En conflicto explotación minera en Santurbán

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El Banrepública, un banco rico en cultura

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Conductores y peatones se disputan las vías

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El Atlético Bucaramanga sigue en descenso

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Debido a una posible reforma al sistema de regalías en el país, alcaldes y gobernadores piden que el gobierno no les disminuya el rubro por concepto de explotación de recursos no renovables. Pero al debate salen a relucir casos de corrupción y manejo indebido del dinero, mientras que en las Entidades Territoriales que lo reciben hay altos indices de pobreza, como es el caso de Puerto Wilches, en donde 5.900 personas viven en la miseria, a pesar de que sólo en 2009 recibió $7.586 millones por concepto de regalías. El Departamento Nacional de Planeación reporta 503 casos de irregularidades en 26 de los 28 municipios que reciben el pago de esa compensación en Santander. / FOTO DIANA CANTILLO

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Regalías

Bucaramanga Metropolitana, del 22 de noviembre al 5 de diciembre de 2010ISSN 1657-9925 / No. 196, Año 9 / Publicación quincenal

www.unab.edu.co/periodico15

La ciudad vivebajo la lupa

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En 2009, Santander recibió 212.958 millones de pesos de regalías por compensaciones directas e indirectas, pero no cumple con las coberturas mínimas exigidas por la ley. Por ejemplo en Puerto Wilches el Departamento Nacional de Planeación encontró 80 irregularidades en el uso de los recursos destinados a educación, saneamiento básico y salud. /FOTO DIANA CANTILLO

Administración pública

Regalías: desarrollo o corrupciónEl gobierno nacional busca replantear la forma como son distribuidas en el país. Según la reforma, el municipio que no sea territorio de explotación de algún recurso natural no renovable, también será beneficiario de esta compensación. Alcaldes y gobernadores de Entidades Territoriales productoras están en contra de la propuesta.

Por Diana Cantillodcantillo@unab.edu.coInequidad y corrupción puede ser el balance general de más de 50 años en los que Colom-bia ha recibido compensaciones monetarias de multinacionales por la explotación de sus recursos no renovables, esto se sustenta en que el 50% de estos montos son percibidos por cinco departamentos (Casanare, La Guajira, Meta, Cesar y Arauca) que no tienen más del 6% de la población nacio-nal, además de que, hasta el momento, los organismos de control reportan aproximada-mente 27.610 irregularidades contractuales, presupuestales y financieras. Y durante las vigencias fiscales de 2008 y 2009, la Di-rección de Regalías suspendió giros a 136 entidades territoriales.

La cantidad de billones de pesos por regalías que ha recibido el país no se ven representadas cualitativamente en el desa-rrollo y la competitividad que han logrado las regiones productoras, en gran parte, porque el dinero se vuelve plata de bolsillo para alcaldes y contratistas, y una parte de lo invertido no ha sido para financiar proyectos que permitan a más colombianos acceder a servicios de educación, salud, agua potable y alcantarillado, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “por las di-ficultades que encuentran los municipios en la formulación de los proyectos por ausencia de estudios previos, la ejecución inoportuna de contratos y la omisión de la contratación de la interventoría técnica”.

Al parecer no hay plata que alcance,

pues, según el DNP, Colombia recibió, entre 1993 y 2009, $42 billones de pesos en regalías, de los cuales $33 billones corres-pondieron a regalías directas (destinadas a municipios donde hay explotación) y ocho billones de pesos correspondientes a rega-lías indirectas, que fueron asignadas por el Fondo Nacional de Regalías a municipios no productores.

Paradójicamente, las Entidades Territo-riales que reciben regalías directas, producto de la explotación de petróleo e hidrocar-buros, son las más pobres, tienen menos educación, menor cubrimiento en salud y hogares en donde no hay agua potable, luz ni alcantarillado.

Santander, sus municipios y corregi-mientos no están exentos de esta panorá-mica, ni de la pobreza y tampoco de los vicios institucionales, aunque el gobernador Horacio Serpa Uribe diga que no existe corrupción en el territorio santandereano.

De acuerdo con la Gobernación, en San-tander hay 65 mil analfabetas, aproximada-mente 200 mil personas sin servicio médico y 400 mil santandereanos que viven en la pobreza extrema. Serpa Uribe fue enfático en decir que “las necesidades van aumen-tando y que es imposible, por ejemplo, que Puerto Wilches salga de la pobreza con recibir durante tres o cuatro años regalías”.

Si bien Santander es el sexto receptor de regalías en el país, lo que le representó en 2009 unos 212 mil 958 millones de pesos por compensaciones directas e indirectas, mientras que sólo el monto total asignado

el año pasado a la administración departa-mental y a sus municipios por el Sistema General de Participaciones (recursos que la nación transfiere a las Entidades Territo-riales para la financiación de los servicios de educación y salud) fue de un billón de pesos, no se explica por qué Santander no cumple con las coberturas mínimas, que exige la Ley de Regalías, para educación básica (90%), salud (100%), agua potable y alcantarillado (70%) y en reducción de la mortalidad infantil (1%).

Por otro lado, de acuerdo con la Direc-ción Nacional de Regalías, doce de los 28 municipios que reciben regalías directas tienen suspendido el giro de las mismas por irregularidades relacionadas con el envío de información o la rendición de cuentas que solicita el Departamento Nacional de Planeación a las entidades territoriales (ver infografía).

El 98 por ciento que recibe el depar-tamento por concepto de regalías direc-tas está concentrado en los siguientes municipios: Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente del Chucurí.

En el Puerto Petrolero, con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 61 mil de sus 300 mil habitantes tienen necesidades básicas insatisfechas, 15.000 viven en la miseria, 18.000 no tienen vivienda digna y 11.000 viviendas no tienen servicios.

Aunque sólo en 2009 recibió, de acuerdo a las cuentas del DNP, $ 30.209 millones

934.682 pesos, y es el municipio de San-tander que más recibe regalías.

Irregularidades en SantanderA la fecha, de acuerdo con el Sistema Elec-trónico Auditor de Regalías Directas (Selar) y el DNP, contando del 2008 para acá, 14 Entidades Territoriales santandereanas, excluyendo las que están suspendidas e incluyendo a la administración departamen-tal, suman 503 irregularidades por manejo indebido del presupuesto, faltas en la con-tratación, violación a la Ley de Regalías y problemas en la contratación.

El municipio de Rio Negro encabeza la lista de entidades territoriales santanderea-nas con más irregularidades, 139 en total, seguido del departamento con 122, en tercer lugar está San Vicente de Chucurí del que se reportaron 110 y el cuarto lugar lo ocupa Puerto Wilches con 80 irregularidades.

Otro de los vacíos que tiene el actual sistema de regalías es la celeridad con que trabajan las interventorías visibles como el DNP, las Interventorías Administrativas y Financieras (IAF) de cada uno de los mu-nicipios, tarea que se complejiza cuando las Entidades Territoriales no suministran la información requerida por éstas. Por ejemplo, existen contratos de vigencias de 2003 que hasta el 2010 se descubren que tienen irregularidades. Lo que también demora el trámite que hace el DNP de estas irregularidades a los organismos de control, como a las contralorías, para que investiguen a los actores implicados.

Quizás esta sea la razón por la cual Jaime López Reyes, contralor general de Santander, dijo lo siguiente: “puedo ase-gurar que los municipios que tienen las regalías suspendidas es por falta de trámite pero no por corrupción, tengo conocimiento que se ha hecho un buen manejo”.

De los más de 100 contratos que el DNP y la Dirección de Regalías reportaron por irregularidades, 15 seleccionó una pequeña muestra de los contratos y órdenes de pago que presentan irregularidades en el depar-tamento:

En la vigencia de 2007, el gobierno departamental estableció un convenio interadministrativo con el municipio de Cimitarra para financiar la construcción del alcantarillado sanitario para el barrio Santo Domingo, viviendas de interés social ubicadas en dicho municipio, que benefi-ciaría a 120 familias. La obra tuvo un valor $172.403 millones, de los cuales $153.438 millones fueron financiados con regalías.

Pero la obra no entró en funcionamien-to porque según Martha Patricia Carvajal Anaya, interventora técnica del contrato, “al proyecto se le adicionaron tres tramos de redes principales de ocho. Pero no conducen el agua residual a ninguna parte, porque los últimos tres pozos que recogen toda el agua no se conectan entre sí”. La última visita hecha por la interventoría fue en marzo 5 de 2010 y la obra no presta el servicio a la comunidad.

En 2005, la Alcaldía de Barrancaberme-ja realizó un convenio interadministrativo con la Empresa Social del Estado Barran-cabermeja, cuyo objeto fue el de dotar de

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Regalías: desarrollo o corrupciónEl gobierno nacional busca replantear la forma como son distribuidas en el país. Según la reforma, el municipio que no sea territorio de explotación de algún recurso natural no renovable, también será beneficiario de esta compensación. Alcaldes y gobernadores de entidades territoriales productoras están en contra de la propuesta.

equipos e instrumental para los servicios de consulta externa y de urgencias, odontolo-gía, prevención y promoción para los centros de salud El Campín, Danubio, Centro CDV y la Floresta, pertenecientes al contratista. El municipio hizo el pago a la ESE por un valor de $440 millones cuando “la sumatoria de los (6) subcontratos es $434.819.687, más gastos financieros $1.739.383, lo que arroja un total de $436.559.070, quedando un saldo de $3.440.930, a favor del Municipio, los cuales la ESE Barrancabermeja, no los ha reintegrado al municipio. Lo anterior es una violación a la Ley 610 de 2000 porque no se evidenció “la responsabilidad fiscal que le asiste al funcionario público Alcalde Municipal (Edgar Cote Gravino), como al contratista por el detrimento del patrimonio público”.

Durante la vigencia de 2008, el munici-pio de Puerto Wilches sostuvo una serie de contratos, 28 en total, que tienen el mismo objeto: la construcción de tres sistemas de tratamiento individuales de aguas residuales (pozos sépticos) en el mismo número de veredas y con costos que oscilan entre los 11 y 12 millones de pesos. El alcance en todos los contratos es igual: beneficiar a tres familias, siendo que las obras se desarrolla-ron en diferentes veredas del municipio. Y, casualmente, todos tienen la misma irregu-laridad: “El ente había concebido un campo de filtración para la disposición del efluente líquido (aguas residuales) sin embargo no se percibió el uso del material filtrante en el sitio visitado, no obstante de estar incluido dentro de las cantidades de obra a ejecutar con un valor total de $518.400 sin que se hubiese efectuado en el desarrollo del contrato algún tipo de descuento o ajuste de precios por concepto de ítems no eje-cutados. Es decir, se canceló al contratista una actividad no ejecutada”. Entonces, la suma que representa la irregularidad por el número de contratos da como resultado $14 millones y medio.

El DNP concluyó que el municipio “in-currió en un presunto fraccionamiento de contratos con respecto a la celebración de los diferentes contratos suscritos”.

En esa misma vigencia, el municipio realizó un convenio interadministrativo con el Departamento de Santander con el mismo objeto que los 28 contratos anteriormente nombrados por un valor de $164.276 mi-llones de los cuales $152.097 millones son provenientes de las regalías. Y, además, presenta la misma irregularidad que los an-teriores: “Se observó que el contratista dejó de ejecutar el ítem de relleno de material fil-trante incluido dentro de las actividades del contrato por un valor de $11.293 millones”.

El sistema actual de regalíasLas regalías son la contraprestación econó-mica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable. De las que se benefician las Entidades Territoria-les, primero, (departamentos, municipios y distritos) de manera directa, por ser un territorio en el que se explota el recurso o

INFOGRAFÍA DIANA CANTILLO

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931 familias del municipio de Puerto Wilches tienen niños en edad de asistir al colegio, pero no reciben educación primaria y secundaria. /FOTO DIANA CANTILLO

municipio portuario, fluvial o marítimo por el cual se transporte la producción, segundo, de modo indirecto. En este último grupo están los municipios no productores, las Corporaciones Autónomas Regionales, el Fondo Nacional de Pensiones de las Enti-dades Territoriales (Fonpet), Ingeominas, Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y el Fondo del Fomento del Carbón y no son asignadas directamente a las Entidades Te-rritoriales por el Fondo Nacional de Regalías (Ley 141 de 1994), el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep) y por esca-lonamiento. Sin embrago, la producción de los campos de Cusiana (Barrancabermeja) y Cupiagua (Casanare) están en declinación y están en proceso de reactivación, por lo tanto el DNP “estima que no se generará escalo-namiento de Hidrocarburos en los próximos años”. Aunque el gobierno nacional anuncia bonanza petrolera.

Y el dinero que se percibe por este concepto debe ser invertido en la promo-ción de la minería, el medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo.

La Ley 1151 de 2007 del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, determinó que las Entidades Territoriales están comprometidas a invertir estos recursos con el fin de cumplir con las coberturas en materia de educación, salud, agua potable y alcantarillado. En el caso de los municipios el 75% de las regalías deben ser invertidas en estas metas, mientras que los departamentos destinan el 60% para la misma finalidad.

Entre otras responsabilidades que tienen los Entes Territoriales están las de asignar capital para proyectos priorizados en los planes de desarrollo que es del 15% y 30% en el caso de los municipios y los departa-mentos, respectivamente.

En Barrancabermeja, municipio que más recibe regalías en el departamento, 18.000 personas no tienen vivienda digna y 15.000 viven en la miseria. /FOTO DIANA CANTILLO

También se estipula que el 5% de las regalías deben ser para la interventoría técnica y el mismo valor porcentual para la operación y puesta en marcha de los proyectos o contratos.

Está prohibido utilizar recursos de esta índole para gastos de funcionamiento pero sí pueden ser reorientados a atender

programas de saneamiento fiscal y reestruc-turación de pasivos.

El porcentaje de regalías que le corres-ponde a cada Entidad Territorial se realiza de acuerdo al tipo y volumen de los recursos explotados y transportados, en el caso de los municipios productores, y en la tipología de no productores se adjudican por proyectos que son valorados y en parte son el resultado de la representatividad que tenga la Entidad Territorial en el Congreso y la gestión que hagan los senadores y representantes.

“No es necesaria una reforma constitucional”Las irregularidades y casos de corrupción en el manejo de las regalías, le ha servido como argumento al gobierno nacional para reformar los artículos 360 y 361 de la Cons-titución Política, los cuales son la esencia de la destinación y uso de los recursos provenientes de las regalías. Para ello, los ministros de Hacienda, Juan Carlos Echeve-rry, y de Minas y Energía, Carlos Rodado, radicaron el 31 de agosto en el Congreso de la República El Acto Legislativo 013 de 2010.

De aprobarse, sería la trigésima primera reforma que se le hace a la Constitución Política desde su creación en 1991. Según Osilda Ramírez, abogada especialista en derecho constitucional, “no es necesario reformar la Carta porque el problema es de procedimiento en materia de distribución. Es suficiente con reformar leyes encargadas de materializar la distribución de la regalías para que ésta sea proporcional, es decir que todos se beneficien, porque el subsuelo es del Estado y éste se representa en la Nación, pero el que produce debe recibir más que los que no”. Además agregó que “ésta podría ser una estrategia política del gobierno, porque una reforma a la Constitución tiene más resonancia que la de las leyes, entonces, podría ser un mecanismo para retroalimentar las campañas”.

El Acto Legislativo pretende eliminar el Fondo Nacional de Regalías y crear el Sistema General de Regalías, en el que se

concentraría todos los recursos provenientes de las regalías directas e indirectas, para luego distribuirlas, a través del Fondo de Competitividad Regional (FCR), que exis-tiría en las Entidades Territoriales.

Lo que ha suscitado polémica, pues los alcaldes y gobernadores piensan que el gobierno les quiere quitar la potestad de ejecutar y administrar sus recursos, aunque los ministros de Hacienda y Minas han aclarado que el gobierno no se apropiará de los recursos y que éstos seguirán en manos de las Entidades Territoriales. Otras de las preocupaciones son, primero, que las regalías se centren en la nación y que no haya inversión en las regiones y, segundo, que disminuyan el monto de éstas, aunque los ministros de Hacienda y de Minas y Energía aseguran que el monto de éstas seguirá dependiendo del volumen de la producción y el precio internacional de los recursos mineros-energéticos.

Con base en criterios como el número de personas y familias pobres en los muni-cipios, indicadores de necesidades insatisfe-chas de los habitantes de éstos, la capacidad administrativa y financiera de las entidades, y el impacto ambiental ocasionado, serán distribuidos los recursos por este concepto.

Aunque analistas como Rodrigo Uprimy director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Social (Dejusticia) y profesor de la Universidad Nacional, advierte que “aún no es siquiera claro cómo se repartirán los recursos”.

De pasar la reforma constitucional, se crearían cuatro fondos, de Ahorro y Es-tabilización y el Fondo de Competitividad Regional, el cual estará dividido en otras dos bolsas: el Fondo de Compensación Regional (destinado a las regiones más pobres, costas y fronteras) y el de Desarrollo Regional (en el que participará todo el país). Con esto el gobierno confía en que Colombia será un país más equitativo y honesto con los recursos del Estado. Pero esto, como lo afirma Ramírez, “sin la disposición políti-ca de los servidores públicos y un cambio cultural de la ciudadanía, muy difícilmente se erradicará la corrupción”.