corte nacional de justicia policial y trÁnsito...
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL Y TRÁNSITO
JUICIO PENAL No. 404-2012
RESOLUCION No. 1140-2013
IMPUTADO: MOREIRA MACIAS LUIS ENRIQUE
OFENDIDO: KOPPEL VINTIMILLA MARIA LORENA
RECURSO: CASACION
POR: TRÁNSITO Y MUERTE
1’CONJUEZA PONENTE: Dra. Zulema Pachacama Nieto.
PROCESO PENAL DE TRÁNSITO 404-2012 (Art. 127a, e, f) LOTTT)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL MILITAR, PENAL
POLICIAL Y TRANSITO.- Quito, 16 de julio del 2013; a las 12h10.VISTOS: El
Consejo de la Judicatura de Transición posesionó a las Juezas y Jueces
Nacionales, el 26 de enero de 2012. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia en
sesión de 22 de julio del 2013 conformó sus seis Salas Especializadas de acuerdo
a lo dispuesto en el art. 8 de la Ley Reformatoria del Código Orgánico de la
Función Judicial, que sustituye el art. 183 del Código Orgánico de la Función
Judicial. La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito
tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en materia de
tránsito, según los arts. 184.1 De la Constitución de la República el Ecuador y
186.6 reformado del Código Orgánico de la Función Judicial Por lo expuesto,
avoca conocimiento del presente RECURSO DE CASACION, el Tribunal
conformado por la Dras. Ximena Vintimilla Moscoso, Lucy Blacio Pereira y
Mariana Yumbay, Juezas Nacionales. Por excusa de la primera de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 174 del Código de la materia y 6 de la Resolución
No. 02-012 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, actúa la Dra. Zulema
Pachacama Nieto, Conjueza Nacional, quien por el sorteo realizado es la
Ponente, según los artículos 185 inciso segundo de la Constitución de la
República del Ecuador y 141 del Código Orgánico de la Función Judicial.
ANTECEDENTES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA.
Mediante parte policial de accidentes de tránsito elaborado por el señor Cabo
Primero Freddy Gonzalo Domínguez Rivadeneira, llega a conocimiento de la
Fiscalía, el accidente de tránsito suscitado entre el vehículo sin placas, con
número de chasis No. 8L0T57322BE006201, disco 23-36 del Guayas, conducido
por el hoy acusado, quien después del accidente abandonó el lugar, éste
vehículo que circulaba por la Av. Isidro Ayora, en sentido sur-norte por el carril
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derecho y al llegar a la intersección entre la Av. José María Egas, impacto su
parte frontal tercio derecho con la parte lateral derecho del vehículo de placas
PGU-0078, conducido por el señor Luis Oswaldo Koppel Carrasco, quien circulaba
por la Avenida José María Egas, en sentido este-oeste, producto del impacto el
vehículo de placas PGU-0078 se ha desplazo hacia adelante y a la izquierda para
posteriormente estrellarse contra el poste de energía eléctrica signado con el
número P085963, ubicado en la esquina sur —oeste, como resultado de este
accidente, ha fallecido el señor Luis Oswaldo Koppel Carrasco, a quien se la ha
realizado la prueba de alcohemia, obteniendo como resultado 0.290 gIl. De
acuerdo a las versiones proporcionadas por los moradores se conoció que el
vehículo de placas PGU/0078, no respeto la luz roja del semáforo. Por lo
expresado por la señora María Lorena Koppel Vintimilla, quien presenta acusación
particular en contra de Luis Enrique Moreira Macías y Mario Alonso Bosquez
Quintana, conductor y propietario del vehículo involucrado, avocando
conocimiento del caso el Juzgado Primero de Tránsito del Guayas, autoridad que
con fecha 19 de diciembre del 2011, las 15h10 dicta sentencia condenatoria en
contra de Luis Enrique Moreira Macías, imponiéndole la pena de cinco años de
prisión ordinaria, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y al pago
de la multa de veinte remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general,
al encontrarlo autor responsable del delito de tránsito tipificado y reprimido en el
artículo 127 literales a), c) y f) de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, concordante con el articulo 121
literales b) y c) del mismo cuerpo de ley; de conformidad con el art. 108 y 175
Ibídem, se lo condena al pago de los daños y perjuicios ocasionados, haciéndose
extensiva la responsabilidad civil solidaria al propietario del vehículo furgoneta sin
placas, chasis 8LTOT5322BE006201, disco 23-36, se declara con lugar la
acusación particular propuesta por María Lorena Koppel Vintimilla, en contra de
los procesados, Luis Enrique Moreira Macías y Mario Alonso Bosques Quintana, el
primero en calidad chofer y el ultimo como propietario del automotor involucrado
en el accidente, por la responsabilidad solidaria; además se dispone al pago de $50.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, por concepto de daños y
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perjuicios, valor que contempla el daño emergente y el lucro cesante, ma
intereses legales calculados a partir de la fecha del accidente y que serán
liquidados pericialmente, mas $ 300.00 dólares de los Estados Unidos de América
por concepto de costas procesales y $ 350,oo dólares de los Estados Unidos de
América, por concepto de honorarios del abogado defensor de la acusadora.
Sentencia que es apelada por el acusado, Luis Enrique Moreira Macías, y por el
sorteo de ley, avoca conocimiento la Tercera Sala de Penal, Colusorio y Tránsito
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, organismo judicial que con fecha
11 de octubre del 2012, las 11h17, dicta sentencia aceptando parcialmente la
apelación realizada por el recurrente, reformando la sentencia recurrida, en la
parte correspondiente a la pena, modificando de cinco años a tres años de
prisión ordinaria, y el pago del valor de los daños y perjuicios, de $.50.000,oo
dólares de los Estados Unidos de América, a $ 15.000,oo dólares de los Estados
Unidos de América, de este fallo el acusado Luis Oswaldo Koppel Carrasco,
interpone recurso de casacion, el mismo que corresponde a este tribunal conocer
y resolver
ESTADO DEL PROCESO
Concluido el trámite y encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlose considera:
1 COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
1.1.- El artículo 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta
que serán funciones de la Corte Nacional de Justicia conocer los recursos de
casación, de revisión y de los demás que establezca la ley. El Tribunal de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de conformidad
a lo establecido en el 186.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, reformado
tiene competencia para conocer los recursos de casación y revisión en los
procesos penales en materia de Tránsito.
II VALIDEZ PROCESAL.
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2.1.- En la tramitación del proceso no se observa omisión de solemnidadsustancial alguna que pudiera invalidar o acarrear su nulidad, por lo que sedeclara su validez.
III PROCEDENCIA DEL RECURSO.
3.1.- El recurrente LUIS ENRIQUE MOREIRA MACIAS, fundamenta el recurso de
casación amparado en las disposiciones del artículo 349 y 350 deI Código de
Procedimiento Penal.
IV FUNDAMENTACION DEL RECURSO.
4.1.- El recurrente LUIS ENRIQUE MOREIRA MACIAS, por medio de su abogado
defensor señor Fernando Nieto Cepeda, en la audiencia oral, pública y
contradictoria llevada a cabo para el efecto manifiesta: “Que interpone recurso de
casación de la sentencia dictada el 11 de de octubre del 2012, las 11h17, por la
Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia
del Guayas, en la que se acepta parcialmente el recurso de apelación y se reforma
la sentencia dictada por el Juez Primero de Tránsito del Guayas”.
4.2.- Que el recurso de casación lo fundamenta en lo dispuesto en los arts. 3.1.3 y
5 de la Ley de Casación; art. 176 de la ley Orgánica de Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial; art. 106 de la Ley Reformatoria al Código de
Procedimiento Penal y al Código Penal; art. 76.7 literal m) de la Constitución de la
República del Ecuador.
4.3.- Que las normas infringidas son: los arts. 11. 3. 4. 5 .6 y 9; arts. 75, 76. 4 y
art. 7 literal a) y c) de la Constitución de la República del Ecuador; arts. 83, al 88
del Código de Procedimiento Penal; arts. 122 y 124 de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.
4.4.- El 15 de abril del 2011 a las 5h30 minutos de la mañana en circunstancias en
la que el recurrente conducía la furgoneta sin placas disco 23-36 por la avenida
Isidro Ayora en la ciudad de Guayaquil en sentido norte sur, al llegar a la
intersección con la avenida José María Egas, intempestivamente salió un auto de
placas PGU-0078, conducido por el señor Luis Oswaldo Koopel Carrasco, quien
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había ingerido alcohol, pasándose el semáforo en la luz roja, no~
cinturón de seguridad, y producto del impacto fallece el señor Koopel,
compareciendo el recurrente ante las autoridades de tránsito, rinde su declaración
y presenta todas las pruebas que demuestra que él, no era el responsable del
accidente. Sin embargo, la Juez Primero de Tránsito del Guayas, dicta sentencia
imponiéndole: una pena de 5 años de prisión ordinaria, multa de 20
remuneraciones básicas del trabajador, suspensión de la licencia de conducir por
igual tiempo de la pena y acepta a trámite la acusación particular presentada por
la Señora María Koopel Veintimilla; sentencia que es apelada ante la Tercera Sala
de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Con fecha 13 de julio del 2012, la acusadora particular, reconoce firma y rúbrica
del escrito de desistimiento que había presentado es su momento. La Sala dicta
sentencia el 16 de octubre del 2012, aceptando parcialmente la apelación,
imponiéndole al acusado 3 años de prisión ordinaria, multa de veinte
remuneraciones del trabajador en general, y declara con lugar la acusacion
particular, por lo que se ha hecho una interpretacion erronea, al no haber tomado
en cuenta el desistimiento.
4.5.- El art. 122 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se
refiere a la reparación de los daños y el art. 124 de la misma ley, trata de la
modificación de la pena, que puede rebajarse a un tercio, la pena impuesta; no se
toman en cuenta las pruebas. Si bien la infracción está comprobada conforme a
derecho con la autopsia, avalúo de los equipos, informe de investigación del
vigilante, no se ha comprobado que el recurrente sea el responsable del
accidente; no se toma en cuenta la declaración del recurrente, así como del
testigo presentado, el informe del investigador que dice que el señor Koopel, se
había pasado la luz roja, sin embargo se impone la pena de tres años, el recurso
de casación es el medio para el control de la legalidad, por lo que solicita se
acepte el recurso de casación absolviendo al acusado.
y CONTESTACION DE LA FISCALIA.
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El doctor José García Falconí, representante de la Fiscalía General del Estado
manifiesta: el Juzgado Primero de Tránsito con fecha 19 de diciembre del 2011,
dieta sentencia debidamente motivada, en la que señala con certeza la existencia
del delito de tránsito tipificado en el art. 127 letras a, c y f, en concordancia con el
art.121 letras b y e de la Ley de Tránsito, así como la responsabilidad del
recurrente, Luis Enrique Moreira Macías, imponiéndole una pena de 5 años de
prisión ordinaria, suspensión de la licencia de conducir, el pago de los daños y
perjuicios.
La Tercera Sala de lo Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de
Justicia del Guayas, con fecha 11 de octubre del 2012, confirma la sentencia Dapelada por el recurrente, pero modificando la pena de 5 años a 3 años de prisión
ordinaria, más el pago de daños y perjuicios en la suma de $.15.000,oo dólares,
de esta sentencia el recurrente interpone recurso de casación, fundamentando en
la Ley de Casación, que es aplicable exclusivamente a los asuntos de materia
civil, no penal, así lo dispone el art. 20 de dicha ley que dice: ‘el recurso de
casación en las causas penales se regirá por las normas contenidas en el Código
de Procedimiento Penal”.
La casación es un análisis jurídico entre la sentencia y la Ley, determinando, si en
la sentencia se ha violado la Ley, ya por contravención expresa de su texto, o por
indebida interpretación; es requisito fundamental detallar que ley se violo, que
inciso, y la forma como se violo esta ley, además como influyo la violación de la
ley en la sentencia.
El art. 349 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal contempla: “Que no
serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba porque el
recurso de casación es un recurso extraordinario”, no es una tercera instancia, se
ha señalado que se ha violado algunas disposiciones de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial; el art. 121 de la ley mencionada
dice: “se considera circunstancias agravantes abandonar a las víctimas del
accidente”, el recurrente se dio a la fuga, no dio parte a las autoridades
correspondientes; hubo un fallecido por el accidente de tránsito. El art. 124, se
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refiere a la reducción de penas de reclusión, prisión y multa, en
tránsito cuando se justifica a favor del infractor; en este caso exisi
circunstancias agravantes, la fuga y la no comunicación; por tal razón no procede
la reducción de la pena.
Existe duda en la procedencia de la indemnización de daños y perjuicios
ocasionados por la infracción, en la determinación del monto económico a ser
pagado por el sentenciado al ofendido, haya o no presentado acusación particular,
esta es la responsabilidad civil por el delito cometido, el art. 78 de la Constitución
de la República, dice: “que el sistema penal tiene dos monedas por un lado los
derechos del acusado y por otro los de la víctima”, señala además que la
reparación integral es diferente a lo señalado por el art. 309 de la Constitución,
mientras que el artículo antes citado, tiene dos parámetros el daño material y la
reparación integral, este es fundamental por seguridad jurídica.
No se ha justificado el recurso de casación interpuesto por el recurrente, por lo
que solicita se deseche
VI ANALISIS DEL TRIBUNAL.
6.1.- El derecho a la impugnación está garantizado en el art. 8, numeral 2, literal h)
de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)
que dice: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena ¡gualdacÇ a
las siguientes garantías mínimas: ... derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior”;: art. 14, numeral 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos del año 1966, que establece que: “toda persona declarada culpable de
un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme lo prescripto por la ley”:
En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra estatuido en el art. 76.7, m)
de la Constitución de la República, en tanto que la casación propiamente dicha,
como medio impugnatorio, se encuentra regulada en los arts. 349-358 deI Código
de Procedimiento Penal. La doctrina reconoce que una de las garantías que tiene
el procesado, en el desarrollo del debido proceso, es la de impugnar la decisión
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judicial que no comparta y que comprometa su derecho a la defensa, derecho que
en el- Ecuador se extiende a todos los sujetos procesales, siendo entonces la
casación uno de estos medios impugnatorios, de naturaleza extraordinaria,
especial y facultativa, mediante la cual una de las partes que actúan en el juicio,
expresamente autorizadas para tal efecto, y por alguna de las causales
taxativamente determinadas en la ley procesal penal, demanda de la Corte
Nacional de Justicia, un examen jurídico de una sentencia venida en grado que
considere violatoria de la ley sustantiva, y en ocasiones de la ley procesal penal. 1
La naturaleza jurídica de la casación consiste en la constatación de conformidad
en derecho de la sentencia2, por tanto no constituye de modo alguno instancia y
tampoco resulta un nuevo análisis de la prueba actuada y desarrollada en juicio,
para aquello existe en nuestro sistema procesal penal otros medios de
impugnación de naturaleza específica.
6.2.- El principio de legalidad adjetiva previsto en el art. 76. 3 de la Constitución de
la República dice que: “Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o
autoridad competente y con obseivancia del trámite propio de cada
procedimiento”. En tal sentido, la interposición del recurso de casación así como
su fundamentación están sujetas al impulso del sujeto procesal (recurrente)
conforme el principio dispositivo consagrado en el art. 168.6, de la Constitución de
la República. No obstante, la ley procesal penal (art. 358) confiere al órgano
judicial la facultad de casar la sentencia aun cuando el recurrente haya Dequivocado la fundamentación del recurso.
6.3.- En relación a los delitos de accidentes de tránsito. Carnelutti, establecía una
diferencia entre el perito y el testigo así: “el testigo sólo relata, refiere, narra
cfr. Rodríguez Orlando, La Presunción de Inocencia. Principios Universales. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez,Segunda Edición, Medellín, 2002, pp. 631, 632. En diverso sentido, cfr. Lorences Valentin, Recursos en el ProcesoPenal, Talleres Gráficos Edigraf, Buenos Aires, 2007, p. 25. El autor plantea, dentro del contexto argentino, la posibilidadde analizar, vía casación los errores tanto un iudicando como in procedendo, cuando en Ecuador este examen ha sidoexclusivamente orientado a los errores in iudicando.2 Cfr. Armenta Deu Teresa, Lecciones de Derecho Procesal Penal, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, cuartaEdición, Madrid, 2009, p.T18. Su principal función es nomofiláctica, para asegurar la explicación uniforme de la legalidadpenal ~-sustantiva y procesal- en todo el Estado evitando así la disparidad o divergencia de criterios interpretativos entrelos tribunales penales diseminados en su territorio.
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ÇALA~hechos; en tanto que el perito expresa juicios propios de su arte, c’ngp~’e~p7
y que el juzgador desconoce. El perito y el testigo proporcionan in n al
juzgador pero el origen es diverso, la ciencia de! perito se forma en el proceso, y,
la información del testigo fuera del proceso, en el sentido de que el primero actúa
para lograrla en cumplimiento de un encargo del órgano judicial y el segundo sin
encargo alguno.” ~ La semejanza que existe entre ambos medios de prueba radica
en que estos exponen a través de medio oral ante el juzgador sus conocimientos
para ayudar con ello al esclarecimiento de los hechos. Mientras los peritos brindan
conocimientos técnicos como consecuencia de la formación profesional, no han
presenciado el hecho ni tienen referencias de ello, sino que son elementales
portadores de un conocimiento técnico-científico al servicio de la justicia penal.
Los testigos en cambio dan fe sobre acontecimientos percibidos sensorialmente.
6.4.- El recurrente fundamenta su recurso de casación, en base a lo dispuesto en
los arts 3 1 3 y 5 de la Ley de Casacion, art 176 de la ley Organica de Transporte
Terrestre Transito y Seguridad Vial, art 106 de la ley reformatoria al Codigo de
Procedimiento Penal y al Codigo Penal, art 76 7 literal m) de la Constitucion de la
Republica del Ecuador. Al respecto este Tribunal, señala que los artículos de la
Ley de Casación en los que se ampara el recurrente, son aplicables únicamente
en casos de materia civil, no en materia penal, como es el caso concreto.
6.5.- De la revisión y análisis a la sentencia dictada por la Tercera Sala de lo
Penal, Colusorio y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayaquil, con
fecha 11 de octubre del 2.012 a las 11h17, este Tribunal establece: Que el
juzgador, en el desarrollo del proceso hasta la emisión del fallo recurrido, ha
respetado los derechos y garantías del procesado recurrente, establecidas en la
Constitución de la República del Ecuador, y en los Instrumentos Internacionales de
los Derechos Humanos, especialmente en lo referente al Debido Proceso, que
incluye el Derecho a la Defensa. Por otra parte se observa que ha analizado y
valorado las pruebas que han sido pedidas, ordenadas, practicadas e
incorporadas al juicio como los disponen los artículos 79, 83, 84, 85 y 86 del
cfr. carnelutli Francesco citado por Paflares Edmundo en Diccionario de Derecho Procesal civil, Editoriai Porrúa, st.si, p, 565
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Código de Procedimiento Penal, e inclusive en el considerando Cuarto de la
sentencia impugnada constan detalladas las actuaciones procesales, en cuanto a
las pruebas de cargo y descargo aportadas por los sujetos procesales, con las
cuales el juzgador, ha llegado a establecer tanto la existencia del delito así como
la culpabilidad del procesado como lo determina el artículo 252 del Código de
Procedimiento Penal, por lo tanto no existe violación de las normas
constitucionales, ni legales señaladas, como argumenta el recurrente.
6.6.- Es de señalar que el juzgador en el considerando Quinto de la sentencia
impugnada, deja constancia de la revisión realizada a la sentencia del juez a-quo,
estableciendo que las pruebas aportadas por las partes, han sido consideradas al
emitir la sentencia, en tal virtud confirma tanto la existencia del delito como la
culpabilidad del procesado LUIS ENRIQUE MOREIRA MACIAS, y por otra parte
acepta parcialmente la apelación del acusado reformando la sentencia en la parte
correspondiente a la pena y al monto de los daños y perjuicios, imponiéndole
TRES AÑOS DE PRISION ORDINARIA, Y AL PAGO DE $. 15.000,00, DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por concepto de daños y perjuicios,
valor que contempla el daño emergente y el lucro cesante, más los intereses
legales calculados a partir de la fecha del accidente y que serán liquidados por el
perito designado en el momento oportuno, suspensión de la licencia de conducir
por igual tiempo de la pena impuesta y al pago de la multa de 20 remuneraciones
básicas unificadas del trabajador en general, al encontrarlo autor responsable del
delito que tipifica y reprime el art. 127 literales a), c) yf) de la Ley Reformatoria a
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, concordante
con el art. 121 literales b) y c) del mismo cuerpo de ley; de conformidad con lo
establecido en los arts. 108 y 175 ibídem, se hace extensiva la responsabilidad
civil solidaria al propietario del vehículo furgoneta sin placa, chasis
8LOT573226E006201, disco 23-36. Se declara con lugar la acusación particular
propuesta por María Lorena Koppel Veintimilla, en contra de LUIS ENRIQUE
MOREIRA MACIAS Y MARIO ALONSO BOSQUEZ QUINTANA, este último como
propietario del automotor involucrado en el accidente. Las costas procesales se
las fija en la suma de $ 300,00 dólares de los Estados Unidos de América y $
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350,oo dólares de los Estados Unidos de América, como honor
defensor de la acusación particular.
6.7.- En cuanto a la alegación de que en la sentencia recurrida, se ha violado los
arts. 122 y 124 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad
Vial, el Tribunal encuentra que estas disposiciones legales proceden en favor del
acusado como atenuantes, para la fijación de la pena, cuando éste hubiere
auxiliado a la víctima (fallecido), en el caso concreto, consta en la sentencia
impugnada que el procesado inmediatamente de ocurrido el accidente abandonó
el lugar y por ende a la víctima, sin prestarle ningún tipo de auxilio,
consecuentemente se dio a la fuga, tratando de evadir de esta forma la justicia,
hechos que de conformidad a lo contemplado en el artículo 121 de la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, constituyen
agravantes para la imposición de la pena; por otra parte en la sentencia
impugnada no se evidencia la existencia de reparación alguna a los familiares del
fallecido.
6.8.- Al respecto de la alegación de que el juzgador ha violado el art. 124 de la ley
de la materia, esta precede cuando se justifiquen a favor del infractor
circunstancias atenuantes y no exista en su contra ninguna agravante, en el
presente caso existen, dos sucesos perjudiciales en contra del procesado, los
que constan relatados en el considerando precedente, hechos que empeoran su
situación jurídica.
6.9.- La responsabilidad del acusado, hoy recurrente se encuentra justificado
con lo expresado en los considerandos de la sentencia impugnada, en tal virtud el
juzgador por cumplidos los presupuestos estipulados en el art. 312 del Código de
Procedimiento Penal, por haberse justificado conforme a derecho tanto la
existencia material de la infracción como la responsabilidad penal del acusado,
procede a dictar sentencia condenatoria en su contra por haber infringido el art.
127, literales a), c) y f) de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el art. 121, literales b) y
c) del mismo cuerpo legal.
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6.10.- El art. 62 del Código de Procedimiento Penal. Establece que “En los
procesos de acción pública en caso de desistimiento de la acusación, se seguirá
sustanciando el proceso con intervención de la Fiscalía”. En estricta observancia
de la disposición legal trasladada, la sustanciación del proceso, es imperativa,
consecuente el argumento del recurrente, que el juzgador ad-quem no ha
considerado el desistimiento de la acusación particular para dictar la sentencia
impugnada, no tiene valor legal.
6.11.- El delito de tránsito es eminentemente culposo y se verifica por la violación
de un deber de cuidado, y, por tanto es evitable. La culpa consiste en la
realización de una conducta sin encaminar la voluntad a la producción de un
resultado típico derivado de la violación del deber de cuidado que las condiciones
y circunstancias a que estaba obligado el agente. ~ En el caso concreto, tanto la
imputación fiscal como la condena emitida por el juzgador se subsume en el tipo
penal del art. 127, literales a) c) y f) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre
Transito y Seguridad Vial que dice: “ Sera sancionado con prisión de tres a cinco
años, suspensión de la licencia de conducir por igual tiempo y multa de veinte
(20) remuneraciones básicas del trabajador en general, quien ocasionare un
accidente de tránsito del que resultare la muerte de una o más personas, y en el
que se verifique cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Negligencia;
b)lmpericia; c) Imprudencia; d) Exceso de velocidad; e) Conocimiento de malas
condiciones mecánicas del vehículo; f) Inobservancia de la presente Ley, su
Reglamento, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o
agentes de tránsito”.
6.1 2.- Este Tribunal, encuentra que de la lectura del fallo objetado, se verifica que
el mismo cumple con la debida motivación, dentro de los parámetros establecidos
en el art. 76.7 literal 1), de la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el artículo 309 deI Código de Procedimiento Penal.
VII RESOLUCIÓN.
cfr. Jiménez Martínez Javier, El Aspecto Jurídico da la Teoría de! caso. Teoría de la Imputación Penal, Ángel Editor,México, 2012, p. 745
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Por las consideraciones expresadas, el Tribunal de la Sala 2sj lo
Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito, ‘ADMINISTRANDO JUSTICIA
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA”, por unanimidad,
declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el procesado, LUIS
ENRIQUE MOREIRA MACIAS, en razón de no haber fundamentado de
conformidad con lo establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento
Penal; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 358 Ibídem, casa de oficio
parcialmente la sentencia recurrida, en relación a los valores de los daños y
perjuicios, puesto que de la sentencia recurrida consta que en los informes
periciales como daños materiales al véhículo de placas PGU-0078 se ha
establecido la cantidad de $ 6.000,op SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, sin que se hayan acreditado otros valores, que
correspondan a daños materiales e inmateriales, por lo tanto se ordena el pago
de daños y perjuicios en la cantidad antes citada, que deberán cumplir el
procesado LUIS ENRIQUE MOREIRA MACIAS Y MARIO ALONSO BOSQUEZ
QUINTANA, este último como propietario del automotor involucrado en el
accidente de tránsito, por la responsabilidad solidaria; se declara con lugar la
D~R1HAVPLLARROELSEcRETARLIIRELAT0RA (E.)
SALA DE LO PENALCORTE NACIONAL DE JUSTICIA
acusación particular planteada por María Koppel Vintimilla, Devuélvase el
expediente al órgano judicial de origen para la ejecución daJ~a sentencia.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
ra. Zulema R~cha ma Nieto
CONitTEZKNAC[ONA~E’~
CERTIFICO
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