pa'lante nº 6

Boletín del International Peace Observatory - IPO Marzo 2009 No. 6

Pasa a la página 21

INDICE

Editorial 2

Resistiendo el Despla-zamiento Forzado en Colombia

3

Comunicado de CAHUCOPANA

5

Noticias Regionales:

Tolima: Entre Conflic-to Armado Y Recursos Naturales

6

Aportando a lasoberanía alimentaria en Arauca

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Fortaleciendo Hermandades En El Guamocó

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Los campesinos y el pueblo Barí en defensa del territorio

12

Historia de un Acompañamiento:

La Trinidad entre el invierno y el olvido

14

C o n t e x t o s Politicos:

Conozca a Arauca: Datos y Hechos

17

Sigue:

El Ariari: Región olvidada pero llena de vida

20

El Ariari: Región olvidada pero llena de vidaPor Covadonga Chaverri Suárez

El trabajo de IPO en Colombia sigue am-pliando. Este año, despues de varias entradas a partir del 2007, empezamos a compañar de forma permanente a la lucha por los Derechos Humanos y la paz en el Ariari.

La subregión del Ariari está situada en el Departamento del Meta. Dicha región la inte-gran los municipios de: Guamal, San Luis de Cubarral, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Gra-nada, Fuente de Oro, Puerto Lleras, Puerto Rico San Juan de Arama y Puerto Concordia.

La historia del Ariari y sus habitantes vie-ne caracterizada por los procesos de coloni-zación que se llevaron a cabo en a partir de los años 50 debido a la violencia partidista en el país. Después de la amnistía guerrillera de 1953, esta área se vio abocada a un nuevo con-flicto entre los colonos que estaban dirigidos por líderes de orientación comunista y grupos

dedicados al bandolerismo1.A partir de este momento, surgen las ligas

campesinas a través de las cuales los habitan-tes de esta zona buscan definir la forma dis-tribución de las tierras. A finales de la década del 50 crean el Frente Democrático con el propósito de organizar a la comunidad. Sobre 1962 deciden formar el sindicato agrario cuyo propósito principal era solucionar los proble-mas del campesinado derivados de la escasa presencia estatal, traducida en la ausencia de una política agraria clara y la falta de una infra-estructura adecuada para la comercialización de los productos.

Hacia los 70 se empiezan a dar los primeros procesos de legalización de la tierra por parte de algunos propietarios ante el INCORA (Ins-tituto Colombiano de Reforma Agraria). No

Manifestaciñon en Bogotá contra impunidad en asesinatos del Ariari. Foto: Hècto Lou

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I N T E R N A T I O N A L P E A C E O B S E R V A T O R Y

Editorial: buscando una salida política al conflicto

Referirnos a la problemática colombiana en los últimos sesenta años es quizás hacer justicia a los orígenes de uno de los conflictos más antiguos de Latinoamérica. Por más de cuarenta años Colombia ha vivido inmersa en una cruenta guerra que tiene su origen en las profundas desigualdades sociales, un sistema económico y político excluyente que ha beneficiado a una gran minoría de terratenientes, grupos políticos corruptos y perpetuos, la mafia, el gran capital y los intereses de las multinacionales; en detrimento de la mayor parte de la población, con más del sesenta por ciento en la pobreza, mi-llones de desplazados y una violación sistemática de los Derechos Humanos (DD.HH) e infraccio-nes al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se traduce en la actualidad en una profunda crisis humanitaria, agudas tensiones sociales, de-gradación del conflicto social y armado, y severas dificultades económicas.

En una sociedad en crisis como la colombia-na es imposible que los jóvenes se encuentren al margen de múltiples problemáticas. La juventud, que en cifras oficiales representa casi el 30% de la población, es la más afectada por el drama social del desempleo, las medidas de la contratación tem-poral, la subcontratación y la informalidad; todo esto ha contribuido a que once millones vivan en la total indigencia. De los 21 millones de colombia-nos menores de 18 años, 10,4 millones viven en si-tuación de pobreza, y 1’512.000 en condiciones de miseria; 2,5 millones son maltratados; 35 mil son explotados sexualmente; 35 mil viven en las calles y 2,5 millones trabajan. En el campo del conflicto político armado son jóvenes quienes conforman y diariamente combaten en cualquiera de los ejér-citos en contienda, es decir, el del establecimien-to con su ejército oficial y para estatal y el de las fuerzas insurgentes. Situación alimentada especial-mente en el actual gobierno donde mediante la vía de los soldados campesinos, profesionales, redes de informantes, entre otros programas y proyec-tos como el de reforma al servicio militar obliga-torio, enmarcados en la “seguridad democrática”, se alimenta la vía guerrerista, beneficiándose de la crisis social para llevar como carne de cañón a miles de jóvenes al campo de batalla. La juven-tud, especialmente los sectores más organizados

y activos, como el movimiento estudiantil y de-fensores de DD.HH en las universidades han sido victima directa del plan de persecución y recorte de libertades fundamentales; en los últimos años se han incrementado el número de amenazas, des-apariciones, torturas y asesinatos a dirigentes. En los tres últimos años se han registrado más de 200 asesinatos de estudiantes, profesores y trabajado-res Universitarios por causa del paramilitarismo.

Además del desplazamiento interno de este país que durante el año 2008 ha aumentado en más de un 25%, cientos de miles de Colombianos han sido obligados a emigrar o exiliarse hacia otros países (como EE.UU, España y el resto de Europa) victimas de las políticas económicas de los gobier-nos de turno, y de la persecución a causa de sus ideas o concepciones políticas, uno de los colecti-vos más afectados por esta situación han sido los jóvenes que han tenido que abandonar sus raíces en busca de nuevas oportunidades que les han sido negadas en su propio país.

El gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez niega la existencia del conflicto y sus oríge-nes, encuadrándolo en la guerra contra el terroris-mo y el narcotráfico produciendo su degradación y agravamiento, obstaculizando una salida política negociada con los grupos guerrilleros, marcada por el estancamiento del diálogo con el Ejército de Li-beración Nacional y la inexistencia de acercamien-tos con las Fuerzas Revolutionarias de Colombia (FARC-EP); la solución de temas fundamentales como el Acuerdo Humanitario (AH), así mismo como la consolidación de la impunidad mediante la llamada ley de justicia y paz que deja a las miles de victimas del paramilitarismo sin justicia, verdad y reparación para los crímenes de lesa humanidad cometidos por esa organización criminal.

Uno de los temas que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos es el Intercambio Humanitario. Desde hace más de una década el canje de pri-sioneros entre el gobierno y la insurgencia de las FARC – EP, ocupa los incesantes esfuerzos de mu-chos sectores a nivel nacional e internacional para lograr poner fin al cautiverio de los retenidos. Los obstáculos para llevar a cabo el Intercambio Hu-manitario radica en primera instancia en la política de guerra del gobierno que no reconoce la exis-

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w w w . p e a c e o b s e r v a t o r y . o r g

RESISTIENDO EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA

Defensa de la tierra empuja abogados al fuegoPor Eric Schwartz - IPO

“Señores de Yira Castro : Irene López y Claudia H, en el 2008 estuvimos tras sus paso vigilando sus quehace-res diarios y hemos comprobado que ustedes continúan apoyando a la Coordinación Nacional de Desplazados y concretamente al guerrillero de la Farc Rigoberto Ji-ménez ... tenemos orden expresa del bloque capital de las Águilas Negras de asesinarlo lo antes posible ... y si Yira Castro continúan apoyando a ese Guerrillero no respondemos

Atentamente Águilas Negras AUC Bloque Capital”

Cuando cuatro jóvenes abogadas se juntaron en el 2001 para formar la Corporación Jurídica Yira Castro, tomando el nombre de la destacada líder del Partido Comunista Colombiano Yira Castro, ya sabían que su trabajo podría llegar a ponerles en peligro. Defensores de derechos humanos y líderes que luchan por la justicia social, han sido asesinados en esta guerra sucia que se lleva en Colombia finan-ciada por los Estados Unidos. Pero en los últimos dos años, la persecución estatal y paramilitar se han convertido en una inescapable realidad de todos los días, tanto para las abogadas de la Corporación como para el líder social Rigoberto Jiménez.

En junio del 2007, la sede de la Corporación fue allanada ilegalmente y fueron robados compu-tadores e información sobre procesos legales por desplazamiento forzado y despojo de tierras. Ese mismo año, unos pocos meses antes de llegar la na-vidad, la abogada Irene López encontró un mensaje en su casa que decía “Vas a morir el 24 de diciem-bre...”. Las abogadas de la Corporación también han sufrido seguimientos por presuntos agentes de

inteligencia del estado. Desde el robo de su sede, han recibido ocho correos electrónicos amenazan-tes, todos con un lenguaje y mensaje parecido. El correo más reciente fue acompañado por un ata-que hacker altamente sofisticado que bajó su pági-na web durante casi una semana.

Los correos amenazantes llevan la firma del grupo paramilitar Águilas Negras. La mayoría de los paramilitares colombianos de las AUC “nego-ciaron” un acuerdo dócil de desmovilización en el 2005. El acuerdo no solamente brindó concesio-nes enormes a algunos de los peores criminales de guerra de Latinoamérica, sino que también dejó impunes a los terratenientes, oficiales del ejército y élites políticas que impulsaron la estrategia pa-ramilitar. Aunque los grandes medios y el gobier-no colombiano insisten en llamar a estos grupos “bandas emergentes”, usan los mismos métodos de terror contra el movimiento social, que los anti-guos paramilitares supuestamente desmovilizados. La estrategia sigue igual: las fuerzas de seguridad “subcontratan” el trabajo sucio a grupos aliados, o la misma fuerza pública ataca a civiles de manera encubierta y después culpan a bandas criminales.

Cuando se robaron archivos con información y computadores de la sede de la Corporación

Yira Castro, la policía colombiana atribuyó el crimen a la delincuencia común, a pesar de que el hecho fue el tercer incidente de “robo de informa-ción” a organizaciones de derechos humanos en tan sólo tres semanas. Unos pocos meses después del allanamiento ilegal, la agencia de inteligencia SI-JIN solicitó interceptaciones de correos electróni-cos para decenas de organizaciones colombianas

tencia del conflicto y se ha empeñado a fondo en el rescate militar; con funestos resultados. Por otro lado las condiciones inamovibles que se plantean desde cada una de las partes, como el despeje de dos municipios exigido por la guerrilla, o la negativa del presidente de que los eventuales guerrilleros canjeables vuelvan a tomar las armas. La legislación internacional a la cual esta suscrita Colombia a tra-vés del DIH, ampara el intercambio humanitario de prisioneros; lo cual convierte este tema en un

problema político más que legal. En los últimos me-ses con la mediación de la senadora colombiana Piedad Córdoba y Colombianos y Colombianas por la Paz, se abre una posibilidad de materializa-ción del AH, el creciente interés y solidaridad en la comunidad nacional e internacional, contribuirá sin duda decisivamente a lograr una solución definitiva a este tema y permitirá abrir caminos de Paz, que es el deseo de la gran mayoría de los colombianos y colombianas.



de derechos humanos, entre ellas la Corporación Jurídica Yira Castro y la ONG internacional FOR.

Incluso si el estado no hizo estos allanamientos directamente, queda claro que le interesaba tener información sobre el trabajo que realizaban la Cor-poración y FOR, y además que estaban dispuestos a pagarla. El Ministro de Defensa ha ofrecido pagar una recompensa por “información de interés para la inteligencia del estado.” La Directiva 29/2005 del Ministerio de Defensa, emitida de manera secreta en noviembre del 2005, pone el precio de 1.500.000 pesos para cada computador o disco duro.1

Las investigaciones superficiales del robo no han esclarecido los hechos ni aportado resultados,

igual que las investigaciones a decenas de allana-mientos ilegales a las sedes de ONGs colombianas en los últimos años. Las indagaciones a los correos amenazantes tampoco han dado resultados. La Corporación Jurídica Yira Castro ha denuncia-do que “entidades estatales pudieron estar com-prometidas con el allanamiento ilegal a nuestra sede.”2

Exigen que el gobierno colombiano reconozca la legitimad de su trabajo y se pronuncie política-mente en contra de los ataques, que depuren los archivos de inteligencia en que figuran los defenso-res de derechos humanos y que brinden las medi-das de protección necesarias a los integrantes de la Corporación. Pero mientras tanto, siguen con el mismo trabajo que les lleva a ser objetivo de ame-nazas y persecución: el apoyo solidario a los que luchan para defender o reclamar su tierra.

Campesinado y territorio: Resistiendo al desplazamiento forzado

“Era desastroso ver como llegaron, deforestaron toda la zona de bosque maderables, posteriormente

empezaron a matar campesinos... A mí me mataron dos hijos ... y me dijeron que desocupara si no quería que me pasara lo mismo que a mis hijos.

Me fui para una vereda cercana pero llegaron allí también ... me obligaron a firmar documentos de la finca a nombre de una familia reconocida en la zona. Luego me advirtieron que si llegaba a decirle a alguien lo ocurrido me moría, que agradeciera que me deja-ban vivir. Yo tuve que salir ese día de la zona y aquí estoy…”

testimonio de un campesino, de “La verdad detrás del desplazamiento forzado,” un informe reciente pu-blicado por la CJYC.

Más de cuatro millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en Colom-bia en los últimos veinte años. Los paramilitares y el ejército sacan a los campesinos de sus hoga-res para el control militar del territorio, pero lo que más impulsa el desplazamiento forzado es la apropiación de la tierra. Una vez que sacan a la gente de sus parcelas, la tierra robada se usa para la ganadería extensiva, latifundios de monocultivos destinados a la exportación como la palma africana o la caña de azúcar, o la extracción de recursos naturales. Mientras las empresas multinacionales se meten a transformar lo que era una pequeña finca productiva en una mina de carbón o un cam-po petrolero, los campesinos desplazados hacen lo que pueden para sobrevivir en las grandes ciudades colombianas.

Rigoberto Jiménez, amenazado de muerte en varios correos electrónicos mandados a la Cor-poración, llegó a Bogotá después de que los pa-ramilitares lo obligaran a huir de su casa en el nor-occidente de Colombia. Con la Coordinación Nacional de Desplazados (CND), Rigoberto empe-zó a trabajar para la prevención del desplazamien-to forzado y para el derecho de los desplazados de regresar a su tierra. Sus esfuerzos han hecho que las mismas amenazas y ataques que lo sacaron de su residencia en los 90 lo han perseguido en su nuevo hogar.

Los integrantes de la Corporación apoyan a la CND y a otras organizaciones de desplazados con acciones jurídicas para reclamar su tierra y para exigir que el gobierno cumpla con sus obligacio-nes con los desplazados. También hacen denuncias públicas para sensibilizar sobre el desplazamiento forzado y talleres de derechos humanos para que



las organizaciones de desplazados mejoren sus procesos organizativos en pro de exigir sus de-rechos.

Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antio-queño) es otro grupo que recibe el apoyo de la Corporación Yira Castro. Y si bien en la ciudad los integrantes de Yira Castro toman el bus para llegar a sus reuniones con la CND, en la región campe-sina, montan mulas o cogen camiones por puras trochas para llegar a sus talleres con Cahucopana. La organización agrupa a campesinos del Nordeste antioqueño que enfrentan el mismo tipo de ame-nazas y violencia que desplazó a los miembros de la CND. El gobierno colombiano ha entregado en concesión 21.000 hectáreas, ahora habitadas por campesinos, a una filial de la multinacional Anglo Gold Ashanti.

En el territorio que la Anglo Gold Ashanti pre-tende convertir en mina de oro a escala industrial, campesinos locales usan la tierra para cultivar su comida, para ganarse la vida con la extracción ar-tesenal de madera y como centro de su cultura y sus comunidades. Con el apoyo de la Corpora-

ción Yira Castro, Cahucopana ayuda a los campe-sinos en su resistencia al desplazamiento forzado y denuncia las violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército que pretenden abrir el campo para la Anglo Gold Ashanti.7

Según una de las abogadas de la Corporación, su trabajo ha atraído represalias de parte de las élites económicas y del estado colombiano por-que, “No sólo tenemos un enfoque asistencialista, sino un enfoque de derechos, en el que los desplazados se reconocen como víctimas de un crimen de estado y demandan sus derechos a la verdad, la justicia, la repa-ración integral y la no repetición. Cuando uno empieza a hablar de lo que está detrás, de quién se ha benefi-ciado por el desplazamiento, ya toca ciertos intereses y genera ciertas reacciones.”

Notas

1. Carta de ONGs estadounidenses al Fiscal General Mario Igua-rán. 18 diciembre 2008.

2. Comunicado, Corporación Jurídica Yira Castro. 5 marzo, 2009.

3. “Se agrava situación de derechos humanos en el Nordeste Antioqueño.” Corporación Reiniciar. 13 abril 2007.

Solidaridad con la Corporación Jurídica Yira CastroComunicado de CAHUCOPANA

El jueves 26 de marzo fue enviada por los para-militares una amenaza de muerte a la Corporación Jurídica Yira Castro, organización defensora de los derechos humanos. En particular, se refieren a las abogadas Blanca Irene López y Claudia Erazo.

Este hecho se suma a una serie de hostigamien-tos y persecuciones en su contra, a causa de su labor en defensa de los derechos de los despla-zados y las comunidades campesinas. En la antigua sede de la organización no gubernamental se había intentado el ingreso violento, constatado por el forcejeo que presentaron las chapas de la oficina.

También se había dado la obstrucción injus-tificada de trámites legales de funcionarios de la corporación y el seguimiento intimidatorio de per-sonas extrañas. Así mismo, la corporación sufrió un allanamiento ilegal a su sede, el 22 de junio de 2007, cuando le fueron hurtados computadores y archivos.

Igualmente, el 15 de octubre de 2007 había sido

amenazada la abogada Blanca Irene López, quien recibió un mensaje manuscrito en su vivienda en el que se anunciaba su muerte. La Corporación Ac-ción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana), organización campesina que ha trabajado conjuntamente con la Corporación Jurídica Yira Castro en la defensa de los derechos humanos, repudia estos hechos que buscan infructuosamente intimidar a los defenso-res de los derechos humanos y a las organizacio-nes que asesoran a los sectores populares.

Enviamos nuestro mensaje de solidaridad y aliento a las compañeras amenazadas y las invita-mos a no mermar su valiente labor por los de-rechos humanos. Exigimos a las autoridades co-lombianas cumplir con su obligación de investigar y castigar estos hechos criminales, así como pro-teger efectivamente a los defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, comunidades y población civil en general.



Después de un desplazamiento masivo en la región del To-lima de las comunidades de las veredas de Las Pavas, Vegas del Café, El Piñal y Palmira hacia la cabecera municipal de Dolores, el pasado mes de noviembre se realizó la Misión Humanitaria por el Respeto a la Vida, los Derechos Humanos y la Perma-nencia de los Campesinos en su territorio.

El Observatorio Internacional de Paz (IPO) acompañó a las organizaciones de derechos humanos que se comprome-tieron a apoyar a las comunidades campesinas afectadas por el conflicto, efectuando una comisión de verificación de las de-nuncias y de las causas del desplazamiento. Hay que subrayar que en el 2006 las mismas familias ya habían sufrido un despla-zamiento causado por el conflicto armado interno. Otra vez, la mayor preocupación de los campesinos de la zona está rela-cionada con cuestiones de orden público. Durante la gira a las

veredas se pudo comprobar como la guerra en esta zona se adentra en las casas de los civiles, el ejército no respetando, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) acampa dentro de las fincas de los campesinos, estropeando y consumiendo sin permiso los cultivos. Se vio como las casas quedan entreme-dio de balaceras. Además se observó que las fuerzas militares acampan demasiado cerca de escuelas, en una se encontra-ron escritos como “guerrillas seban a morir perros” acompa-ñada por un dibujo de un fusil. Graves violaciones que junto con la persecución y las amenazas que sufre la población no sólo generan mucho miedo en las comunidades que allí viven y que siguen resistiendo, sino que también son causa de las complicaciones que se notan en los servicios sociales básicos como escolarización, salud y servicios sanitarios, que deberían ser garantizados por el Estado. En esta zona se denunciaron

Tolima: Entre Conflicto Armado Y Recursos Naturales

Por Cecilia Tamplenizza - IPO

NOTICIAS REgIONALES

Foto: IPO



también falsos positivos y se conocieron historias de desplazamientos de familias que huyen por el terror de denunciar el caso.

A raíz de una asamblea que las organizaciones de derechos humanos junto con las comunidades organizaron durante el desplazamiento en Dolores, invitando al Alcalde, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo y al Coronel y el Mayor de Derechos Humanos de la Brigada XVII y se estipularon unos pactos con los campesinos. A dos meses de tales acuerdos, IPO acompañó una vez más las comu-nidades y pudo observar que efectivamente la re-unión había logrado que se les escuchara. Se está llevando a cabo la reparación del acueducto, que fue destrozado por el ejército impidiendo a los habitantes de la vereda El Piñal y Vegas del Café el acceso al agua. Se arregló uno de los puentes en la carretera hacia Dolores que constituía un gran problema para la viabilidad y la seguridad de los campesinos. También pudo empezar con regulari-dad el curso escolar, que dependiendo de la vereda había sido interrumpido por muchos meses incluso hasta un año. En definitiva, fueron necesarios dos meses de desplazamiento, casi privado de ayuda humanitaria, en condiciones higiénicas y de salud muy precarias; una resistencia que se llevó a cabo hasta que algunos niños empezaron a enfermarse; una reunión que los campesinos organizaron invi-tando a diferentes organizaciones de DDHH para que las autoridades municipales atendieran; un re-greso sin garantías, para que fueran garantizados algunos de los derechos básicos.

A primera vista conversando con los campe-sinos, probablemente debido a tanto miedo y a la enorme desconfianza, todo estaba “regular o mejor que antes”. En la asamblea con los campesinos, el Mayor de DDHH se comprometió a hacer un lla-mado a las tropas para que cumplieran con el DIH y avisó de la existencia de la oficina de DDHH del ejército para poder hacer las debidas denuncias en caso de abusos. Declaraciones que han sido con-testadas por los campesinos haciendo notar que lamentablemente unas palabras no representan ninguna garantía y que es diferente el compromiso que pueda tener el Mayor de DDHH y el compor-tamiento de unas tropas en el monte.

A los dos meses de la reunión, las denuncias más difundidas siguen siendo las de abusos por parte del ejército a campesinos. Otra vez se han presentado las violaciones del DIH presentadas

en la reunión y denunciadas a las autoridades, se ha llevado a cabo la captura de un campesino por parte de seis civiles armados acompañados por un hombre con la cara tapada. El campesino detenido fue llevado al comando militar y después de unas verificaciones de antecedentes fue dejado en liber-tad a las 24 horas. Es muy preocupante si el ejérci-to efectúa detenciones de esta forma. Queda por ver cómo será el orden público después de que se haya efectuado el cambio de las tropas y de que haya entrado una nueva brigada cuyos mandos no han vivido este proceso de diálogo con la pobla-ción civil.

Además los campesinos afirman que se está dando en la región las falsas desmovilizaciones de

campesinos que se declaran guerrilleros. Una vez recibido el sueldo mensual como establece la ley de Justicia y Paz en lugar de salir de la región, que-dan como informantes del ejército. La obligación que impone la ley de salir de las regiones en las cuales se desmovilizan guerrilleros o paramilitares es de gran importancia sea por razones de segu-ridad sea por evitar casos como ese arriba citado. Una grave falta a la ley que permite a unos sacar un dinero a cambio de informaciones que, por lo que dicen quienes viven en la región, no son verdade-ras. En lugares donde hay mucha pobreza a veces el dinero es más importante que la vida misma y no se puede utilizar como forma de justicia, sobre todo cuando no se respeta la ley.

Unas consideraciones sutiles

Se lee en un artículo del diario colombiano El Tiempo: “En los límites entre Dolores y Villarrica está el hallazgo petrolero, aún no cuantificado(...) se desco-noce la magnitud del hallazgo, localizado en el límite

“En los límites entre Dolores y

Villarrica está el hallazgo petrolero,

aún no cuantificado... Se desconoce la

magnitud del hallazgo [pero] se trata

de un pozo muy importante.”



de los municipios de Dolores y Villarrica, pero que se trata de un pozo muy importante.” 1

Frente a la finca de uno de los campesinos que acompañaron la misión humanitaria, se extiende la Reserva Forestal Galilea, una zona muy afectada por el conflicto en la cual el desplazamiento en los últimos años fue tan masivo que no quedan sino dos familias autóctonas. Los campesinos de la re-gión son conscientes de los hallazgos de petróleo que se llevaron a cabo en la zona y más de una persona hace alusión a la relación entre los des-plazamientos y los proyectos de explotación de la multinacional canadiense Nexen y Ecopetrol.

Sigue el artículo, “Asimismo, el Gobernador (del Tolima, Óscar Barreto) manifestó que debido a que se trata de una zona con afectaciones de seguridad, él, en su calidad de mandatario, se comprometió a ofrecer las garantías a la compañía para que la explotación se efectúe sin contratiempos.”

Pero nadie tiene la facultad de ofrecer garantías a las comunidades campesinas.

Para aclarar sobre la gran riqueza de la zona hay que recordar que la reserva forestal Galilea, municipio de Villarica, confinante con el municipio de Dolores, donde estuvimos de visita, es parte de la “Cuenca Mayor del Río Prado en donde se encuen-tran varias áreas de gran importancia ambiental entre las cuales se destacan diecisiete humedales, siendo el

más representativo el Embalse de Hidroprado”.Las veredas El Piñal, Vegas del Café y las Pavas,

visitadas durante la gira humanitaria confinan al norte con el Municipio de Villarrica; al noroeste con el Municipio de Prado; y al oriente con el Departamento del Huila, Municipio de Colombia (Huila). Por estas tierras se extiende el Río Ne-gro y varios nacimientos que conforman la represa Hidroprado, que genera alrededor de 51.000 Ki-lowatios de energía y por el hermoso embalse de 42 KM cuadrados que constituye además un gran atractivo turístico.

Recientemente la Represa de Prado que era patrimonio público del Tolima, fue comprada por la multinacional española EMGESA (cuyo nombre en España es ENDESA, una empresa de energía eléc-trica que en Colombia genera el 21% de la energía del país según su sitio web). Además EMGESA está planificando construir otra grande represa en el municipio del Huila con el proyecto Quimbo.

Otro tema interesante es el de la privatiza-ción del agua. La compañía privada Aguas del Huila compró recientemente todas las aguas del Tolima supuestamente para ayudar al saneamiento básico del departamento.

Reiteramos nuestra preocupación hacia un modelo que discrimina la sociedad civil más débil, o sea la que vive en una región donde el Estado

Foto: Aran



Foto: IPO

no es capaz de construir alternativas y crear garantías al conflicto armado in-terno a las comunidades campesinas, pero sí a la economía y a las multina-cionales, que privatizando los recursos naturales ponen en riesgo a la población siendo el agua el recurso natural básico y fundamental por excelencia, derecho fundamental de todos/todas.

Ahora, estamos pendientes del In-forme de Riesgo llevado a cabo por la Defensoría del Pueblo departamental del Tolima para el municipio de Dolores. Esperamos que sea respetado por parte de las autoridades competentes y que se tutelen las familias que viven en la zona, que, aunque siendo los más débiles, son los que menos garantías tienen. Perso-nas acostumbradas a vivir en tierras muy ricas pero con muy pocos recursos que a menudo se les quitan debido al acoso, la persecución, las falsas acusaciones de terrorismo, un sistema que destruye proyectos de resistencia, de auto-organi-zación y de sueños de vida.

Notas:

1. El Tiempo, 4 de diciembre de 2008.

2. Corporación Autónoma Regional de Tolima. Proyecto Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Prado, 2006. Página 34.

Aportando a la soberanía alimentaria en Arauca

Esperanza, pequeña vereda de los llanos de Arauca es un lugar que antes tenía cantina y pro-fesor en la escuela, pero como consecuencia de la represión estatal a partir de detenciones arbitra-rias y masacres causadas por el conflicto entre los dos grupos insurgentes que operan en la zona, la vereda ha quedado abandonada. Aún así, los pocos habitantes que quedan viviendo allí, siguen resis-tiendo e intentando salir adelante a pesar de esta violencia. Por esta razón del 14 al 18 de abril del 2009 muchos de ellos participaron en el taller de agricultura orgánica que se realizó la Asociación Campesina de Arauca (ACA) en está vereda.

En el taller la comunidad aprendió como pre-parar abonos orgánicos que funcionan como re-pelentes y no matan la biodiversidad como los abonos convencionales. Aprendieron a hacer siete tipos, usando ingredientes como estiércol de vaca, cascarillas de arroz, ceniza, helecho, ají, etc.

Por Marie Hagensen - IPO



El tallerista, un joven integrante de la asocia-ción campesina, contó: “La gente tiene el derecho de decidir entre agrotóxicos que acaban la tierra y producen enfermedades, o agricultura orgánica que cuida la tierra y produce frutos con mucho más nutriente”. Las principales indicaciones or-gánicas que se recalcaron en el taller fueron: no usar agroquímicos, no hacer monocultivos, evitar arar y no quemar tierras. En lugar utiliza métodos como cultivos rotatorios, complementación de 2 ó 3 cultivos en el mismo sembrado, para esto se debe siempre tener en cuenta la capa verde y el uso de abonos orgánicos. las campesinas y los cam-pesinos participaron con mucho entusiasmo tanto en la parte teorética como en la parte practica de la taller.

La mayoría de los componentes de los abonos orgánicos, son productos que se pueden encontrar en las fincas de los campesinos que asistieran al taller, así que por lo tanto son más baratos que los abonos convencionales. Además argumenta el tallerista: “La gente no tiene que depender de las multinacionales para la compra de abonos ni de se-millas”. Lo grave de no mantener la independencia en el aumento de la venta de semillas genéticamen-te manipuladas es que los campesinos y las cam-pesinas de Arauca corren el riesgo de depender irreversiblemente de las multinacionales agroin-dustriales como Monsanto.

“Nosotros los campesinos manejamos el con-cepto de soberanía alimentaria, que es que noso-tros los campesinos podemos sembrar nuestros alimentos en nuestras fincas y el poder decidir cómo.” Explica el tallerista. Soberanía alimentaria significa autosuficiencia local y nacional en todo que tiene que ver con alimentos y la conservación de los recursos relacionados con los alimentos. Además incluye la lucha por reformas agrarias y contra la comercialización de semillas. Para la asociación campesina la agricultura orgánica forma parte de la soberanía alimentaria.

El gobierno colombiano habla de seguridad ali-mentaria, por ejemplo cuando implementa grandes producciones de monocultivos. El tallerista comen-ta irónicamente: “Seguridad alimentaria lo maneja el gobierno. Se trata de llenarnos con cualquier cosa, con cualquier tipo de alimento. A ellos no les importa si quedamos bien nutridos.”

El presidente de la asociación campesina expre-sa otro argumento importante: “La ACA se enfoca en la soberanía alimentaria porque es una parte importante de la lucha de los campesinos para so-brevivir en medio del conflicto armado que se vive en esta región”.

La ACA regresará a la vereda Esperanza en uno o dos meses para hacer seguimiento de los talle-res y mostrar a la comunidad cómo se aplican los abonos orgánicos directamente a la tierra y a las plantas. El tallerista piensa que la comunidad im-plementará los métodos aprendidos en los talleres: “Sí, en la medida que la gente tenga consciencia y aprenda. Y es que además comparando los precios, orgánico con agrotóxicos, lo orgánico es más ba-rato porque la materia prima se encuentra en la misma finca”.



El Guamocó es una zona aislada y montañosa en la alta Sierranía de San Lucas, departamento de Bolívar (nororiente del país). Mucha gente lo considera parte de la región del Magdalena Medio, pero su aislamiento geográfico hace que viva una situación política muy distinta. El pasado 23 y 24 de Agosto se celebró en Guamocó el encuentro de fortalecimiento organizativo de AHERAMIGUA (Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mi-neras de Guamocó). IPO asistió como parte de una comisión de organizaciones regionales con acom-pañamiento internacional, que se aventuró hasta el alto de Las Brisas.

Por la ubicación de la vereda, no es difícil dejar-se llevar por la imaginación al escuchar su nombre.Las Brisas se encuentra en la cima de una de las montañas que constituyen el Guamocó.

El camino para llegar es complicado y con fuer-tes pendientes, que si se transitan en época de mu-cha lluvia se convierten en trochas embarradas y pozos de lodo que dificultan y atrasan el camino. Después de muchas horas de camino la llegada a la vereda se convierte en un verdadero espectáculo de la naturaleza; al salir de la selva después de una terrible loma, se abre a nuestros ojos el increíble paisaje de las montañas. Parece posible poder ver brujas que con sus pociones difunden humos y va-pores en toda la zona.

Después de haberse uno estabilizado por el cambio de presión, gracias al ambiente fresco, no se tarda en visualizar que el humo no es más que nubes atrapadas entre la cordillera por la humedad de la zona, creando así el escenario de ese mágico paisaje donde las brujas son mineros, en su mayoría hombres, pero también hay mujeres que trabajan la mina. Se empieza a entender que mas allá de la belleza del territorio las dificultades que hay en ese pueblo perdido son muchas y que los derechos son poco respetados.

La propuesta de AHEROMIGUA ha tenido aco-gida, se aumenta el número de veredas que apo-yan su proyecto. Llegar hasta Las Brisas requiere para todos los que toman parte del encuentro ca-minar muchas horas, pero también, desarollar un proyecto en común de apoyo y crecimiento. Las hermandades se están fortaleciendo. El encuentro se desarolló con un taller de Drechos Humanos y

de su historia con el fin de caracterizar y diferen-ciar las problemáticas de cada zona de Guamocó, con discusiones y propuestas de grupo que creó un interesante diálogo entre las diferentes veredas. Muchos fueron los temas tratados y las denuncias que se presentaron. Se discutió sobre el modelo de desarollo sostenible y sobre cómo tener acuerdos con las multinacionales del oro.

Es productiva e interesante la posibilidad de escuchar las diferentes opiniones y de compartir las diferentes inquietudes. Con la presencia del empresario canadiense John Miller, se evalúan las condiciones de un posible acuerdo con su multina-cional del oro pero los problemas parecen ser más que los beneficios. Los mineros quieren tener un futuro estable, donde las veredas puedan tener más posibilidades y servicios. Trabajar para una multina-cional no tiene ninguna garantía más allá del 49% de la venta del oro en un mercado donde el valor del mineral es totalmente inestable. Las familias quie-ren obtener garantías y servicios públicos básicos para crear un mejor futuro sobre todo para sus hijos.

Los jóvenes de alguna forma no tienen ilusiones y se acostumbran desde muy pequeños a no tener ningún sueño mas allá de una vida mejor en la mina, por supuesto las condiciones en las que trabajan los mineros son de absoluta precariedad, insegu-redad, falta de herramientas, por no hablar de la falta de servicios básicos como centros de salud y escuelas. Ha habido denuncias de muerte por falta de asistencia médica durante las jornadas.

La respuesta del Estado es inexistente y se sustituye por la de las multinacionales, que en sus acuerdos proponen hacerse cargo de la construc-ción de carreteras para facilitar el trabajo de las mi-nas y de relucir dinero fácil para atar a los mineros sin garantías. Mineros que no pueden demostrar su trabajo porque no existe ningún tipo de contrata-ción, por consiguiente no existe ningún derecho. Las comunidades que desde hace décadas viven en estas tierras, necesitan construir sus proyectos para defenderse de quienes quieren explotar estas ricas tierras y robar las coordenadas de las minas. El futuro no se crea sin estabilidad. El cuento no es coger el tigre sino saberlo largar.

Fortaleciendo Hermandades En El guamocóPor Cecilia Tamplenizza - IPO



En el año 2008 los campesinos y el pueblo Barí en Catatumbo llevaron a cabo una caminata im-presionante a Cúcuta y además una gira con re-presentantes por Europa – Ambos proyectos en la defensa del territorio. Y la iniciativa seguirá.

Exel de la Asociación de Campesinos de Cata-tumbo (ASCAMCAT) recuerda claramente su pri-mer encuentro con los Barí: “Tenía más o menos 10 años, pues ahora tengo 33. Una mujer llegó a nuestra casa con su niño enfermo. Mi mamá tenía unas pasti-llas. Me dio una a mí para mostrar que no hacía daño y la mujer los recibió. Casi no hablaba español.”

Luego Exel fue desarrollando una relación de amistad con varias personas del pueblo indígena y

lograba entrar en los comunidades cerradas. En el año 2005 ASCAMCAT consolidó junto con el Co-lectivo de Abogados Luis Carlos Pérez una colabo-ración con el pueblo Barí de la campaña por la vida, la naturaleza, el territorio y la cultura. Es una unión singular en un país caracterizado por movimientos separados respectivamente: los campesinos, los in-dígenas y los afro colombianos.

Una colaboración complicada

Se puede dar distintos explicaciones de estas divisiones. Uno de los problemas es que el movi-miento campesino es fuertemente estigmatizado.

Así pues, entrando en una colaboración con los campesinos, los indígenas co-rren el riesgo de conseguir las mismas acusaciones inciertas de vínculos con la guerrilla. Además, el pueblo Barí tiene una desconfianza frente a todos los que vienen de fuera, acumulada a lo largo de su historia por antiguas y amargas expe-riencias.

Exel de ASCAMCAT explica la des-confianza empezando con la famosa Con-cesión Barco: Un acuerdo de licencia de explotar petróleo en el Catatumbo entre el gobierno colombiano y dos empresas gringas en el inicio del siglo XX. “Las mul-tinacionales empezaron a traer gente, abrir vías, a explotar y hicieron que la gente aga-rrasen tierras. Los campesinos que vinieron de Ocaña, de Cúcuta, de todos partes del país no sabían qué eran los indígenas. O sea, no eran indígenas, decían, sino indios. Y dijeron: “donde se ve indios darles plomo, matalos. Esta gente no siente, no tiene co-razón, ellos son animales”. Entonces fueron los campesinos los que los mataban. Y a los campesinos nos daban 1000 pesos por ca-beza de los indígenas.”

Así pasaron muchos años sin ninguna relación positiva entre los campesinos y los indígenas. “Pero hemos descubierto de acuerdo con la historia, hemos mirado tanto campesinos como indígenas que eran

CATATUMBO

Los campesinos y el pueblo Barí en defensa del territorioPor Nina Lendal - IPO

Comunidad Bridicaida de los Barí Foto: Alexander Lotscher

“Eran los multinacionales que nos pusieron a

eso. A que nos mataramos para que ellos nos

robaran los recursos naturales.”



los multinacionales que nos pusieron a eso. A que nos matáramos para que ellos nos robaran los recursos naturales.” termina Exel.

El territorio

El núcleo de la colaboración es la defensa del territorio y acá el líder campesino y el cacique de la comunidad Barí Sacundú están de acuerdo en que los campesinos pueden aprender mucho de los indígenas, pues muchos años de desplazamien-tos forzados han afectado la relación natural de los campesinos con la tierra. El cacique dice: “Desde este proceso los campesinos y los Barí nos unimos. Ha mejorado bastante. Los campesinos han sido conscien-tes de porqué estamos llevando la lucha, porqué El Pueblo Barí está defendiendo su territorio. Les hemos explicado también que el Barí no sólo es el Barí, como decimos nosotros ´el Barí es el Barí, pero la otra parte del Barí es la tierra´. La mayoría de los campesinos ha entrado en un consenso para convivir, están consientes que el territorio es el fruto que da todo para todos, tanto para los campesinos como para nosotros.”

Hoy las 23 comunidades Barí están ubicadas en 2 resguardos indígenas y 2 parques naturales, pero a pesar de esta supuesta protección el territorio del pueblo Barí está muy amenazado por los inte-

reses que están en juego. No solamente se trata del petróleo sino también las grandes cantidades de carbón y por lo menos 8 empresas están listas para empezar a explotar carbón bajo cielo abier-to en un área de nada más y nada menos que de 25.000 hectáreas en el Catatumbo.

El futuro mostrará si esta unión podrá disuadir más violencia y nuevos desplazamientos en el Ca-tatumbo. Que la lucha continua sí queda claro, por lo menos si se pregunta al cacique Barí sobre el próximo paso: “La protección de nuestro territo-rio. Seguir con el defensa del territorio, seguir con la lucha en defensa del territorio.”

Acompañando a ASCAMCATFoto: Alexander Lotscher

“El Barí es el Barí, pero la otra parte

del Barí es la tierra.”



CATATUMBO

La Trinidad entre el invierno y el olvido

El último recuerdo: Mi recuerdo de Trinidad y la vereda las Palmas era el de un pueblo organizado, casas de todos los colores, tiendas, almacenes, restaurantes, gente tomando el fresco, niños jugando por la calles, animales pastando, galli-nas picoteando, … el recuerdo de una zona muy bonita. Hoy el recuerdo que me tocó llevarme de esta población fue el de la desolación e indignación de toda la comunidad con el gobierno.

La noche del 2 al 3 de diciembre, yo estaba durmiendo con el ruido de la lluvia cayendo en el techo de la habitación cuan-do de repente la señora de la casa me avisó que teníamos que salir corriendo porque el caño que bajaba de Las Palmas se estaba desbordando y Trinidad corría peligro. En cuestión de segundos me cambié de ropa, cogí mis papeles, dejé mis per-tenencias y salí de la casa. Una vez en la calle sólo veía a gente que iba hacia todos lados, sin rumbo fijo. Mi cabeza sólo es-cuchaba voces “súbanse para el filo”, “vayámonos a Puerto Pato”, mi ojos sólo veían bajar cada vez más agua, las calles habían dejado de ser calles para ser el paso del caño y tocaba salir de allí. Sin darme cuenta, me encontré con una niña entre mis brazos y empezamos a caminar sin yo saber en qué dirección.

Con una gran sensación de desubicación me informaron que nos dirigíamos hacia Puerto Pato (una parte más alejada de Trinidad) lugar que no sabía dónde estaba. En pocos minutos llegamos a casa de unos conocidos donde nos acogieron para ver finalizar la devastadora noche.

Eran las seis de la mañana cuando empecé a observar los primeros desastres que había producido el caño, no había de-jado de llevar aguas marrones hasta ese momento, las calles llenas de barro, piedras, troncos, muros partidos, casas con ba-rro hasta el techo, casas inundadas, animales muertos, muebles por la calle entre todas aquellas miradas desoladoras de la población. Después de permitirnos nuestros minutos de des-esperación la primera reacción fue empezar a buscar dónde se había ubicado el resto de la comunidad.

Durante las siguientes horas empezó a bajar la gente de los filos, asegurando que no habían desaparecidos ni muertos, lo que nos dejó un poquito más tranquilos. La radio fue la primera en darnos la información de qué estaba pasando a nuestro alrededor, en las otras poblaciones. Después de es-cuchar las noticias y ver la realidad que nos rodeaba me di cuenta de la situación de emergencia y crisis humanitaria en

Por Meritxell Baulenas - IPO

HISTORIA DE UN ACOMPAñAMIENTO

Casa en La TrinidadFoto: Meritxell Baulenas



la que nos encontrábamos unas 150 familias con ancianos, niños y mujeres embarazadas.

La situación era crítica, el caño se había llevado por delante el acueducto que abastece a toda la comunidad, dejándonos sin agua potable, se había perdido parte de los comestibles, algunos animales habían muerto, dejándonos con pocos recursos alimenticios y con perspectivas muy negativas. Las diferentes fincas de Las Palmas tenían varios ba-rrancos a su alrededor y habían sido destruidos varios pasos o caminos para llegar a sus casas. No había acceso vía terrestre para llegar a Trinidad. Hacía días que la situación para entrar la comida a la zona era crítica debido a que las carreteras esta-ban en mal estado y los vehículos no entraban con mucha facilidad. Pero ¿cómo estarían las carreteras después de las fuertes lluvias? Era imposible entrar por carretera, eran puros barrancos y ni una moto podía pasar, con lo cual tocaba abrir caminos para pasar las mulas.

Nuestro único modo de comunicación con el exterior era a través del compartel, el teléfono del pueblo, el cual pasó a ser el punto de encuentro de gran parte de la población, desde allí empezó a realizarse el trabajo de la comunidad para pedir ayudas y el trabajo de IPO para denunciar la situa-ción y presionar a todas las autoridades.

Desde la comunidad se empezaron a hacer llamadas a Gobernación Departamental, Alcaldía, Defensoría del Pueblo y demás autoridades públi-cas que tenían a su alcance. La respuesta en un principio fue positiva y nosotros confiamos en ellos y sus promesas. IPO se puso en contacto con las diferentes autoridades militares y civiles de la zona. Nos habíamos pasado gran parte del día ha-ciendo llamadas y nuestra sensación era de haber logrado dar a conocer nuestra situación. Aquel día vimos llegar un helicóptero que sobrevoló la zona, pero no aterrizó y nos empezamos a preocupar ya que se nos acercaba de nuevo la noche y las autoridades competentes de la zona no nos habían prestado ninguna ayuda visible y empezaba a volver a llover.

Al día siguiente, 4 de Diciembre, nos llegaba la primera y casi única respuesta de las autoridades militares y civiles ante nuestra denuncia de la si-tuación. Eran las dos de la tarde aproximadamente cuando escuchamos el zumbido del primer heli-cóptero espía del ejército, nuestra desesperación de los dos días anteriores empezaba a ver una luz

de esperanza. En pocos minutos llegó el otro he-licóptero y aterrizó en el filo para descargar un grupo de militares de la Brigada Móvil nºXV del Ejército Nacional de Colombia, la cual opera en la zona y se distribuyeron en los alrededores de Trinidad. Al cabo de un rato llegó finalmente un helicóptero con otro grupo de militares, la Defensa Civil de Ocaña y ayuda para 120 familias. A partir de ese momento Defensa Civil junto con la Junta de Acción Comunal (JAC) e IPO, nos organizamos

para la repartición de las ayudas a las familias más damnificadas basándonos en el censo que se había estado elaborando el día anterior.

En pocas horas parecía que la situación de Trini-dad había tenido unas mejoras, pero no, eso no era todo. Trinidad y Las Palmas habían pasado a ser una zona militarizada desde los dos filos más próximos hasta el caserío dejando una extraña sensación en toda la población. En uno de estos filos el ejército se había instalado, siendo esto una costumbre, en una casa de civiles violando así el Derecho Interna-

Foto: Meritxell Baulenas

Me di cuenta de la situación de

emergencia y crisis humanitaria en la que

nos encontrábamos unas 150 familias con

ancianos, niños y mujeres embarazadas.



cional Humanitario y se les pidió que se retirasen. El otro campamento improvisado se encontraba entre Trinidad y puerto Pato, el cual en un prin-cipio, se había ubicado allí estratégicamente para poder controlar el helipuerto y brindar seguridad a éste. Pero en su momento algunos militares se dedicaron a hacer retenes a la población civil y a fomentar ciertos rumores falsos sobre algunos campesinos de la zona por tanto nos tocó interlo-cutar con ellos para recordarles cual era su función específica en el caserío.

Al día siguiente la población estaba conten-ta con las ayudas recibidas pero empezábamos a desesperarnos porque no veíamos respuesta por parte de las autoridades civiles hacia uno de los problemas más grandes con los que se encontraba Trinidad y Las Palmas, no entraban las máquinas prometidas desde gobernación y alcaldía para lim-piar las carreteras y también se esperaba la visita del Gobernador, el Alcalde y de un ingeniero o geó-grafo. Además Defensa Civil había declarado la po-blación de Trinidad y la vereda Las Palmas en zona de alerta roja (por su peligrosidad). Ellos aconse-jaron que toda la población del centro de Trinidad por donde pasaba el caño se reubicara pendiente de bajar y afectaba directamente las mismas zonas damnificadas.

A los dos días llegó una pequeña parte de la ayuda de Convención entrando con mula por ca-minos inhóspitos y con muchas dificultades, así re-

afirmando la gran necesidad de presionar para que arreglasen las carreteras.

Habían pasado ya diez días desde el desborda-miento del caño, toda la población de Trinidad y Las Palmas estaban esperando la prometida llega-da de los helicópteros militares con el Alcalde, el Gobernador, la entrada de la brigada de salud, la llegada de 8 toneladas de ayuda que había conse-guido reunir la población de Convención y Ocaña, la entrada de la maquinaria, etc. ¡aquella zona, ocho días antes, había sido declarada por el ejército y Defensa Civil zona de alerta Roja!

Llegado ese punto de desesperación una se pregunta ¿Por qué este olvido por parte de las autoridades? Todos sabemos que el Catatumbo es una región denominada zona caliente por la gran presencia de grupos armados ilegales y donde la política estatal siempre se ha traducido en pre-sencia militar y de policía, sin embargo, cuando la población requirió la protección del Estado, su res-puesta fue el abandono, la estigmatización, la milita-rización y la justificación de un fuerte invierno en todo el país. A pesar de la reinante impunidad, los campesinos víctimas del justificado fuerte invierno y en situación de emergencia y zona roja, motiva-dos por la esperanza de recuperar lo perdido, de retomar los sueños y proyectos de vida, empeza-ron a trabajar incansablemente esperando ver la participación de las autoridades públicas, las cuales en su momento no se dejaron ver.

Foto: Txell Baulenas



Filipinas, Arauca Foto: Txell Baulenas

Conozca a Arauca: Datos y Hechos

El departamento de Arauca se encuentra ubicado al orien-te de Colombia en la frontera con Venezuela y está situado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, con una extensión aproximada de 23.393 Km

Posee una gran importancia estratégica por su riqueza natural petrolera y por ser área de frontera. Se conecta con Venezuela a través de los municipios de Guasdualito, El Am-paro y La Victoria.

En contraste con la cercanía antropológica y cultural de los “llaneros” colombianos y venezolanos están los poblado-res del Piedemonte y las Serranías. Allí se encuentran ubica-das varias comunidades indígenas que conservan sus caracte-rísticas étnicas muy enraizadas. Ellos son los Uwa, Sikuanes, Cuibas, Guahíbos, Betoyes, Achaguas, Araucas, Airicos, Giraras, Chiriocas, Tunebos y Salivas

Los proyectos de infraestructura petrolera han tenido un impacto negativo para las comunidades asentadas a lo largo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que allí inicia.

Arauca está situado estratégicamente, su riqueza, además del petróleo y sus recursos hídricos, está precisamente en su localización geográfica. Su conlindancia con Venezuela y su cercanía al Brasil le permitirán al gobierno nacional desarro-llar la infraestructura necesaria para la implementación del

Acuerdo de Libre Comercio de las Americas - ALCA -, el intercambio de recursos y obras viales transnacionales a lo largo del continente teniendo como eje a Brasil, interés que no solo es de Colombia sino de los Estados Unidos.

En el departamento de Arauca la violencia política surgió a comienzos del decenio de 1980 cuando empezaron a explo-tarse las reservas de petróleo.

Las fuerzas de seguridad han seguido atacando a la po-blación civil, especialmente a los defensores de los derechos humanos, a los activistas sociales y a los dirigentes campesi-nos, sectores a los que el ejército acusa con frecuencia de actividades relacionadas con la guerrilla.

Durante los últimos años los grupos paramilitares han re-forzado su control y poder. De esta manera defienden los intereses económicos nacionales e internacionales y actúan conjuntamente con las fuerzas de seguridad para conseguir este objetivo.

El departamento de Arauca se militariza extremadamente desde el inicio de la explotación petrolera de Caño Limón. Las grandes reservas de petróleo son extraídas por las trans-nacionales O.X.Y. y REPSOL, las cuales necesitan ejercer un dominio regional para garantizar la explotación de este re-curso.

Por Núria Zapata Luna - IPO

CONTExTOS POLITICOS



Por lo tanto, si en el departamento de Arauca ocurren masacres, los únicos responsables son las transnacionales petroleras existentes en la región, porque son las únicas con el poder económico ca-paces de financiar la guerra sucia y el terrorismo paramilitar, agregando la gran militarización exis-tente que necesariamente compromete a las fuer-zas militares estatales.

La ACA (Asociación Campesina de Arauca)nació en el año 2000. Su trabajo consiste en un verdadero trabajo sostenible y la soberanía ali-mentaria. Mantienen una lucha por la defensa de los Derechos Humanos y una reforma agraria y de territorio en beneficio de los campesinos.

Nació con un comité impulsado por 8 personas en Aguachica, municipio de Arauquita. A raíz de lo

que fue el cáncer de la corrupción en los años ’60 propuesto desde el go-bierno, las juntas de acción comunal empezaron a ejecutar proyectos de inversión social mientras el estado fue permeable frente a la corrupción y algunos dirigentes públicos con los administradores comunales se roba-ron las finanzas.

La ACA empezó a promover la creación de una asociación que reco-giera todas las inquietudes y necesi-dades de los campesinos del depar-tamento, así se consiguió conformar en 5 municipios comités municipales y veredales y en las cabecera muni-cipales, se crearon comités barriales empezando a trabajar en el desarro-llo y en el respeto de los derechos humanos de los campesinos.

Continúan su trabajo con el ob-jetivo de desarrollo y de una real inversión en favor de la comunidad campesina por parte de la compañía petrolera. Desde la ACA y teniendo en cuenta en todo momento la pro-tección hacia el medio ambiente, han detectado la necesidad de asumir técnicas específicas en agricultura or-gánica y precisamente por esto han decidido impulsar estos talleres.

De esta manera los campesinos se verán liberados de la toxicidad de los productos, los costos de los fertilizantes, herbicidas, pesticidas…Todos estos, evidentemente, contro-

lados por las multinacionales de agroquímicos. Los campesinos no tienen prácticamente acceso a es-tos químicos, debido a los altos precios de éstos, por lo que se han visto obligados a buscar otras alternativas más económicas y por supuesto me-nos perjudiciales para el medio ambiente.

Arauca ha sido sometida a varias olas de fumi-gaciones aéreas destructivas en los últimos cinco años debido a la presencia de la coca. La transna-cional norteamericana Monsanto, produce el her-bicida que esparcen de manera indiscriminada en las comunidades. Ellos también son propietarios de la mayoría de pesticidas que se utilizan en el cam-po, arrasando con los cultivos legales (pancoger) e

Foto: Txell Baulenas



ilegales de manera indiscriminada. Está demostrado que este tipo de fumigaciones

produce unos efectos nocivos para la salud y las tierras. Pero se desconoce aún cual podría ser el alcance real de estos efectos en los seres humanos y en los suelos cuando hayan transcurrido unos cuantos años más.

En los talleres que ACA ha decidido poner en marcha, han realizado duras críticas al uso de quí-micos tóxicos entre los campesinos de la región. También los han alentado para que tengan hasta un total de veinte diferentes cultivos con las nue-vas técnicas y no sólo cultivos de Yuca, plátano y maíz que es lo más habitual en las regiones. Ade-más han llegado a crear fertilizantes realizados con excrementos y repelentes para insectos sin ningún tipo de químico.

El 75% de la comida en Colombia aún es produ-cida por los pequeños productores.Evidentemente y según los propios campesinos, especialmente los responsables de la escuela, ven este tipo de agri-cultura, totalmente incompatible con la química. Como dicen ellos mismos “se pretende crear una agricultura comunitaria, y de esta manera conse-guir una nueva sociedad.” Pero no lo tienen nada fácil y son muy conscientes.

Desde octubre de 2006, el ejército ha lanza-

do operativos militares de manera constante a lo largo de las zonas rurales del departamento, fumi-gando, bombardeando y ametrallando a las veredas con tropas, avionetas y helicópteros.

Un gran elemento de preocupación en Arauca, como en tantas regiones del país, son las ejecucio-nes extrajudiciales, o “falsos positivos” hechos que favorecen la política de Seguridad Democrática.

En Arauca también se ve el conflicto existente durante más de año y medio de las Fuerzas Arma-das Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejér-cito de Liberación Nacional (ELN). Esta lucha no es única y exclusivamente con el Estado colombiano, es además entre ellos mismos. No queda demasia-do claro el inicio de la lucha entre los dos grupos de la insurgencia, pero la violencia y asesinatos por venganza es una constante, y la población civil es la que sufre las consecuencias en todos los sentidos.

El Observatorio Internacional de Paz (IPO) lle-va cuatro años acompañando a la ACA y podemos afirmar que evidentemente no es una tarea fácil la que están realizando. Sobretodo si tenemos en cuenta la serie de factores y dificultades que les rodean, pero como dicen ellos también, “el apoyo del campesinado es su gran aliento.” Por parte de IPO, además de nuestro apoyo, cuentan también con una gran admiración.



obstante, muchos de los colonos no registraron sus tierras porque la tradición era la que definía la posesión, y en ese sentido eran reconocidos los dueños de las propiedades. En esta época ya se evi-

dencia un fuerte proceso de concentración de la tierra2.

En los 80 el paramilitarismo se hizo presente en la región con la ayuda financiera de grupos vinculados al narcotráfico.

Aparición de una propuesta alternativa: la Unión Patriótica

A partir de 1985, después del proceso de paz adelantado por las Fuerzas Armadas Revoluciona-rias de Colombia (FARC) con el Gobierno de Be-lisario Betancur, aparece una nueva propuesta polí-tica: la Unión Patriótica (UP). La UP fue un partido político formado por diferentes actores sociales, entre ellos las FARC, formando así un espacio para

permitir que dejaran las armas y apostaran por otro tipo de acción política.

Lo que diferencia en ese momento a la UP de los otros partidos políticos que en ese momento hacen presencia en Colombia es que ellos también tratan los problemas de la tierra y no sólo temas de participación política. Además es un espacio de convergencia para diferentes grupos, partidos polí-ticos de diferentes vertientes que cuestionaban de forma crítica las políticas sociales y económicas de las últimas décadas.

La larga tradición político-militar de las FARC en la región del Ariari convirtió en una posibilidad real la construcción de un proyecto político en la región. Las FARC, como insurgencia pensada desde el mundo campesino, había logrado un trabajo or-ganizativo importante entre los colonos, que gene-ralmente se sentían recogidos por las propuestas de esta organización. Por tanto, no es de extrañar que en el momento más relevante de la Unión Pa-triótica, uno de sus pilares de acción fuera el de-partamento del Meta, teniendo la zona del Ariari un gran protagonismo. Cerca de 6 municipios de la región eligen gobernantes de este grupo en la primera elección popular de alcaldes en Colombia en 1988, consolidándola como la principal fuerza política en la región. A su vez, el narcotráfico hace fuertes inversiones en tierras en otros municipios de la zona3, lo que convierte a la UP en una fuerte amenaza para sus intereses y los de los poderes tradicionales del latifundio, dando comienzo así a una fase de exterminio de esta agrupación.

Hasta mediados de los 90, las violaciones de Derechos Humanos, así como el asesinato selec-tivo y sistemático de los miembros de la UP por parte del paramilitarismo (amparado en las fuerzas institucionales) produjo el desplazamiento forzado de los habitantes de la zona.

El Acompañamiento de IPO en el Ariari

Durante este último año 2008 IPO ha esta-do acompañando puntualmente la subregión del Ariari a través de la Mesa de Acompañamiento Permanente al Ariari (MAPA)4 plataforma confor-mada por diferentes organizaciones que como su nombre indica acompaña de forma permanente a las comunidades campesinas de la región para que puedan continuar su día a día y vivir como todo

viene de la página 1:

En el 2006 las más de cien ejecuciones

extrajudiciales que se dieron en la zona

hicieron que veredas enteras se desplazaran

llevando consigo lo poco que les quedó.



el mundo se lo merece, sin tener que temer por sus vidas.

Este año 2008 las entradas que hemos hecho en la región ha sido a la zona del Alto Ariari, con-cretamente a las comunidades del Municipio de El Castillo donde sus habitantes que tuvieron que desplazarse a consecuencia de la arremetida para-militar que se produjo durante el año 2002 cuando las denominadas Autodefensas Unidas de Colom-bia – Bloque Centauros, sembró el miedo y terror entre los pobladores. Pero el momento más duro de la actuación de los paramilitares sucedió en el 2006 cuando las más de cien ejecuciones extra-judiciales que se dieron en la zona hicieron que veredas enteras se desplazaran llevando consigo lo poco que les quedó después de que les despojaran de sus propiedades. Toda la zona quedó como si fuera un pueblo fantasma de los que vemos en las películas, todavía se puede percibir esa sensación a pesar de que a mediados del año 2007 muchas de esas familias decidieron regresar a sus casas, a sus tierras, cansados de mendigar por las calles de las grandes ciudades y sin recibir ninguna ayuda ni respaldo del Gobierno colombiano. Decidieron regresar sin ninguna garantía, sin que el gobierno

les apoyara ni les diera nada de nada para empezar de nuevo en sus propias casas.

IPO en 2008 entró en la región en tres ocasio-nes que han sido marcadas por los testimonios de los propios pobladores. La primera fue en el mes de mayo donde 2 voluntarios de IPO acompañaron una Misión Humanitaria compuesta por organiza-ciones defensoras de DD.HH de todo el país y en la que se recogieron testimonios y denuncias de los recién llegados. Recién llegados porque muchos de ellos no llevan más de un año que vuelven a vivir en sus casas. Esta misión fue la excusa perfec-ta para que muchos campesinos se reencontraran después de su regreso, ya que el asedio que to-davía continua en la región por parte del ejército y por grupos paramilitares no les había permitido desplazarse a la vereda vecina para saludar a los que habían sido sus amigos y compañeros durante muchos años. Pasadas un par de horas y después de los saludos y los abrazos empezaron los relatos atroces de lo que están viviendo muchos de ellos por querer recuperar lo que es suyo, su vida, sus sueños y sus proyectos.

Durante el mes de julio se acompañó a los miembros de las organizaciones que conforman la



MAPA y a una Delegación Asturiana de Verificación de la situación de los Derechos Humanos en Co-lombia conformada por diferentes organizaciones del Principado de Asturias y de Madrid. Esta visita se hizo dentro del proyecto que financia el Ayunta-miento de Xixon para la elaboración de un infor-me, siendo este el cuarto que se publica, sobre la situación de los DDHH en Colombia.

El trabajo de IPO, también en esta ocasión, con-sistió en acompañar las reuniones que se hicieron con los pobladores de las veredas para recoger testimonios sobre las atrocidades que comete el ejército y los paramilitares en las zonas con el ob-jetivo de aterrorizar a la población para que salgan de la zona de nuevo ya que lo que les interesa son los recursos naturales que en ella se encuentra. Así que el principal enemigo del Gobierno es el campesino que resiste por no salir de sus tierras, por querer permanecer en sus casas, en el lugar donde nacieron y crecieron.

Y la última visita se hizo en el mes de septiem-bre donde se acompañó el homenaje que se hizo a Reinaldo Perdomo Hite. Reinaldo fue un reco-nocido defensor de los DDHH en el Ariari. Casi dos años antes de su asesinato Reinaldo fue des-plazado del caserío La Esmeralda debido a una ac-

tuación contrainsurgente de las operaciones mixtas de militares de la Fuer-za de Despliegue Rápido (FUDRA), del Batallón 21 Vargas y de unidades de ‘civiles’ armados e la estra-tegia paramilitar. Reinaldo se instaló en Villavicencio, capital del Departamento del Meta, lugar de acogi-da de muchos refugiados de la región en su propio país. Allí no dejó de tra-bajar por el retorno a sus tierras, conjuntamente con muchos desplazados de la región conformó comités para buscar una solución digna de subsistencia y de retorno con garantías a sus hogares. Pero el 12 de agosto del 2003, Reinaldo poco después de llegar a su casa y cuando se diri-

gía a contestar una llamada telefónica fue abatido con tres disparos en su cabeza que provenían de un arma que enfundaba un sicario. Acabaron con su vida pero no con sus ideales ni con su lucha. Después de 5 años familiares y compañeros lo re-cuerdan como un gran líder y es por eso que año tras año Reinaldo es recordado por los habitantes de la región. Este mes de septiembre se hizo un homenaje donde se levantó un monumento en su memoria, gente de toda la región incluso desplaza-dos que ahora viven en Bogotá acompañaron este momento tan emotivo. Pero no sólo era un home-naje a él, era una conmemoración a las víctimas del Ariari en general.

Otro dato a destacar de la población del Ariari del Meta en general, es la fuerza y la capacidad que tienen para movilizarse y conseguir dar a conocer todas las atrocidades que están sufriendo desde muchos años atrás. El 13 de noviembre IPO tam-bién les estuvo acompañando en el plantón que hicieron más de 70 familias de víctimas de ‘falsos posivitos’ o asesinatos cometidos por el Ejérci-to colombiano frente al Búnker de la Fiscalía de la Nación, situado en Bogotá, donde presentaron un derecho de petición exigiendo celeridad en las



investigaciones y castigo a los responsables. Esta movilización a los pocos días dio sus frutos, nos comunicaron que el General Quiñones fue desti-tuido de su cargo de comandante de la IV División del Ejército de la República de Colombia.

¿Cómo puede ser que todavía en el siglo XXI se cometan tantas violaciones a los DD.HH? Ésta y otras preguntas son las que no tienen respuestas. Es increíble vivir en un país donde las violaciones a los DD.HH y las infracciones al D.I.H están a la or-den del día. Porque cabe decir que lo que sucede en el Ariari no es un caso aislado en Colombia, la-mentablemente podemos decir que es generaliza-do en todo el país. Una realidad silenciada que no interesa que se sepa, las noticias que llegan a Euro-pa sobre lo que ocurre en Colombia sólo son las relacionadas con las FARC, el narcotráfico y hasta hace unos meses Ingrid Betancourt. Se silencian los continuos asesinatos de campesinos, abogados, estudiantes, sindicalistas y defensores de DDHH, las desapariciones forzadas, los casos de los ‘falsos positivos’ que hasta hace unos pocos meses ni tan siquiera en Europa conocían el término.

Para acabar, a continuación una tabla con las agresiones a la libertad, la vida y la dignidad y la in-tegridad a los pobladores del Municipio El Castillo (Meta) cometidas desde el 1 de enero del 2002 hasta el 30 de junio del 2008, casualmente periodo que coincide con el Gobierno del Presidente de la República de Colombia Álvaro Uribe Vélez y su ‘Seguridad Democrática’.

Convenciones: A: Ejecuciones Extrajudiciales; B: Homicidio Intencional en Persona Protegida; C: Asesinato por Persecución Política, sin autor determinado; D: Desaparición Forzada D.H; E: Detención Arbitraria D.H.; F: Tortura D.H; G: Heridos D.H.; H: Heridos en D.I.H; I: Amenazas en D.H.

Notas:

1. CUBIDES Fernando, OLAYA Ana Cecilia, ORTIZ Carlos M. “La violencia y el municipio colombiano: 1980-1997” CES, Universi-dad Nacional de Colombia, Bogotá, 1998.

2. BOULEY Catherine, “Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados. Obstáculos y desafíos para garantizar el derecho al patrimonio de la población despla-zada en Colombia” Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, 2006.

3. CUBIDES, Ibid.

4. La Mesa de Acompañamiento Permanente al Ariari es com-puesto de: Corporación Claretiana Normán Perez Bello; Banco de Datos Cinep; Asodemuc; Fensuagro; Sintragrim; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; Movimiento de Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad; Coporación por la defensa y promoción de los derechos humanos - Reiniciar; Movice - Meta; Civopaz – Villavicencio; Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari; ANDAS.

Un agradecimiento a todos los miembros de la Mesa de Acompañamiento Permanente al Ariari (MAPA) por todos los datos que han proporcionado para la elaboración del artículo y por brindarnos la confianza de apoyar este proceso.

A quién acompañamos

Acompañando procesos de autodeterminación El International Peace Observatory -IPO- es una organización de solidaridad internacional en Co-lombia. Nuestra misión consiste en realizar acompañamiento internacional a organizaciones campe-sinas en proceso de resistencia no violenta. Los principios que nos guían son la autodeterminación, la solidaridad, la conciencia social, la democracia participativa y la alegría. El International Peace Observatory está conformado por grupos nacionales en Catalunya, Escandinavia, Estados Unidos e Italia, teniendo una sede en Bogotá, Colombia. Entendemos el acompañamiento como un medio que, a través del mecanismo de presión-disuasión, protege a las comunidades en riesgo gracias a la presencia de observadores internacionales. Al mismo tiempo, es un instrumento para recoger informaciones sobre la situación de DDHH y DIH en las regiones acompañadas. La comunicación es un eje fundamental de nuestro trabajo: a través de una red de apoyo nacional e internacional difun-dimos el material recogido. Asimismo, identificamos como parte fundamental de nuestro accionar, la gestión y realización de talleres, cursos y proyectos técnicos promovidos y realizados de forma conjunta con las organizaciones.

CopyLeft International Peace Observatory 2009. Por favor, distribuye!

ACVC - Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra “La ACVC es una organización social no guberna-mental campesina que desarrolla un trabajo or-ganizativo, político y social con el sector rural de ocho municipios del Magdalena Medio colombiano, incluidos las regiones del Sur de Bolívar, Nordeste Antioqueño y Valle del Río Cimitarra. Está compuesta por 120 Juntas de Acción Comunal veredales de los municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo, Reme-dios y del corregimiento Ciénaga del Opón de Ba-rrancabermeja en el Magdalena Medio colombiano. Es una organización de campesinos desplazados durante décadas a estos territorios de colonización producto de la violencia del paramilitarismo de Es-tado.” - ACVC

MAPA - Mesa de Acompañamiento Per-manente al Ariari

“La MAPA está conformada por organizaciones de Defensa de Derechos Humanos que acompaña a comunidades campesinas de la región del Aria-ri (Meta) con el objetivo de que puedan continuar organizándose. La MAPA está conformada por: Corporación Claretiana Norman Pérez Bello,, Aso-demuc, Fensuagro, Sintragrim, Comisión Intersindical Justicia y Paz, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Comisión de Defen-sa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Bajo Ariari, Movimiento de Hij@s or la memoria y contra la impunidad, Movice-Meta, Civipaz - Villavicencio, ANDAS y está acompañada por la Corporación por la defensa y promoción de los Derechos Humanos - Reiniciar y el Banco de Datos del CINEP” - MAPA

ACA - Asociación Campesina de Arauca “ACA trabaja en el departamento en defensa del territorio y en defensa de los derechos humanos. Nació con la idea de crear una asociación que recogiera todas las inquietudes y necesidades de los campesinos del departamento, así se consiguió conformar en 5 municipios comités municipales y veredales, y, en la cabecera municipales se crearon comités barriales empezando a trabajar en el desa-rrollo y en el respecto de los derechos humanos de los campesinos.” - ACA

ASCAMCAT - Asociación Campesina del Catatumbo La ASCAMCAT, es una organización conformada a finales del 2005, por habitantes de áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, y El Tarra, los cuales forman parte de la región conocida como “alto y medio Catatumbo” en el departamento Nor-te de Santander. ASCAMCAT surge como una pro-puesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permita generar condiciones de vida digna y de-sarrollo para los catatumberos, quienes nos hemos vuelto a encontrar e integrar en torno a la defensa y permanencia en el territorio; el respeto a las comu-nidades indígenas, los adultos mayores, los niños, y las mujeres; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socio-económicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de nuestras tradiciones culturales; la par-ticipación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la vida y en general a los Derechos Fundamentales de los habitantes del Ca-tatumbo. -ASCAMCAT

International Peace Observatory(Observatorio Internacional de la Paz)

Calle 27a No. 25-48TeusaquilloBogotá, DC, ColombiaTeléfax: +57 1 232 1006Celular: +57 314 296 4769Correo: [email protected]: www.peaceobservatory.org

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PROGRAMA INTEGRAL PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA Y SU CONSIDERACIÓN COMO CIUDADANAS Y CUIDADANOS CON PLENAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del International Peace Observatory - IPO y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea

Pa’lante: Boletín del International Peace Observatory

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pa'lante nº 6

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