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La Red de Derechos Humanos de la Coordinación Agrominera del Noroccidente y

el Magdalena Medio Colombiano, presenta este informe con el objetivo de exponer

la situación de derechos humanos que atraviesan las comunidades campesinas

mineras e indígenas de los 13 procesos que actualmente hacen parte de la

Coordinación Agrominera, los cuales son:

ORGANIZACIÓN TERRITORIO DONDE TRABAJA

Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA)

Municipio de Santa Rosa, Montelibano. Departamento: Sur Bolívar.

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)

Municipios de Segovia y Remedios. Inicio trabajo en Vegachí y Amalfi. Departamento: Antioquia

Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra (ACVC)

Municipio de Yondó. Departamento: Antioquia San Pablo y Cantagallo. Departamento: Bolívar.

Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS)

Municipio de Tierralta. Departamento: Córdoba

Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR)

Municipios de Puerto Libertador y Montelibano. Departamento: Córdoba

Asociación Campesina de Ituango (ASCIT) Municipio de Ituango Departamento: Antioquia

Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA)

Departamento: Antioquia

Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC)

Departamento: Antioquia

Consejo Mayor Comunitario de Porce IV –Anorí, Zaragoza y Amalfi- (CMC -AZA)

Municipios de Anorí, Zaragoza y Amalfi. Departamento: Antioquia

Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASAJ)

Municipio de San José de Apartado. Departamento: Antioquia

Movimiento Ríos Vivos Municipio de Ituango. Departamento: Antioquia.

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Tabla de contenido

CARACTERIZACIÓN Y BREVE CONTEXTO REGIONAL......................................................3

HECHOS PRESENTADOS A LO LARGO DE MAYO- JUNIO – JULIO Y AGOSTO DE

2015 ...............................................................................................................................................5

a) VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA/ HOMICIDIOS .......................................5

b) AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS ...........................................................................6

c) BLOQUEO Y CONFINAMIENTO POBLACIONAL ..................................................9

d) SEÑALAMIENTO Y AGRESIÓN FISICA…………………………………………….9

e) RECLUTAMIENTO FORZADO ……………………………………………………….9

f) DETENCIONES ARBITRARIAS………………………………………………………10

g) DESPLAZAMIENTO FORZADO …………………………………………………...…10

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ..........................10

CONCLUSIONES ......................................................................................................................11

CARACTERIZACIÓN Y BREVE CONTEXTO REGIONAL

La Coordinación Agrominera, reúne a un conjunto de organizaciones con diversas problemáticas, las cuales cuentan con acumulado histórico respecto a la defensa de la tierra y la permanencia en el territorio. Desde hace algunos años a partir de los diferentes espacios en los que se ha confluido se fueron reconociendo procesos organizativos que trabajan en los territorios que por su ubicación geográfica, las condiciones de infraestructura vial, las condiciones socio-económicas, la historia en torno al conflicto social y armado y la cultura construida, convergen principalmente en la defensa y búsqueda de las condiciones dignas para la vida de las comunidades. Es así, como procesos del Urabá antioqueño, de los municipios de Antioquia, de sur de Bolívar y sur de Córdoba tienen como punto de encuentro la ciudad de Medellín, siendo uno de los centros económicos y políticos de la región del noroccidente colombiano. La particularidad de esta región está determinada por ser el territorio de consolidación del proyecto paramilitar en los años 80´s, tanto

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por ser la cuna de las familias promotoras de este proyecto, como por las formas sistemáticas de violación a los Derechos Humanos y de exterminio de los movimientos sociales y políticos, que conllevo a su afianzamiento político y económico, manteniéndose así hasta la actualidad. De esta manera se consolida como un obstáculo en el fortalecimiento del movimiento social en el noroccidente colombiano. Así mismo, se caracteriza por la plurietnicidad y multiculturalidad en los territorios en los que conviven comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinos mestizos, entre otros, quienes a pesar de la historia violenta continúan resistiendo ante la amenaza del despojo y el avance de los megaproyectos. Por ello el trabajo al interior de la Agrominera, está enfocado en la consecución de la vida digna, la permanencia en el territorio, la tenencia de la tierra, la preservación del medio ambiente, la defensa de los Derechos Humanos de una manera integral, y la exigencia del respeto a las normas consagradas en el Derecho Internacional Humanitario. En la actualidad, en las diferentes regiones hacen presencia los grupos paramilitares producto de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC , mal llamadas BACRIM, como lo son: “los Rastrojos”, “los Urabeños”, “las Águilas Negras”, “Los Gaitanistas”, “Héroes de Nordeste” y el Clan Usuga. Así mismo, hacen presencia las insurgencias de las FARC – EP y del ELN. En la zona tiene jurisdicción la Región N° 6 de Policía Nacional en cabeza del General José Ángel Mendoza Guzmán, la Séptima División del Ejército Nacional bajo el mando del General Leonardo Pinto y la Primera División de la segunda Brigada para los municipios del sur de Bolívar; también se encuentra la región noroccidental de la Organización de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. A pesar de las múltiples amenazas a las que se ven sometidas las organizaciones y comunidades, por ser quienes viven el rigor de la guerra en su cotidianidad y las que resisten ante el mismo, se ha trabajado arduamente en la realización de espacios que faciliten canales de interlocución con las autoridades civiles y militares con el fin de evidenciar los riesgos a los que están expuestas las comunidades, intentando comprometer a las instituciones encargadas de velar por el respeto y garantía a los derechos humanos, de manera que estas comunidades y los territorios cuenten con un monitoreo y acompañamiento permanente, que permita reaccionar de modo oportuno frente a cualquier situación de vulneración, sin embargo no todos los miembros de las instituciones responden a estos espacios, y por el contrario como lo expresan las organizaciones y comunidades se convierten en actores amenazantes para los mismos líderes y comunidades. Queremos resaltar en este segundo informe que en el mes de mayo el gobierno colombiano definió suspender los procesos de fumigación con glifosato, decisión

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tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo las recomendaciones del Ministerio de Salud, ante diferentes informes de instancias internacionales que concluyen científicamente sobre los efectos lesivos en la salud humana y el medio ambiente. Aunque por parte del gobierno se decretó la suspensión, continúa la preocupación pues en el mes de abril se presentaron fumigaciones en el norte de Antioquia.

HECHOS PRESENTADOS A LO LARGO DE MAYO- JUNIO – JULIO Y

AGOSTO DE 2015

A continuación presentamos los hechos de violación de derechos tipificados:

a) VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA/ HOMICIDIOS

- El día 9 de mayo de 2015, en la vereda el Carmelo, Municipio de Anserma,

departamento de Caldas, dos miembros de la comunidad, Gustavo Bañol

Rodríguez y su hijo Edwin Bañol Álvarez, fueron asesinados con arma de fuego.

Gustavo era un médico tradicional y padre a su vez del gobernador del

resguardo San Lorenzo y su hijo también le acompañaba en el ejercicio de su

misión. Fueron asesinados después de un trabajo ceremonial con una de las

familias de la comunidad. Este hecho fue denunciado por el Cabildo Indígena

del Resguardo San Lorenzo.

- El día 28 de mayo de 2015, fue asesinado un habitante del Caserío Mina Nueva,

ubicada en el Municipio de Remedios, departamento de Antioquia. El hombre

fue identificado como Adrián Camilo Meneses. El cuerpo sin vida de Adrián

Camilo fue encontrado en las afueras del caserío; su asesinato recae bajo la

responsabilidad del grupo insurgente del ELN. Este hecho fue denunciado por

la Corporación CAHUCOPANA en el municipio de Segovia Antioquia, se

exigió a la policía judicial llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la

víctima y se abriera la investigación de los hechos. Así mismo, se informó de los

hechos al ministerio público (Personero Municipal de Segovia- Secretario de

gobierno del municipio de Remedios) frente a lo sucedido, sin que se obtuviera

ningún tipo de respuesta.

Las comunidades se vieron obligadas a realizar la sepultura del cuerpo por el

alto grado de descomposición en que se encontraba.

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- El día 14 de julio de 2015, fue asesinado HECTOR CORTES candidato al concejo

por el partido Cambio Radical del municipio de Segovia, departamento de

Antioquia. Héctor fue dirigente sindical y posteriormente luchador por los

derechos de los pequeños mineros en Segovia, además de político y líder

comunitario, fue representante del sindicato de trabajadores de la extinta

empresa FRONTINO GOLD MINES, de la cual además era pensionado.

- El día 1 de julio del 2015 en la vereda Mutatá, corregimiento de Saiza,

municipio de Tierralta- Córdoba, el Ejército Nacional asesina en horas de la

mañana al joven EIDER ALBERTO SUCERQUIA TAMAYO de 15 años de edad,

nacido el 15 de noviembre de 1999, identificado con tarjeta de identidad N°

1.193.484.697. Los campesinos de esa vereda explicaron que el joven estaba

enfermo con síntomas de paludismo e iba a sacarse la muestra de sangre en el

corregimiento de Saiza, pero soldados del Batallón de Combate Terrestre N° 81

de la Brigada 11 adscrito a la Fuerza de Tarea Nudo de Paramillo, procedieron a

asesinarlo para hacerlo pasar como guerrillero dado de baja en combate.

Hasta el momento la fuerza pública no se han pronunciado más sobre el caso,

la señora Edis Tamayo, madre del joven asesinado, dice que la ropa que el hijo

tenía puesta era ropa civil porque ella misma se la había comprado, y no militar

como lo expreso el coronel de Carepa.

b) AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS

- El día 11 de mayo de 2015, en la vereda El Cuchillo del corregimiento de San

José de Apartadó, cuando eran aproximadamente las 11 de la noche, un grupo de personas sin identificar invadieron el hogar de la lideresa comunitaria ISABEL ZAPATA, golpearon violentamente las puertas de la casa y exigieron cinco millones de pesos para no asesinarla. La lideresa escondida dentro de su propia casa, logró comunicarse telefónicamente con miembros del Comité de y para los Derechos Humanos de la Asociación de campesinos de San José de Apartadó quienes a riesgo de su seguridad e integridad, procedieron a desplazarse de inmediato al lugar, no sin antes poner en conocimiento de la situación a las autoridades militares y policiales presentes en el casco urbano del corregimiento, de quienes no recibieron la ayuda pronta y juiciosa que la gravedad de los hechos ameritaba. Al arribar al lugar de los hechos los hombres habían abandonado ya la propiedad. La comisión procedió entonces a acompañar a la señora hasta el casco urbano del corregimiento con la intención de protegerla su vida. El grupo de personas que agredió a la mujer no se identificó y no se tiene conocimiento

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de si se encontraban armados o no, pero intentaron forzar las entradas de la vivienda.

- El día 23 de mayo de 2015, a las 8 de la mañana, en la vereda Las Cuatro del Municipio de Ituango, departamento de Antioquia, unidades pertenecientes a la Brigada Móvil N° 18 del Ejército Nacional retuvieron arbitrariamente al señor HERIBERTO TORRES, campesino que desempeña el cargo de fiscal de la Junta del acueducto de dicha vereda. Los soldados se encontraban escondidos en los matorrales aledaños a la boca toma del acueducto, y cuando Heriberto se disponía a abrir el broche a la boca toma, le salieron cinco soldados, lo retuvieron e indagaron intimidándolo, amenazándolo de que si no les respondía afirmativamente preguntas que le hacían sobre movimientos y gentes pertenecientes a la guerrilla, lo matarían.

- El día 11 de junio de 2015, las 6:19 a.m. MARÍA EUGENIA GÓMEZ, mujer barequera y lideresa del Movimiento Ríos Vivos, se encontraba en una de las playas del río Cauca en jurisdicción del municipio de Ituango cuando recibió un mensaje de texto con una amenaza de muerte dirigida a todas las personas que se opongan a salir de la playas del río Cauca. Dichas playas vienen siendo desalojadas con el apoyo de la policía desde el año 2010 para dar lugar a la construcción de la represa Hidroituango. Este tipo de intimidaciones ya venían ocurriendo en la playa La Arenera, desalojada el 27 de marzo de 2015, donde también estaba Eugenia y su familia trabajando como lo han hecho ancestralmente en el cañón del río Cauca como barequeros recolectores de oro.

- Los días 14 y 15 de julio de 2015, fue amenazado mediante mensajes enviados a su número de celular, el líder campesino EDUAR GONZALES quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Panamá 9, jurisdicción del municipio de Remedios (Antioquia), miembro activo del movimiento social y político MARCHA PATRIÓTICA y a la vez fue elegido por las comunidades y organizaciones campesinas reunidas en la Mesa Comunal por la Vida Digna del municipio de Remedios, como cabeza de lista al Concejo de este municipio por este movimiento político en alianza con MAIS – Movimiento Alternativo Indígena y Social.

- El día 23 de julio de 2015, en declaraciones hechas en los noticieros vespertinos locales de la emisoras Apartadó Estéreo y Antena Estéreo, el comandante de la XVII Brigada del Ejército Nacional, Coronel Germán Rojas Díaz manifestó que “el paro se hacía por manipulación de algunas persona que se hacen pasar por líderes y defensores de derechos humanos como Arley Cartagena y Laura Cataño quien tiene una hija que es una terrorista de las FARC que está en prisión domiciliaria y que ésta presión a los estudiantes la están haciendo estas personas para sacar a la fuerza pública de San José, quien sabe con qué intenciones”. Las dos voceras estudiantiles que hacen parte

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del Consejo Estudiantil por la Paz de la institución educativa, instancia de gobierno estudiantil que viene liderando esta legitima acción de protesta, recibieron amenazas a través de llamadas que hicieron a sus celulares en las que una voz masculina las instaba a “dejar de chimbiar y no buscarse problemas con eso del paro estudiantil”. Ese mismo día las estudiantes recibieron una llamada de una mujer que les preguntaba insistentemente si ese paro lo estaba promoviendo Arley Cartagena y Laura Cataño. LAURA Y ARLEY son líderes reconocidos del corregimiento, la primera como presidenta de la Junta de Acción Comunal y el segundo como coordinador del Comité de y para los Derechos Humanos, quienes ya en varias ocasiones han sido señalados por el Comandante de la Brigada y recurrentemente amenazados de muerte por personas anónimas. -El domingo 23 de agosto de 2015, siendo las 6:00 pm en el municipio de Barrancabermeja, en el sector conocido como El Retén, entrada al municipio, dos hombres que se movilizaban en una moto platino hicieron seguimiento al miembro de la ACVC MELKIN CASTRILLÓN PEÑA cuando se dirigía de este lugar al barrio 16 comuna 7. En la entrada del barrio, los dos sujetos se bajaron con sus armas en la mano amenazando e interrogándolo, preguntando donde vivía y quién lo conocía. Melkin manifiesta que lo vieron salir temprano del barrio 16 de Marzo. Este par de hombres manifestaban que nunca lo habían visto por ese barrio. Los vecinos y amigos de Melkin que se encontraban cerca al lugar de los hechos en ese momento se acercaron e intervinieron manifestando que Melkin vive y es conocido desde hace muchos años en el sector, y brindaron protección rodeando al joven dirigente de la ACVC y del Equipo de Juventud Rebelde en Barrancabermeja. Los dos hombres armados se marcharon con rumbo desconocido, en dirección a los barrios populares de la Zona. -El día jueves 27 de agosto de 2015, Bogotá D.C., aproximadamente a las 12:20 del mediodía, sobre la calle 15 con carrera 9, lugar por donde transitaba la defensora de Derechos Humanos ÁNGELA CASTELLANOS fue abordada por dos hombres quienes procedieron a tratar de quitarle su bolso y su agenda personal la cual portaba en su mano. Durante el forcejeo y viendo que no podían llevarse el bolso, los hombres intentan agarrar la agenda, momento en el que se salen los documentos que estaban dentro, entre ellos se encontraba una fotocopia del documento de identidad y un certificado de Cámara de Comercio de la Corporación CAHUCOPANA. Los hombres se logran llevar la fotocopia del documento de

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identidad, y la Cámara de Comercio fue rota durante el ataque. En los hechos se produjo el ultraje a ella, como a sus objetos personales.

c) BLOQUEO Y CONFINAMIENTO POBLACIONAL

- Entre los días del 13 al 15 de julio en el municipio de Remedios,

departamento de Antioquia, se produce un hecho de confinamiento a las comunidades campesinas de la región del Nordeste Antioqueño, dado a que el alcalde de este municipio, Jorge Eliecer Gil, ordeno derribar el puente que comunica las zonas rurales con el casco urbano de Remedios. Este hecho se produce sin que se diera aviso previo a las comunidades y se presentara una alternativa que facilitara y remplazara por un tiempo determinado el tránsito para las comunidades campesinas. Durante tres días los transportadores así como comunidades fueron bloqueados y se vieron obligadas a un desabastecimiento de alimentación.

d) SEÑALAMIENTOS/ AGRESIÓN FÍSICA

- El día 26 de julio de 2015, miembros de la comunidad del lugar conocido como Rancho Quemado, perteneciente a la vereda El Carmen en el municipio de Remedios (Antioquia), dan aviso de la presencia personas fuertemente armadas, uniformadas pero sin distintivos y dentro de los cuales se encontraba un hombre encapuchado. A las 9: 00 a.m. llegaron al caserío agresivamente y entraron arbitrariamente pidiendo información sobre los líderes de la comunidad. Procedieron a amedrentar y propinaron una fuerte golpiza al joven DAVID MONTOYA, preguntándole de manera intimidatoria “que si no les daba información, lo tendrían que dejar en el batallón de Segovia”. Así mismo sucedió con una mujer que presionaron interrogándola por información porque según ellos iban por cuatro directivos. La comunidad señala que era evidente que el encapuchado que estaba con el grupo conocía la zona y que por la amenaza realizada de llevarse al Batallón de Segovia al joven, los hombres sin distintivos pueden pertenecer al Ejército.

e) RECLUTAMIENTO FORZADO

- El día 4 de mayo de 2015, la comunidad de San José de Apartado, tuvo

información por parte de varios campesinos y habitantes del casco urbano

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de San José, el acecho del que vienen siendo sometidos varios jóvenes de la región por parte de grupos paramilitares quienes los conminan a ingresar o trabajar para ellos. A varios de ellos se los han llevado ofreciéndoles trabajo en el corregimiento de Piedras Blancas del municipio de Apartadó, luego que llegan allí, les obligan a trabajar de paramilitares. Este hecho fue denunciado por la Comunidad de Paz del San José de Apartado.

f) DETENCIONES ARBITRARIAS

- El día 19 de agosto de 2015, desde las 3 a.m. unidades de la Brigada Móvil N° 18 y del CTI, a través de la fiscalía especializada 039 de Bogotá, procedieron de manera violenta y en actos de exceso y abuso de autoridad a allanar, destruir y atropellar a las personas sindicadas. En efecto destrozaron puertas, objetos, obras de arte, apuntalaron en las cabezas de señoras y niños armas de fuego, acompañadas de ultrajes físicos y de palabras de tan grueso calibre como el de las armas que portaban. En esta acción detuvieron a las siguientes personas: ORLANDO LOPERA GIRALDO, JAVIER DARIO CARO SIERRA, DIEGO ROJAS, ENRIQUE LOPERA PIEDRAHITA, LUIS EMILIO ZAPATA, WILSON PIEDRAHITA, EDISON TABORDA SIERRA, ANTONIO GUZMÁN, JOSÉ DANIEL JARAMILLO RÍOS.

g) DESPLAZAMIENTO FORZADO

- Desde el 18 de agosto de 2015, en la vereda La Onda, jurisdicción del

municipio Montecristo en el departamento de Bolívar, efectivos de la Policía

Antinarcóticos se enfrentan contra miembros del Ejército de Liberación

Nacional (ELN).Los combates mencionados han causado el desplazamiento

forzado de al menos una veintena de pobladores de la región.

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

h) VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN

- El día 6 de mayo de 2015 hacia las 9:20 a.m., en la vereda Mulatos del

corregimiento de San José, varios helicópteros de la Policía, que sobrevolaban el área, empezaron a desembarcar tropas de la Policía Nacional Grupo Elite, justo en la Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra, asentamiento de la Comunidad de Paz, y territorio propiedad privada de la comunidad. El sobrevuelo y la presencia de las tropas de la Policía han

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impedido el desarrollo de las actividades en la escuelita comunitaria ya que los mismos agentes del Estado, prohibieron las actividades escolares.

- El jueves 23 de julio del 2015 en la vereda La Plumilla, corregimiento de

Palmira en el municipio de Tierralta (Córdoba), siendo aproximadamente las 5: 00 a.m. llegaron tropas del Ejército Nacional y acamparon a escasos 30 metros de las viviendas de la población civil.

A la 1:30 pm después que la comunidad les exigió que se retiraran de este lugar ya que estaban muy cerca de sus viviendas, el cabo primero RADAS del Batallón Junín expreso que ellos estaban cumpliendo órdenes y además de cuidar la seguridad de la población. La comunidad al no obtener solución oportuna y argumentando que se está en cese al fuego unilateral, pidió explicaciones al cabo quien dijo que cumplían órdenes de sus superiores quienes estaban exigiendo resultados y por eso tanta militarización.

- Durante el mes de agosto las comunidades de la vereda Mutatá,

corregimiento de Saiza, municipio de Tierralta – Córdoba denuncian la

constante presencia de soldados del Ejército Nacional del Batallón Fuerza

Tarea Conjunta Nudo de Paramillo Brigada Móvil N° 24 en los caminos

reales, que comunica a varias veredas y a comunidades circunvecinas,

obligando a los campesinos a desplazarse por otros senderos más lejanos y

respondiendo a las exigencias de comunidad con estigmatizaciones

tildándolos de ser colaboradores de la insurgencia y agrediéndolos

verbalmente.

CONCLUSIONES

1. Las organizaciones que conformar la Coordinación Agrominera del

Noroccidente y el Magdalena Medio Colombiano, están inmersas en los territorios en los cuales se presentan graves violaciones a los derechos humanos y constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario, situaciones que expone a los líderes y a las comunidades a un riesgo inminente.

2. Durante lo corrido de ese periodo, se ha dado el aumento de amenazas y asesinatos a dirigentes y líderes políticos, lo que ha evidenciado la falta de garantías en los territorios para la efectiva participación política

3. La implementación de megaproyectos en los territorios están generando una grave crisis humanitaria, lo que ha conllevado a que se generen focos de desplazamiento forzado interno.

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4. Las constantes denuncias realizadas por las organizaciones de la Agrominera y organizaciones acompañantes no han generado ningún tipo de reacción de las instituciones encargadas de velar por la garantia de los derechos humanos y proteccion a las comunidades más vulneradas.

5. El actuar del Ejército Nacional en cada uno de los territorios genera graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Los señalamientos por parte de miembros del Ejército Nacional y desmovilizados han puesto en riesgo la vida, la integridad y la libertad de líderes campesinos y obedece a una política de falsos positivos, traducido en montajes judiciales.

6. Los bombardeos, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas obedecen a una política de represión por parte del Estado colombiano, que victimiza directamente a la población civil que habita las zonas rurales y que produce graves afectaciones.

Análisis final Para el periodo de publicación de este segundo informe de derechos humanos el cual ha comprendido los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015, se incluye dentro de este, la fecha de declaratoria de cese unilateral del fuego declarado por las FARC- EP, a partir del mes julio 20 de 2015, en ese marco de tiempo se ha documentado la situación de derechos humanos en los territorios. Por otro lado se ha recibido el anuncio por parte del Gobierno nacional de la acción de desescalamiento del conflicto, hecho que puede llegar a tener una gran relevancia para las comunidades que habitan las zonas rurales, quienes serán las que de manera continua llevarán a cabo la verificación de los acuerdos pactados entre las dos partes. Sin embargo la poca información emitida por parte del gobierno nacional y la significancia de hechos concretos de desescalamiento aun generan incertidumbre a las comunidades, mientras en los territorios la sistemática violación de derechos humanos y las infracciones al Derechos Internacional Humanitario persisten. Son estas las razones por las que se trabaja en la exigencia del desescalamiento y en especial el Cese Bilateral. Hay un compromiso de impulsar si es necesario veedurías comunales, ya que hay una fortaleza desde las organizaciones que denuncian constantemente, sin embargo la institucionalidad viene deslegitimando esas denuncias, un ejemplo de esto fue el bombardeo en Anorí donde argumentaron los militares que allá nunca hicieron esa intervención bélica, o los hechos en Ituango donde hubo un hostigamiento de la brigada móvil del municipio contra la población civil desde que empezó el cese unilateral.

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Desescalar el conflicto no solo está representado en el tan anhelado Cese Bilateral entre las partes en contienda militar. También debe estar representado por la garantía efectiva de los Derechos Humanos, principalmente de la vida y la libertad. Esto se promueve cambiando las políticas de estado de persecución, estigmatización, señalamiento, privación de la libertad, por ejercer el derecho a la oposición política, por la ilegalización de la minería artesanal y por la falta de alternativas reales económicas que nos ponen a arar la tierra para los cultivos de uso ilícito. Es urgente y necesario involucrar a TODOS los miembros de la fuerza pública, para que sea con sus acciones que demuestren realmente la voluntad de desescalar el conflicto.