introducción a la discusión sobre la coyuntura educativa - 2014

8/12/2019 Introducción a La Discusión Sobre La Coyuntura Educativa - 2014

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1 | I n t r o d u c c i ó n a l a d i s c u s i ó n s o b r e l a c o y u n t u r a e d u c a t i v a

INTRODUCCIÓN A LA DISCUSIÓN SOBRE LA COYUNTURA EDUCATIVA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, MAYO DE 2014

El presente documento pretende ser un aporte de carácter objetivo a la discusión en

cada una de las carreras y distintos espacios de participación de nuestra Universidad a

fin de poder forjar en conjunto, y de manera democrática y participativa, una postura

como Universidad de Concepción frente al actual escenario educativo. De esta forma, se

expondrá a lo largo del presente insumo, una contextualización del conflicto, abordando

cada uno de los ciclos de protesta a partir del 2001, manifestando el desarrollo de la

movilización y las demandas. Seguido de esto, se expondrá la actual situación de la

educación superior en Chile, siendo esto el insumo en sí para la discusión y desarrollo de

las propuestas en las distintas carreras. Por último, se expresa un análisis de las

propuestas que emanan desde el gobierno, de tal forma de tener en consideración el

actual escenario que enfrentamos como movimiento estudiantil.

I. CONTEXTUALIZACIÓN

“Mochilazo”: movilizaciones secundarias de 2001

Las movilizaciones secundarias fueron casi inexistentes durante la década de los 90

y sólo reaparecieron a partir del año 2001. Estas movilizaciones fueron denominadas por

los medios como “el mochilazo”, y estuvieron marcadas por la presencia masiva en las

calles de los y las escolares y por su principal móvil reivindicativo, relacionado con el pase

escolar.




Movilizaciones universitarias de 2005

Las movilizaciones universitarias de 2005 fueron las principales y las más masivas

antes de 2011. Entonces la movilización partió principalmente desde Concepción y

paulatinamente se fue adhiriendo todo el país hasta llegar a la capital. Fue en ese

momento cuando se logró romper el cerco mediático que impedía la visibilización del

conflicto que se había desatado primeramente en las regiones. Era el último año del

gobierno de Ricardo Lagos, y el ministro de educación era Sergio Bitar, uno de los

secretarios de estado que ha ocupado esta cartera con más habilidad política.

La movilización se gatilla por un paquete de medidas que el gobierno ya venía

tramitando en el congreso desde el año 2004. Las principales medidas del paquete de

reformas eran:

1. Sistema de Ahorro Familiar Permitiría que los hijos estudiaran en la educación superior

(este ahorro se haría a través de los bancos y el Estado realizaría un aporte menor)

2. Crédito con Aval del Estado (CAE) En un inicio la movilización se articula en torno a

rechazar las reformas vinculadas con financiamiento, pero con el tiempo los avances en la

discusión en las distintas asambleas de las diversas casas de estudios provocaron que se

levantara como reivindicación principal de la movilización la idea de un Arancel

Diferenciado. Hasta ese momento el Arancel Diferenciado había sido una reivindicación

histórica del movimiento estudiantil desde la dictadura, no obstante, no había vuelto a

levantarse en una movilización desde “la vuelta a la democracia”.

Finalmente, el desgaste de una movilización que duró alrededor de 3 meses en

regiones (que para la época no tenía precedentes) provocó que las principales fuerzas delCONFECH en ese momento constituyeran una mesa de negociación con el Mineduc para

zanjar la reforma del gobierno. Esta mesa de negociación se repetiría durante el año

2006 y 2007 sin mayores avances, siendo el principal factor desmovilizador de los

universitarios y universitarias con un reflujo que duró hasta el 2011.




La negociación del 2005 genera las siguientes medidas que se implementan

inmediatamente para los y las estudiantes que ingresan a la educación superior el 2006:

1. Se centraliza la asignación de las ayudas estudiantiles en el Ministerio de Educación.

Hasta entonces los créditos los asignaba cada casa de estudios de acuerdo a la

disponibilidad de la devolución de los estudiantes egresados y las becas, de acuerdo a los

recursos que entregaba el Estado para ellas.

2. Se crea la Beca Bicentenario, la cual reemplaza a las Becas Mineduc y se asigna con un

resultado ponderado de más de 550 puntos en la PSU, entre la prueba de Lenguaje y

Comunicación y Matemáticas. Esta beca consistía en un monto que no cubría el arancel

completo (ni siquiera el de referencia), pero que fue aumentando con el tiempo. No

obstante, se establecen requisitos académicos irrisorios para alguien que obtiene ese

puntaje mínimo (generalmente estudiantes provenientes de liceos municipales y

subvencionados), por lo cual la pérdida de la beca se hace habitual. Como resultado, el

año 2007 se resuelve asignar el FSCU a quienes pierden la beca.

3. El Mineduc entrega Becas de Alimentación administradas por JUNAEB . Para ello licita las

becas a empresas privadas como Sodexo y Edenred. Hasta ese momento las Becas de

Alimentación las otorgaba cada institución, de acuerdo a los recursos que cada una

invertía para ello, en los respectivos casinos licitados.

4. La asignación de los beneficios se hace a través de la división en quintiles de los distintos

grupos socioeconómicos. Hasta ese momento se hacía a través del FUAS, que se medía a

través de una canasta básica.

5. Para la asignación de estas ayudas estudiantiles, se crea el Arancel de Referencia. Hasta

ese momento las asignaciones se efectuaban en relación al arancel real de cada

institución. Para esto se contrae un acuerdo del Mineduc con el CRUCH, para que la

diferencia entre arancel de referencia y el real fuera cubierta por cada institución con uncrédito que tuviera las mismas condiciones del FSCU.

6. Se crea el Crédito con Aval del Estado, el cual viene a consolidar la entrada de la banca en

la educación superior y entrega un financiamiento indirecto desde los padres de los y las

estudiantes y el Estado a las instituciones privadas de fuera del CRUCH.




Movilizaciones secundarias de 2006

Las movilizaciones secundarias del año 2006 corresponden al resultado de un

proceso de reorganización de los estudiantes secundarios, abierto desde el año 2001 (año

del “mochilazo”). El 2006 no es un año de mayores movilizaciones a nive l universitario

(más allá de algunos hechos puntuales en algunas instituciones) puesto que éstos todavía

se encontraban en un nuevo proceso de negociación con el Mineduc y desde el gobierno

se habían realizado ajustes en el sistema de financiamiento que habían terminado por

cooptar las reivindicaciones, generando un largo reflujo en las movilizaciones. Los

principales actores el 2006 fueron los secundarios y secundarias.

En un inicio las movilizaciones fueron en reacción a las medidas que el Mineduc

estaba implementando en los establecimientos escolares:

1. Rechazo a la implementación de la jornada escolar completa (JEC)

2. Gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria

3. Gratuidad del pase escolar y de la tarifa

Posteriormente, en la medida en que avanzan las discusiones en las asambleas y distintas

instancias que se fueron constituyendo, termina estableciéndose como principal

reivindicación la Derogación de Ley Constitucional de Enseñanza (LOCE).

La movilización alcanza un alto impacto mediático y una masividad en las calles

que superó sus precedentes, sin embargo el desgaste de varios meses de movilización

terminó con una negociación con el gobierno bajo sus condiciones. La presidenta Bachelet

conforma el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma en la Educación, en el que los

estudiantes secundarios ocupan 12 cupos de 78, donde se encontraban los tecnócratas de

la derecha y la Concertación junto con los mismos actores que lucraban de la educación.

Antes de que se entregue el informe final, los y las estudiantes abandonan el espacio.

Como fruto del espacio constituido por el gobierno, se crea la Ley General deEducación (LGE), la cual viene a reemplazar parcialmente a la L.G.E y que fue rechazada

por los y las estudiantes, pero no fue posible generar nuevamente movilizaciones como

las de 2006, lo que produce un nuevo reflujo que duraría hasta el 2011. La Tarjeta

Nacional Estudiantil, recién se implementa el año 2008.




Movilización estudiantil de 2011

En el 2011 podemos visualizar un escenario político nacional donde el rol del

gobierno es asumido por la derecha, luego de 20 años de gobernar la Concertación y sus

políticas progresistas y neoliberales caracterizadas por ser subsidiarias y asistencialistas.

La postura del gobierno de Sebastián Piñera es la de gestionar políticas privatizadoras y

que potencian la expansión y fortalecimiento del sistema neoliberal.

Similar a lo ocurrido en años anteriores, inicialmente el levantamiento de demandas

por parte de un incipiente movimiento estudiantil, fue con características de demandas

aisladas y específicas. Dentro de estas podemos mencionar la extensión de tiempo de

cobertura del pase escolar y el rol del estado en el financiamiento de la Educación

superior (CAE, Arancel diferenciado). A nivel secundario se plantea la demanda de la des

municipalización de la educación.

Luego de la cuenta pública del 21 de mayo ese mismo año, la movilización toma un

carácter más radical, al no ser tomadas en cuenta sus demandas por el gobierno. En este

momento se caracteriza a la educación como un derecho social, y desarrolla consignas

como “educación pública, gratuita y de calidad” y “fin al lucro”.

De las consignas y aglutinamiento de demandas en “educación pública, gratuita, de

calidad y sin lucro”. Todo esto dentro de un marco de cuestionamiento y crítica al sistema

que sostiene la Educación en Chile, que tiene como característica central el estar al

servicio del mercado, lo que quiere decir que sus intereses responden a las necesidades

del mercado, más que al beneficio de quienes reciben la educación.

Las demandas del movimiento estudiantil se sintetizan en “un sistema de

educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientado a la producción

de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de lasnecesidades de Chile y de sus pueblos”

Se comienzan a esbozar ciertos ejes de trabajo. Entre estos se cuentan

Financiamiento, Democracia y Acceso de la educación.




Financiamiento: aspecto que incluía un aumento en los aportes basales de libre

disposición para las universidades, reestructuración integral del sistema de becas,

eliminación del AFI, TNE única y estatal y una red nacional de educación técnica estatal.

Democracia: trabaja el aspecto de la vinculación de todos los actores de los

espacios educativos. Esto implicaba una modificación del DFL 2 2010 para garantizar el

derecho a la participación triestamental en los cuerpos colegiados, en las elecciones de

autoridades unipersonales y en la toma de decisiones de todas las instituciones de

Educación Superior, también se exigía el asegurar la libre expresión, libertad de cátedra y

de asociación de cualquier actor de los establecimientos educativos, prohibición efectiva

al lucro a través de una superintendencia de educación, modificación de la LOCE Y LGE y la

creación de un nuevo mecanismo de acreditación

Acceso: finalmente este punto reunía el acceso a la educación con equidad,

calidad, integración y heterogeneidad social, a través de un rechazo a la PSU, creación de

mecanismos complementarios de acceso y asegurar las condiciones de estudio para

personas con necesidades educativas especiales.

Luego de la agitación inicial y aumento cuantitativo por parte del movimiento

estudiantil, se cae en un momento de desgaste y burocratización de las demandas. Esta

prolongación del conflicto, dilata la organización de los y las estudiantes. Al finalizar el año

lo conseguido es menor y existe un fuerte deterioro en la fuerza del movimiento. Esto se

sintetiza en:

Reducción de intereses de los créditos bancarios con aval del Estado de 5,6 % al2,0%, se dio la posibilidad de renegociar los créditos de los actuales deudores del sistema,

lo cual implicaría beneficiar a 110.000 deudores, en lo referido al aumento de Aportes

Basales, esto no se hizo efectivo, no se plantean aumentos reales ni del aporte fiscal

directo ni del aporte fiscal indirecto, se incrementan las becas para las instituciones




privadas en un alto porcentaje -la beca Juan Gómez Millas crece en un 373%-, a diferencia

de lo que ocurre con las becas para las instituciones del Consejo de Rectores, que crecen

en un 6,5%.

Con respecto al lucro el gobierno proponía la publicación semestral de ingresos,

gastos y vínculos de cada institución. En este punto no hubo cambios relevantes,

prevaleciendo por tanto la postura del gobierno. La acreditación fue tocado como tema

central de las movilizaciones, pidiendo un nuevo sistema de acreditación, por su parte el

gobierno pretendía evitar conflictos de interés entre agencias acreditadoras e

instituciones de ESUP. Nuevamente no se observa ningún cambio en torno a esto. Acceso,

que era exigido como un pilar fundamental, sólo fue abordado con la extensión del

sistema de becas existente al 60% más pobre (1,2 y 3 quintil)

El rol del estado comprendido por los estudiantes era el de garante de la educación

de calidad. Como respuesta a esto el Gobierno agilizó las acciones para crear una

superintendencia de educación superior, tramitada durante el gobierno anterior.

Movilización universitaria local de 2012

Durante el 2012 el reflujo de lo que ha sido la movilización más extensa del

movimiento estudiantil actual (2011) es evidente. Marcando una desarticulación a nivel

nacional y concretando movilizaciones sólo a nivel local.

En la Universidad de Concepción, se trabajaron nuevamente los ejes planteados en

2011 (Democracia, Acceso y Financiamiento). Creándose propuestas para avanzar en cada

uno. Las demandas y lo conseguido en las negociaciones se sintetiza en:




Democracia: reactivación de la Comisión Triestamental del Consejo Académico que

permita generar una propuesta sobre espacios triestamentales como claustros y espacios

intermedios, aumento de 2 a 4 el número de estudiantes que participan activamente (voz

y voto) del Consejo académico de sus carreras, revisión de la participación de estudiantes

en los consejos directivos de facultad proponiendo su inclusión o aumento de número,

principio de transparencia de información sobre presupuestos de cualquier instancia con

representación estudiantil, se suma a la iniciativa del CRUCH, CONFECH y MINEDUC de

modificar el DFL2, modificación de estatutos de la Corporación según propuestas de

estamentos del año 2007, sobre sumarios dirigidos a estudiantes, la Federación respectiva

será notificada tanto del Decreto de inicio como de su término, pudiendo tener acceso al

estado de tramitación del mismo a través del sumariado.

Acceso: Nuevo sistema de Ingreso Especial para estudiantes de establecimientos

con mayor vulnerabilidad de la región, creación de un Proyecto de Propedéutico más

completo.

Financiamiento: mantenimiento del valor de aranceles para todas las carreras por

el periodo 2013, 2014 y 2015 sólo reajustándolo en el IPC (12 meses), durante el 2013 la

cuota básica (matrícula) se rebajará un 30%, y el 2014 un 5% adicional, el valor de los

aranceles de impuesto universitario del Expediente, Certificado y Diploma, se rebajará a

un 20% del actualmente vigente, Vicerrectoría de asuntos económicos y administrativos

en conjunto con Federación buscará implementar infraestructura adecuada para el acceso

de estudiantes con alguna discapacidad.




II. EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN EN CHILE

El sistema educacional Chileno ha sufrido duras transformaciones en las últimas

tres décadas siendo así como el sistema de educación superior es un fiel reflejo de lo

ocurrido a nivel global, se puede decir sin temor a equivocarse que éste, “es el más

privatizado y abierto al mercado, como se deduce de su estructura institucional y nivel de

participación de la matrícula privada, en combinación con los pesos relativos del

financiamiento del Estado y de los hogares. Desde este punto de vista, el sistema chileno

ocupa un lugar excepcional en el mundo, comparable solamente al de algunos sistemas

del Asia-Pacífico”.

Por lo demás, enfrentamos el problema de la equidad, el cual tiene su origen en la

severa segmentación de la sociedad chilena que se reproduce en los establecimientos

educacionales:

a) Los colegios a los que van los jóvenes de familias de altos ingresos logran una mejor

preparación para rendir la prueba de selección universitaria (PSU) y tener éxito en la

educación superior.

b) Los estudiantes de ingresos más bajos y de liceos municipales rinden la PSU, pero no

alcanzan buenos resultados. Cuando acceden a instituciones de Educación Superior tienen

menos posibilidades de graduarse y más probabilidades de tener que pagar el costo total

de sus estudios.

Con la reforma educacional de finales de la dictadura, los colegios fueron divididos

en tres diferentes tipos: municipales, particulares subvencionados y particulares

pagados. Los colegios municipales cada vez pierden más cantidad de estudiantes,

acumulando en su mayoría a la población de estudiantes más pobres del país. En cambio

los colegios particulares subvencionados, han ido aumentando su matrícula, siendo

además establecimientos educacionales que responden a intereses primordialmente de




privados, siendo así como el Estado, paga sin tener un control real sobre el tipo de

educación que es impartida.

“1973 año de cambios para el país, pero no sería hasta fines de los 80´cuando

como última medida la dictadura promulga la LOCE, sin discusión ni debate. Claramente el

régimen militar tenía certeza que la única forma de asegurar la mantención y desarrollo

del modelo neoliberal en chile era incrustándolo en el seno de su educación, siendo ésta,

el medio de reproducción social por esencia.”

El Estado disminuye progresivamente su aporte a las instituciones y el sistema

antiguo de financiamiento se reemplaza por otro que incorpora tres pilares: i) Un Aporte

Fiscal Directo (AFD) para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores(tradicionales y derivadas); ii) Un Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para todas las instituciones

que capten a los alumnos de mejor rendimiento en la prueba de admisión y iii) Un Fondo

Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) que financia proyectos

individuales de los docentes.

En esta etapa, cada alumno debe pagar su arancel y quién presente una situación

socioeconómica muy desmedrada y se matricule en alguna de las universidades

tradicionales y derivadas, podrá optar a un Crédito Fiscal Universitario, el cual a partir de

1987 comenzó a ser administrado por cada Universidad.

En materia de financiamiento a las instituciones, al AFD, AFI y FONDECYT, entre

1990 y el 2005, se agregaron el Fondo de Desarrollo Institucional, el Fondo Competitivo

para El Mejoramiento de la Calidad y Desempeño de la Educación Superior (MECESUP) y

otros programas CONICYT.

Debido a los altos costos que implicaba la educación superior y a las presiones

ejercidas por los estudiantes, los gobiernos de la concertación modifican el sistema de

créditos universitarios incorporando nuevas formas de “endeudamiento” y un progresivo

aumento de becas. Es importante destacar que éstos cubren por lo general sólo el arancel

de referencia de las carreras y no el arancel real por cuanto dejan una brecha que debe




ser costeada por el estudiante. En algunas universidades este pago es asumido por la

institución en forma de crédito o beca.

Tabla: Resumen Histórico Educación Superior en Chile

Actualmente, como se puede apreciar en el cuadro, los principales pilares de

financiamiento para la educación superior en Chile son:

1) Financiamiento Fiscal a Estudiantes de Educación Superior:

Este financiamiento corresponde a un conjunto de recursos otorgados directamente a

los estudiantes de Educación Superior, comprende Créditos, Becas de Arancel y Otras

Becas. Dentro de los créditos se encuentran el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el

Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Por otro lado, las Becas de Arancel son

un beneficio que cubre parte o el total del arancel de las carreras, para su postulación

cada beca posee requisitos distintos y entre las principales se encuentran las becas

Bicentenario, Nuevo Milenio y Excelencia Académica.




Dentro de otras becas, se consideran a las becas que otorga la JUNAEB, la beca

Nacional de Postgrado y el Apoyo Complementario a Estudiantes de Postgrado, estas

últimas, otorgadas por la CONICYT.

El año 2012, el 48,9% del financiamiento fiscal a estudiantes de educación superior

correspondió al CAE y FSCU. (M$ 367.999.056).

2) Financiamiento Fiscal a Instituciones de Educación Superior:

Dentro de todos los aportes comprendidos bajo este pilar, destaca el Aporte Fiscal

Directo (AFD) cuyo monto a distribuir representa el 53,0% del financiamiento fiscal a las

IES y sólo se entrega a las universidades pertenecientes al CRUCH. También encontramos

el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), Fondos de Desarrollo Institucional (FDI), fondos para la

investigación (CONICYT), entre otros.

Actualmente, las diferencias que existen entre una institución y otra, respecto al

aporte fiscal recibido bajo estos conceptos quedan reflejadas en la siguiente tabla.

(Principalmente AFD, AFI y CONICYT, que son lo más significativos, representando un 78,5

del financiamientos fiscal a las Instituciones de Educación Superior).

Tabla distribución AFD

(muestra de 6 Universidades, cuadro de matrícula solo para relación)

El Aporte Fiscal Directo es recibido solo por instituciones pertenecientes al Consejo

de Rectores.




Tabla Distribución AFI

(muestra de 7 Instituciones, cuadro de matrícula solo para relación)

El Aporte Fiscal Indirecto es asignado anualmente por el Estado a todas lasUniversidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Escuelas Matrices

de las FF.AA. y de Orden, reconocidos por el MINEDUC como Instituciones de Educación

Superior.

Este fondo, de acuerdo a los lineamientos establecidos para su distribución,

recompensa a las instituciones que matriculan a los 27.500 estudiantes con puntajes más

altos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU), específicamente en las pruebas de

Lenguaje y Comunicación y de Matemática.

Distribución de Fondos para Investigación (CONICYT)

en las universidades del CRUCH, 2012 (M$)




3) Financiamiento de las Familias/Estudiantes:

Este constituye el pilar más grande del financiamiento de la educación superior en

Chile. Según datos de la OCDE nuestro país contiene un 79,3% de inversión proveniente

de los hogares en gastos de educación superior, siendo en promedio un 31,1% para los

países que pertenecen a la OCDE.

Esto incluye una fuerte intervención de la banca privada, lo cual viene a acrecentar

los niveles de endeudamiento, que es la base más sólida en términos de financiamiento

de educación.

De acuerdo a datos entregados por la superintendencia de Bancos e Instituciones

Financieras (SBIF), al 6 de Mayo del 2014, hay más de 505.000 estudiantes endeudados, lo

cual corresponde 45% de la matrícula total aproximadamente.

Del medio millón de deudores, 87% tienen créditos con respaldo estatal y el resto

(13%) se financia con recursos de la banca privada, donde en esto últimos las tasas de

interés llegan a un 7,2%.

De los bancos que se han visto beneficiados, lidera la lista Banco Estado, le siguen

Santander, ScotiaBank y Falabella. La cifra hoy alcanza $291.342.000.000 en beneficio de

dichas instituciones financieras, para quienes el negocio de la educación les ha sido mucho

más rentable cada año.

La SBIF sentencia al final de su informe: En los últimos años se ha observado un

importante crecimiento en los créditos para la educación superior, mayor a la registrada

por la cartera de créditos destinados a personas (consumo / hipotecario).

A raíz de los datos anteriores, es que podemos identificar tres modos o procesos

en los que se ha dado:

Primero, una universidad puede ser privada y recibir recursos públicos vía Aporte

Fiscal Directo si es considerada como “tradicional”. Por supuesto, esta es una categoría




extraña, pues como sucede generalmente con la “tradición” resulta difícil de traducir en

indicadores claros. Aunque en la práctica “Universidad Tradicional” se ha definido a partir

de la participación en el Consejo de Rectores y por la edad de las instituciones (fundadas

antes de 1981).

Un segundo modo fue iniciado por el AFI, o Aporte Fiscal Indirecto, que estableció

que los recursos públicos viajarían junto a la elección de los estudiantes con los (hoy

27.500) mejores puntajes en la entonces denominada Prueba de Aptitud Académica. Es

decir, desde este momento, una universidad que sea capaz de atraer a alguno de estos

estudiantes se hace acreedora de recursos públicos.

Finalmente, el CAE Mantiene el principio básico del AFI, los recursos públicoscirculan junto con la elección de los estudiantes, pero ahora la calidad ya no es definida

por los puntajes más altos de la prueba de selección, sino que por una típica institución de

gobiernos tipo tercera vía, las agencias de acreditación, y en vez de ir de modo directo, los

recursos públicos circulan por un complicado sistema de crédito garantizado y

administrado por instituciones financieras.

El punto acá es que, desde las reformas neoliberales, el acceso a los recursos

público se separó de lo estatal y se constituyó en algo que tanto empresas privadas como

estatales tienen que competir por alcanzar.

Por lo tanto ¿Qué tipo de instituciones deben recibir recursos por parte del

Estado?

"En relación a lo anterior, es necesario destacar que la forma en cómo se da el

financiamiento de las instituciones educacionales dice directa relación con los aspectos

democráticos de estas mismas, incorporando entonces, el rol que cumplen en la

sociedad, la autonomía necesaria para llevar adelante los cambios y los grados de

participación correspondientes a fin de poner en práctica dichos cambios".




La actual estructuración jurídica de los establecimientos educacionales privados

obliga a quienes deseen participar en este sentido a organizarse como corporaciones de

derecho privado, contando, por lo tanto, con un reglamento interno. Así, el D.F.L. Nº2 del

año 2009 ha planteado, en este aspecto, en su Art. 56 letra e) que “los estatutos de las

universidades deberán contemplar en todo caso, lo siguiente: Disposiciones que

establezcan la estructura de la entidad, quiénes la integrarán, sus atribuciones y duración

de los respectivos cargos. La forma de gobierno de la nueva entidad deberá excluir la

participación con derecho a voto de los alumnos y de los funcionarios administrativos,

tanto en los órganos encargados de la gestión y dirección de ella, como en la elección de

las autoridades unipersonales o colegiadas”. Además, es preciso mencionar que igual

limitación rige para los institutos profesionales (Art. 67 letra e) y los centros de formación

técnica (Art. 75 letra e)

Así por lo tanto, en las Universidades Privadas, la participación de los alumnos no

puede ejercerse en aquellos órganos que estén encargados de la gestión y dirección del

establecimiento, implicando entonces como consecuencia la no participación de la

comunidad educativa en:

- Destinación del financiamiento recibido por el Estado;

- Estructuración de la malla curricular y el perfil de egreso;

- Régimen de contratación de los trabajadores y trabajadoras;

- Organismos resolutivos que definan la dirección que debe tomar la universidad;

- Etc.

Con todo, si bien en términos legales está prohibida esta participación, aun así ha

habido experiencias en las cuales los estudiantes han podido participar en la dirección del

proceso educativo, como son los claustros realizados en las distintas carreras de nuestra

universidad (Ej. Derecho), donde se han planteado discusiones y propuestas en torno a las




mallas curriculares, perfil de egreso, extensión investigación, etc. Sin embargo, estas

experiencias no han tenido hasta la fecha un carácter vinculante.

Junto a lo anterior, podemos sumar aquellas experiencias que han sido resultado

de las movilizaciones de años anteriores, como lo es la nueva propuesta de acceso

implementada el año 2013 y el aumento de participación estudiantil de 2 a 4 en los

distintos consejos de carrera.

Con todo, no sólo se han dado dichas experiencias dentro de nuestra universidad,

sino que también en otras universidades. Así, la Universidad de Valparaíso desde el año

2007 los estudiantes han participado de importantes decisiones como la elección de

miembros de la Junta Directiva, la discusión presupuestaria, arancelaria y políticas dedesarrollo a nivel de universidad y facultades, entre las cuales se cuentan, por ejemplo,

modificación de mallas curriculares.

Todas estas experiencias se han dado contraviniendo el marco legal y avanzando

en los hechos.

Ahora, desde el punto de las Universidades Estatales, éstas son regidas por un

estatuto que tiene el rango de ley y, por lo tanto, no tienen la obligación de sujetarse a

otra norma de igual jerarquía, pudiendo existir, entonces, la participación triestamental.

Lo que nos deja, entonces que de las 175 Instituciones de educación superior, siendo sólo

18 estatales, las restantes 157 deben contener esta prohibición a la participación

estudiantil y administrativa.

Sin embargo, no toda universidad estatal cuenta con esta participación,

mencionando, por ejemplo, la Universidad del Bío Bío, que entrega la gestión del proceso

educativo a la Junta Directiva, dentro de las cuales únicamente se cuentan personas

designadas por el Presidente de la República, por el Consejo Académico y por la misma

Junta Directiva.




Financiamiento

El Mineduc propone que, con los recursos de la reforma tributaria (que se

implementará gradualmente, a través de un aumento de los impuestos anuales), se podrá

alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables en cuatro años,

mientras que en seis años se alcanzará el 100%. Estos plazos se consideran desde el

momento en que se apruebe la reforma legal, la cual será ingresada durante los 100

primeros días de gobierno. Ahora, la gratuidad estará condicionada a una serie de

requisitos y, por lo tanto, solo será garantizada para quienes estudien en universidades,

centros de formación técnica e institutos profesionales -públicos o privados- que firmen

un convenio con el Estado y cumplan con lo siguiente:

a) Estar acreditada (lo que vendrá de la mano de una serie de modificaciones al

sistema de acreditación)

b) No lucrar (para lo cual se plantea una suerte de fiscalización sobre las

instituciones)

c) Cumplir con las normas de acceso equitativo (20% de acceso garantizado para el

40% más vulnerable)

d) Regirse por el sistema de aranceles, o sea, no se puede cobrar más que el tope

definido por un grupo de expertos que constituirá el Mineduc

e) Generar procesos de acompañamiento a estudiantes vulnerables

Se anunció que parte del financiamiento de las universidades efectivamente será por

voucher , no obstante, será bajo el marco de una “oferta regulada”, dependiendo de la s

características de la institución. Los aranceles serían establecidos por el Estado y no por

las instituciones, eliminando el arancel de referencia. A la vez, se anunció que seterminará gradualmente con el Crédito con Aval del Estado (CAE), en la medida que se

vaya implementando la gratuidad, y también con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que

otorga un voucher a los mejores 27.500 puntajes de la PSU.




o implementación de malla curriculares, procesos de acreditación, elección de

autoridades y el Plan Estratégico de la universidad, que dirige todo su actuar.

A partir de la contextualización realizada y la autocrítica posterior, es necesario

dotar de profundidad y analizar de forma global la problemática de la educación atacando

su raíz, que hemos podido identificar como la mercantilización de la educación. Con esto

planteamos hacer partícipes a las y los estudiantes, quienes deben nutrirse y nutrir la

discusión en las distintas carreras y espacios de participación, con el objetivo de generar

una postura clara como estudiantes de la Universidad de Concepción.

Mercantilización de la Educación

Libertad deenseñanza

Participación eincidencia

Precarización de laeducación

Precarizacióndel trabajo

Precarización delconocimiento

Convenios dedesempeño

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