departamentos formen conformistas; gente que ratifica al presente injusto de nuestra sociedad. Nosotros tenemos, cada vez más, que formar rebeldes competentes, y para eso necesitamos problematizar los instrumentos.

*Transcripción de Sergio Andrés Alzate Sepúlveda, estudiante de periodismo y auxiliar administrativo del Departamento de Información y Prensa de la Universidad de Antioquia.

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Servicios de obstetricia y derecho a la salud vs rentabilidad

Diagnóstico de los servicios Joaquín Guillermo Gómez

(JGG). Ha habido una serie de cierres paulatinos en el trans-curso del tiempo de servicios de maternidad. El argumento es que estos servicios no son rentables y las instituciones de salud prefie-ren dedicarse a prestar servicios de alta complejidad, que son más rentables económicamente. Adicionalmente, en la medida en que se han ido presentando estos cierres paulatinos, los servi-cios que quedan se ven sobrede-mandados, por consiguiente se les disminuyen los ingresos por otras enfermedades o por otras entidades de salud que les son más rentables. Entonces, induda-blemente se está generando un cuello de botella en la atención obstetra que se manifiesta en al-

tas demoras para la atención de las maternas, en cortas estancias hospitalarias después del parto y en insatisfacción de los usuarios.

Héctor Mario Restrepo (HMR). Yo creo que desde la Di-rección de Calidad hay que estar atento al sistema de habilitación, que es la primera fase de todo el sistema de calidad en la prestación de servicios de salud. Todo presta-dor de servicio que decide entrar y ofertar estos servicios tiene que cumplir con unas condiciones. Es prerrequisito las condiciones de infraestructura, de recurso huma-no, de procedimiento, que permi-te unos mínimos de calidad.

En un ejercicio de democracia, se analizan las condiciones, las re-glas del juego, se verifican y com-paran frente a la norma y luego se empieza a prestar el servicio. Ese es un ejercicio fundamental y es

Una de las manifestaciones de la crisis de la salud es el cierre paulatino de unidades de ginecobstetricia y ginecología en Medellín. Durante los últimos 5 años 16 instituciones han cerrado 79 camas. Aun así cada año en el país hay 700.000 partos, de los cuales 50.000 se atienden en Antioquia. La problemática fue abordad con los panelistas invitados Héctor Mario Restrepo Montoya, cirujano, especialista en administración y director de calidad de servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, y con Joaquín Guillermo Gómez Dávila, cirujano, gineco-obstetra y jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Antioquia.

El presente artículo y los subsiguientes dos más corresponden a versiones respectivas del programa de televisión La fuerza de los argumentos, que promueve la rectoría de la Universidad de Antioquia y que se emite por Canal U, canal Zoom y por Teleantioquia.

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una garantía de los mínimos de calidad del sistema. Pero Colombia está en un escenario de globalidad, y en general los países no tienen la capacidad, o se han quedado cortos con la demanda de servicios.

Hay tres elementos fundamentales que siempre se plantean. Uno es el tema de presupuestos y recursos. El segundo es la estructura de organizaciones y de servicios con las que se cuenta; en eso Colombia está muy rezagada y hay carencia de camas. Nosotros deberíamos manejar un estándar de 2,5 camas por 1.000 habitantes, como un referente suficiente, pero hoy en Colombia estamos en 1,5. En el promedio del mundo, Colombia está en el puesto 50 o más debajo de lo que está ese estándar esperado. El tercer ele-mento es el más sensible de todos, y tiene que ver con el recurso humano de médicos y especialistas. El mundo no tiene el recurso de médicos formados suficientes para brindar los servicios, hay carencias en todo el mundo y una gran tensión y presión. Esta-mos hablando de que en algunos lugares de Estados Unidos hay un médico para 10.000 habitantes. Eso clarifica la idea de que no solamente en países sub-desarrollados se tienen las carencias.

JGG. Indudablemente, el sistema de garantía de ca-lidad de nuestro sistema de salud ha sido un avance importante, sin embargo, en el caso de la atención obs-tétrica, ese sistema de la habilitación es demasiado ge-nérico, no responde a las necesidades de la población. Me refiero específicamente a que en el mundo desa-rrollado, desde hace más de 40 años, se han identifi-cado una serie de intervenciones que se han agrupado bajo el nombre de cuidados obstétrico de emergencia. Estos cuidados son las intervenciones mínimas necesa-rias que salvan vidas y con esos cuidados se estaría pre-viniendo el 80% de las muertes maternas.

En un estudio reciente, que la Universidad de An-tioquia ha hecho a través del centro Nacer para el

Ministerio de la Protección Social, se halló que a nivel nacional la mayoría de las instituciones del país están habilitadas pero no cumplen con los servicios obstétri-cos de emergencia en primer, segundo y tercer nivel de atención. Entonces indudablemente el sistema de habi-litación nos brinda elementos importantes, pero no son suficientes para la atención obstétrica. Un elemento fundamental al cual el país le debería apuntar es lograr que las instituciones que atienden a pacientes gestantes y partos, cumplan con los servicios obstétricos de emer-gencia, que son los necesarios para salvar vidas.

Hay otros elementos fundamentales como el re-curso humano. Es innegable que nuestro país se ha ufanado por tener gran cantidad de recurso humano y en boca de muchos se dice que es de muy buena calidad. Sin embargo, cuando se analizan los casos de mortalidad materna y natal, se encuentra errores sistemáticos atribuibles al recurso humano. Pero no es el recurso humano per se, ese recurso humano se puede equivocar por falta de conocimiento e in-adecua formación, pero también se puede equivocar por una sobredemanda ejercida en los servicios de atención, donde no hay personal suficiente y les toca hacer miles de cosas para tratar de atender a las per-sonas que hay en el momento.

También se suma una cosa muy sintomática dentro de nuestro sistema de salud, y es que la capacitación se le ha atribuido al personal de la salud. Usted como médico se tiene que capacitar por su cuenta. Las insti-tuciones han hecho a un lado su responsabilidad con ese recurso humano. Entonces se presenta el famoso error médico que en nuestro sistema de salud tiene tres causas: un proceso de formación insuficiente en nues-tras universidades, una explotación excesiva del recur-so humano y una falta de capacitación con criterio. Yo creo que son elementos muy graves, donde las autori-dades deben asumir responsabilidades, igualmente los formadores, pues al final es responsabilidad de todos.

Un elemento fundamental al cual el país le debería apuntar es lograr que las ins-tituciones que atienden a pacientes ges-tantes y partos, cumplan con los servi-cios obstétricos de emergencia, que son los necesarios para salvar vidas.

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Rentabilidad económicaJGG. Desde hace 20 años pasamos de atender

personas a atender un negocio; hay una diferencia sustantiva que genera la situación que estamos vi-viendo. En este momento el objetivo no es atender a una materna que va dar fruto a un hijo, acá el ne-gocio es cómo obtener más rentabilidad del servicio que se presta. En el caso obstétrico hay dos situacio-nes que quisiera expresar: una es que la tarifa de la atención del parto se fijó en una consulta de urgencia de Juan Luis Londoño, ministro de Salud de la época, al Seguro Social para que determinara cuánto valía un parto. El Seguro Social tenía muy bien costeadas las enfermedades de alto costo porque las consulta-ba con expertos, pero no contrataba la obstetricia porque la atendía él mismo, entonces no había pres-tado atención al asunto del coste de la obstetricia. El segundo aspecto fundamental es que cuando uno conversa con los prestadores, ellos dicen que aten-der un parto normal cuesta un millón de pesos, y un parto por cesárea vale un millón doscientos, pero les pagan setecientos mil. Ahí hay una diferencia. Ellos siguen prestado el servicio porque hace parte de la misión institucional promover la vida.

Entonces indudablemente, el punto sustancial acá es que hablar de negocios entre antioqueños es muy complejo porque nos fascina el negocio. Yo creo que hay que salir de esta dinámica perversa. Estamos propiciando la atención de la enfermedad, pero nos estamos olvidando de la promoción de la salud, o sea, lograr que los niños que nazcan hoy sean niños saludables, tengan buenos hábitos para que se enfer-men menos. Ese no es el negocio.

HMR. El tema de lo público y lo privado es un para-digma muy complejo en este sistema. No podemos de-jar de reconocer la información que tenemos nosotros y es que la oferta de prestación de servicio en el país, y particularmente en Antioquia, es responsabilidad de los prestadores de salud privados. Más del 80% de los pres-tadores de servicio son privados. La oferta pública está

ubicada en los municipios y allá se ve disminución de las tasas de natalidad, entonces hay servicios obstétri-cos de baja complejidad con muy baja demanda. Estoy hablando de hospitales que atienden uno o dos partos al mes. Eso implica una logística y un recurso humano subutilizándose en estos lugares.

En el Valle de Aburrá se concentra toda la oferta de servicios de mediana complejidad que no es su-ficiente para atender la demanda. Entonces hay que mirar la problemática en términos de eficiencia, pues deberíamos simplificar las condiciones de los servi-cios de baja complejidad, capacitar continuamente y propiciar la apropiación de las guías y la tecnología adecuada para enfrentar ese tipo de patologías.

Llegar al detalle del precio final es complicado. Hay un diferencial entre el costo de la atención a la tarifa promedio. En ese sentido yo soy positivo y creo que hemos avanzado. Estamos abriendo nuevos servicios, no solo cerrando. Y estamos habilitando muchos otros prestadores, es decir, que hay un gran auge de servi-cios, no en el tema obstétrico sino en general.

Por ejemplo, cuando hicimos el diagnóstico de la red de Urabá, en el análisis entendimos que ya tiene 800.000 habitantes y que puede sostener baja y alta complejidad e instituciones de primer, segundo y tercer nivel.

JGG. Abrir servicios puede ser positivo en muchos casos, pero puede ser negativo en otros. Por ejem-plo, la ciudad de Medellín hace 20 años contaba con un hospital exclusivamente dedicado a la atención obstétrica, eso desapareció. Lo que estoy diciendo es que los hospitales del país se están volviendo todos hospitales generales pendientes de la facturación. La lógica es que si obstetricia no da plata se cierra y se abre ortopedia o neurocirugía. Entonces cuando se pierde la experticia, la sociedad también pierde. De hecho, solo ha sobrevivido en Medellín la clínica cardiovascular porque es altamente rentable, y eso es un problema porque se pierde el acumulado de experiencia y los referentes para la atención.

Nosotros deberíamos manejar un estándar de 2,5 camas por 1.000 habitantes, como un referente sufi ciente, pero hoy en Colombia estamos en 1,5. En el promedio del mundo, Colombia está en el puesto 50 o más debajo de lo que está ese estándar esperado.

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HMR. Yo me identifico con la idea de volcar toda la sociedad a la acción preventiva, pero quiero resal-tar que esta sociedad ha estado cambiado su perfil demográfico y epidemiológico y tenemos un acele-rado envejecimiento y con ello una cantidad de mor-bilidades que demandan servicios cardiovasculares y oncológicos. Entonces a veces no es únicamente por la parte rentable sino que se reorganizan los servicios para poder entregarles a esos usuarios unos elemen-tos de ayuda diagnóstica y de intervención.

Implicaciones del cierre de unidadesHMR. En un escenario donde hay brechas impor-

tantes entre la demanda de servicios frente a la oferta instalada, cualquier tipo de cierres son preocupantes para el Estado. Es un llamado a la nación para buscar alternativas para mejorar las condiciones e incentivar la apertura de nuevos servicios.

JGG. Me parece valido ese argumento pero yo creo que hay que pensar en las redes integradas de servicio de salud. El país abandonó esas redes hace 20 años en manos del mercado, entonces ahora hay redes de servicio para aseguradoras no para pacien-tes. Me refiero, como ejemplo, a una experiencia que tuvimos en Medellín que fueron los Servicios Amigables para Adolescentes en ciertas comunas de la ciudad. Inicialmente, cuando había financiación extranjera cualquier adolescente consultaba y se le resolvían sus dificultades en anticoncepción. Cuando se acabaron esos recursos los devolvían para las EPS.

Hay un divorcio entre el territorio y la prestación del servicio, y el usuario tiene que ir a donde su asegurador le dice. En este caso sería fundamental que el Estado, o sea el Ministerio de Salud, establezca unas redes de prestación de servicios y establecerlas por fuera de la rentabilidad económica; tiene que hacerlo desde la rentabilidad social, porque habrá sitios donde los par-tos son muy pocos, pero quedan alejados de cualquier población grande, entonces toca atenderlos allá. Hay que establecer esas redes de prestación de servicios que satisfagan las necesidades de la población.

Panorama en otros municipios del departamento HMR. La red pública del departamento tiene su

verdadera expresión en el ámbito del espacio munici-pal. Cada municipio tiene una estructura pública que garantiza una atención obstétrica y del neonato. Hay que tener en cuenta que funciona en los 125 muni-

cipios del departamento. Hay 157 EPS que prestan los servicios de ginecobstetricia, de los cuales 28 se concentran en el Valle de Aburrá. Hay que tener en cuenta que los servicios tienen diferentes complejida-des, hablamos de baja, media y alta complejidad.

La baja complejidad está asumida por el médico general y por una institución de mediana compleji-dad que puede apoyar los dos eventos principales que ponen en peligro la vida de la madre, que son el sangrado posparto y la eclampsia, y que muchas veces el personal no se siente con la capacidad sufi-ciente de abordar este tipo de urgencias obstétricas y prefiere remitir a la paciente al segundo o tercer nivel de atención y así congestionan las instancias.

JGG. Nosotros el año pasado terminamos un tra-bajo para la Secretaría de Salud de Medellín y anali-zamos la red de servicios de atención obstétrica en el área metropolitana. El hallazgo fue que el 85% de los partos son atendidos en terceros niveles de atención por obstetras. Eso es una distorsión total de la reali-dad, porque el 85% de partos debería ser atendido en el primer nivel de atención. Entonces, podrá hacer falta especialistas en otras áreas, pero en obstetricia lo que yo realmente pienso es que ha habido una dis-torsión total con consecuencias importantes hacia el futuro, y es que nuestro índice de cesáreas está dispa-rado. Estamos llegamos al 50% de parto por cesárea en el departamento, lo que es altamente preocupante porque puede aumentar la mortalidad materna.

HMR. Ahora que estamos tratando este tema de la red de servicios del departamento nos hemos encontrado que bajo las condiciones epidemiológi-cas y demográficas hay una brecha importante en el número de nacimientos esperados, frente a los partos atendidos en los hospitales de los diferentes municipios. Me explico: en un municipio donde en el año hay 50 o 100 partos, curiosamente no llegan esos partos y es significativamente reducida la aten-ción. Pareciera que la madre decide, por seguridad o por direccionamiento de la EPS, buscar servicios de alta complejidad para tener la tranquilidad de ser atendida por un especialista.

Cambiar médicos especialistas por parteros profesionalesJGG. En el mundo desarrollado, la gran mayoría de

los partos son atendidos por parteras profesionales, hombre y mujeres que fueron a la universidad entre tres y cinco años para atender un parto normal. Co-

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lombia medicalizó la atención del parto. Ese ha sido un error histórico y garrafal. Eso no puede ser. En este país los partos solo pueden ser atendidos por médi-cos o especialistas, no pueden ser atendidos por una enfermera. Eso es totalmente absurdo, sobretodo en un país donde el 30% de la población vive en áreas rurales. Obviamente, en la medida en que los espe-cialistas atienden todo, los médicos generales pier-den su experticia y además se suma el hecho de la gran probabilidad de una demanda legal en los casos obstétricos. Entonces el médico general le huye a la atención obstétrica porque le teme a una demanda, además no se siente bien capacitado por la falta de experiencia. Esto ocasiona que el 30% de las mujeres de zonas rurales se viene a tener sus hijos a Medellín porque hay una percepción de riesgo en la institución de su municipio. Debemos lograr que el servicio que se presta en el primer nivel de atención sea bien visto y valorado por la comunidad en general.

HMR. Yo he sido un gran crítico de los estándares mínimos de acreditación y de la poca integralidad del Estado al expedir las normas. Hay una plan de be-neficios que no habla con el sistema de habilitación, entonces se empiezan a cerrar espacios para que otras alternativas de intervención en salud, como el caso de los parteros, puedan ser reconocidas y pagadas por el sistema. Uno de los grandes problemas que tenemos con el pago del plan de beneficios es que no permite el reconocimiento de atención del auxiliar de enfer-mería y como consecuencia muchos centros de salud, que daban una respuesta social valiosísima, desapa-recieron y se han cerrado muchos puestos de salud en Antioquia por esto. En habilitación yo siempre he dicho que ha sido un juego de interés del gremio mé-dico porque han medicalizado la atención básica para garantizar una seguridad financiera y realmente un partero no le va a quitar negocio, ni mercado a un es-pecialista, antes le da respaldo y complementariedad a la función del obstetra.

JGG. También le da un respiro a la acción de los especialistas porque hoy en día los obstetras están sobredemandados, no cuidan con todo el rigor a sus pacientes y se presentan complicaciones que no se deben presentar. Entonces, yo sí creo que hay que cambiar el sistema, debemos redefinir quién atiende los partos. La humanidad ha parido desde siempre, y a medida que hemos avanzado se nos ha ocurri-do que el parto es un evento médico. Lo hemos re-vestido de asepsia y de un misterio que no tiene. Es más, estamos lejos de una atención humanizada

y hemos caído en el negocio de la salud y cuando entramos en la rentabilidad económica se dedica la menor cantidad de recurso humano posible y se generan complicación que son previsibles. Hay que incentivar la formación de partería profesional o de enfermeras obstetricias en nuestro país.

Posible solucionesJGG. Si no cambiamos el sistema de salud colom-

biano y lo sacamos del negocio, no vamos a lograr mucho. Vamos a estar sometidos a los grupos profe-sionales, incluso si tenemos parteros profesionales. El centro no puede ser la rentabilidad económica sino la rentabilidad social. ¿Cuánto le cuesta a esta sociedad que se muera una mujer si deja tres hijos huérfanos? Eso tiene unas repercusiones insospecha-das. Entonces no estoy diciendo que no haya que tener en cuenta el factor económico, pero sí hay otra forma de hacer las cosas donde el centro no es la rentabilidad económica.

HMR. Hay que tener en cuenta que estamos en un sistema de aseguramiento y de gestión del ries-go donde hay tres actores fundamentales: el Estado como regulador del sistema, definidor de precios; el prestador de servicios de salud y la EPS como res-ponsable de ofertar el plan de beneficios.

En este modelo hay una situación particular que es la definición del precio que está condicionada por una serie de variables que maneja el gobierno nacional. No es simplemente la dinámica de cobrar lo merecido, sino que hay unas tarifas establecidas, entonces yo creo que el Gobierno debe incentivar a través de mejoras de precios para optimizar la forma como se reconoce el paquete de atención obstétrica o la atención pediátrica y así corregir estas distorsio-nes. Esto no es nuevo, desde hace 5 años de forma sostenida se ha reducido el número de camas para servicios obstétricos, pero también se está dando una recomposición de la oferta de servicios hacia aquellos que tienen valor agregado como unidades de cuida-dos intensivos pediátricos y servicios quirúrgicos.

Tenemos que tener cuenta que el sistema tiene 20 años, y en estos años hemos avanzado en cobertura, portabilidad y en unificación de planes de beneficio y hay una gran demanda que no ha sido cubierta por las universidades en términos de la formación del recur-so, y la rotación del personal: no se mantiene el perso-nal mucho tiempo, entonces no se apropia de los co-nocimientos y eso genera debilidades en la atención.

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La humanidad ha parido desde siempre, y a medida que hemos avanzado se nos ha ocurrido que el parto es un evento médico. Lo hemos revestido de asepsia y de un misterio que no tiene. Es más, estamos lejos de una atención humanizada y hemos caído en el negocio de la salud y cuando entramos en la rentabilidad económica se dedica la menor cantidad de recurso humano posible y se generan complicación que son previsibles.

Alternativas en el corto plazoHMR. Llevamos en esta discusión 20 años, ha-

blando en escenarios filosóficos, pero desde un punto de vista más pragmático hay que buscar ca-minos alternativos. No solamente en la salud, sino en la educación. Hay que abrir el espacio para que nuevos perfiles puedan atender esos eventos que la sociedad está necesitando que sean atendidos con calidad y oportunidad. Ahí entra el tema de incenti-vos en lo práctico, de gestión del gobierno nacional para buscar un mejor precio. En el coto plazo po-drían hacerse intervenciones de ese tipo, en el tema de modificaciones a las condiciones de habilitación.

La norma de habilitación 2003 y la 1441, traen un elemento que me parece valioso y es que han flexi-bilizado algunos temas y han simplificado interde-pendencias y condicionantes. Hay una posibilidad de hacer periódicamente una evaluación de condiciones y estándares y hacer unas modificaciones en el tiem-po. Ese tipo de alternativas, como la posibilidad de que otros prestadores puedan ser el recurso base para atender otros eventos, podría ser una solución. Lo que le ha costado al departamento y al país dotar con salas de parto asépticas 125 municipios ha sido monstruoso en términos de recursos, y eso habla de grandes in-eficiencias. Finalmente, agregaría un tema importante que es la tecnología en la baja complejidad que pue-de aportar eficiencia. La telemedicina es un elemento que refuerza el vínculo entre usuario y médico

JGG. Siendo propositivos, yo diría que el Área Me-tropolitana tiene una red de servicios; el concepto que se mueve allí es que una institución es de ter-cer nivel porque presta atención especializada de alta complejidad y todos queremos estar en instituciones

que brinden la mayor calidad posible en el servicio. Lo que se podría hacer es que esa institución de tercer nivel prestara atenciones de primero, segundo y ter-cero. Por ejemplo, una materna sana que llega a una institución de tercer nivel pero que sea atendida por partera profesional o médico general. Solo si se pre-senta una situación compleja se llamaría al especia-lista, ahí se convertiría en atención de segundo nivel y si necesita cuidados intensivos sería de tercero, no hay problema. Ahí logramos una economía gigantesca pues disminuiría el costo de la atención.

Yo quisiera pensar que las cosas se pueden solucio-nar prontamente, pero dada la cantidad de actores que están implicados en nuestro sistema de salud se hace muy difícil un diálogo nacional sobre este tema. Adicionalmente, yo creo que hay una terquedad de parte del Estado en mirar la salud de otra manera. Es-tán con las manos atadas, en este país no tenemos un ministro de salud que sea del área de la salud desde hace mucho tiempo. Todos son economistas y se han dedicado a ver cómo fluye el dinero por el sistema, pero no ha habido un énfasis en brindar salud. No nos hemos preocupado por promocionar la salud.

Hay que seguir fortaleciendo a la sociedad para que proteste y cambie la situación. No quiero decir que no hemos avanzado, por eso no hay que hacer borrón y cuenta nueva como ocurrió en 1991. Yo creo que este sistema tiene cosas rescatables, pero lo cierto es que tenemos que evolucionar y eso solo se va a hacer si la sociedad en pleno protesta y hace la fuerza para que el gobierno ejerza. No podemos seguir entrampados en el costo del procedimiento y nos olvidamos del resto del panorama. Hay que afrontar las cosas de manera integral y para eso es necesaria la protesta ciudadana.

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Drogas, consumo y libertad*

E l consumo de sus-tancias sicoactivas no necesariamente implica adicción. Según David Ponce, hay que hacer una

diferenciación entre usos, abusos y malos usos, puesto que alguien —explica— puede ser usuario del alcohol y tomarse unos tragos a veces; o puede abusar del alco-hol y ser un alcohólico; o puede ser un mal usuario del alcohol, sin necesidad de ser alcohólico, como cuando maneja un vehícu-lo con tragos o agrede a otra per-sona. “No toda persona que con-suma una sustancia legal o ilegal tiene por qué tener un problema con esa sustancia”, dice.

Para Hugo Alberto Gallego, consumir demasiado una sustan-cia, legal o ilegal, puede conside-rarse adicción cuando el consu-mo es muy repetitivo y empieza a hacerse indispensable para la persona, como cuando alguien expresa que fuma marihuana para aumentar el apetito o para dormir. “Ahí empieza a pasarse de los usos recreativos y sociales a los usos por necesidad, y por eso yo siempre pregunto qué espacio empieza a tener la sustancia en la vida del su-jeto, para que no vaya afectar su funcionamiento normal”, dice.

Ponce precisa que el concepto de adicción de ninguna manera se pierde por tratarse de una sustan-cia legal y aceptada por la socie-dad. Así, por ejemplo, el cigarrillo es aceptado, pero una persona que se fume dos cajetillas al día, aunque no genere mayor impac-to en la vida de esa persona, igual habría que considerársela adicta. En el caso del cannabis (marihua-na), no es para todo sujeto ni para todo momento ni lugar. “Cuando las sustancias atraviesan esas ba-

Conversación con Hugo Alberto Gallego, especialista en toxicología de la Universidad de Antioquia, especialista en farmacodependencia de la Fundación Universitaria Luis Amigó y máster en administración de la Universidad Eafit, y David Ponce, sicólogo de la Universidad de Antioquia y asesor sicológico de la Comunidad Procannábica de Colombia.

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rreras de los espacios recreativos, y empiezan a afectar otros espacios, ahí es donde tenemos que hablar de una adicción”, señala y agrega que también podría considerarse adicción a cosas que son totalmente aceptadas como el internet o el fútbol. “Habría que hablar más de la relación del sujeto con una sustancia, más que de si es o no legal dicha sustancia”, reitera.

Gallego agrega que también existe, por ejemplo, la adicción al trabajo, lo cual causa problemas en la vida familiar y en la vida personal, y que cualquier sustancia, así sea aceptada por la sociedad, puede llevar a una adicción. Se-ñala que a quienes consumen altas dosis de una sustancia, pero mantienen una vida normal, se les llama consumidores funcionales, pero —advierte—, de todos modos hay que mirar el entorno de las personas que consumen la sustancia para poder funcionar en la sociedad, para determinar si se trata de un disfrute de su libertad o si realmente está pegado al consumo.

Ponce, el sicólogo, diferencia entre dependencia física, psicológica o social. “Hay personas que no se pueden encontrar con sus amigos sin tomarse un aguardiente porque no sería encontrarse con su grupo social. Con las dependencias físicas tenemos ejemplos muy claros con los síntomas de abstinencia de la heroína y del alcohol. En el caso que mencionaba Hugo anteriormente, cuando una persona dice que nece-sita fumar marihuana para comer o dormir, estaríamos hablando de una dependencia psicológica”, explica.

Para el toxicólogo Gallego no se deben asimilar necesariamente la dependencia y la adicción, sino que ello depende de las clasificaciones. “Ahora —observa— acaba de salir el último diagnóstico del DMS-5, que es el diagnóstico de las enfermedades mentales de la Sociedad Psiquiá-trica Americana, en el que se habla de ‘trastornos por usos de sustancias’. Ya habría que ver la clasificación del trastorno”.

Y explica que no se trata de un eufemismo, sino de evaluar si el trastorno por uso de sustancias está generando otros diagnósticos adicionales. “Ahora se está buscando el diagnóstico dual, o sea, qué más está pasando: puede ser algo en la esfera psicológica, pero también en la social, que sean cuestiones producto de violencia sexual, intrafamiliar o por falta de oportunidades, etc.”.

Ponce considera que el debate en torno al consumo de drogas, más que la sociedad o los costos para un Estado, es un asunto personal, en donde resulta fundamental el ejercicio de la libertad, es decir, la posibilidad de decidir de forma informada. “O sea, explica, hay que informar para que la gente decida, porque cuando no hay conocimiento no hay libertad”.

Y añade que otra cosa son las políticas sobre las sustancias, lo que considera un asunto más que todo económico. “Por ejemplo, dice, el alcohol, con la Fábrica de Licores de Antioquia, financia un concierto de Madonna o Beyonce, o el Festival de Poesía, mientras que la marihuana y la cocaína financian la guerra del narcotráfico”.

Gallego coincide en que la cuestión de las sustancias en la agenda pú-blica es por intereses económicos, políticos. “En su momento, el tabaco y el alcohol fueron ilegales, sin embargo por situaciones económicas, de vio-lencia y de otra índole los legalizaron, y ahora por los planteamientos de las muertes y el narcotráfico es que están viendo cómo vamos a tratar de reducir estos riesgos y complicaciones derivadas del narcotráfico”, señala.

...el debate en torno al consumo de drogas, más que la sociedad o los costos para un Es-tado, es un asunto per-sonal, en donde resulta fundamental el ejercicio de la libertad, es decir, la posibilidad de decidir de forma informada. “O sea, explica, hay que in-formar para que la gente decida, porque cuando no hay conocimiento no hay libertad.

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Pero ¿qué pasa cuando la libertad de consumir afecta las libertades de los demás?

Gallego sugiere que nosotros somos sujetos so-ciales, que estamos acá pero con el otro, y por eso cuando la persona toma la decisión de ejercer su li-bertad debe hacerlo sin afectar o perjudicar al otro. “El concepto debería ser ‘libertad con responsabili-dad’: responsabilidad conmigo mismo, el quererme yo y no dañarme al establecer una relación con la sustancia. Me cuido yo y tengo la responsabilidad de cuidar a mi entorno”, expresa.

Ponce observa que la gente cree que cuando se está luchando por la libertad se está luchando por el libertinaje. Nosotros hablamos de usuarios respon-sables, respetuosos y conscientes, lo que implica no dañar a terceros; es diferente a no molestar a terce-ros. A mí un género musical me puede molestar, mas no me daña. Cuando ya mis actos dañan es cuando ya estoy violentando la libertad del otro”.

¿Y en qué se diferencia consumir con conoci-miento y hacerlo sin conocimiento?

Ponce recuerda que el alcohol estuvo prohibido en los años 20, y cuando lo volvieron a legalizar fue bajos tres frases con las que se creía solucionar el problema del alcoholismo: ‘prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad’, ‘cuan-do vaya a beber no maneje’ y ‘el exceso de alcohol es perjudicial para la salud’.

“Creemos que eso es educación en drogas. Cuan-do nos relacionamos con las sustancias debemos te-ner en cuenta tres factores: el sujeto, el objeto y el contexto. Y si no conocemos esos tres ítems será muy difícil establecer una relación consciente y respetuo-sa con una sustancia”, explica.

Añade que el sujeto se compone de una estruc-tura psicológica, física, social, emocional, profesio-nal, espiritual, y por tanto no es lo mismo consumir alcohol en una situación feliz, que en una situación emocional triste; como no es lo mismo consumir un alcohol de alta calidad que consumir uno de baja calidad, factores todos que van a afectar la relación con determinada sustancia.

¿No es demasiado pedirle a un adicto que sea res-petuoso, responsable y consciente?

Gallego precisa que, en ese sentido, estamos ha-blando más de un consumidor. “Porque si hablamos de una persona adicta, probablemente ya no esté

tan consciente de esas libertades y de esa decisión que está tomando en un momento determinado de consumir”. Explica que un adicto puede consumir para evitar los efectos negativos de las manifestacio-nes de abstinencia, entonces no está consumiendo tranquilamente, sino por la necesidad de no sentir los malestares ocasionados por no tener la sustancia.

También es verdad —complementa— que las sustancias están allí y que si uno aprende a cono-cerse tendrá unos parámetros determinados para enfrentarlas, y puesto que la maduración del cere-bro se da entre los cinco y los 20 años de edad, se recomienda que, ojalá, la persona no entre en con-tacto con el alcohol u otras sustancias que puedan retrasar su maduración cerebral.

Respecto de la prevención a la que aludió el sicólogo Ponce, el toxicólogo Gallego advierte que aunque en algunos contextos se los haya llamado “apologistas” de las drogas, ellos hacen tanto pre-vención como mitigación, y hasta superación en los casos necesarios.

“Para nosotros —dice— prevenir es evitar consu-mos tempranos y adicciones. Yo prevengo que un niño de doce años consuma una sustancia, más que hablando mal de esa sustancia, desde la promoción de estilos de vida saludables. Es importante tener tiempo para el disfrute de otras cosas. Y en cuanto a las adicciones, creo que una persona informada tiene menos riesgos de ser adicto, sin decir que la información en sí sea una barrera protectora. Hay gente que sabe mucho de drogas e igual consume drogas y tiene problemas con ellas”.

¿Y es que informar sobre los efectos de una droga podría despertar el interés por esa droga?

Gallego considera que se debe informar responsa-blemente, dependiendo de si son niños, adolescen-tes, adultos. “Nosotros debemos dar información de acuerdo con los grupos a los que nos estemos diri-giendo. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy difícil evitar que las personas se informen. Algunos estudios dicen que educar no es suficiente y que a algunos les puede despertar el interés, pero también es cierto que si yo no les informo de una manera seria, juicio-sa y responsable les va a llegar la información a través de internet sin ningún tipo de filtro”.

Al mismo tiempo, Gallego concuerda con la per-cepción de que los programas de prevención no están siendo exitosos. “Estoy de acuerdo, porque realmente

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no estamos yendo a las causas del consumo, porque algunas estadísticas lo que hacen es ver qué subió, qué bajo y qué apareció de nuevo, para redi-reccionar algunos programas de salud pública, pero no están evaluando las causas de por qué la gente está llegando a esos consumos. Los programas de prevención deberían de ser evaluados y mirar enfoques diferentes”.

Ponce complementa que tales programas tienden a ser más paternalis-tas que preocupados por la libertad. “A mí no me preocupa el aumento del consumo: me preocuparía el aumento de la dependencia y el au-mento de los malos usos. A muchos, y a, qué pena decirlo, concejales no les interesa que bajen las ventas de licor en Antioquia. Lo que interesa es que bajen los conductores borrachos, los que pelean. Entonces, con la marihuana, debería interesarnos que el joven no fume antes de ir a clase y se lo fume luego de haber ido o se lo fume el sábado”.

Gallego plantea que para que tengan un impacto los programas de prevención debe haber una corresponsabilidad. O sea, que quede claro qué responsabilidad tiene el sujeto, qué responsabilidad tiene la familia, qué responsabilidad tiene el sistema educativo, qué respon-sabilidad tiene la publicidad, qué responsabilidad tienen los comer-ciantes, pues en este ámbito de la prevención hay muchos actores.

Y Ponce observa que no sólo hay que hacer un cambio de enfoque, sino también en la práctica. “La prevención responde a un enfoque más amplio que es el paternalismo. Yo sé que la prevención tiene que tener un lugar, pero de qué manera se está haciendo, qué se está previniendo. Para mí se deben prevenir los abusos, los malos usos, los consumos a tempranas edades”.

Confiesa, además, que le resulta irrisorio que salga una campaña diciendo “Colombia, un país libre de drogas”, sabiendo que el tinto es una droga y la consumimos legalmente, y que luego salga un co-mercial de alcohol diciendo “si quieres divertirte toma Pilsen”. “En-tonces, ¿dónde está nuestra corresponsabilidad? ¿Qué mensaje es el que estamos dando?”, se pregunta.

Gallego plantea que la idea no es luchar contra las drogas, sino que hay que manejar un concepto más amplio de por qué la gen-te está llegando a estos niveles de daño o alteración por las drogas. “Tenemos que mirar al fenómeno de las sustancias de manera muy concreta, para hacer un enfoque de la promoción de la salud y de la prevención de las conductas adictivas”, concluye.

Mientras que Ponce insiste en que pelear contras las drogas es pelear contra la historia de la humanidad. “No creo que haya que pelear contra las drogas en sí mismas, sino contra los abusos o los malos usos. Pero que la gente las use es algo que parte de la independencia de las personas, la cual debemos respetar mientras no afecte la vida de terceros”, concluye.

... el sujeto se compone de una estructura psi-cológica, física, social, emocional, profesional, espiritual, y por tanto no es lo mismo consumir alcohol en una situación feliz, que en una situa-ción emocional triste; como no es lo mismo consumir un alcohol de alta calidad que consu-mir uno de baja calidad, factores todos que van a afectar la relación con determinada sustancia.

*Esta es una versión de la conversación sostenida entre los dos conocedores del tema y de las preguntas que el periodista Heiner Castañeda Bustamante les realizó como moderador de La fuerza de los argumentos. Transcripción de Sergio Andrés Alzate Sepúlve-da, estudiante de periodismo y auxiliar administrativo del Departamento de Información y Prensa de la Universidad de Antioquia.

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Las fisuras de la construcción, un riesgo*

A propósito del desplome del edificio Space

El 12 de octubre de 2013, a las 8:40 de la noche, una torre del edificio Space se derrumbó y causó la muerte de once per-

sonas. Comenzó, así, una serie de discusiones, reflexiones y alertas sobre lo que pasa con las cons-trucciones en la ciudad. Este he-cho ha suscitado consecuencias de toda índole para la ingeniería, la arquitectura y el sector inmobi-liario en Medellín. Diego zapata Gómez, ingeniero civil y presi-dente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, ase-gura que “lo que ocurrió en esa fecha fue un episodio muy dolo-roso para la ciudad. Esto marcó el principio de una serie de hechos legales y administrativos, pero lo que a nosotros como asociación más nos interesa (ingenieros, ar-quitectos), es que un hecho tan

lamentable como ese no vuelva a ocurrir en Medellín”.

Para comenzar a tomar accio-nes correctivas, dice, “debemos partir identificando claramente las causas que originaron ese co-lapso. Hemos aplaudido desde la SAI que la administración local muy rápidamente encomendó a una prestigiosa universidad el estudio para determinar cuáles fueron las causas. Yo creo que estamos muy próximos a tener los resultados de ese estudio, y cuando nosotros podamos iden-tificar exactamente cuáles fueron las causas, vamos a poder dar desde el punto de vista técnico todo el debate necesario para entrar a corregir lo que tiene que ver con la práctica de la ingenie-ría y la arquitectura”.

Juan Carlos Vélez Cadavid, ingeniero civil y magíster en es-

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tructuras de la Universidad de los Andes, cree que, aunque la tragedia del edificio Space es un hecho episódico, hay que pre nder las alarmas “porque en algunos casos hay unos problemas éticos de ciertas personas que pueden poner en riesgo la calidad de las construcciones en la ciudad”, y afirma que “es muy raro que una edificación falle por su propio peso, como sucedió en el caso de Space, pero en el caso de que ocurriera un terremoto en una ciudad importante del país (cosa que es viable), realmente yo tengo mucho temor de que varias edificaciones podrían llegar a sufrir mucho, en parte debido a di-seños y construcciones hechas con muy poco rigor, en parte por otras cuestiones”.

Y es que una de las cosas que más preocupa a los gremios de ingenieros, arquitectos y constructo-

res de la ciudad es el efecto de pánico generado por la tragedia. Muchas personas creen correr el riesgo de verse seriamente afectadas ante una posible falla estructural, o, por qué no, ante un terremoto u otro fenómeno natural. Es la razón, en parte, por la cual vemos que se vienen adelantando estudios de otras edificaciones, tratando de medir hasta qué punto pueden estar comprometidas en su estabilidad o no. Pero, esta preocupación, ¿está fundamentada?

“Yo creo que ahí hay que hacer una labor de peda-gogía”, afirma Diego zapata. “Una de las cosas que se va a derivar de este hecho es que las personas apren-dan un poco de la estabilidad del sitio que ocupan, eso implica aprender a diferenciar entre lo que es una

fisura y una grieta; ese fue uno de los grandes impac-tos de este suceso. Lo que la gente se pregunta ahora es: ¿mi edificación estará en las mismas condiciones?”.

Juan Carlos Vélez cree que también es importante que las personas tengan más conciencia sobre lo que están comprando, porque no se trata de comprar por comprar, sino de hacerlo con criterio, sopesando cada decisión con cuidado. “La pedagogía, claro, es muy importante, pero también esto nos enseñó a es-tar más alertas, a no comprar cualquier edificación por comprarla, asesorarse, tomar más conciencia de lo que se está comprando y adquiriendo”, dice.

“Que aprendan a diferenciar entre un elemento estructural de uno no estructural”, dice Diego zapa-ta, y agrega que se deben distinguir “qué cuidados

debe tener cuando una fisura se presenta sobre un elemento estructural y qué cosas son solo una falsa alarma. Aprender lo básico, asesorarse, acudir a las autoridades corres-pondientes en caso de más dudas”.

Para un conocimiento más detallado de los ele-mentos y los matices de una construcción, Vélez hace una explicación condensada sobre los principios básicos que debe tener en cuenta todo ingeniero estructu-ral a la hora de construir:

“Básicamente lo que hacen los ingenieros estructurales es tomar los diseños arquitectónicos y los estudios de suelos, y con base en eso hacen el diseño estructural de la construcción. El di-seño estructural se manifiesta en unos planos construc-tivos, planos de resistencia donde se dice qué tipo de materiales se tienen que utilizar para resistir las cargas a las que está sometida la edificación: qué tipo de mate-riales son, de qué dimensiones, si es una estructura de hormigón reforzado, entonces de qué dimensión son las columna de concreto reforzado, los muros estruc-turales, las vigas, cuántos estribos para confinar el con-creto y que no se vaya a explotar en caso de eventos esporádicos. Y la edificación debe tener suficiente resis-tencia para resistir su propio peso, que es la condición

Lo que pasó con el edifi cio Space genera muchas dudas sobre lo que realmente se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que se omitió y lo que faltó respecto a las fases norma-les de un proceso de edifi cación. Si bien se están hacien-do estudios para esclarecer con conocimiento de causa lo que realmente pasó, hay, por algunos análisis aparte hechos por expertos en el tema, fallas evidentes, muchas de ellas conscientes y premeditadas.

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normal en todo momento, pero también debe estar fa-cultada para resistir eventos esporádicos, por ejemplo: vientos y terremotos intensos. La norma sismoresistente colombiana especifica para cada ciudad colombiana, para cada uno de los 1.200 municipios del país, cuál es su amenaza sísmica, y, con base en ese criterio, el ingeniero debe diseñar para que la estructura pueda resistir ese probable terremoto que ocurra”.

Lo que pasó con el edificio Space genera muchas dudas sobre lo que realmente se hizo y lo que se dejó de hacer, lo que se omitió y lo que faltó respecto a las fases normales de un proceso de edificación. Si bien se están haciendo estudios para esclarecer con conocimiento de causa lo que realmente pasó, hay, por algunos análisis aparte hechos por expertos en el tema, fallas evidentes, muchas de ellas cons-cientes y premeditadas.

“Falta una segunda entrega del informe de la Universidad de los An-des”, afirma Juan Carlos Vélez, “pero ya hubo un informe inicial donde se dieron unos indicios so-bre lo que pasó, aparte de eso yo he tenido la posibilidad de conocer los estudios que ya han hecho otros profesionales sobre algunas edificacio-nes construidas por la fir-ma cuestionada, y hemos encontrado en la Asociación de Ingenieros Estructu-rales de Antioquia que lamentablemente hay muchos problemas de diseño y de calidad de materiales”.

Vélez es aún más enfático y asegura que algunas decisiones fueron tomadas con neglicencia:

“Yo diría que básicamente en el caso de Space el problema fue el diseño estructural, también creo que hubo problemas constructivos, de materiales, pero digamos que la causa básica de la falla fue un diseño estructural muy defectuoso. Eso lo podemos decir con claridad porque hemos conocido parte de los estudios, parte de cómo abordó los diseños el in-geniero calculista, entonces sí conocemos que hubo unos pecados terribles en el diseño estructural”.

Diego zapata es un poco más cauteloso: “la Uni-

versidad de los Andes no ha terminado sus estudios, son cuatro fases y ellos han entregado solamente dos, la primera y la cuarta, falta la segunda y la terce-ra, y la tercera es la que va orientada a identificar las causas del colapso. Nosotros desde la agremiación hemos tomado la decisión de esperar esos resulta-dos para abrir el debate técnico en relación con lo que pasó. Nosotros esperamos que ese informe de la Universidad de los Andes sea el punto de partida para abrir el escenario y que todos (tanto los que participaron en el informe de la Universidad de los Andes, como los demás ingenieros) se sientan en la tranquilidad de abrir el debate técnico”.

Pero los descubrimientos hechos por Vélez y otros colegas van más allá. Al parecer, se conocía entre al-

gunos ingenieros calculistas de la ciudad que había algunos cuestionamientos al ingeniero estructural de la firma CDO. “Yo por lo menos no tenía conocimien-to de advertencias a la empresa constructora”, afirma Vélez, “pero como me muevo más en el ámbito es-tructural, sí había escuchado que el ingeniero no era el más ortodoxo en el cumplimiento de la norma; nunca he interactuado con él, pero lo que sí había escuchado de otros colegas muy prestigiosos era que en algunos casos confiaba mucho en su criterio y en-tonces no cumplía exactamente lo que pedían las normas sismoresistentes. También vimos que muchos errores se repiten. Que se utiliza la misma tipología de edificación: la misma tipología de Space se replicó en muchas otras edificaciones de la ciudad. Si uno hace una revisión detallada del cálculo estructural en algunas de estas edificaciones, encontrará cantidades

Yo diría que básicamente en el caso de Space el proble-ma fue el diseño estructural, también creo que hubo pro-blemas constructivos, de materiales, pero digamos que la causa básica de la falla fue un diseño estructural muy defectuoso. Eso lo podemos decir con claridad porque hemos conocido parte de los estudios, parte de cómo abordó los diseños el ingeniero calculista.

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impresionantes de errores preocupantes, crasos; en-tonces estamos hablando de hechos verdaderos”.

En opinión de Diego zapata, este tema tiene más libertades de lo que parece. Aunque en Colombia el Código de construcciones sismo-resistentes es ley, y como ley hay que cumplirla, la misma norma, dice zapata, “establece la posibilidad de que cuando el ingeniero que está conceptualizando el proyecto tenga unas metodologías más avanzadas, la norma trata de no impedir eso, y de que esas nuevas tecno-logías se puedan llevar a la práctica, y a mí me pare-ce que eso en principio está bien porque no cierra la posibilidad a que los adelantos tecnológicos que se puedan tener en materia de diseño estructural se puedan implementar rápidamente”.

Los sucesos y descubrimientos alrededor de la construcción en la ciudad lo que han hecho es seguir sembrando un manto de duda sobre el trabajo de los diferentes profesionales que hacen parte de la cons-trucción en Medellín y la región. Diego zapata, hace un llamado de atención ante esta nueva problemática:

“Ustedes no se imaginan lo damnificada que ha salido la ingeniería y la arquitectura a nivel local con esta catástrofe. Ha sido injusto porque se ha genera-lizado un suceso que no es normal, que es aleatorio. Es dignificar una profesión que no necesita dignifi-carse. Ya nos estábamos sacudiendo de ese episodio funesto de los Nule y ahora viene esto, y ahora ya no somos solamente corruptos sino corruptos e incapa-ces de construir algo decente”.

“Es cierto”, complementa Juan Carlos Vélez, “se creó un estigma alrededor de los ingenieros de Antioquia y Medellín. Cuando antes se contrataban ingenieros de la ciudad para construcciones en otras regiones del país, ahora eso ha venido mermando sustancialmente, y eso es muy preocupante. Es como un efecto dominó”.

Pero, ¿y el papel de las autoridades? Este ha sido un tema primordial en la discusión llevada a cabo por los expertos que empezaron a estudiar, a raíz del tema Space, los diferentes grados de responsabilidad de una u otra entidad: Curaduría de Medellín, Planea-ción Nacional, ingenieros, constructores, etcétera.

Diego zapata, tajante, afirma que “este tipo de su-cesos es la suma de muchos factores. Alguien que tenía

que controlar no controló, y por eso no se pudo detec-tar eso que se estaba haciendo y que fue la causa de esta tragedia”; además, cree que “hay que mirar cuál es el alcance de nuestros sistemas de control, ¿cuál es el alcance del curador? El curador lo que debe hacer es una verificación de ciertos elementos: que se tenga un estudio de suelos por un profesional capacitado, una matrícula profesional, que se tengan unos diseños es-tructurales elaborados por un ingeniero competente. Y esto, al parecer, no se está haciendo”.

Lo más preocupante, según Juan Carlos Vélez, son las excusas que están presentando algunos de los implicados:

“En muchos casos la gente se está escudando en que de pronto un diseño fue avalado por una cura-duría o por Planeación y entonces que por este tipo de avales se les exonera de cualquier responsabilidad ante un suceso como el ocurrido en Space, y esto no es así. Si bien las autoridades tienen que hacer sus ac-tividades de control, independiente de que las hagan o no, de todas maneras el constructor tiene que hacer las cosas con ética, tiene que cumplir la norma”.

Lo que queda ahora, después de tantos pasos en falso para las constructoras y las asociaciones de inge-nieros de la ciudad, es volver a recobrar la confianza y el respeto que han perdido gradualmente. Episodios como el desplome del edificio Space y descubrimientos de fraude y falta de ética de muchos de estos actores del medio constructor, ha llevado a fortalecer una ima-gen negativa que se está perpetuando a medida que nuevos hechos salen a la luz. Entonces, ¿qué hacer?

Juan Carlos Vélez cree que la situación “depen-de de la persona”, ya que en términos generales “la mayoría de los constructores y diseñadores hacen las cosas bien; claro, también hay un número no menor de ingenieros y constructores que no están haciendo las cosas bien, que se pasan las normas, que no tie-nen ética, y esto es lo que hay que revisar con lupa”.

Ante esto, Diego zapata es más positivo: “yo diría que la ciudad está llena de buenos ejemplos. No se puede generalizar ni de un lado ni del otro. Tenemos buenas empresas de ingeniería, buenos ingenieros, lo que falta es que esas personas que hacen las cosas bien, tengan otra vez la oportunidad de ejercer”.

*Transcripción y versión de Jaime Darío zapata Villarreal, estudiante de periodismo y auxiliar administrativo del Departamento de Información y Prensa de la Universidad de Antioquia.Nota del editor: la Alcaldía de Medellín fijó para el 23 de septiembre de 2014 la demolición completa de las torres del Edificio Space.

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Aplicabilidad del principio de interés superior del niño, niña o adolescente en los procesos de impugnación de la paternidad*

La filiación es uno de los temas del derecho de familia que ha avanzado de forma considerable, particularmente con los aportes de la genética y en lo que respecta a los titulares de la acción de impugnación de paternidad que se hallen legiti-mados para adelantar dicha pretensión. Para ello, se estable-cen disposiciones legales que muestran los lineamientos, ya

sea para investigar o desvirtuar la paternidad, acuñados en la Ley 1060 vigente a partir del 26 de julio de 2006, estableciendo nuevos titulares para impugnar paternidad y maternidad, al igual que delimita el momen-to para exponer el interés jurídico de éstos.

En el desarrollo de dichos procesos es común que se presenten con-flictos de interés económico, afectivos, psicológicos, entre otros, frente a los cuales el operador jurídico debe entrar a dirimir. En ocasiones la res-puesta está establecida desde la normativa, pero en otras, se debe acudir a diversos medios probatorios, entre los que se encuentran la prueba pe-ricial - genética, prueba testimonial, interrogatorio de parte, indicios, etc.

Es de resaltar que actualmente se da prioridad a la prueba peri-cial genética como elemento decisivo para resolver estos conflictos,

Por Edna Patricia Camargo1

Mary Verjel Causado2

*Ponencia presentada en el Congreso internacional de familia or-ganizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia en septiembre en Medellín. El texto, que hace parte de una investigación que adelantan las autoras en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, fue publicado par-cialmente en la revista Reflexión política del Instituto de Estudios Políticos de la misma institución, en la edición de junio.

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dejando de lado aspectos de trascendental impor-tancia en lo que respecta al desarrollo psico - evo-lutivo del sujeto, factor que desde todo contexto se considera básico para el desenvolvimiento ar-mónico del tejido social, máxime cuando se está hablando de relaciones afectivas, vínculos familia-res, parentesco o filiación, voluntad de acogida y apegos instaurados.

Aunque los procesos de impugnación de la pa-ternidad se presentan en forma ocasional, frente a

otros que atañen al contexto del derecho de familia como son: investigación de la paternidad, divorcios, cesación de efectos civiles, interdicciones de disca-pacitados mentales absolutos, entre otros; en estos es importante la dirección activa del juez y el apoyo de los auxiliares de la justicia.

A nivel nacional como internacional, los pro-cesos de impugnación de la paternidad se ampa-ran totalmente en la respuesta dada por la prueba científica con marcadores genéticos, utilizando la técnica de ADN, salvo en muy pocos casos, donde se expresa que la decisión puede afectar al menor, presentando aspectos valorativos como el “sum-mun ius summa iniuria, es decir, que la aplicación rigurosa de la ley puede originar graves injusticias” (Convenio Colegio de Abogados de Costa Rica. Impugnación de la paternidad,2010, p. 6), deci-sión que el fallador debe justificar a partir de lo consagrado expresamente en el principio de inte-rés superior del niño, niña y adolescente.

Resaltando que este tipo de procesos implican no solo aspectos jurídicos, sino también psicoló-gicos y sociales, máxime cuando en estos casos se arbitra sobre elementos concernientes al desa-rrollo psico-social y afectivo de un niño, niña o adolescente, factor clave en el devenir futuro de éste y en el fortalecimiento del tejido social, prin-cipalmente cuando desde tiempo atrás y producto de múltiples estudios e investigaciones, se ha re-saltado como precedente fundamental del com-portamiento disocial, la descomposición familiar

y la ausencia de lazos afectivos sólidos.

Dentro de los aportes se presenta lo relativo a medios probatorios apli-cados en este tipo de di-vergencias, permitiendo destacar que el fallador al momento de dirimir y fundado en el poder que la ley le confiere, puede hacer uso de me-dios de apoyo, como son los auxiliares de la justicia, profesionales capacitados en áreas es-pecíficas, quienes pue-den ser requeridos, faci-litando la interiorización

del evento, menguando así los efectos traumáticos que devengan o surjan después del fallo, acompa-ñamiento que puede ser contemplado como requi-sito fundamental, antes de emitir la decisión.

Filiación e impugnaciónLa filiación, como tema básico en derecho de

familia, ha necesitado incorporar modificacio-nes, producto de la conexión que ésta tiene con los avances de la ciencia y la tecnología, priorita-riamente los relacionados con la procreación y las particularidades genéticas que posibilitan estable-cer aspectos de descendencia entre dos personas, una de las cuales es padre o madre de la otra, es definida como “la relación entre el padre y el hijo” (Somarriva, 1982, p.349), reconocida como un de-recho fundamental, consagrado en la Constitución Política de Colombia. (1991, Artículo 42).

Desde el punto de vista etimológico, filiación

...el parentesco es la base de la fi liación que se fun-damenta en un lazo biológico, con reconocimiento ju-rídico, originado en aquellas relaciones sexuales que posteriormente posibilitan la concepción, dando lugar al hecho del nacimiento, pero tiene una excepción: la adopción, creación legal, fundamentada en la voluntad de una o varias personas, según sea el caso.

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viene del latín filiatio, es decir, la procedencia de los hijos respecto a los padres (Parra, 2008, p. 9). Por tanto, el parentesco es la base de la filiación que se fundamenta en un lazo biológico, con re-conocimiento jurídico, originado en aquellas rela-ciones sexuales que posteriormente posibilitan la concepción, dando lugar al hecho del nacimiento, pero tiene una excepción: la adopción, creación legal, fundamentada en la voluntad de una o varias personas, según sea el caso.

Muchos autores han tocado el tema de la filiación, abordándolo desde contextos netamente jurídicos, hasta éticos y biológicos; dentro de éstos están: Na-ranjo (2002) “la filiación tiene su origen en ciertos hechos o actos, unos de hecho y otros de dere-cho. De allí que existan tres clases de filiación: legítima, ilegítima y adoptiva” (p. 415); Jara-millo (2008) refiere que:

“La filiación es una creación del derecho que mirada desde la óptica jurídica, es el enlace de con-sanguinidad (sal-vo la adopción) que une al hijo con sus padres, y que desemboca en la relación de parentesco es-tablecida por la ley (paternidad o maternidad)” (p. 422); Para Mon-roy (2009) “filia-ción es el vínculo que une al hijo con su padre o madre. Desde el punto de vista del padre o de la madre, se llama paternidad o maternidad, respectiva-mente” (p. 47); Suárez (1999) expre-sa que “Filiación es un estado jurídico que la ley asigna a determinada perso-na, como consecuencia de la relación natural de procreación que la liga con la otra. Es un estado social en cuanto se tiene con respecto a otra u otras perso-

nas; es un estado civil, por cuanto im-plica la situación jurídica del hijo frente a la familia y a la sociedad, lo cual de-termina su capacidad para el ejercicio de ciertos derechos y el cumplimiento de determinadas obligaciones” (p. 4); Barbero y Messineo (como se citó en Lafont, 2009), expresan que la filiación no solo es una relación jurídica, sino también un hecho como el de gene-ración y un estado derivado de la rela-ción, se trata de una relación simétrica la paternidad o maternidad, en virtud de la cual el sujeto adquiere el status

de padre o madre del nacido (p. 342), entre otros.

Dentro de todo proceso de filiación, existen elementos sustanciales como son: los vínculos, la ética e intereses morales, emocionales y afectivos que comprometen el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, sin desconocer la implicación jurídica que se otorga a la verdad biológica, de los cuales se derivan diversos derechos familiares, entre los cuales están: patria potestad, custodia y

Dentro de todo proceso de fi liación, existen elementos sustanciales como son: los vínculos, la ética e intereses morales, emocionales y afectivos que comprometen el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, sin des-conocer la implicación jurídica que se otorga a la verdad biológica, de los cuales se derivan diversos derechos familiares, entre los cuales están: patria potestad, cus-todia y conocimiento familiar, este último, con implica-ciones sociales y jurídicas en la identidad del sujeto.

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conocimiento familiar, este último, con implica-ciones sociales y jurídicas en la identidad del suje-to, así como añadió López del Carril, siguiendo a Cicu, citado en Lafont (2008):

Hay que tener en cuenta que el derecho subjetivo familiar, “tiene dos elementos: a. El interés familiar que constituye un interés superior autóno-mo y eventualmente opuesto a los inte-reses de cada una de las personas que componen el grupo familiar, pudiendo producirse la colisión de derechos sub-jetivos personales individuales entre sí con el núcleo familiar. b. Los poderes familiares que son una voluntad a la cual se reconozca jurídicamente la po-testad de actuar” (p. 348).

Dentro de la búsqueda del equilibrio entre lo genético, el conocimiento familiar y lo establecido legalmente, aparecen las llamadas acciones del es-tado civil, unas de reclamación, en donde la per-sona solicita un estado civil que no tiene y otras de impugnación, donde la persona amparada en un estado civil, busca desvirtuarlo porque considera que no es el verdadero, ya sea de maternidad o de paternidad.

En los procesos de impugnación de paternidad o maternidad el medio probatorio principal que debe ser decretado, aún de oficio por el juez, es la prue-ba científica con marcadores genéticos, utilizando la técnica de ADN, la cual debe ser valorada, como preámbulo al fallo. Pero frente a esa práctica jurídi-ca, se origina una pregunta fundamental, una vez se conoce el resultado, que en la mayoría de los ca-sos se espera sea excluyente como padre biológico: ¿el operador jurídico al momento de fallar, tiene en cuenta el interés superior del niño, niña y adoles-cente?, calificado éste, como lo expresa Fernández (2010): un principio que debe discurrir junto con otros factores, siendo éste importante, principal y garantista, a su vez, se considera norma de interpre-tación y resolución de conflictos jurídicos, por ligarse a los derechos fundamentales. (p.68)

Principio de interés superiorDefinir el principio de interés superior resulta

dispendioso, máxime cuando es calificado como un término jurídico reciente, haciéndolo impreciso y con múltiples funciones o aplicaciones, pero que

a pesar de su novedad es abordado desde las diver-sas instancias normativas, tanto de carácter interna-cional como nacional, refiriéndose a éste como un “principio general de derecho”, considerado en el artículo 38 letra c, del Estatuto de la Corte Interna-cional de Justicia, disposición que es reseñada en instancias similares, las cuales se ocupan puntual-mente de garantizar el trato especial que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes, amparados en la “falta de madurez física y mental, por tanto, ne-cesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento” (Preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño).

Documentos de similar categoría forman el cú-mulo de material jurídico que puede presentarse al momento de esbozar la temática concerniente a la protección especial que ameritan los menores, entre los cuales están: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), y en diversos estatutos e instrumentos especializados que se interesan en el bienestar del niño.

Se puntualiza que el principio de interés supe-rior de los niños, niñas o adolescentes, es el cri-terio orientador de interpretación y aplicación de las normas de protección de la infancia, el cual se atenderá como consideración primordial, haciendo parte del bloque de constitucionalidad, a partir del reconocimiento internacional universal, adquirien-do el carácter de norma de derecho internacional general, desde el cual se ampara el Código de la Infancia y la Adolescencia.

A su vez, la Corte Constitucional ha desarrollado en diversas sentencias aspectos inherentes al prin-cipio de interés superior, estableciendo criterios ge-nerales para determinar el contenido del mismo: (a) garantía del desarrollo integral del menor; (b) preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (c) protección del menor frente a riesgos prohibidos; (d) equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la base de la prevalen-cia de los derechos del menor; y (e) necesidad de evitar cambios desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han permitido una nueva posición consistente en

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FASE 1

Solicitar el aval de los siete juzgados de familia de Bucaramanga, para revisar y delimitar el número de procesos instaurados durante el período 2006 al 2013, en lo que respecta a demandas de impugnación de la paternidad.

Del total de procesos de impugnación presentados, se revisaran los que surtieron el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, teniendo en cuenta que gran número de éstos son elevados a dicha instancia.

Como elemento de resguardo a la información contenida en los documentos a revisar, se seguirá lo normado en la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en lo concerniente al manejo de la confidencialidad y comportamiento ético de los investigadores.

FASE 2Explorar dentro de los procesos de impugnación de paternidad revisados lo concerniente a:

calidad del demandante, causal de impugnación alegada, contexto socio familiar del impugnado, resumen de los hechos, medios probatorios valorados por el operador jurídico, contestación, consideraciones, análisis probatorio y decisión.

FASE 3Esquematizar el contexto sociodemográfico de las familias intervinientes en los procesos de

impugnación de la paternidad, presentados en los juzgados de familia de Bucaramanga durante el período señalado y el caudal probatorio apreciado y valorado por el juzgador.

FASE 4 Presentar un análisis detallado de los aspectos valorados por el operador jurídico desde el con-texto teórico- práctico, al momento de fallar en procesos de impugnación de la paternidad.

“existir como grupo social claramente delimitado entre la edad de 0 y 18 años, aun cuando esta parte de la vida sea dividida en pequeña infancia, infancia, adolescencia y juventud” (zermatten, 2003, p. 81).

Medios probatoriosComo soporte fundamental sobre el cual se am-

paran los procesos de impugnación de la paternidad/maternidad, está el derecho inalienable que tiene todo niño, niña o adolescente a que se le defina su filiación, a conocer quiénes son sus padres y a crecer en el seno de una familia y si es necesario para lo-grarlo, emplear los mecanismos legales disponibles y establecidos explícitamente en la Ley 721 de 2001, afín con lo normado en el Código General del Proce-so, Ley 1564 de 2012, relativo a medios de prueba.

En la mayoría de los casos el juez solicita al su-puesto padre/madre la práctica de la prueba “la cual se emplea para demostrar la afirmativa o la negativa del hecho principal. Por tanto, toda decisión funda-da en una prueba actúa por vía de conclusión: dado tal hecho, se llega a la conclusión de la existencia

de tal otro” (Bentham, 2001, p. 8), en estos casos la empleada es la técnica del ADN con el uso de los marcadores genéticos (Ley 721/01. Art.

1, parágrafo 2), valorada por la comunidad cien-tífica con altos niveles de probabilidad, medio de prueba que los operadores jurídicos y la norma es-tablecen como determinante al momento de fallar.

Aunque la prueba pericial genética tiene mérito propio, no puede excluir o anular la solicitud o ex-ploración de otros medios probatorios, a partir de los cuales los sujetos procesales en disputa conozcan los “fundamentos que tuvo el juez para darle la razón al demandante, o por el contrario para decidir en contra de sus pretensiones” (Castro, s. f., p.

1), máxime en situaciones como la aquí estudiada (impugnación de la paternidad), en donde está de por medio el futuro de un niño, niña o adolescente.

MétodoEl proceso investigativo se sistematiza en cuatro

fases o momentos centrales:

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Tipo de investigación: descriptiva, en donde se plasmará el análisis de tres aspectos fundamenta-les al momento de impugnar la paternidad de un niño, niña y adolescente, presentando inicialmen-te el aspecto jurídico, es decir, aquello contempla-do taxativamente en la ley, resaltando el principio del interés superior; segundo, los acogidos por el fallador al momento de emitir la sentencia; y ter-cero, los vistos desde la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano y la rela-ción de éste con en el contexto social.

Presentación de resultados: la información ob-tenida se clasificará de acuerdo a la contextualiza-ción de los aspectos señalados como primordia-les en esta investigación (socio familiar, jurídico y psicológico) condensado en el protocolo diseñado exclusivamente para el desarrollo de ésta.

A partir de los datos obtenidos y del análisis de los mismos se presentará la información en un esquema de categorías que permita visualizar y contrastar los aspectos valorativos revisados.

A modo de conclusiónEsta investigación actualmente se encuentra en

proceso preliminar, explorando la contextualización de las partes involucradas en el conflicto y los aspectos valorativos observados por el operador jurí-dico. A partir de los cuales se intenta definir la aplica-bilidad del principio de interés superior, esperando que aquel al momento de resolver la impugnación

de la paternidad, su fallo ostente características de objetividad, racionalidad, seriedad y responsabili-dad, máxime cuando posterior a dicha decisión el niño, niña y adolescente implicado, pierde de forma tajante elementos que le han permitido reconoci-miento y adecuación social, instando al juez de fami-lia para que, antes de decidir, inspirado en la prueba genética y los principios científicos de la sana crítica, permita que el grupo familiar con la intervención de apoyo profesional, se apropie del cambio deve-nido producto de la controversia, contribuyendo a menguar los efectos devastadores que se pueden provocar en el psiquismo del menor (es), a raíz de modificaciones trascendentales dentro de su entorno próximo y que, de no ser tratadas, pueden propiciar comportamientos inadecuados, como forma de ex-presión de problemáticas erradamente manejadas.

La normatividad vigente privilegia el derecho individual que tiene el padre a impugnar su paternidad, frente al mismo interés superior del niño, niña o ado-lescente y del interés general del núcleo fa-miliar, vulnerando casi en su totalidad los cri-terios que fundamen-tan dicho principio. Por tanto, permitir que el padre impugne en cual-quier momento, como lo desarrolla la jurispru-dencia nacional, abre una puerta que lleva a resultados claramente

peligrosos para el desarrollo armónico de la familia, propiciando que producto de esta permisividad se evadan responsabilidades de las cuales los únicos perjudicados serán los niños, niñas o adolescentes, quienes en últimas no tienen responsabilidad sobre los actos ejecutados por los adultos “padres”.

En los procesos de impugnación de la paterni-dad/maternidad, la prueba pericial psicológica le permite al juez conocer aspectos de trascendental importancia que atañen íntimamente al niño, niña o adolescente como son: relaciones o vínculos afec-tivos, grado de aptitud o autonomía, circunstancias personales, socio familiares y del entorno y acompa-ñamiento económico; factores que de ser analiza-

La normatividad vigente privilegia el derecho indi-vidual que tiene el padre a impugnar su paternidad, frente al mismo interés superior del niño, niña o ado-lescente y del interés general del núcleo familiar, vulnerando casi en su totalidad los criterios que fun-damentan dicho principio.

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Notas1 Magíster en psicología jurídica; especialista en psi-cología forense; en teoría, métodos y técnicas de in-vestigación social; psicóloga. Investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y docente de la Facultad de Derecho.2 Magíster en derecho de familia; especialista en vio-lencia intrafamiliar, niñez y adolescencia; derecho defamilia; abogada. Directora de la Maestría en derecho de familia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y docente de la Facultad de Derecho.

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dos antes de emitir el fallo y manejados por medio de un acompañamiento profesional, redundarán en beneficio del desarrollo armónico e integral de los lazos familiares; es de resaltar que no se busca la

aplicabilidad de ésta como medio contradictor, ya que es menguada por el resultado arrojado por la prueba genética, en donde concreta y científica-mente se establece el lazo biológico.