corte nacional de justicia sala de lo...
TRANSCRIPT
CORTENACIWML CEJUSTICIA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIASALA DE LO PENAL
JUICIO PENAL: No. 263-2011 -WM
RESOLUCION: No. 1355 - 2012 - SALA PENAL
PROCESADO: PEREZ FIERRO WILMA ELIZABETH
OFENDIDO: CARDENAS VILLAFUERTE DANILOFERNANDO
RECURSO: CASACION
POR. FILICIDIO
iNrececi~can~e
aa CORTE/ r iii, NACONAL DE
\≠‘er JUSTICIA
JUEZ PONENTE: DOCTOR WILSON MERINO SÁNCHEZ
(ART. 141 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL)
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL.
Quito, 11de octubre del 2012; las 12h30.-
VISTOS: Siendo un derecho y potestad de las partes “...el de recurrir de los fallos y
resoluciones en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos 1; el
día 19 de marzo de 2011, las 15h00, WILMA ELIZABETH PEREZ FIERRO, interpone
recurso de casación, a la sentencia dictada y emitida por la Sala Especializada de lo
Penal de la Corte Provincial de Chimborazo, del 14 de marzo de 2011, las 14h40, en la
cual se reforma la pena o castigo inicial ordenado en la sentencia pronunciada por el
Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, que le impuso veinticinco años
de reclusión mayor extraordinaria especial, estableciendo la pena en doce años, seis
meses de reclusión mayor extraordinaria, por haber sido considerada Autora y
responsable del delito tipificado y sancionado en el Artículo 452 deI Código Penal,
FILICIDIO (parricidio) en contra de su nieto el niño Juan Francisco Cárdenas Pérez.
Circunstancia por la cual el ciudadano DANILO FERNANDO CÁRDENAS
VILLAFUERTE (padre del niño fallecido) interpone el recurso de casación respecto a la
rebaja de la pena en la sentencia recurrida. Este alto Tribunal de Corte Nacional de
Justicia del Ecuador, perteneciente a la Sala Especializada de lo Penal, luego del sorteo
por ley exigido, avoca conocimiento, el día 27 de abril de 2012, las 09h58. Concluido el
trámite y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo considera lo
siguiente.-
1 Ver artículo 76, numeral 7, literal m, de la Constitución de la República del Ecuador; capitulo 8vo, Derechos de Protección.
1
9 nueve
óa CORTE/7 NACIONAL DE
\~~ev JUSTICIA
PRIMERO.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-
Esta Sala Especializada de lo Penal tiene competencia para conocer los recursos de
casación y revisión en materia penal, según los artículos 184.1 de la Constitución de la
República del Ecuador, y 186.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este
cuerpo legal en la Segunda Disposición Transitoria dispone que: “en todo lo relativo a la
competencia, organización y funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia, este
Código entrará en vigencia a partir de la fecha en que se posesionen los nuevos jueces
nacionales elegidos y nombrados de conformidad con lo establecido en la Constitución
y este Código.”
SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.
Revisado el trámite de Casación, no se encuentran vicios que pudieran generar nulidad
procesal, razón por la cual este Tribunal declara la validez de lo actuado.
TERCERO: ANTECEDENTES.-
El Dr. Diego Andrade Ulloa, Fiscal de Chimborazo, inicia la instrucción fiscal en contra
de Wilma Elizabeth Pérez Fierro, teniendo como antecedente que el día 26 de
septiembre de 2010, las 06h30, en las calles Juan de Velazco y Primera Constituyente,
de la ciudad de Riobamba, se verificó la muerte de un niño, comprobando el hecho se
tomó contacto con el señor Danilo Fernando Cárdenas Villafuerte, quien es el padre del
menor fallecido, manifestando que el día 25 de septiembre de 2010, acudió a una
reunión familiar, a eso las 22h00 había trasladado al menor a su domicilio, para que
descanse, quedándose en compañía de su abuela materna la señora Wilma Elizabeth
Pérez Fierro; horas después siendo las 05h30, la abuela llama diciendo que el menor
se encontraba mal de salud, el padre inmediatamente se traslada al domicilio, y al llegar
se percata que su hijo estaba sin vida; a esto se suma la detención de Pérez Fierro
Wilma Elizabeth, quien aseveró que el día 25 de septiembre de 2010, aproximadamente2
14 catorce
é& CORTE/ r ss NACIONAL 02
\~tV JUSTiCIA
a las 23h00, atentó contra la vida de su nieto J.F.C.P. de 4 años, causando su muerte.
El Juez Primero de Garantías Penales de Chimborazo, el día 29 de noviembre de 2010,
las 10h24, dicta Auto de Llamamiento a Juicio, en contra de la ciudadana Wilma
Elizabeth Pérez Fierro, luego de que el Fiscal de la causa pronunciara y sostuviera
dictamen acusatorio en contra de la ahora sentenciada, por adecuar su conducta a lo
previsto en el artículo 452 del Código Penal; pedido en el cual el Fiscal ha sido claro y
objetivo determinando que la causa de la muerte del niño es de asfixia por
estrangulamiento con violencia, hecho ejecutado por parte de su abuela materna la
señora Wilma Elizabeth Pérez Fierro de 54 años. El Segundo Tribunal de Garantías
Penales de Chimborazo, declara la culpabilidad de Wilma Elizabeth Pérez Fierro,
calificándola como autora del delito de filicidio, que tipifica y reprime el artículo 452 del
Código Penal, imponiéndole mediante sentencia dictada el día 24 de enero de 2011, las
09h17, la pena de veinticinco años de reclusión mayor especial. Por medio de Recurso
de apelación interpuesto por la sentenciada, la Sala Especializada de lo Penal de la
Corte Provincial de Chimborazo, avoca conocimiento y emite sentencia el día 14 de
marzo de 2011, las 14h40, en la que reforma la sentencia venida en grado, de
veinticinco años de reclusión mayor especial a doce años, seis meses de reclusión
mayor extraordinaria. Siendo este el estado en el cual este Alto Tribunal debe actuar,
para hacerlo se considera.
CUARTO: FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO.-
1.- La recurrente WILMA ELIZABETH PEREZ FIERRO, por su parte y a través de su
abogado defensor, doctor Luis Rodrigo Miranda Chávez fundamenta su recurso y dice:
Que existe una falta aplicación del artículo 72 del Código Penal, puesto que al existir
la primera sentencia del Tribunal Penal, en el considerando décimo, literal e)
consecuentemente la conducta antijurídica de la acusada se subsume en lo dispuesto
en el artículo 462 del Código Penal, cuando dice que ha sabiendas y voluntariamente
matare a un cualquier ascendiente o descendiente, conyugue y hermanos se reprime
3
8 ocho
éa CORTE/ x a NACIONAL DE
N’er JUST1 CIA
con reclusión mayor especial de dieciséis a veinte y cinco años, en el caso, con la
prueba procesal presentada por parte de la acusación particular y la acusación Fiscal,
se desprende que la víctima J.F.C.P, fue nieto de la procesada Wilma Elizabeth Pérez
Fierro y el hecho se cometió en la circunstancia 1 del artículo 450 del Código Penal,
como es la alevosía, dada la edad de la victima y su estado de absoluta indefensión,
alevosía que no es circunstancia constitutiva modificatoria de la infracción que se
persigue, por lo tanto ha de estimarse agravante genérica, como establece el Código
Penal, esa es la parte pertinente que manifiesta, que la sentencia que fue apelada por
parte de la defensa y la Corte, en su sentencia no toma en consideración la apelación, y
en el considerando décimo manifiesta: Con los certificados de Registro Civil de
Nacimiento del menor fallecido, de sus padres y de su abuela se ha demostrado la
filiación y parentesco, por lo que el delito perpetrado sin necesidad de que concurran
otras circunstancias previstas en casos de asesinato se contiene en el artículo 452 por
haberse producido la muerte del descendiente, es decir en ninguna de las sentencias,
tanto del Tribunal como en la Sala de lo Penal, se establecieron agravantes por lo que
no se aplica el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, que a continuación dice:
reducción o modificación de las penas de reclusión, cuando haya dos o mas
circunstancias atenuantes ninguna agravante no constitutivo, modificatorio de la
infracción de las penas de reclusión, serán reducidas o modificadas de la siguiente
manera. En el presente caso, la reclusión mayor especial de dieciséis a veinte y cinco
años, se sustituirá por la mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, situación que
no fue tomada en cuenta por la Sala de lo Penal; pues, al no existir agravantes, se
debió aplicar el artículo 72 del Código Penal y consecuentemente la modificación y
disminución de la pena; además, en el proceso se ha demostrado que existe
circunstancias atenuantes a las que se refiere el artículo 29, como son: la conducta
ejemplar posterior al hecho antijurídico, y la presentación voluntaria, por ello incluso a
las horas siguientes del hecho fue a entregarse en la policía; se configura las dos
atenuantes, una con la documentación presentada como es el certificado del Centro de
Rehabilitación Social de Riobamba y, con la presentación voluntaria a la justicia4
15 quinee~g
óa CORTE/ x ss NACIONAL DE
\~tV JUSTICIA
pudiendo haberla eludida, por lo que se ha configurado lo que establece el artículo 29
numerales 6 y 5 del Código Penal. Que los elementos que manifiesta la Sala en el
momento de dictar la sentencia, son elementos mismos del tipo, porque o si no
estaríamos hablando de homicidio simple, en vez de asesinato que deriva en filicidio,
por eso la contemplación de la pena. 2) Que existe la violación expresa del artículo
219, que dice: “si el procesado mostrare síntomas de enfermedad mental, el Fiscal
ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin nombrará y posesionará a dos
peritos psiquiatras, quienes presentarán su informe por escrito, en el plazo que
determine el Fiscal; mientras tanto, no se le recibirá su declaración. Si el informe
pericial establece que la enfermedad mental es permanente, el Fiscal remitirá al Juez
de Garantías Penales junto a la documentación respectiva, a fin de que ordene el
internamiento previsto en el Código Penal. De ser el caso, el Fiscal continuará con la
etapa de instrucción”; por lo que se ha violado lo establecido en el artículo 219 del
Código de Procedimiento Penal;. ya que se ha sentenciando a una persona que tiene
una enfermedad mental, una persona que constituye un grave peligro para el
desenvolvimiento incluso de los mismos internos, porque este no es un caso aislado, la
psicopatía y la enfermedad esquizofrenia que sufre, le esta dando nuevas alteraciones,
alucinaciones, las cuales la mantienen en un espacio privado de contacto con otras
personas, y al querer volver a tener sus alucinaciones, y a querer volver a tener sus
ideas de salvar a los niños, como consta en los diferentes informes; por lo que al dictar
sentencia la Sala en la parte resolutiva, le impone la pena de doce años seis meses de
reclusión extraordinaria, además se le ordena su inmediato tratamiento psiquiátrico
indefinido al interior del Centro de Rehabilitación Social donde se encuentra interna,
teniendo conocimiento su enfermedad, no ponderan los derechos en un Estado
Constitucional de Derechos, que si bien cometió un ilícito, sin embargo ella no tenía
conciencia para cometer el tipo penal; que al estar en un estado constitucional de
derechos no es posible que se lo mantenga en un lugar asignado para personas que
tienen que cumplir penas previstas en nuestras leyes penales, por su estado demencial
constituye un peligro, no únicamente para ella, sino con las personas que guarda
5
7 siete
ta CORTE/ 1 NACIONAL DE
\ytV JUSTICIA
prisión. Además, pone en antecedente la contravención expresa del artículo 34 del
Código Penal, que dice: Perturbación mental absoluta, no es responsable quien en el
momento que realizó la acción u omisión estaba por enfermedad en tal estado mental
que se halla imposibilitado de entender o querer. Que en la sentencia dictada por la
Sala Especializada de lo Penal, se hace alusión a los informes presentados en la
respectiva etapa de prueba, que fueron considerados por los operadores de justicia al
dictar sentencia, en su parte resolutiva, toma el informe y las conclusiones de la Dra.
Nelly Tobar, informe que se encuentra en el proceso, es el único informe señor Juez,
que también, existiendo el segundo informe de la Dra. Evelyn Salame médico
psiquiatra, estableciéndose una violación a la Constitución, que como Jueces y
controladores de legalidad y de constitucionalidad y de convencionalidad, tendrán que
verificar el error de los operadores de justicia. Que se ha violado el artículo 5 de la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, donde se viola el principio a la
integridad personal, porque no se recibe asistencia médica, que fue tan difícil conseguir
médicos psiquiatras especialistas para hacer los informes, y trasladarlos a una provincia
cercana; que se encuentra encerrada en un Centro de Rehabilitación, lo que se va a
lograr es que su enfermedad se agudice, y tener que venir ya no por una causa sino por
una causa más; que se alegó en la Sala Penal de la Corte Provincial, por lo que se
busca un internamiento de por vida y la seguridad de sus familiares, y después de los
años sea imposible la integración familiar donde constituirá un peligro potencial por su
enfermedad, y tal vez cometer otra asesinato en contra de su familia. Cita al Dr.
Roberto Cerpa Flores en su libro de Psiquiatría, donde define a la enfermedad
esquizofrénica afectiva, como el trastorno esquizofrénico fundamentalmente a las
funciones del paciente, aparecen alucinaciones, o ideas delirantes, ideas vagas,
extraño u obscuro, todas estas manifestaciones llevan a establecer que su defendida
actúo con inconciencia del ilícito, que no tubo conciencia de lo que hizo, por lo que al
día siguiente regresa su lucidez y se entrega de forma voluntaria a la policía, luego de
haber visto lo que cometió, todos estos aspectos son preponderantes, no fueron
tomados en cuenta, si bien la acción es típica y antijurídica, pero no es culpable, por lo6
16 diecise~
óa. CORTE/ 7 ]jJj NACIONAL DE
\J9V JUSTICIA
cual no se configura el delito, estamos frente a un trastorno mental, púes al momento
de cometer el delito de tipo penal, privada de la conciencia, no se busca que se la
libere, se busca es un internamiento y que se aplique el derecho en su forma positiva
acorde a la Constitución, con una ponderación de derechos y cumplimientos, en un
Centro Psiquiátrico para restablecer, no en condiciones inhumanas e infrahumanas
donde se encuentra pagando su condena pese a ser inimputable; es decir, los jueces
son los únicos que tienen la responsabilidad de darle un nuevo enfoque al derecho del
recurso de casación fundamentado en mi recurso, se pide la absolución de la acusación
y aplicación de una medida de seguridad prevista en el artículo 84, a más de la
aplicación de tratado de Derechos Nacionales que benefician a la defendida, por lo que
se solicita se case la sentencia y el internamiento de la misma en un Centro Psiquiátrico
y no constituya un peligro para la sociedad...”
2.- El recurrente y ofendido, señor Danilo Cárdenas Villafuerte a través de su abogado
defensor doctor William Mafia Martínez, procede a fundamentar su recurso y dice:
“...Que se ha realizado una basta y consciente análisis sobre la imputabilidad y no
imputabilidad, donde ha sido muy amplia la explicación, clara y trascendente; pero no
se hace mención, por parte del defendido de la acusada, pues existe prueba plena e
informe pericial que ella estuvo en un estado y conciencia normal, más no en lo
posterior, que es lo que deriva en la explicación muy amplia que lo ha hecho la
contraparte, ya que es un análisis científico, técnico, jurídico, fundamentado en la
Constitución del Estado Jurídico, Internacional y que debe ser respetada, siempre y
cuando se considere y se haya justificado que dentro del proceso la persona que
cometió el delito lo hizo en ese estado, y no fue así, toda vez, que la procesada fue
analizada por la doctora Nelly Tobar, quien en el momento de la audiencia de
juzgamiento, a la pregunta si lo supo o no lo supo, si lo hizo con cdnciencia y voluntad,
o lo hizo bajo presión alguna, la respuesta fue llana y simple, que lo hizo en un estado
absoluto de normalidad, y que se arrepiente de lo que hizo, por lo que el remordimiento
7
6 seis.
é& CORTES NACIONALDE\yew’ JUSTICIA
y la conciencia actúa de esta manera, de otra parte, en el proceso está determinado
ésta situación legal y jurídica, ella actuó en estado normal de conciencia y voluntad para
actuar y delinquir en la forma que lo hizo. Que en la resolución que emite el Tribunal
Penal de Chimborazo, los juzgadores hacen a manera de interpretación, el informe
pericial que determina la Dra. Nelly Tobar, pues bien, lo que sin duda la perito quiso
decir, es que actuó con voluntad y conciencia pero limitada, las preguntas y las
respuestas fueron tácitas y expresivas que no dan lugar a interpretación, más aún ir
más allá, de hacer una especie de ir mas allá del pensamiento de la perito, y tratar de
manifestar lo que ella tuvo en intención de decir, la respuesta fue simple, sencilla y
directa, el acto criminoso fue cometido con normalidad de conciencia y voluntaria de la
encausada, se deja en claro, que en el supuesto no consentido de que la posible
persona que cometió el delito y posteriormente entró en una crisis de alineación mental,
pero no al momento de cometer el delito, que es lo que se analiza, prueba de ello
procede a dar lectura al certificado de conducta del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, de fecha posterior a la realización de la audiencia en el Tribunal de veinte y
nueve de marzo del dos mil once, con la cual demuestra que la encausada Pérez Fierro
Wilma Elizabeth atraviesa un estado crítico de salud mental, posterior al hecho delictivo,
al acto cometido en contra de su propio nieto, tiene un conflicto de conciencia en su ser,
tratando de remediar de alguna manera, pero sin resultados positivos, por lo que los
familiares, tanto de la madre como del padre e hija de la encausada, han visto no desde
el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista familiar y social, tratando de no
entorpecer el actuar de la justicia, sino que ésta se exponga con fundamentos claros y
tanto en la resolución del Tribunal Penal cuanto en la Sala de lo Penal de Chimborazo,
han manifestado que la señora debe ser sentenciada y a la vez vinculada por las
consideraciones expuestas a lo largo del proceso y las pruebas de esta causa. Que se
justifica el hecho, que al momento de cometer el delito la acusada estaba en estado de
conciencia y voluntad normal, eso esta determinado claramente dentro del proceso, los
Jueces de Primera y Segunda instancia han sido considerados y lógicamente lo
creemos que Ustedes como Jueces de la Corte Nacional lo analizarán, lo resolverán
8
17 diecisie?3
44k CORTE/ x ~ ~cior~Ai. QE\j9ir
actuado y apelado el Derecho respeto del momento del acto delictivo, no posterior a
que, tal vez la señora tenga desequilibrios mentales de cuales la justicia sabrá como
resolverlo, que alegamos sobre el momento del cometimiento del delito, por lo que
solicita que el Tribunal aplique la norma penal correspondiente y no como lo ha hecho
la Sala Penal de Chimborazo, se solicita se ratifique la sentencia venida desde ¡a
primera instancia...”
QUINTO: INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENREAL DEL ESTADO.
El Fiscal General del Estado, a través del Doctor José García Falconí, Asesor y
Delegado, dice: “...Que en el presente caso se está analizado la muerte de un niño de 4
años de edad llamado J.F.C.P, la muerte se debió a una acción típica, jurídica y
culpable de su abuelita. Que el Segundo Tribunal de Garantías Penales de
Chimborazo, dicta sentencia motivada manifestado que está justificada la existencia del
delito contemplado en el artículo 452 del Código Penal y la culpabilidad de la
recurrente, imponiendo la pena de veinte y cinco años. De esta sentencia acusatoria,
interpone el recurso de apelación la señora Wilma Elizabeth Pérez Fierro ante la Sala
de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, la que confirma en parte
la sentencia y reforma la pena a la de doce años, de la cual se interpone recurso de
casación, tanto la sentenciada como el acusador. Que es verdad, como dice el abogado
de la parte recurrente, se vive en un Estado Constitucional de Derechos y justicia a
partir de la actual constitución, el artículo 1 señala que el Ecuador es un Estado
Constitucional de Derechos, el Art. 424 de la Constitución de la República, en
concordancia con el artículo 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala la
supremacía de las normas constitucionales, una de las características en este Estado
Constitucional Derechos y Justicia, es que no existe normas superiores, nadie ni nada
está encima de la Constitución. Que el artículo 44 de la Constitución de la República, el
cual procede a dar lectura, señala: “Se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre lo de los demás personas, a los niños, niñas y
9
5 cinco
aa. CORTE/ r a NACIONAL DE
\,~ev JUSTICIA
adolescentes”, en el artículo 46 de la Constitución, numeral 1: “El Estado adoptará entre
otras las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes, atención a
menores de 6 años” y el niño que falleció tenia cuatro años, “que garantice su nutrición,
salud, educación y cuidado diario en un marca de protección integral de sus derechos”,
Que la Constitución es garantista, que en el artículo 66 numeral 1: “se garantiza el
derecho a la vida, siendo un derecho absoluto”, artículo 66 numeral 2, señala, “el
derecho a una vida digna , pero no es lo que aconteció en este caso, en el artículo 34
del Código Penal, procede a dar lectura: “no es responsable quien en el momento en
que se realizó la acción u omisión estaba por enfermedad en el estado mental que se
hallaba imposibilitado de entender o de creer”, al momento de dictar sentencia los
operados de justicia deben actuar con sana crítica, en base a la experiencia, se estaría
rompiendo la ley de la sana crítica y la experiencia, al haber encargado a la señora - -
Wilma Pérez Fierro a su nieto de 4 años de edad, sabiendo que tenia enfermedad
crónica, incurable, no estaba enferma en ese momento, es por eso que sus padres le
encargaron al niño J.F.C.P. de 4 años de edad, de tal modo que había consciencia y
voluntad al momento que se cometió el delito, como lo señala el Tribunal Segundo de
Garantías Penales en el artículo 452. Que la casación, es un recurso extraordinario, se
está en una teoría del causalismo, el delito es una acción humana típica, jurídica
culpable sancionada con una pena. Que el artículo 349 del Código de Procedimiento
Penal, señala que el recurso de casación será procedente ante la Corte Nacional de
Justicia, ya que son jueces de casación y de revisión, cuando en la sentencia se
hubiere violado la ley, por la contravención expresa de su texto, por indebida aplicación
o por errónea interpretación, pero el inciso segundo del artículo 349 señala que no
serán admisibles los pedidos tendientes a valorar la prueba, pues no existe la tercera
instancia, no pueden valorar la prueba, porque se estaría rompiendo el principio de
inmediación. Que hay que considerar que el artículo 21 del Código Orgánico de la
Función Judicial, señala como objetivos, que se guarde la paz social, por lo que no se
debe dejar en la impunidad los delitos. Que en manos de los Jueces está hacer
justicia...”
lo
18 dieci~kthoesrik~ u~ c4~
é& CORTE/ 1 ~ NACIONAL DE
\j’tV JUSTICIA
SEXTO: MARCO JURÍDICO.-
Es necesario establecer el marco jurídico, jurisprudencial y doctrinario para luego
analizar el fondo del cuestionamiento a la sentencia recurrida:
6.1.- Normativa Constitucional.
6.1.1.- La Constitución de la República, en su articulo 35 que de los derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria, “Las personas adultas mayores, niñas, niños
y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad,
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma
atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de
violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad.”
6.1.2.- Artículo 44, Se reconoce y garantiza a los niños niñas y adolescentes: “El
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de
las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos...”
Articulo 45 “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser
humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la
vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción
6.1.3.- La supremacía constitucional, consagrada en el artículo 425, de la constitución,
coloca a ésta en la cúspide de la escala de valores a tener en cuenta por el Juzgador;
en un Estado Coflstitucional de Derechos y Justicia, los Jueces tienen el deber de velar
porque se cumplan los Derechos y Garantías de los sujetos procesales, se cumplan,
haciendo una interpretación de la Constitución; que no debe entenderse solo dirigida a
cuidar los derechos y garantías de los justiciables; pues, solo así se garantiza el
11
4 cuatro
~é& CORTES NACIONAL DE\,,~çp’ JUSTICIA
equilibrio que hace posible el Principio de universalidad, consagrado en los numerales
2, 6 y 9 del artículo 11 ibídem.
6.1.4.- El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y debe hacer
efectivos los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad,
economía procesal, así como, la aplicación de las garantías del debido proceso, sin
sacrificar la justicia por la omisión de meras formalidades2, principios desarrollados en
el Código Orgánico de la Función Judicial, que enfatiza el principio de celeridad3, esto
es, que la Administración de Justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación,
como en la resolución de la causa y en la ejecución de lo decidido.”
6.2.- Normativa sustantiva.- El Código Penal, en su Capítulo 1 De los Delitos Contra
la Vida, en el artículo 452, establece.- “Los que a sabiendas y voluntariamente,
mataren a cualquier ascendiente o descendiente, cónyuge, o hermano serán reprimidos
con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años
6.3.- Normativa sobre casación penal.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 349 del
Código de Procedimiento Penal, el recurso de casación, es un medio impugnatorio, que
tiene por objeto corregir los errores de derecho que pudiera incurrir el inferior en la
sentencia, por lo que constituye un recurso extraordinario de control de la legalidad y
del error judicial en los fallos de instancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10,
inciso segundo, del Código Orgánico de la Función Judicial.
6.4.- Normativa internacional.-
4.1.- Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.- Al respecto es
menester referir a algunas disposiciones de esta Convención: “Articulo 4.- derecho a
la vida.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
2Artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador.3Artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial.‘~ Código Penal Ecuatoriano.
12
19 diec~~~~
¿a CORTE/ r a NAClOf’j~ DE
\..t.’er JUSTiCIA
protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de su vida arbitrariamente”. ~
4.2.- Declaración Universal de los Derechos Humanos.- artículo “...1.- Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; artículo
3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 6
4.3.- Convención sobre los Derechos del Niño.- Teniendo presente que: “...el niño,
por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales,
incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento...”7
4.3.1.- Dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es aceptada y
suscrita por el Ecuador, existe articulado de relevancia, que se podrían aplicar en este
asunto, tales como: “...Artículo 1.- Para los efectos de la presente Convención, se
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en
virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad; Artículo
2.- 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión,
la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales; 2. Los Estados Partes tomarán todas
las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma
de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. 8
Convención Interamericana Sobre lo Derechos Humanos.6 Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención sobre los Derechos del Niño; (preámbulo)Convención sobre los Derechos del Niño Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de Noviembre de 1989.
13
3 tres
éa. CORTE/ x a NACIONAL DE
JUSTICIA
SÉPTIMO.- ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE LA SALA PENAL.-
7.1.-Como se desprende del proceso, la causal se presenta tanto en el evento de
que la autora propicia o crea la situación de indefensión o inferioridad de la
víctima, que en ese caso es la de un niño de cuatro años, aprovechándose de las
circunstancias y condición de la victima, que está en clara situación de
indefensión, quien al momento de la agresión carece de medios de defensa, esto
es, en estado inerme, mientras la inferioridad ocurre cuando el sujeto activo se
encuentra en relación de superioridad frente a la víctima, vale decir entonces que
esta en posición de ventaja que le permite ejercer fácil dominio sobre ésta. La
circunstancia de agravación en examen comprende no sólo los eventos
considerados tradicionalmente como actos en cuya ejecución el autor actúa a
traición o sobre seguro, como la insidia, la alevosía, la premeditación y la
acechanza, sino todas aquellas situaciones en las cuales la víctima se encuentra
en imposibilidad de defenderse o en su caso de repeler el ataque, ya sea por
gritos o quejidos.
7.2.- La noción legal del delito de parricidio; asignado directamente al homicidio
del padre, de la madre, de los hermanos y abuelos o de cualquier otro
ascendiente consanguíneo y en línea recta, sean legítimos o naturales, a
sabiendas del sujeto activci que existe parentesco, lo que contribuye los
elementos del tipo penal de que se trata en la especie, el cual es sin duda el
delito más grave entre los de privación de la vida, propiamente sería un delito
agravado, en función de que tanto los sujetos pasivo y activo son ascendientes y
descendientes consanguíneos en línea recta. Repugna a la recta razón pensar
que una persona prive de la vida a otra, más aún cuando se trata de personas
unidas por consanguinidad.
14
2Oveinte~6_
ó& CORTE/ ~ NACIONAL DE
\~er JUSTICIA
7.3.- Dentro del marco legal, la conceptualización de parricidio asimilado como
delito no seria sino, el homicidio calificado, en razón del vínculo familiar, pues la
víctima es ascendiente o descendiente del sujeto activo, lesionando de esta
forma el bien jurídico, que yacería en la destrucción de la vida humana y la
destrucción de la fe y/o de la seguridad fundada en la confianza derivada de la
relación entre ascendiente y descendiente, situación antijurídica que viola
tácitamente el deber jurídico penal consiste en la prohibición de privar de la vida
dolosamente; y,
7.4.- La Casación, es un recurso extraordinario y formal que permite controlar si
el Tribunal Inferior ha violado la Ley; y, si dicha violación ha causado gravamen
al recurrente. Como el recurso extraordinario, por cuanto tiene causales
especiales para interponerse, y que, en nuestra legislación, se encuentran
establecidas en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, que expresa:
“El Recurso de Casación será procedente para ante la Corte Nacional de
Justicia, cuando en la sentencia se hubiere violado la ley, ya por contravención
expresa de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación. No
serán admisibles los pedidos tendientes a volver a valorar la prueba.” Entonces
decimos que este recurso es limitado por cuanto se revisó las violaciones que se
alega conforme a las causales, establecidas en el artículo 349 del Código de
Procedimiento Penal, es decir, que el casacionista debe demostrar, que se ha
violado la ley en la sentencia, ya sea por errónea interpretación, por indebida
aplicación o por violación expresa de su texto, lo cual francamente no ha ocurrido
en el caso sub júdice; de la sentencia venida en grado se observa que guarda
armonía en su parte expositiva, emotiva y resolutiva y cumpliendo los requisitos
del artículo innumerado colocado a continuación del artículo 304, 309 y 312 del
Código de Procedimiento Penal, también valoraron y se apegaron estrictamente
al inciso segundo del artículo 72 y 74 del Código Penal, que nos habla sobre la
reducción de una pena, la ley faculta a los juzgadores para modificar la pena, en
15
2dos
é& CORTE/ a NACIONAL DE
JUSTICIA
este caso han morigerado la pena a doce añas, seis meses de reclusión mayar
extraordinaria, sin dejar a un lado los hechos que se suscitaron, en este caso, se
trata de un niño y de su abuela materna quien con voluntad y consciencia
procede a quitarle la vida a su nieto, supuestamente por estar obnubilada por su
enfermedad. Los juzgadores Ad Quem, aplicaron la norma de reducción de pena
por considerar que el entender y querer de la sentenciada, aún sin estar anulado,
estaba limitado, por lo que aplicaron lo preceptuado en los artículos 50 y 35 del
Código Penal. Por lo tanto este Alto Tribunal de Corte Nacional considera que no
existe error en la sentencia, que amerite sea corregida en Casación.
OCTAVO.- DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE LA SALA.
Por lo anteriormente anotado y lo expuesto, ante este Alto Tribunal;
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR POR AUTORIDAD DE LAS LEYES DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA
REPÚBLICA”, en atención a lo previsto en el artículo 358 deI Código de Procedimiento
Penal, declara que los interpuestos recursos son IMPROCEDENTES; por lo tanto se los
RECHAZA; en consecuencia, se dispone su devolución al juzgador de origen, con la
finalidad que se ejecute la sentencia recurrida. Siendo el Ecuador un Estado
Constitucional de Derechos y de Justicia, no puede este Tribunal quedarse solamente
en la sentencia fría, máxime cuando se trata de una persona —la sentencia- que ahora,
se dice, tiene una alteración mental, lo que sumado a la privación de su libertad que
sufre como consecuencia del delito del cual ha sido declarada culpable, la sitúa en una
condición de doble vulnerabilidad, siendo parte de un grupo de atención prioritaria, por
lo que, en atención a los artículos 35, 50 y 51 de la Constitución de la República del
Ecuador, se dispone: a) que se cursen atentos oficios al señor Presidente y
Vicepresidente de la República del Ecuador, al Ministerio del Interior, al Ministerio de
Justicia y al MIESS, a fin de hacerles conocer de la necesidad existente en el Ecuador
16
44k CORTE~ NACIONALDE\7-er JUSTICIA
21 Veir~~.um~S’i2W
de que, en los centros de privación de la libertad existan lugares adecuados para que
personas con este tipo de problemas de salud, puedan cumplir con al pena que se las
ha impuesto, por lo que deberá equiparse a esos centros, en los términos
correspondientes. Además, ofíciese a las autoridades de Rehabilitación Social y al
señor Director del Centro de Privación de la Libertad de Chimborazo, a fin de que de
inmediato hagan las gestiones para brindar a la sentenciada un ambiente adecuado, la
medicina, y el tratamiento que requiera mientras cumple su pena, ya que el deber del
Estado es cumplir y hacer cumplir con los derechos de sus ciudadanos. Actúe la Dra.
Martha Villarroel Villegas Secretaria Relatora Encargada. Hágase saber, Cúmplase y
Publiquese.. /
CERTIFICO.
HEZ
Z NACIONAL PONENTE
DR.
DRA. MARTHA
SECRETARIA RELATORA (E)
17
luno
CORTENAciONAL DEJUSTICIA
Juicio No. 263-2011 MAV
RAZÓN: En la ciudad de San Francisco de Quito, hoy día jueves once de octubre del
dos mil doce, a partir de las dieciséis horas notifiqué por medio de boletas con la
SENTENCIA que antecede a: FISCAL GENERAL DEL ESTADO, en la casilla judicial
No. 1207: a DANILO FERNANDO CÁRDENAS VILLAFUERTE, en las casillas
judiciales Nos. 181, 1621 y 3398; a WILMA PÉREZ FIERRO, en la casilla judicial No.
5984.- Certifico.
DRA. MARTHA VIL’~~L VILLEGAS
SECRETARIA RELATORA (E)
Certifico que las fotocopias que anteceden en veinte y un (21) fojas soniguales a su original. Quito, 23 de noviembre de 2012.
SECRETARIA