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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 168/2017 QUEJOSA Y RECURRENTE: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO

Ciudad de México. Sentencia de la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día

______ de ______ del dos mil diecisiete.

V I S T O S,

Y,

R E S U L T A N D O,

PRIMERO. Por escrito recibido el diecisiete de agosto

del dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes de las Salas

Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa, los apoderados de BANCO NACIONAL DE

MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO

FINANCIERO BANAMEX demandaron el amparo y protección de

la justicia federal contra la sentencia dictada el uno de junio del

año en cita por la Tercera Sala Regional Metropolitana del

mencionado tribunal en el juicio de nulidad 8877/15-17-03-3.

SEGUNDO. De la demanda correspondió conocer al

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 168/2017

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Circuito, donde por auto de presidencia del dos de septiembre del

dos mil dieciséis se admitió y registró con el número de

expediente DA-695/2016-13680.

TERCERO. El diecisiete de noviembre siguiente el

aludido tribunal colegiado dictó sentencia con el resolutivo

siguiente:

ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI

PROTEGE a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, contra la sentencia dictada el uno de junio del dos mil dieciséis por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente relativo al juicio de nulidad 8877/15-17-03-3.

CUARTO. Inconforme con esa determinación, la

quejosa interpuso recurso de revisión y mediante proveído del

doce de enero del dos mil diecisiete, el Presidente de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación lo registró con el número

168/2017 y lo desechó de plano.

QUINTO. En desacuerdo, la quejosa interpuso recurso

de reclamación, el cual se tuvo por interpuesto mediante auto de

presidencia de este Alto Tribunal de treinta de enero siguiente, se

registró con el número de expediente 139/2017 y se turnó para su

resolución al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Seguidos los trámites de ley, por resolución de tres de

mayo del dos mil diecisiete, esta Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación declaró procedente y fundado el


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recurso de reclamación y, por ende, revocó el

auto entonces recurrido, ordenando la remisión

de los autos a la Presidencia de este Alto

Tribunal.

SEXTO. En virtud de lo anterior, mediante proveído de

veintidós de mayo del año en curso el Presidente de esta

Suprema Corte admitió el recurso de revisión y, entre otras

decisiones, ordenó turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek y

remitirlo a la Sala de su adscripción.

SÉPTIMO. En auto de diecinueve de junio del dos mil

diecisiete, el Presidente de esta Segunda Sala tuvo por recibidos

los autos del recurso de revisión, se avocó al conocimiento del

asunto y remitió los autos al Ministro Javier Laynez Potisek.

OCTAVO. El Agente del Ministerio Público Federal fue

notificado y no formuló pedimento.

NOVENO. El proyecto de sentencia fue publicado de

conformidad con los artículos 73, segundo párrafo, y 184, primer

párrafo, de la Ley de Amparo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el

recurso de revisión de conformidad con los artículos 107, fracción

IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,


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81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con

los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario

9/2015, así como puntos primero, segundo, fracción III, y tercero

del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en

virtud de que se interpone contra una sentencia dictada por un

tribunal colegiado de circuito al resolver un juicio de amparo

directo en que se planteó la inconstitucionalidad de normas

generales administrativas.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto

dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo

primero, de la Ley de Amparo, ya que la sentencia fue notificada a

la recurrente el veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis,

mientras que su escrito de expresión de agravios se recibió en la

Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados

en Materia Administrativa del Primer Circuito el trece de diciembre

siguiente, esto es, al décimo día hábil, descontando en el

cómputo los días martes veintinueve de noviembre, en que surtió

efectos la notificación, sábado tres, domingo cuatro, sábado diez

y domingo once de diciembre del año en cita, por haber sido

inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de

Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación.

TERCERO. El recurso de revisión fue interpuesto por

parte legítima en virtud de que quien recurre es el apoderado de

la quejosa, carácter que le fue reconocido en el acuerdo de


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presidencia del tribunal colegiado del

conocimiento del dos de septiembre del dos mil

dieciséis.

CUARTO. El recurso de revisión es procedente en

términos de los artículos 107, fracción IX, constitucional, y 81,

fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos

primero y segundo del Acuerdo General número 9/2015, en virtud

de que en la sentencia recurrida se examinaron implícitamente los

conceptos de violación que propuso la parte quejosa en su

demanda de amparo tendentes a demostrar la

inconstitucionalidad de los artículos 128 a 139 del Reglamento de

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares.

Además, como resolvió esta Segunda Sala en el

recurso de reclamación antes identificado, se trata de un asunto

importante y trascendente porque sobre el tema de

constitucionalidad que se propone no existe jurisprudencia y su

examen puede dar lugar a un pronunciamiento novedoso y de

relevancia para el orden jurídico nacional en relación con el hecho

de si los preceptos que regulan el procedimiento de verificación

en esa materia, respetan o no la garantía de audiencia.

QUINTO. En sus agravios, la recurrente afirma que la

sentencia viola los principios de congruencia y exhaustividad

porque el tribunal colegiado de circuito omitió resolver el tema de

constitucionalidad de normas planteado, aunado a que estudió

deficientemente sus argumentos tendentes a demostrar la


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inconstitucionalidad de los artículos 128 a 139 del Reglamento de

la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares.

Aduce, insistentemente, que tales preceptos son

inconstitucionales al no prever el derecho del particular sujeto a

un procedimiento de verificación, a ofrecer pruebas, alegar y

exponer lo que a su interés legal convenga, circunstancia que

evidentemente atenta contra la garantía de audiencia prevista en

el artículo 14 constitucional y 8 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

Alega que como el procedimiento de verificación se

sigue en forma de juicio, el legislador debió respetar aquella

prerrogativa.

Sostiene la recurrente que, contrario a lo resuelto por el

tribunal colegiado de circuito, el hecho de que el procedimiento

previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en

Posesión de los Particulares y desarrollado por su reglamento

tenga por finalidad allegarse de información y/o documentación

que permita corroborar la existencia presunta de infracciones a

dicha ley, no justifica el hecho de que se viole en perjuicio de los

gobernados la mencionada garantía de audiencia.

Máxime que el procedimiento que se siguió en su

contra no sólo tuvo esa finalidad, sino también imponer medidas a

fin de subsanar las presuntas infracciones, tal como se advierte

de la resolución administrativa impugnada.


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Aduce que, conforme al artículo 5 de

la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares, a

falta de disposición expresa en esa ley, se

aplicarán de manera supletoria las disposiciones del Código

Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo, circunstancia que a su juicio

evidencia que en el procedimiento de verificación comentado

debe respetarse la citada garantía.

Agrega que no existe precepto legal alguno que prevea

que tratándose de los procedimientos administrativos de

verificación es inaplicable la garantía de audiencia.

Finalmente, sostiene que la sentencia recurrida

transgrede la garantía de tutela judicial efectiva, porque el tribunal

colegiado de circuito no analizó todos los argumentos que

propuso a fin de evidenciar la inconstitucionalidad de las

disposiciones impugnadas.

En principio se debe evidenciar la incongruencia en

que incurre la recurrente, pues, por una parte, sostiene que el

tribunal colegiado de circuito omitió resolver el tema de leyes y,

por otra, que fue deficiente su análisis.

Aunado a lo anterior, conviene destacar que desde la

demanda de amparo la quejosa propuso argumentos ambiguos,

pues afirmó que los artículos reglamentarios antes identificados

violan la garantía de audiencia y que conforme al diverso 5 de la


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Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de

los Particulares, son aplicables de manera supletoria a los

procedimientos que regula, entre otros ordenamientos, la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo.

La ambigüedad acusada radica en que pretendió

evidenciar la ilegalidad de la resolución administrativa impugnada

a partir de la inconstitucionalidad de los preceptos reglamentarios

de mérito por no respetar la garantía de audiencia, esto es, por no

prever las etapas de pruebas y alegatos y, también, desde el

hecho de que la autoridad omitió respetar las formalidades

esenciales del procedimiento, pues a su juicio a ese tipo de

procedimientos le es aplicable supletoriamente, entre otros

ordenamientos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Esa inconsistencia en su argumento lo reitera en sus

agravios cuando afirma que a la Ley Federal de Protección de

Datos Personales en Posesión de los Particulares, le es aplicable

supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Como ese aspecto evidentemente constituye un tema

de legalidad, debe declararse inoperante al escapar de la litis

constitucional que justifica la procedencia excepcional del recurso

de revisión que nos ocupa.

Hechas tales precisiones conviene destacar que, con

independencia de lo fundado o infundado de los argumentos de la

recurrente en cuanto a las inconsistencias en que a su juicio

incurrió el tribunal colegiado de circuito, lo objetivamente cierto es


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que esta Segunda Sala se ocupará del fondo de

su pretensión, razón por la que la materia del

recurso se centra en determinar si los artículos

128 a 139 del Reglamento de la Ley Federal de

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,

que regulan el procedimiento de verificación que llevaba a cabo el

entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos, respetan o no la garantía de audiencia

prevista en el artículo 14 constitucional.

Cabe aclarar que como para realizar el examen

propuesto basta la normatividad nacional, resulta innecesario

acudir a la internacional, conforme al criterio que informa la

jurisprudencia 2a./J. 172/2012 de esta Segunda Sala, publicada

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima

Época, Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2, página 1049, que

establece:

DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene


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la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución

Federal establece que nadie puede ser privado de la libertad o de

sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Al interpretar tal disposición el Pleno de este Alto

Tribunal ha establecido que el precepto comentado es el

fundamento constitucional de la denominada garantía de

audiencia que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de

defenderse previamente al acto de privación, ya sea de la vida, la

libertad, la propiedad, las posesiones o los derechos.

El respeto de esa prerrogativa implica el deber de la

autoridad de que en el juicio que se siga "se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento", esto es, aquellas que

son necesarias para garantizar la defensa adecuada del

gobernado y que, de manera genérica, se traducen en: 1) La

notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2)

La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de

una resolución que dirima las cuestiones debatidas.


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Se ha establecido que, de no

respetarse tales requisitos, se dejaría de cumplir

la finalidad de la garantía en comento, que no

es otra que la de evitar que el afectado con el

acto de privación quede en estado de indefensión.

Corrobora lo anterior, el criterio que informa la

jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de

1995, página 133, que establece:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.

De igual manera, se ha reconocido que el precepto

constitucional en comento contiene la garantía del debido proceso

que, a grandes rasgos, se traduce en el respeto de las


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formalidades esenciales del procedimiento, es decir, el

cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben

satisfacerse tanto en el procedimiento jurisdiccional como en los

procedimientos administrativos que tengan por finalidad privar de

manera definitiva al gobernado de la vida, la libertad, la

propiedad, las posesiones o los derechos.

Ahora, en el ejercicio de sus facultades las autoridades

pueden tramitar distintos procedimientos y emitir diversos tipos de

actos, entre los que se encuentran, entre otros, los de privación y

los de molestia.

La Constitución Federal en sus artículos 14 y 16 hace

una distinción entre actos de privación y actos de molestia. Los

primeros son aquellos que tienen por efecto la disminución,

menoscabo o supresión definitiva de un derecho reconocido al

gobernado, por lo que se autorizan únicamente cuando se

cumplen los requisitos previstos en el artículo 14 constitucional,

esto es, que exista un juicio seguido ante un tribunal previamente

establecido que cumpla las formalidades esenciales del

procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con

anterioridad al hecho que generó la controversia.

En cambio, los actos de molestia constituyen una

afectación a la esfera jurídica del gobernado pero no producen los

mismos efectos que los actos privativos, ya que restringen de

manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de

tutelar determinados bienes jurídicos, por lo que para que tales

actos se consideren constitucionales es suficiente que preceda


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mandamiento escrito de autoridad competente

que funde y motive la causa legal del

procedimiento, esto es, que respete el artículo

16 constitucional.

Por tanto, los actos de molestia son aquellos que

restringen de manera provisional o preventiva algún derecho del

gobernado con la finalidad de proteger o tutelar cierto bien

jurídico, mientras que los de privación tienen por efecto disminuir

o suprimir de manera definitiva alguno de esos derechos.

Sustenta las afirmaciones que anteceden la tesis de

jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de este Alto Tribunal,

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 5, que

establece:

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los


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autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.

En consecuencia, para que sean constitucionales los

actos privativos, las autoridades deben respetar, entre otras, las

garantías contenidas en el artículo 14 constitucional, esto es,

audiencia y debido proceso, mientras que los actos de molestia lo

serán siempre que sean acordes con, entre otras, las

prerrogativas contenidas en el diverso 16 de la Constitución

Federal.

Lo expuesto evidencia que el argumento de la

recurrente parte de una premisa inexacta, en la medida en que la


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exigencia de respetar la garantía de audiencia y

de debido proceso no se basa en el hecho de

que las normas controvertidas regulen un

procedimiento administrativo seguido en forma

de juicio, sino, como se demostró, en que ese procedimiento

tenga por finalidad la emisión de un acto de privación.

En otras palabras, el hecho de que el procedimiento de

verificación que regulan las normas tildadas de inconstitucionales

sea de aquellos seguidos en forma de juicio, no implica que

forzosa y necesariamente deba respetarse las citadas

prerrogativas, pues lo que importa es determinar si su finalidad es

la emisión de un acto de privación, o bien, de molestia, para

establecer cuál precepto fundamental lo rige, esto es, el artículo

14 o el 16 constitucional, en los aspectos comentados.

A fin de dirimir ese aspecto, conviene dar noticia de los

artículos 59 y 60 de la Ley Federal de Protección de Datos

Personales en Posesión de los Particulares, y 128 a 139 de su

reglamento, que establecen:

Ley Federal de Protección de datos Personales en

Posesión de los Particulares CAPÍTULO VIII Del Procedimiento de Verificación Artículo 59. El Instituto verificará el cumplimiento de la presente Ley y de la normatividad que de ésta derive. La verificación podrá iniciarse de oficio o a petición de parte. La verificación de oficio procederá cuando se dé el incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo de procedimientos de protección de derechos a que se refiere el Capítulo anterior o se presuma fundada y motivadamente la existencia de violaciones a la presente Ley.


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Artículo 60. En el procedimiento de verificación el Instituto tendrá acceso a la información y documentación que considere necesarias, de acuerdo a la resolución que lo motive. Los servidores públicos federales estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información que conozcan derivada de la verificación correspondiente. El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento a que se refiere el presente artículo.

Reglamento de la Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares

Capítulo IX Del Procedimiento de Verificación Inicio Artículo 128. El Instituto, con el objeto de comprobar

el cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley o en la regulación que de ella derive, podrá iniciar el procedimiento de verificación, requiriendo al responsable la documentación necesaria o realizando las visitas en el establecimiento en donde se encuentren las bases de datos respectivas.

Causales de procedencia Artículo 129. El procedimiento de verificación se

iniciará de oficio o a petición de parte, por instrucción del Pleno del Instituto.

Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto las presuntas violaciones a las disposiciones previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos de procedencia del procedimiento de protección de derechos. En este caso, el Pleno determinará, de manera fundada y motivada, la procedencia de iniciar la verificación correspondiente.

Fe pública Artículo 130. En el ejercicio de las funciones de

verificación, el personal del Instituto estará dotado de fe pública para constatar la veracidad de los hechos en relación con los trámites a su cargo.

Requisitos de la denuncia Artículo 131. La denuncia deberá indicar lo siguiente: I. Nombre del denunciante y el domicilio o el medio

para recibir notificaciones, en su caso;


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II. Relación de los hechos en los que basa su denuncia y los elementos con los que cuente para probar su dicho, y

III. Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación.

La denuncia podrá presentarse en los mismos medios establecidos para el procedimiento de protección de derechos.

Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos a través del sistema que establezca el Instituto, se entenderá que se acepta que las notificaciones sean efectuadas por dicho sistema o a través de otros medios electrónicos generados por éste, salvo que se señale un medio distinto para efectos de las mismas.

Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de una denuncia, el Instituto acusará recibo de la misma, pudiendo solicitar la documentación que estime oportuna para el desarrollo del procedimiento.

Desarrollo de la verificación Artículo 132. El procedimiento de verificación tendrá

una duración máxima de ciento ochenta días, este plazo comenzará a contar a partir de la fecha en que el Pleno hubiera dictado el acuerdo de inicio y concluirá con la determinación del mismo, el cual no excederá de ciento ochenta días. El Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un periodo igual este plazo.

El Instituto podrá realizar diversas visitas de verificaciones para allegarse de los elementos de convicción necesarios, las cuales se desarrollarán en un plazo máximo de diez días cada una. Este plazo deberá ser notificado al responsable o encargado y, en su caso, al denunciante.

Visitas de verificación Artículo 133. El personal del Instituto que lleve a cabo

las visitas de verificación deberá estar provisto de orden escrita fundada y motivada con firma autógrafa de la autoridad competente del Instituto, en la que deberá precisarse el lugar en donde se encuentra el establecimiento del responsable, o bien en donde se encuentren las bases de datos objeto de la verificación, el objeto de la visita, el alcance que deba tener la misma y las disposiciones legales que lo fundamenten.

Identificación del personal verificador


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Artículo 134. Al iniciar la visita, el personal verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por el Instituto que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden escrita fundada y motivada a la que se refiere el artículo anterior, de la que deberá dejar copia con quien se entendió la visita.

Acta de verificación Artículo 135. Las visitas de verificación concluirán

con el levantamiento del acta correspondiente, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la visita o visitas de verificación. Dicha acta se levantará en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiera entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiera negado a proponerlos.

El acta que se emita por duplicado será firmada por el personal verificador actuante y por el responsable, encargado o con quien se haya entendido la actuación, quien podrá manifestar lo que a su derecho convenga.

En caso de que el verificado se niegue a firmar el acta, se hará constar expresamente esta circunstancia en la misma. Dicha negativa no afectará la validez de las actuaciones o de la propia acta. La firma del verificado no supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de la misma.

Se entregará al verificado uno de los originales del acta de verificación, incorporándose el otro a las actuaciones.

Contenido de las actas de verificación Artículo 136. En las actas de verificación se hará

constar: I. Nombre, denominación o razón social del verificado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la

verificación; III. Los datos que identifiquen plenamente el domicilio,

tales como calle, número, población o colonia, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la verificación, así como número telefónico u otra forma de comunicación disponible con el verificado;

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la verificación;


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VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del verificado, si quisiera

hacerla, y IX. Nombre y firma de quienes

intervinieron en la verificación, incluyendo los de quienes la hubieran llevado a cabo. Si se negara a firmar el verificado, su representante legal o la persona con quien se entendió la verificación, ello no afectará la validez del acta, debiendo el personal verificador asentar la razón relativa.

Los verificados a quienes se haya levantado acta de verificación, podrán formular observaciones en el acto de la verificación y manifestar lo que a su derecho convenga en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito dentro del término de los cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado.

Resolución Artículo 137. El procedimiento de verificación

concluirá con la resolución que emita el Pleno del Instituto, en la cual, en su caso, se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el plazo que la misma establezca.

La resolución del Pleno podrá instruir el inicio del procedimiento de imposición de sanciones o establecer un plazo para su inicio, el cual se llevará a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento.

La determinación del Pleno será notificada al verificado y al denunciante.

Medios de impugnación Artículo 138. En contra de la resolución al

procedimiento de verificación, se podrá interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Reconducción del procedimiento Artículo 139. En caso de que la denuncia presentada

no refiera al procedimiento previsto en el presente capítulo, sino que actualice alguna de las causales de procedencia del procedimiento de protección de derechos, contenidas en el artículo 115 del presente Reglamento, ésta se turnará a la unidad administrativa competente, en un plazo


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no mayor a diez días, contados a partir del día en que se recibió la solicitud.

Las disposiciones legales citadas facultan al entonces

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de

Datos para verificar el cumplimiento de la ley de esa materia y su

normatividad a través de un procedimiento evidentemente de

verificación que puede iniciar de oficio o a petición de parte y en

que tendrá acceso a la información y documentación que

considere necesarias, de acuerdo con la resolución que lo origine.

Conforme a los preceptos reglamentarios

controvertidos, el instituto puede requerir al responsable, esto es,

a la persona física o moral de carácter privado que decide sobre

el tratamiento de datos personales, la documentación necesaria,

o bien, realizar visitas en el establecimiento en donde se ubiquen

las bases de datos respectivas, a fin de constatar el cumplimiento

de la normatividad aplicable en materia de protección de datos

personales en posesión de particulares.

Dicho procedimiento podrá durar, como máximo, ciento

ochenta días, los cuales se computarán a partir de la fecha en

que se emita el acuerdo de inicio y concluyen con la

determinación que le recaiga, pudiendo ampliarse dicho lapso una

vez y por un período igual.

Como se dijo, durante su desarrollo el instituto puede

ordenar visitas de verificación que pueden durar como máximo

diez días cada una, las cuales concluirán con el levantamiento del

acta correspondiente en la que se harán constar las actuaciones


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practicadas durante la o las visitas realizadas y

contendrán los datos e información a que se

refiere el artículo 136 antes citado, entre los que

se encuentran el hecho de si los verificados

formularon o no observaciones, o bien, si manifestaron lo que a

su interés legal convino en relación con los hechos

circunstanciados, aunque esas observaciones o alegatos también

pueden hacerlos por escrito dentro del plazo de cinco días

siguientes a la fecha en que haya concluido.

Finalmente, el artículo 137 dispone que el

procedimiento de verificación concluye con la resolución del Pleno

del citado instituto en que puede instruir el inicio del

procedimiento de imposición de sanciones, o bien, establecer un

plazo para su inicio, pudiendo, además, determinar las medidas

que el responsable deba adoptar en el plazo que al efecto

indique.

En resumen, a través del procedimiento de verificación

el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos puede requerir información o realizar visitas

a efecto de, como su denominación lo indica, verificar si las

personas físicas o morales de carácter privado que deciden sobre

el tratamiento de datos personales, cumplen o no la normatividad

aplicable en esa materia.

Esa verificación la puede efectuar a través del

requerimiento de la documentación que estime necesaria, o bien,


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mediante la realización de visitas en el establecimiento en donde

se encuentren las bases de datos respectivas.

El procedimiento de mérito concluye con una

resolución en que el Pleno del instituto decide si inicia o no el

procedimiento de imposición de sanciones o establece un plazo

para instruirlo, pudiendo, además, determinar las medidas que el

responsable deba adoptar, evidentemente, para que cesen las

infracciones presuntamente verificadas.

Como se ve, la finalidad del procedimiento en comento

es sólo verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en

esa materia y, en su caso, la imposición de medidas tendentes a

subsanar o impedir que continúen las infracciones presuntamente

verificadas.

Por otra parte, los artículos 61, 62, 63 y 64 de la Ley

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los

Particulares, y 140 a 144 de su reglamento establecen y regulan

el procedimiento de imposición de sanciones el cual tiene lugar en

caso de que al desarrollar el procedimiento de verificación, el

instituto tenga conocimiento del presunto incumplimiento de

alguno de los principios o disposiciones de esa ley, y cuya

finalidad es, en su caso, imponer la sanción correspondiente.

Conforme a tales preceptos, el procedimiento de

imposición de sanciones inicia con la notificación que se haga al

presunto infractor de los hechos que motivaron su instrucción y


23

concluye con la resolución de, en su caso,

imposición de sanciones a que se refiere el

artículo 64 de la ley consultada.

Durante ese procedimiento, se concede al gobernado

la posibilidad de defenderse, pues de acuerdo con los artículos

140 a 143 del referido reglamento, tiene oportunidad de contestar

los hechos que se le atribuyen, de ofrecer pruebas, así como de

alegar lo que a su interés legal convenga.

Concluidas esas etapas y cerrada la instrucción, el

instituto emitirá la resolución correspondiente en que, de haber

constatado plenamente las infracciones verificadas, puede

apercibir o imponer multa al responsable.

Corrobora lo expuesto, el texto de los artículos

analizados que es del tenor siguiente:

Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares

CAPÍTULO IX Del Procedimiento de Imposición de

Sanciones Artículo 61. Si con motivo del desahogo del

procedimiento de protección de derechos o del procedimiento de verificación que realice el Instituto, éste tuviera conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones de esta Ley, iniciará el procedimiento a que se refiere este Capítulo, a efecto de determinar la sanción que corresponda.

Artículo 62. El procedimiento de imposición de sanciones dará comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre los hechos que motivaron el inicio del procedimiento y le otorgará un


24

término de quince días para que rinda pruebas y manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no rendirlas, el Instituto resolverá conforme a los elementos de convicción de que disponga.

El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su desahogo. Asimismo, podrá solicitar del presunto infractor las demás pruebas que estime necesarias. Concluido el desahogo de las pruebas, el Instituto notificará al presunto infractor el derecho que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

El Instituto, una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción que estime pertinentes, resolverá en definitiva dentro de los cincuenta días siguientes a la fecha en que inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada a las partes.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual este plazo.

El Reglamento desarrollará la forma, términos y plazos en que se sustanciará el procedimiento de imposición de sanciones, incluyendo presentación de pruebas y alegatos, la celebración de audiencias y el cierre de instrucción.

CAPÍTULO X De las Infracciones y Sanciones Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las

siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable: I. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso,

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, sin razón fundada, en los términos previstos en esta Ley;

II. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

III. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales, cuando exista total o parcialmente en las bases de datos del responsable;

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley;

V. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;


25

VI. Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable, o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de los titulares;

VII. No cumplir con el apercibimiento a que se refiere la fracción I del artículo 64;

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley;

IX. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, sin observar lo dispuesto por el artículo 12;

X. Transferir datos a terceros sin comunicar a éstos el aviso de privacidad que contiene las limitaciones a que el titular sujetó la divulgación de los mismos;

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable;

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté permitida por la Ley;

XIII. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que éste sea exigible;

XIV. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta; XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos

personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el Instituto o los titulares;

XVII. Tratar los datos personales de manera que se afecte o impida el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVIII. Crear bases de datos en contravención a lo dispuesto por el artículo 9, segundo párrafo de esta Ley, y

XIX. Cualquier incumplimiento del responsable a las obligaciones establecidas a su cargo en términos de lo previsto en la presente Ley.

Artículo 64. Las infracciones a la presente Ley serán

sancionadas por el Instituto con: I. El apercibimiento para que el responsable lleve a

cabo los actos solicitados por el titular, en los términos


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previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo anterior;

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones II a VII del artículo anterior;

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los montos establecidos. Reglamento de la Ley Federal de Protección de datos

Personales en Posesión de los Particulares

Capítulo X Del Procedimiento de Imposición de Sanciones

Inicio Artículo 140. Para efectos del artículo 61 de la Ley, el

Instituto iniciará el procedimiento de imposición de sanciones cuando de los procedimientos de protección de derechos o de verificación, se determinen presuntas infracciones a la Ley susceptibles de ser sancionadas conforme al artículo 64 de la misma. Desahogado el procedimiento respectivo, se emitirá la resolución correspondiente.

El procedimiento iniciará con la notificación que se haga al presunto infractor, en el domicilio que el Instituto tenga registrado, derivado de los procedimientos de protección de derechos o de verificación.

La notificación irá acompañada de un informe que describa los hechos constitutivos de la presunta infracción, emplazando al presunto infractor para que en un término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y rinda las pruebas que estime convenientes.

Ofrecimiento y desahogo de pruebas Artículo 141. El presunto infractor en su contestación

se manifestará concretamente respecto de cada uno de los hechos que se le imputen de manera expresa, afirmándolos, negándolos, señalando que los ignora por no


27

ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; y presentará los argumentos por medio de los cuales desvirtúe la infracción que se presume y las pruebas correspondientes.

En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos, exhibiéndose el cuestionario o el interrogatorio respectivo en preparación de las mismas. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.

Admisión o desechamiento de las pruebas Artículo 142. Al ofrecimiento de pruebas del presunto

infractor, deberá recaer un acuerdo de admisión o desechamiento de las mismas, y se procederá a su desahogo.

De ser necesario, se determinará lugar, fecha y hora para el desahogo de pruebas, que por su naturaleza así lo requieran. Se levantará un acta de la celebración de la audiencia y del desahogo de las pruebas.

Cierre de instrucción y resolución Artículo 143. Desahogadas, en su caso, las pruebas,

se notificará al presunto infractor que cuenta con cinco días para presentar alegatos, contados a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación. Al término de dicho plazo se cerrará la instrucción y la resolución del Instituto deberá emitirse en un plazo no mayor de cincuenta días, siguientes a los que inició el procedimiento.

Cuando haya causa justificada, el Pleno del Instituto podrá ampliar por una vez y hasta por un período igual el plazo de cincuenta días al que refiere el párrafo anterior.

Medios de impugnación Artículo 144. En contra de la resolución al

procedimiento de imposición de sanciones procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Como se ve, el procedimiento de imposición de

sanciones tiene por finalidad, como su denominación lo indica,

imponer alguna de las sanciones a que se refiere el artículo 64 de


28

la ley y que son aplicables a aquellas personas físicas o morales

de carácter privado que deciden sobre el tratamiento de datos

personales, que infrinjan los principios o disposiciones contenidas

en la ley de esa materia y, con ello, incurran en alguna de las

conductas previstas en el artículo 63 del propio ordenamiento.

Ese procedimiento puede estar precedido por el de

verificación cuya finalidad es sólo verificar el cumplimiento de la

normatividad aplicable en esa materia y, en su caso, la imposición

de medidas tendentes a subsanar o impedir que continúen las

infracciones presuntamente verificadas.

A diferencia de lo que ocurre en el procedimiento

sancionador en que se castiga la infracción plenamente probada,

en el de verificación el instituto únicamente constata el

cumplimiento de la normatividad aplicable y, en su caso,

establece medidas a fin de que cesen esas presuntas

infracciones.

Pues bien, las explicaciones dadas son suficientes

para concluir que la resolución que da por terminado el

procedimiento de verificación no constituye un acto de privación

entendido como aquel que tiene por efecto la disminución,

menoscabo o supresión definitiva de un derecho reconocido al

gobernado, pues en ningún momento se priva de manera

definitiva al presunto responsable de la vida, la libertad, la

propiedad, las posesiones o los derechos.

En efecto, conforme a la normatividad analizada,


29

durante el procedimiento de verificación de

mérito el instituto sólo puede requerir

información al responsable, o bien, ordenar la

realización de visitas.

Tal circunstancia origina que en la resolución que lo

concluye el instituto únicamente puede determinar si inicia o no el

procedimiento sancionatorio, establecer un plazo para hacerlo o,

en su caso, establecer las medidas conducentes a efecto de que

cesen esas presuntas infracciones.

La decisión contenida en esa resolución evidentemente

no es un acto de privación, sino sólo de molestia, pues su única

finalidad es restringir de manera provisional o preventiva un

derecho con el objeto de tutelar determinados bienes jurídicos, en

este caso, el debido tratamiento que las personas físicas o

morales de carácter privado deben decidir o dar a los datos

personales que poseen.

Si, como se dijo, el procedimiento regulado en las

normas reglamentarias controvertidas sólo tiene por finalidad

verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable y la

resolución que lo concluye constituye sólo un acto de molestia, es

claro que al redactarlas el legislador no estaba obligado a

respetar las garantías de audiencia y de debido proceso,

previstas en el artículo 14, párrafo segundo, constitucional.

En efecto, como dicho procedimiento y su resolución

no tienen por finalidad la emisión de un acto de privación, sino


30

sólo uno de molestia, es evidente que las normas reglamentarias

que lo pormenorizan son acordes al texto constitucional, pues el

legislador no estaba obligado a prever que durante su desarrollo

se realizaran las etapas de ofrecimiento y desahogo de pruebas,

así como de alegatos.

En consecuencia, es infundado el agravio de la

recurrente en el sentido de que los artículos 128 a 139 del

Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales

en Posesión de los Particulares violan la garantía de audiencia y

de debido proceso contenidas en el artículo 14, párrafo segundo,

de la Constitución Federal.

Sin que sea obstáculo a esa determinación lo alegado

por la interesada en el sentido de que como en el procedimiento

de verificación que se le instruyó se le impusieron medidas, es

clara la inconstitucionalidad de los preceptos reglamentarios al

ser esa resolución un acto de privación.

Se hace tal afirmación porque, en principio, su alegato

parte de su situación particular consistente en que, en el

procedimiento de verificación de origen se le impusieron medidas

tendentes a subsanar o cesar las presuntas infracciones

detectadas.

La particularidad que hace valer torna inoperante su

argumento, pues acceder a su pretensión implicaría sostener que

como en el caso se impusieron esas medidas, entonces las

normas reglamentarias son inconstitucionales, pero en aquellos


31

casos en que no se establezcan, entonces los

preceptos serán acordes al texto constitucional.

Como esa conclusión es inimaginable

tratándose de amparos directos en que se controviertan

disposiciones de carácter general, es evidente la inoperancia de

su argumento.

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que informa la

jurisprudencia 2a./J. 71/2006 de esta Segunda Sala, publicada en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena

Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 215, que establece:

NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS

ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN. Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones generales, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos.

Ahora, si lo que la recurrente pretende evidenciar es

que como en ese tipo de procedimientos la autoridad puede

imponer medidas, la resolución que lo concluye es un acto de

privación y, por ende, el redactor de las normas debió prever la


32

posibilidad de defensa durante su sustanciación, se debe resolver

que tampoco le asiste razón.

En principio, la recurrente pierde de vista que los actos

de molestia, como es la resolución que concluye el procedimiento

de verificación, también restringen los derechos de los

gobernados, sólo que de manera provisional o preventiva con el

objeto de tutelar determinados bienes jurídicos, en este caso, el

debido tratamiento que las personas físicas o morales de carácter

privado deben decidir o dar a los datos personales que poseen.

De esa manera, el hecho de que en virtud de las

disposiciones reglamentarias controvertidas la autoridad pueda

establecer medidas, no convierte esa resolución en un acto de

privación.

Además, porque las medidas a que se refiere el

artículo 137, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley Federal

de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y

que puede establecer el Pleno del entonces Instituto Federal de

Acceso a la Información y Protección de Datos son aquellas a que

se refiere la ley de la materia y, por ende, las que, en términos del

artículo 19 de la propia legislación, todo responsable que trate

datos personales debe establecer y mantener a fin de protegerlos

contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o

tratamiento no autorizado.

Si se toma en cuenta que la resolución que da por

terminado el procedimiento de verificación es un acto de molestia


33

que restringe de manera provisional o

preventiva derechos de los gobernados con el

objeto de tutelar determinados bienes jurídicos,

es evidente que el establecimiento de medidas

a que se refiere la recurrente no torna inconstitucionales las

normas reglamentarias controvertidas, justamente porque esas

medidas son restricciones provisionales que tienden a tutelar el

debido tratamiento que las personas físicas o morales de carácter

privado deben decidir o dar a los datos personales que poseen y,

además, porque tales medidas son aquellas que en cumplimiento

de la ley todo responsable debe establecer y mantener a fin de

proteger esa información contra daño, pérdida, alteración,

destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

En consecuencia, la posibilidad de que en la resolución

que culmina el procedimiento de verificación el instituto pueda

establecer medidas, no torna al acto de molestia en privación y,

por ende, el legislador no estaba obligado a respetar la garantía

de audiencia y debido proceso en los preceptos reglamentarios

tildados de inconstitucionales. De ahí lo infundado de su agravio.

De igual manera debe resolverse el argumento en que

la interesada sostiene que no existe precepto legal alguno que

prevea que tratándose de los procedimientos administrativos de

verificación es inaplicable la garantía de audiencia.

En efecto, es intrascendente la existencia de una

norma que prevea dicha excepción, pues al final de cuentas lo

que importa y debe constatarse es tanto la finalidad del


34

procedimiento administrativo como el hecho de que la resolución

que lo concluye es un acto de molestia, de modo que era

innecesario que al regularlo el legislador previera las formalidades

esenciales del procedimiento.

Finalmente, también debe desestimarse el agravio de

la recurrente consistente en que la sentencia recurrida transgrede

la garantía de tutela judicial efectiva porque el tribunal colegiado

de circuito no analizó todos los argumentos que propuso a fin de

evidenciar la inconstitucionalidad de las disposiciones

impugnadas, pues con independencia de que el citado tribunal lo

haya o no hecho, lo objetivamente cierto es que esta Segunda

Sala ya se pronunció al respecto.

En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante e

infundado de los agravios propuestos, lo que se impone es, en la

materia del recurso, confirmar la sentencia recurrida y, por ende,

negar el amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia del recurso, se CONFIRMA la

sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI

PROTEGE a BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO

BANAMEX contra la sentencia dictada el uno de junio del dos mil

dieciséis por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal


35

Federal de Justicia Administrativa en el juicio de

nulidad 8877/15-17-03-3.

Notifíquese; con testimonio de esta

resolución, vuelvan los autos al órgano judicial de origen y, en su

oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

amparo directo en revisiÓn 168/2017 quejosa y … · 2017-08-21 · amparo directo en revisiÓn...

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