International Peace Observatory

Junio 2012 Nº 11

Boletín del International Peace Observatory - IPO

La Europa: resistiendo al despojo y luchando contra la impunidad pág. 16-19

La Marcha Patriótica llega a Bogotá pág. 14-15

6 de marzo: el MOVICE por una restitución real eintegral de tierras pág. 13-14

Hablamos con Ruby Castaño sobre el Ariaripág. 3-5

La lucha en defensa del río Magdalena y contra el

megaproyecto del Quimbopág. 20-23

El Guayavero existe, insiste y resistepág. 6-9

LLANOS ORIENTALES

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Editorial Los desaparecidos: siempre presentes

A principios del mes de mayo, un equipo de IPO acompañó a miem-bros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Huma-

nos (CPDH) en una misión de verificación en Putumayo, para esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de Hernán Henry Díaz el 18 de abril. Hernán Henry es líder campesino e integrante del sindicato agrario FENSUAGRO, y en el momento de la desaparición se encontraba liderando la delegación de más de 200 delegados del Valle del Guamuez que asistirían al lanza-miento de la Marcha Patriótica. Después de comprar su tiquete de autobus en Puerto Asís, decidió cruzar el río para llegar a Puerto Vega antes de partir, lugar en el que fue visto por última vez, pese a la fuerte presencia militar en la zona.Hernán Henry nunca llegó a Bogotá.

Según denuncia la Marcha Patriótica, esta desaparición tuvo lugar solo días después de que empezara la campaña de señala-miento y estigmatización de la Marcha Patriótica por parte de miembros del Ejér-cito Nacional, como el Coronel Freddy Díaz Ortiz, Comandante del Comando Especí-fico del Caguán, medios de comunicación masivos como “El Tiempo”, “El Espectador” o la “Revista Semana” y personalidades como los abogados Jaime Restrepo y José Obdulio Gaviria, este último ex-asesor del ex-presidente Alvaro Uribe Vélez. Tampoco se ha hecho esperar la reacción de los gru-pos paramilitares y en mayo de 2012, las Águilas Negras mandaron un comunicado en el que se declaraba objetivo militar a las organizaciones que están impulsando la Marcha. Conociendo la historia reciente de persecución política que ha vivido Colom-bia en casos como el de la Unión Patriotica y otros movimientos sociales y políticos, la desaparición ocurrida en Putumayo y los señalamientos mencionados adquieren una gran gravedad.

En 2011, el Registro Nacional de Desapa-recidos reportaba un total de 50.891 casos, del que se presume que 16.907 correspon-den a desapariciones forzadas. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, en mayo de 2011, habla de 32.000 desapariciones forzadas cometidas por grupos paramilitares. Pero para algunas or-ganizaciones de víctimas y según la ex-se-nadora Piedad Córdoba, la cifra podría as-cender a 250.000. Un informe de Medicina Legal publicado a finales de 2010, reporta más de 38.000 desapariciones entre 2008 y 2010, con cifras en aumento a lo largo de esos 3 años, durante los cuales se habrían sobrepasado las 30.000 desapariciones de la dictadura argentina. Pero más allá de este macabro baile de cifras, recordamos a las personas, como la ambientalista San-dra Viviana Cuéllar, desaparecida el 17 de febrero de 2011 en Cali. Y el dolor de las familias ante la imposibilidad de poder re-alizar un proceso de duelo al desconocer el paradero de sus seres queridos y ver como sus casos permanecen en la impuni-dad. Mientras tanto, el debate público da voz a los que diluyen la responsabilidad del Coronel Alfonso Plazas Vega en la de-saparición de una decena de personas en los hechos del Palacio de Justicia y niega la palabra a los familiares de las víctimas, que sufren su tragedia en el aislamiento social, invisibilizadas por la amnesia mediática. Con decenas de miles de desapariciones forzadas en la impunidad, queda patente la falta de garantías de no repetición y el incumplimiento de responsabilidades del Estado, más cuando se sabe, incluso por boca de los mismos paramilitares en sus versiones libres, que muchos de estos crímenes fueron realizados con la omisión de acción de la Fuerza Pública o en ocasio-nes con su participación directa. El flagelo de la desaparición forzada no resurge, sino que siempre estuvo ahí; en un degoteo de vidas que nunca ha cesado.

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Foto de portada:Campamento de resistencia a la hidroeléctrica del QuimboIrantzu Pastor- IPO

REALIZADO CON EL APOYO DE:

Pa’lante! Boletín del International Peace Observatory

Edición PrincipalAndreu VilardellLaura MuixíJaume Fortuño

DiagramaciónAndreu Vilardell

Edición AdicionalLaura MuixíJaume FortuñoAndreu VilardellIrantzu PastorSarah BrejnrodNuria Gibert

Este documento ha sido reali-zado con el apoyo financiero de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupa-ment y l’Ajuntament de Bar-celona. El contenido de este documento es responsabili-dad exclusiva de International Peace Observatory - IPO y de ningún modo se debe consi-derar que refleja la posición de ninguna de las institucio-nes financiadoras menciona-das.

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Jaume Fortuño - IPO

IPO. ¿Podría describirnos la región del Ariari?

Ruby Alba Castaño. Ubicada en el departamento del Meta, al centro – sur del país, en el pie de monte

de la cordillera central de los llanos orientales, es una región multicultural donde habitan indígenas y campe-sinos de diversas regiones del país. Tradicionalmente hay produción agrícola de arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, algodón, café, plátano y yuca, entre otros, y posterior-mente llega la ganadería. Existen abundantes recursos hídricos por la gran cantidad de agua que brota de la cordillera y el Sumapaz, convirtiéndose en varios ríos que van a parar al Orinoco y Amazonas. También hay oro, esmeraldas, cal, cemento, carbón, yacimientos pe-troleros y una gran riqueza en biodiversidad.

IPO. ¿Cómo se dio la colonización?

RAC. Este territorio fue paso obligado de Bolívar y su ejército libertador y de diversas guerrillas a través de la historia. Después del 48, cuando asesinan a Gaitán, se convierte en receptor de familias de muchas partes del país: tolimenses, huilenses, boyacenses, antioqueños, caldenses... que huyen de La Violencia y se refugian en los márgenes del río Ariari, territorio declarado por el Incora como baldío. Sin una política agraria estatal cla-ra que planificara la distribución de la tierra, los cam-pesinos ven la necesidad de organizar el acceso a la tierra mediante pequeñas comisiones. Es así como se crea una organización campesina que regule el acceso a la tierra e identifique los problemas y defienda los in-tereses del campesinado y paralelamente se conforman

las Juntas de Acción Comunal. Llegaron campesinos que traían consigo la experiencia de luchas agrarias de otras regiones, como Juan de la Cruz Varela y Luis Morantes, a impulsar el trabajo organizativo en los años 60 y 70 y así nace la propuesta de crear un sindicato del cam-pesinado.

IPO. ¿Cómo se inició el trabajo del sindicato?

RAC. El sindicato pretendía que, primero, el estado re-conociera el territorio para la inversión social; segundo, la tierra fuera para los campesinos que la trabajaban y no para los terratenientes. Se crearon unas comisiones sindicales, la primera nació en Medellín del Ariari y se fueron extendiendo por la región, y en 1979 se logró legalizar el sindicato y conseguir la personería jurídi-ca. Se trataba de conseguir títulos de tierra para los co-lonos, créditos o ayudas estatales para la producción campesina y lograr la construcción de infraestructuras como vías carreteables y puentes, pues en aquella épo-ca muchos campesinos morían ahogados en el río Ariari sacando sus productos a lomo de mula.

IPO. ¿Cuáles fueron los logros del sindicato en esta etapa?

RAC. Hubieron triunfos en lo económico; a finales de los 70 y principios de los 80 se lograron las primeras titulaciones de tierra, y en lo político; con los procesos organizativos la unidad en la lucha por la tierra. Se con-siguieron diputados al departamento y concejales en San Martín y Villavicencio que representaban a los cam-

Sección Meta

META

Hablamos con Ruby Alba CastañoIntegrante de SINTRAGRIM, sobreviviente de la UP y líder de población desplazada.

Ruby Alba Castaño en la Marcha Patriótica el 23 de abrilFoto: Laura Muixi - IPO

“Estamos recuperando la herencia histórica del sindicato”

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pesinos. En el año 1973 se construyó el Puente de la Amistad, que cruza el Ariari y simboliza el compromiso de no agresión entre liberales y conservadores, que ha-bían establecido una frontera entre ellos en el Ariari, y además vino a impulsar el desarrollo de la producción agrícola en la región. Pese a ello, este desarrollo era muy precario debido a la escasez de vías, que muchas veces tenían que construir y mantener las mismas co-munidades.

IPO. ¿Podemos hablar pues, de una situación de abandono estatal?

RAC. Este territorio era declarado zona roja; nadie entraba ni había inversión social, y todavía hoy impera el abandono estatal y la pobreza. Las escuelas fueron construidas por la Iglesia y las comunidades, posterior-mente con aportes del comité de cafeteros, que era una cooperativa de campesinos y, solo a partir de los 80, lle-garon algunos recursos de la administración consegui-dos por los concejales y diputados que representaban a los campesinos. Muchos campesinos morían de fiebres, paludismo, accidentes de trabajo, mordeduras de cule-bra... porque no llegaban a ser atendidos, debido a la lejanía de los puestos de salud o a las crecidas del río que no permitían el paso de las canoas. Ante el aban-dono estatal las Juntas de Acción Comunal se ocupaban de la logística para garantizar la educación, la cultura y el ocio de la vereda, mientras que el sindicato trataba los temas de lucha por la tierra y acceso a la misma, los préstamos a bajo interés para promover la microecono-mía campesina y las mejoras en las viviendas y fincas. Otra función del sindicato fue promover la solidaridad y el apoyo entre los campesinos.

IPO. ¿Cómo fue la experiencia de la UP en la región?

RAC. En los 80, se dieron los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betacour y las FARC-EP, y la fir-

ma de los acuerdos en la Uribe, muy cerca del Ariari, proceso del que surgió una propuesta política para el país: la Unión Patriótica. Esta propuesta fue acogida por sectores obreros, campesinos, estudiantiles... Se gene-raron expectativas y esperanzas entorno a alternativas para garantizar el acceso a la salud, la educación, la tierra... El sindicato se sumó a la UP: logramos repre-sentantes a la Cámara y al Senado, diputados, conce-jales y alcaldes. Pero había otros sectores que temían perder el poder; tanto élites conservadoras y liberales, que históricamente han comido del mismo plato, como ganaderos, fuerzas militares y mafias relacionadas con el narcotráfico. Se aliaron y emprendieron un accionar ilegal; mediante el paramilitarismo llevaron a cabo la persecución de la UP en el plan llamado “el Baile Rojo”. Nosotros nos subimos encima de una silla, en la que estábamos más arriba para poder lograr cosas, y ellos le dieron una patada a la silla para derrumbar nuestra propuesta política.

IPO. ¿Quién fue objetivo de esta persecución?

RAC. Los guerrilleros que salieron a hacer campaña en la UP al ver que los estaban matando regresaron otra vez a la lucha armada, excepto en algunos casos como el de María Eugenia Castañeda Granda, a la que despare-cieron estando embarazada cuando estaba cumpliendo con tareas de la campaña. Pero la gran mayoría de los miembros de la UP que mataron no eran de la guerrilla; casos como el de Leonardo Posada y Pedro Nel Jimenez, ambos senadores de la república y asesinados el mismo día. Cada ocho días mataban a alguien, y entre todos ellos estaban nuestros dirigentes agrarios, descabeza-ron a las organizaciones asesinando y despareciendo a sus dirigentes. Al sindicato le mataron la Junta Directiva hasta 3 veces, asesinaron a los dirigentes mas visibles; Rafael Reyes Malagón, Hernando Yate Bonilla, Octavio Vargas Cuellar... y muchos más. SINTRAGRIM sufrió ma-sacres en Cumaral y La Bodega donde asesinaron a va-rios componentes de la Junta Directiva. En 1986, yo era Secretaria General y me dieron un sufragio, una nota que contenía una amenaza firmada por la Mano Negra y el MAS, me tocó salir de región y me hicieron el primer atentado. Al año mataron al presidente, el compañero Arnulfo Vargas cuando estaba saliendo para el sepelio de dos compañeros asesinados de la Sub Directiva en Vistahermosa. El sindicato quedó sin dirigencia, aunque las comisiones sindicales siguieron trabajando y nom-braron otra Junta Directiva que también fue asesinada.

IPO. ¿Cuáles fueron los resultados de tanta perse-cución y exterminio?

RAC. Hubo crímenes que generaron mucho terror como el secuestro de mi padre, el asesinato de la pre-sidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Espe-ranza, Lucero Henao, y su hijo de 13 años, que ocurrió

Puerto Esperanza, El Castillo. Viviendas abandonadas y posteriormente incendiadas por los paramilitares en 2003.Foto: Andreu Vilardell - IPO

en medio de su comunidad, torturas y asesinatos de campesinos por parte de paramilitares en medio de los mismos militares... El accionar de ejército y paramilita-res era conjunto, colocaban sus retenes a diez minutos unos de otros. El objetivo de todo esto era decir a la gente “si ustedes permanecen acá o participan en la or-ganización, les pasará lo mismo” y eso hizo que se diera el desplazamiento masivo en la región tras el cual la organización sindical casi despareció.

IPO. ¿Cómo se recuperaron de esa etapa?

RAC. En el 2003 realizamos la primera asamblea y la organización se empezó a reconstruir. Tuvimos que em-pezar desde la base; encontrar a los compañeros que habían quedado dispersados en Villavicencio, Bogotá... y responder a sus necesidades, pues se habían despla-zado sin alimentos, ropa... Antes de regresar a la región las noticias que teníamos eran que los que se habían quedado allí, unas 150 familias que permanecían en la parte alta del Ariari, estaban dentro de la montaña aguantando enfermedades y hambre y no podían salir porque había un cerco militar y paramilitar. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompañó a la zona huma-nitaria en la comunidad de Civipaz, Puerto Esperanza, y los claretianos participaron con nosotros en comisiones para verificar la situación de DDHH en el terreno; ahí observamos las agresiones de la fuerza pública contra el campesinado; los jóvenes eran desaparecidos, asesi-nados y reportados como falsos positivos. Hemos es-tado visibilizando permanentemente cualquier acción contra el campesinado, con el acompañamiento de las organizaciones de DDHH nacionales e internacionales. Esto ha sido una forma de respuesta frente a los abu-sos de las Fuerzas Públicas y el desconocimiento de la administración.

IPO. ¿Qué papel ha cumplido el acompañamiento internacional en esta nueva etapa?

RAC. Nos ayudó mucho, ya que desde que retoma-mos el trabajo en la región fuimos amenazados, seña-lados y estigmatizados por la Fuerza Pública. El apoyo internacional fue muy importante para que el sindicato recuperara la presencia en el territorio y para que los campesinos pudieran regresar a sus tierras. Hoy hemos retomado la mayor parte del territorio y estamos en un lento proceso de recuperación de la microeconomía campesina. Estamos recuperando la herencia histórica del sindicato; el sentimiento de pertenencia, solidari-dad, apoyo, trabajo comunitario, respeto a los DDHH y, ante todo, el amor al territorio y las luchas por el acceso a la tierra.

IPO. ¿Cuáles son sus desafíos?

RAC. Aún quedamos muchos campesinos fuera, al menos 150 familias, y la mayoría de los dirigentes del sindicato seguimos desplazados, porque en la región la persecución es muy fuerte y las amenazas constantes. La sede del sindicato fue despojada por la administra-ción municipal por medio de diversas artimañas. Mucha de la gente que ha retornado sigue sufriendo el terror cada vez que la región se militariza, pues saben que detrás vienen los paramilitares. Hoy se sigue dando el despojo, mediante testaferrato, por ejemplo la gente de Víctor Carranza está comprando tierra. Además, hay otras formas de despojo a través de la necesidad eco-nómica; si una familia está en una situación muy mala, le compran la tierra a un precio por debajo de su valor. Ahora hay 16 proyectos mineros aprobados en la re-gión, que estamos ubicando, y creemos que eso va a aumentar el despojo. También ha habido intentos de privatización y casos de corrupción con bienes públicos como los acueductos comunitarios.

Acompañando a SINTRAGRIM en una comisión de verificación en la Esmeralda, El Castillo. 2009.Foto: Archivo IPO

Sección Meta

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Contar la historia y el presente de la región es hablar de abandono estatal, coca, guerrilla, an-tigua zona de despeje, operativos militares, es-tigmatización, zona de colonización, violacio-

nes a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, pero también de dignidad, organización y resistencia.

Situada entre los departamentos del Guaviare y el Meta y entre la Catalina y Puerto Arturo, la región del Guayavero comprende 80 veredas con unos 9600 ha-bitantes. Además, la región hace parte de 4 municipios distintos: Vista Hermosa, Puerto Rico, La Macarena y San José del Guaviare.

El ente más característico que condiciona la vida de sus pobladores es sin duda el río Guayavero que verte-bra toda la región para juntarse con el Ariari y formar el río Guaviare, a pocos metros del Puerto Nowen, en Puerto Arturo.

La cocaEs hacia los 50’s que la zona empieza a ser coloni-

zada por pobladores que vienen huyendo de la violen-cia, sobretodo de la parte central del país. La primera actividad económica de relevancia sería la tigrillería, o economía basada en la caza y el comercio de las pieles de animales amazónicos. A posteriori las economías de la región irían cambiando hasta llegar a la época de la coca, ciclo que no se ha cerrado del todo.

La bonanza cocalera empieza en los años ochenta, siendo un reclamo para muchos campesinos de otras partes del país. En esa época las áreas mas afectadas por los cultivos serán el Caquetá, Guaviare, Putumayo y sur del Meta. La coca moverá mucho dinero y mucha

gente. Según nos comenta un campesino de la región, la plata no se contaba, se pesaba. Pero a la vez tam-bién llevará a una descampesinización de la población que dependerá totalmente del cultivo ilícito, dejando de conrear productos destinados a la subsistencia. Así como un incremento de los precios que aún persiste. La bonanza cocalera de la región terminará con la imple-mentación de la guerra contra las drogas de la mano del Plan Colombia y la llegada de las fumigaciones aéreas con glifosato. Los cultivos, a partir de este momento, se harán más pequeños y se expandirán por 23 de los 32 departamentos que tiene Colombia. Meta y Guaviare han sido históricamente los departamentos con mayor concentración de cultivos de coca del país, pero según el Censo de cultivos de Coca realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito -UN-DOC- y el Gobierno de Colombia (1) a partir del 2005 se ha mantenido una continua tendencia a la reducción, pasando de 28.508 hectáreas en 2004 a 8.291 en 2010. Ahora la coca se ha convertido en un cultivo de subsis-tencia más. El aislamiento de la región por la falta de vías de penetración adecuadas hace muy difícil el culti-vo de productos alternativos por el costo del transporte hacia los centros de consumo y distribución. A modo de ejemplo el viaje en voladora desde Puerto Cachicamo hasta Puerto Arturo cuesta 75.000 pesos. Pero a pesar de que los cultivos han descendido de manera significa-tiva el Estado sigue utilizando la fumigación aérea como método para acabar con la coca (2).Como reconoce el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- en su último informe (3) y como denuncian también los pobladores de la región en numerosas quejas interpuestas ante ins-tituciones nacionales e internacionales, esto viene afec-tando también a los cultivos lícitos y fuentes de agua,

Andreu Vilardell - IPO

META - GUAVIARE

El Guayavero existe, insiste y resisteSurcando el río Guayavero

Foto: Andreu Vilardell - IPO

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provocando enfermedades a los pobladores y animales. Los pobladores manifiestan que están de acuerdo con la erradicación de la mata de coca siempre y cuando tengan alguna alternativa real para la subsistencia.

El PCIM y el abandono estatalParte del Guayavero (Puerto Rico, La Macarena y Vis-

tahermosa) está incluido en el Plan de Consolidación In-tegral de la Macarena (PCIM) implementado a partir del 2007 y enmarcado en la política de consolidación de la seguridad democrática (2006-2010), continuadora de la política de seguridad democrática (2002-2006).

Según fuentes institucionales el “PCIM es una estrate-gia de recuperación social e institucional del territorio que consiste en la acción coordinada de la Fuerza Pú-blica, la justicia y las demás instituciones públicas para garantizar la presencia integral y permanente del Esta-do en el territorio, con el fin de establecer las condicio-nes que hagan posible el desarrollo económico, social e institucional de esta región, que ha sido fuertemente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico.”

Según éste plan, en zonas con gran presencia de ac-tores armados ilegales el esfuerzo principal del estado consiste en adelantar las operaciones de la Fuerza Pú-blica para recuperar el territorio y erradicar los cultivos ilícitos. En estas zonas no se implementarán proyectos estatales de desarrollo económico, social e institucio-nal (4). A medida que se va estableciendo el control del área por parte de la fuerza publica se generan zonas de transición y el Estado intenta ganarse la confianza de la población, la inversión en desarrollo económico, social e institucional es mayor. La última fase sería la fase de consolidación, donde la presencia del estado es total.

A través del PCIM en toda el área que maneja se han invertido a fecha de 2009, 360.000 millones de pesos (154 millones de euros), 74,48% de los cuales aporta-dos por el Gobierno Nacional, 15,38% por Gobierno mu-nicipal y departamental y un 10,13% por cooperación internacional (EUA entre otros). El problema es que no se hace distinción entre los recursos aportados para la

guerra y la erradicación de cultivos ilícitos y los aporta-dos para la inversión social.

En el caserio de Puerto Cachicamo, por ejemplo, la presencia del Estado a parte de la Fuerza Pública venia propuesta a través de la acción cívico militar que repre-sentaba que la fuerza publica realizara tareas de natu-raleza civil. La comunidad rechazó de lleno estas pro-puestas dado que involucraba a los civiles a la guerra.

También dentro del PCIM venía contemplado la reha-

bilitación de la vía que une Puerto Cachicamo con la Macarena, cosa que según los pobladores no se realizó nunca. La Asociación Campesina de Trabajadores de la región del Guayavero (ASCATRAGUA), constituida en ju-nio del 2011, interpuso un derecho de petición ante el PCIM solicitándole que les entregaran los contratos, co-pias de anticipos, seguros etcétera sobre el contrato de arreglo de esa carretera. A la cual el PCIM respondió que no tenia obligación de darles esas información al contar con recursos de cooperación internacional. Después de todo, los campesinos decidieron arreglar parte de la vía ellos mismos. Cuando terminaron llegó un funcionario del PCIM, tomó unas fotos y lo presentó como si él hu-biera echo el arreglo. Según ASCATRAGUA se ganó 50 millones por las fotos.

Así pues, a pesar de las grandilocuentes cifras de in-versión que maneja el Estado, la realidad es que las al-ternativas reales de desarrollo económico y social han sido inexistentes para el Guayavero. Sigue >>

Del 3 al 7 de abril en Puerto Cachicamo, La Asociación Campesina de Trabajadores del Guayavero -ASCATRAGUA- organizó el Primer encuentro juvenil del Guayavero,”Por la paz democrática, la convivencia y los derechos funda-mentales” . En el encuentro participaron más de 2000 campesinos de la región y hubo partidos de fútbol, boxeo, actuaciones musicales y culturales así como un acto político enmarcado en la Marcha Patriótica.Foto: Andreu Vilardell Sallés - IPO

Plan de Acción Integral de La Macarena. Centro de Coordinación de Acción Integral. CCAI.

Seguridad Territorial

Protección al ciudadano

Desarrollo Económico Social e Institucional

Composición del esfuerzo del Estado

Esfu

erzo

del

Est

ado

Sección Meta - Guaviare

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La Guerra y los comités de Derechos Humanos

El Guayavero entró de facto en la zona de despeje durante las conversaciones entre las FARC-EP y Pastra-na (1998-2002) , cosa que ha llevado a la estigmatiza-ción de la población que sigue ocupando este territorio por el simple hecho de haber convivido con la guerrilla. Después de la ruptura de las negociaciones, con las par-tes rearmadas (léase Plan Colombia), el Plan Patriota y su nueva fuerza de tarea conjunta (2003), todo el terror de la guerra se hizo notar en la región con operativos militares que buscaban golpear a la guerrilla en esta zona histórica de las FARC. También las violaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Hu-manos se dispararon de forma alarmante, así como el desplazamiento de pobladores. Entre enero de 2002 y junio de 2009 se desplazó el 100% de la población de Vista Hermosa, el 66% de la de Puerto Rico y el 22% del total de la Macarena. A la vez, el ambiente se hizo irrespirable y la población civil quedó en medio del con-flicto, pues como manifiestan los pobladores “si usted le hablaba a la guerrilla era guerrillero y si le hablaba al Ejército era un sapo”. Pero ante los atropellos de la Fuerza Pública los campesinos se organizaron en co-mités de Derechos Humanos a lo largo del río. Con-formándose el primero en la vereda Nueva Colombia y reproduciéndose en el tiempo en todas las veredas de la región. El trabajo fue difícil y peligroso para los defensores. Los campesinos nos recuerdan un par de casos emblemáticos como fue lo que paso el 11 de fe-brero del 2009 cuando un soldado del Ejército Nacio-nal adscrito a la Brigada Móvil número 7, Batallón 64, fue herido en el caserío de Puerto Cachicamo y la tropa respondió disparando indiscriminadamente e hiriendo a tres niños que estaban tomando clase en la escuela del caserío (5).

El otro caso (6) fue el asesinato de tres mecánicos que se encontraban reparando un carro el 9 de septiembre de 2009 por parte de unidades militares, también ads-critas al Batallón 64 de la Móvil 7.

Hoy día el conflicto armado se sigue notando en la re-gión. Como comprobó el autor del artículo en la última entrada, los bombardeos son habituales y los enfrenta-mientos también.

La situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario hoy

En el encuentro “Por el derecho a la vida, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” que tuvo lugar el pasado 14 de abril en Playarica, la Macarena, Meta, se presentó el informe de violaciones de Derechos Huma-nos y al Derecho Internacional Humanitario en la zona del Guayavero y la Macarena durante el 2010, 2011 y hasta el 14 de abril del presente año. El documento fue elaborado por el comité regional de Derechos Huma-nos de la Macarena y el Guayavero, perteneciente a la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente Colombiano (DHOC) y en sus 54 páginas da fe de una multitud de atropellos por parte de la Fuerza Pública a la población civil.

En primer lugar, destacar que la tarea de ser defensor de derechos humanos en la región no es tarea senci-lla: uno de los defensores mas acérrimos de la región fue judicializado y pasó injustamente encarcelado cinco meses y siete días, acusado de rebelión. El 16 de febre-ro de 2011 el juez declaró su absolución y su inmediata puesta en libertad (7).

Otros 12 campesinos, la mayoría de ellos líderes so-ciales, también fueron judicializados en esas mismas fechas. Las detenciones arbitrarias, la estigmatización, la toma ilegal de fotografías y las amenazas de la Fuer-za Pública a los defensores han sido preocupantemente comunes en la región.

En el informe se detalla la denuncia que interponen los campesinos ante los bloqueos económicos y al co-mercio que realizó desde el día 12 de octubre del 2011 y por espacio de 10 días el Batallón 100 de la Infantería

Campesinos del Guayavero marchando el Primero de mayo de 2011 en VillavicencioFoto: David Molina - IPO

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de Marina, al mando del Teniente Coronel Serpa Mora, en la altura de la vereda El Tigre.

Según el documento, más de 8000 campesinos y al menos 4000 niños fueron sometidos a hambre por los militares, pues al menos a cuatro embarcaciones que transportaban víveres para la región les fue negado el paso, dañándose los alimentos. Los campesinos esti-man que los daños y perjuicios superan los quince mi-llones de pesos(8).

Más quejas hay de los retenes de la marina: El 5 de abril del presente año, una misión médica que iba a prestar servicio a más de 2000 campesinos que se encontraban en Puerto Cachicamo, procedentes de di-ferentes regiones de la zona, fue inmovilizada por un espacio superior a 3 horas. En este lapsus de tiempo, el nombre del personal que viajaba en las dos voladoras fue anotado en un libro, sus pertenencias requisadas y por el retraso que les causaron 500 campesinos se que-daron sin asistencia médica.

Fue en esos mismos retenes en donde el primero de abril, según denuncia el informe, siete campesinos y el motorista de la voladora en que se transportaban fueron retenidos, requisados y empadronados por tropa del Ba-tallón 100. Dos de ellos fueron separados del grupo y uno obligado a desnudarse, amenazado y encañonado por un soldado que le acusaba de guerrillero. Después de 7 horas y de obligarle a firmar un certificado de buen trato fueron dejados en libertad.

Otra de las denuncias que sobresalen por su gravedad

es la que hace referencia al 8 de marzo del presente año. Según se relata soldados que dijeron pertenecer a la Brigada Móvil 7 llegaron a la vivienda del denun-ciante ubicado en Charco Carbón, jurisdicción de Puerto Concordia, les pidieron los documentos de identidad a los campesinos que allí se encontraban y los anotaron en un libro. Minutos después, detuvieron ilegalmente a dos campesinos durante un espacio de 8 horas e im-pidieron la libre locomoción a más de ocho personas que se encontraban en la vivienda. Instalaron una base militar transitoria a escasos 100 metros de la casa y un heliopuerto a menos de 150, poniendo en riesgo a los habitantes de la zona, pues es una zona con presen-cia de grupos armados ilegales en confrontación con el ejército. Una mujer y un hombre con chalecos del Cuer-po Técnico de Investigación -CTI- hicieron presencia e intentaron llevarse por la fuerza a los dos detenidos lo que generó un enfrentamiento con la comunidad duran-te el transcurso del cual un soldado le pegó un golpe en la cara a dos campesinas. Además, antes de irse la tropa quemó una motobomba de la familia y se llevó 3 matas de yuca, una linterna, una radio y dos racimos de plátano.

Así pues, la desconfianza de los habitantes de la re-gión con el Estado es total. Resignados, muchos afir-man que lo único que llega de la institucionalizad son las avionetas de fumigación y los atropellos de la fuerza pública. La falta de alternativas reales para el desarrollo obliga a los campesinos a seguir intentando con la coca. Y las políticas de seguridad democrática y de consolida-ción de ésta con su PCIM en lo único que sobresalieron fue en el aumento de las violaciones a los Derechos Hu-manos y al Derecho Internacional Humanitario.

Para muchos la estrategia estatal es el desplazamien-to forzado de los pobladores, para así extraer libremen-te los recursos naturales que el mismo Estado ha reco-nocido que hay en la región.

Notas:1.http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia-cocasur-vey2010_es.pdf2.http://www.peaceobservatory.org/es/1056323082/fumigaciones-indiscriminadas-afectan-a-cultivos-licitos-fuentes-de-agua-y-a-la-salud-de-ninos-y-habitantes-de-las-co-munidades-del-rio-guayavero)3.http://www.icrc.org/spa/assets/files/2012/informe-colombia-2011-17-04-12.pdf)4.Textualmente: “Poco efectivos resultan los recursos enfocados a promover el desa-rrollo económico, social e institucional, cuando el Estado no ejerce en forma efectiva el control institucional del territorio. Normalmente el esfuerzo público en esos temas aca-ba reforzando la posición estratégica de los insurgentes” http://ccai-colombia.org/files/primarydocs/0808pcim.pdfhttp://ccai-colombia.org/files/primarydocs/0808pcim.pdf.5.http://www.dhcolombia.info/spip.php?article731http://www.dhcolombia.info/spip.php?article7316.Nota de prensa: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6113579http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-61135797.http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2011/02/cayo-falso-positivo-juridico-contra-campesino-defensor-de-derechos-humanos-de-la-macarena-meta/ 8.http://notimundo2.blogspot.com/2011/11/denuncian-que-desafueros-de-la.html

“ASCATRAGUA. Asociación con sede social en Puerto Cachicamo que lucha por los derechos de los campesinos de esta región olvidada de Colombia. La Asociación llevó 1000 campesinos a Bogotá durante la Marcha PatrióticaFoto: Andreu Vilardell - IPO

Uno de los defensores mas acérrimos de la región fue judicializado y pasó injustamente encarcelado cinco meses y siete días

Sección Meta - Guaviare

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El pasado mes de septiembre un equipo de IPO acompañamos durante cinco semanas a una de-legación del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos(CPDH) por el departamen-to del Guaviare. El propósito era im-partir talleres de Derechos Humanos en los municipios de Calamar y Mira-flores. El Departamento del Guaviare es una zona muy alejada del centro del país y por ello, la siempre difícil tarea de acompañamiento y obser-vación de DDHH se convirtió en no solo intensa sino también enorme, pues sabíamos pero pudimos com-probar in situ, que en muchas de las zonas a dónde llegamos, hacía meses incluso años que no llegaba presencia internacional, aún siendo una zona en pleno conflicto. Uno de los hechos que sitúan el departa-mento del Guaviare en el extrarra-dio del centro político y financiero es obviamente el geográfico, pues es una zona muy aislada al oriente del país, pero las demás casi todas se explican por una falta de volun-tad expresa. La única carretera que llega al Guaviare es claramente insu-ficiente para la exportación e impor-tación tanto del producto cultivado como de los productos necesarios para el uso cotidiano. No es rara pues la demanda ya histórica de la construcción de nuevas carreteras,

a lo que el gobierno se ha negado sistemáticamente alegando que es una zona de conflicto. Este hecho por una parte, encarece hasta el absurdo los productos que los habi-tantes allá pueden adquirir pero por otra parte también encarece hasta echar del mercado por poco compe-titivo cualquier producto lícito que los campesinos cultiven.

Esta situación de desamparo se ve agravada por el hecho que el Estado no mantiene ningún tipo de susten-to ni potenciación de cultivos. Mu-chos de los campesinos, pues, se ven atrapados y obligados al cultivo de ilícitos.

La historia del Guaviare es nece-saria para entender un poco la si-tuación actual: Departamento sel-vático, hasta los años setenta sólo estuvo poblado por sus habitantes autóctonos, indígenas de diferentes comunidades. A partir de esta dé-cada, llegaron los campesinos co-lonos que huían de la violencia en sus zonas de origen y se asentaron, tumbando selva a cultivar. Primero, el caucho, luego pieles y más tarde la coca. En este período, junto con otros departamentos, el Guaviare se convierte en uno de los principales cultivadores de hoja de coca y en consecuencia se disparan los índi-

ces de liquidicidad. Con la llegada de la Fuerza Pública y con el Plan Colombia en 2002, la situación hace un giro de 180 grados, lo que había sido bonanza y municipios pobladí-simos se convierte en pueblos des-habitados, completamente abando-nados. Los campesinos huyeron de las fumigaciones indiscriminadas, que aún sufren, y acorralados por no tener la seguridad de que no les fumigaran los cultivos lícitos, emigraron por segunda vez a otros territorios más tranquilos del país. Pero no fue sólo el Plan Colombia lo que trajo el terror sino la oleada de asesinatos políticos y encarniza-mientos con la población civil y cam-pesina, que todavía hoy, estremece los pocos habitantes del Guaviare.

En los sucesivos talleres de Dere-chos Humanos en los que asistimos, un total de diez, pudimos compro-bar la instrumentalización que se ha hecho durante años del campe-sinado. La vulneración de derechos que recogimos nos hizo compren-der que la estrategia en esa zona, pasaba por una estrangulación de todo aquél quien se organizara y luchara por sus propios derechos como no combatientes. Una de las tristes conclusiones a las que lle-gamos, es que los campesinos del Guaviare sólo conocían al Estado

Un mes por el Guaviare Nuria Gibert - IPO

Viajando por el río Vaupés, Miraflores.Foto: Andreu Vilardell - IPO

colombiano por su extensión mili-tar. El derecho de libre circulación, de no señalamiento, incluso el de-recho de distinción (recordemos este derecho recogido en el Dere-cho Internacional Humanitario) e incluso el derecho a la vida eran y son sistemáticamente violados. Fuimos testigos de una alta milita-rización del territorio, de señala-mientos ilegales, de campamentos en poblaciones civiles, de obstruc-ción y restricción a la alimentación, de registros ilegales, todo bajo el pretexto de la lucha contrainsur-gente y con muy poca conciencia de estar poniendo en grave peligro a las personas que allí vivían. Esta fue nuestra experiencia directa so-bre el día a día de un mes de las gentes de esa zona. Por esta razón estimamos muy buena la iniciativa del CPDH y muy oportuno el ta-ller de capacitación que nuestros acompañados realizaron, además, con celeridad y capacidad.

A la asistencia a los talleres hay que añadirles la dificultad de los campesinos para moverse (por lo caro y lo lento del transporte flu-vial) pero esto no fue impedimen-to, en absoluto, para que los ta-lleres estuvieran llenos en todas sus ediciones. Enseñar, explicar y recordar cuáles son los derechos fundamentales que todos tenemos por el sólo hecho de ser seres hu-manos, y los derechos específicos en zonas en conflicto se revelaron como grandes herramientas para las personas asistentes para hacer

frente al pisoteo constante al que se veían sometidos. Y por supuesto organizarse en dicha defensa para ser más eficientes y fuertes.

Nuestra presencia fue disuasoria pero hizo falta entrar a interlocu-tar con varios soldados, así como mandos. También nos encargamos de recoger toda la información po-sible acerca de la situación de Dere-chos Humanos en la zona pero hay algo que me gustaría destacar por encima de todo lo demás, a modo de licencia personal, y es el hecho que ambos compañeros del equipo nos esforzamos por hacer saber a la población, que no estaban solos en el conflicto, que hay interés y solidaridad en el resto del mundo y que se conoce la situación de la vulneración de Derechos y aunque sólo somos observadores y nuestra tarea se ciñe en la tarea de la no in-jerencia, creo que sí pudimos plan-tar cuál semilla esta confianza en-tre las personas que encontramos. Y vimos una reacción tan humana que sé que nunca olvidaré.

Una de las conclusiones, que no por obvia es menos importante, a la que llegamos todos juntos fue, los Derechos Humanos no son un capricho ni un lujo, y no se dan o se quitan al antojo de nadie. El Es-tado debe garantizarlos, pero si no se cumplen, o peor, se violan, las personas pueden y deben reivindi-carlos y exigir responsabilidades de facto.

Acompañando a un taller de DDHH y DIH en Buenos Aires, MirafloresFoto: Andreu Vilardell - IPO

“Fuimos testigos de una alta militariza-ción del territorio, de señalamientos ilegales, de cam-pamentos en po-blaciones civiles, de obstrucción y restricción a la alimentación,de registros ilegales, todo bajo el pretex-to de la lucha con-trainsurgente y con muy poca concien-cia de estar ponien-do en grave peligro a las personas que allí vivían.

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El pasado 6 de marzo, en el día Internacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, miles de personas se movilizaron en varias ciu-dades de Colombia y del extranjero, mostrando

su desacuerdo en la forma en que se está dando el proceso de restitución de tierras y denunciando que el despojo todavía no ha cesado. Antes de la jornada del 6 de marzo, durante la misma y posteriormente a ella, se han dado agresiones a miembros del MOVICE en todo el país, poniendo de manifiesto la grave situación de riesgo que afrontan víctimas y defensores, y la falta de garantías de no repetición a pesar de la retórica de post-conflicto y justicia transicional que adopta el go-bierno. Pese a las amenazas y agresiones que se dieron previamente a la jornada con el objetivo de disuadir a las comunidades de participar en las movilizaciones, miles de personas vencieron el miedo y marcharon bajo la consigna de “por una restitución real e integral de tierras”.

Montería y VillavicencioLas dos principales movilizaciones del país no se

ubicaron en las ciudades con mayor peso administra-tivo y político, sino en dos de las regiones que más han sufrido la violencia y el despojo; Córdoba (Montería) y Meta (Villavicencio). En Córdoba, pese a la fuerte imple-mentación del paramilitarismo en el departamento, que fue uno de los puntos de partida para la conformación de las AUC, cerca de 2000 personas reivindicaron la memoria de sus víctimas y exigieron garantías de no repetición frente al “monumento de los paramilitares”, símbolo del poder que estos detentan en la región. En los días previos y el mismo 6 de marzo, se presentaron

seguimientos e intimidaciones, por parte de personas vestidas de civil, a organizadores de la marcha y lí-deres de población desplazada. En Villavicencio, donde asistieron cerca de 800 personas, un hombre que había estado observando a los manifestantes se le acercó a uno de ellos, se identificó como paramilitar y le dijo: “si nos tenemos que volver a armar lo hacemos, pero no vamos a devolver la tierra que tenemos ahora”.

Otras movilizaciones en Colombia y el extranjero

En Bogotá hubo una marcha hasta el Ministerio de Agricultura, donde se realizó una concentración, ac-tos simbólicos y exposición de galerías de la memo-ria. Justo antes de la movlización, en una estación de Transmilenio, se repartieron panfletos en los que se estigmatizaba al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y la movilización del 6 de marzo. En Pasto, Nariño, dos hombres de civil, que después se identificaron como miembros de la SIJIN (policia judi-cial), hicieron fotografías de los asistentes a la marcha, según afirmaron ellos “para un informe de inteligen-cia”. En otros puntos donde se adelantaron movilizacio-nes la jornada transcurrió sin incidentes, fue el caso de Boyacá (Sogamoso), Caldas (Manizales), Valle del Cauca (Cali), Cauca (Popayán), Antioquia (Medellín) y Santand-er (Bucaramanga).

El mismo 6 de marzo se realizaron actos en apoyo a la convocatoria desde diferentes partes del mundo. En Barcelona se realizó un conversatorio sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y un mitin frente a las instalaciones de ENDESA, entregando una carta en

M6VIDA

6 de marzo: el MOVICE por una restitución real e integral de tierrasJaume Fortuño - IPO

Marcha del MOVICE el 6 de marzo en VillavicencioFoto: Internet

la que denunciaban el impacto social y ambiental de la construcción de la represa del Quimbo. También hubi-eron movilizaciones en otras ciudades europeas, como Gijón, Bilbao o Bruselas.

Las represaliasEl dia 21 de febrero organizaciones y personas vin-

culadas a el MOVICE Capítulo Nariño, recibieron una amenaza via correo electrónico firmada por el “Grupo Anti restitución de Nariño”. El día 24, la Secretaria Téc-nica del Capitulo Norte de Santander del MOVICE, ad-virtió que había sufrido un robo de equipos de trabajo e información. El 27 y el 28 de febrero MOVICE, CAJAR y otras organizaciones recibieron panfletos con amena-zas de muerte firmadas por “Águilas Negras Bloque Capital” y “Comandos Urbanos Los Rastrojos”. Estos hechos previos al 6 de marzo, así como los incidentes de seguridad de la jornada en Montería, Villavicencio, Pasto y Bogotá, dan cuenta de la falta de garantías de no repetición y de la grave situación de riesgo para defen-sores y víctimas. Después del 6 de marzo, la situación ha seguido agrávandose, el 11 de marzo, en San Ono-fre, Sucre, tuvo lugar un intento de asesinato del hijo de Eder Verbel Rocha, miembro del MOVICE asesinado hace un año en el marco de un conflicto de tierras. El 23 de marzo Manuel Ruíz, líder y reclamante de tierras de las comunidades de Curvaradó, en Chocó, y su hijo, Samuel Ruíz, fueron privados de libertad por paramili-tares y posteriormente asesinados.

El porqué de la movilización: ¿cuál restitución?

El reciente asesinato de Manuel y Samir Ruiz en Chocó, pone de manifiesto una de las principales quejas del MOVICE en referencia al proceso de restitución de tierras; la imposibilidad de retornar al territorio cuando en éste siguen operando las estructuras paramilitares. Según el MOVICE, “desde el 2005 se han registrado más de 66 asesinatos de líderes de organizaciones recla-mantes de tierras, de las cuales el 40%, es decir, por lo menos 26 víctimas, fueron asesinadas entre el 2010 y 2011. Este año, las amenazas y agresiones con el fin

de obstaculizar la restitución, se han incrementado de forma alarmante”. Según la Alta Comisionada de las Na-ciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, “desde el 2007 han sido asesinados más de 1.400 desplaza-dos y de cada doscientas denuncias de hostigamiento o amenaza se investiga una”. En esta situación, que no ha mejorado durante el gobierno de Santos y el proceso de restitución de tierras, la exigencia de garantías de no repetición para las comunidades se vuelve fundamental.

Además de la grave situación de riesgo para las comu-nidades reclamantes y en proceso de retorno, MOVICE también denunció los contenidos de la Ley de Víctimas que obstruyen una restitución integral de tierras. Di-chas críticas a la ley comprenden, entre otras, la im-punidad en la que quedan los responsables del despojo, los obstáculos en el acceso al proceso de restitución para las víctimas, la ausencia de restitución de bienes materiales y de patrimonio, la insuficiencia de recursos destinados a la restitución, etc. Una de estas limitacio-nes de la ley es “la inversión de la carga de la prueba”, según la cual, es el demandante (despojado) quien ha de probar la legitimidad de su propiedad. Debido a que en muchos casos de despojo a las víctimas se les obligó a vender a precios irrisorios o los paramili-tares pusieron los predios a nombre de testaferros o a la simple falta de medios de las familias campesinas, muchas víctimas del despojo se verán impedidas a ac-ceder a la restitución. Hechos como la falta de apoyo del gobierno al pequeño campesinado y la supresión de la Unidad Agrícola Familiar, así como las modificaciones en el marco legal dirigidas a facilitar la implementación de megaproyectos y la concentración de tierras, para el MOVICE, demuestran que “la política de desarrollo rural lejos de buscar una democratización de la tierra profun-diza la desterritorialización de las y los campesinos”. El gobierno de Santos, por una parte afirma estar llevando a cabo “la mayor reforma agraria de la historia de país”, por la otra implementa un Plan de Desarrollo orientado a la megaminería y al agronegocio, un modelo en el que los pequeños productores deben pasar a ser asalaria-dos del gran propietario o abandonar el campo, ya sea por la violencia o por la falta de oportunidades.

Foto: Sergi Orge - IPO

Sección Nacional

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El 23 de abril de 2012 se encontraron en Bogotá unas 80.000 personas, llegadas desde todo el país, en la constitución del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Bajo el lema de “por

una Segunda y Definitiva Independencia” campesinos, indígenas, afrodescendientes, obreros, estudiantes... se encontraron en la Plaza Bolívar, marchando desde tres puntos de la ciudad: el Parque Nacional, Coliseo El Campin y el Parque Olaya Herrera. La afluencia al acto fue tal que cerca de 20.000 personas no pudieron ingresar en la plaza y tuvieron que ver las intervencio-nes de los dirigentes y los actos culturales que en ella tenían lugar desde las pantallas que se colocaron por toda la Séptima. Pese a la fuerte presencia policial en los actos, la jornada se desarrolló sin ningún enfrenta-miento entre los participantes y las Fuerzas Públicas.

La Marcha Patriótica contó con acompañamiento de delegados y delegadas de diversas organizaciones de América Latina, Europa, Australia y América del Norte. El encuentro se había iniciado en el fin de semana, en las jornadas que los días 21 y 22 contaron con la pres-encia de alrededor de 4000 delegados de las más de 1700 organizaciones de toda Colombia que conforman el movimiento. La Marcha Patriótica y el Cabildo Abier-to por la Independencia nace como un movimiento so-cial y político “con el propósito de contribuir a producir el cambio político que requiere nuestro país, superan-do la hegemonía impuesta por las clases dominantes,

avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad y al logro de la segunda y definitiva inde-pendencia. Precisamente en momentos en los que el capitalismo se encuentra en una de sus más grandes crisis, mostrando sus cada vez más evidentes límites históricos,” en palabras de la Declaración Política sur-gida del encuentro.

La propuesta de la MarchaPara la Marcha Patriótica las políticas del gobierno

de Santos no dan respuesta a la grave crisis humanitar-ia que sufre Colombia como consecuencia del conflicto armado, político y social, y lejos de ello, como afirma en su Declaración Política; “el gobierno de Santos ha venido profundizando el proceso de neoliberalización de la economía y de la sociedad iniciado hace más de dos décadas. Ese continuismo favorece esencialmente al capital financiero transnacional y a los grandes gru-pos económicos que, pensando exclusivamente en su afán de lucro, han impuesto un modelo económico empobrecedor”. Asimismo, afirman que este modelo, basado en el agronegocio de los biocombustibles, la explotación de hidrocarburos, minerales, aguas y otros recursos naturales, y de megaproyectos viales, ha pro-fundizado las condiciones de pobreza y exclusión tan-to en el campo como en las ciudades de Colombia, y ha acentuado problemáticas como la crisis alimentaria y la especulación financiera.

Jaume Fortuño - IPOMomento de la marcha a la altura de la séptima el pasado 23 de abril

Foto: Andreu Vilardell - IPO

NAClONAL

La Marcha Patriótica llega a Bogotá

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En la misma declaración, se deja constancia del “an-damiaje jurídico-institucional y militar para proteger los intereses del gran capital” que se ha venido perfec-cionando con la administración de Santos, y se ejem-plifica, entre otras reformas y acuerdos, en la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con los EEUU y el Estado Español, entre otros. La Marcha Patriótica nace como una apuesta por un cambio políti-co en Colombia, que conduzca a una tranformación es-tructural del Estado, la economía y la cultura del país. Plantea la necesidad de construir alternativas en la política de tierras, la defensa del territorio, el derecho al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social, entre otras cuestiones, y para ello llama a la unidad entre diferentes movimientos sociales y políticos.

La EstigmatizaciónEn su Declaración Política, los integrantes de la Mar-

cha Patriótica advierten que durante el gobierno de Santos, “tendencias recientes de los desarrollos legis-lativos en diversos campos parecen más bien reforzar el manto de impunidad que ha prevalecido en el país, buscan institucionalizar el ejercicio de la violencia con-tra la población, al tiempo que pretenden perseguir y criminalizar la protesta y la movilización social.” El debate entorno al Fuero Militar o la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como la situación de criminalización y persecución que afrontan defensores de DDHH y comunidades en resistencia, dan cuenta de estas tendencias.

En este sentido cabe destacar los señalamientos que sufrió la Marcha Patriótica en el marco de este evento, tanto por parte del ejército como del mismo gobierno de la República. En declaraciones de miembros del ejér-cito se acusó a la Marcha Patriótica de estar infiltrada y financiada por las FARC, así como de ser su apuesta como partido político (1) y el mismo presidente Juan Manuel Santos declaró que “la Marcha Patriótica debe aclarar posibles nexos con las FARC” (2). Estas declara-ciones resultan preocupantes en un marco de conflicto como el que vive Colombia y señalan y estigmatizan a un movimiento social y político que está en el ejer-cicio de sus derechos civiles y dentro de la legalidad. Asimismo, los organizadores del evento, denunciaron numerosos seguimientos, hostigamientos e irregular-idades por parte de miembros de la Fuerza Pública,

previa, durante y posteriormente a las jornadas de la Marcha Patriótica en Bogotá.

Cabe destacar la presunta desaparicion forzada de Hernán Henry Díaz, líder campesino, en Puerto Asís, Putumayo, el 18 de abril, vinculado al movimiento Mar-cha Patriótica. Esta desaparición tuvo lugar después de que empezaran los señalamientos de la Marcha Patriótica por parte del Ejército Nacional y diversos medios de comunicación (El Espectador, Tiempo y Se-mana), a la cual se sumaron el Coronel Luis Villama-rin, los abogados Jaime Restrepo, José Obdulio Gaviria (ex-asesor del ex-presidente Álvaro Uribe) y el Coronel Freddy Díaz Ortiz, Comandante del Comando Especí-fico del Caguán, quien en alocución del 13 de abril de 2012 en la emisora Ecos del Caguán estigmatizó el Movimiento Político Marcha Patriótica.

Siempre presente el recuerdo de lo ocurrido con el exterminio de la Unión Patriótica, y de tantas otras per-secuciones políticas que han tenido lugar en el país, la desaparición de este dirigente ensombrece el opti-mismo y la ilusión que desprendía la Marcha Patriótica por las calles de Bogotá el pasado 23 de abril. Pero aún así la Marcha Patriótica no va a detener sus pasos y ya plantea la posibilidad de lanzarse a un Paro Cívico Na-cional a finales de este año, con el objetivo de seguir avanzando en su propuesta de cambio.

Notas:1.http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-339131-ejercito-insiste-

farc-quieren-fundar-partido-politico

2.http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-341598-santos-pide-al-

movimiento-marcha-patriotica-aclarar-posibles-nex

Momento de la marcha. Foto: Internet

Cabe destacar la presunta desaparicion forzada de Hernán Henry Díaz, líder campesino, en Puer-to Asís, Putumayo, el 18 de abril, vinculado al movimiento Marcha Patriótica.

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Sección Nacional

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Las y los campesinos de la finca La Europa son una comunidad campesina víctima de una cadena que parece inquebrantable y que no es desconocida en Colombia, formada por la violencia, el des-

plazamiento forzado y el despojo. A grandes rasgos: una comunidad campesina con un título de propiedad común sobre la tierra, que se desplaza por la llegada de la violencia en la región y que cuando decide regresar, se encuentra con que alguien está comprando tierras a precios irrisorios, aprovechándose de la situación de desplazamiento de la población y burlándose del hecho de que no se puedan comprar predios de forma indi-vidual. La comunidad sigue adelante con su proceso de retorno, lo cual la enfrenta directamente con los intere-ses de la empresa. A raíz de esto, amenazas y agresio-nes como incendios y destrozos en los ranchos que los campesinos han reconstruido, hechos que de momento están en total impunidad por la inacción y connivencia de parte de las instituciones públicas. Por el otro lado, el lógico miedo de la comunidad ante este nuevo episo-dio de violencia, pero siempre unido al convencimiento del que lucha por el legítimo derecho a permanecer en su tierra.

La Europa está ubicada en el municipio de Ovejas, en la subregión conocida como los Montes de María, en el Departamento de Sucre. Una región que se car-acteriza por la alta concentración en la propiedad de la tierra y la fuerte presencia de grupos paramilitares. Como lo demuestra el hecho de que el actual Ministerio de Agricultura haya reconocido la apropiación ilegal de

40.000 hectáreas de tierras de desplazados por parte de particulares, con complicidad de funcionarios, en esta región (1). Y por otro lado, las declaraciones que hizo el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el hecho de que en 2002 Sucre fuera declarada Zona de Rehabilitación y Consoli-dación: “al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad intensificaban sus operaciones de contrainsurgencia en las zonas de rehabilitación, que cubren áreas tradi-cionalmente bajo el control de la guerrilla, los grupos paramilitares penetraron algunos lugares, como en la ciudad de Sincelejo y otras municipalidades en Sucre, como Chalán y Ovejas (2).

En este marco, la historia de la finca La Europa no es nada sorprendente. En los años 60, el Instituto de Fomento Tabacalero arrendó las tierras a la comunidad de campesinos y campesinas y en diciembre de 1969, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- adjudicó las 1321 hectáreas de la finca a 114 familias campesinas, con títulos de propiedad común y proindi-viso por sectores, lo cuál impide teóricamente la com-pra individual de parcelas (3).

Según se narra en el capítulo El despojo en la finca La Europa de Contravía (4), en 1994 grupos de las FARC-EP hicieron presencia en la región y empezaron a pro-ducirse duros enfrentamientos con el ejército. Entre los años 1994 y 2002, 15 campesinos fueron asesinados, una campesina fue desaparecida y la mayoría de fa-milias fueron víctimas del desplazamiento forzado, a

SUCRE

La Europa: resistiendo al despojo y luchando contra la impunidadLaura Muixí - IPO Ranchos de la finca La Europa

Foto: Andreu Vilardell - IPO

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causa de los bombardeos que se daban en la región. Quedaron solamente unas 10 familias viviendo en la finca, que además fueron víctimas de varios montajes judiciales, algunos de los cuales se enmarcaron en la Operación Mariscal Sucre (detención masiva de 156 per-sonas acusadas de rebelión en los Montes de María, en el año 2003). Entre los años 2002 y 2005, capturaron y judicializaron a 6 campesinos de La Europa, acusados de rebelión y colaboración con la guerrilla, cuatro de ellos fueron condenados a 6 años de cárcel.

El retorno y el despojoEntre los años 2007 y 2008, 73 familias iniciaron el

proceso de retorno voluntario a La Europa, aunque al-gunas de ellas nunca habían abandonado la finca. Pero también en 2008, Jaime Gabriel Vélez Uribe, que se pre-senta como representante legal de la empresa Arepas Don Juancho, llegó a la finca e inició un proceso de compraventa de parcelas a precios irrisorios (algunas a 3 millones de pesos -unos 2300€-, otras por 800 mil pesos -unos 600€-), aprovechándose de la situación de desplazamiento forzado de la mayoría de familias. Actu-almente, la empresa Arepas Don Juancho declara poseer un total de 93 predios, lo cuál nunca se ha podido dem-ostrar con títulos de escritura pública sino solo contra-tos de compraventa.

Existen dudas de la legalidad del proceso de com-praventa por dos motivos: el carácter proindiviso de los títulos de propiedad y las medidas de protección que en 1998 Acción Social otorgó al predio y que lo protege de un proceso de compraventa. Además, no está claro ni el nombre de la empresa que compró los predios, a la que en ocasiones se refieren como Arepas Don Juancho y otras como Arepas Don Pancho, ni del representante legal de la misma, que en algunos documentos aparece como Jaime Gabriel Vélez Uribe y en otras como Jaime Gabriel Uribe Vélez.

Según pudo establecer Contravía, en el capítulo citado anteriormente, Arepas Don Juancho no tiene registro en Cámara de Comercio ni personería jurídica. Pero Paju-mar SAS ha publicado avisos de prensa como propietaria de dicha empresa. Además, Pajumar SAS tiene como ac-cionistas mayoritarias a: Patricia Eugenia Rivera Lizcano y a Juliana Vélez Rivera, esposa e hija del señor Juan Guillermo Vélez Jaramillo.

Ante la amenaza de la empresa Arepas Don Juancho, el INCODER manifestó que se debía hacer una inspección ocular en la Finca La Europa, que nunca se llevó a cabo. En vistas de la desidia e inoperancia que han mostrado los organismos públicos con respecto a este caso y de la real amenaza que representa Arepas Don Juancho para el legítimo retorno de esta comunidad, las y los campesi-nos han seguido avanzando con su proceso: cultivando sus tierras y construyendo sus ranchos. Por su parte, la

empresa Arepas Don Juancho también ha seguido con sus planes: ha cercado los terrenos que considera de su propiedad y los ha protegido con hombres armados. La comunidad ha sido víctima de varias amenazas, intimi-daciones e incluso la muerte de uno de los campesinos, Alex Correa, en 2008. La comunidad ya ha denunciado el porte ilegal de armas por parte del supuesto adminis-trador de la finca, aunque de momento no se ha tomado ninguna medida al respecto.

Desde abril de 2011, la comunidad de La Europa hace parte del Capítulo Sucre del Movimiento Nacional Víc-timas de Crímenes de Estado -MOVICE- y cuenta con el apoyo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH-. Y desde mayo de 2011, con el acompañamiento del Observatorio Internacional de Paz.

Amenazas y medidas de protecciónDurante los meses de mayo y junio de 2011, miem-

bros del capítulo Sucre del MOVICE, así como el abo-gado del CPDH Jeison Paba, quienes están acompañando este proceso de retorno, recibieron varias amenazas de muerte. El 19 de mayo de 2011, Ingrid Vergara y Franklin Torres fueron amenazados de muerte por un grupo au-todenominado “Fuerza Anti Guerrillera”. Al día siguiente, Candelaria Barrios recibió un mensaje de texto en su ce-lular de amenaza de muerte. El 14 de junio de 2011, llegó a los correos electrónicos del MOVICE Sucre otra amenaza de muerte contra Candelaria Barrios, Pedro Geney y Franklin Torres, procedente del correo Águilas Negras. A los 10 días, llegó a las mismas direcciones un nuevo correo electrónico en el que se amenazaba tam-bién a Jeison Paba y a Ingrid Vergara. Sigue >>

Rancho quemado por segunda vez en la finca la Europa el pasado 16 de marzo. Para que ardiese desconocidos colocaron y prendieron una llanta de camión en su interior.Foto: Andreu Vilardell - IPO

Sección Sucre

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Es una mañana caliente en la fin-ca de La Europa. Son las 8.30 y mi compañero de IPO y yo acompaña-mos un campesino por el camino abollado y seco hacia el lugar don-de los campesinos de la finca van a reconstruir el rancho, que hace más o menos 14 días fue tumbado, en la oscuridad de la noche, presunta-mente por personas de la empresa Arepas don Juancho.

Actualmente Arepas don Juancho y la comunidad de campesinos de la Europa están en litigios legales, por los predios que la empresa compró

a algunas de las familias campesi-nas, aprovechándose del despla-zamiento al que fueron forzadas a causa de la violencia.

La caminata dura más de media hora y siento el nerviosismo en mi cuerpo, pues cabe la posibilidad de que aparezcan personas de Arepas don Juancho y haya una confronta-ción. Los campesinos han decidido no ceder a las intimidaciones de Arepas Don Juancho, construyendo ranchos nuevos y reconstruyendo los que les han tumbado. Mientras caminamos, le pregunto al campe-

sino cómo se siente por el hecho de estar reconstruyendo los ranchos y me responde que es la única mane-ra de mostrar a la empresa que los campesinos no pueden ser intimi-dados. Él no va a renunciar a su su tierra, simplemente no puede ima-ginarse vivir en otro lugar. Se siente claustrofóbico vivir tan cerca unos de otros como lo hacen en la ciudad, dice. Sinceramente, yo tampoco me lo puedo imaginar viviendo en la ciudad. Nunca lo he visto llevando otra cosa que las pantaneras des-gastadas, los pantalones de trabajo y un machete en la mano.

Reconstruir para resistirSarah Brejnrod - IPO

Finalmente, en julio de 2011 fue concedido el amparo policivo (5) a favor de los campesinos La Europa, según el cuál la empresa Arepas Don Juancho debía abandonar la finca. Pero la empresa interpuso una Tutela por el de-bido proceso, valiéndose de un error en el procedimien-to. A pesar de la petición de la comunidad de La Europa a la Alcaldía de Ovejas para que volviera a solicitar el amparo policivo, nunca lo tramitó de nuevo.

El nivel de inseguridad en la finca subió rápidamente y a unos niveles alarmantes: El 7 de Agosto de 2011 se quemó uno de los ranchos de la finca, los campesinos lo reconstruyeron y el 16 de marzo de 2012 lo volvieron a incinerar. El 22 de noviembre de 2011 se destruyeron tres ranchos, los campesinos los reconstruyeron y el 30 de enero de 2012, se quemó nuevamente uno de ellos. Hay muchas indicios para pensar que estas agresiones provienen de parte de la empresa, la cuál, hasta el mo-mento, permanece en la finca y está en total impunidad, a la espera de lo que se resuelva algún día en los tribu-nales.

Ante esta situación, la Unidad Nacional de Protección, del Ministerio del Interior, se ha comprometido a brindar algunas medidas de protección a la comunidad y por su parte, el INCODER tomará parte en la adjudicación de los predios, por medio de una cartografía social (herra-mienta de descripción y análisis del territorio) (6).

¿El desenlace?Con la entrada en vigor de la Ley de víctimas y resti-

tución de tierras, la comunidad puede optar por seguir con los procedimientos legales que tiene iniciados por la vía ordinaria o bien iniciar el proceso a través la nueva ley. Aunque están en proceso de valorar cuál es la vía que más les conviene, es importante señalar que en la opinión de Jaison Paba, abogado del CPDH, ir por la vía de la Ley de víctimas entraña el peligro de que no todas las familias sean reconocidas como tales, ya que muchas fueron desplazadas pero, aunque iban a dormir fuera de la finca, no dejaron de trabajar sus tierras.

El futuro de la finca es aún incierto. A lo largo del año en el que hemos venido acompañando este proceso desde IPO hemos podido conocer a fondo la finca, los campos, la comunidad, y hemos compartido con ellos las esperanzas de retorno, así como la frustración de ver como les han ido destruyendo sistemáticamente lo que ellos habían construido, en la más evidente y es-candalosa impunidad. Aún así, las y los campesinos de La Europa no han cedido en ningún momento a las in-timidaciones recibidas, toda una lección de resistencia y dignidad.

Notas:1. http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/M/montes_de_maria_reve-

lo_mas_despojo_de_tierras/montes_de_maria_revelo_mas_despojo_de_tierras.asp

2. http://www.elcorreo.eu.org/Balance-de-dos-anos-de-politica-de?lang=fr

3. http://www.conlospiesporlatierra.net/?p=15

4. http://www.youtube.com/watch?v=nJMX7G9TAKw

5. Mecanismo preventivo dirigido a restablecer el poder de hecho que el poseedor

o tenedor ejerce sobre un bien inmueble o mueble.

6. http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=26043

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La decisión de reconstruir los ran-chos tumbados no ha sido fácil de tomar. El otro día, los campesinos se reunieron en la finca para discutir la mejor estrategia a seguir. Varios expresaron que se sentían insegu-ros de reconstruir los ranchos de nuevo. Finalmente, los partidarios de la reconstrucción convencieron a los escépticos con el argumento de que últimamente la comunidad de la Europa había logrado llamar la atención de las autoridades, de tal manera que cualquier nueva agre-sión por parte de la empresa tendría repercusiones. Para personas que venimos de otros contextos, como yo, impresiona ver como los campe-sinos realmente están arriesgando sus vidas por el simple hecho de construir un rancho.

Cuando llegamos al lugar donde el rancho había sido tumbado, me impactó la violenta imagen de las cuerdas y los palos destrozados en el suelo y sentí frustración por la in-justicia de este destrozo en la pro-piedad de los campesinos. Pero más me sorprende ver que el estado de ánimo de los campesinos parece bueno, están conversando y bro-meando como cualquier otro día.

Hoy, un total de 10 hombres y 2

mujeres han venido a trabajar. Me

siento al lado de las cocineras, ocu-padas en todo momento. Manejan el machete con movimientos rápidos y cotidianos y cortan las verduras para el sancocho, que ya está hir-viendo en una olla grande, encima de un fuego improvisado. Les pre-gunto por el aparente buen ánimo que se respira y me explican con paciencia que todos son conscien-tes de que lo que hacen puede tener consecuencias graves. No olvidan que en 2008, uno de los campesi-nos fue asesinado brutalmente en su rancho en las afueras de la finca, con golpes de machete. A continua-ción, la mujer dice que su manera de no tener miedo es concentrarse en el trabajo, sin pensar en lo que ha pasado. Los pensamientos nega-tivos solo te vuelven loco, me dice. Además, añade, estamos muchas personas juntas, e IPO está aquí también, así que no estamos solos.

Después de 5 horas de trabajo, han logrado levantar una nueva es-tructura de madera similar a la que en la mañana estaba botada en el suelo vuelta pedazos. No ha llegado nadie a molestar y me siento alivia-da. Pero en el camino de vuelta no puedo dejar de pensar si el rancho aún estará allí mañana.

Cuando llegamos al lugar donde el

rancho había sido tumbado, me im-

pactó la violen-ta imagen de las

cuerdas y los palos destrozados en el suelo y sentí frus-

tración por esta injusticia

“

Campesinos reconstruyendo un rancho en la finca la EuropaFoto: Sarah Brejnrod- IPO

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Laura Muixí - IPO

HUILA

El Quimbo: del negocio transnacional a la resistencia de los pueblos

Campamento de resistencia a la hidroeléctrica del QuimboFoto: Irantzu Pastor - IPO

”

“El proyecto hidroeléctrico El Quimbo está ubicado en la región central del departamento del Huila, en el sitio denominado El Quimbo: 9000 hectáreas de 6 Municipios del Huila, Reserva Forestal Protectora de la Amazo-nía, y del Macizo Colombiano; con 300.000 habitantes, la mayoría vinculados a 8 empresas comunitarias en plena producción agropecuaria, (cacao, sorgo, maíz, arroz) por un valor de 33 mil millones de pesos anuales (unos 14 mil euros al año). Cuenta con 842 hectáreas de bosque ripario y tropical seco, poblaciones de peces que son básicos para la seguridad alimentaria, 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y tres especies de mamíferos en severo peligro: la pacaraná, el mono nocturno de manos grises y la nutria neotropical (1).Miller Armín Dussán, Profesor e Investigador de la Universidad Surcolombiana y miembro de Asoquimbo

Según la página web de Endesa (multinacional eléctrica del estado español) (2), el proyecto hi-droeléctrico El Quimbo lo está llevando a cabo Enersis a través de Emgesa, filial de Endesa Chi-

le. Como es habitual en la forma de operar de las mul-tinacionales, aparecen muchos nombres detrás de los cuales hay un único nombre, en este caso: Endesa. Y fi-nalmente, la italiana Enel, actual propietaria del 92,06% del capital social de Endesa.

El gobierno colombiano concesionó el proyecto a Emgesa en 2008. En mayo de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial otorgó la li-cencia ambiental, sin solicitar el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), estudio que hubiera permitido evaluar el proyecto para evitar o minimizar los impac-tos sociales y ambientales negativos. Finalmente, las

obras comenzaron en octubre de 2010. Hay que com-pletar esta cronología con una fecha importante: en julio de 2009 se creó la Asociación de Afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico el Quimbo, Asoquimbo.

¿Un proyecto necesario?En su web, Endesa afirma que la Central Hidroeléctrica

El Quimbo elevará la seguridad energética y la estabili-dad del sistema eléctrico colombiano, proporcionando una mayor autosuficiencia energética al país. Pero se-gún informaciones de la Unidad de Planeación Minero Energética, del Ministerio de Minas y Energía, la capa-cidad instalada de generación eléctrica de Colombia a junio de 2010 es de 13,531 MW, de los cuales 67,4% corresponde a generación hidráulica. La demanda pico de potencia en 2010 ha sido de 8.960 MW, lo cual sig-

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nifica una sobreinstalación de potencia de 4.761 MW. O sea, energía para vender a Ecuador y Venezuela y en un futuro a Centroamérica, cuando esté lista la in-terconexión eléctrica entre Colombia y Panamá. En el 2011, las ventas externas de energía casi se duplicaron y el gobierno de Estados Unidos ya ha manifestado su apoyo a los planes de Colombia para convertirse en un exportador de energía.

El otro argumento principal que esgrime la empre-sa en favor del Quimbo es que se trata de un proyec-to de desarrollo social y económico para la región. A lo que Asoquimbo ha contestado que las principales consecuencias que tendrá este proyecto será la grave vulneración de los Derechos Humanos de las y los ha-bitantes de la región, forzando el desplazamiento de unas 2000 personas, entre las cuales existen poblacio-nes vulnerables a las que no se les ha garantizado el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas, ni alternativas productivas.

El Ejército al servicio del QuimboEl gobierno colombiano no sólo está permitiendo el

expolio de los recursos naturales por parte de empresas nacionales y transnacionales, sino que además pone al ejército a su servicio, garantizando que el expolio se va a efectuar con las mayores garantías de seguridad. Una clara muestra de cuál es la función del Ejército: defen-der los intereses del gobierno, que no siempre son los intereses de las y los habitantes de la región.

En mayo de 2009, el Ejército Nacional de Colombia creó el Batallón Especial Energético Vial No. 12, den-tro de la Quinta División, formado por 1.200 soldados, cuyo objetivo es vigilar, entre otras infraestructuras del Huila, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. La crea-ción de este batallón ha supuesto una inversión total de 110.000 millones de pesos, financiado en un 40% por la empresa y un 60% por el Ejército, según declara-ciones del general Pérez Laiceca, a El Tiempo (3).

Los días que estuvimos en la zona, acompañando al grupo de pescadores que estaban acampados a orillas del río Magdalena, pudimos constatar la gran coordina-ción que había entre la seguridad privada de la empre-sa, el ejército y la policía.

Intentando evitar el desvío del ríoAsoquimbo tenía muy claro que el desvío del río, ma-

niobra imprescindible para poder realizar la construc-ción del muro de la represa, significaría prácticamen-te la no posibilidad de dar marcha atrás al proyecto. Conscientes de que marzo era el mes elegido para eje-cutar el desvío, iniciaron el 2012 con la convocatoria de un paro regional. Éste se inició el 3 de enero de 2012 y duró 15 días, durante los cuales se consiguió parali-zar las obras. Al cabo de estos 15 días, Asoquimbo y

las autoridades municipales, regionales y nacionales, firmaron un acuerdo que contemplaba el cese de las protestas y la instalación de siete mesas temáticas para tratar las distintas problemáticas que han planteado los habitantes en relación con la obra. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incumplió los acuer-dos suscritos con Asoquimbo el 17 de enero, al retirar-se de estas mesas temáticas, por lo que la organización volvió a convocar acciones de resistencia civil a partir del 5 de febrero, apoyando y fortaleciendo la presencia de pescadores artesanales en las Playas del río Magda-lena en las zonas del Domingo Arias (Paicol) y la Honda (Gigante), donde se realizan las obras.

El alcalde de Paicol concedió el amparo policivo a la empresa y ordenó el desalojo de estos pescadores, que se hizo efectivo el 14 de febrero. Este día, miembros de IPO intentamos acceder a la zona para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y nos fue impedido el paso. Por lo que nos contaron periodistas que sí pudieron acceder a la zona, a pesar de que los pescadores resistieron de forma no-violenta, el Escua-drón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía Nacio-nal lanzó gases lacrimógenos, causando tres personas heridas, entre la cuales Luís Carlos Trujillo, que perdió su ojo derecho. Al día siguiente, se produjo un nuevo desalojo, esta vez sin orden judicial, en la vereda El Espinal (municipio de Gigante). Y finalmente el 16 de febrero los agentes antimotines volvieron a arremeter contra los 30 campesinos que permanecían en la pro-testa.

Finalmente, del 3 al 6 de marzo, Emgesa hizo efectivo el desvío del río Magdalena. Pero el río también quiso manifestar su opinión y debido a las lluvias, el 11 de marzo se produjo una creciente, que ocasionó filtracio-nes en la estructura de cierre (4) (parte de la obra dise-ñada para contener crecientes y eventuales aumentos del caudal) y produjo un impacto ambiental no previsto: 2.055 peces quedaron atrapados, de los cuales 917 se

Foto: Irantzu Pastor - IPO

Sección Huila

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encontraron muertos. La empresa declara estar toman-do medidas al respecto (5).

Esto tiene como consecuencia la demora en el des-vío definitivo del río. El 9 de marzo la Ingeniera San-dra Chávarro de Emgesa informó que de acuerdo con las estimaciones de la empresa, la desviación total del río a través del túnel, y el consecuente secado del lecho del río, no se llevará a cabo hasta el mes de octubre de 2012, por cuanto el agua seguirá infiltrándose a través de la pre-ataguía.

Próximas movilizacionesAún no está todo perdido y así lo creen firmemente

desde Asoquimbo, que no han parado de trabajar en todo este tiempo y que ante esta nueva fecha para el desvío definitivo del río Magdalena, ya están preparando nuevas movilizaciones.

De momento, Asoquimbo se ha integrado al Movimien-to por la liberación y la defensa de la madre tierra, mo-vimiento nacional que aglutina distintos procesos de re-sistencia con el propósito de defender los territorios, la biodiversidad, el patrimonio cultural y las comunidades

afectadas por los megaproyectos minero-energéticos y agro negocios, concesionados por el Gobierno colom-biano a las corporaciones nacionales y transnacionales.

En el marco de este movimiento, se están organizando dos grandes movilizaciones. La primera, el 19 de junio, en que tendrá lugar el Festival del Sol, una marcha de 8 días que saldrá de la laguna en la que nace el río Mag-dalena y llegará hasta la zona en la que se está constru-yendo El Quimbo. Y finalmente, para el 20 de julio, se está programando una nueva y definitiva ocupación de la zona. Desde la convicción de que la población civil organizada puede frenar un proyecto como este, segui-remos apoyando este proceso en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de las y los habitantes de la región.

Notas:1.http://millerdussan.blogia.com/2011/071501-asoquimbo-logros-de-la-desobedien-cia-y-resistencia-civil.php2.http://www.endesa.com/es/conoceendesa/lineasnegocio/principalesproyectos/Pagi-nas/Colombia.aspx3.http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-34404504.http://www.proyectoelquimboemgesa.com.co/site/Default.aspx?tabid=2135.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxxdWltYm9tb3ZpbGl6YWNpb258Z3g6MTMzNmIyNjdiZWE4OWIzMQ&pli=1

Las dos compañeras de IPO llega-mos a la zona del Quimbo por pri-mera vez a principios de Febrero, en un carro y atravesando todas las nuevas infraestructuras que está construyendo la empresa Emgesa, por fin llegamos a la orilla del río Magdalena. Al otro lado vimos que estaba situado el campamento de resistencia de los pescadores de la zona. “Vamos a la resistencia” era sinónimo de vamos para el campa-mento.

Estuvimos allá, viviendo y compar-tiendo las vivencias con los pesca-dores de la zona, que llevaban ya un mes viviendo en esa orilla, era como una playa de pequeñas casitas de plástico... y en el horizonte la gigan-tes obras de la hidroeléctrica, ca-miones trabajando 24 horas al día, focos gigantes de luz, excavadoras, trabajadores con sus cascos ama-rillos, ruido... la viva imagen de la

destrucción de una tierra que no les pertenecía. Desde un alto del “otro lado de la orilla”, la seguridad priva-da de EMGESA, así como miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional se ponían a observarnos todo el tiempo, parecía que éramos un divertido pasatiempo para ellos. Las potentes y constantes lanchas blancas de los trabajadores de la em-presa en frente de dos canoas, que utilizaban los pescadores para mos-trarnos la destrucción de las obras. En el campamento, nos dedicamos a hablar, discutir, entendernos, coci-nar, aprender a tejer redes para pes-car, a barequear (la forma tradicio-nal y manual de buscar oro al lado del río con una especie de bandeja de madera llamada batea),... y todo esto con una presencia constante de soldados del Ejército a nuestro alre-dedor. En el ambiente se respiraba cada vez más tensión, cada vez veía-mos que llegaban más tanquetas de

la policía y no se sabía cuándo iba a producirse el desalojo. Nosotros siempre nos cuidábamos de perma-necer dentro de los 30 metros a la orilla del río, ese espacio declarado público e inviolable por la misma constitución colombiana.

volvimos una semana más tarde, el día anterior del desalojo del cam-pamento. Llegamos por la noche en autobús y nos encontramos que en el cruce del camino para bajar al lado del río, había dos tanquetas de la policía, un cordón policial y sol-dados del Ejército. Era de noche, ante ellos estábamos un periodista italiano, la presidenta de ASOQUIM-BO y las dos integrantes de IPO, les pedimos dejarnos pasar para bajar al campamento, queríamos tranqui-lizar a los pescadores y poder estar en el momento de desalojo para hacer una verificación de Derechos Humanos y ver con nuestro propios ojos el comportamiento de la fuerza

Desde las obrasIrantzu Pastor- IPO

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pública (y privada). El camino es de uso público, se negaron a dejarnos pasar, pedimos que se identificaran los policías, no lo hicieron.

Lo intentamos de nuevo a las cin-co de la mañana, ya que el desalo-jo se iba a producir a las ocho de la mañana, la presidenta de ASOQUIM-BO quería bajar para que el desalo-jo fuera lo más pacífico posible, se volvieron a negar. Cada vez había más personas en el cordón policial de la carretera sin poder ingresar a la zona, sólo dejaban pasar a los ca-rros de EMGESA. Nos alegaron que era por seguridad que no podíamos ingresar. Inicialmente también ne-garon la entrada de los medios de comunicación... pero viendo que ha-bía medios masivos como Caracol o RCN, desde arriba se dio la orden de sólo dejar pasar a estos.

La preocupación cada vez era más grande ya que estaba claro que el desalojo se quería dar en total im-punidad y sin ninguna presencia de observadores internacionales como éramos nosotras, así lo afirmaban, emitiendo en directo, los medios. Ya eran las ocho y media cuando los pes-cadores empezaron a llamar a líderes de la asociación afirmando que había empezado el desalojo, desde donde estábamos sólo se daban indicacio-nes de mantenerse tranquilos, aga-rrados de las manos pacíficamente, en una cadena mirando al río Mag-dalena. Así lo hicieron. En el retén se

hizo un silencio... de fondo los es-taban gaseando y echando bombas. Empezaron las llamadas de nuevo, había varios heridos. El silencio se rompió y las cincuenta personas que estaban a nuestro alrededor empeza-ron a ir hacia el cordón policial del ESMAD, que ya estaban con la cara cubierta, a reclamar que les dejaran pasar: “vamos a ir a buscar y sacar nuestros heridos!! son nuestros fa-miliares!”. Empezaron a salir más po-licías antidisturbios de los camiones y acercaron las tanquetas de agua, la gente no se echaba para atrás, “son traidores de la patria! vendidos al ca-pital extranjero!”. Una periodista que presenció la brutalidad policial del desalojo, salió de la zona llorando y nos contó que algunos policías iban cogiendo a los niños de las manos de sus padres y diciendo que les quita-rían la custodia.

Estuvimos un buen rato hasta que vimos salir una ambulancia, era el campesino que ha perdido el ojo, después iban sacando a todos los campesinos y pescadores.

Nos reencontramos con muchos pescadores que habíamos conocido en el campamento, muchos de ellos sin zapatos, con las ollas en la mano y abrazaban a sus amigos y familia-res, entre gritos multitudinarios de “Abajo la multinacional!! que vivan los campesinos de Colombia! Que viva la resistencia civil!!”.

“En el horizonte las gigantes obras

de la hidroeléc-trica, camiones

trabajando 24 ho-ras al día, focos gigantes de luz,

excavadoras, tra-bajadores con sus cascos amarillos,

ruido... la viva ima-gen de la destruc-ción de una tierra que no les perte-

necía.

La policía impedió que los observadores internacionales de IPO accedieran a las obras durante el el desalojoFoto: Irantzu Pastor - IPO

International Peace Observatorywww.peaceobservatory.org

Acompañando procesos de autodeterminación

El International Peace Observatory -IPO- es una organización de solidaridad internacional con Colombia. Desde el 2005 nuestra misión consiste en realizar acompañamiento interna-cional a organizaciones campesinas en proceso de resistencia no violenta y puntualmente otras organizaciones defensores de DDHH. Los prin-cipios que nos guían son la autodeterminación, la solidaridad, la conciencia social, la democ-racia participativa y la alegría. El International Peace Observatory está conformado por gru-pos nacionales en Catalunya, Escandinavia y Es-tados Unidos teniendo una sede en Bogotá, Co-lombia. Entendemos el acompañamiento como un medio que, a través del mecanismo de pre-sión-disuasión, protege a las comunidades en riesgo gracias a la presencia de observadores internacionales. Al mismo tiempo, es un in-strumento para recoger informaciones sobre la situación de DDHH y DIH en las regiones acom-pañadas. La comunicación es un eje fundamen-tal de nuestro trabajo: a través de una red de apoyo nacional e internacional difundimos el material recogido. Asimismo, identificamos como parte fundamental de nuestro accionar, la gestión y realización de talleres, cursos y proyectos técnicos promovidos y realizados de forma conjunta con las organizaciones.

Por su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos IPO ganópremios en Catalunya y Dinamarca

Con pocos meses de diferencia el International Peace Observatory -IPO- ha recibido dos premios por su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos. Un reconocimiento que, sin menospreciar la cuantía económica que representa para nosotros, es sobretodo un reconocimiento moral a nuestro trabajo. Primero fue el premio con-cedido el 2 de noviembre pasado por el Consell Nacional de la Juven-tut de Catalunya -CNJC-. Esta entidad catalana es una plataforma no gubernamental que reúne a 92 entidades juveniles de ámbito nacio-nal catalán y consejos locales de juventud. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entiende el asociacionismo juvenil como un instrumento de transformación social en manos de la gente joven. En la convocatoria en la que resultamos ganadores se priorizaron los proyectos que tenían como temática el fortalecimiento de la democ-racia y el fomento de los Derechos Humanos.

El segundo premio que recibimos vino de Dinamarca otorgado por la Fundación Carl Scharnberg. Gran satisfacción nos produce este reconocimiento pues el activista danés Carl Scharnberg (1930-1995) entregó toda su vida a la lucha por los Derechos Humanos, la soli-daridad y la paz. Valores que a día de hoy, la Fundación que lleva su nombre apoya de manera decidida. Como es a través de los premios que otorga cada junio.