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JURISPRUDENCIAS kILIITIDAS POR EL PLENO Y SALAS DE LA SUPKF.M.\ CORTE DE JUSTICIA DE LA A'ACION Y POR LOS TRIBUNALES COLEGI>\DOS DE CIRCUITO PUBLICADOS

EN LA GACETA DEL SEILI,\N,\RIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE SEPTIELIBRE A DICIEMBRE DE 1995

PLENO

ARRESTO COhlO MEDIDA I)E APREMIO, LAS LEYES O C d D I - GOS QUE L O ESTABLECEN POR U N TÉRiZfINO MAYOR A L DE T R E I N T A Y SEIS HOHAS, SON VIOLATORIOS DEL ARTfCLr- LO 21 CONSTITUCIONAL.

De la interpretación armónica de los articulas 17, 73 (a contrario sen- ~ u ) y 124, dc la Constitución Federal, se llega a la conclusión de que las legislaturas locales tienen faculta~les para establecer, en las leyes que expidan, las medidas de apremio de que dispondrán los jueces y ma- gistrados para hacer cumplir sus determinaciones, medidas entre las cuales puede incluirse el arresto; sin embargo la duración de éste, no puede quedar al arbitrio del legislador, sino que debe sujetarse, como máximo, al término de treinta y seis horas que prevé el articulo 21 constitucioiial para infracciones a reglamentos gubernativos o de poli- cía, pues si bien es cierto que la niedida de apremio encuentra su fun- damento en el articulo 17 constitucional y no se impone con objeto de castigar a un infractor, como sucede tratándose del arresto admi nistrativo, sino como u n medio para hacer cumplir las determinaciones judiciales, igualmente cierto resulta, que a través de ambas figuras, se priva de la libertad al afectado fuera de u n procedimiento penal. por lo que si el articulo 17 constitucion;~l no establece el limite temporal de dicha medida de apremio, debe recumirse, por interpretacióii extensiva, al limite estal~lecido por el articulo 21 constitucional p a n el arresto ;idministrativo. F.n consecuencia, si alguna disposición de una ley o código estal~lece el arresto como medida de apremio por uii termino mayor al de treinta y seis lloras, es inconstitucional.

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Amparo en revisión 193i/!l?. Adolfo Avila Soto. 3 de julio de 1935. Unani- midad de oiice \otos. Ponrnte: Juan IXaz Romero. Secretaria: Maiira Angéli- ca Sanabria Martíiiez.

Amparo en revisión 24/95. Juan Manuel Rodriguez Garcia. 3 d~ julio de 1995. Unanimidad de onre \.otos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretaria: Maiira Angélica Sanabria hlartinez.

Amparo en revisión 1C>31/94. Rafael Alejandro Urisquietx Carranco. 3 de julio de 1995. Urianimidad dc once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Sccre- tario: Jost hfanuel r l rbal io Flores.

Amparo cn rwisión 179n/i14. Josi La)-ón Aarún. 3 de julio de 1995. Unani- midad d r once votas. I'onriitc: Juan Díaz Koiiiero. Secr~taria: Adriana Cam- puzano de Ortiz.

Amparo eri revisión 399/95. Eleuterio Serrano Torres. 3 de julio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anyiano. Se- cretaria: Alejandra de León.

El l'ribimal l'leno en su sesi611 privada celebrada el treinta y ,,no de agosto en curso par unanimidad de once votos de los hliiiistros: Piesidcnte José Vi- r rn te Anguiario Alemán, Sergio Salvador A y i r r e .4npiano, hlariano iVzuelu Giiitrón, Jiiveiitino V. Castro y Castro, Juan Diaz Ilamero, Censro David Góngora Piineiitel, José dc Jesús Giidiíio Pelayo, Guillermo 1. Ortiz hfavagoi- tia, Humbprto Komiii P:ilacias, Olga hlaria Sáncliez Cordero y Jiian N. Silva Meza; aprobú, con el núriicro 23/1905 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antrcede; y detcrrniiió quc las rotaciuiies de las precederites son idóneas para integrarla. MCxico, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

EiVBARGO PKECAIJTORZO. EL AARTfCULO 145 D E L C d D I G O FISCAL I)E I,A FEUERACI6Ar Q U E LO PREI'Z VIOLA EL AR- T I C U L O 16 LIE L A COh'STITUCZdN.

E n los térniinos et i q u e se e n c u e n t r a redac tado el a r t i cu lo 145 d e l W i g o Fiscal <le l a Federación, se autoriza la t raba d e l e m b a r g o pre- cau tor io sobre los bienes del contr ibuyente, s in q u e se encuent re de- t c r i n i n a d ; ~ la obligaci6ii d c e n t e r a r t a l o c u a l t r i b u t o ni la cuant if ica-

c ión d e l mismo, c o n l o q u e se in f r inge el a r t i cu lo 16 constitucional,

a1 crearse u n es tado d e incer t idumbre e n e l contr ibuycnte, q u e des-

conoce l a justificacidn d e l aseguramiento d e bienes p a r a garan t iza r

u n supues to c red i to fiscal ciiyo m o n t o n o se e n c u e n t r a de te rminado .

La expresión q u e utiliza el dispositivo c i tado "de proteger el interés

fiscal", carece <le justificación e n v i r t u d de q u e la de te rminac ión de

JURISPRUDENCIA 333

u n a contribucióii constituye requisi to indispensable de l nacimiento del interés fiscal, l o que iniplica q u e si ello no se actualiza n o existen razones objetivas para aplicar l a a ludida medida precautoria. Sostener l o contrario propiciaria l a práctica d e aseguramientos e n abstracto, puesto q u e e n esa Iiipótesis se ignorarían los limites del embargo ya q u e n o se tendría l a certeza jurídica de la existencia de u n credito

fiscal. Por estas razones resulta inconstitucional e l precepto invocado a l otorgar facultades omnírnodas a l a au tor idad fiscal q u e decreta e l enibargo e n esas circunstancias a l de jar a su arb i t r io l a determinación de l m o n t o del mismo y d e los bienes afectados; además d e q u e e l pla- 70 d e u n año para fincar el c r td i to es demasiado ~>rolorigado y n o tiene jiistificación.

:\iiiparo en revisión 1988/92. Almacenes Especializados. S. A. dc C. V. 15 de junio de 1995. Mayoría de dirz votos. Ponente: Juventino V. Castro y Cas- tro. Secretario: Hilario Sánch~z Cortés.

Amparo en revisión 1363/92. Bar Alfonso, S. A. 15 de junio de 1995. Ma- yoría de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hila- rio Sánchez Con&.

Amparo en revisión 156/94. Flujo de Datos México, S. A. de C. V. 29 de junio de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anyiano. Secretaria: Adriana Ezcorza Carra-.

Amparo en revisión 1505/94. Jarabes Veracruzanos, S. A. de C. V. 29 de junio de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sjnchez Cortés.

Amparo en revisión 1416/94. Automotores Cuautitlán, S. A. de C. V. 4 de julio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario Sánchez Cortés.

EL Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el treintl y uno de agosto en curso, por unanimidad de once votos de los hfinistros: Presidente José Vi- cente Aguinaco Alemán, Sergia Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuda Güiwón, Juventino V. Castro y Castro Juan Díaz Romero, Genaro David Gón- gora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelaya, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia, Humheno Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silvd Meza; aprobó, con el número 17/1995 (9a.) la tesis de jurispnidencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas p a n integrarla. México, Distrito Federal, a treinta y una de agosto de mil nove- cientas noventa y cinco.

534 JURISPRUDENCIA

LEYES DE INGRESOS. CUANDO N O TENGAN QUE A T R I B U f R - SELES VICIOS PROPIOS, RESULTA OPTATIVO PARA EL QUE- JOSO IMPUGNARLAS O NO EN EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA L A LEY QUE REGULA EL IMPUESTO ESPECÍFICO.

Conforme a la Tesis Jurisprudencia1 número 127, del Tribunal Pleno, visible en la página 231, de la Primera Parte del Apdndice 1917-1988, con el rubro "LEYES DE INGRESOS", estas leyes constituyen un catálogo de gravámenes tributarios, pero que condicionan la aplicación de las disposiciones impositivas de carácter especial; por tanto, si en u n juicio de amparo se aaedita tener interés juridico para reclamar la inconstitucionalidad de un impuesto determinado establecido en una ley especifica, resulta evidente que también le asiste dicho interés para impugnar la correspondiente ley de ingresos que condi- ciona la aplicación de aquél, pues el efecto legal que tenga el trata- miento juridico que se dé a la ley específica tendrá repercusibn en la ley general de ingresos a la que trasciende y afecta dada su estrecha vinculación. No obstante, nada impide que se pueda reclamar en amparo únicamente la ley específica sin impugnarse la Ley General de Ingresos, pues la circunstancia de que en aquélla se fijen el monto del impuesto, los sujetos del mismo y las formas de causarse y recau- darse, permiten el acceso directo al juicio de garantías cuando se aue- dita el perjuicio que ocasiona esta última ley al quejoso. En esa> condiciones, puede válidamente afirmarse que cuando no se tengan que atribuir vicios propios a la Ley de Ingresos, resulta optativo para el agraviado impugnarla o no en amparo, ya que, por u n lado, si esta se reclama, el interes jurídico para impugnarla se acredita al demos- trarse la afectación ocasionada por la ley que regula el impuesto espe- cifico y, por otra parte, su no impugnación no impediría abordar el estudio de la ley especifica que se reclame.

P./J. 25/95

Contradicción de tesis 26/94. Entre las sustentadas por las anteriores Terre- ra Sala y Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Se- cretario: Alejandro S. González Bernabé.

El Ttribunal Pleno en su sesión privada del jueves treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco asigná el número 25/1995 (9a.) a esta tesis de jurispnidencia aprobada al resolver la contradicción de tesis número 26/94. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

SEGURO SOCIAL, LEY DEI.. SUS ARTfCUI-OS 114 Y 177, QUE INCRElIIENTAN DIVERSAS CUOTAS N O VIOLAN 1 - 0 s PRIN- CIPIOS DE EQCJIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS. (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDE- KACION DE 20 DE JULIO DE 1993).

Los asticulos 114 y 177 de la Ley del Seguro Social, reforinados por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 20 de julio de 1993, que incrementan las ciiotas a cargo de los patrones en los seguros de enfermedades y maternidad, y de invalidez, vejez, cesantía eii edad avanz:rda y muerte, no violan el principio de proporcionali- <Idd tribut:rria, pues atienden a la capacidad contributiva de los patrones, la que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 123, fracciones XV y XXIX, de la Constitución Federal debe determinarse a través de dos indicadores bisicos, que soti el salario base de cotización y cl númcro de trabajadores, ya que con los porcentajes previstos por .cl legislador se logra que aquellos sujetos que paguen salarios más aitos y tengan a su servicio un número mis elevado de trabajadores coiitril~uya~i en niayor medida a la prestaciún del servicio público de zalud y seguridad social, que aquellos que paguen salarios inferiores o tengan u11 número menor de trabajadores. Tampoco violan el principio de equidad, pues los preccptos reclatnados conceden el mismo tra- t;~miento a todos los patrones colocados en igual situaciún, sin que pueda exigirse que la ley establerca cargas similares para los patrones y para el Estado, pues se trata de sujetos colocados en <livers;i situación, pues mientras los primeros contribuyen como obligados por los debe- res que les impone la Constitución en su calidad de piirones, el segundo lo Iiace como encargado de la prestacihn del servicio público de salud y seguridad social. Además, los preceptos citados no violan los principios constitucionüles <le que se trata, aunque modifiquen las cuotas previstas en el texto original de la Ley del Seguro Social, que fue resultado de minuciosos estuclios de orden actuarial y de recoger las experiencias obtenidas en la aplicaci6n de otros sistemas legislati- vos, ya que al cambiar I;is circunstancias cconómicas, sociales y politi- cas que determinaron la expe<liciún de aquélla, han debido variar las reglas conforme a las cuales deben asegurarse la operación y funcio- namiento del régimen del seguro social, :i través de los recursos finan- &ros necesarios pira el cumplimiento de sus fiinciones.

P./J. 20195

Ampara en revisión 508/34. Productos Industriales Goodycar, S. A. de (:. '4. 19 de octubre de 1994. Mayoría de diecinueve votos. l'oneiite: Juan Dí;iz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortir.

Amparo en revisión 861/94. Cyaiiamid, S. A. de C. V. 13 de niarzo de 1995. 'iianimidad de oricc votos. Ponente: Juan Iliaz Koniero. Secretaria, Adriana Carnpurano dc Ortiz.

Amparo en revisión 1158/94. Perforadora Crntral, S. A. de C:. V. 13 de marzo dc 15195. Unanimidad de once votos. Poiierite: Juan Día? I<omcri~. Sc- cretario: Alejandro Srrgio Gonzjlez Beriiabé.

Amparo cn rcvisibn 1080/94. Sonoco d e MCxico, S. 11. de C. V. 16 de rnar- io de 1995. Unanirnidad de once rotos. Ponente: hlarisno Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Romero Vázquez.

Amparo en revisión 1393194. Seivicios Transter, S. A. de C. V. 6 dc julio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Olga Maria Sánchez Cordero. Secretaria: Norma Lucía Pina Hernández.

El Tribunal Pleno en sii sesión privada celebrada el treinta y uno de agos- ta en curso, por unanimidad de once votos de los Ivlinistros: Presidente JosP Vicentc Aguinaco Aleniáii, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Amp- la Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Geiiaro David Góngora Pinientcl, José de Jesús Gudiño Pelayo, <;uillermo 1. Oniz Maya- goitia, Humberto Koinán Palacios, Olga hlaría Sánchcz Cordero y Juan Pi Silva hleza; aprubú, con el número 20/1Y95 (!h.) la tesis de jurispmdcncia que antecede; y deterriiinó que lar votacioiies de los priicedciiics son idói i~is para integrarla. Miuici~, Distrito Federal, a treinta y imo de agosto dc mil novecientos noventa y cinco.

C O I \ ~ P E ~ ' E ~ \ ' C I A P O / ( C U A N T O A L A E J E C C C 1 6 N DEL A C T O R E C L A M A D O .

Si b ien es cier to iluc el ;irticulo 36 d e la Ley d e A m p a r o previeiic q u e cu;iiido seaii conipclentes los jueces d e Diatr i to p a r a conocer de u n juicio d c airiparo, l o será aque l c n cuya jurisdiccióri se ejecute u t r a l e de ejecuvarse e l a c t o reclamado, y q u e la Jurisprudencia n ú m c - ro 53 clcl T o m o de lii Pri incra Sala d e l Apindicc de Jurisprudencia (le1 Semanario Jlldicial de la Federación d e 1917-1965, establece q u e s o n compcientes p a r a conocer d e los aniparos e n cont ra de órdenes d e aprehensiori, los jucces d e Distr i to q u e tengan jurisdicción en el l u g a r e n d o n d e d e b e n ejecutarse tales órdenes, a u n q u e las au tor idades q u c las e jecu ten res idan e n o t ros lugares sujecos a discinta jurisdicción, t a n i b i t n l o es q u e l a e jecución de las refer idas órdenes no p u e d e pre- suniirse p o r e l s imple Iieclio d e q u e el p romovente del a m p a r o haya

signado su deiiiandn eii deterinin;ido lugar en uii Estado, iii porque Iiaya rrinriilestado ser vecino de otra poblacibn del inisnio Estado, pues tal coriclusiriri seria siinl,lenieiite apreciativa del ju?g;idoi-, pues par;i 1;i ejecucióii del acto rcclam;~do es necesaria la interveiiciúri de alg~ina auloridad responsable con residencia en la juris<lic<:ióii del jucr <le Distrito, sienilo evidente, por ranto, que sin el señalaiiiiento dc un;i autorid;id ejecutara dentro de la jurisdicción del juez de Distrito eii t::l Estado, no puede estini:irse que 121 rcsolucihn correspondiente for- iosaincnte delm ejecut;irse en deterniinado lugar, piies bien podría una 11crsona en coiitra de quien se dicte una orderi de aprehensióii cam1)i;ir de <lomicilio y signar escritos en diversos lugares.

Asimisiiio, rcsult;~ ;iplicable ln tesis relacioriada con la de Jurispru- clericia níiiriero 101, visible a pdginas 695, Segunda Parte, del Apini l i - c<: a l S o ~ ~ a n a r i o Judicial de la Fede?-aridn 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente:

Si no se I i a seii;ilado por la aiitoridad responsable, a iiiriguna oti;i para que ejecute el acto que se reciaiiia, es coinpeterite para conocrr del juicio de garantías, el juez dc Distrito del lugar en donde resi& 1:i autorid;i<l de quien eiiinna el acto.

Por tanto, si la ordcn de apielierisióri reclamada en el jiiicio de amparo de que se lrata eman0, según I;i quejosa, del J u e ~ de Prinier;~ 1nst;iiicia <le Puebla y se pretende ejecutar por la I'o1ici;i del niismo Estado, consecuentemente procede decidirse el coriflicto competencia1 en favor del Juei Quinto de Distrito eii el Estado de Puel~la, con re- sidenci;i en la misma ciudad.

Este criterio fue sostenido en la conipeteiicia niiiiiero 240194, fal1;i- da eii la sesión del siete de abril del aiio eii curso, siendo poiierite e1 hliiiistro Huinberto Román Palzcio;.

Por lo expuesto y coi1 luiidniricnto e11 los irienci«n:i(los ;irticulos 10C de la Constitución Federal y 21, fracción I X , de la Lcy 0rg:iiiica del l'oder Judicial de la Fcdcracióri, se resuclvc:

PRIMERO. Se declara que el Juez Quinlo de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en 1:i ciudad de Puebla, es coliipe!ente par;i conocer del juicio de amparo 919/94, promovido por Rosa María Ri- quelme Arredondo, en coiitra de las autoridades y por los .ictos espci- ficados en el resultando primero de esta resolucióii.

338 JURISPRUDENCIA

SEGUNDO. Reinitansele los autos para que conozca del asunto y, comuníquese esta ejecutoria a los jueces contendientes con testimonio de la misma.

Notifiquese; y, en su oportunidad, archivese el expediente. Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Presi- dente Dr. Juventino V. Castro y Castro (ponente), Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga María del Carmen Sítnchez Cor- dero, en contra del voto del señor Ministro Jos6 de Jesús Gudiño Pe- layo, quien lo emitió en los terminos siguientes:

SEGUNDA SALA

AMPARO DIRECTO EN REVISION, COMPETENCIA DE LAS SA- LAS. N O PROCEDE SU ENVIO A LOS TRIBUNALES COLEGIA- DOS DE CIRCUITO, AUN CUANDO SE IMPUGNE U N A LEY EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNION Y EXISTA JU- RISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL PLENO SOBRE EL TEMA.

Cuando en un amparo directo se impugne una ley expedida por el Congreso de la Unión y exista jurisprudencia del Tribunal Pleno sobre el tema, el recurso debe ser resuelto por las Salas de la Suprema Corte de Justicia. No procede remitir la revisión a un Tribunal Cole- giado de Circuito para su resolución, en virtud de que entre las hip& tesis contempladas en el punto primero del Acuerdo 811995 del Tribu- nal Pleno de fecha diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, relativo a la determinación del envio de asuntos a los Tribu- nales Colegiados, no se encuentra previsto el envio de amparos direc- tos en revisión, toda vez que, acorde con los principios juridicos que rigen los recursos, éstos no pueden ser resueltos por un órgano jurisdiccional de igual jerarquía a aquel que emitió la resolución, y menos aún, por el mismo órgano resolutor, puesto que se haría nugatorio el derecho a la revisión de la parte inconforme.

Amparo directo en revisión 658/94. Francisco Javier Soto González. 21 dr abril de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secre- taria: Guadalupe Robles Denetro.

JURISPRUDENCIA 339

Anipari, directo en revisión 168/95. Panificadora El Olivar, S. de R. L. de C. V. 16 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillernio 1. Ortiz Maya- goitia. Secretario: Gerinán Martínez Hemández.

Arnpan, directo en revisión 235/1)5. Picsacel, S. A. de C. V. 2 de agosto de 1!195. Ciiico votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Itosa Maria Galván Zárate.

Amparo directo en revisión 166/94. I.laiitas y Vehículos, S. A. de C. V. 1 1 de agosto de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Genaro Da- vid Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Maiiuel de Jesús Rosales Suárez.

Aniparo directo en revisión 2418/90. Servicio Saii Felipe, S. A. 11 de agos- t o de 1995. Cinro votos. Ponente: Genaro I>ai.id Góngora Pimentel. Secrcta- ria: Guadalupe Kobl~s Denetro.

'I'esis de Jurispiudeiicia 43/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto 'l'ribu~ial, en sesión privada de dieciocho de agosto de mil novecientos noven- Va y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente Juan Iliaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano h u e l a Güitrón, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

CITATORIOS PARA NOTIFICACIOX EN MATERIA FISCAL. *YO ES KECESARZO, PARA SU VALIDEZ, QUE SE DIRIJAN, AIIEIMAS 111:' A LA PEZSONA M O R A L IA\rTERESADA, A SU RE- PKESEiVTANTE LEGAL.

Si u n citatorio para iiotificaciún e n materia fiscal se dirige a nombre de la person;i mora l interesada, es claro q u e esta situación n o genera n ingún estado d e incert idumbre o indefensión, pues las personas iiiorales, co~ i io ficciones jurídicas q u e son, s0lo pueden apersonarse a l tr;iv<:s <le dictios representantes. E n este sentido, es incuestionable q u e b i el cit;itorio d e referencia se dirige a l a persona moral, debe enten- clcrsc q u e se le está dirigiendo por medio de s u representante legal.

Coritraiiicción de tesis 3/95. Entre las susientadas por el Primer y el Cuar- to Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 d: a p t o de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Jacin- to Figueroa Salmorán.

Tesis de Jurisprudencia 48/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco rotos de los Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güi- trón, Guilermo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

CO,IIIS1óN P A K A L A I<EGCLAI<l%ACI6S 1)E 1.A T E N E N C I A JIE: L A T I E R R A . CL'AA71>O TIENE EL CARACi'EX L>E A U T O R I D A D P A l i A LOS EFECTII'OS DEL JIJICIO DE A M P A R O .

L;i <:oiiii\i6ri dc que se tiala es i i r i o r~ i r i i s i~ io púlilico desceiiir;iliríi- do, de c;irií<:ter ticnico y soci;il, coi1 persoii;ilidad juridic;~ y patiimoiiio ~floliios, (iiic tiene por objeto reguliiriiar la tencncia de la tierar en donde exibtaii asciit;iiriieritos irregulares, eii bienes ejidales o comuna- Ics; suscriliir las cscritur;is 1~ublic;is o títulos con los quc recoriozca la propiedad (le los particulares eii virtud de la regiilarixaci6n efecluada; celebrar los convenios quc scaii necesarios par:\ sii objeto; garantizar y/o eritreg;ir a la ir~titiiciOn que coi-rcsliond:~, 1;is itideiniiixaciones a que tengaii dcreclio los riiiclcos de pobliiciúii ejid;il o coinunal coi1 niotivo de las expropiaciories. La Ley 01-ginic;i de la Aclininistraciiin Pública Federal, est;ihlece que la adriiinistración pública centralizada está formada por las Secretarías de Estado y por los depart;iinentos ad- rninistrativos. y que la a<liniiiistracióri piil~lica paraestatal se integm, ciitre otros, con los organismos clesceiitra1ir;idoos. I>e acuerdo con lo ;interior, la referida Coinisión es liiirte integrante de la adniinistración pública paraest;ital, dado que fuc cread:^ por decreto del F.jecutivo Fccleral como un organisiiio desceiitri~li~ado; así, ;iiinque no forin;~ parte del Poder Ejecutivo, si constituye un órg;ino uuxi1i;ir del misino. Ahora hicn, ciiari<lo se emite un decrcto expropiiitorio y queda a cargo <le la indicada Comisióii cuiiiplir los fines de la expropi:ición, su zictuar si puede reputarse coino emanado de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que clccide ciiestiones de pose.e sión a fin de deterrniiiar a quién y en qui. medida Ic asisteii <lereclios de preferencias Li;ira 121 ii<lquisicióii de lotes, priva de la posesión sobre áreas que se dcstinar;iii ;i iiso coiiiún y 1-caliza otros ;:ctos de contenido siniiliir que, ademis de sigiiificar afectación, sc c;iritcterirari como uni- 1atcr;iles e iiiil>erativos. Lo anterior sin perjuicio <Ic que en cada caso se determine si se afecta 1ii esfera juriclica de los pnrticulares medi:inte el ejercicio del poder, sea que lo 1i:iga dicha Comisiún dentro dc 121s ;itribuciones jurídic;is que l:is <lisl>osicioncs le otorgan, o fu<.r;i (le ellas.

Contradicción de tesis 7/34. Entre las sustrntad;is por el IJiiiiier Tribuiial Colegiado cii Materia Adnii~istrativn del Tercer Circuito )- el Scgundo l ' r i l~u-

JURISPRUDENCIA 3-1 1

nal Colrgiado del Se,pndo Circuiío actualniente Primer Tribunal Colrgiado en Materia Civil y de Trabajo). 25 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponen- te: Guillermo 1. Orlir Aiayagoitia. Secretaria: Angelina Hernáiidei Hrrnáiidrz.

Tcsis de Jurisprudencia 49/95, Aprobada par la Sr~ i rnda Sala de estr :iIt«

Tribunal, pn sesión pública de v~iiiricinco de agosto dc: inil tioieórnios 110-

venta y cinco, por uri;riiiriiidad d r cinco votos dc los hlinistroi: Prrsi<leiii:! Juan Diaz Romcro, Cenaro Ilaviil Góiigori Pii~irritel, hlarinrio kriirla Gil¡- trón, Guil'lerma 1. Ortiz Mayagoiiia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

COiIIPETENCIA EN AAnlPARO DIRECTO EAr Xb~l ' ISIúN C U A K - DO EXISTA JURISPK LIDEi\TCIA QLIE RESUELVE EL TElIfA DE C O N S T I T U C I O N A L I D A D PKOPUESTO, A U N CLTANDO L.1 MISMA SEA GENÉRZCA, COKRESPONLIE A LAS SALAS DE LA SUPREMA C O R T E DE JCrSTICIA DE ?.A A'ACIdiV .

El punto primero fracción 111 del Acuerdo Plenario 411995, emiti- d o por el Tribunal Pleno el trece de febrero de niil novecientos noventa y cinco, establecen: "PKIRIElIO. El Pleno enviar;i a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, eii su caso, éstas con- servarán para su resolución, los asuntos que, a juicio del ministro ponente, queden comprendidos en las siguientes hipútesis: . . ,111. Los recursos dc revisión en contra de sentencias dictadas en amparo cli- recto por Tribunales Colegiados [le Circuito en los que subsistien<lo en el recurso el problema de coristitucionalid;id y teniendo que resolver sol~re el misriio, exisla jurisprudencia del Pleno sohre csa cuestión y no se cncuentreii rarones para dejar de aplicarkt", debiendo ronsi- derarse que la citada Iiipótesis se actualiza no sólo cuando exista jurisprudencia especifica sobre el tema de coristituciori;ilidad planteado, sino tambifii cuando esa jurisprudencia sea generica, cs decir, que en forma general rcsuclva el misnio problema y sea esenci;ilniente aplicable al caso de que se trate, pues resultaria ocioso qiie el Tribunal Pleno resolviera nuevamente soLrc una cuestión que ya decidió en lo srisiancial. En consecuencia, compete a las Salas dc la Siiprema Cortc de Justicia de la Nación resolver los asuntos que se encuentren dcii- tro de la referida hipótesis.

Amparo directo en revisión 106G/34. Ricardo Espinosa Cemantes. 28 dp abril de 1995. Cinro votos. Ponente: Sergio Salvador Aqirre Anpuiano. S"- cretario: llobeno Lara Hemández.

342 JURISPRUDENCIA

Ampara directo en revisión 235/95. Picsacel, S. A. de C. V. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Genara David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Amparo directo en revisión 166/94. Llantas y Vehículos, S. A. de C. V. 11 de agosto de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Genaro Da- vid Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario. Manuel de Jesús Rosales Suárez.

Amparo directo en revisión 243/94. Seguros La Comercial, S. A. 11 de agosto de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: Genaro David Gón- gora Pimentel. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo directo en revisión 2418/90. Se~vicio San Felipe, S. A. 11 de agos- to de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secreta- ria: Guadalupe Robles Denetro.

Tesis de Jurispmdencia 44/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güi- trón, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiana.

NEGATIVA FICTA. SI SE DEMANDA SU NULIDAD EN JUICIO A N T E EL TRIBUNAL FZSCAL, NO PROCEDE EL AMPARO EN C O N T R A DE L A RESOLUCION EXPRESA AUNQUE SE RECLA- M E LA INCONSTZTUCIONALZDAD DE L A LEY APLICADA.

Si como consecuencia d e u n recurso administrativo se configura u n a negativa ficta e n los terminos del art iculo 37 del Código Fiscal d e la Federación, combatiéndose en juicio contencioso administrativo ante .el T r ibuna l Fiscal de l a Federación y, con posterioridad, se dicta u n a resolución expresa, resulta improcedente el juicio de amparo contra ésta, a u n cuando se reclame la inconstitucionalidad d e la ley aplicada , pues d e acuerdo con las características d e la negativa ficta debe entenderse que el afectado optó por el medio ordinario d e defensa y, además, conforme a los principios q u e rigen el amparo contra leyes, al optarse por ese medio ordinario tendrá que esperar hasta que se dicte l a resolución q u e ponga f i n a l mismo para que pueda reclamarse e n amparo directo planteando, en su caso, en los conceptos d e violación, l a inconstitucionalidad de la ley aplicada.

Amparo en revisión 62/94. Bocar, S. A. de C. V. 11 de agosto de 1995 Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Suirez Fragoso.

REPETICION DEL A C T O I tECLAMADO. SI H U B O CAAlBlO DE i'ITUZ.ARES, N O CABE APLICARLES L A SAATCZ6N PIfEVZSTA EN L A FRACCION XVI 1>E12 A R T f C U L O 107 DE L A CONSTI- TC'CION AL'hJQLrE JE DECLARE I+Ui\TDAUO EZ, INCIDENTE, SIhTO R E Q U E R I R A LOS NLIEVOS T I T U L A R E S .

Cuando resulte fundado el incidente de repetición del acto reclamn- do y se advierta que hubo cambio de titulares, rio procede aplicarles a los nuevos funcionarios la sanción prevista en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, sino requerirlos para que dejen sin efecto los actos de reiteración y en su caso, den cumplimiento a la cjecuto- ria, en términos de lo establecido en la Ley de Aniparo.

Incidente de repetición del acto reclanlado 5/iIS. Heriberto Sirnón Ló~>t,z del Valle. 18 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo E. Báez Lópcz.

REPETICION D E L A C T O RECLAMADO. SLJPUESTO EN EL Q U E N O PROCEDE L A APLICACION DE L A SANCIOLV Q U E PREVÉ L A FRACCION XVZ DEI. A R T f C U L O 107 C O N S T I T U C I O N A L .

No es el caso de que se aplique la sanción que prevC la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y el articulo 108 de la Ley de Amparo, cuando de autos aparece que la responsable, motu proprio, dejó sin efecto el acto que constituyó la repeticibn del acto reclamado, pues tal conducta pone de manifiesto su voluntad de acatamiento a la ejecutoria y demuestra que la repetición en que había incurrido no entrañó mala fe. Aun cuando la Constituci6n y la Ley de Amparo preven que la destitución del cargo procede cuando se incurra en re- petición del acto reclamado, lógica y jurídicamente debe entenderse que no es procedente la sanción cuando las responsables subsanan o corrigen esa actuación y cumplen la ejecutoria de garantías.

Incidente de inejecución 78/87. Shell México, S. A. de C. V. 8 de seli- tiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimcntel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

SENTENCIA DE A M P A R O , N O DEBE COhrSIDERARSE AQUE- 1.I.A RESOLUCION QUE SE D I C T E EN SU C U M P L I M I E N T O , CCrANDO E S T E PENL>IElVTE DE RESOLVERSE UN RECURSO 111: REC'ISIOA' EN AMPARO L)IKECTO.

Si uii;i S;i1;i del Tribunal Fiscal de la Federación emite resolución eii preieridido cuiripliiiiicrito a un;i sentencia de amparo que no ha c;iusado cjeciitoria por Iiallarse en trámite el recurso de revisión, tal rmoluci<in no puede tciier efectos de cuinplirnieiito, pues ello equival- dl-i;i a privar de uii dcreclio legalineiite otorgado al recurrente, dejin- <lolo eii esta<lo de iti<lefciisióii al no permitirsele ser escuchado a tra- Y& del recriiso qiie interpuso.

- I n i I ~ ~ r o dii-rto i n revisión 705/91. Grupo Nor, S. A. de C:. V. I I de agas- t o de l!)!)j. <:inco votos: Ponente: Geiiaro David Góiig,,r;i Pi~ririitel. Scrrc-

taria: l<oiall>a Becerril Velázquer.

í i ( t l¿AHlO. SljCESIOAV, TRAA~SiVfISlON 111: l > I R E C H O S POR. E L PIfOCEUlAllEA'TO E1\T ESTE jliI<:lO I>II~lEI<E A L QUE SE INS- T R U Y E EAr 1.03 CONFLICTOS SOBIIE POSESION Y GOCE DE PARCELA E j I D A t ~ .

El procedimiento prcvisto par;! dccidir 1;i cuestiiiii relaliva a la trans- tiiisión de dereclios sol>re una dotación indiridual por muerte del ti- tiil;ir, previsto por el articulo 82 de la Ley Feder;il de Reforma Agra- ria, es diverso ;iI que se sigue para resolver el conflicto sohre usufructo <le parcela, que contcniplan los articulas del 434 al 43!1 de la misma ley. 1.a diferenci;, tundamental rzidica en que niientras aqurl se inicia coi1 la recabaci0n de la opinión dc 121 Asamblea General de Ejidata- rios, este comienza con l;1 queja que el interesado presenta ante el Coinisariado Ejidal, si bien ambos son resueltos en definitiva por la Comisión Agraria Mixta. Si las constancias que integran el expedien- tc muestran que se siguió el trámite empezado por la queja ante el comisariado, pero que en el fonclo se está decidiendo una cuestión relativa a la sucesión de derechos por herencia, entonces cs procedente conceder el amparo para que se ;inule todo el procedimiento, toda vez que las disposiciones que integran la Ley Federal de Re foma Agraria son de orden público, según niandii cl articulo lo. de ese cuerpo legal, por lo cual su acatamiento es imperativo.

SEGUNDO TII1BUX:tL COLEGI!\DO DEL Q U I N T O CIKCUITO V.20. J , ' IO

!\iiiparo eti rc\isiúii l.kI/!Jl. C:crilii Urbnlrjo hlCndei. 21 de riovieinhre rlc I!)i!l. Liiaiiirnidad de votos. Ponfiite: Adán Gilberto Villarreal Castro. Se crrtaria: Rosa Eugenia Góniez Tella Fosado.

Ainparo en revisión 205/91. Pedro Cerantes Ozuna. 21 de noviembre de ll!I)I. Uriariiniidad de votos. Ponente: Adán Gilberto Villarrcal Castro. Sr- rretaria: R o ~ a Eilgenia Góniei Tello Fosado.

Amparo directo 173/!!3. Guillermina Yocupicio Villegas y otros. 7 de mayo .de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: ..llicia llodrigurz Cruz. Secretario: I:du;lrdo ilnastacio Cháver Garcia.

Amparo directo 621/91. Albino Andrade Valcnzuela. 12 de enero de 11195. L-rinnimidad de votos. Ponente: Alicia Rodri,p;uci Crui. Secretario: Juan Csr- Ii~s Luque Górnci.

Arnparo directo 478/95. María Aidé Valciizucla viuda de Ortiz. 7 de a$os. tu de 1935. L-nanimidad de votos. Parirrite: Ricardo Riva:< Perei.. Serreta- rio: José I.uis Hernández Ochoa.

C A R E O C O N S S I S U C I O N A I . . SOLO PCIEL)E ACORDARSE A PETI- Ud>\' DLL PRílCES.4DO EL.

Coriforiiie a l a re forma a l a r t i cu lo 20, Irnción IV, d e la Const i tucibn Federal , vigcnte ;r par t i r d e l c u a t r o de sept iembre d e m i l novecientos novctitü y trcs, l a celebracidn d e careo const i tucional d e j a d e ser obli- gaci6ii legal d c l juez, p o r q u e éste l o acordará sólo a pet ición d e l pro- .ccsüdo, ya por sí o p o r conduc to d e su defensor , lo q u e se en t iende , p o r ser a q u e l a q u i e n le interesa conocer a s u acusador o a las personas q u e d e a l g u n a m a n e r a l o involucren como responsable d e l d e l i t o q u e se l e reprocha, sol ic i tud q u e , viene a provocar u n i m p u l s o .al p roced imien to penal , a f in d e agilizar s u t rámite .

I'RIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO XX. 515

Ainparo directo 975/94. Eduardo de León Iluiz. 2 de niaao de 1995. Una- riimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ilainircz Sánchez.

Arnparo directo 156/1!5. José Luis Garria Garcia. 18 de mayo de 1995. Uriariimidad d r \mas Poiiirite: .ingel Suárez Torres. Secretario: Kamiro Joel Kamirez Sinchrz.

Atnparo directo li;(;/i!5. Eleazar Barrios Tirado. 18 de mayo de 1995. Una- nir~iidad de votuq. P o n ~ ~ i t c : h g n l Suárez Torres. Secretario: Rainiro Joel Itamire7. S5iichcz.

346 JURISPRUDENCIA

Amparo directo 272/95. Juan Carlos Medina Chirina. 29 de junio dc 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario Rafael León González.

Amparo directo 438/95. Rodrigo Roblero Morales. 6 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Karnirez Sánchez.

INFORME JUSTIFICADO. OAIISIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL.

L a omisión de lai autoridades responsables d e acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclaniado, s61o d a lugar a imponerles determinada multa, pero ello n o releva a los quejosos d e demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga d e la prueba conforme l o dispone el párrafo tercero del articulo 149 d e la Ley d e Amparo, cuando el acto reclamado n o sea inconstitucional e n sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho d e que el juez del Distrito, conforme lo establece el últ imo párrafo del art iculo 78 reformado d e la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, n o obren e n au tos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez d e amparo debe recabar d e oficio "prucbas", mas n o constancias, porque estas pueden consistir en elementos diversos d e aquellos q u e tuvo e n cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio d e garantías, e n términos del primero d e los preceptos mencionados.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO SEGUNDO CIRCUITO XXII. 514

Amparo en revisión 252/94. David Marmgai Alegría. lo. de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Sr- cretario: Ramiro Rodríguez Pérez.

Amparo en revisión 340/94. Felipe Flores Vargas. 17 dc noviembre di. 1994. Unanimidad de votas. Ponente: Hugo Sahuer Hernáiidez Secrctariiz Eligia Nicolás Lerma Moreno.

Amparo en revisión 367/94. Alejandro David Sánchez Angeles. 17 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernánder Torres. Secretario: Domingo Pérez Arias.

Amparo en rcvisiin 321/9J. Irma Rivcra Martinez. 26 de enero dr 1<)!)?. Cnariiinidad de votos. Ponente: Julio C:isir Vizquez-Mellado Garcia: Secrc- tario: Artiiro Rafael Segura h.ladurño.

Amparo en rcvisióir 2iG/95. Iligohcrto Macias Olivares. 24 de agosto d i !I)i)5. Unnriimidad dc votos. Ponente: Julio César Vázqucz-hfcllado Gnrri.~. Secretario: Isidro Pedro Alráiitara Vzldés.

0RDE.V L)E APREHEh1S16A'. CESACZÓN DE SUS EFECTOS:

Para q u e cescri los electos d c u n a ordcn d e captura es meiiester qiic e n contra <le ésta se interponga u n recurso e n e l q u e se dicte u n a nueva resoliición q u e sustituya procesalmente a la anterior, o cuando se constituya u n a situación jurídica q u e definitivamente destruya l a q u e d i o inotivo a l amparo d e cal manera q u e por esa nueva situacibn se repon- g;i al quejoso c n el goce d e l a garantía violada.

TRIBUNAL COLEGIAIIO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO

Amparo en revisión 148/95. J U ~ Z Primero de Primera Iiistancia de Vma- cruz. 18 de mayo de 1995. Uiiaiiiinidad de votos. Ponente: Gilberto Gonzá- lez Bozricre. Secretario: Jorge Maiiuel Pérez López.

Amparo en revisibii 15.1/95. Fernando Aguilera de Iionihre. 25 de ina)u de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Goníálcz Bouiere. Setrr tario: h'icolás Leal Salazar.

Amoaro en revisión 263/95. Victor Manuel Salazar Peña. 12 de iulio rl? 1995. Unanimidad de votos Ponente: Luis Alfonso Pérez y Ptrez. Secretaria Leticia López Vives.

Amuaro en revisión 200/95. Tuez Primero de Primera Instancia de Córdil- ha, veracruz. 13 de julio 'de 1595. Unaniniidad de votos. Ponente: Gilberia Gonzálcz Bozziere. Secretaria: hlercedes Cabrera Pinzón.

Amparo en revisión 258/95. Wenceslao Vitelio Flores llodrípez. 9 de agos to de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso K r e z y Pércz. Si,- cretaria: María de Lourdes Juirez Sierra.

PARTE PROCESAL. NO SOhT LOS TERCEROS A LOS QUE SE DA VISTA. (LEGISLACZON IIEL ESTADO DE COLIMA).

L a exprcsióri "<lar vista" q u e empleó e l legislador e n el art iculo ü!J del C6digo de Procedimientoi Civiles del Estado de Colima, de nin- guna manera se traduce en e l emplazamiento a juicio de terceros ex- traños ;i1 procedimiento, n i tampoco quiere decir q u e éstos se convier-

tan por esa circuiistancia, cn parle dentro d e la controversia q u e sus- cita la actividad jurisdiccional, ya que n o existe n ingún dispositivo legal que así lo establezca. La referida expresibn, solamerite debe entenderse, en el sentido de q u e los autos del sumario quedan e n la secretaria del juzgado para que se impongan d e ellos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EX hfATE1:I.Y CIVII. IIEL TERCER CIRCUITO IIl.?o.C. J /1

Airipam directo 532/$15. hlarja Tcrrsa Bcrra Xxarro. 29 de jiiriio de 1995. Uiinnimiclud dr votos. Ponente: Rodolfo hloreiio Iial1iii;is. Sccreizr i i i : Ricar do Lepe Lcchuga.

Aiiiparo directo 558/95. Adela Valencia de Eriie~ollen. 4 de erosto de I!B5. Gnin3niiiiidarl dc votos. Ponenle: Rodolio hl<>rzrio Ualiirias. Serrctaria: María de la Liiz Orozco Baltazar.

Amparo dirccto 565/95. .Variano Feiahridt .~ hlaipdo. 4 <le :.resto de 1995 Unanimidad de rotos. Ponente: Rodolfo hlorctio Hallin:is. Srrrcinrio: Ricar- do Lepe Lechuga.

USO DE 1)OCUMENTO FALSO 1.' I.;1LSI17Z.ICACIú~V DE DOCU- AlE1\TTOS. CBSO EN E L Q U E E L PRIIIIEXO SE SUBSC'211E EN E L SEGUXDO.

Cuando una persona falsifica u n documento y lo usa a s:tbicndas d e ello, n o puede hablarse d e la existencia d e dos delitos autónomos, ya que en esa hipátcsis el uso d e documento falso se subsume c n el de falsificación d e documentos.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAL PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO VI1.P. J / 1

Amparo en revisión 361/93. Juez Tercero de Primera Instancia de Vera- cmz, Veracmz. 13 de enero de 1991. Unanimidad dc votos. Ponente: Gil- berto González Bouiere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón.

Amparo en revisión 300/93. Rafael Urdapilleta Pérez y otro. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Tembladar Vidrio. Secretario: Benito Andrade Ibam.

Amparo en revisión 353/93. José Román Vázquez. ?O de enero de 1994. Unanimidad de votas. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretario: Ni- colás Leal Salazar.

Amparo ?n revisión 446/93. Hilegardo Ayala Boziere. Secretaria: Aida García Franco.

Amparo eii reviaibn 397/94. José Antonio Martinin l'irioco. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de rotos. Ponente: José Pérez TIOIICOSO. Secretario: José Luis llafael Cano Martinez.

TRIBUNALES COL.EGIADOS DE CIRCUITO

ACCIOX IlESTITUTOIi lA L S .\fATERIA AGRARIA S i S ELE,IIENTOS.

C:ramaticalmente restituir es "devolver lo qiic se posee injiistameilte", y reivindicar es "reclamar una cosa que pertenece a uno pero que está eii iiiaiios de otro". De lo anterior resulta que los elementos de 1;i ac- ciiiii restitutoria en nxtteria agr;~ria, son los mismos que se requieren eii iiiateria civil par;, la accióri reivindicatoi-ia, ya que ;iriibas acciones coiiipelen ;il titular o ~iropiet;iiio que iio csti en posesifin de su parce- 1:i o tierra, y el efccto de amlins acciones, es declarar quc el actor tie- iie doiniiiio sobre la cosa que reclama y qiie el demanckido se la entre- gue. Así, quien ejercite la accióii restitutoria debe acreditar: a) si es un núcleo de población, la propiedad de las tierras qiie reclama, y si cs un ejidatario, la titularidad de la parce1;i que reclam;~; 0) la pose- sión por el demündado de la cosa perseguida; y, c) la identidad de la niisiri;~, o sea que no pueda dudarse cuil es la cosa que el actor pretende se le restituya y a la que se refieren los docunientos fund:ttorios de la acción, precisando ubicación, superficie y lindero, hechos que <lemostrará por cualquiera de los medios de prueba reconocidos por 121 ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEI, SEXTO CII<CUTO V1.30.8 A

Amparo directo 276/95. Vicente Salazar Diaz. 29 de junio de 1995. Una- nimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquin Zaleta. Secretario: Othón Manuel Ríos Flores.

ACTAS ADMINISTRATIVAS. HUEL,LA DZGITAL, VALIDEZ IIE LA. (MATERIA AGRARIA).

Una correcta interpretacidn del artículo 195 de la Ley Agraria. vigente a partir del veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, dispone que para la validez de las actas que se levanten con moti-

350 JURISPRUDENCIA

tivo de las audiencias, bastari que esten signadas con la firma auti' grafa del magistrado del tribunal, del secretario o de los testigos de asistencia, las partes interesadas y en su caso por el vencido en juicio, quien si no supiere hacerlo o estuviere impedido, imprimirá su Iiue- Ila, por lo que se infiere que las partes deben ser debidamente identi- ficadas por la autoridad referida, las que una vez levantada el acta relativa la firmarán o imprimirán si fuere posible en ella su huella digital, obligándolos al cumplimiento de su contenido, en igual forma, tanto uno como otro extremo; y es suficiente para decretar la validez del convenio celebrado en la audiencia ante autoridad administrativa competente, incluso aunque faltaren estas, puesto que dicha autoridad agraria hará constar el motivo de tal omisión.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGeSIMO SEGUNDO CIRCUITO XXII.5 A

Amparo directo 548/95. Tranquilino Montes Bocanegra. 10 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benita Hemández Torres. Se cretario: Domingo Pérez Arias.

AGRAVIOS INOPERANTES.

Si el recurrente se limita a indicar que la resolución combatida le causa perjuicios al tener una ejecución de imposible reparaciún, sin señalar el porqué de su aseveración, no obstante que los efectos de la contrariada sean exclusivamente intraprocesales, sin dañar directamen- te un derecho sustantivo, los agravios expresados resultan inoperantes. Por otro lado, y a pesar del carácter del atacado, la impetrante aún podría obtener un fallo favorable en el fondo, de tal suerte que ante los defectos que pudieran surgir en éste, cabria la posibilidad de im- pugnarlos a traves del amparo directo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 385/95. Ford Motor Company, S. A. de C. V. lo. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gemma de la Llata Valen- mela. Secretario: Erubiel Arenas González.

ALIhlEh'TOS, CESACION DE L A OBLIGACION DE PROPORCIO- 2\'ARLOS. L A ACCION RESPECTIVA SOLO PUEDE PROSPERAR 1)ESPLrÉS DE QUE SE H A Y A DICTADO SENTEA'CZA DEFINITI- [ 'A EN E L Jl ' ICIO PRIA'CIPAL.

IAI accióri recorivericional por la que se prcteiide se declare la cesa- rióii de la obligaciiiri de (Ixr alimentos n su acreedor alinicntario, sólo es procedente cuando se realiza con posterioridad a que se haya esta- I>lecido la obligación alimentarin, esto es, despiiés de que se haya dictado la sentencia definitiva, en razón de qiie no puede aludirse sobre la cesnci6ri de iina oblig;~ción que no 1i;i sido exigible por disposición juclickal firme.

'I'IIIRUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIhlO CIRCUITO XX.48 C

Amparo directa 410/55. Blanca Yolanda Nuricumbo hfelchor. 10 de agos- to de 1995. Uiianimidad de votos. Ponente: Carlos Lorarica Muñoz. Secre- tario: Noé Gutiérrez Diaz.

.ALIMENTOS. ES I N C O R R E C T A L A FIJACION DEL 40% P O R CONCEPTO DE. SI L A A C S O R A T R A B A J A Y G A N A AfAS QUE E L DEUDOR A L I h f E N T A R I O . (LEGISLACION D E L ESTADO DE CHZAPAS).

'i'ratindose de los alimentos, no existe precepto legal que determi- iie en forma precisa, concreta y como regla general el porcentaje que debe Fijarse al deudor alimentario para cumplir su obligación, y es al juigador a quien corresponde decretarlos, tomando en cuenta las cir- cuiistancias del caso, la necesidad de los acreedores y el cauual econó. mico del deudor alimentista; por tanto, si se le fija al quejoso el 40% de sus percepciones que devenga por concepto de alimentos a E;ivor de sus menores, tal proceder de la responsable es incorrecto si se acredita que la acreedora alinientaria obtiene un ingreso mayor al de aquél, ya que la circunstancia de que las menores acreedoras estén bajo el cuidado y vigilancia de la madre, no implica la erogacióii de mayores gastos, para los alimentos, sino iinic;imente su cuidado y vigil:incia, de :ilii que si la ley impone que el marido debe alimentar a la mujer y Iiacer los gastos necesarios para el sostenimiento del Iiogar, y la mujer trabaja, ambos se encuentran obligados a contribuir con los alimentos

352 JURISPRUDENCIA

en proporción a sus haberes, y acorde a las necesidades de los acreedores alimentarios.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO XX.49 C

Amparo directo 301/95. Angel Albino Como Martínez, en su carácter de mandatario judicial de Carmelino Lópa López. 17 de agosto de 1995. Una- nimidad de votos. Ponente: Angel Suára Torres. Secretario: Konay de Je- sGs Estrada Solís.

AMPARO. PROMOVIDO Y T R A M I T A D O P O R M E N O R DE CA- T O R C E AROS, QUE DESIGNA REPRESENTANTE. VIOLACIdN A L PROCEDIMIENTO, CUANDO SE O M I T E ACORDAR A L RES- PECTO.

El articulo 60. de la ley reglamentaria, permite que el menor de edad pueda pedir amparo sin la intervención de su legitimo representante, cuando este se encuentre ausente o impedido, caso en el cual, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio y solamente si hubiese cumplido ya catorce años, podrá hacer la de- signación de representante en el escrito de demanda. Por lo tanto, si un menor de catorce años solicita amparo y en la demanda designa un representante, pero el juez de Distrito nada provee al respecto, sino que admite la demanda y tramita el juicio, se violan las reglas esenciales del procedimieno que rigen en el amparo, porque en realidad el juicio fue promovido y tramitado a instancia de un menor de edad, que por ende carece de capacidad jurídica y no puede legal ni válidameu- te litigar en el juicio de garantías, ya que la ley sólo permite que los menores interpongan la demanda de amparo, pero no que interven- gan por sí mismos durante la tramitación del juicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO V1.20.6 K

Amparo en revisión 447/95. María Teresa González Herrera. 24 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Josf Mano Machorro Castillo. SP- cretario: Humberto Schettino Reyna.

JURISPRUDENCIA 353

AIMPARO, PRUEBAS EN EL. ES ZNADilIZSIBLE I,A TESTIMONZAI. A C A R G O ZIEL QUEJOSO.

Dentro de los medios de prueba reconocidos por las leyes del procedimiento, sin distingo alguno que se conozca, la testimonial es la declaracióri de un tercero sobre hechos que le constan relacionados con las cuestiones debatidas en jiiicio o en otro procedimiento eri donde es permitida la prueba de esa naturalera, que, es obvio, eti nin- gún caso puede desempefiarse por alguna de las partes, ya que tocante a éstas el conocimiento de la verdad s6lo puede provenir <le su confe- sión, eii la demanda, su contestaciún o cualquier otro est;irlo del procedimiento cuando es de su propia voluntad, y en su <lefecto por la 1l;irnada prueba corifesional a rrüvPs de posiciones a al~solver por soli- citud de la contraria, dado qiie su finalidad es obtener una confesión o reconocimiento de hechos que favorezcan las pretensiones del oferente de la prueba. En ese orden de ideas, el ofre~irniento del dicho del quejoso en el amparo, no puede admitirse como prueba testimonial, independientemente de sus fines y en probable beneficio de quien lo propone, y tampoco puede admitirse que depongn el quejoso por medio de la absolución de posiciones, ante la estricta proliibición del articulo 150 de la ley de la materia, al estatuir que "En el juicio de aiiiparo es admisible toda clase dc pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho". No obsta a lo ari- terior que dentro de la Ley de Amparo no exista precepto que impid:~ que el quejoso pueda rendir declaración, liabida cuenta que dentro del dereclio, y de sus fuentes, se comprende lo dicho sobre quienes pueden ser testigos, y en lo que ve a la prueba de posiciones (confe- siorial), su no admisión dentro del juicio constitucional obedece al texto expreso de la ley. Asiiiiismo, si bien es cierto que conforme al ar-

tículo 165 del Ciidigo Fcderal de Procediniieiitos Civiles, como suple- torio de la Ley de Amparo, "Todos los que tengan conocimiento de los lieclios que las partes deberi probar, estin obligados a declarar como testigos", ello no conduce a variar el criterio de rnkrito porque de la recta interl~retacióri de diclio numeral se obtiene qiie la obliga- ción que iiiipone no corresponde a las partes, sino a terceros.

354 JURISPRUDENCIA

TEKCER TRIBUNAL COLEGIADO EN hlATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO I.So.C.2 K

Queja 233/95. Eugenia Pagés de Montiel. 24 de agosto de 1995. Unanimi- dad de votos. Ponente: José Becema Santiago. Secretario: Gustavo Sosa Ortiz

MENORES O IhlCAPACZTADOS. T O D A AUTORIDAD JURZSDZC- CZONAL DEBE ALLEGARSE DE OFICIO LAS PRUEBAS NECE- SARIAS PARA DILUCIDAR CONTROVERSIAS EN Q U E ESTÉN EN JUEGO DERECHOS DE LOS.

Toda autoridad jurisdiccional debe allegarse de oficio las pruebas necesarias para dilucidar la controversia en que estén en juego derechos de menores e incapacitados, pues, en ese caso, la sociedad y el Estado tienen interés en que esos dereclios sean protegidos supliendo la defi- ciencia de la queja para disminuir la material desventaja en que los menores o incapacitados se encuentran frente a la contraparte en los juicios en que contienden, ya que si bien los derechos de esos sujetos son de carácter privado, son derechos privados de interes público debido al interes que la sociedad y el Estado tienen en que sean salva- guardados, garantizando su igualdad procesal en el juicio en que sean parte; de suerte que, al aportar de oficio elementos probatorios para mejor proveer, como suplencia de la queja, no es una mera facultad. sino un deber de toda autoridad jurisdiccional que conozca del juicio en que estos se controb' 'iertan.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIhlO CIRCUITO X.10.5 C

Amparo directo 372/95. Lenín Córdova Suirez. 10 de agosto de 1995. Una- nimidad de votos. Ponente: Juan Vilchiz Sierra. Secretario: Ruben Alberto Rodríguez Mosqueda.

AlZNZSTERZO PÚBLICO. AGXAVIO DEL, EN LA APELACZON.

El hecho de que la Sala de apelación, acogiendo lo alegado por el representante social en la alzada, amplie los argumentos y explique por qué considera aceptables los agravios, no entraña suplencia de la queja en favor de dicho órgano técnico, puesto que en realidad cons-

íituye sólo la inotir.iciiin que el tribunal responsable esti obligado a externar en sus resoluciones y que n o puede implicar ilegalidad alguna.

PRIbIER TRIBUXAL COLEGI:\DO EN MATERIA PENAL IIEL TERCER CIRCUITO 111.1o.P.7 P

Aiiiparo directo 114/95. Juan José Gorizálcz n'avarro. 7 de agosto de l!)9.5. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Torres Morales.

,\fI,VISTERIO PUBLICO. N O SE PUEDEN SUPLIR LAS IIEFI- CIENCIAS DE LAS CONCLUSIONES ACUSATORZAS DEL.

El hfinistcrio Púl~lico al formular sus conclusiones, debe seíialar la penalidad que debe aplicarse e indicar expresamente el delito y las circiins~ancias modificativas o calificativas que concurran en el caso, sin qiie piieda la autoridad jiidicial suplir las deficiencias de dicha ins- titucidn, porque ello significaría una invasión de las facnliades que le .concede el articulo 21 constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO IIEL SEXTO CIRCuI'i'O V1.2o.25 P

Amparo directo 380/95. Juan Gmrnhn Iturhid~. 31 de ap s to dc 1$)95. Líriaiiimidad de votos. Ponerite: Gustavo Calvillo Kangel. Srcrvtario: IIii i i i-

gerto Schettino Rryna.

O C T U B R E

PLENO

f .0;IfPETEA7CIA EN AIWPARO E N T R E T R I B U N A L E S U N I T A - /<[OS O TUECES LIE D I S T R I T O . COMO I I I R I M I R EL CONELZC- TO P O R LOS TRIBIJNALES COLEGIADOS DE CIRCIIITO.

Cotiloriiie al articulo 37, fracci6ii VI, de 121 Ley Orgánica del Poder ludicial de la Fe<leración, publicada el veintiséis de mayo de niil 110-

~ecientos novetitn y cinco, son competentes los Tribiinales Colegiados (le <:iicuito para conocer de los conflictos de com~~eiencia que ;e susciten eri los juicios de ainparo, ya sea entre Tribiinales Ilnitarios de ,C:ircuito o entre jurces de Distrito, del~iéndose aiiadir qui: si los con-

356 JURISPRUDENCIA

tendientes tienen distinta especialidad por materia o pertenecen ;i [lis- tinta jurisdicción, conoceri el Sr ibui ia l Colegiado en turno q u e tenga la misma especialidad por ~iiateria del q ~ i c previilo, si son <le la misnia jurisdicción, o el Tr ibunal Colegiado e n turno que tenga jurisdiccibn sobre el órgano q u e prcviiio, si son de dis?itita jurisdicciiin, indepcn- dientemente d e la materia d e especialización d e los órganos judiciales, confornie al sistema expres;tmente seiinlado en la niievzi ley, sin que p u e d ~ interpretarse q ~ i c esa decisión corresponde a la Suprenia Corte, pues es clara intención del legislaclor desaliogarla de u n gi-an

niiiiiero de conflictos de caricter secundario para que se dedique a su misión fundamental de ser guardián supremo del orden coi~stitucional. independientemente de q u e el articulo 52, cuarto p i r rafo de la Ley d e Amparo, que otorga competencia a la Suprema Corte para resolver algunos conflictos competenciales quedó derogado por la disposición antes mencionada e n los térmiilos del articulo tercero transitorio dc la Ley Orpiiiica citada.

Competeiicia 118/90. Suscitada entre el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa y el juez Octavo de Distrito en Materia Penal, ambos rn el Distrito Federal. 4 de julio de 1995. Unanimidad de once votcs. Ponrntc: h4ariano Azuela Güitrbn. Secretario: Jorgc Dionisia Guzrnán Gonzjlez.

Competencia 212/94. Suscitada entre el juez Segundo de Distrito en Mate- ria Penal y el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ambos en. el Distrito Federal. 4 de julio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponrnte: José de Jesús Gudiña Pelayo. Secretario: Agustín Urdapilleta Tmeba.

Competencia 193/93. Suscitada entre el juez Quinto del Distrito en Matr- ria Penal y el juez Sexto de Disti-ito en Materia Administrativa. ambos en el Distrito Federal. 17 de agosto de 1995. Unanimidad de nueve votos. Poneii- te: Humberto Komán Palacios. Secretaria: Guadalupe Coeto Martiiiei.

Competencia 283/94. Suscitada entre el juez Tercero de Distrito en Matr- ria Administrativa y el jncz Sedo de Distrito en Materia Penal, ambos en el Distrito Federal. 17 de agosto de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juventirio V. Castro y Castro, hizo suyo el proyecto el ministro José de Jesiis Gudiiio Pelayo. Secretario: lndalfer Infante Gonzálcz.

Competencia 147/95. Suscitada entre el juez Octavo de Distrito en Mate- ria Penal y el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal. 21 de agosto de 1995. Uiiaiiiinidad dc once votos. Poi>ente: Mariano Azuela Güitróii. Secretaria: Irriia Kodrígu~r Franco.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el diecistis de octubrc eii

curso, por unanimidad de once votos de las niinistros: presicleiite Jose Viceri- tc Aguinaro Alemán, Scrgio Salvador Aguirrc An~uiano, Maria~io A~iiela

Giiitrón, Juventino V. Castro y Cas~ro, Juan Día7 Ronirro, Cenaro D a 4 Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiíia Pelayo, Guilerino 1. Ortiz Maya- goitia, Humberto Ramán Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 31/1995 (9a.) la tesis de jurispmdcnria que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a diccisi.is de octubre de mil no\-<- cientos noventa y cinco.

SEGUNDA SALA

DEMANDA LABORAL, L A NEGATIVA DE L A ] U N T A DE TE- NERLA P O R CONTESTADA EN SEYTIDO AFIRIMATIVO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.

La negativa de la Jun ta d e tener por contestada la denianda labo- ra l eri sentido afirmativo, debe impugnarse en amparo directo, que es la vía idúnea para plantear la infraccibn d e derechos adjetivos que produccri únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser re- parados si se obtiene u n laudo favorable. L o anterior revela, que n o se trata d e circunstancias que produzcan afectación directa e inmedi:~. ta a los dereclios sustantivos tutelados por la Constitución, reservados al amparo indirecto. Por otra parte, resulta inexacto estimar que sólo las violaciones textualmente consignadas por el articulo 159 d e la Ley d e Amparo, son susceptibles d e atacarse a travks del amparo directo, con exclusión d e cualquier otra, ya q u e ello conduce a dcsconoccr el contenido de la fracción XI del propio numeral, según la cual también se consideran violaciones a las leyes del procedimiento que afectan las defensas del gobernado, todas aquellas que resulten análogns a las ex- presadas e n las primeras diez fracciones d e dicha disposición.

Contradicción de tesis 14/95. Entre las sustentadas por el Sesndo Tribun;il Colegiado del Cuarto Circuito y el Sexta Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de agosto de 1995. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constancia Carrasca Daza.

Tesis de Jurispmdencia 60/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de dieciocho de agosto de mil novecientos noveii- ta y cinco, mayoría de cuatro votas de los ministros: Sergio Salvador Agui- rrc Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngor;i Pimentel y Guillerrno 1. Ortir Mayagoitia, en contra del voto de! rniiiisiro prcsidriitc: Juan Díaz Rornrro.

358 JURISPRUDENCIA

PRUEBA TESTIiWONIAL EN MATERIA LABORAL. L A DESAHO- GADA P O R LOS DIRECTORES, ADMINISTRADORES Y GEREN- TES DEL PATRÓN, ES IMPROCEDENTE, PERO SI SE RECIBE, L O DECLARADO h'O BENEFICIA A ÉSTE, Y Sf LO PERJUDICA.

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reitera el criterio de la anterior Cuarta Sala, en el sentido de que no necesariamente Iian de desestimarse los atestados de las personas que dependen económicamente del patrón y de que no cabe negar valor probatorio a los trabajadores que atestiguan en beneficio del patrón atendiendo solamente a la liga económica con la empresa, pues ha de razonarse la valoración de las declaraciones rendidas en tales circunstancias. Sin embargo, estos criterios operan siempre que se trate de trabajadores ordinarios, pero no pueden aplicarse tratándose de directores, administradores, gerentes y personas que ejerzan funciones de administración y dirección, los que en términos del articulo 11 de la Ley Federal del Trabajo se consideran representantes del patrbn, y a travks de los cuales obra y actúa la persona moral que representan, porque ello equivaldría a otorgar valor probatorio al dicho que el propio patrón hace en su beneficio. Tal distinción, apoyada en el citado articulo 11, en relación con el artículo 787 también de la Ley Federal del Trabajo, conduce a considerar que esos funcionarios pueden ser llamados a deponer en el juicio laboral por los trabajadores con el carácter de absolventes conforme a la prueba confesional, pero en modo alguno pueden válidamente declarar como testigos en favor del patrón, si así ocurriera, su atesto no tendría valor probatorio en cuanto beneficiaria a dicha parte, pero sí en cuanto lo perjudicara. Esto es así, porque diclios funcionarios están vinculados con las acitvidades propias de la empresa y en los efectos económicos o procesos de pro- ducción, y por ello, tienen interés en el resultado del litigio. Enton- ces, debe concluirse que los gerentes, administradores, directores y personas que ejerzan tales funciones, que por disposición de la ley son considerados como representantes del patrón, no presentan las condiciones de independencia e imparcialidad que permitan otorgar validez a la prueba testimonial a su cargo, cuando depongan sobre hechos que puedan afectar como consecuencia los intereses de su representada.

Coritradicción de tesis 34/94. Eiiire las sustriitadas por cl Sextu Triliiirzil Colegiado en hlateria de l'rabajo del Primer Circuito y el Segundo 'i'ribunal Colegiado del Noveno Circuito. 23 de junio dc 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Korncro. Scrrctario: Jurge Carenro Rivas.

Tesis de Jurispmdciicia 53/95, Apiobada por la Scguiida Sal:, de este alto tribunal, en sesión pública dc veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ciriro, por cinco votos de los ministros: presidente Juan I>iaz Koincro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Grnaro Ilavid Góngora Pimentel y Guillerrno 1. Ortiz Mayagoitia.

RELACIóN DE T l i A B A j O P01t TIElLlPO DETEI¿II~IIVAUO. LA SOLA DEr\lOSTRACldN DE QUE EL P A T R d N CANCELO L A PLAZA RESPECTIVA, BASTA PARA ESTIMAR IMPItOCEUEK- T E LA ACCION DE PRORROGA, SIEMPRE QUE N O ESTE DES- VIRTUADA P O R PItUEBA EN C O N T R A R I O .

De conformidad con l o dispiiesto e n los artículos 35, 37 y 39 de l a Ley Federal del Trabajo , l a subsistencia d e la materia del t rabalo q u e originó l a relación laboral po r t iempo determinado, es e l único da to ohjetivo q u e debe tomarse e n cueiita para establecer si proccde o n o l a prórroga d e u n a relación de ese tipo, l o que implica qiie l a sola de- mostración d e l a cancelación d e la plaza por parte del patrón, basta para acreditar l a improcedencia d e l a acción d e prórroga reclainada po r el t rabajador actor, sicnipre que , d e las constancias d e autos, n o se advier t :~ n ingún elcmento d e prueba q u e l a desvirtúe.

Contradicción de tesis 44/94. Entrc las sustentadas por c1 Sexto y Séptinio Tribunales Colegiados en hlateria de Trabajo del Primer Circuito. 7 de julio de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Irma Rodriguez Franco.

Tesis de Jurisprudencia 55/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de siete de julio de mil novccicnras navcnta y cinco, por cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Ser- gio Salvador Aguirre Anguiano, Manano Amela Giitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillerrno 1. Ortiz Mayagoitia.

3G0 JURISPRUDENCIA

TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA EN T A N T O NO SE EMPLACE A TODOS LOS DEMANDADOS, INCLUYENDO A LOS TERCEROS LLAMADOS A JUICIO.

En todo proceso intervienen dos partes: el demandante y el demandado; pero tambien pueden hacerlo otras personas con iiiterks en el resultado de la controversia, los que deben ser llamados para que par- ticipen en el procedimiento, pues al denunciárseles el juicio los terceros pueden presentarse a oponer excepciones, rendir piuebas y, en su caso, resultar perjudicados o beneficiados con la sentencia que se pro- nuncie una vez que se deduzcan los deredios que tuvieren. Entonces, si, como es sabido, la litis no puede quedar fijada sino hasta que que- d a n emplazados todos los demandados, es obvio que al no haberse rea- lizado el llamamiento de dichos terceros, la lztis no ha quedado debidamente integrada y por lo mismo n i siquiera ha podido comenzar a correr el t irmino de inactividad procesal para que opere la caducidad. Luego, si en el procedimiento natural se decretó la caducidad de la instancia sin haberse llamado a los terceros a quienes el demandado denunció el juicio, es indudable que el juez no podría dividir el proceso para declarar procedente la perención solamente por lo que res- pecta a unos demandados (los que si fueron emplazados), y dejarse sub- sistente, en cambio, para los que no han sido llamados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO

Amparo directo 556/95.María del Consuelo Ochoa de Arreguin. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochin Guevara.

Amparo directo 536/95. Gloria de la Mora de Briseño. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Juan Manuel Rochín Guevara.

Amparo directo 533/95. Carmen Orozco viuda de Del Río. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Maninez. Secretario: Salvador Murguia Munguía.

Amparo directo 560/95. Bertha Leti& Núñn López. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibamola Gonzála. Secretaria: Marla Elena Ruiz Martina.

Amparo directo 52!1/95. José María 'rrrjo de blacedo (Rosa María l'rejo 1:emindez o Trejo de Macedo). 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Po~irnte: Jorge Figueraa <lacho. Secretaria: Alba Engracia Bugarin Campos.

C A R T A IIENUIVCJA. SOLO ACREDJT'4 EL HECHO DE LA Rfi- KUNCIA PERO N O OTROS EVENTOS.

L a dociiinetital ofrccida por el patrrjri, consistente eri la carta renun- <.¡a rio liene valor alguno para demostrar cl pago dc las prestaciones 1;iboralcs que cii ella se esl>ecifiqucn, pues e11 su caso ú r i i~ i inen te puede acreditar el heclio de la ieniiricia, pero n o otros eventos cluc n o son corisecuencia direcia e iiimediata d e la renuncia, sino autónomos e iit<lependicrites d e la i~ i i sml , que desde luego rcquiereri scr dcmostra- [los con los iiiedios d e prueba q u e reúna11 las coiidicioiies y exigencias

cscablecidas para cada caso por la Ley Federal del Trabajo.

'TERCER TRIBENAL COLEGIADO DEL CLiAIlTO C:II<CUITO lV.30. J/11

Amparo directo 812/94. Ruta 202, S. A. de C. V. 23 de novieiiibre de 1991. Gnanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Scci-rtario: Car- los Hugo de León Kodrígucz.

Aniparo directo 875/94. Permisionarim Unidos Fidrl Velizqiiez Sánchcz, !<uta 55, hlmiterrcy Ercohcdo, S. C. 11 de enero de 1995. [Tiianiniidad de volos. Poncnte: Eiiriaue Cerdán Lira. Secretario: Alberto Neiandro Heme- ra Lugo.

Aniparo directo 79/Y5. hlaría de los Ángeles Rosalía Aguilera Navarrete. 16 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: llamiru Barajas Pla- sencia. Secretario: Carlos Hugo de León l'\odríguez.

Aiiil>aro directo 296/95. Precolados y Maquinaria para la Constmccióri, S. A. de C. V. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponetite: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo.

Amparo directo 526/95. Seivicio Magno, S. A. de C. V. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rarniro Barajas P1.asencia. Secretario: Carlos Hugo de León Rodríguez.

1,VTEIfES JUXIDICO, EL QUEJOSO SI LO TIENE PARA PRO- MOVER AMPARO DIRECTO EN C O N T R A DE U N A SENTEN- CIA QUE, ESTIMANDO FUNDADO U N AGRAVIO, DECLARA 1.A NULIDAD PARA FECTOS DE L A RESOLUCZÓN IMPUGNA- L)A, SI PRECISAMEXTE CON ESE AGRAVIO CONSIDERA EL PROMOVENTE, DEBIÓ DICTARSE U N A NULIDAD LISA Y LLANA.

362 JURISPRUDENCIA

Tratándose de sentencias favorables al quejoso, este Tribunal Cole- giado ha sostenido como regla general que el promovente carece de interés juridico para impugnarlas a través del juicio de garantías; s in embargo, atendiendo a que existen casos en los cuales, no obstante que el acto reclamado lo constituya una sentencia favorable para el quejoso, esta puede causarle una lesión en su esfera jurídica reparable a través del juicio constitucional, se Iian establecido cuatro excepciones a dicha regla gtneral que son: 1. Cuando la Sala responsable en la sentencia reclamada, haya estudiado agravios que conducían a la nulidad lisa y llana del acto administrativo, los declara infundados y. declara fundado aquel que sólo produce nulidad para efectos. 2. Cuan- do la Sala del conocimiento introduzca en la sentencia reclamada cuestiones ajenas a la l i t ir legal, que por sí mismas causen perjuicio al quejoso. 3. Cuando en contra de uria sentencia favorable el gobernad@ promueva juicio de amparo por advertir que dicha sentencia no fue- debidamente emitida, y la autoridad demandada, a su vez interpone recurso de revisión, tal circunstancia acredita el interés juridico del que-~ joso por verse amenazada su esfera jurídica con los efectos que pueda tener la revisión fiscal propuesta por su contendiente, y 4. Cuando la Sala responsable considerando fundado un agravio, declara la nulidad para efectos y el quejoso impugna la sentencia, no porque se dejaron de estudiar o se declarararon infundados aquellos agravios que con- ducirían a una nulidad lisa y llana, sino porque estima que precisamente por el agravio fundado debió declararse la nulidad lisa y llana, por lo que el interés juridico del quejoso queda acreditado al tratarse de una sentencia que no es todo lo favorable que debía ser, atribu- yendo tal circunstancia a un vicio de ilegalidad cometido por la responsable, raz6n por la que el acto reclamado le depara perjuicio eii los terminos del artículo 40. de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO I.3o.A. 512

Amparo directo 363/92. Servicios Electrónicos y Médicos, S .4. de C. \l.

11 de mano de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngo- ra Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo directo 133/95. Mex Internacional, S. A. de C. V. 31 de mnrm de 1995. Unanimidad de votas. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Serrc- taria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

RerisiSn fiscal 503/95. Montajrs, Construcciones e Ingeniería, S. A. de C . V. (Recurrente: Director Gericral del IhlSS y otra). 20 de at-ril de 199.5. Unanimidad de votos. Poricnic: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe Margarita Ortiz Blanco.

Amparo directo 843/95. Análisis, Actualización y Asesoría, S. A. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas.

Amparo directo 1143/95. Inmobiliaria Ebacarsa, S. A. de C. V. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdcnas. Secreta- d a : Lourdes Margarita Garcia Galicia.

MZNZSTEI2IO PÚBLZCO FEDERAL. SI EN EL JlJZCIO DE GA- R A N T f A S SE OMITE CORRERLE TRASLADO C0.V LAS COPIAS DE L A DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICION DEL PRO- CEDIAfIENTO PARA SUBSANAR L A OMISIóN.

La fracciiin IV, del articulo 50. d e la Ley de Aniparo, establece q u e la institución del Ministerio Público Federal, e n representación

de la sociedad, es parte e n los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con l a copia simple d e la demanda de garantías d e que se trate, para estar en apti tud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interes público; o e n caso contrario, abstenerse de intervenir e n el procedimiento ya sea manifestándole expresamente, o simplemente guardan- do silencio, revelando con ello el desinteres en el asunto; d e manera q u e si d e las constancias d e autos se advierte q u e la señalada institu- ción n o fue emplazada, debe ordenarse la reposición del procedimien- to, para el efecto d e que se subsane esa omisi6n.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGfiSIMO CIRCUITO XX. J / S

Amparo en revisión 265/92. hlinisterio Público Federal adscrito al Juzgado Primei-o de Distrito en Chiapas (Galo Alonsa Martinez Escamilla y otro;. 11 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mariano Hemándcz Torres. Secretario: Stalin Radríguez López.

Amparo en revisión 247/95. Carlos Reyes Aguilar. 17 de agorta de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Enrique Robles Solís.

Amparo en revisión 294/95. Efrain Escobar Ruiz y otros. 24 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoa. Secretario: Eii- rique Robles Solís.

364 JURI~PRUDENCIA

Amparo en revisión 280/95. Juana Marbella Pacheco. 7 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. secretario: Enrique Robles Solis.

Amparo en revisión 355/95. Elsa Trinidad Liy Pérez (Wilber Dominguez Romero). 28 de septiembre de 1995, Unanimidad de votos. Ponente: Hora- cio Felipe López Camacho en funciones de magistrado por ministerio de ley. Secretario: Enrique Robles Solís.

ORDEN DE APREHENSION. AMPARO IMPROCEDENTE SI N O SE A G O T A EL RECURSO PREVISTO EN EL A R T f C U L O 303 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ES- T A D O DE VERACRUZ.

Resulta claro q u e previamente a la interposición del juicio de amparo se debe agotar el medio d e impugnación a que alude el articu- l o 308, fracción IV del G5digo de Procedimientos Penales para el Es- tado q u e dispone, ent re otras cosas, q u e son apelables e n e l efecto devolutivo los autos en q u e se revoque la libertad provisional ba jo caución, y n o acudir e n forma directa a l juicio d e garantias, puesto q u e e n esas condiciones se incumple con el principio de definitividad que rige dicho juicio, por l o q u e a l n o hacerlo asi se surten los particulares a los que se contrate el articulo 73, fracción XIII d e la Ley d e Amparo, mix ime si se toma e n cuenta q u e el caso n o se encuentra comprendido e n ninguno d e los de excepción a los que se refieren el precepto y fracción acabados d e mencionar y el diverso 37 ibidem, n i tampoco e n los previstos e n la fracción XII del artículo 107 constitucional.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL Sf PTIMO CIRCUITO V1I.P. J/5

Amparo en revisión 52/95. José Federico Rodríguez Estrada. 23 de mano de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secre- tario: Nicolás Leal Salazar.

Amparo en revisión 103/95. Abraham Pastrana Hernández. 4 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bouiere. Secretario: Nicolás Leal Salazar.

Amparo en revisión 159/95. Gregorio León Luna. 17 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez v Pérez. Secretaria: Leti- cia López Vives.

Amparo en revisión 42/95. Pedro Gómez Manínez. 15 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mer- cedes Cabrera Pinzón.

JURISPRUDENCIA 365

Amparo en revisión 181/95. Ornar Moreno Trujillo. 21 de axosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Perez Troncoso. Secretario: Marco An- tonio Ovando Santos.

,VO VIEMBRE

MINISTERIO PUBLICO AL INCOAR O T R A AVERIGUACIdN POR DELITO DIVERSO AL INCULPADO ADVERTIDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, NO INFRINGE LO DISPUESTO P O R EL A R T f C U L O 19 CONSTITU- CIONAL.

El Ministerio Público al incoar una nueva averiguación por cuerda separada, apoyada en hechos de los que ya tenia conocimiento al inte- grar la primera indagatoria en contra del indiciado, no contraria lo dispuesto por el articulo 19 constitucional, porque la omisión o el error en que incurrió el representante social al no ejercitar la acción penal en la primigenia averiguación por todos los delitos, no genera la invalidez de la acción persecutoria que realizó posteriormente por delito diverso que derivó del mismo conjunto de actos que motivaron 1;i instauración del procedimiento penal, en virtud de que con 12 reforma al invocado precepto constitucional en el segundo párrafo en el sentido de cambiar el vocablo "acusación" por el de "averiguación separada", se busca evitar la práctica del Ministerio Público en situacio- nes como la mencionada de limitarse a ampliar el ejercicio de la acción penal, exigiendosele ahora que si aparece delito distinto del que se persigue, deberá ser materia de averiguaciún separada, entendiendo que la palabra delito distinto se refiere a que sean hechos delictivos diferentes, pues la circunstancia de que las conductas desplegadas por el activo integren a la vez varias figuras delictivas es legal, en razón de que, lo que importa es que no se haga mis de un pronunciamiento cn relación con una conducta concreta.

Contradicción de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jor- ge Humberto Benítez Pimienta.

Tesis de Jurispmdencia 15/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y

366 JURISPRUDENCIA

cinco, por unanimidad de cinco votos, de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pela- yo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero Villegas.

MINISTERIO PÚBLICO, CUANDO CON POSTERIORIDAD AL EJERCICIO DE LA ACClON PENAL, ADVIERTE U N DIVERSO DELITO, TIENE EL DEBER DE INCOAR O T R A AVERIGUA- CION EN L A QUE SE INVESTIGUE ESTE.

El deber comprendido en el articulo 21 constitucional, excluye que el Ministerio Público se abstenga del ejercicio de la acción punitiva, ya que, no perseguir los delitos n i a sus autores, entraña una situación antisocial que coloca a la colectividad e n permanente peligro auspi- ciando la perpetración de ilicitos bajo el signo de su impunidad. La obligación social aludida no sólo la tiene dicha institución frente a la comunidad, sino que la asume en cada caso concreto, tambien frente a las víctimas; luego, si la discrecionalidad del Ministerio Público para definir si en cada caso se han llenado los requisitos constitutivos de la acción penal, no es infalible, entonces, por el interes que tiene la sociedad de que el delincuente sea castigado por los ilicitos perpetra- dos, se justifica que el representante social tenga la posibilidad de que e n una segunda averiguación investigue aquellos delitos no advertidos e n la primera.

Contradicción de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tnhunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jor- ge Humberto Benítez Pimienta.

Tesis de Jurispmdencia 17/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Rornán Palacios, José de Jesús Gudiño Pela- yo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

MINISTERIO PÚBLICO, LA FACULTAD QUE LE O T O R G A EL A R T f C U L O 19 CONSTITUCIONAL PARA INICIAR O T R A AVE- RZGUACION P O R DELITO ADVERTIDO DESPUES DEL EJER- CICIO DE L A ACCION PENAL, GARANTIZA L A DEFENSA DEI, INCULPADO.

En el segundo párrafo del articulo 19 constitucional, se establece que el proceso se seguirá por el delito o delitos señalados en el auto de for- iiial prisión y que, si en el curso del procedimiento aparece que el reo Iia cometido un delito diverso del perseguido, Pste deberi ser objeto de averiguación por separado. Ahora bien, la palabra "delito" no significa la clasificación jurídica que de los hechos atribuidos al procesado, hace la ley, sino el conjunto de actos que integran el hecho cri- ininoso. Así, por "delito diverso", debe entenderse según la recta inter- pretación de la ley, un conjunto de actos objetivamente diferentes de los que constituyen el primer heclio delictuoso. de ahí que, ante el nuevo delito advertido para desplegar la persecución legal sin modificar el principio de que todo proceso debe seguirse forzosamente por el o los delitos contemplados en el auto de formal prisiún, se faculta al hlinisterio Público incoar otra averiguación, ello con la finalidad de que sobre todo delito que se impute al incullxido, haya una resolución expresa que declare su presunta responsabilidad, para que el procesado tenga conocimiento exacto de cuáles son los hechos delictivos que se le imputan, y cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta para presumirlo responsable de ese hecho, a fin de poder normar su defensa, respondiendo a los cargos que se le Iiacen con las comproba- ciones y argumentaciones procedentes.

Contradicción de tesis 13/93. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado, ambos del Cuarto Circuito. 27 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jor- ge Humberto Benitez Pimienta.

Tesis de Jurisprudencia 16/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veintisiete de octubre de mil iiavecirntos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humherto Iiamán Palacios, José de Jesús Gudiño Pela- yo, Juan N. Silva Meza y Olga. Sánchez Cordero de Garcia Villegas.

INCIDENTE DE INCONFORiMIDAD IAIPROCEDENTE. LO ES CUANDO SE CONTROVIERTE EL DEFECTUOSO CUMPLZ- MIENTO DE L A SENTENCIA DE AMPARO.

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 105, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el incidente de inconformidad es procedente cnan- <lo la parte interesada no está conforme con la resolución que tenga

368 JURISPRUDENCIA

por incumplida la ejecutoria; por consiguiente, si dicha parte sólo ale- ga defectuoso cumplimiento de la sentencia pronunciada en el juicio constitucional por parte de la autoridad responsable, es improcedente el incidente de inconformidad referido, pues en esa hipótesis la vía procedente es el recurso de queja, establecido en el artículo 95, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y no el incidente de inconformidad previsto en el invocado articulo 105 de la ley de la materia.

la. XLV/95

Incidente de inconformidad 64/92. Obdulia Pallanez Murrieta. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de Garcia Ville- gas. Secretario: Miguel Angel CNZ Hemández.

Incidente de inconformidad 26/94. Inmobiliaria del Valle del Muda, S. A. de C. V. 10 de octubre de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ma- riano Azuela Güitrón. Ponente: Diez0 Valadés. Secretaria: Susana Alva - Chimal.

Incidente de inconformidad 66/94. Javier Robles Torres. 10 de octubre de 1994. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Po- nente: Diego Valades. Secretaria: María Elena Leguizamo Ferrer de Moreno.

SEGUNDA SALA

CARTAS DE RECOMENDACIÓN. CUANDO EN ELLAS EL DE- M A N D A N T E RECONOCE L A EXISTENCIA DE U N A RELACIÓN LABORAL, CONSTITUYEN PRUEBAS APTAS PARA DEMOS- T R A R L A EXISTENCIA DEL C O N T R A T O DE TRABAJO.

Las cartas de recomendación expedidas por la parte demandada, cuando en ellas se contiene un reconocimiento de la relación laboral o condiciones inherentes a la misma, constituyen un elemento de prueba permitido por la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, apto para demostrar la existencia del contrato de trabajo, sin perjuicio, desde luego, de que del contexto de la l i t ir , del análisis de otras pruebas y del razonamiento lógico y jurídico de valoración, dichos documentos resulten apreciados o depreciados y como tales se consideren en la apre- ciación de los hechos que sustenten el laudo que al efecto se dicte. Así, el tribunal deberá justipreciar esos elementos de convicción en su sentido y alcance y en relación con el proceso lógico jurídico de valora- ción que pueda deducirse de los autos.

Contradicción de tesis 22/95. Entre las sustentadas por el Segunda Tribu- nal Colegiado del Cuana Circuito y cl Tercer Tribunal Colcgindo del mismo Circuito. ti de octubre de 1995. Cinco votos. Poiientc: Juan DIaz Ilomero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas.

Tesis di: Jurisprudencia 68/95. Aprobada por 12 Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de seis de octubre de mil novecimtos noventa g cinco ,por cinco votos de los ministros: presidente Juan Diaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela GüitrSn, Genaro David Góngo- ra Pirnentel y Guillerino 1. Ortiz Mayagoitia.

TRIBUNALES COLEGIADOS D E GIKCUlTO

A U T O DE FOKlMAL PRISION. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO C O N T R A EL.

El articulo 73, fracción XIV d e la Ley d e Amparo establece la im- ~xocedeiicia del juicio de garantias cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios albdn recurso que pueda modificar o revocar el acto reclamado. Aliora bien, cliclia causal se configura si el quejoso interpuso recurso d e apelación en contra del au to d e formal prisi6n reclaniado, a u n y cuando ello n o basta para establecer que ahí condu- y 0 el recurso, sino es menester q u e ese desistimiento se hubiere acor- dado faroral-ilemente por el tr ibunal de alzada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO 1v.20. J / lO

Recurso de revisión 278/90. hlagdaleno Escobedo Cuéllar. 23 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Poncnte: Leandro Fernández Castilo.

Recurso de revisión 205/91. Gerardo de la Gana Castañeda. 14 de noviembre de 1991. Unaiiiniidad de votos. Ponente: tirturo Barocio Viilalobos. Se- ~retario: Eduardo Ochoa Torres.

Recurso de revisión 263/Y2. Adán Agapito Gallegos. 2 de diciembre de 1992. Unaniniidad de votos. Ponente: Arturo Barocio Villalobas. Secretario: Eduardo Ochoa Torres.

Recurso de revisión 104/95. Francisco Javier Valdez Martinez. 24 de maya de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Fernández Castilo. Secre- traio: Daniel Cabello González.

Recurso de revisión 259/95. Oralia Cortez González de Guajardo. 4 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Méndez Hernán- d a . Secretario: José M. Quintanilla Vega.

S i 0 JIJRI~PR~DENUA

ALTTORIDAD RESPOATSABLE, DESZGNACZON ERRÓNEA DE LA.

L a designación errónea d e la autoridad responsable n o d a lugar a l sobreseimiento en el juicio d e amparo, si existe plena identificación de l acto reclamado y el informe justificado l o r inde la autoridad q u e efectivamente l o dictó, pues con ello se satisface la garantía d e audiencia.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO

I.9o.T. J /10

Amparo directo 2189/94. Luis Garduño Trejo. 13 de abnl de 1994. Unani- midad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Mo- rales Contreras.

Recurso de aueia 149194. Aerovías de Mhxico. S. A. de C. V. 31 de mavo . <

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alon- so. Secretario: Ricardo Castillo Muñoz.

Amparo en revisión 79/95. José Luis Escudero Zendejas. 8 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Rebeca Gabnela Pizaiia Nila.

Amparo directo 9929/95. Florencia Mosqueda Carmona. 4 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secreta- rio: Carlos Alberto Bravo Melgoza.

Amparo directo 10199/95. Operadora de Textiles de México, S. A. de C. V. 18 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza.

CA USAHABIENTES.

E l causahabiente del demandado no puede ser considerado como tercero extraño a l juicio, puesto q u e entonces no hay más u n a sustitución procesal, y es d e estimarse q u e el quejoso f u e causabiente del demandado, si adquirió d e este cuando ya se había instaurado el juicio, pues e n tales condiciones n o era o t ra cosa q u e sustituto del mismo demandado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUlTO VI.20. J.131

Amparo en revisión 163/88. Narciso M. Perez Covarrubias. 15 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera.

Amparo en revisión 342/89. Minan Nalleli Méndez Carrillo. 8 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Amoldo Nájera Virgen. Secre- tario: Nelson Loranca Ventura.

JURISPKUDENCIA 371

Amparo en revisión 397/9?. Alfonso Ortiz Zavala. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.

Amparo en revisión 395/95. Lázaro Vivanco Alonm y otros. 9 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gcstavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

Amparo en revisión 511/95. Carlos Torres Trueba González. 27 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secre- tario: Jwé Zapata Huesca.

COMPETENCIA. FUNDAMENTACION DE LA.

Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías iiidividuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los ar- tículos 14 y IG constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e impres- cindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cum- pliéndose las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legiti- mación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de inde- feiisión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para eiiiitir el acto, n i el carácter con que l o emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de 6sta se encuentra o no dentro del ámbito competencia1 respectivo, y si éste es o iio conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, :tclemás de la ilegalidad del acto, la del apoyo e n que se funde la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, pues bien puede :tcontecer que su actuación no se adecua exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley secundaria o con la Ley Fundamental.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 1932/89. Sistemas Hidráulicos Almont, S. A. 29 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Marcos García José.

372 JURISPRUDENCIA

Amparo directo 842/90. Autoseat, S. A. de C. V. 7 de agosto de 1990. Una- nimidad de votos. Ponente: Ma. Antonieta Azuela de Ramírez. Secretario: Gamaliel Olivares Juárez.

Ampara en revisión 2422/90. Centro de Estudios de las Ciencias de la Co- municación, S. C. 7 de noviembre de 1990. Unanimidad de votas. Ponente: Ma. Antonieta Azueta de Ramírez. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

Amparo directo 2182/93. Leopoldo Alejandro Gutierrez Arroyo. 20 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáñez. Secreta- rio: Mario Flores García.

Amparo directo 1102/95. Sofía Adela Guadarrama Zamora. 13 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yáiíez. Secretario: Ma- rio Flores García.

JORNADA CONTINUA, APARENTEMENTE DZSCONTZNUA.

E l artículo 63 d e la Ley Federal del T raba jo establece q u e "Durante la jornada continua d e trabajo se concederá a l trabajador u n descanso d e media hora por l o menos", d e lo que se infiere que es obligaci6n imperativa del pa t r6n conceder a l trabajador media hora como lapso mínimo d e descanso para ingerir alimentos durante la jornada; de tal modo q u e si se aduce que l a jornada es discontinua, porque hay u n intervalo d e descanso ent re el horario, empero éste tiene u n a duraci6n d e media hora, refleja que estamos ante la presencia de u n a jornada continua, y es violatorio d e garantías el l audo que estima l o contrario.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO IV.20. J/11

Amparo directo 48/94. María Segovia Ramos. 9 de febrero de 1994. Una- nimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: José Gana Muñiz.

Amparo directo 649/94. Joel Morales Rodríguez. 28 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno.

Amparo directo 319/95. Ramón Carrillo Jaramillo. 10 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Méndez Hernández. Secretario: Omar René Gutiérrez Arredondo.

Amparo directo 648/95. Efrén Balderas Martinez. 20 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Leandro Femández Castillo. Secretario: Tuan Antonio Ramos Padilla.

A m ~ a r a directa 708/95. Francisco Alonso Puente. 4 de octubre de 1995. Unanimidad de votas. Ponente: Leandro Femández Castillo. Secretaria: Da- niel Cabello González.

JURISPRUDENCIA 373

ORDEN DE APREHEl\'SlON. CESACION DE SUS EFECTOS.

Parx que cesen los efcctos d e una ordeii d e captura es menester quc e n contra d e ésta se interponga u n recurso e n el que se dicte u n a nueva resoluci6ii que sustituya proccsalrnente a la anterior, o cuando se coristituya iina situaciúri jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo d e tal manera q u e por esa nueva situaciirn se reponga al quejoso e n el goce de la garantía violada.'

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO VI1.P. 514

Amparo cn revisión 148/95. Juez Primero de Priniera Instancia de Vera- cruz, Veracruz. 18 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Poncnte: Gilber- to González Bozziere. Secretario: Jorge Manuel Perez López.

Amparo en revisión 154/95. Fernando Apilera de Hombre. 25 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilbena González Bozziere. Secretario: Nicolás Leal Salazar.

Amparo en revisión 263/95. Víctor Salazar Peña. 12 de julio de 1995. Una- mi dad de votos. Ponente: Luis Alonsa Pérez y Pérez. Secret~ria: Loticia Upez Vives.

Amparo en revisión 200/95. Juez Primero de Primera Instancia de Córdo- ba, Veracruz. 13 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón.

Amparo en revisión 258/95. Wenceslao Vitelio Flores Rodrípez. 9 de agos- to de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: "Tomás Sáncliez hgeles en funciones de magistrado por ministerio de ley en términos del articulo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1a Federación". Secretaria: María de Lourdes Juárez Sierra.

POSESION. LO QUE DEBE ENTENDERSE POR T f T U L O DE I.A. (LEGISLACZON DEL ESTADO DE COAHUILA).

Por título de posesión se entiende: a) Acto o hecho jurídico, q u e

hace adquirir u n derecho y que entronca con la causa; b) Documento en que consta ese acto o hecho adquisitivo; c) El derecho mismo q u e asiste a u n a persona y que la legitima activa y pasivamente. Entendien- dose por título la causa generadora d e la posesión, d e conformidad

* Esta tesis núm. 4 se editó en el Sernanano Judicial de la Federación, t. 11, septiembre de 1%5, p. 463, por instrucciones dcl Tribunal Colegia<lo si. publica nuevamente con las modificaciones que el propio Tribunal ordena sobrr la tesis originalmente enviada.

374 JURISPRUDENCIA

con lo dispuesto por la última parte del artículo 806, del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO VIII.20. J / 3

Amparo directo 479/91. Marco Antonio Velarde Crnz. 21 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ibarmla González. Secretario: JosC Martín Hernández Simental.

Amparo directo 166/92. Francisco Flores Carrillo. 24 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reyes. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez

Amparo directo 31/93. Jos.4 Francisco González Figueroa. 24 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Camacho Reves. Secretario: Al- berto Caldera Macias.

Am~aro directo 592/94. Lucina Cázares Martínez. 9 de mamo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Rodrípez Olmedo. Secretario: Hugo Amoldo Apilar Espinosa.

Amparo directo 372/95. Ejido Lázaro Cárdenas, Municipio de la capital del Estado de Durango. 21 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Po- nente: Pablo Camacho Reyes. Secretario: Alberto Caldera Macías.

PRUEBA PERICIAL. INTEGRACIdN DE LA.

La prueba pericia1 en materia del trabajo se integra ya sea única- mente por los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, cuan- d o coincidan sus opiniones sobre la cuestión en la que verse o con la del tercero en discordia en caso de existir discrepancia entre aqu&llos, y la Junta en esta última hipótesis debe recabar necesariamente el dic- tamen de que se trata, pues solamente así puede tener por cumplidas las formas procesales relativas al desahogo de pruebas y en consecuencia dictar el laudo, pero si no lo hace es lógico y jurídico concluir que la transgresibn procedimental en cuestión afecte garantías, habida cuenta que la Junta al dictar el laudo n o está en aptitud plena de resolver sobre el tema controvertido por l a falta de integración de la prueba pencial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO 1V.30. J/13

Amparo directo 519/92. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Barajas Plasencia. Se- cretario: Carlos Hugo de León Rodriguez.

JURISPRUDENCIA 375

Amparo directo 584/92. Rodolfo Otero Ruiz. 6 de mayo de 1993. Unanirni- dad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretaría: Angélica Maria Torres García.

Amparo directo 68/95. Instituto Mexicano del Seguro Social. lo. de mano de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Garcia Salazar. Se- cretaria: Angélica María Torres García.

Amparo directo 203/95. Aidé de la Cerda Enríquez y otra. 20 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel Garcia Salazar. Secreta- rio: Angel Torres Zamarrón.

Amparo directo 659/95. Rosendo L6pez Fuentes. 19 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel Garcia Salazar. Secretaria: AII- gélica Maria Torres Garcia.

SENTEhTCZAS DICTADAS EN AMPARO. N O PUEDEN SER VZO- LATORIAS DE LOS ARTfCULOS 14 Y 16 COATSTITUCZONALES.

Dado e l texto d e los artículos 14 y 16 constitucionales, l a naturalez;i de las sentencias dictadas e n materia de a m p a r o y el f i n al que las mismas tienden, los jueces de Distrito no pueden violar las garantías de seguridad jurídica q u e tu te lan esos preceptos a l dictar aqukllas.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO VI1.A.T. J /3

Amparo en revisión 96/95. Fidel Morena Espinoza. 24 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta Garúa. Secretario: Antonio Zúñiga Liina.

Ampara en revisión 130/95. Josefina Mateos Castro por sí y en represeri- tación de Abarrotes Victor's, S. A. de C. V. 14 de junio de 1995. Unanimi- dad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta Garcia. Secretario: Antonio ZÚñiga Luna.

Amparo en revisión 36/95. Jesús Onésimo García Morales. 10 de agosto d r 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe Garcia. Secretario: Pe- dro Luis Reyes Marin.

Amparo en revisión 106/95. Bloquera San Cristóbal, S. A. de C. V. 23 dc agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Mo- guel. Secretario: Roberto Obando Pérez.

Amparo en revisión 162/95. Sebastián Ladrón de Guevara García. 11 dr octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta Garcia. Secre- taria: Nilvia Josefina Flota Ocarnpo.

376 JURISPRUDENCIA

DICIEMBRE

PLENO

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. TIENE FACULTADES PARA IMPONER CONTRZBUCZONES LO- CALES.

El carácter dual de la facultad de la Asamblea para aprobar, por una parte, los gastos del Distrito Federal contenidos en el documento den* minado Presupuesto de Egresos; y determinar, por otra, los tributos para satisfacerlos, tiene como antecedente remoto ". . .la famosa Carta Magna, que los nobles ingleses hicieron firmar y promulgar al Rey Juan Sin Tierra en 1215 (que luego confirmó su hijo Enrique 111 en 12G4), en la cual, entre otras disposiciones, se estableció la obligación del soberano de recabar la previa autorización de sus súbditos para imponer gabelas con que hacer frente a las necesidades de la Corona. .Si bien originalmente el pedido de autorización se refirió solamente a un aspecto parcial de lo que hoy comprende un presupuesto (los recursos), posteriormente se agregó el capítulo de gastos, porque, pron- to se arribó a la conclusión de que el problema no se limitaba sólo a las exacciones del soberano, sino mis bien a los despilfarros en que incurría la Corte. Conforme a este nuevo rkgiinen, las autorizaciones presiipuestarias comprendieron los capítulos de gastos y recursos, con lo que se sentaron las bases de esta institución universal que, paula- tinamente, se ha ido incorporando a las prácticas políticas de los Esta- dos del universo. . ." Enciclopedia Jurídica Omeba, t. XXlII, p. 48). Las primeras leyes de ingresos establecían los tributos a cargo de los siib- ditos y, por ende, su contenido fue formal y materialmente hacenda- rio; sin embargo, por necesidades de congruencia temporal con el Presupuesto de Egresos, la vigencia de la ley se redujo, con el tiern- po, hasta hacerla coincidir con la del presupuesto, por el termino de un año, que es lo usual en los tiempos modernos. Lo reducido del tiempo de vigencia torna inconveniente que en la Ley de Ingresos se establezcan en detalle las contribuciones, porque tendrían que discu- tirse en su totalidad aíio tras año, motivo por el cual dicha Ley se ha convertido, en ocasiones, en u n simple catálogo de impuestos, lo cual obedece a motivos eminentemente prácticos que en nada afectan ni la naturaleza hacendaria ni las posibilidades de contenido tributario

JURISPRUDENCIA 377

d e dicha Ley. Por ello, l a facultad de la Asamblea para aprobar la Ley d e Ingresos conlleva, tambibn como facultad expresa, la de establecer impuestos, dado que ese es el contenido propio d e la Ley d e Jngresos.

P./J. 39/95

Amparo en revisión 776/95. Litográfica Graue, S. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Guillemio 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Amparo en revisión 812/95. Adcopa, S. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: José Manuel Arballo Flores.

Amparo en revisión 727/95. Aceites y Esencias, S. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Agui- rre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hemández.

Amparo en revisión 808/95. Asesoría en Ingeniería y Administración. S. C. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salva- dor Aguirre Anguiano. Secretaria: Rocío Balderas Femández.

Ampara en revisión 1051/95. Sinca, S. A. de C . V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se- cretaria: Alejandra de León González

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en cursa, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azue- la Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jcsús Gudiño Pelayo, Guillenno 1. Ortiz Maya- goitia, Huinberta Román Palacios, Olga hlaria Sánchez Cordcro y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 39/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antt:cede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noiSenta y cinco.

C6DIGO FINANCIERO DEL D I S T R I T O FEDERAL. EL O B I E T O [ ) E L IMPUESTO SOBRE NdAl INAS PREVISTO P O R LOS A R - T f C U L O S 178, 179 Y 180, SI A T I E N D E A L A CAPACIDAD CON- T R I B U T I V A DEL OBLIGADO.

El Tr ibuna l Pleno d e la Suprema Corte d e Justicia d e la Nación sostuvo, al resolver sobre la constitucionalidad d e los articulos 45-G ;i

45-1 d e la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, q u e el impuesto sobre nóminas n o es violatorio del principio d e proporcionalidad tributaria, puesto q u e su objeto es indicativo d e la capacidad contributiva del sujeto obligado; criterio que hoy se reitera

.con respecto a los artículos 178 a 180 del Código Financiero del Distri-

378 JURISPRUDENCIA

t o Federal. E n efecto, las erogaciones por concepto d e remuneraciones. a los trabajadores, suponen la existencia d e u n a fuente tributable, pues es 16gico que si n o existiera u n a fuente d e riqueza n o podrian reali- zarse dichas erogaciones. D e aquí q u e tales gastos si son indicativos d e la capacidad tributaria.

Amparo en revisión 727/95. Aceites y Esencias, S. A. de C. V. 9 de no-. viembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Agui-. rre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.

Amparo en revisión 1051/95. Sinca, S. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Se-. cretaria: Alejandra de León González.

Amparo en revisión 1194/95. Cbrysler de Mkxico, S. A. 9 de noviembre de. 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góegora Pimentel,, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el ministro Juan Diaz Romero. Se- cretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Amparo en revisión 1196/95. Combustibles Roqnero, S. A. 9 de noviembre. de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An-~ guiano. Secretaria: Rocío Balderas Femández.

Amparo en revisión 1226/95. Tanques de Acero Trinity, C. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995.Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador. Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez

El T b u n a l Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviem-- bre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros. presidente José- Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano h e - . la Güitrbn, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David' Gbngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo 1. Ortiz Maya-~ goitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sinchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 42/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idbneas: para integrarla. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

CODIGO FINANCIERO D E L D I S T R I T O FEDERAL. IMPUESTO. SOBRE NOMINAS. LA TARIFA ÚNICA D E L 2% N O ES VIOLA- T O R I A D E L P R I N C I P I O D E PROPORCIONALIDAD.

Esta Suprema Corte h a establecido q u e l a forma más adecuada d e gravar la capacidad económica de l contribuyente, es a part ir d e tarifas progresivas, pero conviene aclarar que dicho criterio es aplicable tra- tándos d e impuestos sobre el ingreso, las utilidades o los rendimientos del causante. Efectivamente, l a tarifa progresiva constituye u n a ú t i l

JURISPRUDENCIA 379

herramienta de valoración sobre los ingresos totales del particular, empero tratándose de impuestos reales u objetivos q u e gravan u n a mani- festación aislada d e su riqueza, n o existe obstáculo para q u e se aplique u n a tarifa única, en tanto q u e dichos tributos no participan d e los aspectos subjetivos o personales d e cada contribuyente, sino q u e se li- mi tan a la porci6n de riqueza elegida por el Estado. D e aquí que, la tarifa única del 2% que establece el COdigo Financiero del Distrito Federal para el cobro del impuesto sobre nbminas, n o infringe el principio d e proporcionalidad, dado q u e n o se trata d e u n gravamen de carácter personal.

Amparo en revisión 727/95. Aceite y Esencias, S. A. de C. V. 9 de novieiri- bre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hemández.

Amparo en revisión 1051/95. Sinca, S. A. de C. V. 9 de noviembre dc 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguia- no. Secretaria: Alejandra de Leún González.

Amparo en revisión 1194/95. Chrysler de México, S. A. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, en ausencia de él hizo suyo el proyecto el ministro Juan Díaz Romera. Secre- taria: Rosalba Becerril Velázqiiez.

Amparo en revisión 1196/95. Combustib'es Roquero, S. A. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An- piano. Secretaria: Rocío Baldcras Femández.

Amparo en revisión 1226/95. Tanques de Acero Trinity, S. A. de C. V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Sergio Salva- dor Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el día dieciséis de noviembre en cuna, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Ayinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azue- la Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiña Pelayo, Guillermo l. Oniz Maya- goitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sáncbez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 43/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedcntes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

COSTAS. EL A R T f C U L O 110, FRACCIÓN IV, DEL C 6 D I G O Di3 PROCEDIMIENTOS CIVILES P A R A EL DISTRITO FEDERAL Q U E ESTABLECE L A CONDENA EN ELLAS, N O VIOLA LA GA- R A N T f A DE AUDIENCIA.

380 JURISPRUDENCIA

D e conformidad con el precepto antes mencionado procede condena r al pago de costas e n ambas instancias a l q u e haya sido condenado por dos sentencias conformes d e toda conformidad d e su parte resolu- tiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. Esto significa q u e para que se Ie pueda aplicar dicho precepto a alguien es presupuesto indispensable: a) l a existencia de u n juicio e n el que sea parte, b) que en dicho juicio se dicte u n a sentencia condenatoria e n su contra, e) q u e 61 haga valer el recurso legal correspondiente y d) que en la resolución q u e resuelva el recurso, se confirme e n todos sus resolu- tivos l a sentencia d e primera instancia. Por ello, es innecesario q u e antes d e aplicarle el precepto a l condenado e n dos sentencias conformes d e toda conformidad, tenga q u e ser oído y vencido e n u n procedimiento especial, porque su aplicación es consecuencia d e su compor- tamiento e n u n juicio e n el que se le otorg6 la garantía d e audienaa . De ah í que el artículo 140, fracción IV, del Código d e Procedimien- tos Civiles para el Distrito Federa no viola l a garantía d e audiencia 1 prevista e n el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

Recuno de revisión en amparo directo 1807/88. Hylsa, S. A. 18 de abril de 1989. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Sergio Novales Castro.

Amparo directo en revisión 1970/89. Restaurantes y Bares Unidos, S. A. 22 de enero de 1991. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Vicente Arenas Ochoa.

Ampara directo en revisión. 151/93. María Isabel Díaz Riiiz. 8 de febrero de 1994. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Higuera Comna.

Amparo directo en revisión 1756/93. Francisco Javier Soto González. 6 de octubre de 1994. Unanimidad de diecinueve rotos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretaria: José Manuel Arballo Flores.

Amparo directo en revisi6n 1830/91. Joel Salís Rubio. 17 de abril de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Agiiirre Anguiano. Se- cretaria: Adriana Escorza Carranza.

EL Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, par unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicente Apinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azue- la Güitrón, Juventina V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Giiillermo 1. Ortiz Maya- gaitia, Humberta Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 48/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas

JURISPRUDENCIA 381

para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN U N A ADECUADA Y O P O R T U N A DEFENSA PREVIA A L ACTO PRIVATIVO.

La garantía d e audiencia establecida por el articulo 14 coristitucio- nal consiste e n otorgar al gobernado la oportunidad d e defensa previamente a l acto privativo d e la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las q u e resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto d e privación y que, d e manera genérica, se traducen e n los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) L a oportunidad d e ofrecer y desaliogar las pruebas e n que se fin- q u e la defensa; 3) L a oportunidad d e alegar; y 4) El dictado d e u n a resoluciún que dirima las cuestiones debatidas. D e n o respetarse estos requisitos, se dejaría d e cumplir con el f i n d e la garantía d e audiencia, q u e es evitar la indefensión del afectado.

P./J. 47/95

Aniparo directo en revisibn 2961/90. Opticas Ilevlyn del Norte, S. A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de dieciriueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrcr hlac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1080/91. Guillerrno Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis untos. Poiiente: Juan Díaz Koniero. Secrcta- rii: Adriana <:arnpuzaiio de Ortiz.

Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisipte votos. Ponente: Juan Díaz Rome- ro. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.

Amparo directo en revisióii 933/94. Blit, S. A. 20 de marzo de 1995. Ma- yoría de nueve votos. Ponente: Mariano .?zuda Güitrón. Secretaria: hla. Es- tela Ferrcr Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1694/91. María Eiigeiiia Espinosa Mora. 10 de abril de 1935. Unanimidad de nueve votos. Poninte: hlariano Azuela Giiitrón. Secretaria: Ma. Estela Frrrer Mac Gr~gor Poisot.

E1 Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once voto3 de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azue- la Giiitróri, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David CNnzora Pinientel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillernio 1. Ortiz Maya-

382 JURISPRUDENCIA

goitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sinchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurispmdencia que antecede; y determiná que las votaciones de los precedentes son idáneis para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

VISITAS DOMICILIARIAS. EL A R T f C U L O 45 DEL CdDZGO FIS- CAL DE L A FEDERACIÓN, EN L A PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A RECOGER L A CONTABILIDAD PARA EXAMINARLA EN LAS OFICINAS DE L A AUTORIDAD FISCAL, ES INCONSTITUCIONAL.

Las visitas domiciliarias que e l art iculo 16 constitucional permite efectuar a las autoridades administrativas, deben verificarse única y exclusivamente e n el domicilio del visitado y la función del visitador debe limitarse a inspeccionar los papeles y libros que requiera, sin poder sustraerlos del domicilio e n q u e se actúa, puesto q u e n i del texto de la disposición constitucional, ni d e su interpretación juridica, puede concluirse q u e dicho precepto autoriza a los visitadores a sustraer la documentación q u e estimen necesaria. Por tanto, el artículo 45 del Có- digo Fiscal citado, en la parte e n que autoriza a los visitadores a recoger la documentación que se inspecciona y llevarla a las oficinas fis- cales, viola el articulo 16 constitucional.

Amparo en revisión 8559/87. Daniel Vela, S. A. 10 de mano de 1988. Ma- yoría de dieciocho votos. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano. Secre- tario: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Amparo en revisión 1933/91. Concorde de Carga, S. A. de C. V. 3 de junio de 1992. Unanimidad de veinte votos. Ponente: José Trinidad Lanz Cár- denas. Secretaria: Xóchitl Guido Guzmán.

Amparo en revisión 5603/90. María del Socorro Martínez Betancourt. 18 de junio de 1992. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Noé Castanón León. Secretario: Roberto A. Navarro Suáreí.

Amparo en revisión 1092/91. Telecomunicaciones Elektra, S. A. de C. V. 17 de febrero de 1993. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Felipe Lóper Contreras. Secretaria: Ma. del Pilar Núñez González.

Amparo en revisión 505/94. Almacenadora Inter Americana, S. A. de C. V. 26 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alejandra de León González.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el siete de diciembre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros: presidente José Vicen-

te Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Genaro David Góngora Pirnentel, José de Jesús Gudiiio Pelayo, Guillernio 1. Ortiz Maya- goitia, Hiimberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 52/1995 (9a.) la tesis de jurispmdencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, ;i siete de diciembre de mil novecientos noventa y cirico.

PRIMERA SALA

AUDIENCIA DE VISTA. N O SE INFRINGEN LAS G A R A N T f A S INDIVIDLTALES DEL PROCESADO SI SE LE CITO PERSONAL- MENTE A EL Y A SU DEFENSOR PARA COMPARECER A LA.

Los artículos 373 y 382 del Código Federal de Procedimientos Pe- nales en vigor, que a la letra dicen: "ART. 373. Recibido el proceso, el duplicado autorizado de constancias o el testimonio en su caso, el tribunal lo pondrá a la vista de las partes por el plazo de tres días; y si dentro de ellos no promovieren prueba, se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los treinta siguientes a la conclusión del primer plazo, si se tratare de sentencias definitivas y dentro de cinco días si se tratare de autos. Para ella serán citados el Ministerio Público, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. Si no se hubiere nombrado a éste para la instancia, el lribunal lo iiombrará de oficio". 'ART. 382. El día señalado para la vista comen- iará la audiencia haciendo el secretario del tribunal una relación del asunto; en seguida hará uso de la palabra el apelante y a continuación las otras partes, en el orden que indique quien presida la audiencia. Si fueren dos o mis los apelantes, usarán de la palabra en el orden que designe el mismo funcionario que presida". De lo antes transcri- to, se advierte que no impone a la autoridad de alzada la obligación de ordenar que para la audiencia de vista del asunto se mande traer al recinto del tribunal en que se efectuará, al procesado detenido, sino sólo la circunstancia de que sea debidamente notificado él y su defensor para la audiencia de vista. Por tanto, el tribunal de alzada no tiene porqué asegurar la comparecencia del inculpado en esta etapa procesal, pues del texto de los articulos en comento no se impone esa obligación a esa autoridad por lo que no se violan las garantías iudi- viduales del quejoso.

Contradicción de tesis 26/95. Entre las sustentadas por los Tribunales Cole- giados Segundo y Tercero, ambos del Cuarto Circuito. 24 de noviembre de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo, previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de Garcia Vi- llegas. Secretario: Miguel Angel CNZ Hernández.

Tesis de Jurispmdencia 19/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cuatro votos, de los ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Komán Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño y Pela- yo, previo aviso a la Presidencia.

SEGUNDA SALA

AMPARO C O N T R A LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERES JURfDICO PARA RECLAMAR UhTA LEY D U R A N T E ESE PERIODO.

Cuando para la iniciación de vigencia d e u n dispositivo existe el pe- r iodo que la doctrina denomina vucutio legis, durante PI los particulares n o pueden ejercitar la acción d e amparo por carecer d e interés juridico para impugnar u n a ley q u e a ú n n o h a entrado en vigor y que por l o mismo n o puede obligar a los particulares a cumplirla, e n ra- 26x1 de que durante dicho periodo la ley no puede ser obligatoria. En consecuencia, si u n particular se dice afectado por los efectos auto- aplicativos d e l a norma, carece d e interks juridico para reclamarla e n amparo antes d e su entrada e n vigor.

Amparo en revisión 1166/95. Jerónimo, S. A. de C. V. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Ma. Alejandra de León González.

Amparo en revisión 1202/95. Martha Camarena Cortes. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Amiirre Anguiano. Secretario: - - - Juan Carlos CNZ Razo.

Amparo en revisión 1279/95. María del Carmen Villarreal Moreno. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Escorza Carranza.

Amparo en revisión 1394/95. Farmaceutica Marco's S. A. de C. V. lo. de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martinez.

Amparo en revisión 1677/95. Jorge Miguel Mejía Palma. lo. de diciembre de 19Y5. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Oscar Gemán Cendejas Gleason.

Tesis de Jurisprudencia 81/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanin~idad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Rornero, Genaro David Góngori Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guiller- rno 1. Ortiz hfayagoitia y Srrgio Salvador Aguirre Anpiario.

COAIPETEhTCIA PAI iA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUS- CITAIIOS CON A4Oi'IVO DE L A PRESTACION DE SEIiVICIOS DE POLlCiAS MC'ArICIPALES Y JUDICIALES DEI, G O B I E R N O DEL ESTADO L)E IVIEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DE- PENDEhTCIAS DE SEGUIlIl>AD RESPECTIVAS. CORIIESPONDk.', P O R AI;INIDAU, A L T1¿IBI 'h1AL IIE L O CONTENCIOSO ADAf l - hilSTIi.ATIVO DEI. ESTA110 I ) E MÉXICO.

Eii la tesis dc jurisprudciici;~ 21/1YYi, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Supreina Corte de Justicia de la Naci(ii1, priblicada en 121 p<~giii:i -3, toirio 11, corrcspoiidieiite al mes de scpticmbre de 1995, de la noueria época dcl Sernanurio Jridiciul de la I:ederucidn, coi1 el rubro: I'OLICfAS hlUNICIPi\I.ES Y JUDICIALES AL SERVlClO DEL GOBIERNO DEL ESTADO »E I11fXICO Y IIE SUS MUNI- CIPIOS. SU REL"iCI6N JI!RfDICA ES DE NATURALEZA ADhII- NISTK'\TIVA", se estnblecii> que los n~iembros de diclias corporacio- rics, al formar parte de 1111 cuerpo de seguridad pública, mantienen una rel;ición dc naturalera administrativa coi1 el gobierno del Estado o del hluiiicipio. que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado R, fracción XlII, de la Constitucihn, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los inilitarss, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos clc una relacihn de naturaleza laboral con la institución a la que presteii sus servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, Eracción 1, del Estatuto Jurídico de los ?'rabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Desceii- traliiados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, rii los artículos 30 y 29, fraccihn 1, de La Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión

386 JURISPRUDENCIA

la competencia para que u n o d e esos órganos conozca d e la demanda promovida por u n policía municipal o judicial e n contra d e las insti- tuciones de seguridad pública, en l a que se deduzcan pretensiones derivadas d e l a prestación d e servicios. Por ello, ante l a fal ta d e dis- posición legal e n el Estado de Mkxiu, q u e instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese t ipo de controversias, debe recaer la competencia e n el T r ibuna l d e lo Contencioso Administrativo, en acatamiento d e l o dispuesto e n el segundo párrafo del articulo 17 de l a Constitución General de la República, q u e consagra la garan-

tía de q u e toda persona tiene derecho a q u e se le administre justicia,

por ser ese tr ibunal administrativo. d e acuerdo con las facultades d e

q u e está investido, el más a f ín para conocer de l a demanda relativa.

Competencia 362/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de México y la Pnmera Sala Regional de lo Contencioso Administrativo de dicho Estado. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Sergio Salva- dor Aguirre Anguiano. Secretario: Roberto Lara Hernández.

Competencia 356/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de México y la Primera Sala Regional do1 Tribunal de lo Contencioso Admi- nistrativo de dicho Estado. 13 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Ma- riano Azuela Güitrón. Secretario: Manuel Suárez Fragoso.

Competencia 429/95. Suscitada entre el Tribunal de Arbitraje del Estado de México y la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Admi- nistrativo de dicho Estado. 20 de octubre de 1995. Cinco votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Competencia 428/95. Suscitada entre al Primera Sala Regional del Tnbu- nal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de M6xico. 25 de octubre 1995. Cinco votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Castro Zavaleta.

Competencia 449/95. Suscitada entre la Primera Sala Regional del Tribu- nal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Arbitraje, ambos del Estado de México. 10 de noviembre de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosa María Galván Zárate.

Tesis de jurisprudencia 77/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribuna,l, en sesión privada de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Gángora Pimentel, Mariano Azuela Güi- trón, GuilIemo 1. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

JURISPRUDENCIA 387

SUCES1O.V DE DERECHOS AGRARIOS. CI,'ANL)O EL SUCESOR DESIGNADO POR EL DE CUJUS N O SE ENCUENTRA EN PO- SESION L)E L A UNIL>AD DE DOTACION, DEBE RECLAMAR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE DOS AROS, SIGUIENTES A L FA- LLECIMIENTO DEL T I T U L A R . LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARI'4).

La interpretación relacionada de los articulas 81, 82, 83 y 85 de la I r y Federal de Reforma Agraria, asi como el espíritu en que se ins- piró cl establecimiento de la obligación de explotación directa y permanente de la parcela para garantizar su función social, permiten concluir que tal obligación, cuyo incumplimiento por dos años conse- cutivos da lugar a la pérdida de los derecbos sobre la unidad de dota- cióii, de conformidad con el referido numeral 85, fracción 1, no sólo atañe al ejidatario o comunero, sino a todo aquel que ejerza derechos sobre la parcela, coino lo es quien los haya adquirido por sucesión, ;[unque no se le Iiubieren recoiiocido aún sus derechos sucesorios, pues el heredero adquiere la parcela con las mismas obligaciones que el de m j u s tenía sobre la misma y los efectos de la aceptación de la lieren- cia se retrotraen a la fecha del fallecimiento, de manera tal que la obligación de explotación de la unidad pircelaria la tiene desde esta leclia y no hasta que, en su caso, se le reconozcan los derechos suceso- 1-ios. Lo anterior permite concluir que, cuando el sucesor designado por el de c u j u s no esti en posesión de la unidad de dotación parce- liiria, cl triniite de rcconocimiento de sus derechos sucesorios agrarios

y el traslado de doiniiiio debe realizarlos en el plazo de dos años, si-

g~iietites al fallecimiento del titular, para obtener la posesión de la parcela y asi estar en posibilidad de dar cumplimiento a la obligación (le su explotación y no inciirrir en la causal de pérdida de sus derechos, pues la posesión de un tercero puede generar derechos a su favor que daría lugar al reconocimiento de los mismos, mediante la adjudi- cación de la unidad de dotación, en términos de lo dispuesto en el artículo 72, fracciones 111 y IV, de la misma Ley, al establecer catego- rías de catnpesinos con derechos de preferencia en virtud de la pose- sión, es decir, la posesión genera la expectativa de derecho a ser reconocido como titular de derechos agrarios y, por tanto, consecuencias t e derecho protegidas por la ley.

388 JURISPRUDENCIA

Contradicción de tesis 7/95. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tri- bunal Colegiado del Sexto Circuito. 25 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azue- la Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis de jurisprudencia 78/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por mayoría de cuatro votos de los ministros: presidente Juan Díaz Romero, Genara David Gón~ora Pimentel, Mariana Azuela Güitrón y Sergio Salvador Agiiirre Anguiano. Disidente: Guillermo 1. Ortiz Mayagaitia.

TRIBUNALES COLEGIADOS DE C I R C U I T O

AGRAVIOS INOPERANTES, EN RELACION A LAS RESOLUCIO- NES PKONUNCIADAS POR UN JUEZ DE DISTRITO.

U n agravio tendiente a combatir la sentencia del juez d e Distrito cjuc concede la protección d e la Justicia d e la Unibn, n o debe liniitarse únicamente a destacar los elementos q u e existen para justificarlo, o a señalar cuáles aspectos omitió el juez federal, s ino e n primer término, refutar las consideraciones que se virtieron para concluir la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues e n tanto éstas subsistan por falta de impugnación el tribunal encargado d e resolver está obligado a con- firmar la sentencia recurrida.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGRSIMO CIRCUITO XX. J / i 3

Amparo en revisión 217/91. Abner Alvarez Gómez (Recurrente: Juez Se- gundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 29 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Ramiro Joel Ramírez Sánchez

Amparo en revisión 173/93. Roberto Femindez Cemantes (Recurrente: Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 22 de abril de 1993. Unanimidad de votos. Po- nente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Clemente Ro- driguez.

Amparo en revisión 81/94. Pilar Marcos Hemández (Recurrente: C. pw- sidente del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán, Chiapas). 14 de abrir

JURI~PRUDENCIA 389

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Angel Suárcz Torres. Secretario: Victor Alheno Jiménez Santiago.

Amparo en revisión 209/95. Casimiro Garcia Garcia (Recurrente: Juez dcl Ramo Penal del Distnto Judicial de Comitán, Chiapas). 6 de julio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Enrioue Robles Solis).

Amparo en revisión 321/95. Sergio Zacarias Chacón (Recurrente: Juez Se- endo dt.1 Ramo Penal del Ilistrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). 26 de octubre de 1905. Unanirnidad.de votos. Ponente: Roberto ven daño. Secretario: Enrique Robles Solis.

DEbEA\SOI( IIE O b I C I 0 . N O ES V I O L A T O R f O DE GBRANTÍAS QUE EL MINISTbKIO PÚBLICO DAAIGNE COAt'O T A L , A U N PASANTE EN DERECHO.

Es iricorrecto el argumento del peticionario del amparo, en el seri- tido de que, al rendir su declaraciún ministerial se vulneró en su cori- tra, lo previsto eri el articulo 128, incisos a), b), c) y (1) del Código Fe- deral de Procediinien~os Penales, porque el representante sockil federal le designó coino dcfetisor a un pasaiite en derecho; toda veL que el referido numeral scfiala, en lo conducente: "Cuando el inculpado fuese detenido o se prcserit;irc voluntaii;iinente ante el Ministerio Pú- blico Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma: 111. Se le har in saber los deredios qiie le otorga la Constituciún Política de los Est;tdos Unidos hlcxicanos y, particularmente en la averiguaciún previa, de los siguientes: a) No declarar si así lo desea, o en caso cori- trario, a declarar asistido por su defensor; b) Tener una defensa adecuada por si, por abogado o por persona de su confianza, o si n o qui- siere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación; d) Que se le faci- liten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa.. ."; y si esas exigencias fueron satis- fechas, ya que el agente del Ministerio Público Federal hizo saber al inculpado, el derecho que tenia de designar defensor particular, a lo que manifestó que se reservaba esa prerrogativa, por lo que diclio fiin- cionario le designó un pasante en derecho, quien al estar presente acep- tó el cargo conferido, protestó su fiel y legal desempeiío y firmó el acta condigna; es evidente que como el referido numeral no exige que el

390 JURISPRUDENCIA

defensor de oficio en la etapa de averiguación previa sea necesariamente abogado, u n pasante en derecho, puede fungir como tal, y por ende, n o se viola garantías en perjuicio de la parte quejosa.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO

Amparo directo 69/95. Marco Antonio Suzaña Manjarrez o Monjarrez. 5 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. Secretario: Jos.6 Guadalupe Hernández Torres.

Amparo directo 103/95. Jovita Ortiz CNZ. 24 de mayo de 1995. Unanimi- dad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázauez. Secretario: Francisco Javier Villaseñor Casillas.

Amparo directo 107/95. Alfredo Vega de la Torre. 24 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: . José de Jesús Vega Godínez.

Amvaro directo 175/95. Sandra Gallardo Michel. 30 de agosto de 1995. unanimidad de votos.. Ponente: Homero Ruiz Velázquez. secretario: Juan Manuel Villanueva Gómez.

Recuno de revisión 113/95. Jos6 Antonio Santillán Magallanes. 30 de agos- to de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretaria: Ma. del Carmen Cabral Ibarra.

IiVDZVZDUALZZACZ6N DE L A PENA, RECALZFICACZON DE CONDUCTAS. VZOLATORZA DE G A R A N T f A S .

De conformidad con el principio de prohibición de la doble valora- ción de los factores de determinación de la pena, según el cual no pueden atenderse nuevamente por el juzgador al efectuar la individua- lización de la pena, aquellas circunstancias o elementos del delito en general que forman parte de la descripción típica en particular, por haber sido ya tomados en cuenta por el legislador al efectuar la indi- vidualización legal al fijar el marco punitivo entre el mínimo y el miximo de las sanciones a imponer; es evidente, que si el juzgador al momento de individualizar la pena utiliza como elementos de soporte del ejercicio de tal facultad jurisdiccional al hacer el razonamiento respectivo, el señalamiento de conductas por parte del justiaable, que han sido ya determinadas como elementos del t ipo penal del delito q u e se le imputa, ello implica una recalificación de conducta al hacerse u n doble reproche respecto de una misma determinación que, en consecuencia, resulta ilegal y violatoria del principio consignado e n el apotegma non bis in idem, reconocido por el artículo 23 constitucional.

JURISPRUDENCIA 391

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO 11.20. P.A. 512

Amparo directo 294/95. Alan Paul Reyes Flores. 21 de junio de 1995. Una- nimidad de votos. Ponente: losé hneel Manduiano Gordillo. Secretaria: Sara - Olimpia Reyes Garcia.

Amparo directo 306/95. José Sánchez González. 28 de junio de 19115. Unanimidad de votos. Ponente: Tosé Angel Manduiano Gordillo. Secrctarka: - Angélica Marina Diaz Pérez.

A m ~ a r o directo 411/95. Alfredo Ramírez Anmiiano. 12 de iulio de 1995. u

Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujana Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Diaz Pérez.

Amparo directo 495/95. Alberto Bautista Garcia. 30 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Angélica Marina Diaz Pérez.

Amparo directo 503/95. Armando Snárez CNZ. 30 de agosto de 1995. Una- nimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Sara Olimpia Reyes Garcia.

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. REQUISITOS QUE SE REQUIEREN P A R A LA EXISTENCIA DE.

Este litisconsorcio pasivo necesario, cuando las cuestione? q u e e n el juicio se ventilan, afectan a más de dos personas, d e tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida, sin o ídas a todas ellas; ade- más se requiere q u e los demandados se hallen e n comunidad juridica con respecto a l objeto litigioso o tengan u n mismo dereciio o se eri- cuentren obligados por igual causa d e hecho, o jurídica.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCGITO XX. 5/12

Amparo directo 495/94. José Raque1 Natarcn Zavala. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. V~lasco Santiago. Secre- tario: Rafael León González.

Amoaro directo 814/94. María Lourdes Mancilla Maciel. 19 de enero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secreta- rio: Rafael León González.

Amparo directa 633/94. Elmar Rolando Aguilar Vera. 23 de mano de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisca A. Velasco Santiago. Secrr- tario: Stalin Rodríguez López.

Amparo directo 151/95. Alfonso Toledo Laguna. lo. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco A. Velasco Santiago. Secretario: Stalin Rodríguez López.

392 JURISPRUDENCIA

Amparo directo 584/95. Límbano Gabino López Armenta. 19 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Avendaño. Secretario: No6 GutiLmez Díaz.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. (SAR). LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER LAS RECLAMACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO DE LAS CUOTAS PATRONALES INSTITUIDAS PARA EL.

Los artículos 183-A y 183-C, de la Ley del Seguro Social establecen la obligación de los patrones de enterar al Instituto Mexicano del Se- guro Social, el importe de las cuotas correspondientes al ramo de retiro, a través de la constitución de depósitos de dinero en favor de cada trabajador y mediante la entrega de los recursos relativos en institu- ciones de crédito, para su abono en la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro abier- tas a nombre dc los trabajadores. Por su parte, el articulo 604 de la Ley Federal del Trabajo estatuye la competencia de la Junta Federal d e Conciliación y Arbitraje, para conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aque- 110s o sólo entre &tos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, con la excepción prevista en el diverso numeral G00, fracción IV y según el dispositivo 621 de la Ley en consulta, por exclusión, corresponder& a las Juntas Locales de Con- ciliación y Arbitraje, dirimir aquellas controversias de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitra- je. Por tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al dictar el laudo respectivo, p o s c c ~ ~ facultades para determinar si proceden o no las acciones deducidas que mantengan una vinculación estrecha con el Sis- tema de Ahorro para el Retiro, una vez acreditado en juicio el presupuesto que da origen a la obligación patronal descrita, es decir, la existencia del nexo de trabajo y tomando en consideración el material probatorio allegado al sumario, deberán resolver, en definitiva, lo que .en derecho corresponda.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO I.9o.T. J/11

Amparo directo 3189/93. Yolanda Mendoza Delgado. 16 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secre- taria: Rosa María Galván Zárate.

Amparo directo 4289/93. Pablo Chtívez Chávez. 9 de junio d? 1993. Una- nimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretario: Javier Amaud Viñas.

Amparo directo 5879/95. José Ramos Rodriguez. 28 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secre- tario: José C. Santiago Solórzano.

Amparo directo 8959/95. Georgina Castillo Ponce. 13 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretario: Ricardo Castillo Muñoz.

Amparo directo 10839/95. Hortensia Barrón López. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Nilda R. Muñaz Vázquez. Secretario: Fran- cisco E. Orozco Vera.

TESIS DE LA SUPREMA C O R T E Q U E N O INTEGRAN JURIS- PRUDENCIA. ES CORRECTO APOYARSE EN LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS.

La circunstancia d e q u e l a ejecutoria d e l a Suprema Corte d e Justi- cia invocada n o tenga el carácter d e jurisprudencia, n o l a hace iuapli- calde sólo por esa razón, ya q u e n o existe precepto legal a lguno e n e l sentido d e q u e únicamente deban citarse tesis jurisprudenciales, máxi- m e que es u n principio reconocido e l d e q u e los tribunales puedan adecuar su criterio a los d e mayor jerarquía.

PIIIhlER TRIBUN.%L COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO \ ' f . lo. J / S

Ampam en rcvisiún 313/88. Pedro Muíioz Pércz (Recurrente: Juez de Pri- iniera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Hidalgo). 13 de octubre de l!iSS. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueiias Sarribia. Secreta- ria: Irma Salgado López.

A-rnparr~ en rcvisión 238/'30. Sedería L:I Moderna Emilio Yitani, S. A. 16 dr agixto de 1990. Unaninlidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partirlo. Secretario: Roberto Javier Sjnchez Rosas.

Ampani directo 317/94. Santos Goiizilez Flores y otros. (i de octubre de I?i94. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas.

Airiparo directo 370/95. José Antonio Noya Shicher y otra. 11 de septiem- [>re de 1119.5. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzún.

Ampan) rn rcvisióii 478/95. Agustiri Ascencio Gómez. 18 de srptieml~re de 11195. Unanimidad de votos. Ponente: Eric lioberto Santos Partido. Secreta- rio: Manuel Acosta Tzintzún.

39.1 JURISPRUDENCIA

TESTIMONIAL. OI\.IISIóN DE FORMULAR PREGUNTAS RELA- CIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR, SUS CONSECUENCIAS EN LA VALORACION DE LA.

El oferente d e la prueba testimonial debe interrogar a su testigo d e tal manera que las preguntas formuladas se relacionen con las circunstancias d e modo, t iempo y lugar e n que hayan ocurrido los hechos correspondientes. pues si el testigo omite hacer referencia a alguna de estas circunstancias por no habérsele formulado la pregunta relativa, esta omisión es imputable al oferente, l o q u e determina la pérdida del valor probatorio d e este elemento d e convicción.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO I.9o.T. 5/12

Amparo directo 4979/94. Secretario de Salud. 31 de mayo de 1994. Unani- midad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretano: Jos6 Mo- rales Contreras.

Amparo directo 5499/94. Daniel Nava Garcia. 15 de junio de 1994. Una- nimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro v Alonso. secretario: - - Ricardo Castillo Muñoz.

Amparo directo 6579/94. María del Consuelo Romero Cariolio. 3 de agos- to de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso. Secretaria: Rebeca Gabriela Pizaña Nila.

Anipam directo 7769/95. María Magdalena Ortiz Arceo. 16 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secreta- rio: José Morales Cantreras.

Amparo directo 10989/95. Colegio Laureana Wright Goiizález, S. C. y otra. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarm. Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza.

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