el ecologista nº 66

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Nº 66 Otoño 2010 - 3,00 € Hongos Transgénicos Huelga General Día sin Compras Cobrar por contaminar Titanic y cambio climático Los riesgos del petróleo vertido en el Golfo de México

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Los riesgos del petróleo, vertido en el Golfo de México. Hongos. Transgénicos. Huelga General. Día sin Compras. Cobrar por contaminar. Titanic y cambio climático.

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HongosTransgénicosHuelga GeneralDía sin ComprasCobrar por contaminarTitanic y cambio climático

Los riesgos del petróleo

vertido en el Golfo de México

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Formación on-linePróximos cursos:

· Ecologismo Social

· Ecofeminismo (2ª edición)

· Sistemas de Información Geográfica para la defensa del territorio

· Contaminación atmosférica y Calidad del aire (2ª edición)

Información e inscripciones:

formació[email protected]

teléfono: 915 31 27 39

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de Ecologistas en Acción

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nº 66 otoño 2010

ÍNDICE y CONSULTA de ARTÍCULOS Puedes obtener un índice temático y consultar los artículos

de números atrasados en www.ecologistasenaccion.org/revista Edición digital ecologistasenaccion.org/ebook

SECCIONES FIJAS

5 Editorial 6 En Acción16 Internacional58 Hogar ecológico: Aditivos alimentarios60 Conocer para Proteger: Santa Orosia (Huesca)62 Consumo: Hablando de servir63 Libros64 El Tenderete

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33 44

53 56

26 Los que contaminan cobran La concesión de demasiados permisos de emisión enriquece a los contaminadores, por Colectivo Green Gambito

30 La certeza matemática del 5º C del TitanicAnalogía entre el cambio climático y el hundimiento del trasatlántico, por Ferran P. Vilar

33 En apoyo de la Huelga Generalpor Ecologistas en Acción

36 Cultivos y alimentos transgénicosBalance de la situación actual, tras 14 años de organismos modificados genéticamente, por David Sánchez Carpio

39 La parálisis ambiental catalanaUna sociedad cada vez más concienciada frente a unas elites refractarias a la innovación sostenibilista, por Enric Tello

42 Una oportunidad perdidaLa Diagonal de Barcelona se queda sin tranvía, por Elena Díaz

44 Día sin ComprasUn boicot al modelo de consumo imperante, por Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción de Madrid

46 La derrota de una térmicaVictoria de la movilización ciudadana, por Alfredo Melero

48 Fitorremediación de suelos contaminados por radiactividadpor S. Redondo, M. Villa, E. Mateos, S. Hurtado, L. Andrades, R. Parra, F. Fernández

50 Los caminos y servidumbres públicas y sus titularesClaves para delimitar la titularidad y la adscripción de los caminos, por Hilario Villalvilla

53 Amianto, una fibra mortal e invisibleCada cinco minutos muere una persona en el mundo por esta sustancia, por Paco Puche

56 Importancia de los hongosExisten cuatro veces más especies de hongos que de plantas, por María Rosas

PETRÓLEO 18 El vertido del Golfo de México

Los riesgos de intentar incrementar la oferta de petróleo a toda costa, por Manuel Ruiz, Emilio Menéndez, Luis Rico

22 ¿Podemos consumir más petróleo?Fuentes de combustibles líquidos y sus riesgos, por E. Menéndez

24 Bunkering: el negocio de la marea negraLas gasolineras flotantes en el Estrecho de Gibraltar provocan vertidos constantes, por Elvira Espinosa

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Edita: Ecologistas En acción

Equipo dE rEdacción: José V. Barcia, Carlos Corominas,

José Luis García, Igor Gómez, Yayo Herrero, Elisa Iglesias, Mariola Olcina,

Paco Segura

producción, disEño y maquEtación: Ecologistas en Acción

colaboran En EstE númEro: L. Andrades, Asociación O Zoque,

Colectivo Green Gambito, Comisión de Consumo de Ecologistas en

Acción de Madrid, Ecologistes en Acció de Barcelona, Elena Díaz, Elvira Espinosa, F. Fernández, S.

Hurtado, E. Mateos, Alfredo Melero, Emilio Menéndez, R. Parra, Paco Puche, David Sánchez Carpio, S. Redondo, Luis Rico, María Rosas, Manuel Ruiz, Enric Tello, Enrique

Ureta, Ferran P. Vilar, M. Villa, Hilario Villalvilla.

administración: Noelia Carreras, Alejandra Herrero,

Esperanza López de Uralde.

portada: Petróleo en unas marismas

de las costas de EE UU imprimE:

Impresos y Revistas, S.A.

distribución En España: COEDIS Tel. 93 680 03 60

publicidad: Paco Segura 91 896 98 05

Valentín Ladrero 607 238 267 Esperanza López: 91 531 27 39

C/Marqués de Leganés 12 28004 Madrid

[email protected]

suscripcionEs y rEdacción: Marqués de Leganés 12

28004 Madrid Tel. 915312739 Fax: 915312611 [email protected]

www.ecologistasenaccion.org

ISSN 1575-2712 Dep. Legal: Z-1169-1979

Impresa en papel 100% reciclado postconsumo y blanqueado sin cloro

Los beneficios de la venta de esta revista se destinan íntegramente a

Ecologistas en Acción, organización sin ánimo de lucro declarada de

Utilidad Pública (13-6-97)

nº 66 - otoño 2010

Esta revista es miembro de ARCE (Asociación de Revistas Culturales Españolas) y de FIRC (Federación

Iberoamericana de Revistas Culturales)

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Bibliotecas del Ministerio de Cultura para su difusion en bibliotecas, centros culturales y universidades de España para la totalidad

de los numeros del año 2010

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla Tel./Fax: 954903984 [email protected]ón: C/ La Torre nº 1, bajo, 50002 Zaragoza Tel: 629139609, 629139680 [email protected]: C/ San Ignacio 8 bajo, 33205 Xixón Tel: 985337618 [email protected]: C/ Eusebio Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria Tel: 928362233 - 922315475 [email protected]: Apartado nº 2, 39080 Santander Tel: 942240217 [email protected] y León: Apartado nº 533, 47080 Valladolid Tel: 983210970 [email protected] Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo Tel: 608823110 [email protected]: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona Tel: 663855838 [email protected]: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta [email protected] de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid Tel: 915312389 Fax: 915312611 [email protected] Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao Tel: 944790119 [email protected] C/San Agustín 24, 31001 Pamplona. Tel. 948229262. [email protected]: C/ de la Morería 2, 06800 Mérida Tel: 927577541, 622128691, 622193807 [email protected] Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño Tel: 941245114- 616387156 [email protected]: C/ Colombia 17, 52002 Melilla Tel: 630198380 [email protected]: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela Tel: 626679191 [email protected]ís Valencià: C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant Tel: 965255270 [email protected]ón Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia Tel: 968281532 - 629850658 [email protected]

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5Ecologista, nº 66, otoño 2010

Acompáñanos el 29 de septiembre

Te levantas todas las mañanas y, con el gesto de quitarte las legañas y estirarte un poco, dejas en un rincón los sueños. Sales a trabajar. Vuelves al final de la jornada, con cansancio, y tal vez con ganas de evadirte de la realidad.

Si tienes suerte, a lo que has dedicado las mejores horas de tu día (de tu vida) tiene sentido para ti, es importante. Pero, si eres como la mayoría de las

personas, tu empleo no será más que una manera de conseguir dinero para... lo que es realmente importante en tu vida. Pero… ¿qué es importante en tu vida?

A nosotr@s nos importa el bienestar de nuestros seres queridos, y del resto también, que a fin de cuentas son seres queridos de otras personas. Seguro que coincidimos contigo. Por eso queremos que tengan aire

limpio, que beban agua clara, que coman alimentos sanos, que los ríos, los bosques y las costas conserven toda su riqueza, que tengan una educación

y sanidad dignas... y queremos que sea así para todo el mundo hoy, mañana y pasado. Sí, ya sabemos que éste es uno de esos sueños arrancados por la

mañana. Pero hay gente que sigue rumiando sueños durante el día que hacen que nuestra vida tenga más sentido. Seguro que tú también lo haces.

Llevamos siglos en esta lucha por la dignidad en la que avanzamos a paso lento. El 29 de septiembre tendremos una nueva etapa: la huelga general. Sí, la huelga

general tiene que ver con las cosas importantes de la vida, con el bienestar de las personas.

Porque, en un contexto de crisis ambiental como nunca antes había existido, es necesario invertir la fuerza colectiva en aprender a vivir en paz con el planeta, no en salvar a los bancos y a las constructoras.

Porque más importante que el PIB, las transnacionales, el FMI, la Unión Europea, la bolsa, el AVE, un adosado más, un coche más... Más importante que este imposible crecimiento continuo de beneficios empresariales y de objetos de consumo en un planeta limitado, es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad –de la que dependen nuestras vidas–, la calidad del aire, la soberanía alimentaria, la salud... Porque en esos temas es donde de verdad nos jugamos la supervivencia. Sí, se puede cambiar el foco, ¿o es que en tu familia funcionáis con el “sálvese quien pueda” de los mercados?

Porque, como tú, no nos creemos que flexibilizar una vez más el empleo vaya a mejorar nuestra calidad de vida. Porque queremos apostar por la equidad en las condiciones sociales. Pero queremos hacerlo al alza, no a la baja. Y queremos hacerlo en y con el planeta. Sí, se puede porque ya se ha hecho antes.

Porque es de cajón, de cajón justo, que quienes tienen que ver recortados sus ingresos son aquellos que tienen demasiado, no quienes cobran una pensión. Porque creemos que es necesario, en un mundo que agoniza, repartir la riqueza.

Porque tenemos que trabajar mucho más en lo importante: cuidar a las personas y al entorno que las sostiene. No todos los trabajos, ni mucho menos todos los empleos, tienen el mismo valor.

Porque, en momentos de crisis, la estrategia más inteligente es dar un gran salto adelante, no volver a relaciones laborales y sensibilidad ambiental del siglo XIX.

Por eso te proponemos que nos acompañes. Por eso queremos acompañarte el 29 de septiembre en la calle, no en el lugar de trabajo. Queremos vivir contigo la alegría de dedicar las mejores horas del día a algo que tenga sentido. Por eso esperamos que ese día no nos sacudamos los sueños y los gritemos bien alto, para que se cumplan.

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6 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Tabarakche (adiós, en guanche) a Juan y Alicia, en quienes habitó lo más lindo y activo del compromiso, jugando un papel muy importante en el impulso y desarrollo de nuestra Federación canaria y de muchas causas justas.

Juan Díaz

Nuestro compañero y buen amigo Juan Díaz nos ha dejado, y ha abandonado este bello pero desorientado mundo. Se va después de haber dedicado toda su vida a defenderlo y luchar por él, demostrando en todo momento un profundo cariño y respeto a las personas, y al resto de seres vivos que comparten con nosotros su existencia.

Alicia ArrizabalagaNos ha dejado una entrañable e importantísima compañera de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Alicia Arrizabalaga. Con poco más de 50 años, un terrible cáncer finalmente se la llevó, en su Bilbao natal y rodeada de su familia, pero eso sí, tras una larga, metódica e incansable lucha. Porque si algo caracterizaba a Alicia era su constancia y capacidad para no rendirse nunca, como buena vasca.

Jaime O’ShanahanNos abandona Jaime O’Shanahan. Con él fenece un trozo de nuestra geografía canaria a la que tanto amó y tantos mimos dedicó. Pero a la vez crece fuerte y robusta la palmera, el drago, el pino canario y toda la biodiversidad canaria a la que Jaime dedicó parte de sus desvelos y su vida. Premio Ben Magec de Medio Ambiente en 2009 y Socio Honorífico de Turcón-Ecologistas en Acción en 2003, por su inquebrantable amor a la naturaleza canaria, que él ayudo a enriquecer y difundir hacia la sociedad, así como por su implicación en proyectos ejemplares para las islas.

Adolfo Aragüés

El naturalista aragonés Adolfo Ara-güés, nacido en Zaragoza el 4 de fe-brero de 1933, falleció el 22 de mayo, Día Mundial de la Biodiversidad. Doctor en Veterinaria, Aragüés fue responsable de medio ambiente del Colegio Oficial de Veterinarios e im-pulsó, junto a varios miembros de la Universidad de Zaragoza, la Sociedad Aragonesa de Ciencias de la Natu-raleza en 1986. Además presidió la Sociedad Española de Ornitología de 1984 a 1988, de la que era miembro desde 1957. Anilló más de 35.000 aves, princi-palmente en Aragón. Creó en 1965 el Grupo Aragón de Ornitología, en el que se formó una generación de ornitólogos aragoneses, que actual-mente desempeñan una labor cientí-fica intensa, y fue miembro del Primer Comité de Rarezas de España. En 1979 participó en la fundación de la Asociación Naturalista de Ara-gón ANSAR. Además, redescubrió la existencia en Aragón de la alondra de Dupont o rocín, que se creía extinguida, y sobre la que realizó su tésis doctoral en 1992. Aragüés fue impulsor de La Loma-za de Belchite (Zaragoza), primera reserva de aves esteparias de Europa, y amante y defensor de los valores de la estepa aragonesa y de sus gentes. También fue miembro del primer Consejo de Caza, del primer Patrona-to del Parque Natural del Moncayo, ha sido miembro de la Junta Rectora de La Alfranca y de su Comité Cientí-fico, así como de las organizaciones no gubernamentales SEO, ANSAR, Fundación Quebrantahuesos y de la Sociedad Protectora de Animales.

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7Ecologista, nº 66, otoño 2010

DIA negativa para la Autopista Dos MaresLa Secretaría de Estado de Cambio Climático ha formulado recientemente una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa respecto a la autopista Dos Mares. Como alegó Ecologistas en Acción de Cantabria, la autopista Dos Mares hubiera generado un impacto ambiental irreversible sobre áreas bien conservadas de Cantabria y norte de Burgos, afectando a sus valores natu-rales, especialmente a su función de corredor faunístico entre la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. La au-topista hubiera producido un daño ambiental irreparable sobre los espa-cios protegidos, al contribuir de manera definitiva a su aislamiento. Conviene recordar que el proyecto hubiera supuesto una afección signifi-cativa sobre la Red Natura 2000, sobre 11 LIC y 7 ZEPA, afectando directamen-te a 19 tipos de hábitat, 7 de ellos de carácter prioritario, provocando una afección importantísima al paisaje y el patrimonio natural a lo largo de todo su trazado. Pero sin duda, el talón de Aquiles del proyecto radicaba en su estudio de rentabilidad económico-financiera que vulneraba flagrantemente la nor-mativa en vigor y no se podía ejecutar si no era con la aportación económica directa del Estado mediante un crédito participativo que cubriera el 40% de la inversión inicial, en abierta contradic-ción con el régimen de concesión. Tal y como reconoce la DIA, el proyecto pre-sentaba dudosas conclusiones sobre su rentabilidad económica y debería haber considerado otras alternativas, siendo la autopista explotada en ré-gimen de peaje la única alternativa planteada. La situación prolongada de crisis económica sigue resultando el marco idóneo para replantearse el modelo de movilidad insostenible que padece-mos, basado en una oferta disparatada de más y más infraestructuras y el uso masivo del vehículo privado; el anuncio del pago por uso de las infraestructuras va por el camino de la sostenibilidad y tendremos ocasión de comprobarlo bien pronto, cuando se finalicen los tramos de la A-8 pendientes, en los que habría que implantar un peaje que esperemos no sea en sombra, o sea, a cargo de los presupuestos del Estado o de Cantabria.

Cataluña prohíbe las corridas de torosEl Parlamento de Cataluña, tras una trami-tación ejemplar de una iniciativa popular, ha trasladado a la gran mayoría de los ciudadanos y al resto de las administra-ciones un claro mensaje: en el siglo XXI las corridas de toros no tienen cabida en nuestra sociedad. Con esta histórica decisión, Ca-taluña se ha convertido en la se-gunda Comunidad en prohibir las corridas de toros, pero no será la última. En la Comunidad de Madrid ya se ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que pretende prohibir las corridas de toros. Para Theo Oberhuber, Coordi-nador de Campañas de Ecologistas en Acción, “estamos convencidos que se llegarán a prohibir todas las corridas de toros, la duda es si esto sucederá en está o en la próxima generación”. La organización ecolo-gista considera que las corridas de toros están basadas en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el

toro, así como en el desprecio hacia los derechos de los animales. Además trans-mite valores negativos a la sociedad, tales como el uso de la violencia, el disfrute con la tortura y el maltrato animal...

En un mundo controlado por la especie humana se han de esta-blecer unas responsabilidades de ésta hacia los animales, do-mésticos y silvestres, y sus ne-cesidades, resultando impres-cindible promover una cultura y una legislación que regule los derechos de los animales. El progreso, la paz y la educación deben conjugarse en armonía con el respeto hacia el resto de los animales, que también forman parte de la naturaleza, con la cual nos relacionamos. El cambio positivo de actitudes hacia los animales como seres no humanos, está íntimamente ligado al respeto global por toda clase de vida y, por exten-sión, a todo el planeta.

El acceso al agua, un derecho fundamental Ecologistas en Acción considera que el re-conocimiento del abastecimiento de agua y el saneamiento como un derecho huma-no es un paso fundamental en el camino a una mayor justicia social y ambiental. Es una muy buena noticia y el resultado de un incansable trabajo de multitud de or-ganizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para que la ONU reconociera, por fin y en pleno siglo XXI, que el agua es un derecho básico para la vida y la dignidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio ha aprobado una resolución que establece que el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho

humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos. Se hace realidad, por tanto, una reivindicación social sostenida durante muchos años. Si bien este derecho ha sido contemplado en diversos tratados, no se establecía que fuera vinculante. De este modo no se exigía que debieran aplicarse todas las medidas posibles para hacer efectivo el acceso universal de agua potable. Esto sólo ha sido posible gracias al tra-bajo de presión política y de reivindicación, de numerosas organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y partidos, que han luchado porque el agua se constituya como un derecho. Gracias también a la labor del Gobierno de Bolivia, que ha sido quién ha hecho la propuesta de resolución a la Asamblea General de las Naciones Uni-das, consiguiendo este reconocimiento de un derecho, a todas luces fundamental. En esta resolución, la ONU llama a “los Estados y Organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, construcción de capacidades y transferencia tecnológi-ca, a través de asistencia y cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo, para poder aumentar los esfuer-zos para suministrar agua potable, segura y saneamiento para todos”. Ecologistas en Acción espera, entonces, que éstos sean los siguientes pasos para hacer realidad el derecho humano al agua.

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8 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Más protagonismo para la bicicleta y el peatón

Tras la publicación del proyecto inicial de modificación de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, Ecologistas en Acción quiere reivindicar un mayor protagonismo para el peatón y las bicicletas, como vehículo, con dere-cho propio para circular en la calzada. En este sentido, se encuentran pun-tos en dicha normativa que obstacu-lizan un comportamiento normal de la bicicleta en la calzada, como es la obligatoriedad de circular por el carril derecho. Ecologistas en Acción subraya que la bici debe ser considerada como un vehículo más, por tanto, las normas para su circulación deberán similares a las del resto de vehículos en la calzada. La intención de obligar al ciclista a conducir por la derecha, menos cuando tiene que girar a la izquierda, lanza un mensaje negativo al resto de usuarios de la calzada, apartando a la bicicleta del tráfico y fortaleciendo la posición de los vehículos a motor. La adaptación de la velocidad de cir-culación del resto de vehículos a la de la bicicleta, sin superar los 30 Km/h, es otra de las novedades de esta normativa, que se contempla, sólo para carriles con seña-lización específica. Ecologistas en Acción solicita que esta posibilidad sea mucho más precisa y amplia y no sea vista sólo como “beneficio para el ciclista” sino para mejorar la ciudad y su habitabilidad. Otra discrepancia aparece en lo re-lativo al aparcamiento de las bicicletas. Como se ha comentado, la bicicleta debe ser considerada como un vehículo y, como tal, debe usar los espacios reser-vados a los mismos, tratando de minimi-zar la presencia de las bicicletas en las aceras. Ecologistas en Acción propone que el espacio reservado a los vehículos a motor debe permitir la incorporación de las bicicletas para que éstas dejen de estar en las aceras o atadas a mobiliario urbano.

Finalmente se cuestiona la obligato-riedad del timbre como elemen-

to que afecte de forma directa a la seguridad vial en la conducción

por la calzada, puesto que resulta prácti-

camente inaudible para los usuarios

de vehículos mo-torizados que

circulan a su alrededor.

Por otro modelo de metro en SevillaEcologistas en Acción de la Ciudad de Sevilla, junto a otras asociaciones, ha pre-sentado alegaciones al anteproyecto de red de metro, defendiendo una red básica-mente en superficie. Ello se debe a que es más congruente con los estudios técnicos, incluidos los oficiales; más sostenible; y mucho más barata. De manera que se tendría más garantizada su construcción a un costo y un plazo razonables y, además, se haría posible dotarla del imprescindible carácter metropolitano del que carece. En síntesis, el proyecto que sólo atiende al municipio de Sevilla, implicaría la realiza-ción parcial, de aquí a 2017, de una mini-red de metro subterráneo a un elevado coste a razón de 60-80 millones/km. Se co-rre así el riesgo de un nuevo parón -como los que sufrieron los proyectos fallidos de

1970 y 1990- en la búsqueda de soluciones reales a la movilidad metropolitana. Por lo que que es absolutamente necesario iniciar un amplio debate ciudadano sobre qué modelo de transporte público se quiere. A este respecto, la movilidad sostenible apunta a la opción en superficie como la más adecuada. Un metro fundamentalmente soterrado es una apuesta antigua, cara y que no será eficaz en la situación urbana y metropoli-tana de Sevilla. Además, no será realizable. Cuando el peso de los hechos recaiga sobre la opción soterrada, habrá de replantearse y adoptar la opción en superficie, habiéndose perdido un tiempo y unos recursos que, en la situación actual, son preciosos.

ecologistasenaccion.org/spip.php?article18395

Transporte insostenible en MelillaCiudadanos de Melilla se han organizado contra la política de transporte urbano. A pe-sar de ser un territorio de solo 12 km2 y tener una climatología benévola, el transporte en Melilla se basa en el vehículo particular. La ciudad no cuenta apenas con trans-porte público. El escaso que existe, lento y de baja calidad, solo sirve para el traslado de transfronterizos al centro de la ciudad, pero no existe transporte público a lugares tan relevantes como playas, zonas de copas, aeropuerto o puerto. Por otro lado, la ciudad no tiene ni un solo metro de carril bici, ni calles peatonales, siendo el transporte alter-nativo una actividad rara y hasta peligrosa. La movilidad pasa por el uso obligatorio del automóvil. Las familias poseen por lo general varios vehículos, mucho más bara-tos que en el resto de España, sobre todo por no existir impuesto de matriculación, el impuesto de Tracción Mecánica es de los más baratos y el combustible cuesta un 30%

menos. También la moda hace su papel, ya que casi la mitad del parque automovilístico son todo-terrenos de lujo. Ante este panorama las dos administra-ciones de la ciudad hacen más carreteras en nuestro pequeño espacio y difunden el uso del vehículo organizando carreras de todo-terrenos en la ciudad. Los ciudadanos nos estamos revolviendo contra la política de transporte, o mejor dicho, para que haya política de transporte, pero que ésta no pase por la adoración al ve-hículo, sino por la creación de un verdadero sistema público de transporte, con microbu-ses rápidos que cubran toda la ciudad. Por la creación de una red de carril bici y por la peatonalización del centro. Cada primer sábado de mes se organiza una pedalada que se aprovecha, haciendo un parada en el Palacio de la Asamblea, para exigir el cambio hacia un transporte más sostenible.

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9Ecologista, nº 66, otoño 2010

El Gorguel amenazado La Autoridad Portuaria de Cartagena, presidida por Adrián Ángel Viudes, y apoyada por el Gobierno Regional, pro-yecta la instalación de una terminal de contenedores en la cala del Gorguel. Se trata de una zona de elevados va-lores culturales, geológicos, mineros y ambientales bien representados en las numerosas protecciones que ostenta este tramo de costa, como son LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, con hal-cón peregrino, camachuelo trompetero, búho real y águila perdicera, además de una alternancia de vegetación esciofila y fotófila con comunidades de Maytenus y Periploca, LIC de medio marino con la presencia de praderas de Posidonia oceanica y coral anaranjado, etc. A pesar del gran impacto causado sobre esta cala debido a los vertidos procedentes de la actividad minera que salían de los tubos en la bahía de Portman, causando uno de los mayores desastres ambientales del Mediterráneo y uno de los puntos más negros de contaminación por metales pesados, los fondos marinos que se extienden en dirección oeste hacia Cartagena cuen-tan con unos importantes valores am-bientales que, junto con los terrestres, conforman un lugar en el que se debe priorizar la conservación por encima de cualquier interés privado. En defensa de este tramo de costa murciana, Ecologistas en Acción llevó a cabo una protesta pacífica y simbólica a las puertas de la Autoridad Portuaria de Cartagena, tras la cual se pretende imponer una sanción de 1.000 euros a 8 de los activistas participantes. Actual-mente se está a la espera de juicio, cuya razón no es sino la persecución a los ecologistas que se oponen al proyecto, aunque éstos sólo velan por la protec-ción de una zona de gran valor en la tan dañada costa murciana.

Caos en la costaEcologistas en Acción ha presentado el Informe Banderas Negras 2010, caos en la costa. En este informe se realiza un com-pleto análisis de las principales causas de degradación de la costa y se identifican los principales lugares de degradación en el litoral del Estado español. También se denuncia la extrema situación de falta de planificación y de rumbo con respecto a la gestión de los recursos naturales costeros, lo que ha ocasionado una situación de caos en este estrecho y frágil territorio. Las principales causas de degradación en la costa son generadas por la colmata-ción urbanística, los vertidos orgánicos e industriales, las obras en las costas y las regeneraciones de playas, así compo por la desplanificación en torno a los puertos de interés general. El informe aborda el problema urbanís-tico según los datos del Observatorio de la Sostenibilidad de España –cambios en la ocupación del suelo entre los períodos 1987-2000 y 2000-2005– describiendo cómo las zonas urbanizadas han aumen-tado un 50% en esos 19 años, tanto en el interior como en el litoral, urbanizando a un ritmo escalofriante de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Destaca la Bandera Negra otorgada a la costa de Marbella y Fuengirola como el caso más transformado y degradado por urbanismo en el litoral. Ecologistas en Acción denuncia en este informe que las Comunidades Autónomas de la costa se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas: ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como exige la ley. Existe un déficit generaliza-do de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico. Además, también se describe cómo el tratamiento de los vertidos al mar que establece la Ley de Costas se incumple de forma sistémica. Destaca la Bandera Negra otorgada a la Cascada de la merda en el Paque Natural de la Sierra Helada, País Valenciano, como el caso más degradado por los vertidos de aguas residuales. En el informe también se señalan las carencias de la ley de responsabilidad ambiental, que nos dejaría indefensos ante vertidos como el ocasionado por la petrolera British Petroleum en el Golfo de México. Así como los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa, destacando la Bandera Negra concedida a la ría de Huelva como el lugar más con-taminado industrialmente. Ecologistas en Acción denuncia el de-rroche 230 millones de euros anuales en las mal llamadas regeneraciones de playas

y obras en costas destinadas a abastecer las demandas privadas. Destaca la Bande-ra Negra otorgada a la playa de La Barce-loneta como el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa: 60 millones de euros en los últimos 5 años. Se denuncia también la proliferación de Puertos del Estado. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española en el siglo XXI. Los puertos planificados son: Grana-dilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz), Melilla, El Gorguel (Murcia), Ibiza (Baleares), Vigo, El Musel (Astu-rias), Pasajes (Euskadi). A n t e l a gravedad de esta situa-ción, Eco-logistas en Acción pide un urgente cambio de modelo so-cial y eco-n ó m i c o . El nuevo m o d e l o debe ba-sarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas, abordando programas de restauración ambiental y de reconversión de sectores altamente depredadores, como el turismo y la construcción. Además, solicita que se comience de forma urgente a proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica y la pesca sostenible.

ecologistasenaccion.org/spip.php?article18005

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Riópar: paradigma de la insostenibilidad

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Ecologistas en Acción de Albacete ha denunciado la situación del municipio de Riópar ante el delegado de la Junta de Comunidades, exponiendo el cúmulo de situaciones ilegales y de actuaciones que deterioran gravemente uno de los lugares más emblemáticos de la provincia, como es este pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural de los Calares y del río Mundo. Son muchos años alertando de que las cosas en Riópar no se estaban haciendo bien y que la misma razón que había mo-tivado su declaración como Parque Natural estaba siendo la causa de un deterioro irreversible: urbanizaciones construidas en suelo rústico, sin ningún tipo de orde-nación ni de servicios adecuados, como la depuración de las aguas residuales, edifi-caciones para turismo rural que no respon-den al criterio mínimo de integración en el paisaje, y muchas de ellas en el interior del Parque, obras de “adecuación” de arroyos, que consisten en la eliminación del bosque de ribera, y que no son más que excusas para conseguir nuevos terrenos en los que seguir el proceso de urbanización. Lo más curioso es que la propia Administración regional sabe de estos despropósitos y mira para otro lado, dejando hacer a un Ayuntamiento, donde las licencias de construcción dependen del capricho o de la amistad con los promotores.

Además, parece que existen pruebas de posible fraude en la explotación de una cantera de titularidad municipal, que es explotada por particulares próximos familiarmente con algún cargo público del Ayuntamiento, habiendo llegado incluso a facturarle al propio consistorio, que es en teoría el titular de la concesión. Todos estos datos han quedado re-flejados en la denuncia, para que la Ad-ministración autonómica cumpla con su obligación de vigilancia y establezca las normas urbanísticas para una verdadera protección del Parque Natural. Se entien-de que no se puede obligar a un pueblo enclavado en un espacio protegido a que no desarrolle ninguna actividad tradicio-nal, o que incluso se favorezca un modelo de turismo respetuoso con la conserva-ción natural. Pero Riópar se ha convertido,

desde la declaración del Parque, en un ejemplo de insostenibilidad, que pro-vocará en pocos años la pérdida de aquellos valores que determinaron su pro-tección legal. Resulta interesante ver el ejemplo de lo ocurrido en otros sitios, donde la fal-ta de control ha llevado a situaciones catastróficas. ¿Qué ocurriría si hubiera un incendio en una de esas vi-viendas enclavadas dentro del Parque y rodeadas de miles de hectáreas de pi-nos y vegetación arbustiva altamente inflamable? Las soluciones se deben tomar inmediatamente, y la ley debe cumplirse con todo rigor, incluso con la demo-lición de las edificaciones realizadas ilegalmente. Está en juego la supervivencia del principal espacio natu-ral de Albacete.

Increíble... pero cierto

El humedal de Padul en peligro

El humedal de Padul forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, y está considerado zona de protección grado A (la máxima). Está, además, declarado ZEPA e incluido en la lista de Humedales de Importancia Inter-nacional de Ramsar. La empresa concesionaria de la ex-plotación de la turba en este humedal (barbaridad ambiental que sólo pue-de ocurrir en este país) está utilizando maquinaria para drenar las zonas inundadas. Para que la situación sea más esperpéntica, la empresa conce-sionaria lleva años sin tener licencia de actividad, por lo que todo lo que ha hecho hasta ahora es ilegal, pero aquí, en la tierra de María Castaña, no pasa nada. Medio Ambiente responde -el Par-que Nacional, como siempre, ni se molesta en responder- que el Plan de Ordenación de los Recursos Na-turales (PORN) del Parque Natural de Sierra Nevada, considera compati-ble la explotación de turba, pero se le olvida que el artículo 172 de ese mismo PORN, establece que queda excluido cualquier aprovechamiento productivo que ponga en peligro las características de este espacio excepcional que requiere un nivel de conservación y protección especial. No sabemos para qué queremos una Consejería de Medio Ambiente que deja que se destruya el humedal más importante de la provincia, in-tentando encima justificarlo. Recor-damos que la desecación de las zonas húmedas es un delito. Ecologistas en Acción de Granada denuncia públicamente estos hechos y solicitará la exclusión del Humedal del Padul de la Convención de Ramsar y que se le retire la condición de zona ZEPA, como galardón a nuestras auto-ridades en el Año Internacional de la Biodiversidad, que en esta provincia se vive como en ninguna otra.

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Zona de Especial Conservación para jugar al golfEn el suroeste de la Comunidad de Madrid se localizan las mayores extensiones de encinar, pino piñonero y castañar de la región. Al mismo tiempo se encuentran algunas de las especies más emblemáticas de la Península como el lince ibérico, águi-la imperial, buitre negro, etc. Por otra parte se concentran varios embalses, siendo uno de ellos el único en el que se permite la navegación a motor. Además, este territo-rio hace de conexión por carretera con el sur de la provincia de Ávila y la entrada al valle del Alberche, una zona de elevado valor natural y paisajístico. En definitiva, se trata de un ámbito ambientalmente muy valioso pero con un elevado potencial urbanístico y recreativo. Por ello requiere una buena gestión y ordenación de usos que compatibilicen conservación y actividad humana. En 1989 esta zona se declaró Zona de Especial Protección para las Aves y en 1992 se propuso como Lugar de Interés Comuni-tario. Ahora, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha declarado este enclave Zona de Especial Conservación (ZEC) con la denominación Cuencas y Encinares de los Ríos Alberche y Cofio. Algo que debería ser motivo de satisfacción.

Sin embargo, al mismo tiempo que se daba el visto bueno a esta declaración, se aprobaba un plan de gestión que en el 65 % del territorio permite la construcción de campos de golf, nuevas industrias, infra-estructuras, aparcamientos, áreas recrea-tivas, instalaciones deportivas, tendidos eléctricos, sin olvidarnos de los nuevos desarrollos urbanísticos. Por el contrario, el documento carece de objetivos de con-servación para cada una de las especies y hábitats por las que el espacio protegido se declaró ZEPA y se propuso como LIC. En conclusión, el plan de gestión apro-bado autoriza usos que hasta ahora no se estaban permitiendo por entender que no eran compatibles con un espacio protegido Red Natura 2000.

“Gol por toda la escuadra” a la especulación urbanística

Los Servicios Territoriales en Barcelona del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cata-luña, en un informe del 29 de marzo que se acaba de conocer, analizan la propuesta de modificación puntual del Plan General Metropolitano en el término municipal de Viladecans, de acuerdo con la ley de evaluación am-biental de planes y programas. En el informe técnico, la Generalitat evalúa la propuesta presentada por el Ayun-tamiento de Viladecans, en convenio con el F.C. Barcelona, para construir un macrocomplejo lúdico y comercial en un enclave del Delta del Llobregat rodeado de espacios naturales protegi-dos, los últimos de un delta sometido a enormes presiones urbanísticas y de grandes infraestructuras (aeropuerto, puerto, 4 vías de ferrocarril, 3 autopis-tas o autovías, etc.). El informe señala que “se considera que la propuesta de la presente Modi-ficación Puntual no es compatible con la preservación de los valores de este entorno”. El documento de Medio Ambiente valora la propuesta en conjunto, iden-tificando las múltiples deficiencias del proyecto, los impactos ambientales no asumibles, las contradicciones y la nece-sidad de analizar todas las alternativas, para concluir que la propuesta presen-tada no es compatible con los valores naturales del Delta del Llobregat. Las entidades ecologistas que se han opuesto al proyecto, entre ellas Ecologistes en Acció, consideran que el informe es totalmente realista y centra-do en los hechos objetivos que se dan en un espacio tan singular como el Delta del Llobregat. Por eso, la conclusión no podría ser otra que la incompatibilidad entre Barça Parc y naturaleza.

El contrasentido de la ciudad del medio ambienteLa Ciudad del Medio Ambiente (CMA) en el Soto de Garray (Soria) evidencia el modelo político, moral y ambiental que hay en Castilla y León. La CMA es una abe-rración jurídica, ambiental y urbanística impuesta por Ley autonómica en 2007 que es posible porque la promueve quien debería proteger el medioambiente: María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente y Vicepresidenta Primera de la Junta de Castilla y León. El grueso de las obras se inició a finales de abril, justo en el peor momento para un lugar de reconocido valor ornitológico y faunístico (180 especies de aves). A este desprecio por el medio ambiente se unen otros muchos: obras en suelo rústico es-pecialmente protegido, cortar el acceso de caminos públicos, tala de árboles y vegetación protegidos por el Estudio de Impacto Ambiental, molestias en época de nidificación, vertidos al LIC Riberas del Duero, destrucción del patrimonio históri-co de la Guerra Civil Española y del entorno histórico-paisajístico del yacimiento de Numancia. Todo ello ante la inacción o sospechosa lentitud de las Autoridades, Jueces, técnicos de la Administración, Agentes de la Autoridad del Seprona y de la Consejería de Medio Ambiente, etc.

De todas estas irresponsabilidades la más grave es la de la Confederación Hidro-gráfica del Duero, la de su Presidente y sus funcionarios, que están siendo testigos de la urbanización de una zona inundable y de la destrucción del dominio público hidráu-lico formado por el Arroyo de la Vega, zonas húmedas y el acuífero que los mantiene. Ante tal cúmulo de tropelías y barba-ridades jurídicas y administrativas, Ecolo-gistas en Acción de Soria he emprendido varias vías judiciales, incluso la del Tribunal Constitucional, cuya tradicional lentitud está facilitando la acción prepotente y la política de hechos consumados de la Ad-ministración autonómica, con el resultado de la destrucción de un espacio natural de gran valor ecológico, hidrológico e histórico.

Estado de las obras a principios de junio. Foto: Ecologistas En acción dE soria

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SOS por el parque Arriaga de Gasteiz

La plataforma por el Parque de Arria-ga, en la que participa Ekologistak Martxan Araba, expresa su rechazo a la decisión adoptada por la Comisión Municipal de Urbanismo que permite edificar sobre el Parque más extenso de la ciudad. Esta decisión no puede ser con-siderada válida al apoyarse en un documento de Estudio de Impacto Ambiental con importantes fallos de fondo y de forma. Y es que el citado documento está fechado en diciem-bre de 2009, por lo cual es imposible que pudiese estudiar con el rigor debido el impacto ambiental de la propuesta de estación de autobús adjudicada a mitad de 2010. Esto ya es suficiente para considerar obsoleto el estudio en el que se basó la Comi-sión de Urbanismo para aprobar la revisión parcial. Por otro lado, y por si fuera poco, el estudio en cuestión no aborda el impacto ambiental de la segunda fase y la más importante (la estación de

tren), que por requisitos de la intermodali-

dad se vería ubi-cada muy pro-bablemente también en el parque. Además e l i n fo r m e

considera que la afección al

arbolado del par-que será sólo “moderada”,

basándose en que “la mayor parte de los árboles pueden ser”, citamos textualmente, “transplantados”. En definitiva, atendiendo al rigor y al respeto a la ciudadanía, se debe realizar de nuevo el estudio, reali-zando una evaluación de impacto ambiental basada en una propuesta completa, la cual debe de incluir tanto el impacto de la estación de autobús como el de la de tren. La Plataforma SOS Parque Arria-ga organizará una Consulta Popular donde por fin se escuchará la voz y la voluntad de estos barrios en un asun-to que les afecta tan profunda y se-riamente. Una voz que se ha querido acallar pero que no nos resignamos a que se quede enmudecida. Una voz que se oirá alta y clara.

Hace un año el caso Millet saltaba por los aires y se procedía al registro del Palau de la Musica. Millet, presidente de la funda-cion Orfeó Català-Palau de la Musica, había recibido la Cruz de San Jordi y estaba a punto de recibir la medalla de la ciudad de Barcelona. Era uno de esos prohombres in-tocables de la sociedad catalana. El mito del oasis catalán se venía abajo con el arresto de a quien se acusa de haber estafado 35 millones de euros mediante facturas falsas y desviaciones de dinero a Convergencia Democrática a través de la fundación Trías Fargas. Sin embargo, a pesar de las graves imputaciones que se le atribuyen, sólo pasó una semana en la cárcel y actualmente se pasea con toda normalidad. Pero un año después, como hacía tiempo venían denunciando los vecinos de Ciutat Vella, a partir del proyecto de construc-ción del hotel Palau la corrupción salpica también al Ayuntamiento, con el teniente alcalde, Ramón García Bragado, y el respon-sable de urbanismo, Ramón Massaguer, a su cabeza. Para construir el hotel se quería echar abajo un edificio catalogado como parte del Patrimonio Histórico, con otras dos fincas adyacentes, mediante una mo-dificacion del Plan General de Ordenación. Esta operación estaba auspiciada por el inefable Millet a través del Orfeó Català, el colegio de La Salle, el Ayuntamiento y la Generalitat, y gracias al escándalo del caso Millet ha salido a la luz pública. La concejal del distrito Itziar González dimitía hace poco ante las presiones a las que fue sometida por el responsable de urbanismo para tirar adelante el hotel, presiones que llegaron

a robos del disco duro del ordenador en su domicilio con datos que implicaban al equipo municipal, al que ahora se acusa de falsedad documental y prevaricación. El Ayuntamiento empeñado en explotar hasta el final el Modelo Barcelona, basado en el insostenible monocultivo del turista, no ha dudado en aplicar una política de expolio y mobbing en Ciutat Vella, un barrio popular con graves problemas de pobreza y exclusión social, expulsando a inquilinos de sus viviendas y convirtiendo el barrio en un parque temático, al servicio de los intereses especulativos de las inmobiliarias. La mayor parte de los hoteles recientemente construi-dos en Barcelona están situados en Ciutat Vella lo que ha supuesto un encarecimiento y degradación de sus condiciones de vida. La Federación de Asociaciones de Veci-nos de Barcelona ha tenido una actuación ejemplar presentando una acusación po-pular junto con 40 asociaciones contra Mi-llet, además de dos procesos contenciosos administrativos: uno contra la Autoridad Portuaria, por privatizar una zona pública, mediante la construcción del Hotel Vela, un megahotel de lujo de 88 m de altura, para el uso y disfrute de los cruceros que atracan en nuestra ciudad, y otro contra el Ayuntamien-to por haber modificado el PGM y conceder el permiso de construcción en una zona de playa, contraviniendo la Ley de Costas. En estos momentos, dos modelos de ciudad y dos tipos de intereses se oponen, con las instituciones y los corruptos al ser-vicio de las inmobiliarias por un lado, y las asociaciones ciudadanas en defensa de los vecinos, por el otro.

Cortometraje: “Celda 212”, Ciclo Millet i Montull. http://favb.cat/carrer117. ilustración: ricardo HErMida

Del oasis catalán a la trama corrupta de Ciutat VellaEcologistes en Acció de Barcelona

Seminario Internacional de Experiencias en Canales Cortos de Comercializacion

para la Agricultura Ecológica

Córdoba, 13 y 14 de noviembre de 2010. El Seminario pretende reunir a todas las personas implicadas en la construcción de modelos económicos alternativos al actual y que trabajan, o quieren trabajar, en el estableci-miento de otras relaciones agroalimentarias más justas y sostenibles.

ecologistasenaccion.org/spip.php?article17957

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Urgencia de continuar con el ladrillazoLa incapacidad del Gobierno valenciano para apartarse siquiera un milímetro del modelo económico que nos ha conducido a la actual crisis se constata cada día. Pero acaba de confirmarse con la aprobación de la Ley 12/2010 de “medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación del empleo”. En lugar de emprender una reforma en pro-fundidad del alambicado entramado legis-lativo del urbanismo valenciano, criticado por Bruselas y el Parlamento Europeo, y pendiente de una sentencia próxima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se procede a reformar puntualmente el mismo. Los cambios introducidos delatan la intención de perseverar en el modelo insostenible de ocupación del suelo. Se agilizan los trámites para la ocu-pación y “aprovechamiento urbanístico” del suelo no urbanizable, mediante el instrumento de la Declaración de Interés Comunitario, contemplando aun nuevos usos en ese suelo (estacionamiento de ve-hículos, y almacenamiento de maquinaria pesada y camiones). Se elimina el trámite del Concierto Previo en la tramitación de los Planes Ge-nerales y se vuelve más opaca su aproba-ción definitiva, al suspender la obligación que existía de su publicación en el Diario Oficial.

Pero la medida estrella es la suspensión provisional hasta finales de 2012 de la desclasificación de los suelos que fueron declarados urbanizables mediante un PAI que no se haya desarrollado en el plazo de 36 meses. Actualmente son muchos los PAI modificativos que se encuentran sin ejecutar debido a la quiebra de mu-chos promotores que no pueden cumplir con ese plazo. El Gobierno valenciano les asegura la nueva clasificación del suelo, aunque no ejecuten ese Programa en el plazo legal. Tampoco podemos dejar de lado la eliminación del límite máximo de edifica-bilidad que establecía la Ley Urbanística Valenciana de 2005 (100 viviendas por hectárea, cuando la LRAU de 1994 lo “limitaba” a 75 viv/ha, una densidad muy alta) y la derogación de la cuota a pagar de 6 euros/m2 de suelo que se declara urbanizable por encima del crecimiento “admisible” del 30% del suelo artificial en un nuevo Plan General. Para completar la “ruta” del Gobierno Valenciano no podemos de dejar de re-señar las amplias competencias que se le confiere a la empresa pública VAERSA para ejecutar proyectos en una gran variedad de campos (agua, bosques, espacios natu-rales, etc.) y especialmente para facilitar la construcción de incineradoras de RSU.

Propuesta inaceptableEcologistas en Acción ha tenido cono-cimiento de la propuesta de FIMBAS, S.A. de permutar el trazado del camino público que viene usurpando desde hace 36 años en la zona de Bastaras, por otro de nueva ejecución, fuera del vallado cinegético que gestiona. La organización ecologista considera esta propuesta como un auténtico despropósito, claramente inadmisible y hace un llamamiento a las administra-ciones para que no entren en el juego de la empresa, abandonando así la permisividad que han demostrado con anterioridad. FIMBAS S.A. es la propietaria del coto cinegético de Bastaras, conocida por los destrozos efectuados en esa zona del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, así como por la destrucción del patrimonio cultural, personalizado en el expolio del mayor yacimiento del neolítico de la Península Ibérica situado en la cueva de Chaves. Desde hace 36 años esta empresa viene usurpando importantes espacios públi-cos en pleno Parque Natural. Uno de los espacios usurpados es el camino público que une las pobla-ciones de Panzano y Used. Ecologistas en Acción ha tenido conocimiento de que la empresa ha propuesto al Ayuntamiento de Casbas de Huesca, propietario y responsable del camino, la permuta del mismo por otro a cons-truir fuera del vallado que rodea su finca. El ayuntamiento ha hecho llegar la propuesta al Gobierno de Aragón, lo que da a entender que la estarían estudiando. Ecologistas en Acción hace un lla-mamiento a las administraciones con competencias (Ayuntamiento de Cas-bas de Huesca, Patronato y Gerencia del Parque de Guara, Comarca de la Hoya de Huesca, Diputación provincial de Huesca y Gobierno de Aragón) para que desechen dicha propuesta y garan-ticen el uso público del camino por su trazado original. Así mismo deberían sancionar a la empresa mientras dure la usurpación. Por otro lado, según la propuesta, el nuevo camino sería realizado por la empresa. Sabiendo como ésta ha eje-cutado ingentes kilómetros de pistas forestales en la zona, sin autorización y sin la más mínima sensibilidad am-biental, significaría una nueva cicatriz en el paisaje en pleno Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara.

La ampliación del puerto de Gijón

La utilización de las escombreras de la Mina de La Camocha, para las obras del relleno de la ampliación del puerto de Gijón, fue una de las alternativas pre-sentadas en el proyecto de ampliación, donde se contemplaba la utilización de un millón de metros cúbicos aprovecha-bles como relleno, pero esta alternativa fue rechazada por el propio promotor, a favor de la realización de dragados en la bahía de Gijón, ya que, según la memoria resumen, del año 2005, esta alternativa supondría “transportar vía camión por dos posibles itinerarios atravesando barrios bastante poblados, lo que puede originar afecciones no deseables por accidentes, ruido, vibraciones, emisión de polvo e interferencias con el tráfico”. Para Ecoloxistes n’Aición, una vez más, la Autoridad Portuaria de Gijón, incumple las condiciones ambiéntales, las mismas que ella utilizó para justificar el dragado de bancos de arena, y que fueron recha-zadas en el proyecto presentado para la aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental.

Ecologistas en Acción de La Rioja cumple 30 años y para celebrarlo organiza numerosas actividades

que comenzarán en octubre. ¡No te lo pierdas!

www.ecologistasenaccion.org/larioja

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La refinería de CEPSA es un polvorínNavarra en continuo retroceso ambiental

El Gobierno Foral sorprende negativa-mente cada vez que habla o se refiere a medidas que tienen que ver con el Medio Ambiente. En este caso nos referimos al Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, aprobado inicialmente, en el que se apuesta por la incineración de los residuos con la instalación de una incineradora en la Zona Media. Este ejecutivo es capaz de arruinar en poco tiempo políticas acertadas que se vienen realizando en la Comunidad Foral y de las que somos o éramos re-ferentes. Sirva como ejemplo cuando toda la política energética basada en el desarrollo de renovables se finiquitó por el interés de este Gobierno en apo-yar a Iberdrola e Hidrocantábrico a ins-talar dos centrales térmicas en Castejón. En ese momento no se terminó solo con un Plan que evitaba las emisiones de CO2 en Navarra, sino que también fue el principio del fin de la apuesta pública por el sector de las renovables. La gestión de los residuos en Nava-rra ha servido de referente en muchos lugares, sobre todo cuando las expe-riencias de compostaje en algunas mancomunidades eran co-piadas por gestores de otros lugares del mundo. Si bien es cierto que con posterio-ridad se había abandona-do por métodos menos sostenibles como la bio-metanización, lo cierto es que nunca pensamos que se propondría la peor de las solucio-nes, la incineración de residuos. Ecologistas en Ac-ción de Navarra nos preguntamos si este Gobierno va a dejar que Navarra lidere alguna política sostenible y de futuro, ahora que se dice que la solución a la crisis está en la innovación, o su intención es que sea-mos una Comunidad mediocre al servicio de las tecnologías más ob-soletas y contaminan-tes del planeta y de los intereses económicos que las representan.

La apabullante lista de incidentes en la refinería de Cepsa, con tres incendios im-portantes en los últimos años y crónicos derrames de crudo en las labores de carga y descarga desde los buques que la abas-tecen, vienen dejando claro las “extremas condiciones de seguridad” de la que alar-dea esta empresa y la situación de riesgo evidente para la zona densamente poblada que rodea a estas instalaciones. El último incendio se salda, además, con la desgra-ciada pérdida de dos trabajadores. Hay que recordar, también, que esta refinería alberga una de las reservas estra-tégicas de crudo del país, todo ello en las cercanías de las instalaciones de Enagás, con una capacidad actual de medio millón de m3 de gas licuado, que añaden otro peligro de repercusión impredecible. Ante esta situación de peligro poten-cial, y gratuito para el resto de onubenses que no tienen vínculo comercial con estas empresas, la respuesta de las autoridades viene siendo repetitiva, crónica y compla-ciente con los intereses de estas empresas: los expedientes o investigaciones iniciados terminan olvidados en el tiempo, sin resul-tados conocidos o con sanciones irrisorias y siempre administrativas, sin depuración de posibles responsabilidades penales. A pesar de ello Ecologistas en Acción no cejará en su exigencia de que se investigue lo sucedido y que se depuren responsabili-dades.

Ecologistas en Acción considera que la situación de dependencia del factor suerte de este polvorín petroquímico, manejado por incompetentes y avalado por mayor-domos políticos, es inaceptable, y reafirma y justifica el aumento del rechazo social a empresas como éstas, sin escrúpulos so-ciales ni ambientales, así como a proyectos insensatos como el del oleoducto para el proyecto de Refinería en Extremadura.

Almaraz: licencia improcedente e innecesariaLa renovación de la licencia de explotación de la nuclear de Almaraz, por parte del Mi-nisterio de Industria, no responde a razones técnicas ni medioambientales. Solo existen razones económicas –para los titulares de la central– y cesión a las presiones del poderoso lobby nuclear. Los reactores I y II de Almaraz entraron en servicio en 1981 y 1983 respectivamen-te. Después de casi 30 años de funciona-miento, amortizada ya la inversión inicial, el millón de euros diarios que factura la central pesa lo suficiente para que el pro-nuclear ministro Sebastián no haya dudado en conceder 10 años más de licencia. En 2009 Almaraz sufrió dos paradas no programadas y dos bajadas de potencia superiores al 20%, así como siete sucesos notificables. El principal problema es el deterioro por corrosión de los generado-res de vapor, sustituídos ya en 1996. Todo ello no ha impedido una gran inversión en aumentar la potencia un 8%, ya aplicada en la unidad I y prevista para este año en

la unidad II. Este aumento de potencia ha provocado cuatro paradas no programadas del reactor en dos meses, si bien hasta el momento actual solo se ha alcanzado la potencia teórica durante algunos periodos más o menos prolongados. Por otro lado, no hay que olvidar que las nucleares producen toneladas de residuos radiactivos de alta actividad muy peligro-sos para los que no hay solución. Por si fuera poco, el mayor problema para la penetración en la red eléctrica de las energías renovables, especialmente la eólica, es precisamente la nula flexibilidad de las nucleares en la regulación de la po-tencia que vierten en la red. Por esta razón, en las horas valle de mínimo consumo de electricidad, ha sido necesario parar los aerogeneradores en trece ocasiones en lo que va de año. Por todo ello, parece evidente que no es apropiado ni necesario renovar la licencia de las centrales nucleares, y mucho menos hacerlo por diez años.

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Luces y sombras de la lucha contra

los incendios forestales

El informe “Luces y sombras de la lucha contra los incendios forestales”, presentado por Ecologistas en Acción, muestra como en los últimos diez años las administra-ciones competentes no han adoptado las medidas necesarias para reducir el número y gravedad de los incendios forestale. Por lo que Ecologistas en Acción reclama que se priorice la prevención para reducir el número de conatos e incendios y reducir las causas de los mismos. Las principales conclusiones de este informe muestran claramente cuáles han sido los principales errores o carencias de las Administraciones, especialmente las Comunidades Autónomas (CC AA), en la lucha contra el fuego: Las administraciones han primado la inversión en medios de extinción en de-trimento de la prevención, logrando una mayor efectividad en la extinción de los incendios pero favoreciendo que el nú-mero de conatos e incendios no se haya reducido ostensiblemente. Además, pese al aumento de los medios de extinción, éstos encuentran grandísimas dificultades a la hora de extinguir los grandes incen-dios cuando coinciden con circunstancias climatológicas muy desfavorables, tanto por la incidencia y permanencia de tempe-raturas muy elevadas, como por la escasa humedad acumulada del suelo y de parte de la vegetación. En los próximos años esta situación se agravará con los efectos, ya evidentes, del cambio climático, por lo que es imprescindible priorizar la preven-ción, especialmente reduciendo al mínimo las causas responsables de los incendios forestales Las CC AA no han realizado los necesa-rios esfuerzos para minimizar las principales causas de los incendios. Pese a que desde 2005, tras el gran incendio de Guadalajara, se ha incrementado la regulación del uso del fuego en el medio natural, las CC AA no han logrado impedir que se siga utili-zando el fuego con fines agrarios (quemas de rastrojos, quemas para la obtención de pastos…) durante los meses de máximo riesgo. En la última década se ha comprobado que algunas actuaciones de las adminis-traciones han favorecido un aumento en el riesgo de los incendios forestales por la falta de planificación y gestión forestal y la realización de repoblaciones o plantaciones con especies que favorecen los incendios, además de un desarrollo urbanístico en zo-

Asamblea federal en Canarias

Los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2010 se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria la Asamblea Federal de Ben Magec-Ecologistas en Acción. La Federación agrupa más de una vein-tena de colectivos ecologistas de las diferentes islas del archipiélago. La asamblea, como órgano máxi-mo para la toma de decisiones, ten-drá como objetivo principal definir cuáles serán las líneas estratégicas de la Federación para el próximo periodo. Servirá también para hacer un re-paso por las dis-tintas acciones y campañas que se han pues-to en marcha en el último año, tanto a nivel federal como por cada colecti-vo. En la asamblea se elegirá a la Coordinadora Federal, órgano de representación de la Federación, y a los representantes del próximo Con-sejo Federal, órgano que se reúne para la coordinación de los diferentes colectivos que conforman la Fede-ración y para la toma de decisiones comunes. En 2011 se cumplen veinte años del nacimiento de la Federación, que se constituyó en el año 1991 en La Palma. La asamblea servirá como punto de inicio para la conmemora-ción de esa unión entre gran parte del movimiento ecologista canario, que se ha mantenido viva durante dos décadas y que pese a innumera-bles cambios no ha cesado su activi-dad de defensa de la naturaleza en este tiempo. La asamblea pretende ser un lugar no sólo de decisión, sino también de reflexión, debate y encuentro para los socios de todo el archipiélago. Comenzará el viernes por la tarde y concluirá el domingo por la mañana con una actividad lúdica. Desde aquí queremos invitar a todos los socios y colectivos federa-dos, así como a otros ciudadanos y colectivos simpatizantes, a participar en esta asamblea, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

ecologistasenaccion.org/canarias

Asamblea Confederal de Ecologistas

en AcciónCádiz, 4 al 6 de diciembre de 2010

Junto al Parque Natural de la Bahía

ecologistasenaccion.org/spip.php?article 18411

nas forestales, que incrementa el riesgo de incendios forestales, y supone un elemento de distracción notable para los medios de extinción que se ven obligados a proteger dichas construcciones en detrimento del objetivo de controlar el incendio. Pese a los avances realizados, no se ha acabado con la impunidad de los incendia-rios, siendo imprescindible que se intensi-fiquen los esfuerzos y se incrementen los recursos en la investigación de todos los incendios y la persecución de los incen-diarios, reforzando a las fiscalías, así como al Seprona y a los agentes forestales, sin olvidar que los jueces tengan una mayor formación en incendios forestales. Tras analizar la lucha contra los incen-dios forestales en la última década, Eco-logistas en Acción considera urgente que todas las administraciones asuman como prioridad la reducción del número de co-natos e incendios y que adopten medidas extraordinarias para acabar con las princi-pales causas de los incendios forestales.

ecologistasenaccion.org/spip.php?article 18113

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El 3 de agosto se firmó en Quito el fideicomiso Fondo Yasuni ITT, entre el Gobierno del Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata del instru-mento financiero necesario para conseguir a partir de este momento los fondos con los que poner en mar-cha la iniciativa Yasuni ITT, que plantea mantener en el subsuelo indefinidamente el crudo del campo ITT (situado en la amazonía ecuatoriana), a cambio de que el Estado ecuatoriano reciba una com-

pensación internacional equivalente al 50%

de los beneficios

que generaría su explotación.

Esta iniciativa rompe con el modelo extracti-

vista, que tanta destrucción ha generado, al priorizar la conservación de un lugar de gran importancia ecológica. Además, plantea una innova-dora contribución a la lucha frente al cambio climático y al desarrollo de modelos de

desarrollo post-petroleros. Tras las dudas generadas a principios de 2010 por el presidente Correa sobre la continuidad de la iniciativa, debemos celebrar la firma del fideicomiso. No obstante, todavía hay serios peligros de que la iniciativa no llegue a buen puerto o consiga sus objetivos iniciales. En primer lugar, los países industria-lizados deben, por corres-ponsabilidad, comprome-terse y aportar los recursos necesarios para la iniciativa, minúscula en comparación con la ingente deuda eco-lógica y social contraída con las sociedades no indus-trializadas. Pero no puede valer cualquier tipo de con-tribución, como canjear los fondos por deuda externa (en muchos casos ilegítima, como demostró la Auditoría Integral de la Deuda Ecuato-riana realizada en 2007), ni anteponer la ayuda a la firma de medidas de liberalización comercial, o a la inclusión de la iniciativa en los mercados de carbono. En segundo lugar, el Go-bierno ecuatoriano debe lanzar señales firmes de su compromiso de no explotar el crudo del ITT (incluso si no se consiguieran las con-tribuciones inicialmente de-mandadas). Sería también deseable terminar progresi-vamente con la explotación petrolera en otras zonas de la amazonía igualmente valio-sas, así como dar carpetazo a megaproyectos extractivis-tas tan alejados del modelo de desarrollo post-petrolero que la iniciativa ITT Yasuní puede ayudar a impulsar. La iniciativa Yasuní ITT es ya un referente para otras comunidades en el planeta, algunas de las cuales están iniciando la lucha para apli-car esquemas parecidos en otras regiones amazónicas, en el Delta del Níger o en la guatemalteca Laguna del Tigre.

Firma del Fondo Yasuni ITT Se reabre el caso de Bhopal

El Tribunal Supremo ha reabier-to el caso de Bhopal tras una petición del Gobierno de India de condenas más fuertes por la catástrofe industrial más grave de la historia. En 1984, un es-cape de gas de una planta de pesticidas de la estadouniden-se Union Carbide en Bhopal, una ciudad del centro de India, dejó al menos 15.000 muertos, según las conservadoras cifras oficiales. Otros cálculos esti-man que hubo 25.000 víctimas y unos 100.000 afectados con secuelas permanentes. En junio se condenó a ocho de los empleados indios por negligencia y se les impuso dos años de prisión y una multa de unos 1.600 euros. Sin embargo, inmediatamente después se les dejó libres bajo fianza. A la empresa se le impuso una multa de unos 8.800 euros. La sentencia fue califica-da como una burla y forzó al Gobierno a pedir al Tribunal condenas más duras y a con-ceder una nueva compensa-ción económica de unos 118

millones de euros a repartir entre solo 45.000 afectados. Los activistas lo consideraron insuficiente y han pedido que se revise también esta indem-nización y que se dé a todos los afectados y no solo al 7% de ellos.

Alerta sobre frecuencia de fenómenos extremosLa Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha alertado so-bre la frecuencia sin preceden-tes de fenómenos extremos en varias regiones del mundo: llu-vias torrenciales, inundaciones, olas de calor, sequías... La OMM indicó que si bien se requiere más tiempo para establecer si estos eventos son consecuencia del cam-bio climático, la secuencia y características coinciden con las estimaciones hechas en 2007 por el Grupo Interguber-namental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). El organismo destacó las graves inundaciones sufri-das por Pakistán, así como en China, que afronta los peores

5 años después del Katrina

Aquel 29 de agosto de 2005, el agua subió hasta los 3,6 metros y 1.800 personas mu-rieron ahogadas. El resto, se encaramó donde pudo. A la semana, empezaron las eva-cuaciones. Más de un millón de personas fueron desplazas a diversos Estados. Han pasa-do cinco años y uno de cada

cuatro habitantes de Nueva Orleáns no ha regresado. Cinco años después, en la zona devastada, una de cada tres casas sigue en ruinas. La re-construcción se dejó en manos privadas y los constructores recibieron dinero público para hacer viviendas que la mayoría no se puede permitir.

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desbordamientos de ríos en décadas. También se destacó la ola de calor que atraviesa Rusia, la más intensa en 130 años de registros, ya que se superaron los promedios casi 8°C. El 29 de julio, Moscú alcanzó el récord histórico de 38,2ºC. La tempe-ratura promedio para la época es de 23°C.

Decenio contra la DesertificaciónLa ONU ha presentado el De-cenio para los Desiertos y la Lucha contra la Desertifica-ción, en Fortaleza, al nordeste de Brasil. La iniciativa busca incrementar la conciencia, y las acciones de protección y mejora de la administración de las tierras secas. El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que las zonas áridas son el hogar de una tercera parte de la población mundial, la cual afronta graves amenazas económicas y ambientales. La desertificación afecta a más de 3,5 millones de hectá-reas, que representan el 25% de la superficie terrestre. La degra-dación del suelo amenaza el sus-tento de más de mil millones de personas en unos 100 países. La degradación continua del suelo, a causa del cambio climático, la explotación agrí-cola desenfrenada, y el mal uso del agua, es una amenaza a la seguridad alimentaria y puede llevar a la inanición de las comunidades afectadas, además de causar la degrada-ción del suelo productivo.

Activistas COP-15 en libertadLa Fiscalía danesa ha sufrido una nueva derrota después de que el Tribunal absolviera a una activista australiana y a un estadounidense, acusados de planear acciones violentas durante la Cumbre del Clima COP-15 en Copenhague en diciembre pasado. Para el juez, las pruebas no eran suficien-tes para justificar las acusa-ciones, por lo que decretó su libertad.

Matanzas de cetáceos en las Islas Feroe

En las Islas Feroe, Región Au-tónoma de Dinamarca, su Ad-ministración continúa come-tiendo masacres de diferentes especies de delfines, mayori-tariamente calderones, ante un Gobierno danés pasivo y una comunidad internacional que asiste estupefacta a esta horrible situación. Cada año se cazan, de me-dia, un millar de calderones, aunque entre junio y julio ya han sido más de 600 ejem-plares, en las ciudades de Sandageroi, Klaksvik, Hús-avik y Vestmanna. No solo matan animales de esta es-pecie, sino que también dan muerte a otras especies de delfines, como el mular y la marsopa. La irresponsabilidad del Gobierno de las Islas Feroe no queda solo en que contraviene la normativa internacional y que su actividad no está re-gulada por ningún organismo internacional, sino que está perjudicando seriamente la sa-lud de los ciudadanos, pues di-ferentes informes han alertado de la alta toxicidad de la carne y grasa de los calderones. Ecologistas en Acción ha pedido que se acabe con las continúas matanzas de cetá-ceos en las Islas Feroe.

UE: Prohibición del comercio de derivados de las focas

Fruto de una iniciativa ciudada-na, en 2006, luego respaldada por el Parlamento Europeo, la UE acaba de prohibir el comer-cio de los productos derivados de las focas, salvo los que pro-vengan de la caza tradicional de supervivencia que practi-ca la comunidad esquimal o de las capturas previstas para mantener el equilibrio. La medida impedirá la co-mercialización de productos como carne, aceite, grasa, ór-ganos y pieles, así como de compuestos farmacéuticos sin receta (Omega 3). La pro-hibición cubre también las importaciones, salvo cuando éstas tengan una naturaleza ocasional y se refieran a bienes personales de viajeros. El Fondo Internacio-nal para el Bienestar Animal (IFAW) calificó la medida de “una victoria sig-nificativa para terminar con la caza de focas con fines comer-ciales”. Actualmente, la mayor parte de los productos derivados de la foca que se encuentran en Europa proceden de Canadá, Groenlandia, Rusia, Namibia o Noruega. En la UE Finlandia, Suecia y Reino Unido, tam-bién cazan focas.

Una plaga invade el Atlántico occidental

El pez león (Pterois volitans, P. miles), es característico de las aguas de los océanos Índico y Pacífico. La vistosidad de la es-pecie ha resultado muy atrac-tiva para la acuariofilia, que ha incentivado su comercio internacional. A consecuencia de ello, ha sido introducido posiblemente de forma acci-dental en las aguas del Atlán-tico occidental y se ha con-vertido en una plaga, ya que representa una seria amenaza para la fauna local y un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas marinos de la región. Por otra parte, sus espinas venenosas ha-cen que sea una especie peligrosa desde el punto de vista de la salud públi-ca, por las lesiones que puede causar al bañista o

pescador.

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18 Ecologista, nº 66, otoño 201018

Una lección de los riesgos de intentar incrementar la oferta de petróleo a toda costa

El vertido del Golfo de MéxicoManuel Ruiz Pérez, Emilio Menéndez Pérez, Luis Rico García-Amado

Este artículo aborda cuatro aspectos esenciales de lo ocurrido en el Golfo de México, tras el enorme vertido de crudo provocado por el accidente de la plataforma petrolífera de BP (British Petroleum): la estimación del vertido y la magnitud catástrofe ambiental; los riesgos derivados de los sistemas tecnológicos complejos; la estrecha y frecuentemente opaca relación entre economía, política y petróleo; y la necesidad de enmarcar este gravísimo accidente en el modelo energético global.

M. Ruiz Pérez, E. Menéndez Pérez, L. Rico García-Amado, Departamento de Ecología,

Universidad Autónoma de Madrid

En la plataforma de perforación Deepwater Horizon la jornada del martes 20 de abril de 2010 no podía ser más prometedora: cuatro directivos de BP despla-

zados en helicóptero felicitaban por la mañana a los trabajadores por los logros conseguidos y por las buenas medidas de seguridad empleadas, llegando a prometer una bonificación por adelanto sobre los planes previstos [1]. Al caer la noche, una plataforma en llamas y herida de muerte anunciaba una de las peores catástrofes de la historia de EE UU y de la propia industria petrolera, el inicio del descrédito (y posiblemente la ruina) de uno de los gigantes del petróleo, la pesadilla para cientos de miles de trabajadores de la zona litoral estadounidense del Golfo de México, y la peor crisis sufrida hasta la fecha por el gobierno de Obama. Dejaba además un rastro de 11 muertos, a los que se han sumado otros fallecidos en tareas de limpieza y control en los tres meses transcurridos [2]. Algunos hechos clave asociados a este dramático cambio de fortuna –que hacen honor al nombre de Macondo Prospect

del campo petrolífero donde acontecie-ron– son conocidos: perforación iniciada en febrero sobre una columna de 1.500 m de agua de un pozo que estaba previsto alcanzase más de 5 km de profundidad antes de ser sellado y dejado listo para su posterior explotación. Irrupción repentina de una burbuja de barro y metano que explosiona probablemente al entrar en contacto con algún foco de calor en la propia plataforma, seguido por otra serie de explosiones. Incendio de la misma, que hace que se rompa el sistema de perfora-ción con fallo simultáneo de las diversas medidas de seguridad previstas para cortar el flujo de hidrocarburos en este tipo de accidentes, incluida la famosa válvula de prevención de explosiones. Hundimiento de la plataforma día y medio después. Emi-sión masiva de petróleo y gas. Diferentes intentos frustrados de controlar el vertido, hasta finalmente conseguir que una parte de flujo sea reconducido a contenedores gigantes o quemado. Diversas medidas de contención del daño ambiental, desde el polémico uso de dispersantes (que pue-den generar problemas aún mayores) [3] hasta la recogida y quema en superficie, establecimiento de boyas flotantes y otras barreras para limitar la expansión en ma-rismas, playas y otras zonas costeras de alto valor ambiental. Demanda a BP para hacer

frente a la responsabilidad civil y correc-ción del daño, obligando a esta empresa a depositar 20.000 millones de dólares. Caída en picado de sus cotizaciones en bolsa y de su imagen corporativa… En este artículo queremos centrar la atención sobre cuatro aspectos esenciales de lo ocurrido: la estimación del vertido y la magnitud catástrofe ambiental; los ries-gos derivados de los sistemas tecnológicos complejos; la estrecha y frecuentemente opaca relación entre economía, política y petróleo; y la necesidad de enmarcar este gravísimo accidente en el modelo energético global. No obstante, antes de entrar a ello queremos recordar que exis-ten problemas crónicos con magnitudes acumuladas de vertidos equivalentes, que afectan a millones de personas y a ecosistemas de alto valor como ocurre en el Delta del Níger [4] y que suelen pasar desapercibidos para los medios de comu-nicación.

¿Cuánto se ha vertido y qué efectos puede tener? La estimación del vertido es relevante tanto para evaluar el posible daño como para establecer el importe de las compen-saciones. Las primeras estimaciones ofre-cidas por BP situaban el vertido en unos 1.000 barriles diarios (1 barril = 155 litros)

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aunque el Gobierno de EE UU hablaba de la posibilidad de hasta 5.000 barriles. Los científicos y grupos ecologistas solicitaron insistentemente la colocación de cámaras y aparatos de medida del flujo del verti-do, lo que BP rechazó durante semanas alegando que eso no era prioritario y que obstaculizaría las labores de control del pozo. El tamaño del vertido que afloraba a superficie hacía pensar en volúmenes significativamente mayores. La presión de la opinión pública y del Gobierno forzó la instalación de cámaras y medidores que facilitaron las primeras estimaciones fiables, subiendo éstas a 15.000 barriles-día, luego a 20.000, y tras el seccionado de la tubería de perforación para facilitar la colocación de la campana extractora, a más de 30.000 barriles-día. Las últimas estimaciones sitúan el vertido en un rango entre los 40.000 y 60.000 barriles-día, lo que supone a fecha actual (15 julio 2010) al menos 2 millones de barriles de crudo y una cantidad desconocida pero muy importante de gas. Esto supera con creces el vertido del Exxon Valdez, y se aproxima al mayor vertido de petróleo de EE UU (el Lakeview Gusher, que fluyó durante 18 meses entre 1910 y 1911), y al vertido del pozo Ixtoc I en la Bahía de Campe-che (México) en 1979 que estuvo activo durante 9 meses [5]. A finales de junio la mancha de pe-tróleo había afectado al menos a 75.000 km2 (una superficie próxima a la de toda Andalucía), habiendo alcanzado las cos-tas de Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida. Numerosos ecosistemas litorales (playas, marismas del delta del Mississippi, ensenadas) han sido afectados con diversa intensidad. Aunque la prensa ha centrado su atención en el efecto sobre especies em-blemáticas y en riesgo de extinción como el tiburón ballena, pelícanos y tortugas marinas, en realidad todas las especies han sido afectadas en mayor o menor medida, lo que ha contribuido al cierre de actividades económicas como pesca, turismo y marisqueo.

Dos efectos menos visibles pero no por ello menos peligrosos son la presencia de enormes plumas de petróleo pesado que se mantienen en pro-fundidad y la emisión de importantes cantidades de metano (estimadas en unos 80 m3 de gas por cada barril de pe-tróleo) que amenazan con producir condiciones de anoxia y derrumbe de los ecosistemas afectados [6]. Además, la exposición por largos períodos a los hidrocarburos puede generar genotoxicidad y diversas enfermedades en animales y personas como se ha demostra-do con el seguimiento de los efectos del Prestige en las costas gallegas [7], habien-do hecho saltar la alarma sobre posibles incidencias toxicológicas entre los miles de personas que trabajan en labores de limpieza y contención [8]. La dimensión final del desastre ecológico es aún desco-nocida, pero ya se ha anunciado que se han rebasado barreras anteriores y que el vertido marcará nuevos estándares para hacer frente a este tipo de catástrofes [9].

Riesgos de los sistemas tecnológicos complejosTras varias semanas de silencio que rayaba en la complicidad, los directivos de las grandes empresas petroleras aprovecharon su declaración ante el Congreso de EE UU para acusar a BP de prácticas deficientes, insistiendo que una situación de ese tipo no se habría producido en sus instala-ciones [10]. A continuación, Anadarko Petroleum, socio de BP en la exploración y explotación del yacimiento, acusó a ésta de malas prácticas y graves defectos en el modo como se había hecho la perforación [11]. ¿Estamos ante un accidente fortuito resultado de la mala planificación del tra-bajo (y por tanto evitable) como sugieren

las empresas del sector?; ¿Quieren aprovecharse estas compañías de la si-

tuación de BP para eludir sus propias responsabilidades

(Anadarko) o para captu-rar cuotas de mercado (otras grandes petrole-

ras)? Probablemente se trate de una combina-ción de ambos factores. Las malas prácticas y

el relajo de las medidas de prevención de riesgos

las discutiremos en el siguien-te apartado. Aquí queremos

centrarnos en la supuesta capacidad de evitar estas situaciones si se hubiesen tomado las medidas adecuadas. En un trabajo publicado en 1996 con motivo del décimo aniversario del acciden-te del trasbordador espacial Challenger, Malcom Gladwell sintetizaba diversos estudios indicando la inevitabilidad de este tipo de accidentes en condiciones en que concurren una alta complejidad tecnológica y una cultura de evaluación de accidentes normales (entendidos como ac-cidentes que pueden ocurrir y cuyas con-secuencias son manejables). Los llamados errores humanos ocurren en condiciones normales de operación y deben formar parte del análisis de riesgos y las medidas para evitarlos [12]. En este sentido, la teoría de la homeostasis del riesgo planteada por el psicólogo canadiense Gerald Wilde mantiene que las ganancias experimen-tadas por los avances tecnológicos para reducir posibles problemas y accidentes son consumidos por la capacidad humana de aceptar riesgos mayores. Sería algo así como la paradoja de Jevons aplicada al análisis de riesgos. En otras palabras, nos sentimos más seguros, nos atrevemos a ir más allá, y la combinación de ambos mantiene un perfil de riesgo parecido, aun-que con accidentes de incidencia mucho mayor. Aunque se discute sobre lo generali-

1. Explosión de la plataforma Deepwater Horizon.2. El republicano Joe Barton pidió disculpas al director ejecutivo de BP porque el Gobierno estadounidense exigió a su empresa el depósito de 20.000 millones de dólares.3. Imagen submarina, del 20 de mayo, de la tubería vertiendo.

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20 Ecologista, nº 66, otoño 2010

zable de esta teoría, lo cierto es que las modernas tecnologías dan una sensación de inmunidad que hace que forcemos con frecuencia las condiciones hasta límites para los que no tenemos capacidad de res-puesta. El título Cracking Environmental Codes (Rompiendo los códigos ambien-tales) de un numero reciente de la revista Norwegian Continental Shelf, exponente del sector petrolero noruego líder en ex-plotaciones marinas, es un buen ejemplo de esta carrera entre avance tecnológico y forzado de los límites. Eso es precisamente lo que ha pasado en este caso: plataformas perforadoras más potentes y perfecciona-das que permiten taladrar fondos marinos a más de 2.000 metros de profundidad para hacer perforaciones de la corteza terrestre de varios kilómetros. Los avances tecnológicos (trépanos de gran potencia perforadora engrasados con arcillas natura-les o sintéticas, guiado de gran precisión, detector temprano de fugas, válvula para prevenir explosiones…) nos hacen creer capaces de eliminar los problemas para, una vez que estos llegan, darnos cuenta que no tenemos capacidad de respuesta ante ellos. Complejidad e incertidumbre van frecuentemente asociadas. Como recordaba Gladwell: “Hemos construido un mundo en el que el potencial de ca-tástrofes de alta tecnología forma parte de nuestro día a día” [12]. Michael Klare [13] ha advertido de los riesgos tecnológicos y geopolíticos de la búsqueda insaciable de nuevas fronteras para la explotación de recursos energéticos, con escenarios tan o más virulentos e in-controlables como el del vertido del Golfo de México. Y el problema es que las ex-pectativas para poder mantener y ampliar la oferta actual de crudo descansan en los hidrocarburos convencionales (por lo gene-ral con elevados costes ambientales) o en explotaciones de aguas superprofundas o de condiciones ambientales extremas, con los consiguientes riesgos de repetir acciden-

tes como el de la Deepwater Horizon.

Colusión de intereses económicos y políticosAdemás de ingentes cantidades de petró-leo y gas, el accidente ha hecho aflorar dos de las grandes tendencias de esta oleada de neoliberalismo: la desregulación y búsqueda de soluciones imaginativas para facilitar la acumulación de beneficios, y la colusión entre intereses políticos y económicos. BP, como concesionaria de la explotación del yacimiento petrolífero, ha sufrido fuertes pérdidas económicas y de imagen, así como la presión mediática y judicial (con la consiguiente irritación de los británicos, donde tiene la sede la antigua British Petroleum). Sin embargo, otras tres grandes empresas están im-plicadas en el accidente. Transocean, la propietaria de la plataforma hundida, es la mayor compañía de perforación marina. Su expansión fulgurante en los últimos 15 años se inicia con la adquisición en 1996 por parte de la tejana Sonat de Transo-cean ASA, la empresa noruega líder del sector. La nueva Transocean ha utilizado las clásicas prácticas de registro de sus barcos (las plataformas de perforación son consideradas como tales) en pabellones de conveniencia, habiendo pasado por los paraísos fiscales de las Islas Marshall, las Islas Caimán, para recalar desde 2009 en Suiza, aunque su principal sede de operaciones y la mayor base de empleados está en Texas [14]. Halliburton, una de las grandes em-presas de servicios al sector de hidrocar-buros de la que fuera directivo el anterior vicepresidente de EE UU, Cheney, era la responsable del proceso de cimentación y cierre de la perforación. De hecho, diver-sas evidencias apuntan a que un fallo en este proceso pudo haber sido el desenca-denante de la fuga y posterior explosión. Por último, Cameron International, otra compañía estadounidense, era la sumi-

nistradora de la válvula de prevención de explosiones, supuesta última medida para evitar la fuga y cuyo fallo (aún inexplicado) abrió la puerta al vertido. Más allá de las pugnas legales para dirimir responsabilidades y repartir las compensaciones y costes de restaura-ción, la tendencia a la especialización y subcontratación es el resultado de la fuerte expansión de las actividades de perforación marina desde inicios de esta década, atraídas por una demanda y precios crecientes de los hidrocarburos. Esto se ha visto impulsado por políticas de apoyo al sector petrolero, como la exención fiscal para las exploraciones de nuevos yacimientos aprobadas por Bush en 2005 (a pesar de los ingentes beneficios que estas compañías estaban obteniendo). En este período han proliferado diversas formas de subcontratación (incluidas aque-llas que se dan entre filiales de la misma compañía matriz), habiéndose facilitado la utilización exhaustiva de las cada vez más insuficientes plataformas perforadoras [15] y habiendo traído también como con-secuencia una mayor dilución del riesgo entre las numerosas empresas implicadas. La presión por reducir costes terminando incluso antes del plazo previsto para mover la plataforma a su nuevo emplazamiento (y arrendatario) se ha apuntado también como posible contribución al problema. El reparto de costes, beneficios y riesgos se estipula mediante cláusulas específicas cuyos detalles en este caso desconocemos, pero que sin duda darán lugar a una ba-talla legal para minimizar la contribución al fondo de compensación de decenas de miles de millones de dólares. Tras un primer período de inacción, el Gobierno de EE UU ha tratado de tomar cuatro tipos de medidas (más allá de las apariciones mediáticas y el lógico estable-cimiento de comisiones de investigación para esclarecer los hechos) para hacer frente a este problema. Algunas de estas

1. El pelícano pardo ha sido una de las especies más afectadas por el vertido.2. Tortuga en una mancha de petróleo.3. Acción de protesta contra los vertidos. Foto: grEEnPEacE-FrasEr nEwMan.1

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medidas han arrojado luz también sobre la colusión de intereses (que a veces cae directamente en la corrupción) de este poderoso sector industrial. La esperable prioridad a la recuperación, control y even-tual sellado del vertido ha sido precedida por una revisión de procedimientos, inclu-yendo una mirada cercana al Servicio de Gestión de Minerales, cuya doble labor de contraparte de las empresas petroleras y a la vez responsable del control ambiental y de seguridad había despertado sospechas de corrupción y pago de favores [16]. La dirección ha sido destituida y el servicio di-vidido en dos unidades con separación de responsabilidades de autorización-gestión compartida frente a control de riesgos y procedimientos. La suspensión cautelar de este tipo de exploraciones por seis meses, a la espera de conocer los resultados de las comisiones de investigación, ha generado la protesta de la industria petrolera (y de un sector del partido republicano) y la presentación de un recurso legal que, tras pasar por un juez de distrito (con inversio-nes financieras en la industria petrolera), fue finalmente aceptado por un tribunal federal de apelación constituido por tres jueces, dos de los cuales habían servido en épocas anteriores como asesores jurídicos y defensores de la industria petrolera [17]. En el momento de escribir este texto, el Secretario de Interior Ken Salazar ha vuel-to a presentar una nueva normativa para intentar conseguir la suspensión cautelar de nuevas exploraciones. La evidencia de la magnitud del de-sastre empujó el pasado mes de junio al presidente Obama a exigir a BP la paralización de su prevista distribución de dividendos y la constitución de un depósi-to cautelar de 20.000 millones de dólares para hacer frente a los daños. Esta medida fue duramente criticada por una parte de los medios y políticos conservadores, uno de los cuales, Joe Barton, republicano del estado petrolero por excelencia (Texas) y vicepresidente de la Comisión de Energía

y Comercio, llegó a pedir disculpas a Ha-yward, director ejecutivo de BP, por lo que él consideraba como una extorsión. Barton fue posteriormente desautorizado por su partido y se disculpó por lo dicho, aunque sus relaciones con el sector petrolero, uno de los principales financiadores de sus campañas electorales [18], han hecho correr ríos de tinta. Por último, la administración Obama parece haber entendido que el desastre del Golfo de México puede ser una opor-tunidad para impulsar un nuevo modelo energético menos dependiente de los hidrocarburos y que se apoye más en las energías renovables. Aunque tenemos dudas sobre la capacidad (e incluso de hasta dónde quiere avanzar) para llevar a cabo este cambio, dicha actitud nos permite introducir el último apartado de este artículo.

El futuro energético: ¿huída hacia adelante o cambio de modelo?Es evidente que la presión por extender la extracción de hidrocarburos a los confines anteriormente no explotados del planeta es una respuesta a un modelo de consumo basado en dos premisas cuestionables: que la demanda va a seguir creciendo ilimita-damente y que la oferta va ser capaz de satisfacerla. La idea de desarrollar fuentes no convencionales de hidrocarburos [19] forma parte de esta estrategia, que va asociada a un encarecimiento, mayor impacto ambiental y crecientes riesgos e incertidumbres. A su vez, la catástrofe del Golfo de México está sirviendo para cuestionar dicho modelo energético, como reconoció expresamente el presidente Obama: “Creo que este desastre va a cambiar nuestro modo de pensar sobre el medio ambiente y la energía a largo plazo” [20]. A pesar de los esfuerzos por parte del lobby petrolero para contener daños y pérdida de imagen, esta crisis puede de hecho suponer una contribución significativa hacia el necesario cambio de modelo energético.

Notas y referencias:1 Urbina I y Gillis J. 2010. Workers on Oil Rig Recall a

Terrible Night of Blasts. The New York Times, 7-5-2010.2 Este artículo se terminó de escribir el 15 de

julio, justo cuando se inició el penúltimo intento de sellado del pozo, que más tarde volvió a sufrir fugas, por lo que hubo que esperar a otra operación a principios de agosto con la que, finalmente, parece que se ha conseguido detener el vertido [Nota de la redacción].

3 Mascarelli A. 2010b. Debate grows over impact of dispersed oil. NatureNews - Published online 10 July 2010, Nature, doi:10.1038/news.2010.347.

4 PNUD. 2006. Niger Delta Human Development Report.5 Cleveland CJ. 2010. Deepwater Horizon oil spill.

Encyclopedia of Earth. http://www.eoearth.org/article/Deepwater_Horizon_oil_spill

6 - Brown M y Plushnick-Masti R. 2010. Vast Amounts of Methane in Gulf Spill Pose Threat. Associated Press, 18-6-2010.

- Valentine D. 2010. Measure methane to quantify the oil spill. Nature 465: 421.

7 - Laffon B, Rebeca Fraga-Iriso, R Pérez-Cadahía B, Méndez J. 2010. Genotoxicity associated to exposure to Prestige oil during autopsies and cleaning of oil-contaminated birds. Food and Chemical Toxicology 44: 1714–1723.

- Aguilera F, Méndez J, Pásaro E, Laffon B. 2010. Review on the effects of exposure to spilled oils on human health. Journal of Applied Toxicology, 30(4):291-301.

8 Mascarelli A. 2010a. Scientists call for more research to monitor effects of oil exposure. NatureNews - Published online 24 June 2010, Nature, doi:10.1038/news.2010.316.

9 Kerr R,Kintisch E, Stokstad E. 2010. Will Deepwater Horizon Set a New Standard for Catastrophe? Science 238: 674-675.

10 Broder JM (b). 2010. Oil Executives Break Ranks in Testimony. The New York Times, 15-6-2010.

11 Krauss, C. 2010. Partner Accuses BP of Recklessness. The New York Times, 18-6-2010.

12 Gladwell M. 1996. Blowup. The New Yorker, 22-1-1996.13 Klare M. 2010. The Coming Era of Energy

Disasters. Tomdispatch, 22-1-2010. http://www.tomdispatch.com/post/175264/tomgram%3A_michael_klare%2C_the_coming_era_of_energy_disasters/#more

14 - Meier H. 2010. Owner of Exploded Rig Is Known for Testing Rules. The New York Times, 7-7-2010.

- Sharife K. 2010. Comme BP se joue de la loi. Le Monde Diplomatique, julio 2010.

15 Osmundsen P, Sørenes T, Toft A. 2010. Offshore oil service contracts new incentive schemes to promote drilling efficiency. Journal of Petroleum Science and Engineering 72: 220–228. Es interesante constatar cómo los autores de este artículo, aceptado para su publicación tres semanas antes del accidente, se centran en los aspectos legales y económicos, sin hacer mención a los posibles riesgos ambientales.

16 Broder JM (a). 2010. U.S. to Split Up Agency Policing the Oil Industry. The New York Times, 11-5-2010.

17 Alliance for Justice. 2010. Judicial Gusher: the Fifth Circuit’s Ties to Oil. http://www.afj.org

18 Center for Responsive Politics. 2010. House Energy and Commerce Committee111th Congress (2010 cycle): Overview. http://www.opensecrets.org/cmteprofiles/overview.php?cmteid=H07&cmte=HENE&congno=111&chamber=H

19 Ver artículo de Emilio Menéndez “¿Podemos consumir más petróleo?” en página 22 de esta misma revista.

20 Político.com. 2010. Obama: Gulf spill ‘echoes 9/11’. 13-6-2010. http://www.politico.com/news/stories/0610/38468.html3

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22 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Un repaso a las fuentes de combustibles líquidos y a sus riesgos y limitaciones

¿Podemos consumir más petróleo?Emilio Menéndez Pérez

Unos meses después de producirse el vertido en el Golfo de México, este artículo quiere hacer ver cómo el afán de seguir aumentando la producción de petróleo o combustibles alternativos generará serios y graves problemas en muchos lugares. Por ello, se debe avanzar hacia el cambio de modelo económico y tecnológico que nos permita sustituir al petróleo.

Emilio Menéndez Pérez, profesor honorario del Departamento de Ecología,

Universidad Autónoma de Madrid

El consumo final de energía en el mundo es aproximadamente 8.000 millones de tep (toneladas equivalentes de petróleo). De esta cifra, la cuarta parte se dirige hacia

la movilidad y el transporte: cerca del 15% se destina al transporte aéreo; algo más del 40% al transporte de mercancías por camión y furgonetas; otro 40% al movi-miento de personas, básicamente en auto-móvil privado, donde lo correspondiente a autobuses es sólo la décima parte de este parcial; y un 5% en otros transportes, ferrocarril no electrificado, vehículos de uso agrícola, etc. Podemos pensar que en números re-dondos el consumo en movilidad personal y transporte supone 2.000 millones de tep. En la actualidad esa demanda energética es cubierta por los derivados del petróleo –aunque ya una pequeña parte es atendi-da por el gas natural, y los biocombustibles líquidos, que representan el 2% aproxima-damente de ese total–. En el supuesto poco probable que la actual crisis de carácter económico se resolviera en pocos años, el modelo de

desarrollo actual nos llevaría a demandas energéticas en la automoción y el trans-porte que doblarían el actual consumo en poco más de veinte años; muchos creemos que eso es a todas luces insostenible. Otras previsiones plantean que la persistencia de la crisis y los cambios tecnológicos, junto a otros de comportamiento, pueden hacer que la demanda se modere y se sitúe en torno a los 3.000 millones de tep en la década del 2030. Teniendo en cuenta estas estimaciones e incluyendo cálculos optimistas de creci-miento del parque de vehículos eléctricos, la demanda de combustibles líquidos, convencionales o asimilables, puede estar a 20 años vista en torno a 1.500 millones de tep en transporte de mercancías, cerca de 500 millones en aviación y al menos otros 500 millones en automoción. Es decir unos 2.500 millones de tep, o lo que es lo mismo, un aumento de un 25% sobre la actual demanda y oferta de derivados del petróleo. ¿De dónde saldrá este combustible?, ¿qué conse-cuencias acarreará tratar

de cubrir ese supuesto crecimiento de la demanda?

Previsiones de más desastres petroleros Los costes de extracción de crudo son distintos en cada gran cuenca petrolífera, donde se originan incidencias sociales y ambientales diferentes:

Oriente Medio . Aquí se encuentran con diferencia las mayores reservas de petróleo del mundo. Los costes de extrac-ción son inferiores a 5 dólares por barril, lo cual supone grandes beneficios al precio actual del petróleo, entre 70 y 80 dólares por barril. Previsiblemente se seguirá pre-sionando a Iraq e Irán para controlar su petróleo. Pero conviene tener en cuenta que en muchos casos las reservas de crudo de Oriente Medio están en declive, o bien se encuentran próximas a sus techos de producción.

África. Hoy sus reservas son la décima parte de las mundiales y la investigación geológica nos llevará previsiblemente a que se acerquen a la sexta parte del total. No hay información clara sobre los costes de extracción, pero todo apunta a que son inferiores a 20 dólares por barril. Si miramos un mapa de África veremos que donde hay extracción de crudo, también hay confrontación social, lo que no per-mite ser muy optimista sobre el futuro. Por ejemplo, en Sudán todos sabemos de Darfur y se apunta a que el Sur del país buscará la secesión posiblemente con ac-ciones militares (ver esquema abajo). Se busca petróleo en el sur del Sahara, Malí por ejemplo, donde se prevé que habrá conflictos y una previsible extensión de la presencia de Al Qaeda. Ya tenemos otro conflicto al Sur de Europa. En Nigeria hay fuertes conflictos sociales, incluyendo asesinatos y constantes vertidos de crudo, pero se habla muy poco de ello.

Golfo de México. Los costes actuales de extracción son inferiores a 15 dólares por barril. Están apareciendo yacimientos en aguas profundas que incrementarán ese valor pero quizás no mucho. Es posible

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que se frenen las operaciones después del accidente de la plataforma de BP, sobre todo pensando que anualmente hay una temporada de huracanes, desde julio a noviembre, que puede complicar las con-secuencias de cualquier mala operación.

Atlántico Sur. La gran cuenca es el Mar de las Malvinas. Allí la gran profun-didad de la lámina de agua hace que los costes de extracción se estimen en no menos de 60 dólares por barril, por lo que resulta previsible que se espere unos años antes de operar en esa zona. Otros yacimientos no son muy extensos pero atraen a las compañías petroleras por su menor profundidad, en especial los de Bra-sil, zona de Santos. Ahora bien, estamos en mar abierto y en zona de temporales, por lo cual los accidentes pueden tener graves consecuencias.

Canadá. Hay quienes valoran que este país ha pasado a disponer de la segunda reserva de petróleo del mundo, después de las de Oriente Medio. Esto es así si se consideran las arenas bituminosas como fuente de petróleo: en la actualidad ya suministran el 2% del crudo mundial y se supone que llegarán en breve a aportar un 5% de ese total. Su extracción es viable con precios internacionales del crudo por encima de 60 dólares por barril. Pero en la extracción de las arenas bituminosas se están dando problemas ambientales muy graves: desecación de amplias zonas pantanosas ricas en bio-diversidad, pérdida de bosque boreal, creación de grandes balsas de residuos que contienen metales pesados y compuestos orgánicos peligrosos, riesgo de vertido de esas aguas en cuencas que van hacia el Ártico…

Venezuela y Ecuador. Las reservas de crudos pesados (un líquido denso, un cha-papote cargado de metales pesados) son elevadas. Su extracción se ve reforzada por los altos precios del petróleo en el merca-do internacional. Los problemas ambien-tales pueden aparecer como vertidos en las zonas de selva, tanto en la extracción como en los oleoductos, su utilización emite gran cantidad de contaminantes, sea ese uso en plantas de generación de electricidad o en sistemas de transporte. Sólo la aplicación de tecnologías de uso limpio, que exigen una alta inversión, puede paliar el problema.

En el gas no todo es limpioSe sugiere que el gas natural es una solu-ción limpia –utilizada prudentemente lo es más que el petróleo–. En el mercado internacional se verán crecer las propues-tas de transporte marítimo que piensen en los usos de automoción como parte

importante del mercado del gas: tecno-logías gas to liquid, GtL, o gas altamente comprimido transportado en barco para conectar a redes de distribución. Todo esto puede hacer que una parte del mercado de los derivados del petróleo lo ocupe el gas natural, suponiendo quizás para el entorno del año 2030 entre 500 y 1.000 millones de tep. Para atender esa nueva demanda de gas, además de las actuales –entre las que se encuentra la generación de electrici-dad en centrales de ciclo combinado– es previsible que se busque extraer gas en lugares o tipologías de depósitos nada tranquilizadores:

Zonas con previsible riesgo social y ambiental. Se va a intentar suministrar gas desde cualquier lugar donde los beneficios económicos lo justifiquen, quizás incre-mentando los conflictos sociales y políticos en diversas áreas del mundo. Pero también desde otras zonas que muestran riesgos ambientales importantes, por ejemplo los yacimientos marinos. En particular debié-ramos mirar hacia el Golfo de Guinea, donde se encuentra Guinea Ecuatorial, cuya exportación de gas ayuda a mantener una dictadura.

Pizarras que contienen gas natural. Se han encontrado importantes cantidades de gas en pizarras del este de EE UU y, así mismo se dispone de un alto potencial de obtención de metano de los yacimientos carboníferos, tanto en EE UU como en Rusia y China. Todo apunta a que se va a intensificar la prospección en búsqueda de nuevos yacimientos. La extracción del gas de las pizarras supone procesos físico-químicos que pro-vocan impactos ambientales equiparables a lo que ya ocurre con las arenas bitumino-sas de Canadá. Los riesgos de pérdidas de metano hacia la atmósfera son importantes en el caso de la recuperación de este gas de las capas de carbón.

Depósitos submarinos de hidratos de metano. Son abundantes en las costas americanas del Pacífico, a grandes pro-fundidades. A su explotación se asocian riesgos importantes de salidas incontrola-das de metano, primero al agua del mar y luego a la atmósfera, lo que supondría un incremento notable de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, una deriva peligrosa en la evolución del cambio climático.

Ojo a los biocombustibles líquidosEse hilo conductor nos lleva a preocu-parnos con el supuesto de que los bio-combustibles deban aportar entre 500 y 1.000 millones de tep en el año 2030. En

la actualidad el desarrollo de esta opción avanza más lentamente de lo que se ha-bía previsto. Pudiera interpretarse que las críticas o prevenciones ambientales dieron resultados; otros pensamos que es la actual crisis la que frena ese crecimiento. Las cifras que hemos apuntado más arriba encajan en los objetivos que en algún momento se han propuesto desde EE UU o la UE, supondrían que el 20% de la energía de automoción y transporte se obtuviera de la bioenergía. ¿Qué nos puede ocurrir con los biocombustibles a nivel mundial? 500 millones de tep pue-den demandar tierra agrícola en el entorno de 300 millones de hectáreas, es decir un 20% de la actual superficie agrícola. Esa superficie previsiblemente será de tierra de alta productividad, no “tierras aban-donadas o marginales”. También pueden contribuir a extender el uso de semillas genéticamente modificadas, así como aumentar el consumo de agroquímicos y distorsionar la gestión del agua. La erosión avanzará. En un proceso ya conocido, los pequeños propietarios agrícolas venderán sus tierras y engrosarán los suburbios de las ciudades. Posiblemente estos efectos señalados y otros muchos se distribuirán por diferentes países y localizaciones, ocurrirán a lo largo del tiempo, sin llamadas de atención puntuales tan fuertes como el accidente del Golfo de México, pero con una incidencia ambiental y social también muy importante.

1. Derrame de crudo en el delta del Níger, donde los vertidos acumulados suman cifras descomunales. Foto: Era/FriEnds oF tHE EartH nigEria.

2. Extracción de arenas bituminosas, Canadá. 3. Un automóvil con tecnología Gas to Liquid.

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Las gasolineras flotantes en el Estrecho de Gibraltar provocan vertidos constantes de hidrocarburos al mar

‘Bunkering’: el negocio de la marea negraElvira Espinosa

Los accidentes de grandes petroleros sólo producen el 10% de los vertidos de crudo al mar. El 90% restante se debe a limpieza de tanques, trasvase de combustible y otras razones no accidentales. En la Bahía de Algeciras, bajo banderas de conveniencia, los buques cisterna trasvasan más de 5 millones de toneladas de combustible al año. Los vertidos son continuos y la situación insostenible.

Elvira Espinosa, licenciada en Ciencias del Mar y en Ciencias Ambientales

A tres metros de la orilla de la playa de Puente Mayorga, bajo una barca, su madre le dio a luz. De eso hace ya 63 años y desde entonces Antonio Pérez

no se ha separado de su tierra. Ahora mira con tristeza todo lo que le rodea. A sus espaldas, donde antes había cuatro humildes casas entre un infinito campo, ahora se levanta la refinería a tan sólo 50 metros de su domicilio. “Lo bueno es que la gente del pueblo no pilla atasco para ir a trabajar”, bromea. Sin embargo cuando mira al mar se le humedecen los ojos “está todo podrido”, afirma. Y es que Antonio Pérez lleva pescando desde los tres años, y ha visto como el bunkering (trasvase de combustible de un barco a otro) ha destrozado su vida y el futuro y presente de los pescadores artesanales. El pescado de su pueblo la gente no lo quiera ni regalado “sabe a gasoil, cocinas y huele todo a gasoil, está malísimo, cualquier día verás…”. Desde que se firmara el tratado de Utrech, en 1713, Gibraltar pasó a manos

de los ingleses, aunque si las aguas que rodean el Peñón de Gibraltar también pasaron a manos del Gobierno inglés sigue siendo objeto de controversia. Según el doctor Jesús Verdú, especialista en derecho internacional público en la Universidad de Cádiz, “en el capítulo 10 del Tratado no se menciona el hecho de que no se nieguen las aguas, no existe tal mención ni siquiera en las actas en las que se negocia las condiciones del Tratado. A la luz del derecho internacional del mar, España sabe que tiene una posición jurídica muy débil, por mucho que diga que no sabía que sus aguas también iban a ser cedidas”. Bajo esta premisa nos encontramos que la situación actual de las aguas de la Bahía de Algeciras es de total descontrol: mientras que España mantiene que las aguas están bajo su jurisdicción, en la práctica no tiene ningún control sobre éstas.

Tres empresasGibraltar está exento de tasas, esto hace que el combustible sea mucho más ba-rato. Actualmente existen tres empresas, Vemabaltic, Europa Venture y Leader, que tienen buques cisterna funcionando como auténticas gasolineras flotantes,

suministrando fuel a grandes buques. El año pasado, según el gobierno de Gibral-tar, cinco millones de toneladas de gasoil fueron trasvasadas ejerciendo esta práctica. El combustible se suministra en flotación, en una zona donde las corrientes y los vientos son tan fuertes como variables. Esto hace que los vertidos se sucedan con una frecuencia alarmante. Cuando se produce un vertido como consecuencia de las operaciones de trasva-se de fuel, el protocolo que adoptan consis-te en verter un producto químico mucho más tóxico que el propio vertido, que actúa como coagulante-floculante. Esto hace que la densidad de vertido aumente y se vaya al fondo de la bahía. Luego las corrientes, las mareas y los vientos, se encargarán de repartirlo a su merced. No son pocas las ocasiones en las que aparecen tortugas muertas que han ingerido estas sustancias confundiéndolas con algas, o que mamí-feros marinos –muy frecuentes en esta zona– llegan a la costa porque tienen el opérculo cubierto de fuel y han muerto por asfixia. La velocidad a la que realizan estas operaciones es tal que ni siquiera ponen flotadores de contención, lo que al menos permitiría retener la mancha. Pero aquí no acaba la cosa, la superficie de agua que teóricamente pertenece a Gibraltar –según la declaración unilateral británica– son 1,5 millas en el lado interno de la bahía, 3 millas al norte y otras 3 al este. En tan poca superficie de agua, se amontonan decenas de buques que que-dan fondeados hasta que les dan turno. Gibraltar es el puerto del Mediterráneo que más combustible abastece, siendo que es un territorio minúsculo. “No los inspeccionan porque no tienen medios suficientes. La ley dice que el 25% de los buques debe ser inspeccionado, pero esto no se cumple. Además, los bu-ques no avisan ni a España ni a Gibraltar y esto hace que el riesgo por colisión aumente cuando los barcos rodean Punta Europa”, afirma Verdú. “El último buque que se quedó encallado fue el Rhea, hace un mes, pero vamos que éste es el pan nuestro de cada día” afirma Antonio Mu-ñoz, coordinador y fundador de Verdemar-Ecologistas en Acción, organización que lleva 23 años luchando, entre otras cosas, por erradicar esta práctica. Muñoz, que ha sido amenazado, arres-tado e incluso han intentado sobornarle por luchar contra el bunkering, dice que la Comisión Europea lo único que consigue es hacer que la empresa bunker cambie un barco que ha sido denunciado por otro. Además, Muñoz asegura que la tri-pulación a bordo de estos buques no está cualificada “son filipinos a los que tienen

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explotados pagándoles 100 euros al mes, trabajando 12 y 14 horas al día. Van a toda velocidad y no toman ninguna medida de seguridad”. Bajo estas premisas los vertidos son casi diarios, y las consecuencias las paga primero el medio ambiente y luego los pescadores, que no tienen trabajo. Las cofradías sólo defienden los intereses de los grandes barcos, que son los que pescan fuera de la Bahía de Algeciras. “El pescador artesanal entre la contaminación de la industria, los vertidos, el bunkering y las aguas que se vierten a la mar sin depurar, lo mejor que puede hacer es dedicarse al punto de cruz” comenta José González, un viejo pescador que hace ya tiempo se vio obligado a dejar sus aparejos porque se gastaba más en seguros de lo que ganaba pescando.

Sin capacidad de reacciónPero cuando en vez de un vertido puntual se produce –como desgraciadamente se ha dado ya en demasiadas ocasiones– una catástrofe ambiental, como lo fuera en su día el hundimiento del New Flame o del Fedra, en aguas de la Bahía de Algeciras que pertenecen a Gibraltar, comienza el caos. La gestión cuando los barcos enca-llan en aguas gibraltareñas corresponde a Gibraltar. España tiene mucho cuidado de no intervenir para no generar una cri-sis diplomática, tal y como asegura Jesús Verdú. “Los gibraltareños se ven obligados a intervenir, pero no tienen medios sufi-cientes de control, por lo que el resultado es un desastre” concluye Verdú. El desastre implica que kilómetros de costa se vean manchados por fuel y que los pescadores detengan su actividad. En el caso del hun-dimiento del Fedra con un vertido de entre 500 y 600 toneladas de combustible, hizo que los pescadores tuvieran que estar un mes parados. Tanto el gobierno de Gibraltar como las empresas bunker tienen sus versiones de lo que sucede cuando ocurre una catástrofe. Pese a que no han querido hacer declaraciones ni facilitar su Código de Práctica del Bunkering, suelen culpar de dichos desastres a las condiciones meteorológicas. Esto es fácil ya que en el Estrecho cuando no sopla el viento de poniente, lo hace de levante, y además las corrientes son fuertes. No obstante asegu-ran que toman las medidas oportunas para prevenir cualquier accidente cuando hay previsión de una tormenta fuerte. Ésta fue la gestión que llevaron con el New Flame, que permaneció encallado durante más de cuatro meses cuando un temporal lo partió en dos. Durante todo el tiempo que per-maneció encallado aparecieron manchas

de hidrocarburo provenientes del buque en las costas de Algeciras. Por si todo esto fuera poco, además Gibraltar tiene 6.030 hectáreas de LIC (Lugar de Interés Comunitario), de las cuales, más de 5.000 están en las aguas. Se trata de dos LIC superpuestos designados por la Comisión Europea. Pese a no existir una prohibición expresa, se está realizando una práctica que implica un gran riesgo ambiental. Práctica que en España está prohibida. “Somos muy pesados con este tema, hemos recurrido muchas veces a la Comisión, la respuesta que nos han dado es que los vertidos repetitivos pueden ser una cuestión penal”, comenta Antonio Muñoz. La solución al problema, según los eco-logistas, es que se termine la dependencia de combustibles fósiles, y que mientras tanto naveguen con gasolinas más ligeras y ecológicas. Para Verdú, la solución pasa porque las partes en la controversia se sienten y alcancen al menos un entendi-miento sobre quién ejerce el control en qué parte. “Se trataría de establecer cosas

tan obvias como canales de entrada y sa-lida en la navegación, comunicación entre las autoridades portuarias, que el bunkering se practique bajo estándares admitidos internacionalmente y con almacenamiento en tierra, que haya protocolos conjuntos de actuación en caso de siniestro, etc.” Antonio Pérez recuerda haber pescado hasta 2.000 kilos de sardina. De eso hace ya mucho tiempo, cuando los boquerones, los bonitos y las praderas de posidonia lle-naban la bahía. “Ahora todo sabe a gasoil, lo que más sabor tiene es el besugo, la baila y la lubina. Antiguamente las cen-tollas sabían a gloria bendita, ahora todo sabe a podrido”. Pérez no puede evitar que le tiemble la voz mientras dice “Ojalá tuviera fuerza para poder parar todo esto. Ayudarme, que es muy triste ver cómo tu tierra se muere antes que tú. Todo lo que se cría aquí no vale ni un duro”. Lo cierto es que tan sólo con caminar por los alrededores de su vivienda el olor a gasolina resulta asfixiante y el dolor de cabeza comienza a brotar de manera inevitable.

1. Una de las continuas operaciones de bunkering. Foto: Ecologistas En acción.

2. Vertido en la playa del Rinconcillo (Algeciras). Foto: andrés c. ragEl.

3. Naufragio del Fedra. La acumulación de un intenso tráfico marítimo con las fuertes corrientes y temporales, a menudo tiene efectos catastróficos.

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La concesión de demasiados permisos de emisión enriquece a los contaminadores

Los que contaminan cobran G2 – Colectivo Green Gambito

El mercado de CO2 nació en la UE a partir de 2005 como una herramienta de mercado para primar a las empresas que emitan menos gases de efecto invernadero. Se basa en unos permisos de emisión que son asignados por los gobiernos de forma gratuita a las empresas: si éstas emiten menos de lo que les han asignado, pueden vender los permisos sobrantes, y al contrario, si emiten más, los deben comprar. Aunque este mecanismo en teoría pretendía promover tecnologías más limpias, en España se ha revelado como un sustancioso negocio para las empresas, ya que recibieron una abultada asignación muy por encima de sus emisiones. Así, los que más contaminan son los que más están cobrando por la venta de los abundantes permisos que les sobran, sin que ello haya estimulado políticas de reducción de las emisiones.

El documento Clima en España: Pasado, Presente y Futuro, publi-cado en abril de 2010 [2] presenta “unos datos estremecedores” de incremento de la temperatura

para España si no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras, nuestras administraciones arruinan las po-sibles ventajas del comercio de emisiones otorgando derechos de una forma tan generosa que los que más contaminan son los que más cobran.

¿Quién emite en España?: el sector fijo y el sector difusoEn la literatura sobre emisiones de gases de efecto invernadero se suele distinguir entre sector fijo (industrial, eléctrico, cemente-ro, siderúrgico y refinero) y sector difuso (transporte, residencial, etc.). Pues bien, en España, las emisiones del sector difuso representan como media un 55% del total, mientras que las responsables directas del 45% de emisiones restante, el sector fijo, son unas 1.000 empresas (1.049). Como puede apreciarse en la tabla 1, el sector de la energía, con 423 instalaciones, produce el 23% del total de emisiones en España y más de la mitad de lo emitido

por los sectores fijos. Las emisiones de las cementeras, con 36 instalaciones, repre-sentan un 9% del total de las emisiones de CO2 en España. Es destacable cómo un pequeño nú-mero de instalaciones cementeras, junto a las productoras de tejas y ladrillos, provocaban un volumen de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera que prácticamente era el 10% del total de emisiones españolas en 2007 y el 20% del sector industrial. Ésta es otra consecuencia del modelo de crecimiento español exce-sivamente basado en la construcción.

Mercado de permisos de CO2: la teoríaLa teoría economía clásica explica que el problema de las emisiones de CO2 incontroladas se debe a que son una ex-ternalidad negativa. Es decir, emitir CO2 es una actividad que genera un coste para la sociedad, pero dicho coste no está incluido en el precio de lo que se produce, al no existir un propietario de la atmósfera que cobre o solicite indemnización al que la contamina. En ausencia de regulación pública, los bienes con externalidades negativas se producen de forma excesiva, puesto que sus productores perciben in-gresos por producirlos, pero no afrontan todos sus costes. Existen numerosas soluciones para

evitar esta sobreproducción de contami-nación y otras externalidades negativas, como la prohibición de usar ciertas tec-nologías, las multas, los impuestos a los bienes contaminantes, etc. Todas estas soluciones se basan en el principio “quien contamina paga”, que es lo mismo que incorporar a los costes de producción el coste de la contaminación. De este modo, los productores de contaminación tendrán en cuenta este coste a la hora de decidir si les sale rentable producir. Los críticos a las soluciones basadas en multas o impuestos defienden que son sis-temas demasiado rígidos, pues el legislador debe fijar un coste por contaminar que puede ser demasiado alto (por lo que las empresas no podrían competir y quebra-rían) o demasiado bajo (y a las empresas les saldría rentable pagar las sanciones o los impuestos y no contaminar). Un mercado de emisiones pretende solucionar estos problemas mediante la fijación de un mecanismo de mercado para algo donde no existía tal mercado (el aire limpio). La idea, basada en el Teorema de Coase [4], consiste en asignar derechos de propiedad sobre el bien dañado por la contaminación (o por la externalidad). De este modo, al existir un propietario, que pueda cobrar por el perjuicio sufrido, los costes de la contaminación se vuelven explícitos y serán tenidos en cuenta por

G2 – Colectivo Green Gambito [1]. Este artículo es una versión resumida del

original, publicado en www.sinpermiso.net

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los productores contaminantes. Éste es el fundamento teórico del mercado de permisos negociables de emisiones. Se asignan unos títulos de propiedad denominados derechos de emi-siones que permiten a su poseedor emitir un determinado volumen de CO2 a la atmósfera. Dicho permiso se puede gastar (emitiendo CO2) o vender en los merca-dos de permisos a quién esté interesado en comprarlos. De este modo, las empresas contaminantes deberán comprar permisos si emiten más que el volumen de permisos del que disponen; o podrán venderlos si logran reducir sus emisiones y les sobran dichos permisos. De esta forma, el precio de los permisos se ajustará dependiendo de la oferta y la demanda. En momentos de muchas emi-siones, la demanda de permisos subirá, y su precio también, por lo que las empresas tendrán un poderoso incentivo para me-jorar su tecnología y reducir emisiones. La ventaja teórica de este mecanismo es que el precio de los permisos se ajusta por la oferta y la demanda, sin exigir que el regulador varíe la cuantía de las multas o los impuestos ante un cambio en la tecnología. Es decir, el límite de asignaciones no será estático, sino que dependerá de en qué punto se iguale el beneficio marginal (es decir, cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por el bien contaminante) y el coste marginal (que ahora incluirá no solamente los cos-tes de personal, materias primas, etc. sino también el coste de la contaminación). Por tanto, la inversión en tecnologías que reduzcan las emisiones serán rentables para las empresas si permiten ahorrar en compra de permisos (o ganar mediante la venta de permisos [5]). No obstante, todo este argumento depende de cuántos permisos de contami-nación se asignan y a qué agentes, como se verá en el siguiente epígrafe.

Mercado de permisos de CO2: la práctica Hasta ahora, en Europa los Estados miem-bros (previo informe favorable de la UE) asignan gratuitamente a sus empresas contaminantes un volumen de permisos de contaminación, de modo que puedan responder a la competencia internacional sin incurrir en un sobrecoste en com-paración con países que no aplican este sistema. En España hasta ahora se han aprobado dos Planes Nacionales de Emisiones. Aho-ra mismo está vigente el 2º Plan Nacional de Emisiones, que abarca el periodo 2008-2012 [3]. Este plan fue elaborado bajo la responsabilidad del Secretario de Estado

tabla 1. EmisionEs por sEctorEs En El plan nacional dE asignacionEs (2007)

Sobre el total de Emisiones en España

Sobre el total de Sectores Fijos

Número de instalaciones

Total ENERGÍA 23% 51% 423 Total REFINERÍAS 5% 11% 13 Total SIDERURGIA 4% 8% 26 Total CEMENTERAS 9% 19% 36 Total RESTO (papel, tejas, cal, etc.) 5% 11% 551TOTAL 45% 100% 1.049

Fuente: 2º Plan Nacional de Asignaciones [3]

tabla 2: asignación dE EmisionEs dE co2 (tonEladas) En El Plan nacional dE asignacionEs

2008 2012 % cambio 2008-2012

ENERGÍA 77.068.607 67.513.296 -12,40%PETRÓLEO (refinerías) 15.791.369 16.478.288 4,35% INDUSTRIAS 57.504.014 57.527.131 0,04% TOTAL 150.363.990 141.518.715 -5,88%

Fuente: 2º Plan Nacional de Asignaciones [3]

de Cambio Climático y Prevención de la Contaminación, que procedía de una gran empresa de refinería (es decir, de uno de los sectores afectados por el plan nacional de asignación), y que después de un periodo en la Administración pública ha vuelto a trabajar en el mismo sector. Analizando las grandes cifras de este 2º Plan Nacional de Asignaciones se comprueba que los sectores emisores obtuvieron una asignación de permisos por encima de las emisiones que habían realizado en 2005 y, algo que sorprendía a la propia Comisión Europea, por encima de las previsiones de crecimiento de la producción (PIB) del propio Ministerio de Economía. Estas previsiones y las asignaciones en-tre 2008-2012, además, se realizaron sin prever los efectos de la crisis económica, por lo que el PIB español no sólo no ha subido, sino que ha disminuido, de modo que las empresas emisoras han reducido su producción y ven como les sobran gran cantidad de permisos que pueden vender en los mercados. Es posible analizar por sectores las cifras del 2º Plan Nacional de Asignaciones para los años 2008 a 2012, como se hace en la tabla 2. Como puede apreciarse, en 2012 y con respecto a 2008, se permite al sector de las refinerías de petróleo incrementar su volumen de emisiones en un 4,35%; el sector industrial podrá emitir práctica-mente la misma cantidad; y sólo se reduce (en un 12,40%) el sector de la energía [6]. Todo esto sobre lo permitido en 2008 que, como se comenta a continuación, fue excesivamente generoso. Las empresas reaccionaron de forma virulenta ante este Plan de Asignaciones,

1. Sólo un millar de instalaciones aportan el 45% del CO2 que se emite en España.

Las 3 instalaciones o empresas a las que más emisiones asignadas les han sobrado: 2. Arcelor España S.A. 3. Endesa Generación S.A., planta de Andorra, Teruel.4. Cementos Portland Valderribas, planta de Morata de Tajuña, Madrid.

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alegando que España iba a perder com-petitividad a causa del coste que debían pagar las empresas comprando permisos en los mercados internacionales. Uno de los primeros informes sobre qué pasaría con el mercado de CO2 (realizado por PriceWaterhouseCoopers), señalaba que iba a haber un gran impacto en el sector industrial de España, de tal dimensión que “los gastos que implicaban a las em-presas suponían prácticamente que todas las empresas se iban a deslocalizar”, que “supondrían un gran lastre a las cuentas de resultados” y que España se iba a transfor-mar en “un gran desierto industrial”. Mientras, la CEOE a su vez sostenía que “El objetivo principal debe ser realizar una asignación suficiente y gratuita de derechos a las instalaciones afectadas que asegure su competitividad y mantenga la viabilidad de inversiones futuras, para lo cual los sectores incluidos en el esquema de comercio de derechos de emisión y representados en el ámbito de los sectores industriales de la CEOE, manifiestan su disposición para participar y contribuir al necesario desarrollo sostenible de España y confían en que sus expectativas y nece-sidades sean atendidas”. Pero observado de cerca todo el tingla-do, resultaba más que chocante. Mientras la industria obtenía asignaciones más que suficientes, su indignación no conocía li-mites. Las grandes eléctricas, que sobre el papel tenían que hacer esfuerzos titánicos, casi se mostraban satisfechas y complaci-das, al poseer capacidad de trasladar el coste de la hipotética compra de permisos a los consumidores de electricidad vía el recibo de la luz. ¿Sucedió realmente esto? ¿Se incremen-tó el coste producción por la necesidad de compra de permisos en España?

Recientemente el Renade [7] ha pu-blicado los datos de emisiones reales du-rante 2009 junto con el funcionamiento del mercado (tabla 3). En estos datos se constata que los que contaminan vuelven a cobrar como en el año 2008. Como se puede observar, a todas las empresas mencionadas les han sobrado permisos, que pueden vender en los mercados de emisiones. Esto ha sucedido en la mayor parte de los países europeos, debido a que, a causa de la crisis, las empresas industria-les y energéticas han disminuido su pro-ducción. No obstante, en España, debido a la excesivamente generosa asignación del Gobierno, la cantidad de asignaciones sobrante ha sido mucho mayor. Es difícil cuantificar las ganancias de cada empresa debido a la venta de permi-sos, ya que el precio de los mismos ha ido variando a lo largo del tiempo. El periódico Expansión ha cifrado estas ganancias en 300 millones de euros en derechos de emisión [8]. El precio medio por tonelada durante 2008 fue de 25 euros, aunque en 2009 bajó a unos 15 euros a causa de la caída de la producción industrial. Como puede apreciarse, a la totalidad de las principales empresas emisoras de CO2 les han sobrado permisos de emi-siones, lo que implica una subvención por parte del Gobierno y una perversión del mecanismo de mercado: en lugar de quién contamina paga, hemos pasado a quién con-tamina cobra, ya que todas estas empresas contaminantes han podido obtener ingre-sos por la venta de permisos. Todo ello, sin tener que cambiar la tecnología de la pro-ducción, simplemente por una asignación demasiado generosa de los permisos. El análisis del año 2009 permite ob-servar el enorme error de cálculo en la planificación, así como los beneficios que

tabla 3: asignacionEs, transfEridas, vErificadas y dErEchos sobrantEs En 2009 Para las instalacionEs industrialEs En las quE soBran Más dErEcHos (datos En tonEladas dE co2)

Instalación Asignación transferida

(2009)

Emisiones verificadas

(2009)

Diferencia asignado-

emitidoArcelor España S.A. (antigua Aceralia Corp. Sider.) 9.323.815 4.385.832 4.937.983Endesa Generación, Teruel 1, 2 y 3 4.136.528 2.608.886 1.527.642Cementos Portland Valderribas S.A. (inst. Morata de Tajuña) 2.094.610 987.680 1.106.930Unión Fenosa Generación S.A., La Robla, León 1.841.411 743.673 1.097.738Endesa Generación S.A. (Compostilla, León) 3.622.334 2.643.249 979.085Repsol Petróleo S.A. (inst. Puertollano, Ciudad Real) 3.109.605 2.162.486 947.119Cemex España S.A. (inst. Buñol, Valencia) 1.422.192 504.396 917.796C.T. Anllares, León 1.185.940 274.871 911.069Unión Fenosa Generación. S.A., Narcea 1, 2 y 3, Asturias 1.504.027 803.929 700.098Cemex España S.A. (inst. Sant Feliu, Barcelona) 775.433 136.321 639.112Cemex España S.A. (inst. San Vicente del Raspeig, Alicante) 1.322.751 702.614 620.137Sociedad Anónima Tudela Veguin, Carreño, Asturias 1.146.799 575.848 570.951Cemex España S.A. (inst. Alcanar, Tarragona) 1.556.888 987.356 569.532

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RENADE [7]Foto

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29Ecologista, nº 66, otoño 2010

Notas y referencias1 En ajedrez, un gambito supone el sacrificio

presente de una ventaja material a cambio de una mejor posición estratégica en el futuro.

2 MARM 2010. Clima en España: pasado, presente y futuro. Informe realizado por científicos del CLIVAR (CLImate VARiability and Predictability) del World Climate Research Programme (WCRP). http://clivar.iim.csic.es/files/informe_clivar_final.pdf

3 2º Plan Nacional de Asignaciones. RD 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el RD 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. Este decreto recoge el último PNA después de los profundos cambios exigidos por la UE respecto a la propuesta de España, relativos a la cantidad total de derechos, la reserva adicional de nuevos entrantes, y la cantidad total asignada al sector eléctrico.

4 Coase, que obtuvo el premio Nobel de Economía por su teorema, llegó a dudar de la aplicación práctica del mismo para muchas externalidades.

5 Eso sí, es necesario tener en cuenta las elasticidades de la oferta y la demanda y la traslación de costes. Es decir, si una empresa se enfrenta a una demanda rígida (los consumidores compran la misma cantidad del bien a cualquier precio) podrá repercutir todo su coste en compras de permisos de emisión a sus consumidores, sin tener que preocuparse por el mismo. En ningún mercado existe una demanda completamente vertical, pero la ausencia de competencia entre productores en mercados oligopolísticos permite a las empresas contaminantes trasladar a precios gran parte de los costes de emitir.

6 La razón de que fuera la energía el único sector obligado a reducir emisiones es que las eléctricas no están expuestas a la competencia internacional y, por tanto, pueden repercutir el coste de la compra de derechos de emisión sobre el consumidor final (incrementando el precio de la energía).

7 Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. www.renade.es

8 Expansion. “¿Quién paga la factura del cambio climático?” http://www.expansion.com/2009/12/09/opinion/llave-online/1260392617.html

9 “El Ministerio de Medio Ambiente ya ha cerrado la compra de 6 millones de toneladas de CO2 en Hungría y negocia con Polonia, Ucrania, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia para conseguir cumplir el Protocolo de Kyoto mediante la compra de los excedentes que estos países lograron con el cierre de las fábricas comunistas tras la caída del muro de Berlín. El Gobierno afirma que necesita 159 millones de toneladas –un cálculo optimista– por el exceso de emisiones en el transporte y los hogares. Mientras el Gobierno ha invertido ya 370 millones en Asia y América Latina”. EL PAIS 2-1-2009 “España compra a países del Este derechos de emisión de CO2”. http://www.elpais.com/articulo/portada/Lluvia/millones/adquirir/C02/elpepipor/20090102elpepisoc_3/Tes/

Otras referencias- AEMA. EEA Report No 9/2009 Greenhose Gas

Emisión Trends and Projections in Europe, 2009.- CEOE. Recomendaciones de los sectores industriales

de la CEOE para la elaboración del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión. Periodo 2008-2012. CEOE. Madrid, 19-10-2005.

- Expansion. “El fraude del IVA pone en peligro el sector del CO2”. http://www.expansion.com/2009/12/10/empresas/energia/1260484950.html

- Expansion. “Hasta 2012, salvar el carbón con el recibo de luz costará 4.700 millones”. http://www.expansion.com/2009/10/25/empresas/1256505712.html

el cambio climático ha supuesto a estas empresas. Por ejemplo, Arcelor ha emitido el 50% de lo que tenia asignado, y le han sobrado cerca de 5 millones de toneladas de CO2 de derechos de emisión. En el sector cemento, Cemex con 7,5 millo-nes asignados ha emitido 3,7; Portland Valderribas con 4,3 asignadas, emitió 2,6; a Lafarge le sobraron 1,2 millones de toneladas, lo mismo que a Holcim. En el sector refinero, Repsol tenía asignado 10,5 millones y ha emitido 8,7, es decir le han sobrado 1,8 millones de toneladas; a Cepsa 0,7, etc. Estos derechos sobrantes se pueden vender en el mercado de carbono. Los datos detallados pueden consultarse en www.renade.es. De las compañías eléctricas, a Unión Fe-nosa le sobraron 1,8 millones de toneladas de derechos, a Iberdrola 0,8 y a Endesa 0,4. A las de cogeneración, sin embargo, les faltaron derechos: son compradores netos, frente a todos los demás que hasta ahora han sido vendedores netos. Además, una vez concedidos los dere-chos de emisión no se pueden revisar. La Comisión Europea no introdujo ninguna cláusula para recortar los derechos, por ejemplo en caso de crisis económica. Por otra parte, y en otra de las flagran-tes contradicciones del sistema, mientras unas pocas empresas ganaban dinero con estas ventas, el Estado español ha sido uno de los principales compradores de permisos [9]. Es decir, el resultado de la política del Gobierno ha sido invertir una gran cantidad de dinero público en la compra de permisos, mientras que se concede gratuitamente al sector privado un volumen de emisiones excesivo, que les permite obtener beneficios sin cambiar la tecnología. O dicho de otra forma, los ciudadanos pagamos de nuestros im-puestos la compra de permisos, mientras que las empresas reciben una subvención encubierta, al poseer derechos de emisiones sobrantes que pueden vender.

RecomendacionesEs necesario revisar las actuales políticas

de reducción de emisiones. No se puede llegar a que el que contamina cobra, en una perversión del mercado al elaborar un plan nacional de asignaciones no ajustado a la realidad.

Se debe dar una explicación seria y es necesaria la exigencia de responsabili-dades a las autoridades por los derechos asignados gratuitamente a las empresas, de una forma tan desmesurada y sin la correspondiente planificación.

Las empresas debieran devolver este di- nero regalado por la Administración sobre todo en un momento de crisis, o compro-

meterse a invertirlo en inversiones bajas en carbono, en energías renovables o en I+D. Si una empresa reduce la producción, ¿no es lógico, como propuso Alemania, que pierda derechos? ¿No sería adecuado exigir algo similar cuando la reducción de emisiones no está vinculada a inversiones en mejora de la competitividad?

La información aquí mostrada debe ser objeto de posteriores estudios. Es necesa-rio investigar las relaciones entre empleo y emisiones de gases de efecto invernadero, ya que puede haber empresas –sobre todo de tamaño medio o pequeño– que ganen más dinero vendiendo derechos de emi-sión que produciendo realmente, y por lo tanto opten por quedarse con el mínimo de trabajadores necesario para seguir reci-biendo los derechos de emisión.

Antes de pedir esfuerzos a todos los ciudadanos es necesario explicar en qué consisten los sacrificios que tienen que hacer las compañías, máxime cuando muchas de ellas presentan unos resultados contables más que aceptables incluso en un periodo de crisis como la actual.

España es uno de los países que menos han reducido sus emisiones y de los que más pagan para cumplir Kioto, haciendo proyectos incluso en China (cuestión a la que se opone EE UU, por considerar que China es el país que más emite actualmen-te). Esto supone una falta de eficiencia y de ahorro en el gasto que posteriormente tenemos que pagar todos. Es sabido que el problema del aguje-ro de la capa de ozono producido por las emisiones de los CFC se solucionó cuando se exigió a las grandes empresas que emitían estos gases (como Dupont) que cambiaran su proceso productivo y dejaran de emitir (si bien han reconocido recientemente que, además, el cambio les acabó resultando rentable), y no porque millones y millones de consumidores de todo el mundo se pusieran realmente de acuerdo en dejar de utilizar los sprays. El problema del cambio climático es más complicado, pero es evidente que la res-ponsabilidad de los grandes emisores es clave para su solución. Por último, y tal vez lo más importante, los inesperados beneficios que han obteni-do las empresas que han vendido derechos de emisión sin haber hecho ningún esfuerzo por reducir las suyas, son un magnífico ejemplo de cómo la ciega mistificación de las bondades del mercado puede llevar a si-tuaciones absurdas. Y de cómo la asignación social y política que hacemos de derechos y de propiedad –y no el falaz argumentario de la meritocracia y el esfuerzo– es la que acaba determinando que a unos les vaya muy bien y a otros no tanto.

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30 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Una ilustrativa analogía entre el cambio climático y el hundimiento del trasatlántico

La certeza matemática del 5º compartimento del Titanic

Ferran P. Vilar

La analogía de la dinámica del clima terrestre con el famoso buque Titanic resulta muy adecuada para comprender el comportamiento de un sistema retroalimentado sometido a una perturbación que supera su capacidad de respuesta. La película que narra el hundimiento del buque tiene, además, la virtud de haber sido la más taquillera de la historia y, por tanto, esta metáfora puede resultar significativa para un gran número de personas.

Ferran P. Vilar, autor de la web de divulgación científica y comunicación

sobre el cambio climático http://ustednoselocree.com (donde

también se puede encontrar este artículo)

El clima de la Tierra es el resultado de la interacción de unos pocos componentes que no sólo se ven afectados por el efecto invernade-ro sino también por la influencia

que este efecto tiene en sus distintos componentes. Estamos frente a un sistema formado por subsistemas, cada uno de los cuales tiene su propia forma de res-ponder a las perturbaciones a las que está sometido. Si somos capaces de conocer matemáticamente las leyes (ecuaciones) de comportamiento de esos subsistemas, y también las ecuaciones (matemáticas) de cómo se interrelacionan e influencian

mutuamente esos subsistemas entre sí, la aplicación de las leyes (matemáticas) de la teoría de sistemas nos permite conocer (matemáticamente) el comportamiento del sistema completo. Estos efectos de un componente que, a su vez, suponen perturbaciones de otro componente con el que están relaciona-dos (por ejemplo, la disminución de la capa de hielo blanca deja al descubierto océano o área terrestre de un color más oscuro: por tanto, refleja mucho menos la radiación solar al espacio y la superficie liberada se calienta más que lo que lo haría si sólo existiera el efecto invernadero pero no este efecto añadido) son característicos de los sistemas reali-mentados, y puede demostrarse que las leyes matemáticas de comportamiento de un sistema de este tipo tienen unas características de funcionamiento que no

resultan en absoluto evidentes:Retardo de los efectos con respecto a

la causa.Comportamiento de tipo exponencial

(no proporcional). Una característica bien propia del sis-tema climático es, además, su lenta evo-lución con respecto a nuestros sistemas atávicos de planificación y reacción. La analogía sistémica de la dinámica del clima terrestre con el famoso buque Titanic me parece muy adecuada para comprender el comportamiento de un sistema retroalimentado sometido a una perturbación que supera su robustez. Esta película, dirigida por James Cameron en 1997, tiene además la virtud de haber sido la más taquillera de la historia y, por tanto, esta metáfora puede resultar significativa para un gran número de personas. Algunas de las analogías que pueden

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31Ecologista, nº 66, otoño 2010

establecerse se describen a continuación.

Forzamiento e inerciaPodemos imaginar el sistema “Titanic + mar a su alrededor” análogamente al sistema “Tierra”. Podemos imaginar al Titanic como un barco tenido por todo el mundo como insumergible, de la misma forma que los humanos, por lo menos en su inmensa mayoría, padecemos del prejuicio de creer que el clima de la Tierra es estable. Podemos, asimismo, imaginar que estos sistemas resultan forzados en su capacidad de resistencia (resiliencia, robustez). En el caso del Titanic, el capitán, Edward John Smith, acepta un forzamiento de los motores, estableciendo como velocidad de crucero la velocidad máxima. En el caso de la Tierra, este forzamiento es científicamente denominado radiativo [1], y lo hacemos a una velocidad nunca antes alcanzada, hasta donde sabemos, en toda su historia geológica. También podemos imaginar los motivos de tal comportamiento. El Titanic forzó sus motores y estructura para batir un récord de velocidad en su trayecto; nosotros los humanos, al forzar radiativamente a la Tie-rra, estamos generando velozmente, con nuestro consumo desaforado de productos y servicios obtenidos mediante energía fósil, estándares de riqueza (¿bienestar?) jamás alcanzados. El Titanic, debido a su inercia (y exce-siva velocidad), no alcanza a esquivar el iceberg asesino a pesar de haberlo avistado minutos antes. La Tierra también tiene su inercia a efectos de comparación: aunque hoy tomemos medidas drásticas para reducir, o incluso eliminar, toda emisión perjudicial, pasarían por lo menos décadas antes de que los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera dejaran de forzar el clima, y siglos, probablemente milenios, antes de volver a la situación de estabilidad conocida.

Umbral de estabilidad y retroalimentación positivaLa intensidad del forzamiento es una de mis analogías preferidas. En el Titanic, tras la colisión con el iceberg y el informe de daños a la vista, Thomas Andrews, el inge-niero jefe del navío, informa consternado al capitán:

“El agua alcanzará varios metros por encima de la quilla en diez minutos. Las tres primeras bodegas y las salas de calderas seis y cinco están inundadas. Cinco compartimentos. Podría mante-nerse a flote con los cuatro primeros anegados pero no con cinco. ¡No con cinco! Cuando se hunda de proa, el

agua pasará por encima de los mam-paros de la cubierta E, pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable.”

Andrews mira fijamente al constructor del navío, quien había ordenado navegar a máxima velocidad convencido de que ¡este buque no puede hundirse!

“Está hecho de hierro, señor. ¡Le ase-guro que si puede! ¡Y lo hará! Es una certeza matemática”.

De haber sido sólo cuatro los com-partimentos inundados, Andrews debía estimar poder ingeniárselas para bloquear el paso de las aguas o bien establecer un comando de emergencia capaz de, por lo menos, achicar la misma cantidad de agua que la que entraba. Pero al ser cinco los compartimentos inundados esta tarea resultaba ser ya imposible. Se había superado el umbral de estabili-dad del sistema, un punto de no retorno; el sistema se había desequilibrado y no era posible, desde el mismo buque, restablecer o mantener el equilibrio sobre las aguas. Se había superado el umbral a partir de cuyo momento toda entrada de agua provocaba unos efectos que, a su vez, eran causa de un aumento todavía mayor de la cantidad de agua entrante. Entre estos efectos-causa se encuentra, por ejemplo, la inclinación creciente del navío. En el sistema climático de la Tierra ocu-rre algo análogo. Superado cierto umbral de concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, el navío Tierra pone en marcha mecanismos que escapan a todo control humano. Mecanismos cuyas consecuencias provocan, a su vez, un in-cremento mayor aún de la concentración de gases de efecto invernadero, y así su-cesivamente. Se trata del efecto conocido popularmente por círculo vicioso, técni-camente denominado retroalimentación positiva. A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor temperatura

media de la Tierra lo que, a partir de un cierto punto, provoca a su vez mayores emisiones de gases de efecto invernadero, tanto antropogénicas como naturales [2], éstas últimas debido a la interacción con el denominado ciclo del carbono. Cuál vaya a ser la concentración de estos gases que pueda provocar este pun-to de no retorno en el sistema climático terrestre no es posible determinarlo con exactitud, aunque sí sabemos que, por

lo menos, estamos rondando este valor y que, o bien ya lo hemos superado, o estamos a punto de hacerlo dentro de muy poco tiempo. ¿Cuánto?

Tiempo de respuesta y comportamiento exponencialEncontramos una nueva analogía, algo más sangrante, en los denominados tiem-pos de respuesta de sendos sistemas. Así, en el Titanic:

“¿Cuánto tiempo tenemos?” –interroga el capitán, consternado–. “Una hora. Dos, como mucho.” –res-ponde Andrews.

Desde que se produce el impacto con el iceberg y comienza a inundarse el quinto compartimento hasta que el navío se hunde por completo y se estabiliza en el fondo del mar transcurre cierto tiempo. Dos horas, como máximo. También transcurre cierto tiempo entre el momento en que la con-centración de gases de efecto invernadero de la atmósfera terrestre supera un umbral crítico, el sistema climático entra en zona de inestabilidad y la Tierra encuentra un nuevo estado estable, nada parecido al actual: desde luego, un planeta irreconocible. A través del Titanic podemos también darnos cuenta de lo que es un compor-tamiento exponencial de un sistema. Al principio, da la impresión de que el buque capota de forma proporcional al tiempo transcurrido desde la perturbación sufrida, mientras que llega un momento en que es evidente la aceleración del fenómeno

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de hundimiento. En el caso de la Tierra, y siempre con valores promedio formalmen-te medidos, desde 1850 hasta el año 2000 (aproximadamente), el crecimiento ha sido también aproximadamente proporcional. Sin embargo, es sólo una apariencia: yendo hacia atrás década a década en-contraríamos una evolución cada vez más lenta, con la salvedad del período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, durante bastantes años la falta de regulación de las plantas generado-ras de electricidad mediante la quema de carbón permitió una emisión continua de partículas a la atmósfera (aerosoles) que, al interceptar la energía solar, provocaron un enfriamiento momentáneo que enmascaró temporalmente el calentamiento de fondo en curso. De hecho, este efecto todavía perdura parcialmente, y se denomina oscurecimiento global).

Minorías informadas y margen de incertidumbreUna (casi) última analogía puede estable-cerse con respecto a los individuos. En el Titanic, una minoría bien informada, la que estaba al mando de la nave, supo bien pronto qué es lo que iba a suceder. Estaba en el conocimiento de que matemáticamen-te el Titanic se hundiría. El pasaje al com-pleto seguía de fiesta. Los primeros en ser informados fueron las elites, los pasajeros

de primera clase. En la Tierra, no duden ustedes de que hace ya tiempo que las elites, bien informadas por los científicos (equivalentes al ingeniero jefe del Titanic) lo saben, aunque a muchos les ha costado creerse tal nivel de alarma y algunos toda-vía no se lo quieren creer. Los que no se lo creen a estas alturas de la película es que no pueden creérselo: están presos de su ideología, que no les permite abdicar de algunos prejuicios para ellos inquebrantables: mercados autorregulados, gobierno mínimo para no molestar a las empresas, fe literal en la Biblia, atavismos diversos… A no olvidar a los que lo saben, pero viven bien simulan-do que no, caso de algunos energúmenos radiofónicos. He dicho que era casi la última analogía, pero sólo por un motivo: hemos llegado, en esta metáfora, a la situación del tiempo presente. Dejo al lector que imagine analo-gías venideras: a qué pueden corresponder los botes de salvamento y su cantidad, o si el Titanic llevaba demasiado pasaje; qué ocurre cuando en un bote todavía caben personas pero no es posible acogerlas por temor a que perezcan todas, incluidas las que ya se tienen por salvadas. ¿A qué cree el lector que puede asimilarse aquél buque lejano al que se recurrió como posible auxilio, pero que, dada su lejanía y velocidad, no llegó a tiempo de evitar la muerte de la mayor parte del pasaje? Pero… un momento. ¿Cuánto tiempo nos queda, Sr. Andrews? ¿Cómo es que el ingeniero jefe dijo una hora… dos como mucho? ¿Por qué no supo dar una cifra exacta para poder planificar con mayor precisión? Porque los cálculos científicos y técnicos generan verdades, pero siempre queda alguna variable sometida a incertidumbre (si bien puede llegar a acotarse con niveles de probabilidad rayanos en lo cierto), con más motivo en cuanto a predicciones se refiere. Andrews acotó la incertidumbre: entre una y dos horas, y así fue. Téngalo por seguro: si todo sigue igual, la Tierra se hunde. Completamente [3]. Nos queda todavía la incertidumbre de

Notas y referencias1 Este forzamiento radiativo consiste en que

nuestro sistema socio-económico nos invita a inundar la atmósfera con gases de efecto invernadero que bloquean –parcialmente– la salida de la radiación calorífica que la Tierra desearía emitir hacia el espacio para igualarla a la que absorbe por la acción solar, manteniéndola así en equilibrio.

2 Entre las antropogénicas, por ejemplo, mayor consumo energético por aire acondicionado o refrigeración, o por emisiones procedentes de la energía consumida por desalación del agua del mar resultante de la pérdida de regularidad en la disponibilidad de agua potable; entre las segundas, mayor frecuencia y duración de los incendios forestales o liberación de gran cantidad de metano por calentamiento de la tundra ártica o de los mares.

3 Es el denominado Síndrome de Venus, en expresión de James Hansen, climatólogo jefe de la NASA y considerado por sus colegas como el de mayor reputación de todo el mundo. James E. Hansen, 2008: Climate Threat to the Planet: The Venus Syndrome. Bjerknes Lecture, American Geophysical Union, San Francisco. 17-12-2008: “The Venus syndrome is the greatest threat to the planet, to humanity’s continued existence […] Now the danger that we face is the Venus syndrome. There is no escape from the Venus Syndrome. Venus will never have oceans again.”

4 Barry Brook: ‘Lovelock’s dire vision’. BraveNewClimate.com, 23-06-2009: “his view is that we have almost certainly gone past the point of no return. That is, climate ‘tipping elements’ have been set in motion by past and ongoing changes to the Earth’s […] Because of this […] we cannot now avoid a mass extinction of species and a major disruption to the human enterprise.” http://bravenewclimate.com/2009/06/23/lovelocks-dire-vision/

saber cuándo. Algo ya sabemos: el choque con el iceberg ya se ha producido. Para hundirnos: 20-30 años, 50 como mucho para un colapso monumental. The Climate Crunch, The Perfect Storm. Algunas voces muy respetadas señalan que, para finales de siglo, quedará sólo un 5% de los huma-nos, viviendo muy cerca de los polos [4]. Para saber cuál es este margen de in-certidumbre, y qué se puede hacer para reducirlo, siga el blog http://ustednoselo-cree.com. La ciencia todavía no ha hablado definitivamente en este punto concreto, pero nunca en la historia se han dedicado tantos recursos y esfuerzos a la investi-gación científica como hoy en día en el campo del calentamiento global. Decenas de miles de personas de la máxima cualifi-cación, de todo el mundo, trabajan ahora esforzadamente en ello, con un sentimiento de urgencia (y frustración) difícil de descri-bir. El reto es monumental, y lo que está en juego somos ni más ni menos que usted y yo. Y miles de millones más.

James E. Hansen, climatólogo que acuñó la expresión del Síndrome de Venus. Foto: Bill EBBEsEn.

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33Ecologista, nº 66, otoño 2010

Carta abierta a los sindicatos convocantes

En apoyo de la Huelga GeneralEcologistas en Acción

Ecologistas en Acción quiere felici-tar a las organizaciones sindicales por la decisión de convocar a la huelga general el 29 de septiem-bre próximo. Consideramos que

es una herramienta de lucha fundamen-tal en la actual coyuntura de pérdida de derechos y recursos por parte de las clases más populares en manos de las más enriquecidas. El éxito de dicha convocatoria es fun-damental para todo el movimiento social español y europeo. Un resultado de la huelga como el obtenido tras el reciente paro de funcionari@s nos dejaría con pocos argumentos frente a esta oleada regresiva. En cambio, una capacidad de respuesta como la del Metro de Madrid nos sitúa con posibilidades de pararla. Para que esto ocurra entendemos que es clave implicar a los movimientos socia-les no sólo en la participación ese día sino, sobre todo, en mover la convocatoria de huelga. Consideramos que la movilización ganará en legitimidad y capacidad de movilización si muchas organizaciones la hacemos nuestra y la sentimos como tal. Hay que tener en cuenta que los movi-mientos sociales hemos demostrado una importante capacidad de movilización y organización en los últimos años. Así lo ejemplifican las protestas contra la UE y sus medidas anticrisis durante el último semestre de presidencia española, sobre todo durante la cumbre UE-América Lati-

na y Caribe del pasado mayo en Madrid. Desde Ecologistas en Acción entende-mos que el eje básico de la movilización debe ser el recorte de derechos laborales que el Gobierno central está intentado poner en marcha. Sin embargo, conside-ramos que ayudaría mucho a la movili-zación el incluir otra serie de temas, de manera secundaria, que vinculasen a las múltiples sensibilidades que existen en los movimientos sociales. Entre los que nos parecen fundamentales, destacan: No olvidar que vivimos una crisis ambiental como nunca antes lo había hecho la humanidad. Una crisis ambiental cuyo principal exponente, pero ni mucho menos el único, es el cambio climático. Las alternativas que planteemos para salir de la crisis no pueden obviar este tema central del momento histórico que vivi-mos. Así, desde nuestro punto de vista, deben pivotar sobre la articulación de un nuevo modelo productivo sostenible, que deberá ser bajo en carbono. Un modelo que se centre en la satisfacción de las ne-cesidades humanas en paz con el planeta, y no en la maximización del beneficio. Dar una visión global de la situación de la humanidad. Entender que las solucio-nes que propongamos a la crisis deben considerar al conjunto de habitantes del planeta, a las relaciones centro-periferia, y no sólo concernir a las personas que habitan en nuestro Estado o en Europa. Hacer énfasis en la importancia funda-

mental de, al menos, poner importantes límites a la economía financiera. Una economía que no sólo ha estado en el epicentro del origen de esta crisis econó-mica, sino que también lo está en la crisis socioambiental más profunda y grave que vivimos. Del mismo modo también es impor-tante que el lema con el que los sindicatos llamen a la movilización pueda aglutinar las distintas sensibilidades presentes en los movimientos sociales. En ese sentido consideramos un acierto que el lema con el que UGT y CC OO están empezando a movilizar no sea el que ha adoptado la CES a nivel europeo, pues coloca al crecimiento en primer término como elemento para salir de la crisis. Aunque no podemos dejar de sentirnos incómod@s con la inclusión del crecimiento en el manifiesto de convocatoria, que conside-ramos un error. El crecimiento como fin último, lejos de ser la solución a la crisis socioambiental actual, la va a agravar, ya que se basa inevitablemente en la explo-tación de las personas y del entorno. En definitiva, Ecologistas en Acción quiere transmitir a los sindicatos la importancia del esfuerzo por implicar a los distintos movimientos sociales en la movilización hacia el 29 de septiem-bre, tanto desde los contenidos que se transmitan, como desde las herramien-tas que se utilicen para organizar la movilización.

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34 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Cinco razonesCándido Méndez, Secretario General de UGT,

13 de julio de 2010

La huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre se sustenta en claros motivos:

1. Se han aprobado mediante decreto-ley y con escaso debate en el Parlamento, medidas que facilitan y abaratan el despido en un país que cuenta con la tasa de paro entre las más elevadas de la Unión Europea. Todo un contrasentido.2. En lugar de reducir la elevadísima precariedad, ésta se facilita más al ampliar indebidamente el campo de actuación de las Empresas de Trabajo Temporal.3. La modificación unilateral debilita la negociación colectiva, que es fundamental en nuestro sistema de relaciones laborales.4. Se han congelado las pensiones, cargando los efectos de la crisis sobre uno de los sectores más vulnerables y que no tiene ninguna responsabilidad en la causa que la ha generado. 5. El recorte en las retribuciones de los empleados públicos es profundamente antisocial, injusto y contribuirá, como las otras medidas descritas, a desalentar el consumo, que es fundamental para estimular la economía y evitar la recesión.

Sobran los motivos Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CC OO15 de julio de 2010

El 29 de septiembre tendrá lugar una huelga general contra la reforma laboral, el plan de ajuste del Gobierno y el recorte generalizado de derechos sociales y laborales. Los sindicatos sabemos mejor que nadie que la huelga general es una respuesta

excepcional a la que recurrir en muy contadas ocasiones. Así lo hemos demostrado en los últimos 33 años, con la convocatoria de 4 huelgas generales de 24 horas y una de media jornada. La convocatoria de huelga general para el 29 de septiembre es la salida más digna y necesaria en la actual situación. No hay que improvisar ningún discurso radical ni imaginar agresiones a los derechos de los trabajadores. Basta con leer el BOE y hacer balance: Se congelan las pensiones y se recortan los salarios de los empleados públicos, por primera vez en los últimos 33 años. Se elimina la retroactividad de la ayuda a la dependencia, uno de los pilares de política social más publicitados por el gobierno en su primer mandato. Se aprueba una reforma laboral, atendiendo a las exigencias empresariales, y se hace más fácil y barato el despido, debilitando la tutela judicial. Se cuestiona la eficacia del convenio colectivo de ámbito superior al de la empresa y se le da más poder al empresario. Se renuncia a combatir la dualidad del mercado de trabajo y se sigue incentivando la temporalidad. Se da luz verde a las agencias privadas de colocación para intervenir en las Administraciones Públicas. Se anuncia un nuevo ataque al sistema público de pensiones.

ilustración: azagra

29-S, Huelga General

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35Ecologista, nº 66, otoño 2010

Tod@s a la calle Jacinto Ceacero, Secretario General de CGT

21 de julio de 2010

La CGT convoca Huelga General el 29 de septiembre de 2010 contra el paro, la precariedad y la exclusión social, para defender las libertades y derechos

laborales, sociales, económicos y medioambientales de todos los trabajadores y trabajadoras y de todas las clases populares frente a las agresiones y recortes que estamos sufriendo por las políticas antisociales del Gobierno. Estas políticas sólo responden a los intereses de la banca, la especulación financiera e inmobiliaria, los mercados, el capital, la patronal, la UE, el FMI y las institucionales políticas internacionales. Huelga General para derogar la nueva reforma laboral, el plan de ajuste para reducir el déficit público, la próxima reforma del sistema de pensiones... para que la crisis económica la paguen los que la han provocado, es decir, los ricos, los banqueros y los políticos. Huelga General contra el sistema capitalista que únicamente piensa en obtener beneficios pasando por encima de la calidad de vida de las personas y de la propia continuidad de la vida en el planeta. Para CGT ese día es sólo el inicio de un proceso de movilización laboral y social continuada hasta sentar las bases de un nuevo modelo de sociedad. Un nuevo modelo productivo basado en la satisfacción de las necesidades de las personas, en la solidaridad, en la igualdad, en la autogestión, la libertad, en la justicia social. Un nuevo modelo que contemple la armonía de nuestra vida con el planeta, que no busque la explotación de las personas y de los recursos naturales. Un modelo planteado con una dimensión global, internacionalista, que abarque a toda la

humanidad, a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo.

La huelga de Metro de Madrid

Mar Gil, Armando Ojanguren, José García Cea, trabajadores de Metro

24 de julio de 2010

Algunas de las razones que explican la respuesta que los trabajadores/as de

Metro de Madrid dieron ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid en su ataque al convenio colectivo vigente hasta el año 2012, son: Que nos quiten el 5% de nuestro sala-rio no nos destroza la vida. Y si fuera para repartir la riqueza de forma justa con las personas más necesitadas, incluso nos la alegraría. Pero no nos engañemos: por lo que hacemos huelga es para exigir que se respeten y se cumplan los acuerdos y los convenios. ¿Somos insolidari@s? Mientras los bancos perciben miles de millones para salvarse de la crisis que ellos mismos han provocado, mientras se elimina el impues-to de patrimonio para favorecer a los más ricos… La deuda que la pague quien se ha beneficiado al generarla. ¿Privilegiados? Quieren hacernos creer que es un privilegio tener un trabajo fijo y seguro, algo a lo que deberían tener derecho todas/os las/los trabajadoras/es.

¿Huelguistas salvajes? Lo que no dicen es que si hacemos uso de

nuestro derecho constitucio-nal de ir a la huelga se nos amenaza con la sanción y

el despido, ya que la impo-sición de unos servicios mínimos

abusivos nos lo impide.ilustración: azagra

29-S, Huelga General

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36 Ecologista, nº 66, otoño 2010

Un balance de la situación actual, tras 14 años de organismos modificados genéticamente

Cultivos y alimentos transgénicosDavid Sánchez Carpio

Tras casi década y media de cultivo comercial de transgénicos, el balance de su utilidad para la sociedad no puede ser más negativo. Sin embargo, el Gobierno español sigue siendo uno de los mayores promotores de estos cultivos, a pesar del enorme rechazo social que concitan.

David Sánchez, Amigos de la Tierra

Hace ya más de 14 años des-de que se inició el cultivo de transgénicos a escala global. Y son incluso más los años que llevamos resistiendo su imposi-

ción. Sin lugar a dudas, el balance tras las ingentes cantidades de dinero invertidas en propaganda e investigación sobre cultivos y alimentos transgénicos arrojan un sonoro fracaso: no han demostrado aportar nin-gún beneficio ni a los consumidores ni al campesinado, sus impactos ambientales, socioeconómicos y sobre otros modelos agrarios están más que demostrados, sus riesgos para la salud siguen en discusión, y la oposición social sigue siendo abrumado-ra. Está además sobradamente documen-tado que estos cultivos fomentan lo peor del modelo de la agricultura industrial: abuso de agrotóxicos, deforestación, daños sobre la biodiversidad, monocultivos, des-plazamiento de comunidades campesinas, destrucción de los modelos de agricultura más sostenibles, y el control de la agricul-tura por unas pocas multinacionales.

Europa resiste la imposiciónLa imposición de los transgénicos ha generado un movimiento de resistencia global, especialmente fuerte en Europa. Tanto es así, que esta movilización social frente a los transgénicos se considera una

de las primeras y más masivas protestas comunes a nivel continental, planteando algunas claves de los futuros modelos de movilización social en las nuevas socieda-des de la globalización. Hasta hace pocos meses, tan sólo estaba autorizado un cultivo transgénico en la Unión Europea (UE), el maíz MON810 de Monsanto. Modificado para ser resistente a ciertos insectos, ha sido prohibido de forma oficial por siete países europeos y de otras formas por tres más. Sin embargo, bajo presión de EE UU, la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el pode-roso lobby europeo de piensos y ganadería industrial, se ha autorizado la importación de más de 20 variedades transgénicas de maíz, soja o colza, que vienen de Argen-tina, Brasil y EE UU. Su aprobación se ha producido siempre de forma unilateral por parte de la Comisión Europea, en contra de la opinión de la mayoría de los Estados miembros. El bloqueo a la aprobación de nuevos transgénicos en la UE estaba dando sus frutos. Multinacionales como el gigante químico BASF habían llegado a empren-der acciones legales contra la Comisión Europea por los supuestos daños produci-dos por el retraso en la aprobación de sus cultivos transgénicos –incluso había anun-ciado que abandonaba la investigación de transgénicos para el mercado europeo–. Y sin embargo, en marzo de este año, el

presidente de la Comisión, Durão Barroso, salió al rescate de la industria y aprobó el cultivo de una patata transgénica, el prime-ro en ser autorizado en 12 años. Barroso contó con el apoyo de tan sólo cuatro de los 27 miembros de la UE, España entre ellos. Diseñada para producir una mayor cantidad de almidón para su uso en la fabricación de papel o pegamentos, esta patata conocida como Amflora es un claro ejemplo de lo peor de los transgénicos. Contiene genes de resistencia a antibió-ticos, una práctica desaconsejada por la Agencia Europea del Medicamento por poner en riesgo la eficacia de medicamen-tos de uso común en medicina. Se aprobó también su presencia hasta en un 0,9% en los alimentos, admitiendo por tanto la imposibilidad de evitar la contaminación, y autorizando que una patata diseñada para usos industriales termine en la alimenta-ción humana. Además, existen ya en el mercado europeo patatas convencionales con las mismas características, pero obvia-mente menos riesgos. Aunque aún no ha comenzado su siembra, Austria y Luxem-burgo ya han prohibido su cultivo, y el Gobierno húngaro ha iniciado acciones legales contra la Comisión por la forma en que se ha aprobado. Ante este panorama, la Comisión Eu-ropea ha lanzado una propuesta para des-bloquear la situación, permitir a los Estados

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miembros prohibir un cultivo transgénico, aunque sólo en base a criterios éticos, morales o tal vez socioeconómicos, según el último borrador. Pero a cambio, claro, de que desbloqueen su aprobación en el resto de países y acelerar las autorizaciones para su importación. Lo que en realidad pide la Comisión es que se mire hacia otro lado sobre cuestiones como los impactos ambientales o las dudas sobre la seguridad a cambio de una supuesta mayor libertad para prohibir el cultivo en su propio territorio, libertad de la que actualmente ya gozan los Estados miembros. Un pano-rama que podría suponer la proliferación de cultivos transgénicos en los países más favorables, como España.

España, laboratorio de las multinacionalesEl Estado español es un ejemplo de los impactos y consecuencias de la introduc-ción de los cultivos transgénicos. Es el único país de la UE que los cultiva a gran escala, y el apoyo del Ministerio de Elena Espinosa a la industria no tiene fisuras. En 2009 fueron 76.000 las hectáreas sembra-das con maíz transgénico, en torno al 20% del maíz total cultivado. Mientras Francia o Alemania prohíben su cultivo en base a estudios científicos que demuestran sus impactos sobre la fauna del suelo, de los ríos, la imposibilidad de la coexistencia de la agricultura transgé-nica con la convencional y ecológica, y las incertidumbres a largo plazo para la salud, el Gobierno español niega estas evidencias y defiende su cultivo. Niega también que los doce años de cultivo de transgénicos en España plan-teen un panorama preocupante desde el punto de vista socioeconómico. El cultivo de maíz ecológico ha desaparecido prác-ticamente en las regiones donde predo-

mina el cultivo de transgénicos por los casos de contami-nación y existe una enorme dificultad para producir in-cluso maíz conven-cional en muchas regiones. Se han documentado daños por contaminación también en los sectores de distribución y transformación. El cultivo de transgénicos ha supuesto la pérdida del mercado de gluten de maíz convencional y la práctica imposibilidad de garantizar la producción de piensos ecológicos en España, obligando a importar el maíz de países que han prohibido los transgénicos. El alto coste de los análisis para asegurar la no presencia de transgénicos es asu-mido precisamente por los agricultores y elaboradores que no los utilizan. Resulta también prácticamente imposible encon-trar semillas de maíz certificadas como no-transgénicas o establecer seguros agrarios que cubran los daños por contaminación genética. Esta situación se refleja también en la alimentación. Según datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el 15% de los alimentos a la venta que contienen soja o maíz están ya contaminados por transgénicos. Productos que incluyen desde papillas y leches infan-tiles hasta galletas, yogures o productos cárnicos. Y esta información no figura en la etiqueta, bien por ser la contaminación inferior al umbral de etiquetado, o bien porque las empresas directamente incum-plen la legislación. El Gobierno además, ha permitido que España se convierta en un auténtico laboratorio al aire libre de transgénicos en Europa. El 42% de los ensayos ex-perimentales que se realizan en la UE

tienen lugar en España. Maíz, remolacha, pa-

tata, trigo o algo-dón transgénico, cuya localización ha permanecido oculta hasta hace poco gracias al os-

curantismo del Gobierno, impidiendo a vecinos, agricultores o incluso a los propios municipios adoptar medidas para protegerse de la contaminación.

Un marco legal a la medida de la industria del agronegocioEl marco legal vigente permite que las mul-tinacionales actúen con total impunidad. La legislación no ampara a los agricultores y agricultoras, ya que no existe un registro público de cultivos transgénicos como obliga la Directiva europea, impidiendo conocer el origen de las contaminaciones. La Ley de Responsabilidad Ambiental ex-cluyó deliberadamente la contaminación genética, con lo que principios como el de “quien contamina, paga” no se aplican a los transgénicos. Tampoco existen ningún tipo de medidas obligatorias que deban cumplir aquellos que los cultivan, ni se realiza ningún tipo de control ni segui-miento. La situación de las víctimas de la contaminación es de una total indefensión jurídica. Tampoco la legislación ampara a las personas consumidoras en su derecho a una alimentación libre de transgénicos. No hay obligación de etiquetar los productos como carne, leche o huevos procedentes de animales alimentados con transgénicos, por lo que la mayoría de éstos se destinan a alimentación animal. Y tampoco hay que etiquetar los productos contaminados con transgénicos hasta un 0,9%. La situación en España es de una abso-

1. Unos activistas destruyen un campo de maíz transgénico ilegal en Gerona.2. Aspecto de la manifestación de Madrid, 17-4-2010. Foto: Ecologistas En acción.

3. Informe de ONU y FAO que concluye que los transgénicos no son la solución a los problemas de la alimentación mundial.

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38 Ecologista, nº 66, otoño 2010

luta falta de transparencia y control. Y los pocos mecanismos vigentes son sesgados, insuficientes y están dominados por la industria. El órgano científico que decide la política del Gobierno sobre transgénicos, la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), cuenta con tan sólo 7 científicos de un total de 46 miembros. Gente toda del ámbito de la biotecnología, la mayor parte públicos defensores de los transgéni-cos que pasan demasiado tiempo en actos y eventos de la industria como para que podamos confiar en sus decisiones. El hartazgo frente a esta situación se

ha manifestado de forma diversa durante todos estos años, incluyendo movilizacio-nes coordinadas a nivel estatal los últimos años, con más de 300 actos, acciones y protestas a lo largo de todo el territorio durante las dos primeras semanas estatales de lucha contra los transgénicos, entre las que destacan sendas manifestaciones en Zaragoza y Madrid, con más de 15.000 personas. Pese a este contundente rechazo, el Gobierno no ha cambiado su postu-ra. Y la sensación de imposición de los transgénicos, los incumplimientos legales del Gobierno, y el total desamparo de agricultores, consumidores y víctimas de la contaminación, ha reactivado el boicot a los campos transgénicos experimentales en cuanto se ha publicado su localización, demostrando que sólo se puede imponer esta tecnología mediante la ocultación de información y el incumplimiento de la legislación.

La industria adapta sus estrategias de propagandaUna vez derribado el mito de que los cultivos transgénicos son la solución al hambre en el mundo, la industria elige nuevas estrategias de marketing. Y parece que han encontrado en el cambio climá-tico el mejor reclamo. Especialmente para promocionar sus cultivos resistentes a herbicidas, como los monocultivos de soja que se extienden por América Latina. Al controlar las malas hierbas median-te el uso indiscriminado de agrotóxicos, se reduce la necesidad de laboreo, lo que teóricamente reduce la liberación de carbono del suelo. La práctica de la agricultura sin laboreo, conocida como “agricultura de conservación” se desarrolló antes de la llegada de los transgénicos para reducir la erosión, y puede emplearse sin necesidad de modificación genética. Con transgénicos, esta práctica depende de los herbicidas para eliminar las malas hierbas, químicos con un alto coste energético tanto en su producción como en su fumi-gación. El aumento del uso de herbicidas está sobradamente documentado, con incrementos de hasta 144.000 tonela-das en EE UU desde la introducción de los transgénicos. Dentro del modelo de agricultura industrial transgénica, se está incrementando además la necesidad de uso de fertilizantes sintéticos para aumen-tar los niveles de nitrógeno en el suelo, con la consiguiente emisión de N2O, un poderoso gas de efecto invernadero. También se intenta vender la idea de que no hay problemas por destinar los transgénicos a la producción de agro-combustibles, y se están desarrollando ya árboles transgénicos destinados a la

producción de agroetanol. Árboles con menor cantidad de lignina, que necesitan enormes cantidades de agrotóxicos para su producción en monocultivos.

Tiempo de elegirFrente a las crisis climática, alimentaria e incluso económica, debemos elegir qué tipo de agricultura queremos promover para el futuro. Hay un amplio consenso internacional en la necesidad de apostar por modelos agroecológicos como forma de responder a todos estos desafíos. Así lo recogía la mayor evaluación de la agricul-tura mundial realizada hasta la fecha, un proyecto de la ONU, la FAO, el Banco Mundial y otras agencias, junto con más de 400 científicos, que publicaron tras cuatro años de trabajo la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD en sus siglas en inglés). La conclusión de este estudio fue clara: hay que apostar por métodos agrícolas biológicamente diversos, y los cultivos transgénicos no juegan un papel relevante para afrontar los nuevos desafíos. No es casualidad que la industria biotecnológica se retirara de este proyecto pocos meses antes de su publicación por la baja eva-luación de sus tecnologías. Se reconoce el papel clave que debe jugar el conocimien-to local de los agricultores, especialmente de las mujeres, en el futuro desarrollo de tecnologías apropiadas y sistemas de conocimientos. Y sentencia que las in-novaciones tecnológicas industriales y el comercio internacional no han beneficiado a quien más lo necesita, al tiempo que han provocado graves daños ambientales. Frente a este consenso internacio-nal, ¿por qué modelo de agricultura está apostando el Gobierno español? Si nos atenemos a los datos de investigación, la agricultura biotecnológica recibe 60 veces más apoyo económico que la agricultura ecológica en España. Esto a pesar de que la agricultura ecológica genera 25 veces más empleo y ocupa 16 veces más superficie. Frente a una situación política de blo-queo y una legislación hecha a la medida de las multinacionales, continuar la mo-vilización es fundamental. Las manifes-taciones contra los transgénicos de los últimos años, el proceso de construcción de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos o las diversas iniciativas y acciones a escala local son herramientas fundamentales para frenar los transgéni-cos y construir la soberanía alimentaria desde lo local, como forma de cambiar el modelo de agricultura y alimentación dominante y dar respuesta a las crisis que enfrentamos.

1. Cartel de BASF publicitando la patata Amflora.2. Camiseta con el logo de “segador voluntario de OMG”.3. La campaña para declarar zonas libres de transgénicos ha sumado muchos territorios.

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39Ecologista, nº 66, otoño 2010

La parálisis ambiental catalanaEnric Tello

Frente a una idea generalizada de que Cataluña está más avanzada en su política de sostenibilidad ambiental que el resto del Estado español, un análisis detallado muestra cómo en muchos aspectos esto no siempre es así. Además, los cambios hacia esta mayor sostenibilidad siempre han venido promovidos por importantes movilizaciones ciudadanas –entre las que destacan aquellas relacionadas con el trasvase del Ebro–, y han debido superar la fuerte resistencia de los sectores más inmovilistas de la sociedad catalana.

Enric Tello es miembro de Ecologistes en Acció de Catalunya y catedrático

de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas

de la Universidad de Barcelona [1].

Hay una cierta tendencia a creer que Cataluña es un país am-bientalmente más ordenado y puesto al día que las otras comunidades autónomas del

Estado español. Pero en muchos ámbitos eso es sólo un mito autocomplaciente. Estamos en la franja más alta en emisio-nes de gases de efecto invernadero, y a la cola en el desarrollo de la energía eólica y otras fuentes renovables. El último Pla de l’Energia no sólo acepta mantener en funcionamiento tres centrales nucleares, que nos sitúan en una posición récord en Europa y el mundo en dependencia de la electricidad nuclear, también se per-mite el lujo de ignorar olímpicamente los compromisos asumidos por España con la ratificación por unanimidad del Protocolo de Kioto, adjudicándose unilateralmente el derecho a doblar las emisiones de CO2 hasta 2015 –lo que en el momento de su aprobación en 2005 fue una verdadera carga de profundidad contra Cristina Nar-bona, la única ministra de Medio Ambien-te que ha sido hasta ahora digna de este cargo–. Tenemos la mayor proporción de superficie sembrada con maíz transgénico,

tanto en España como en Europa, y una de las más bajas en cultivos ecológicos. En el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sólo existe un pequeño y marginal organismo certificador de la producción ecológica, a diferencia de Andalucía don-de, por ejemplo, existe una Dirección General de Agricultura Ecológica y más del diez por ciento de la superficie agraria está ecológicamente certificada (aunque por desgracia, también la Junta de Andalucía ha paralizado recientemente el fomento de la agricultura ecológica al apartar a los verdes de su gestión). En julio de 2009 la alianza entre los diputados del PSC, CiU y el PP cerró el paso a la discusión parlamentaria de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Som lo que sembrem, que propugnaba una Cataluña libre de transgénicos y contaba con más de cien mil firmas de apoyo. No era la primera vez que esta vergonzante sociovergencia-pepera daba la espalda en el Parlament a las propuestas de innovación ambiental surgidas de la sociedad civil popular. En 1999 ya se había producido la misma coincidencia de votos para reconvertir la ILP contra la incineración de residuos en una mera ley reguladora bastante permisiva. Hay ciertos elementos de continuidad entre los veintitrés años del pujolismo de CiU y las dos legislaturas del tripartito (PSC, ERC-ICV, EUiA), entre los que hay que incluir el rechazo fron-

tal del Consejero de Economía, Antoni Castells del PSC, a introducir ninguno de los impuestos verdes que ya se aplican en otras comunidades autónomas españolas o muchos países europeos; y la del consejero de comercio y turismo, Josep Huguet de ERC, a introducir una taxe de séjour como la que se paga con toda normalidad para pernoctar en cualquier hotel francés, o en los de Nueva York, o en muchos otros lugares del mundo (aunque recientemente el desprestigiado alcalde de Barcelona haya propuesto tarde y a destiempo su implantación).

Empuje de la movilización ciudadanaEs cierto que hay algunas excepciones a este panorama que sitúa a Cataluña entre los últimos de la fila en innovación ambiental. Pero si las analizamos una a una veremos que casi siempre han sido las conquistas de importantes oleadas de mo-vilización ciudadana. El temprano inicio de la conciencia ambiental a principios de los años setenta y durante la transición, junto a la persistente lucha por la conservación de la naturaleza mantenida desde entonces, consiguió en 1983 la emblemática protec-ción de los Aiguamolls de l’Empordà, y en 1985 la aprobación de la Ley de Espacios Naturales que actualmente da cobijo a unas 960.000 hectáreas y cerca del 30% del territorio catalán. Sin negar este avan-

Una sociedad cada vez más concienciada frente a unas elites refractarias a la innovación sostenibilista

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ce, no podemos olvidar que detrás de muchos de esos espacios protegidos hay muy poco presupuesto y una manifiesta falta de gestión efectiva. Los expertos am-bientales señalan que esta suma inconexa de unidades legalmente protegidas no es aún suficiente para garantizar una pre-servación efectiva de la biodiversidad. La asignatura pendiente son los conectores y corredores ecológicos que deben enlazar-los y convertirlos en un sistema viable. Para llevar a cabo esa tarea resulta mucho más eficaz el mantenimiento en buen estado del mosaico agrícola y forestal tradicional –especialmente si se reconvierte hacia la agricultura o la ganadería ecológica y una explotación sostenible del bosque–, que la mera ampliación de espacios protegidos. Un indicador del escaso interés ambien-tal de los partidos políticos mayoritarios que gobiernan las instituciones catalanas es darse cuenta de cómo han tendido a considerar que una vez habían protegido ciertos parajes singulares ya habían hecho lo suficiente por la naturaleza, dando por sentado que más allá de su perímetro no eran necesarios mayores miramientos. En materia de agua, residuos, energía y ordenación territorial no ha habido discrepancias apreciables entre CiU y el PSC durante muchos años. Sin embargo, los residuos y el agua desencadenaron los conflictos más graves de las seis legislaturas de Jordi Pujol, y los que podían haber sido más peligrosos para el dominio electoral de CiU. Sólo así podemos entender que los gobiernos pujolistas pudieran mantener la mayoría parlamentaria a lo largo de veintitrés tres años sin disfrutar nunca de una verdadera mayoría social. Eso tam-bién explica el retraso en las normativas ambientales, y que Cataluña sólo haya co-nocido hasta el momento dos consejeros

verdaderamente capaces de romper con el desinterés y la cultura de la trampeta que, en materia de medio ambiente como en tantos otros ámbitos de los bienes públicos, ha caracterizado a la mayoría de políticos desde la transición. Estos dos consejeros excepcionales han sido Albert Vilalta (1991-1996) con CiU, y Salvador Milà (2003-2006) de ICV. El resto ha pasado por el Departament de Medi Ambient (DMA) limitándose a limar las aristas más conflictivas de las políticas iniciadas por sus predecesores con los intereses creados del poder económico establecido.

Dos conflictos: agua y residuosNo es casualidad que esos dos únicos consejeros ambientalmente innovadores hayan sido precedidos de importantes movimientos de ecologismo popular en Cataluña. El primer gran conflicto por los residuos industriales fue capaz de originar en 1991 la propia creación del DMA, pero al permanecer limitado a algunas comarcas rurales no pudo propiciar aún un vuelco político de mayor alcance. La Ley de Residuos aprobada por Vilalta en 1993 supuso una puesta al día muy con-siderable, pese a mantener la opción por la incineración. El conflicto de los residuos se ha desplazado desde entonces hacia las reticencias de ciertos poderes fácticos y municipales a la recogida selectiva. Mientras el lobby incinerador ha tratado de poner palos en las ruedas del reciclaje o desvirtuar la ley de residuos, los grupos ecologistas han seguido promoviendo la reducción y recuperación de residuos mientras denunciaban incansablemente a las incineradoras como una fuente de peligrosos contaminantes. En 1991 el recién creado DMA también tuvo que encarar el estallido de la Guerra

del Agua en los barrios obreros del entor-no metropolitano, que se prolongó hasta 2002. Las directivas de la UE exigieron instalar muchas depuradoras, y el traslado del coste a los consumidores provocó un encarecimiento repentino del recibo del agua allí donde ya era más cara, y los con-sumos más bajos, mientras la estructura tarifaria se mantenía muy regresiva. Eso hizo estallar una protesta consistente en pagar sólo la tarifa del agua y el IVA en una cuenta corriente de las asociaciones de vecinos, haciendo insumisión fiscal a los impuestos añadidos. Más de un cuarto de millón de personas se adhirieron a la Gue-rra del Agua, mientras las administraciones permanecían literalmente paralizadas. Albert Vilalta fue el único cargo público que accedió a escuchar los dirigentes veci-nales, consciente que las nuevas directivas de la UE les daban parcialmente la razón cuando exigían crear un ente público que repercutiera todos los costes ambientales del agua en un solo canon, y que éste fuera progresivo, entendido y legitimado. La creación de la Agencia Catalana del Agua en 1998 fue en parte resultado de esta Guerra del Agua en el área metro-politana, a la que se sumaría entonces el segundo gran conflicto socio-ambiental reciente vivido en Cataluña y toda España: el proyecto de trasvase del Ebro. Tras formar parte de anteriores propues-tas del PSOE y CiU, aquella obra faraónica se convirtió en la obra estrella del Plan Hidrológico Nacional (PHN) aprobado en 2001 por el gobierno español de José Mª Aznar, provocando la alarma y la mo-vilización de la gente del Delta de l’Ebre, y buena parte de la comunidad científica. En 1998 se creó la Fundación Nueva Cultura del Agua, que proporcionó los ar-gumentos para recurrir ante la UE que los

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fondos comunitarios pagaran los trasvases. En el año 2000 se creó la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que pronto se convirtió en un movimiento de ecologismo popular fuertemente arraigado en el territorio. Los grupos ecologistas pusieron en contacto la lucha de las Terres de l’Ebre con los valles pirenaicos afectadas por nuevos embalses, y con la oposición al PHN en Barcelona, Zaragoza o Madrid. Esa alianza construyó el movimiento por una Nueva Cultura del Agua, con una capacidad de protesta ciudadana y propuesta ambiental rigurosa sin precedentes. Ese segundo estallido de ecologismo popular en Cataluña fue capaz de construir una alianza mucho más sólida entre el campo y la ciudad, que hizo variar momentáneamente las políticas hídricas del PSC, e influyó notablemente en las adoptadas por ERC e ICV-EUiA, lo que a su vez se convirtió en un factor decisivo para la formación en 2003 del primer gobierno tripartito de izquierdas. No es extraño, pues, que la gestión de las cuencas internas de Cataluña haya destacado desde 2003 por la coherencia y el rigor con que se está aplicando la Directiva marco de la UE sobre gestión del agua, muy por delante de las otras confederaciones hidrográficas españolas (incluso a pesar de las inconsistentes meteduras de pata del último conseller, Francesc Baltasar, durante la última se-quía de 2008). Otra iniciativa catalana muy innovadora la encontramos en la asociación que ya agrupa a más de 80 de municipios catalanes donde la recogida de

residuos puerta a puerta ha permitido al-canzar niveles de recuperación superiores al 70%. Ése y otros ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de los residuos, el agua o la energía revelan otro rasgo de la innovación ambiental en nuestro país: el papel de las iniciativas locales de carácter comunitario, el único marco donde se ha comenzado a experimentar una sinergia positiva entre las instituciones públicas y una participación ciudadana capaz de asumir responsabilidades colectivas. La Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibi-litat, que reúne a más de 220 entes locales que representan el 78% de la población de Cataluña, es una buena concreción institucional de estas sinergias locales.

Bloqueo por empresarios y financieros tradicionales¿Cuál es, entonces, la barrera que separa a ese hormigueo de iniciativas locales in-novadoras de la parálisis política que sigue caracterizando a los ámbitos institucionales superiores? La persistente y exitosa campa-ña del Círculo de Economía contra Salva-dor Milà de ICV-EUiA, hasta conseguir su cese como consejero de medio ambiente, habla por sí misma. El origen de la parálisis ambiental catalana es el sometimiento de los gobiernos de la Generalitat a los intereses particulares de aquella otra so-ciedad civil, la buena sociedad formada por los intereses empresariales y financieros más directamente ligados al viejo modelo económico que las políticas sostenibilistas deberían ayudarnos a superar.

El avance hacia una Cataluña decidi-damente orientada hacia nuevas formas de desarrollo sostenible necesita el sur-gimiento de otro tejido empresarial y financiero, capaz de tomar el relevo a los que en otros tiempos fueron capitanes de la industria catalana, pero hace ya mucho que han vendido o deslocalizado sus empresas y han perdido un auténtico temple innovador. Tal vez haya llegado ya la hora de un nuevo florecimiento del cooperativismo, de un desarrollo de la economía social y las finanzas éticas capaz de llevar a cabo las inversiones en energías renovables, agricultura y gana-dería ecológicas, la reanudación de una explotación multifuncional del bosque, o una nueva producción industrial limpia capaz de convertir los residuos de nuevo en recursos. De otro modelo de desarrollo, en definitiva, centrado en el cuidado de las personas y el medio ambiente común que demos legar en buen estado a las generaciones futuras.

1. La lucha ciudadana consiguió la protección de los Aiguamolls de l’Empordá en 1983.2. El Círculo de Economía ha liderado la oposición a las políticas sostenibilistas.3. Salvador Milá, uno de los pocos Consejeros de Medio Ambiente que merecían ese nombre.4. Manifestación en Barcelona contra la política ambiental de la Generalitat, 22-3-2009. Foto: gaBriEl Massana, El Punt.

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Notas- Este texto es la versión castellana ampliada

del artículo cuyo resumen se publicó en la sección Medi Ambient del dossier 50 paraules que expliquen un país, con la que el diario Público inauguró su suplemento en catalán (23-4-2010)

1. Enric Tello dirige en la Facultad de Ciencias Económicas un grupo de investigación transdisciplinar sobre la transformación de los paisajes del Mediterráneo, analizada como una expresión territorial del metabolismo social (http://www.ub.edu/histeco/p2/esp/index.php).

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La Avenida Diagonal de Barcelona se queda sin tranvía

Una oportunidad perdidaElena Díaz

El Ayuntamiento de Barcelona planteó una consulta ciudadana para decidir la forma en la que se reformaba la Avenida Diagonal, utilizando el tranvía como eje del transporte en superficie. Pero la pésima forma de plantear y organizar la consulta, junto a la presión de los grupos pro-automóvil, hizo que se perdiera una oportunidad, largo tiempo demandada por muchos movimientos sociales, para promover la movilidad sostenible: la Diagonal se queda como está, llena de coches.

Elena Díaz, Ecologistes en Acció de Barcelona

En diciembre de 2009 el Ayunta-miento de Barcelona decide hacer una consulta ciudadana sobre la reforma de la Diagonal, gran ave-nida que cruza toda la ciudad en

diagonal desde la montaña hasta el mar y que soporta un tráfico de 84.000 vehí-culos/día. La reforma consistía en reducir los carriles de circulación y el tráfico en 51.000 coches/día, ampliar el espacio peatonal, introducir un carril bici y una línea de tranvía. En principio, la consulta se planteó so-bre dos opciones de reforma: A) convertir la avenida en una rambla (zona peatonal al centro y calzadas a ambos lados), o B) en un bulevar (aceras ampliadas y calzada reducida al centro), ambas con el tranvía como protagonista. Tras la campaña orquestada en contra de la iniciativa por el lobby automovilístico, con el apoyo de los grupos políticos de la oposición (CIU y PP), se decidió añadir una opción C a la consulta, consistente en “ninguna de las dos opciones anteriores”. El resultado del referéndum, realizado en la segunda semana de mayo de 2010, fue desastroso para el Ayuntamiento: una bajísima participación (10%) y una contundente derrota de las dos opciones planteadas, con un 79,8% de los votos a favor de la opción C. El terremoto político

que siguió obligó a cesar al primer teniente de alcalde, para evitar la dimisión del prin-cipal responsable, el alcalde Jordi Hereu. Ecologistes en Acció de Barcelona, integrada en la plataforma ciudadana “Diagonal per Tothom”, defendemos la necesidad de reducir la circulación de vehículos y construir una línea de tranvía por esta avenida, que sea vertebradora del transporte público de superficie, como un paso importante en la lucha contra la dicta-dura del coche. “El tranvía por la Diagonal” es desde hace años una reivindicación de las asociaciones preocupadas por la mo-vilidad, en defensa del peatón, la bicicleta y el transporte público y rechazada por el gobierno municipal… hasta hace poco menos de dos años, en que el alcalde decidió plantear la reforma. ¿Qué pasó para que una propuesta en defensa de una movilidad más sostenible, de origen ciudadano, fuera rechazada tan rotundamente por la población, que supuestamente se iba a beneficiar de ella? Intentaré esbozar algunas de las razones que yo considero que se hayan detrás de este fracaso.

Crónica de un fracasoDesde mi punto de vista, el principal responsable del fracaso es el Gobierno municipal y la forma en que ha planteado todo el proceso. Para nosotros el tema clave de la reforma es la introducción

del tranvía y el papel que puede jugar en cambiar la movilidad de la ciudad. La campaña del Ayuntamiento a favor de la reforma tendría que haberse centrado en estos aspectos, planteándola como parte de un plan de movilidad cuyo objetivo fuese un cambio modal, dando voz a los partidarios de ese cambio (no se nos dio ninguna participación en el proceso) y provocando un debate público sobre el mismo, apostando por el tranvía como un paso necesario en esa dirección. Por otra parte, en Barcelona, el tranvía dista mucho de gozar de un apoyo general como medio de transporte eficaz. Esto se debe a la experiencia de las dos líneas existentes, que pueden considerarse un poco marginales en el sistema de trans-porte urbano, en ambos extremos de la Diagonal, una el Trambaix, hacia Cornellá y la otra, el Trambesós, desde el Forum, por Diagonal mar hasta la Ciutadella, con pocas conexiones con la red de transporte público. De ahí, nuestra propuesta de en-lazar toda la Diagonal con un tranvía, con preferencia semafórica, uniendo ambos tramos existentes proporcionándole la eficacia que ahora no tiene, para que, com-binado con la red de autobuses, vertebrara el transporte público de superficie. Nada de esto se ha tenido en cuenta al hacer la campaña sobre la reforma, que se ha centrado en “cómo va a quedar la Diagonal” y no en “cómo va a afectar a

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la movilidad en la ciudad”. Parecía un tema que sólo importaba a los vecinos y comerciantes de la Diagonal y ésa es una de las causas de la baja participación. Como muestra de la confusión sobre los objetivos de la reforma entre sus mis-mos promotores añadir que, en una fecha tan tardía como el 26 de marzo, aún se discutía en el pleno municipal si el tranvía era o no condición necesaria para la refor-ma y uno de los socios del tripartito que gobierna en el Ayuntamiento (ERC) era partidario de aparcar de entrada la decisión sobre el mismo (La Vanguardia, 29/3/10) ¿Por qué se planteó entonces la refor-ma? Porque, en esencia, la campaña por la reforma de la Diagonal ha sido una operación de imagen, uno de esos gestos a los que tanto se han acostumbrado los alcaldes de Barcelona, desde el éxito de la operación urbanística realizada con motivo de las olimpiadas del 92. Una operación más modesta, más acorde con los tiempos y con la imagen de ciudad moderna, mo-delo de otras ciudades, aunque más bien modelo de pasarela que “et posa guapa” para seducir y atraer turistas, congresos y empresas que produzcan buenos negocios y coloquen a la ciudad en el mundo. Así, que lo que nos han ofrecido es una típica campaña publicitaria de marketing donde lo que cuenta es el envoltorio en el que se presenta ¡qué bonita va a quedar la Diagonal! y no los contenidos, convir-tiendo todos los elementos de la reforma, incluidos tranvía, carril bici y buses, en mobiliario urbano de una avenida ideal. Se nos ha vendido la imagen de “la Dia-

gonal del siglo XXI”, tan virtual como los paneles publicitarios que la enseñaban y tan alejada de los problemas cotidianos de los ciudadanos que ni se han molestado en defenderla con argumentos. Una imagen publicitaria ha de seducir, no convencer. La consulta popular formaba parte de la misma campaña publicitaria y tan virtual como ella, tan vacía de sentido y de debate en su versión inicial que no animaba a la participación: se trataba de apoyar una reforma ya decidida en una de sus dos versiones virtuales, en la que muchos detalles importantes aún estaban en el aire y eran susceptibles de cambio. En definitiva ¿qué importaba que la solu-ción final fuese un bulevar o una rambla, cuando las baterías de la oposición se lan-zaban contra el tranvía y la reducción del espacio para el coche, incluido en ambas opciones? Fue esta oposición la que obligó al Ayuntamiento a incluir la nueva opción, la C, cuya indefinición favoreció su éxito final: “ninguna de las dos”. La oposición a la reforma, en la que tuvo un papel importante el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), cumplió su función, realizando una intensa campaña en los medios de comunicación (especial-mente La Vanguardia) para desgranar los argumentos habituales (problemas para la circulación, más tráfico en el Eixample, que se atascaría con los coches expulsa-dos de la Diagonal, comerciantes que se quejan de que sus clientes no podrían llegar con sus coches a sus establecimien-tos, colapsos circulatorios…), atacando el “enorme dispendio” de una reforma

innecesaria, la “privatización del transporte público” (la empresa que construye y ex-plota el tranvía, TRAM, es privada) y hasta proponiendo la construcción de un túnel para el metro bajo la Diagonal. En defini-tiva, campaña demagógica y populista de gran calado, que el Ayuntamiento no se molestó en combatir con argumentos y debates en profundidad, fiándolo todo al papel encantador de la campaña publicitaria al uso. Al final, las circunstancias históricas y los errores informáticos del proceso de participación dieron la puntilla a la propuesta. La votación coincidió con el anuncio de Zapatero de recortes a los sueldos de funcionarios y pensionistas. El negro pesimismo que se instaló en la población en los días subsiguientes no fue el más propicio para animar a la partici-pación sobre una reforma que no entraba en las preocupaciones de los ciudadanos y que en ese momento, más que nunca, sonaba a dispendio innecesario. En estas circunstancias se hizo público el coste de la consulta, por primera vez informatizada, que ascendía a 3 millones de euros. Los fallos del sistema informático, que impidie-ron votar al alcalde el primer día, pero que fingió haber votado ante los medios de comunicación, y el descubrimiento de la mentira posteriormente (tuvo que volver a votar), convirtieron en un vodevil casposo e impresentable todo el asunto. Puestas así las cosas, todavía me asom-bro de que hubiera ciudadanos que, in-asequibles al desaliento, fuéramos a votar a favor de la reforma de la Diagonal.

1. La plataforma ciudadana Diagonal per Tothom organizó una demostración en la Diagonal para comparar el espacio ocupado por 200 personas moviéndose en coche, en dos autobuses articulados o en tranvía.2. El tranvía hubiera mejorado mucho su funcionalidad de poderse unir las dos líneas existentes. 3. Vista aérea de la Avenida Diagonal atravesando el Eixample.

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Un boicot al modelo de consumo imperante

Día sin ComprasComisión de Consumo de Ecologistas en Acción de Madrid

El próximo 26 de noviembre se celebrará la 19º edición del Día sin Compras en más de 60 países. El Día sin Compras ha evolucionado desde su primera edición en 1992 en Vancouver hasta convertirse en una fecha señalada a nivel mundial para los colectivos críticos con el modelo y los valores consumistas imperantes, que aprovechan este momento para denunciar sus consecuencias y proponer alternativas de consumo. En conmemoración de esta jornada, Ecologistas en Acción organiza diversas actividades en el territorio español.

A lo largo de las últimas décadas el consumo de bienes, servicios y recursos naturales se ha ido incre-mentando de forma exponencial a nivel mundial. Sin embargo,

este aumento no se ha repartido, precisa-mente, de forma equitativa, sino que ha seguido la llamada Ley de Paretto, ya que el 20% de la población mundial consume aproximadamente el 80% de los recursos del planeta. Más allá de lo cuantitativo, el consumismo ha ido tomando cada vez más protagonismo en la vida de las personas y las sociedades enriquecidas, hasta convertirse en una ideología para la selecta clase media consumidora, formada por unos 1.700 millones de personas, y ha hecho del consumo un fin en sí mismo. Desde una perspectiva práctica, se trata de un tipo de conducta tremendamente repetitiva y significativa en el estilo de vida contemporáneo, y que se ofrece como una solución integral a todos los proble-mas, carencias y necesidades percibidas de las personas.

Crítica al modelo

El consumismo es una conducta que a medida que se ha ido extendiendo a todos aquellos que tuvieran los recursos económicos imprescindibles para entrar en esta noria, ha supuesto enormes impactos a nivel social, económico y medioambien-tal en todo el planeta. Cada día son más los datos que evidencian los impactos del estilo de vida consumista: destrucción ambiental, sobreexplotación, profundi-zación de las desigualdades económicas, mercantilización de los derechos, las re-laciones y los afectos, descohesión social, concentración del poder económico, entre muchos otros. Desde otra perspectiva, a pesar de los elevados niveles de producción y con-sumo alcanzados, así como del ideal del progreso al que se dirige esta cultura de la posesión de las cosas, las sociedades de consumo muestran signos cada vez más claros de hastío, insatisfacción e infelici-dad. Se trata de una paradoja que está

inserta en la propia naturaleza y dinámica consumista porque, seguramente, ésa sea la trampa: construir individuos que se sientan permanente y sistemáticamente

insatisfechos con lo que tienen para que sigan consumiendo genera, en definitiva, frustración e infelicidad. Un modelo de contrasentido en el que conviven personas obesas y famélicas, el despilfarro y las necesidades básicas insatisfechas, la persecución de una es-curridiza felicidad publicitaria y los más altos niveles de trastornos psíquicos en la historia de la Humanidad. Una sociedad

que se caracteriza por la insolidaridad, el individualismo y el hedonismo, y cuyo estilo de vida hegemónico desafía a diario la sostenibilidad ecológica y social.

Reivindicación y construcción de alternativasFrente a este escenario, cada día son más numerosas las iniciativas colectivas a escala global que pretenden denunciar los excesos y defectos de este modelo de consumo, promoviendo la reflexión crítica, denunciando los impactos, construyendo alternativas y articulando iniciativas para un consumo consciente, crítico y respon-sable. En este sentido, el Día Sin Compras (DSC) es una de las actuaciones que más notoriedad e impacto han logrado a lo largo de los últimos años. El DSC se celebra cada año la jornada posterior a la conmemoración del Día de Acción de Gracias, a finales del mes de noviembre. La elección de la fecha se debe a que el Día de Acción de Gracias repre-senta el pistoletazo de salida a la oleada de las compras navideñas, principalmente en EE UU. El también denominado Viernes Negro, es la fecha en la se rebajan los precios en la inauguración de la tempora-da de compras navideñas, se colapsan las grandes superficies y centros comerciales, la publicidad promueve el desenfreno con-sumista y, como resultado, es la jornada

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en la que se produce el mayor volumen de compras en ese país. Esta iniciativa fue propuesta por el publicista canadiense Ted Dave como una forma de crítica contra los excesos consumistas. Su primera edición se celebró bajo el lema “lo bastante es suficiente” en 1992 y posteriormente el DSC ganó más notoriedad pública al ser impulsado por el colectivo Adbusters. La propuesta del DSC podría ser comparable a una jornada de huelga de los consumidores o una campa-ña de boicot, no contra un producto o una empresa concreta, sino contra el aparato mercantilista y publicitario y el modelo de consumo resultante. Los objetivos de esta actuación global no se limitan a la reducción del nivel de consumo en los países del Norte econó-mico, sino que se extienden a promover una reflexión crítica sobre este modelo de consumo, denunciar sus impactos y proponer alternativas viables que estén

sustentadas en valores como la sostenibilidad socioam-biental, el reparto equitativo de la riqueza, la solidaridad, alternativas que retomen las relaciones comunitarias de cercanía, el comercio local y estén asociadas a las necesi-dades reales de las personas. Por ello, se trata de una apuesta activa por otro modelo de consumo más crítico, donde el eje no sea el crecimiento econó-mico y la optimización de los beneficios empresariales a costa de sistemáticas in-justicias sociales, la polarización de la ri-queza, la dependencia al consumismo y la destrucción de los recursos naturales. Así, se ha convertido en una jornada señalada para los colectivos y personas que apues-

Nada, el producto más vendido

La repercusión y visibilidad del DSC ha ido creciendo paulatinamente desde sus comienzos, cada año con un mayor nivel de participación de personas y

colectivos. Los lemas “un día sin compras, 364 de consumo sostenible” y “Nada, el producto más vendido en el Día sin Compras” sirvieron para celebrar las dos últimas ediciones del DSC en el Estado español. Ecologistas en Acción propone el debate, la reflexión y la construcción de alter-nativas posibles para promover el decrecimiento, reconducir el estilo de vida, el modelo de producción, de consumo, de transporte, energético, de alimentación y de poder, con el objeto de transitar el ineludible camino hacia la sostenibilidad socioambiental del sistema. Para tal fin, se organizan durante toda la semana distintas actividades en diferentes ciudades del territorio español. Entre éstas, destacan recorridos por proyectos alternativos, mercadillos de trueque y tiendas gratis, exposiciones de contrapublicidad, charlas de agricultores ecológicos y gru-pos autogestionados de consumo, talleres de costura, de reciclaje de muebles o de huertos urbanos y mesas redondas.

tan por la transformación del modelo de producción, distribución y consumo, así como del estilo de vida contemporáneo. Esta crítica se sustenta en una crítica sis-témica más amplia y profunda, vinculada al reparto de los recursos a escala planeta-ria, el libre mercado, las normas que rigen el comercio internacional o las políticas alimentarias, entre otros. Por lo tanto,

también se r e l a c i o n a con o t r o s movimientos de contesta-ción, como es el caso del comer-cio justo, la agroecología, la economía solidaria, el movimiento decrecentista o la defensa

de la so-

beranía alimen-taria de los pue-blos. Durante esa fecha, los colec-tivos y organiza-ciones sociales implicadas en estas temáticas denuncian de distintas mane-

ras un sistema injusto, alienante e insosteni-ble, y reivindican el consumo local, justo y ecológico de los productos necesarios. Por eso, el DSC es también una ocasión para la visibilización de la problemática asociada al consumismo y la promoción del ejercicio colectivo de un consumo responsable y crí-tico durante los otros 364 días del año. En última instancia, se trata de una jor-nada que sirve para poner sobre la mesa de la conciencia colectiva un conjunto de críticas y alternativas necesarias que han quedado ocultas o disfrazadas por el ruido mediático y la saturación publicitaria. La crítica a una economía que se ha vuelto autónoma, que no toma en consideración las necesidades y exigencias de la vida hu-mana y sólo aspira a su propio desarrollo. A un aparato de producción que pretende alcanzar un ilusorio crecimiento infinito sobreexplotando el planeta y un modelo de consumo que pretende mercantilizar todo aquello cuanto exista. A un estilo de vida que obvia cualquier límite y pasa por encima de las necesidades en nombre del

progreso, el desarro-llo o la modernidad. La alternativa de construir una socie-dad fuera de la lógi-ca del crecimiento, el individualismo y la competencia. De promover un mo-delo económico y social que respete los límites físicos, pro-teja y favorezca la vida. La alternativa de reaprender a vivir más allá del consu-mismo, siguiendo la consigna “menos para vivir mejor”.

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Una victoria de la movilización vecinal y ecologista en Morata de Tajuña

La derrota de una térmicaAlfredo Melero

Una bien orientada oposición ecologista y vecinal ha conseguido hasta ahora detener los proyectos de 10 centrales térmicas en los alrededores del sureste madrileño. El exponente más claro de esta lucha ha sido la oposición a la central de ciclo combinado de Morata de Tajuña, cuyo proyecto recientemente ha sido anulado por los tribunales.

Alfredo Melero, abogado de la Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción

En el año 2000 se inician los trá-mites para poner en marcha el proyecto empresarial de insta-lar una central térmica de ciclo combinado de aproximadamente

1.200 megavatios de potencia en el mu-nicipio de Morata de Tajuña, pueblo del sureste de Madrid que ya cuenta en su término municipal con una cementera de las más grandes de Europa, propiedad de la empresa Portland. Han pasado más de 10 años y hoy día el proyecto se encuentra en coma. No ha muerto definitivamente, pero es muy probable que no salga adelante. Y ello, a pesar de que la promotora es una potente empresa multinacional de la energía belga, Electrabel, y del apoyo que recibió desde el Ministerio de Medio Ambiente y el de Industria, tanto bajo gobierno del PP como del PSOE. La situación crítica en la que se encuen-tra se debe a dos razones fundamentales. En primer lugar, la pérdida de apoyo social del proyecto, por la gran oposición vecinal y social, e incluso política en el ámbito municipal. Por otro lado, el proyecto de instalar una central ha recibido un fuerte

mazazo procedente de los tribunales de justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló a finales de 2009 la Decla-ración de Impacto Ambiental que aprobó el Ministerio de Medio Ambiente (siendo ministra Cristina Narbona) así como la Autorización de Instalación del Ministerio de Industria. Seguidamente el Tribunal Supremo a principios de 2010 dicta sentencia firme por la que anula la declaración de Utilidad Pública que otorgó el Consejo de Minis-tros para abrir el proceso expropiatorio de los terrenos necesarios para la instalación de la central. Este mismo Tribunal es quien tiene que resolver los recursos que se in-terpongan contra la anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que las posibilidades de que confir-me la sentencia –y, con ello, la definitiva anulación de los permisos que necesita la central– son muy elevadas. Todos los grupos sociales, vecinales, ecologistas y políticos que han intervenido en la oposición a la instalación coinciden en considerar la situación actual como el fruto de años de lucha contra la central y con optimismo contemplan ya la práctica liquidación del proyecto empresarial. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué factores han permitido el descalabro de

este proyecto? ¿En qué condiciones socia-les llegó este asunto a los tribunales para que se produjera una sucesión de senten-cias desfavorables para la central? Éstas son algunas de las cuestiones que se abordan muy someramente en este artículo.

Cantos de sirenaCuando se pretende instalar un proyecto industrial de esta naturaleza, las empre-sas que lo promueven, generalmente multinacionales o grandes empresas de la energía, intentan convencer primero a alcaldes, concejales y grupos políticos del pueblo en cuestión. Posteriormente, cuando se recaban los apoyos necesarios en los ayuntamientos y partidos políticos, la campaña publicitaria se extiende a toda la población. Para convencer de las bondades de este tipo de instalaciones suelen ofrecer siem-pre lo mismo: promesas de prosperidad económica. La instalación de las centrales se vende como una gran oportunidad de desarrollo económico para localidades que están muy necesitadas de ello. Se promete la creación de puestos de trabajo, muchos de ellos estables, como la propia instala-ción, que dinamizará toda la actividad económica en el pueblo y en el conjunto de la comarca. Otro argumento utilizado, al que suelen ser muy sensibles los alcaldes y concejales, es la promesa de recaudación de millona-rias cantidades en concepto de impuestos locales que pagará la central, fuente per-manente de financiación, de tal forma que el municipio pasará de la precariedad a una situación de riqueza exorbitante que solucionará sus problemas de servicios e infraestructuras. Ante tamaño maná económico, en municipios generalmente modestos, cómo no sucumbir a las tentaciones de instalar una central térmica. Los primeros en caer son los alcaldes y concejales que ven como por azar del destino pasan de gestionar un presupuesto municipal modesto y ajustado a uno de cuantía inimaginable. Así no fue extraño que inicialmente todos los grupos políticos, a derecha e izquierda, apoyaran la instalación de la central térmica, Ayun-tamiento y sindicatos incluidos. Ésta fue la situación de partida en la que estaba el proyecto, pero con una peculia-ridad: en Morata los vecinos ya contaban con la experiencia de tener que soportar una gran cementera y por tanto ya habían experimentado cómo estas instalaciones contaminantes, que vienen para no irse nunca, en el fondo no sacan a estos mu-nicipios de la situación de precariedad en la que se encuentran. De forma que la propaganda del desa-

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rrollismo económico es más difícil que ten-ga buena acogida donde desde hace años sufren una instalación de este tipo, que ni ha hecho rico al pueblo, ni ha acabado con el paro, ni con los problemas de financia-ción del municipio, pero que ha hipotecado el pueblo a todos los efectos, especialmente en materia de medio ambiente.

Oposición perseveranteÉsta es la contradicción que se produce en Morata: por un lado el apoyo político e institucional inicial al proyecto, y de otro, la experiencia del pueblo y el escepticismo de muchos vecinos que no acaban de creer las promesas de una vida mejor. Y en medio de esta situación, aparece un grupo de oposición al proyecto en torno a la Asociación de Vecinos de Morata, dirigido y organizado por un viejo zorro del movimiento ecologista en Madrid, el profesor de química Ladislao Martínez. A partir de aquí, con su intervención directa en Morata, este pequeño grupo se convierte en un factor determinante que cambia la situación por completo, poniendo de cabeza a todos los partidos políticos del pueblo, incluidos sus cargos municipales. A través de un trabajo perseverante de concienciación e información de los vecinos sobre los perjuicios que traería la instalación, confrontando las promesas de la promotora con la propia experiencia del pueblo y la realidad objetiva d e los datos sobre contaminan-tes y agentes químicos que emitiría la planta, el pueblo se posiciona claramente en contra de la instalación de la central con manifestacio-nes públicas de rechazo, y detrás de los vecinos, sus representantes políticos. La oposición a la central de Morata se extiende a toda la comarca y el gru-po se constituye como la Plataforma del Su-reste de Madrid “Aire Limpio” y como lema principal, “Térmicas no.” En el año 2000, cuando se presentó el proyecto de ins-talación, gobernaba el Partido Popular; cuando se conce-den los permisos administrativos go-bierna ya el Par-tido Socialis-ta. Tanto un

gobierno como el otro apoyan sin fisuras el proyecto de la multinacional, hasta el punto que para su aprobación se cometen importantes irregularidades en la tramita-ción administrativa. A la embestida administrativa se une la empresarial. A partir del verano de 2004 se produce una auténtica avalancha de proyectos de instalación de centrales tér-micas en localidades próximas: Valdemin-gómez, Fuentidueña de Tajo, Colmenar de Oreja, Estremera, Villamanrique de Tajo, Pinto, Paracuellos del Jarama, Santa Cruz de la Zarza (Toledo) y Barajas de Melo (Cuenca).

Esta situación provoca la extensión de las luchas contra las centrales térmi-cas a la totalidad de las poblaciones afectadas y las colindantes. Morata ya no es un caso aislado, sino la punta de lanza de una serie de proyectos empresariales que de llevarse a la práctica convertirían toda la zona, especialmente el curso del río Tajo, en un infierno dantesco de instalaciones altamente contaminantes. Éste es el contexto social en el que se emiten las sentencias. Casi a un tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo anulan todas las resoluciones administrativas que afectan a la central de Morata. El Tribunal Superior de Justicia de Ma-drid anula la declaración de impacto am-biental por no haber respetado la distancia mínima de 2.000 metros hasta el núcleo

de población de Morata. Según

consta en el expediente administra-tivo, la dis-tancia era

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rior a 1.500 metros, y a pesar de ello el Ministerio de Medio Ambiente de Nar-bona no dudó en otorgar la autorización. A esto se añade que la declaración de impacto ambiental carecía de un estudio de alternativas al emplazamiento propues-to y, además, vulneraba injustificadamente las normas subsidiarias de planeamiento municipal. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo, lo más importante es que con-sidera que la resolución del Gobierno en la que aprueba la utilidad pública no justifica la necesidad de dicha instalación eléctrica, por cuanto no dedica una sola palabra a este fin, ni aporta un solo fundamento de derecho que decida las controversias planteadas. A esto se añade la falta de aprobación del proyecto de ejecución de la central. En conclusión, la lucha contra la térmica de Morata ha tenido varias batallas y la úl-tima y definitiva puede que sea la judicial, si bien no fue la más significativa. Poner a todo un pueblo y comarca contra un pro-yecto de este tipo, convencer a todos sus representantes políticos y municipales –lo que finalmente los llevó a encerrarse en el ayuntamiento en plena campaña electoral en contra de la central–, cambiar la corre-lación de fuerzas inicial completamente desfavorable por una claramente a favor y, al mismo tiempo, crear un movimiento en contra de las térmicas en toda esta zona de Madrid, Toledo y Cuenca que no ha permitido hasta la fecha la instalación de ninguna de las diez centrales previstas… y todo ello teniendo en frente a multina-cionales y a grandes compañías eléctricas, ésta ha sido la base social y política previa a las decisiones judiciales. Como planteaba Ladislao: “¿Hubieran dicho lo mismo los tribunales si la central de Morata estuviera ya en funcionamiento o en construcción?”

1. Una de las muchas manifestaciones celebradas en la zona (Colmenar de Oreja, 9-4-2005).2. La presión ciudadana consiguió que todos los grupos políticos de Morata de Tajuña, y en los municipios del entorno, se opusieran a la central. Foto: cHus BlázquEz.

3. Protesta en la Puerta del Sol de Madrid (27-11-2004). Foto: Ecologistas En acción.

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Una técnica verde para la eliminación de contaminantes

Fitorremediación de suelos contaminados por radiactividadS. Redondo, M. Villa, E. Mateos, S. Hurtado, L. Andrades, R. Parra, F. Fernández

Los suelos y aguas contaminados por radiactividad, como consecuencia de la explotación de yacimientos de roca fosfórica o uranio para usos industriales, plantean un problema grave para el medio ambiente y la salud humana, y se hace necesaria una solución tecnológica efectiva y asequible. Afortunadamente, en los últimos años ha habido un interés creciente en el uso de plantas para eliminar radioisótopos del ambiente. Así, la fitorremediación es una tecnología verde y viable, desde el punto de vista económico, con un gran potencial para recuperar suelos contaminados por radiactividad.

Susana Redondo, Enrique Mateos, Luis Andrades, Raquel Parra, Francisco Fernández Muñoz, Grupo de Investigación “Ecofisiología

de Plantas Costeras” (G-ECOSTAS) de la Universidad de Sevilla; María Villa y Santiago

Hurtado, Grupo de Investigación “Física Nuclear Aplicada” de la Universidad de Sevilla.

Existen en la naturaleza numerosos compartimentos medioambienta-les en los cuales el contenido de radioisótopos de origen natural (procedentes principalmente de

las cadenas radiactivas del uranio y el torio) se encuentra en varios órdenes de magnitud por encima de los niveles me-dios encontrados en la naturaleza. Entre estos casos se encuentran los yacimientos de roca fosfórica, monacita o uranio. La explotación de dichos yacimientos, prin-cipalmente para usos industriales, puede dar lugar al aumento de la concentración

de los radioisótopos en la zona de explo-tación, en la materia prima extraída, el producto final y sus subproductos, con los consiguientes problemas medioambienta-les y de salud que esto acarrea. Un claro ejemplo de ello, es la acumu-lación de fosfoyesos junto a la ciudad de Huelva. Los fosfoyesos se generan en el proceso industrial de producción de ácido fosfórico (que se emplea, por ejemplo, en la fabricación de fertilizantes). En este proceso la roca fosfórica se ataca con ácido sulfúrico y en la reacción se produce ácido fosfórico y yeso, siendo este último un subproducto que suele precipitar con el radio (226Ra). El destino del fosfoyeso, una vez desechado por la actividad industrial, suele ser el apilamiento en balsas. Según denuncian los ecologistas, la comarca más afectada por el uso de fosfoyesos con car-gas tóxicas y radiactivas para el campo es la del Bajo Guadalquivir, frente al Parque

Nacional de Doñana. Una concentración de estos contami-nantes por encima de los límites marcados por el UNSCEAR (Comité Científico de Naciones Unidas sobre los Efectos de la Radiación Atómica) conlleva riesgos de salud para humanos y animales debida a la toxicidad química y a los efectos radio-lógicos. De forma que los suelos y aguas contaminados de esta manera con radio-isótopos plantean un gran problema para el medioambiente y la salud humana, y se hace necesaria una solución tecnológica efectiva y asequible. Las zonas afectadas por minería de uranio (denominadas uranium tailings) son un caso concreto de grave contami-nación, las opciones tecnológicas actuales para la remediación de estos ecosistemas contaminados por radiactividad natural pasan por conseguir la inmovilización de los radioisótopos y la dilución de sus concentraciones. Sin embargo, la des-contaminación directa del suelo plantea dificultades técnicas y económicas debido al gran volumen de material implicado.

Una solución viablePor esta razón, en los últimos años ha habido un creciente interés por el uso de plantas para eliminar radioisótopos del ambiente. Así, la fitorremediación es una tecnología con gran potencial basada en las plantas, con aplicación en una gran variedad de sitios contaminados con radioisótopos, y que proporcionaría una solución viable desde el punto de vista económico para la descontamina-ción de puntos negros de contaminación radiactiva. La fitorremediación en una tecnología ambiental bien conocida, que se emplea sobre todo en la descontaminación de suelos contaminados por metales pesa-dos. De hecho, en el número 57 de esta misma revista, Ecologista, los investigadores Garbisu, Epelde y Becerril pusieron de manifiesto la importancia de esta tecno-logía biológica en la limpieza de suelos contaminados por metales pesados [1]. No obstante es menos conocida su utilización para la limpieza de suelos contaminados por elementos radiactivos, de la que trata este artículo, y que enfatiza el potencial de esta tecnología verde para la recuperación de este tipo de suelos. La fitorremediación se define como el uso de plantas para eliminar contaminan-tes del ambiente o neutralizarlos [2]. En concreto, se han desarrollado varios tipos de fitorremediación [3]:

fitoextracción, en el que plantas acumu- ladoras de radioisótopos se utilizan para el transporte y la concentración de radio-

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isótopos del suelo en su biomasa aérea, posteriormente las plantas se cosechan con métodos agrícolas convencionales;

rizofiltración, en el que las raíces de las plantas precipitan y concentran ra-dioisótopos procedentes de efluentes contaminados;

fitovolatilización, en el que las plantas extraen radioisótopos volátiles (por ejem-plo, tritio, 3H) del suelo y los volatilizan desde el follaje; y

fitoestabilización, en el que las plantas estabilizan radioisótopos del suelo, con lo que se convierten en inofensivos. De hecho, cuando se trata de limpiar un suelo de radiactividad lo que real-mente es necesario, desde un punto de vista medioambiental y de salud pública, es la fitoextracción y la posterior cosecha de la biomasa aérea de la planta. De esta manera se consigue eliminar de una manera efectiva los radioisótopos de un suelo o medio contaminado, lo cual se considera como la técnica más deseable dentro de la remediación de suelos contaminados por radiactividad. La fitoextracción representa una oportu-nidad muy económica, considerando la magnitud y el alcance de los problemas ambientales asociados a suelos conta-minados con radioisótopos, y la ventaja competitiva que ofrece una tecnología basada en las plantas. Las plantas están bien adecuadas para la fitoextracción, ya que no sólo extraen los elementos tóxicos del suelo con su sistema radicular, además los conducen a través de su tejido vascular y los depositan en su biomasa aérea, en tejidos que pueden ser cosechados fácilmente. Posteriormente, el material cosechado se trata para reducir su volumen y concentrar los radioisótopos, y se maneja como un residuo radiactivo. La fitoextracción tiene el potencial para con-vertirse en una tecnología rentable, verde, de rehabilitación de zonas contaminadas, basada en el uso de plantas seleccionadas para eliminar radioisótopos de los suelos y el agua. Existen, por ejemplo, estudios previos, realizados por el grupo de investigación de los doctores Santiago Hurtado y María Villa, en los que se demuestra cómo la gramínea, Spartina densiflora, que se localiza en los ríos Tinto y Odiel (Huelva) tiene la capacidad de absorber relativamente altas concentraciones de radioisótopos, cuando existen altas concentraciones en el subs-trato. En concreto, se detectó en los tallos de S. densiflora un 8% del 238U presente en el suelo en el que crecía, y se sugiere que los mecanismos de bioacumulación en este caso se asemejan a aquellos de los nutrientes esenciales [4]. Esta planta,

que se reproduce sexual y asexualmente –mediante rizomas–, es una especie muy prometedora en materia de tecnología ambiental puesto que posee la ventaja de que cuando sus tallos mueren no los tira, permanecen unidos a la planta (y por tan-to, formando parte de su biomasa), con lo que con su cosecha se retirarían del medio todos los contaminantes acumulados por la planta. En conclusión, la fitorremediación presenta un enorme potencial como tec-nología de recuperación de suelos conta-minados, tanto por metales pesados como por elementos radiactivos.

Referencias1. garbisu c., EpEldE l., bEcErril J.M., 2008.

Fitorremediación. Ecologista 57, 40-41.2. raskin i., EnslEy b.d., 2000.

Phytoremediation of toxic metals using plants to clean up the environment. John Wiley & Sons, Inc., NY, USA.

3. dushEnkov S., 2003. Trends in phytoremediation of radionuclides. Plant and Soil 249, 167-175.

4. MartínEz-aguirrE a., garcía-orEllana i., garcía-lEón M., 1997. Transfer of natural radionuclides from soils to plants in a marsh enhanced by the operation of non-nuclear industries. Journal of Environmental Radioactivity 35, 149-171.

1. Vertidos de fosfoyesos junto al polo químico de Huelva. Foto: Ecologistas En acción.

2. Spartina densiflora, una planta capaz de concentrar los isótopos radiactivos.3. Depósitos de fosfoyesos, que contienen una fuerte carta tóxica y radiactiva, junto a Huelva. Foto: Ecologistas En acción.

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Claves para delimitar la titularidad y la adscripción de los caminos

Los caminos y servidumbres públicas y sus titularesHilario Villalvilla

Un asunto importante y a la vez complejo del mundo de los caminos es desentrañar quién es el titular de los mismos. Pero resulta una tarea necesaria tanto para tener seguridad a la hora de usarlos, como para ser eficaces en nuestras denuncias ante perturbaciones detectadas. Por ello, este artículo se dedica a describir la casuística de la titularidad de los caminos y de las servidumbres públicas.

Hilario Villalvilla, Ecologistas en Acción

Antes de entrar en materia hay que conocer dos conceptos básicos: titularidad y adscripción de un bien público. La titularidad hace referencia a la posesión legal del

bien, que corresponde a una Adminis-tración pública, la cual gestiona el bien o derecho público y ha de protegerlo y con-servarlo. La adscripción de un bien público se refiere a la transferencia del bien o dere-cho del titular a otros “organismos públicos dependientes de él”, para su vinculación a un uso o servicio de su competencia o para el cumplimiento de sus fines propios. La adscripción implica que el organismo al que se ha adscrito el bien posee las competencias de protección, administra-ción, conservación y demás actuaciones que requiera su correcto uso y utilización. Cuando los bienes públicos adscritos dejan de ser necesarios para el cumplimiento de

los fines que motivaron la adscripción, se procederá a su desascripción (el bien vuelve a su titular).

Caminos privadosSe localizan en terrenos de propiedad privada y permiten las comunicaciones del dueño del predio, su titular. El suelo del camino forma parte del terreno de propiedad privada, y sólo pasarán por él las personas que el dueño desee. Hoy día se observa una proliferación de carteles que indican que un camino es privado, lo que facilita su identificación, aunque, en ocasiones hay quienes señalizan un camino como de su propiedad, cuando no lo es, por tanto hay que estar atentos a estas artimañas y denunciarlas. A veces ocurre que por un predio privado discurre una servidumbre de paso que funciona como camino para que otro privado, que tiene dificultades para co-municarse con la red pública de caminos,

pueda acceder a su terreno. En este caso el suelo del predio sirviente (sobre el que se constituye la servidumbre) es privado, tan sólo se faculta al dueño del predio que tiene problemas de comunicación (predio dominante) a utilizar la franja de terreno privado como camino. Por tanto, el titular de la servidumbre de paso, voluntaria o forzosamente constituida, es el dueño de predio dominante, y es privada. Ahora bien, las servidumbres de paso también pueden ser de titularidad pública (servi-dumbres administrativas). El primer tipo se regula en el Código Civil y en las normas de las CC AA que poseen Derecho Civil propio [1], y el segundo tipo se regula en las leyes de aguas, costas, etc. Un tipo especial de camino privado es la Serventía, de la que se sirven los co-lindantes para acceder a camino público. Ésta discurre por terrenos de propiedad particular de cada uno de ellos, pero no es de propiedad exclusiva de los propietarios de las fincas colindantes que son titulares del derecho de paso. Otra tipología de caminos privados son los que discurren por los Montes Vecinales en Mano Común, que se localizan fundamentalmente en Asturies y Galiza y se regulan en sus Estatutos de Autonomía. Estos montes pertenecen a agrupaciones vecinales, y son aprovechados consuetudinariamente en “mano común” por los miembros de aquellas en su condición de vecinos. También son de titularidad privada: los caminos que discurren por Montes Consor-ciados entre un particular y la Administra-ción pública, anteriores a la aprobación de la Ley de Montes, o cualquier otro Monte afectado por otras figuras contractuales que se aplique a los montes privados, y en particular los que intervenga la Administración, y los Montes privados gestionados por personas físicas o jurídicas de derecho público u órganos forestales de la correspondiente CC AA; así como los caminos de servicio de “canales de riego cuyos propietarios, y por tanto ti-tulares, sean comunidades o sindicatos de regantes”, que sirven para gestionar la infraestructura, no para el uso público, aunque nos permitan transitar por ellos. Por lo que respecta a los procesos de concentración parcelaria, de los que resulta una nueva red de caminos, puede ocurrir que dicha red sea de titularidad privada o pública. Todo dependerá de si los caminos surgidos de la concentración se adjudican a comunidades de regantes o de agriculto-res (titularidad privada) o al Ayuntamiento (titularidad pública). En muchas ocasiones por un predio privado discurren caminos o servidumbres públicas. El suelo que sirve de soporte al

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camino es público, no forma parte del patrimonio privado del dueño del terreno, mientras que el suelo que sirve de soporte a la servidumbre pública sí es privado, aunque sobre él hay constituido un dere-cho de paso a favor del uso público de los ciudadanos o para favorecer un servicio que presta una Administración pública. Los caminos privados pueden cerrarse por parte de su propietario, previa solicitud de licencia al Ayuntamiento, cumpliendo los requisitos del Plan General, ordenanza reguladora de caminos, y otras normas concurrentes. Los que no pueden ce-rrarse al tránsito público son los caminos y servidumbres públicas que discurran por el interior de un predio privado. Las servidumbres de servicio público pueden estar cerradas al tránsito, por necesidades del servicio que prestan, aunque su titular sea una Administración pública.

Caminos y servidumbres públicasSon los que integran el patrimonio público caminero y cuyo titular (propiedad o de-recho real de uso) es una Administración pública, que a través de la vinculación del camino o la servidumbre a un uso o servicio público ejerce la posesión pública del mismo.

Caminos de dominio públicoLos caminos de dominio público de ti-tularidad del Estado, CC AA y Entes Locales se regulan en diversas normativas [2]. En los caminos de domino público hemos de diferenciar los afectados a un uso público y los afectados a un servicio

La segunda tipología sirve para la ges-tión de los embalses y sus infraestructuras asociadas, por lo que podemos encontrar-los cerrados por motivos de seguridad de las infraestructuras. No obstante, los ges-tores suelen permitir el uso público de los caminos, al objeto de que se pueda acce-der a sectores recreativos de los embalses, o a discurrir por los caminos asociados a las infraestructuras de transporte de agua, que no entrañen riesgo para personas e instalaciones, pero recordemos que no son de uso público. La última tipología deriva de las Leyes de Carreteras y Caminos, que establecen la posibilidad de construir junto a los via-

rios caminos de servicio, que no tienen la consideración de carreteras: “Son caminos de servicio los construidos

y explotados por Entidades u Organismos públicos (titulares) como elementos auxi-liares o complementarios de sus activida-des específicas. Cuando las circunstancias de los caminos de servicio lo permitan, y lo exija el interés general, deberán abrirse al uso público, según su naturaleza y gestión específica. En este caso, habrán de obser-varse las normas de utilización y seguridad propias de las carreteras y se aplicará, si procede a efectos de indemnización, la legislación de expropiación forzosa” (art. 3.9 de la Ley de Carreteras de la Comu-nidad de Madrid). Dentro de esta tipología se construyen caminos “para reconstruir las comunica-ciones rurales cortadas por la ejecución de nuevos viarios”. En este caso puede ocurrir que el camino restituido quede en manos del titular que construyó la carretera, pero puede ocurrir que la Administración públi-ca que construyó el viario transfiera la titu-laridad del camino a un Ayuntamiento. En el caso de caminos construidos por la Administración competente en carrete-

ras, en reposición de otros anteriormente existentes, quedará bajo titularidad de los particulares el camino repuesto, siempre y cuando los caminos previamente afec-tados por la construcción del viario fuesen privados. Otra categoría a considerar son los titulares de caminos o pistas forestales de los montes de dominio público, en donde nos

encontramos con dos situaciones: normas que consideran a los caminos forestales como montes o terrenos

forestales; y normas en donde no se hace mención expresa a este tema, por

lo que se consideran caminos de servicio público. Un tipo de montes de dominio público son los comunales, “aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprove-

1. Camino de servicio del embalse de Pinilla, Comunidad de Madrid.2. Camino privado en Nuevo Baztán, Comunidad de Madrid. Fotos: autor.

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público. Los primeros son de uso libre por la ciudadanía, los segundos tienen como función la gestión de un servicio público, por lo que pueden encontrarse cerrados al uso público. Tres ejemplos nos van a permitir entender esta segunda tipología: los caminos de acceso a los faros de las costas, a los embalses e infraestructuras de conducción de agua, y los caminos de servicio de los viarios. En el primer caso los caminos están pensados para que los servicios de ges-tión del faro accedan al mismo. El cami-no es público, pero no para uso público sino para posibilitar el servicio público que presta el faro, por lo que pueden es-tar cerrados. En ocasiones están abiertos para que el público pueda acceder a la costa.

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chamiento corresponde al común de los vecinos” [3]. Los caminos de estos montes no son un elemento productivo adicional al del terreno comunal, por lo que no hay que considerarlos como algo separado del monte, jurídicamente no son caminos, aunque físicamente los veamos como tales. La titularidad de estos bienes comunales no es municipal, se trata de una propiedad compartida entre municipio y vecinos, de naturaleza jurídico-adminis-trativa. El municipio administra, conserva, rescata y regula los aprovechamientos, y los vecinos acceden a los aprovechamien-tos comunales. Las vías pecuarias constituyen caminos de dominio y uso público cuyos titulares son las CC AA. Y por último, no olvide-mos los caminos que discurren por el do-minio público marítimo-terrestre, cuyo titular es el Estado y están vinculados a un uso o servicio público. Quedan excluidas de esta titularidad las vías pecuarias que discurran por este dominio, cuyos titulares son las CC AA.

Caminos patrimonialesSon de titularidad pública, se rigen por el Derecho privado y pueden estar so-portados sobre terrenos de titularidad

pública o privada, que también tienen la consideración de bienes patrimoniales. En esta tipología incluimos los caminos de los montes patrimoniales de titularidad pública [4], así como las plataformas de ferrocarril en desuso. Estas últimas no son jurídicamente caminos, aunque se usen como tales. Muchas de ellas se han convertido en Vías Verdes, aunque los terrenos por donde discurren las plataformas, y sus inmuebles asociados, se regulan en la Ley del Sector Ferroviario y su reglamento [5].

Servidumbres públicas de tránsito, acceso al mar y pasoEn ocasiones las Administraciones públicas pueden crear caminos de uso o servicio público sobre terrenos privados, sin expro-piar suelo: servidumbres administrativas. En éstas se obtiene la titularidad administrativa de un derecho real limitado sobre un bien ajeno (suelo privado) y se le afecta (vincula) a un uso o servicio público para la conse-cución del interés general. Las tipologías de Servidumbres Administrativas que instrumentan caminos públicos están re-guladas en el ordenamiento vigente: Leyes de Costas y de Aguas, cuyo titular es el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En la Ley de Costas se establece la servi-dumbre de tránsito, cuyo titular es el Estado, que “recaerá sobre una franja de 6 m, medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona de-berá dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos”. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario, hasta un máximo de 20 m, y la servidumbre de acceso público y gratuito al mar que recaerá “sobre los te-rrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso”. Por su parte, las servidumbres asociadas a los cauces fluviales, cuyo titular es el Estado a través de las Confederaciones de las De-marcaciones Hidrográficas [6]. Encontra-mos dos tipos de servidumbres. La primera está “asociada a los cauces fluviales” (5 m, contados a partir del cauce de la masa de agua, anchura que puede modificarse en algunas circunstancias). El Reglamento de Dominio Público Hidráulico aclara que “La zona de servidumbre para uso público […] tendrá los fines siguientes: a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio pú-blico hidráulico; b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento,

Notas y referencias- Una versión más amplia de este artículo

puede consultarse en: http://ecologistasenaccion.org/spip.php?article18194

1 Aragón, Galiza, Catalunya, Nafarroa, Euskadi e Illes Balears.

2 Art. 339 del CC; leyes de Patrimonio del Estado y CC AA; leyes de carreteras y caminos de Asturies, País Valencià, Aragón, Extremadura, Nafarroa; y diversos Entes Locales.

3 Art. 2.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, RD 1372/1986.

4 Art.12 de la Ley de Montes.5 Las plataformas de ferrocarril en desuso son

hoy día patrimonio de ADIF, por lo que en el desarrollo del programa Vías Verdes ADIF firma convenios con las Administraciones públicas (CC AA, Entes Locales) para arrendarles la plataforma por 20 años.

6 O los organismos del agua de aquellas CC AA a las que se han transferido las cuencas hidrográficas intracomunitarias, y algunas intercomunitarias.

7 Art. 3. Ley del Patrimonio Nacional.

salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca consi-dere conveniente su limitación; c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad”.

Caminos del Patrimonio Nacional“Tienen la calificación jurídica de bienes del Patrimonio Nacional los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia” [7]. “Los bienes y derechos integrados en el Patrimonio Nacional serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, gozarán del mismo régimen de exenciones tribu-tarias que los bienes de dominio público del Estado, y deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad como de titula-ridad estatal”. Estos bienes son de titulari-dad estatal, pero adscritos al ente público Patrimonio Nacional. Uno de estos bienes es el Monte de El Pardo (Madrid) cuyos caminos son de dominio público, pero para uso y servicio de la Corona, no para el uso y servicio público. Sin embargo la Corona poco uso hace de los caminos, los que los usan son la Guardia Real, guardería forestal y servi-cios de gestión del embalse de El Pardo. Conviene recordar que 900 hectáreas del Monte de El Pardo se encuentran abiertas al uso público, por lo que los caminos de este sector, aún estando afectos al uso y servicio de la Corona, son usados por la ciudadanía. En este caso junto a la afectación principal, está prevista una afectación secundaria, compatible con la anterior, por “fines culturales, científicos y docentes”, lo que posibilita el uso social de estos caminos.

1. Camino de Servicio del Canal del Henares (Alovera, Guadalajara).2. Camino forestal.Fotos: autor.

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Cada cinco minutos muere una persona en el mundo por alguna enfermedad debida a esta sustancia

Amianto, una fibra mortal e invisible

Paco Puche

La dañina incidencia del amianto sobre la salud se conoce desde principios de siglo pasado, a pesar de lo cual se ha empleado de forma ubicua en gran cantidad de aplicaciones. De la gravedad de sus efectos da buena cuenta el hecho de que más de 100.000 personas fallecen cada año por su causa. En el artículo también se hace hincapié en los fuertes vínculos de algunas fundaciones supuestamente filantrópicas, como Avina y Ashoka, con la industria del amianto.

Paco Puche, Ecologistas en Acción Ciudad de Málaga

Cuando reflexionemos sobre nuestro siglo XX, no nos parecerán lo más grave

las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas.

Martín Luther King

La tragedia del amianto o asbesto es, quizá, el caso más grave en la historia de la humanidad en el que se ha jugado con la salud y la vida de millones de personas [1], en

pro del beneficio y con conocimiento de causa, desde hace cien años. No en vano, y según las siempre pru-dentes cifras oficiales, la magnitud de la hecatombe es tal que “actualmente más de 125 millones de personas de todo el mundo se encuentran expuestas al amianto en su lugar de trabajo” [2]. Como consecuencia hay más de 100.000 falleci-mientos cada año por esta causa. El número de enfermedades sigue au-mentado incluso en los países en los que se prohibió este material en los años noventa debido al largo periodo de latencia de estas dolencias; y “aunque se prohibiera

su utilización de inmediato, el número de muertos que provoca sólo comenzará a disminuir dentro de varios decenios” [2]. En síntesis, cada cinco minutos muere una persona en el mundo de una enfermedad debida al amianto y así seguirá ocurriendo durante muchos años. Para el caso de España, aunque está prohibido su uso desde 2002, en los treinta años anteriores los trabajadores ocupados en empresas con amianto han sido del orden de 100.000; empresas que han estado repartidas por toda la geogra-fía y han abarcado muchos ramos industriales, desde la construc-ción, a las fábricas de Uralita de fibrocemento, pasando por la industria naval, del auto-móvil, de aguas, Renfe y un largo etcétera, hasta un total de 1.100 empresas. No en vano se calculan en más de 3.000 los productos diferen-tes derivados del amianto. Hay que añadir que al tra-tarse de fibras especialmente pequeñas (se miden en ángs-trom, que es un milímetro dividido en 10 millones de

partes) se insertan fácilmente en el interior de los órganos, algo para lo que el cuerpo tiene pocas defensas y, a la larga, producen varias enfermedades, incluidos el cáncer y el mesotelioma. Esto también ha hecho que no sólo hayan contraído enfermedades los tra-bajadores de las empresas sino también personas que han vivido en el entorno de las fábricas, como es el caso de Cerdan-yola [3]. Cuando en el año 2000 Joaquín Nieto, de CC OO, escribía para Ecologista un artículo sobre el mismo asunto [4], aún no estaba prohibido su uso más que en unos pocos países europeos, por lo que la lucha no había hecho más que empezar. Al día de hoy son 52 estados en los que rige la prohibición y en cerca de 150 en los que aún su extracción y uso está permitido. Estos países son casi todos pertenecientes a los de menores rentas por lo que la tragedia sigue viva en los trabajadores y familias de los más pobres. Un caso más de deslocalización. Decía Nieto en su artículo: “quizá el mayor peligro para la salud pública y el entorno venga dado por las tuberías de conducción de agua pública y de riego ya que la mayoría las hacían de amianto-cemento basado en crocidolita”, o amianto azul, el más peligroso de la gama. “Está demostrado que el agua puede ejercer una acción de arrastre de las partículas de amianto de hasta decenas de millones por litro, dependiendo del grado de acidez del agua y de que sea más o menos calcárea. Ya en 1981 CC OO disponía de más de 500 referencias bibliográficas sobre la relación amianto-agua-cáncer” [5]. En España hay instalados y dispersos por toda la geografía, miles de kilómetros de tuberías, cientos de miles de metros cuadrados de tejados, cubiertas, depósitos, etc., hasta cerca de tres millones de tone-ladas en total. Por tanto, queda una larga batalla por la desamiantización del país,

en condiciones laborales y sociales adecuadas.

Ángel Cárcoba, de CC OO, en su magnífico alegato titu-lado “Yo acuso”, señalaba a muchos de los responsables y concluía de esta manera: “Ante esta situación hago un llamamiento para la crea-ción de un Tribunal Penal Internacional del Trabajo donde comparezcan y se diriman las responsabilida-des de los que convierten el lugar de trabajo en lugares de violencia, enfermedad y muerte” [6].

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Eternit, la multinacional del amianto¿Por qué las asociaciones de víctimas acusan a la empresa Eternit? Porque hasta fin del siglo XX, y durante casi todo el periodo, han sido unas pocas familias euro-peas las que han dominado el negocio del amianto en el mundo. Especialmente tres: la suiza Schmidheiny –la más importante–, la belga Emsens y la francesa Cuvelier. Y ellas, junto a otros magnates británicos, italianos y españoles, se han constituido en cártel y lobby desde 1929, bajo las siglas SAIAC, y han explotado en el siglo pasado el negocio integral, preferentemente bajo el nombre de Eternit (Uralita en España). En el mundo, en la época de euforia del imperio Eternit, entre 1950 y 1989, la fa-milia suiza tenía empresas en 16 países con más de 23.000 trabajadores. Con el resto de las familias han controlado la extracción y producción de amianto-cemento en 44 países de los cuatro mayores continentes. Por ejemplo, en 1985, se calcula que las familias suiza y belga controlaban el 25% de todo el amianto-cemento del mundo. El cuadro siguiente dice de su poderío.

Se ha estimado que sólo en Europa Occidental “el amianto va a causar la muerte de 500.000 personas en los prime-ros treinta años” [5]. Como en esta zona y en estas fechas han dominado las tres familias, a los Schmidheiny se les pueden adjudicar más de un tercio de la masacre, y más aún porque el lobby los convertía en una única empresa (cuasi-monopolio) que determinaba lugares de producción, precios, importaciones y maniobras de enmascaramiento de la letalidad del mi-neral. Como mantiene Alejandro Teitelbaum “es posible invocar ante los tribunales como derecho vigente el artículo 7 (críme-nes contra la humanidad) del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra dirigentes de sociedades transnacionales, en particular el inciso 1 apartado k): ‘otros actos inhumanos que causen gran-des sufrimientos o atenten gravemente contra la integri-dad física o la salud mental o física’[…] o el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: ‘sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” [7]. Éste podría ser el caso para los Schmidheiny y las demás familias a los que se les podrían considerar como presuntos genocidas porque se sabía de la letalidad del amianto desde principios del siglo XX [8]. En estos momentos tiene lugar el juicio penal, que ha despertado enorme interés en todo el mundo, contra los propietarios de las empresas de amianto instaladas en la región de Turín. Iniciado el 10 de diciem-bre de 2009 contra Stephan Schmidheiny y el barón belga De Cartier, se les acusa de catástrofe ambiental permanente y de omisión de las reglas de seguridad laboral de manera intencionada (delito doloso). Se piden 13 años de prisión e indemni-zaciones que pueden llegar a ¡cinco mil millones de euros!, una cifra fabulosa sola-mente en este juicio, en el que se les juzga por la muerte de dos mil personas y mil

enfermos por amianto en la citada región. Juicio que es una primicia en el mundo por-que nunca se había juzgado a los propietarios, pues eran los altos ejecutivos de las empre-sas de Eternit

los imputados. Además, está constatado que la familia suiza ha colaborado con el régimen nazi, con el apartheid sudafricano y con las dictaduras latinoamericanas en pro del negocio, de ahí el doble alegato de las víctimas: como tales y por el historial de la empresa. No es de extrañar que uno de los herederos vivos, Stephan Schmidheiny, sea unos de los hombres más ricos del mundo (el 354 en la lista de Forbes 2010), y que haya sido hasta 2003 directivo y accionista de Nestlé, una de las empresas más cues-tionada del planeta por la competencia que ejerce contra la lactancia materna.

Stephan Schmidheiny y la fundación Avina

Lo que sí puede parecer extraño es que en 1994 creara una fun-dación filantrópica denominada

Avina y que en 2003 la hiciera beneficiaria de los

negocios que tiene en La-tinoamérica. Ya apuntaba, porque en 1991 fue uno de los gestores del Business Council for Sustainable Development (BCSD) “con el fin de proporcionar una per-spectiva empresarial sobre el desarrollo sostenible durante la Cumbre de Río”, que hoy agrupa a las 170 empresas más importantes y contaminantes del mundo, “unidas por una visión compartida acerca del desarrollo sostenible […] El Consejo se propone promover el liderazgo empre-sarial como catalizador para el cambio hacia el desarrollo sostenible, basado en la eco-eficiencia, la innovación y la respons-abilidad social corporativa”, como cuenta él mismo en su página web. Es por tanto uno de los padres del lavado verde de las empresas y de esa privatización del control público de las mismas llamada “responsabilidad social corporativa, RSC” [9]. Pero Avina apunta más lejos, no sólo crea ONG ad hoc o financia otras con obje-tivos cercanos, sino que pretende convertir a toda ONG en una empresa que colabore con otras existentes en pro del desarrollo, o como dicen, también en hacer negocio con los pobres que son “el negocio de los negocios”. Esto lleva aparejado “el derecho legítimo de los ricos a hacerse aún más ricos”, que vocean algunos de sus socios-líderes. “Nuestra misión es contribuir al de-sarrollo sostenible de América Latina, fomentando la construcción de vínculos de confianza y las alianzas fructíferas entre líderes sociales y empresariales, y articu-lando agendas de acción consensuadas”, como dicen de ellos mismos.

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Schmidheiny dice en su autobio-grafía [10] que para prestar su ayuda “la iniciativa presentada debe incluir un plan de negocios y objetivos y criterios muy concretos, que nos permitan evaluar su viabilidad y sus probabilidades de éxito”. Aunque parezca surrealista, pretende convertir a los movimientos sociales y ONG en empresas y a sus líderes en empresa-rios, por supuesto capitalistas. Por ejemplo, tiene entre sus socios-líderes a Gustavo Grobocopatel, el llamado rey de la soja transgénica en Argentina, y tiene alianzas con las mayores empresas y fundaciones del mundo como: Ashoka, Melinda y Bill Gates, Fundación Rockefeller, Coca-Cola Brasil y otras. Schmidheiny también se ha aliado con la Iglesia Católica a través de la Compañía de Jesús (Centro Magis y Fe y Alegría, entre otras).

La fundación Ashoka Desde su fundación, Avina conecta con Ashoka, otra fun-dación del gran capital vinculada a la banca J.P. Morgan y a la consultora neoliberal McKinsey. También con relaciones con los Departamentos de Estado y de De-fensa de EE UU [11]. A partir de esa fecha hacen juntos su trabajo. Se pueden considerar como un tándem inseparable: una alianza estratégica como dicen ellas, en la que la mayor parte de ideas, so-cios, financiación, medios y dirección son comunes. “Ashoka no tiene un aliado más cercano o duradero que Avina”, declaraba Bill Drayton, funda-dor de Ashoka, en la web de Avina; en donde, además, se puede leer que “durante los últimos trece años (1994-

2007) Avina ha invertido más de 28 millones de dólares en el crecimiento y consolidación de Ashoka”. Ashoka cuenta entre sus socios destacados al peruano Hernando de Soto, defensor a ultranza de las tesis neoliberales, que fue asesor de Fuji-mori y que ha sido el que ha llevado a buen puerto el Tratado de Libre Comercio con EE UU, de la mano de Alan García. En los sucesos de Bagua, Perú [12], que suman decenas de ase-sinatos principalmente de campesinos e indígenas, ocurridos el pasado año a causa de la resistencia a la privatiza-ción de sus bienes comunes, apareció el Sr. de Soto recomendando sus tesis neoliberales privatizadoras. Del mismo modo, colabora es-trechamente con la fundación Gates

para implantar el progra-ma AGRA en Áfri-

ca subsahariana [13], iniciativa a la que se ha su-mado Monsanto

para “donar a los países africanos pobres genes tolerantes a la sequía” [14].

En el caso español hay que constatar con gran preocupación que Avina y Ashoka están teniendo una profunda penetración en los movimientos sociales, incluso antica-pitalistas, a través de su presencia en rubros como agua, desarrollo rural, RSC y banca alternativa, entre otros. Por eso este artículo tiene por objetivo alertar a los movimientos sociales. La tragedia del amianto irá in-deleblemente asociada a Eternit, a Stephan Schmidheiny, a su fundación Avina y a la fundación hermana As-hoka [15].

Notas y referencias1 “El amianto sigue siendo el agente cancerígeno que

más afecta a los trabajadores, y fuera del ámbito laboral la segunda fuente ambiental de cáncer, después del tabaco”, en CC OO Andalucía (Fundación para la prevención de riesgos laborales), 2007: Amianto: Impacto sobre la salud y el medio Ambiente. p.8.

2 OMS (2006): Eliminación de las enfermedades relacionadas con el amianto, Ginebra. pp. 1 y 2.

3 Recientemente (julio 2010), un juzgado ha sentenciado que Uralita, que recurrirá la sentencia, debe indemnizar a 45 vecinos de Cerdanyola y Ripollet con 3,9 millones de euros por las afecciones que les ha provocado las fibras de amianto que se desprendían de la factoría situada en esa primera población.

4 Nieto, J. (2000): “El amianto: un asesino que anda suelto”, en Ecologista, nº 20, primavera.

5 Cárcoba, A., (2000): El amianto en España, CC OO y Ediciones PyCh., p.49

6 Cárcoba, A. (2008): “Yo acuso”, www.salillas.net/asbestosi/yo_acuso.htm

7 Teitelbaum, A. (2010): La armadura del capitalismo, Icaria, p. 290

8 “Desde la primera descripción de asbestosis en una trabajadora del amianto en 1898, en 1906 se comunica el fallecimiento de 50 trabajadores textiles en Francia y en 1907 se objetivó por primera vez la alteración del tejido pulmonar de la asbestosis pulmonar”. Jaume Ferrer, en CC OO Andalucía, 2007: Amianto: Impacto sobre la salud y el medio Ambiente. p.34.

9 Hernández, J. y Ramiro, P. (eds.) (2009): El negocio de la responsabilidad, Icaria

10 Schmidheiny, S. (2006): Mi visión- Mi trayectoria. www.vivatrust.com

11 Puche, P. (2010): “Ashoka, la penetración del gran capital en los movimientos sociales”, en preparación.

12 “Bagua, ni olvido ni perdón”, EcoPortal.net, 6.6.10 http://www.ecoportal.net/content/view/full/93474

13 http://www.ashoka.es/comunicadosprensa (2010)14 Shand, H. (2008): El negocio de matar el hambre,

Grupo ETC.15 Puche, P. (2009): “El caso de Avina, Ashoka y otras

entidades filantrópicas (Aviso para movimientos sociales)”, El Observador, 12. 03, en Internet: “El observador lecturas impertinentes”, y Puche, P. (2010): “Desmontando a S. Schmidheiny. Los crímenes con amianto: de la multinacional Eternit a la fundación Avina”“, El Observador, 18.05, en Internet: “El observador lecturas impertinentes” y Ecoportal.net, 26.05.10

1. Manifestante a la entrada de los juzgados de Turín.2. Juzgado donde se sigue el proceso Eternit, contra Schmidheiny y De Cartier. Declaración de uno de los testigos.3. Franco Basciani, trabajador de Eternit, muestra una fotografía de Schmidheiny. Al fondo, una relación de trabajadores de nacionalidad italiana, víctimas del amianto en Suiza.4. Planta de Uralita en Cerdanyola, donde se ha condenado a la empresa por las afecciones causadas a la población.5. Logo de la asociación de víctimas del amianto de Suiza. 3

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Existen cuatro veces más especies de hongos que de plantas

Importancia de los hongosMaría Rosas Alcántara

Aunque a menudo ignorados, los hongos cumplen un papel vital en nuestros ecosistemas. Además, la biodiversidad de estas especies es enorme, mucho mayor que la de las plantas vasculares. En el artículo se repasan algunas de las principales características de los hongos, que habría que tener en cuenta en cualquier estrategia de conservación.

María Rosas Alcántara, bióloga especialista en micología

En el año mundial de la biodiver-sidad hay que destacar y rescatar del olvido un gran reino de la na-turaleza con el que convivimos. Se trata del reino Fungi, compuesto

por unas 69.000 especies descritas en el mundo, aunque las estimaciones rozan los 1,5 millones, que se ampliarían hasta los 3 millones si se consideran los hongos asociados a los insectos. Estas cifras se calculan por un trabajo realizado en las Islas Británicas en el que se concluye que hay unas 4 especies de hongos por cada planta, aunque esto no se cumple en zonas tropicales, donde de-beríamos multiplicar esta relación por 8. En España hay unas 10.000 especies censadas, siendo Andalucía una de las

regiones más ricas en especies fúngicas, con unas 3.830 especies descritas [1]. En México, por citar otro ejemplo, hay descritas unas 8.000 especies de hongos, aunque se calcula que puede haber unas 200.000.

Una estrategia de colaboraciónLos hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a hongos sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos. Un trabajo sobre Sierra Nevada confirma que casi todos géneros vegetales (excepto las crucíferas y leguminosas) están asociados a hongos del género Glo-mus, Acaulospora, Scutellospora, etc. que les ayudan a soportar las enormes diferencias

térmicas y la sequía. Estas interacciones entre organismos también son vitales para los propios hon-gos: posiblemente haya hongos que no den frutos si no están asociados a bacterias. Eric Danell, intentando cultivar Chantarellas en Suecia, atisbó la posibilidad de que estas no fructificaran si no estaban infestadas por bacterias del género Pseudomonas [2]. La paleomicología es la ciencia que estudia los fósiles de hongos. Un estudio de Taylor en 1994 sobre el Silúrico, Pér-mico y Carbonífero pone de manifiesto que posiblemente la colonización de la tierra firme por las plantas no hubiese sido posible sin la ayuda de los hongos, que se instalaron de forma simbionte en las raíces incipientes de estas plantas primitivas y les ayudaron a obtener el agua y minerales que antes absorbían con más facilidad en los océanos. Posteriormente, estos hongos pudieron perder la asociación con las plantas vivas y, al tener una inmensa fuente de nutrientes gracias a la materia vegetal muerta que se generó durante el carbonífero, se transfor-maron en lo que hoy conocemos como hongos saprófitos. En la actualidad siguen ejerciendo esta acción fundamental para los bosques. En la naturaleza no hay reglas fijas en ningún momento y así no podemos decir que una especie sea simbionte o saprófita (descomponedora de materia orgánica) si no que se puede comportar de una u otra forma dependiendo del momento. Un ejemplo claro lo constituyen los hongos del género Morchella (colmenillas o caga-rrias) que suelen vivir asociadas a árboles de ribera como olmos, álamos, fresnos, etc. Sin embargo, cuando se produce una situación de estrés considerable para su planta huésped se independizan rápida-mente, dando lugar a las setas. Así, una de las mayores cosechas de colmenillas que se recuerdan en la Península se produjo un año después de un incendió que asoló gran cantidad de hectáreas de pino en Cataluña, en 2004. Por su parte, los líquenes representan la quinta parte de los hongos conoci-dos (unos 13.500). Los líquenes están formados por una exitosa colaboración

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entre hongos y algas, lo que les permite colonizar ambientes muy exigentes. Estos organismos son estudiados como bioin-dicadores de la salud ambiental de los ecosistemas. Hay hongos asociados a insectos que ayudan a que éstos consigan un alimento de mayor calidad. Así pasa con Termitomy-ces, que ayuda a las termitas subsaharianas a alimentarse con los azúcares que meta-boliza cuando devora los restos vegetales que le facilitan los insectos. Pero también hay hongos que parasitan a los insectos, y nos ayudan a reducir ciertas plagas. Uno de los grupos de hongos especializados en vivir de forma parásita de los insectos son los pertenecientes al género Cordiceps. Otros hongos ejercen un papel para-sitario de las plantas y son causantes de gran cantidad de enfermedades en ejem-plares débiles. Pero también hay géneros especializados en parasitar a otros hongos, como es el caso de Trichoderma que está siendo muy útil en la lucha biológica para combatir a otros hongos como Verticillium, Septoria, etc.

Los principales habitantes del sueloLa edafología, ciencia que estudia las capas superficiales suelo, tiene una rama que se dedica a investigar las relaciones de la microflora que hacen posible el desarrollo de un suelo fértil para las plan-tas. Se estima que la mayor parte de los microorganismos que viven en el suelo son hongos. De hecho, se han realizado recuentos que arrojan cifras entre 20.000 y 1 millón de individuos fúngicos por cada gramo de suelo. Durante el compostaje que transforma la materia orgánica en humus asimilable por las plantas intervienen hongos de mucha valía ecológica como el género Humicola, fácil de distinguir por su forma en cuentas de rosario grises que se apre-cian a simple vista. Estos hongos son los encargados de separar las largas cadenas de celulosa y atacar a la lignina para que otros hongos y bacterias termófilas pasen a la acción y terminen de descomponer la materia orgánica, humificando de esta manera los compuestos orgánicos.

Los hongos, al tener estructuras fila-mentosas como cuerpo asexual (las setas son sus órganos reproductores), tienen otra función fundamental, y que siempre ha sido subestimada, sobre todo para los suelos jóvenes y en pendiente: la sujeción del terreno. España es una de las regiones euro-peas más ricas en cuanto a las especies de árboles que componen sus bosques, en especial si los comparamos con los bosques nórdicos, casi monoespecíficos. La misma situación se da en la cantidad de hongos hipogeos que habitan nuestros ecosistemas. Podemos encontrar hongos del género Tuber (trufas), Terfezia, Picoa, Gautieria, Genea, Choiromyces, etc. Se han estudiado los patrones de recolonización post-glaciar de las trufas, y se cree que du-rante las glaciaciones que cubrieron gran parte de Europa se produjo una migración de especies hacia el sur, que permanecie-ron en esta región al subir la temperatura. De hecho, la Sierra de Segura alberga la población de trufas negras naturales más meridional de Europa. Allí se recogen trufas prácticamente todos los meses del año, desde la invernal Tuber melanosporum hasta la estival Tuber aestivum.

Recolección descontroladaLa recolección de setas silvestres es una afición y una profesión que da sustento a muchas personas del mundo rural en España. Hoy en día se sabe que la mayoría de hongos comestibles están presentes en todas las comunidades. Esto ha desencade-nado que se recolecten de forma comer-cial, desigual y desordenada, en unas zonas y otras. La excesiva presión recolectora de unas especies concretas está dando lugar a abusos en la gestión de nuestros bosques y setales. Cada vez se recogen ejemplares más jóvenes e inmaduros, se remueve el terreno rompiendo el micelio de los hongos, etc. La normativa reguladora está comenzando a generarse pero de forma fragmentada según regiones, y en la mayo-ría de los casos atendiendo sólo a especies altamente rentables como las trufas, pero desatendiendo a otras como los níscalos en Andalucía, por poner un ejemplo. Tenemos el caso de nuestra vecina

Francia, con mucha más tradición recolec-tora, donde existen registros escritos de las cantidades de setas que se recogían desde principios del siglo XX. Las gráficas arrojan datos de una disminución del 80%. Esto es debido a la gran presión recolectora, pero también por el cambio de uso y gestión del territorio. Otro caso estudiado es la decadencia de los cardos (Pleurotus eryngii) en nuestros pastos, asociados a la desaparición del pastoreo. Cuando en nuestros montes desaparecen los oficios tradicionales, como el del pastor que limpiaba el bosque del exceso de pastos primaverales, no sólo tenemos un mayor riesgo potencial de incendio sino que al cambiar la calidad de la vegetación presente, los hongos asocia-dos también desaparecen y con ellos un recurso económico del bosque. El hombre ha intentado domesticar la naturaleza y escapar a los ciclos de-pendientes del clima para conseguir sus alimentos. Así, se tienen noticias de intento de cultivo desde la antigua Mycenas griega. La primera constancia del cultivo de la seta Auricula judae se remonta al año 600 d.C. Cuando España estaba siendo colonizada por los musulmanes, en Asia se cultivaba la shiitake, y un siglo después de que llegáramos al continente americano ya se cultivaba el champiñón. En la actualidad se cultivan unas 30 especies de hongos, pertenecientes a 15 géneros. Las investigaciones se encaminan a tratar de domesticar más especies de hon-gos, como los boletos o los níscalos, y así minimizar el impacto de la demanda de hongos silvestres en los setales naturales. En el caso de los hongos, su cultivo lleva asociado la revalorización de materiales de desecho de la agricultura, por lo que si se realiza de forma adecuada se puede considerar como un cultivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Referencias: 1 Junta de Andalucía: Plan CUSSTA.2 Danell E, Alström S, Ternström A (1993)

Pseudomonas fluorescens in association with fruit bodies of the ectomycorrhizal mushroom Cantharellus cibarius. Mycol. Res. 97: 1148-1152.

1, 2, 3 y 6: Diferentes especies de hongos (lo visible son las setas, sus órganos reproductivos).4. Los líquenes resultan de la unión de un hongo y un alga.5. Bajo los champiñones, puede apreciarse el micelio, el conjunto de filamentos que constituyen el hongo.

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Aditivos alimentariosEnrique Ureta Ballesteros

Un aditivo es definido como “toda sustancia que no es consumida como alimento o que normalmen-te no se utiliza como ingrediente característico de un alimento, que se

adiciona intencionadamente a un alimento o a una bebida destinada a la alimentación humana con una finalidad tecnológica, organoléptica o nutricional, y por lo tanto, que determina o puede determinar, directa o indirectamente, su incorporación o la de sus derivados en el alimento”. En otras palabras: los aditivos son sus-tancias naturales o artificiales que se añaden a los alimentos en su proceso industrial, con la intención de que éstos parezcan más apetecibles en cuanto a su textura, color, olor, sabor, etc. Los aditivos no son una exclusiva del presente: los antiguos acecinaban, salaban o ahumaban los alimentos para permitir su conservación. Los egipcios y los romanos utilizaban el SO2 (dióxido de azufre) para desinfectar su material de vinificación. Los romanos empleaban numerosas especias importadas de Oriente para mitigar el extra-ño sabor que las cazuelas (muchas veces de plomo) dejaban en la comida.

Pero nunca hasta hoy hemos abusado tanto de los aditivos, a veces por razones de higiene o seguridad, pero en otras ocasiones sin causa justificada. Aunque se supone que los aditivos tienen una utilidad reconoci-da, cabe distinguir dos conceptos: la dosis tecnológica y la dosis admisible. La primera es la dosis que, técnicamente hablando, per-mite obtener el efecto buscado. La segunda es la que, desde un punto de vista de salud pública, nuestro cuerpo puede absorber sin riesgo aparente para nuestro metabolismo. En términos técnicos esta última recibe el nombre de Ingesta Diaria Aceptable (IDA) Por poner un ejemplo, la IDA del co-lorante amarillo naranja (E-110) es de 2,5 mg/kg o 150 mg para un adulto de 60 kg. Sólo consumiendo 50 g de frutos confita-dos, 50g de confitería, 100 g de postres, 100 g de galletas o 250 ml de bebidas se alcanza la mitad de la IDA de este aditivo. A continuación se presenta un listado de aditivos alimentarios más empleados y que se deben evitar o regular, por ser potencial-mente tóxicos en altas concentraciones;

Algunos aditivos problemáticos

Hidroxibenzoato de etilo (E-214): lo encontramos fácilmente en mayonesas, mostazas, salsas de tomate, aderezos para carnes, conservas de mariscos, mazapanes,

alimentos a base de verduras, repostería. EFECTOS: son las sustancias que más aler-gias producen en comparación con otros aditivos.

Anhidrido sulfuroso o dióxido de azufre (E-220): por lo general es muy poco el que se agrega y no se declara en la etiqueta. Los siguientes alimentos proce-sados podrían contenerlo: jugos de fruta, mermeladas, vinagres, pasteles. EFECTOS: son sustancias adictivas.

Nitrito sódico o nitrato (E-250, E-251 y E-252): lo encontramos esencialmente en todos los embutidos, morcillas, quesos o conservas de marisco. EFECTOS: al combi-narse fácilmente con las sustancias de los alimentos generan peligrosas nitrosaminas, sustancias potencialmente cancerígenas, además que pueden desencadenar todo tipo de alergias. El nitrito se une a la hemog-lobina, e impide el transporte de oxígeno.

Ácido propiónico (E-280) : lo encontra-mos principalmente en toda la panadería procesada y repostería envasada. EFECTOS: las ratas alimentadas con elevadas dosis desarrollan tumores.

Sulfitos y derivados (desde E-221 al E-228): carne, vino y varios tipos de

alimentos. EFECTOS: los sulfitos parecen seguros para la mayoría de las personas.

Sin embargo, se ha observado que en algunas poblaciones se desarrolla fal-ta de respiración o conmoción letal poco después de exponerse a estos conservantes. Los sulfitos podrían provocar ataques de asma graves en asmáticos sensibles a sulfitos. Destruyen la vitamina B1. En la carne no son aceptables porque podrían enmascarar una mala calidad de la misma.

Glutamato (desde el E-620 al E-625): es muy común para po-tenciar el sabor de platos preco-cinados como sopas, salsas, caldos y platillos enlatados. EFECTOS: su abuso puede provocar intolerancia

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en personas sensibles. Suelen provocar el llamado síndrome del restaurante chino: presión en las sienes, dolor de cabeza y rigidez en la nuca. En experimentación con animales se han comprobado problemas de fertilidad, ataques de hambre y obesidad.

Colorante amarillo o tartrazina (E-102): es un colorante artificial que es frecuente encontrar en refrescos, gelatinas, helados, dulces, postres procesados. EFEC-TOS: puede originar todo tipo de reaccio-nes alérgicas e irritación en el estómago. Por ley, siempre que este aditivo se le agregue al alimento, debe listarse en la etiqueta.

BHA y BHT (E-320 y E-321) : Se utiliza para proteger las grasas utilizadas en repostería, fabricación de galletas, sopas deshidratadas, etc. EFECTOS: estos dos antioxidantes artificiales son sospechosos de potenciar la acción de algunos carci-nógenos. El BHA actúa en el metabolismo hepático y el BHT (se usa siempre mez-clado con el BHA) parece incrementar las necesidades de Vitamina A.

La obra Toxicología y seguridad en los alimentos afirma de los antioxidantes E-320 (BHA) y E-321 (BHT): “Los antioxidantes fenólicos son indiscutible-mente el BHT y el BHA, moléculas que causan numerosas reacciones en di-versos materia-les biológi-

Bibliografía:- K.L.Garces. “Aditivos y Conservantes en los alimen-tos”. Mundo Natural-Dietética. 14-10-2007- Toxicología y seguridad de los alimentos. Omega, Barcelona 1990- Núñez, M.; Navarro, C. “Aditivos dañinos” Revista Integral (Años 2002-2003).- J. L. Espejo Alto riesgo. Los costes del progreso. 2003.- Francisco C. Ibáñez; Paloma Torre; Aurora Irigoyen.

2003 Aditivos alimentarios. Área de Nutri-ción y Bromatología. Universidad Pública de Navarra.

cos.” “La información actualmente disponible ha llevado a los expertos toxicológicos de todo el mundo a intentar reevaluar su inocuidad”. Esta advertencia da pie a preguntarse hasta qué punto po-demos dar por buena la supuesta inocuidad de los alimentos que consumimos habitualmente. A este respecto, Jorge Riechmann plantea el siguiente interrogante: “Un asunto controvertido desde hace tres decenios, en el terreno de la seguridad alimentaria, es el del edulcorante artificial aspartamo (E-951). Pues bien, una revisión reciente de 166 estudios sobre sus efectos para la salud humana halló que el 100% de los financia-dos por la industria (74 estudios) declara-ban su inocuidad, mientras que el 92% de los estudios independientes detectaban algún tipo de reacción adversa. ¿Podemos permitirnos la ausencia de controles cientí-ficos independientes en el desarrollo de las modernas biotecnologías?” En definitiva, cuando ponemos nuestra salud y nuestra seguridad en manos de expertos a sueldo de las grandes compañías, o bien de sus valedores en las altas esferas de los gobiernos, podemos dar por seguro que no estamos en buenas manos. En otras palabras, cuando colisionan los

dos principios que entran en juego en la alimentación de hoy día, el de

rentabilidad y el de seguridad alimentaria, la práctica ha demostrado que el primero prevalece. Los grandes intereses econó-micos hacen y harán todo lo que esté a su alcance para evitar que se ponga fin a la generalización de malas prácticas en la pro-ducción, procesamiento y comercialización de los alimentos.

Una solución: los productos ecológicos En el modo de vida actual parece imposible que se puedan comer los alimentos recién cosechados del huerto. Sin embargo, lo más recomendable para acercarse a esta alter-nativa es consumir productos ecológicos y locales, tratando de conseguir los alimen-tos lo más frescos y naturales posibles.

16 aditivos en una sola croqueta “artesana”.

La mejor forma de evitar los aditivos es comer productos

frescos, ecológicos y cultivados en lugares cercanos.

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Autor: Asociación O Zoque

Un paisaje a proteger

Santa Orosia y Sobrepuerto (Huesca)23

“En su llanto incesante, la cascada resuena como una égloga en las profundidades del tiempo. Este lugar es

un rosario de cuevas encadena-das; uno de los más hermosos edenes prepirenaicos que per-miten leer la historia encastrada en el paisaje; una oración hecha alma y piedra.” Así, con estas palabras car-gadas de emoción, describe José María Fuixench este pre-cioso rincón de la montaña altoaragonesa [1]. Todo un ejemplo de lo que da de sí un paisaje cuando una montaña es sagrada, venerada y prote-gida por los propios habitantes que viven a sus faldas. Paisaje, historia, leyenda y sentimien-tos que se funden para realzar los horizontes que se divisan desde el puerto de Santa Oro-sia, a más de 1.600 metros de altura.

Camino de las Ermitas. En años posteriores, la normativa europea llevó a declarar, dentro de la Red Natura, al macizo de Sobrepuerto como LIC, y al corredor conglo-merático Santa Orosia-Canciás como ZEPA, por su riqueza en aves rupícolas. Por otro lado, en 1989, el Go-bierno de Aragón presentó pú-blicamente un ambicioso plan para proteger 68 espacios; esto es, el 11,5% de Aragón. Entre estos espacios se encontraba, precisamente, la montaña de Santa Orosia.

El peligro acechaSin embargo, figurar en esa lista de 68 espacios privilegiados no significaba que el futuro estu-viera garantizado. De hecho, al-gunos de los lugares que se plan-tearon entonces como espacios protegidos se han transformado a día de hoy en lugares degrada-dos, invadidos por basura, por aparcamientos, vehículos, cables, escombros... El entorno de la es-

tación de esquí de Formigal es un buen ejemplo de lo que pudo ser un Parque Natural y nunca ya podrá serlo. Otros espacios natu-rales mantienen sus valores, pero todavía siguen esperando (a día de hoy, sólo el 5% de Aragón está protegido); sobreviviendo entre amenazas cada vez más intensas y extensas. Conscientes de esta realidad, desde la asociación O Zoque y con el impulso de un conoci-do etnólogo aragonés llamado Enrique Satué, decidieron un día movilizarse para evitar que esta montaña sagrada acabara también devorada y vulgarizada por intereses ajenos. El reconoci-miento de la belleza, el poder y la magia del entorno de Santa Oro-sia no había sido suficiente para evitar la proliferación de enormes antenas de telecomunicaciones o para desviar el tendido de una línea eléctrica que hoy pasa por mitad de la montaña. En un mo-mento dado, hasta llegó a existir un proyecto de instalación de ae-rogeneradores en las laderas del monte Oturia, encima de la Punta d’o Mallo... Hace unos años se acometieron unas talas salvajes en el hayedo de Ipe, se abrieron pistas forestales incontroladas y llegaron las basuras y los expolios arqueológicos. Mientras tanto, se construyen enormes urbani-zaciones y campos de golf en el piedemonte de Santa Orosia… ¿qué vendrá después?

La comarca se movilizaEstaba claro que hacía falta una herramienta legal potente, capaz de poner orden en medio de tan-to proyecto descabellado. Así lo entendió el ayuntamiento de Ye-bra de Basa, cuando se dirigió al Gobierno de Aragón para solicitar

Valores de una montaña

Una montaña llena de vida, pobla-da de hayedos en sus umbrías y perfumada en sus solanas. El que-brantahuesos se pasea solemne sobre los cantiles de conglome-rado conviviendo en armonía con los rebaños que suben al puerto y cuyos pastos se elevan hasta rozar los 2.000 metros de altura. Pero, sobre todo, conviviendo en armonía con los montañeses de lugares como Yebra de Basa que siempre han mirado a las cumbres nevadas del monte Oturia con veneración. No en vano, en los rincones más abruptos de este macizo se esconde un conjunto de ermitas rupestres de una be-lleza y una originalidad extraor-dinaria; un ámbito sagrado en el que están escritos en la piedra los valores espirituales más profun-dos de este pueblo. El interés de estas montañas no pasó desapercibido para el extinto Icona que ya casi medio siglo atrás catalogó el llamado

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la declaración de un Paisaje Protegido que abarcara no sólo la montaña de Santa Orosia sino también el Sobrepuerto. Esta región está hoy deshabitada pero su recuerdo está vivo en la memoria de quienes abandonaron estos territorios duros y hermosos; los mismos que inspirarían a Julio Llamazares en su novela La Lluvia Amarilla. En un primer momento el Departamento de Medio Ambiente acogió la iniciativa con muy buena disposición y la idea de un paisaje protegido fue recibida con ilusión en estas comarcas. Se celebraron reuniones públicas con presencia de técnicos del Gobierno de Aragón y el Consejero de Medio Ambiente anunció que el Paisaje Protegido pronto sería una realidad. Los políticos se felicitaban por el hecho de que la iniciativa “partía del propio territorio”, y así fue como el Gobierno de Aragón se comprometió a elaborar los estudios precisos y a intensificar el trabajo de divulgación y participación social, para alcanzar una propuesta de protección. A través de charlas, jornadas públicas y reuniones vecinales, la participación pública fue total. Ecologistas en Acción participó activamente en este proceso.

El Gobierno de Aragón da marcha atrásPero nunca llueve a gusto de todos. Un pe-queño grupo de personas con intereses muy particulares mostró su oposición al proyecto. Se trataba, por un lado, de individuos vincu-lados al negocio de cobrar por la instalación de antenas de telecomunicaciones y, por otro, a personas con intereses especulativos urbanísticos: gente que había comprado sue-lo rústico con la intención de recalificarlo. La declaración de un Paisaje Protegido era una amenaza para ellos. Estas personas, bien conocidas en la co-marca, no dudaron en recurrir a la mentira y a la manipulación para contribuir a crear una corriente de opinión contraria al Paisaje Pro-tegido, basada en falsedades y en un concep-to insolidario y trasnochado de la propiedad privada. Pero lo más sorprendente es que el Gobierno de Aragón, en vez de hacer valer el interés general, se alió con este pequeño grupo de particulares y paralizó el proyecto. No es la primera vez que este Gobierno hace una grave dejación de funciones en materia de medio ambiente. La propia Directora General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad, Ana Isabel Lasheras, reconoció públicamente la existencia de esas falsedades en una nota de prensa (12-6-2009) al afirmar que se habían extendido “rumores no veraces que han podido causar descon-fianza, incertidumbre o rechazo en algunos vecinos de la zona”. Pese a lo cual se optó por darles finalmente la razón. Tanto es así que la mencionada nota de prensa aseguraba que

sólo se incluirían en el ámbito de protección aquellas fincas particulares cuyos propietarios mostrasen “expresamente su conformidad.” Estas declaraciones supusieron un golpe mortal para el proyecto, un gravísimo an-tecedente, así como un peligroso giro en la política ambiental del Gobierno autónomo. En la práctica suponía una renuncia del Departamento de Medio Ambiente a ejercer sus funciones legalmente atribuidas, dejando en manos de un puñado de particulares la decisión de proteger o no –a su antojo– el patrimonio natural de todos. De esta manera fue como el Gobierno ara-gonés dio marcha atrás y paralizó el proceso en el último momento.

Un futuro inciertoAllá arriba, cuando a principios de junio se retiran las últimas nieves y las gencianas y las orquídeas cubren las praderas de Santa Orosia, todo está listo para el gran día de la romería –el 25 de junio– en el que todos los pueblos de la redolada se dan cita en una jornada con ambiente festivo. Sin embargo, ya nada volverá a ser como antes. Fue mucha la ilusión y el esfuerzo para conseguir la protección de un espacio natural emblemático para toda la comarca. Fueron muchas horas de debates y reuniones que el Gobierno aragonés ha tirado finalmente por la borda. La versión oficial es que el proyecto sigue para adelante, pero la realidad es que el expediente se pudre en un cajón. La versión oficial es que este espacio natural contaría con presupuesto ya en 2010, pero la realidad es que no hay ni un solo euro. No hay nada. Sólo promesas incumplidas y muchas heridas abiertas. La creación de este espacio natural corres-pondía al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, pero al renunciar éste a ejercer sus funciones, otros usurparon el poder de decisión. Los caciques de siempre vuelven a recuperar posiciones, recordán-donos la debilidad de una administración incapaz de cumplir con sus obligaciones. Así las cosas, se ha creado una brecha social en la comarca así como un profundo malestar en quienes se dejaron la piel en esta lucha por mejorar las expectativas de un territorio. El tren del Paisaje Protegido pasó de largo por Yebra de Basa y con él se fueron las ilusiones por muchos proyectos.

Referencias:1. Fuixench Naval, J.M. Santuarios rupestres de España. PRAMES. Dic 2007.- Beltrán Audera, F. “De Yellowstone a Santa Orosia”. Revista O Zoque. nº 8. junio 2008.- Satué Oliván, E.: “Hacia la declaración de Espacio Natural Protegido para el macizo de Sobrepuerto, Santa Orosia y Canciás” Revista O Zoque. nº 8, junio 2008.- Satué Oliván, E.: Religiosidad popular y romerías en el Pirineo. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca, 1991.

1. La Estiva.2. Alimoche. 3. Chimenea de Otal. 4. Eremitorios rupestres. 5. Oreja de Oso (Ramonda myconi). Fotos 1, 3 y 4: david usiEto. Fotos 2 y 5: JaviEr ara.

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Hablando de servirConsumeHastaMorir

La magia de la publicidad consiste en mostrarnos que co-sas que son opuestas pueden ir de la mano y asociarse sin mayor problema. Así, del mismo modo que en sus anuncios se presenta a las empresas petroleras como las que más se preocupan por cuidar del entorno y a los nuevos modelos de todoterreno como los que se encargan de otorgarnos la libertad, en sus spots el ejército español se muestra como el abanderado de “prestar ayuda a quien más lo necesita” y de velar “por tu futuro, por el de todos”.

Y es que desde que hace una década se llevó a cabo la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, han venido sucediéndose las campañas publicitarias del Ministerio de Defensa.

Para empezar porque, debido al déficit de soldados pro-fesionales, necesita reclutar a jóvenes para integrar sus filas. Con este fin, se apostó desde un principio por una estrategia comunicativa que incluía equipos móviles que recorrían las provincias con más tasa de paro juvenil y precariedad laboral para mostrar las ventajas de meterse en el ejército, la organización de premios literarios y de dibujo en torno a la temática militar para centros de pri-maria y secundaria, la entrega al profesorado de material multimedia sobre “defensa y seguridad”, la instalación todos los años de un stand en Juvenalia e, incluso, la creación de un portal web en el que se podía jugar a vide-ojuegos on-line, como por ejemplo al de “Misión de paz”. Toda una serie de herramientas de comunicación para presentar a las Fuerzas Armadas como algo atractivo para los jóvenes y adolescentes.

Pero, además, en la publicidad del ejército español se ha venido añadiendo en los últimos tiempos, junto al de fomentar el reclutamiento, otro objetivo más: hace dos años, el Ministerio de Defensa lanzó una serie de anuncios para celebrar las dos décadas de “misiones internaciona-les destinadas a preservar la paz en zonas de conflicto

o a emprender acciones de ayuda humanitaria”. Y esta absorción de los valores asociados a las ONG no incluían solamente la noción de solidaridad, sino que llegaban a abarcar las cuestiones ambientales o de género: Defensa puso en marcha una campaña en la que se transmitía su preocupación por la conservación de “los 33 espacios protegidos” que dependen de este Ministerio, y otra en la que se celebraban los “veinte años de la mujer en las Fuerzas Armadas”.

Con todo ello, se va reconfigurando el perfil mediático del ejército, calando en el imaginario colectivo la idea de que ha sido concebido para participar en tareas humanitarias y para patrocinar la expansión de la libertad (duradera) y la justicia (infinita) por todo el globo.

Para esta maniobra de legitimación de una entidad que cada año pierde más apoyo social, lo último ha sido fichar a Vicente del Bosque, Ferrán Adrià y Concha Velasco para la campaña “el valor de servir”, que aunaba las dos tácticas al mismo tiempo: el ejército mostraba su ima-gen solidaria y, a la vez, se revelaba como un cuerpo que cuenta con las últimas tecnologías, preocupado por la integración social y en el que se puede estudiar, practicar deporte y hacer carrera.

Hablamos, al fin, de una institución inmune a esa misma crisis de la que, por otra parte, sí han salido duramente afectados el gasto social, el mercado laboral y el siste-ma de pensiones. No en vano, según los presupuestos de este año se ha seguido destinando una media de 50 millones de euros diarios para fines estrictamente milita-res: dos veces más que para trabajo y asuntos sociales, cuatro veces más que para medio ambiente, cinco veces más que para educación y ciencia, doce veces más que para vivienda, veintidós veces más que para cultura.

Y todavía tienen el valor de hablar de servir.

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Los conflictos sociales del cambio climáticoPablo Cotarelo

Libros en Acción, 2010. 116 p. 11€

Nuevo titulo de Libros en Acción a cargo de Pablo Cotarelo, que durante los últimos años ha participado como activista en todos los momentos decisivos que ha originado el conflicto del cambio climático. Esto en sí ya es una garantía, pues todo el texto está trufado de datos y documentos de primera mano. El texto de principio a fin es bien jugoso y se centra fundamen-talmente en la crisis ecosocial, el cambio climático real, los conflictos que genera de manera constante y desvela las causas y consecuencias para resolverlo de forma urgente dado que el sistema se empeña en avanzar en sentido contrario a lo que demanda la naturaleza. Lo más importante de un libro es que abra ventanas y aporte reflexiones originales que

completen otros ensayos, y éste lo hace. Cambio climático y cambio de manera de vivir, de producir, de participar. Después de este libro conoceremos, con mejor criterio, el grave problema social que se esconde tras este asunto: migraciones forzadas, descenso de los recursos, desigualdades de género, esclavitudes invisibles, movimientos geopolíticos... Un libro para aquellos/as que quieran profundizar con rigor sobre el cambio climático y social, a pesar de la indolencia de algunos y la ignorancia de otros.

Sus crisis, nuestras solucionesSusan George

Icaria 2010, 272 p. 19 €De nuevo más de 50 investigadores

describen cómo aprovechar las principales instituciones del

mundo, desde las educativas a los movimientos sociales, para reorientar

la cultura hacia la sostenibilidad.

Luchas y Resistencias.Desde nuestros pueblos y barrios

Gentes de Baladre. Baladre, Zambra y Libreando.

2010, 214 p. 13 €

Este libro cuenta historias reales de personas. De barrios que han conseguido resistir a la injusticia,

a la corrupción y la incompetencia del poder. Experiencias como las de

Abetxuco, El Parke, La Coma o Palma-Palmilla, entre otras, que nos enseñan

a seguir movilizando conciencias.

L’any del diluviMargaret Atwood. Ediciones Bromera

2010, 456 p. 20 €

Versión en catalán del último y excelente libro de esta escritora canadiense sobre la posibilidad de

un equilibrio medioambiental en clave de ficción especulativa, una parte de los beneficios de las ventas

irán a parar a la campaña En acció per la Mediterrània de Ecologistes en Acció. Una buena oportunidad, desde la literatura de ficción, de colaborar con ellos en esta

campaña que lleva realizándose desde 2007, mientras te empapas de una historia fantástica.

Decrecimientos, sobre lo que hay que cambiar en la vida

Carlos Taibo (dir.). Varios autores/asLos Libros de la Catarata.

2010. 240 p. 15 €

Desde la teoría ya asentada del decrecimiento ahora cabe una reflexión sobre lo que debería

cambiarse en la vida cotidiana a través del estudio de doce terrenos

relevantes del decrecimiento: el medio urbano y el medio rural, las

mujeres y las migraciones, la sanidad y la educación, el mundo sindical y el ocio, el transporte y los medios de comunicación, los indicadores

económicos y los países del Sur. Es casi un libro nuestro pues participan,

ente otros/as, Iñaki Barcena, J.V. Barcia, Fernando Cembranos, Luis González, Eugenio Reyes y Yayo Herrero bajo la dirección de el

profesor Carlos Taibo.

Page 64: El Ecologista nº 66

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• Colección: Mis primeras Guías de... Árboles, Setas, Huertos Urbanos, Astronomía, Cambio Climático. 12,50 €Divertidas e ingeniosas guías para niños sobre diversidad de temas. Con ilustraciones y páginas en blanco para notas de campo, diarios, fichas, etc.

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Page 66: El Ecologista nº 66

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Ramón Fernández Durán

Tercera pielSociedad de la imagen

y conquista del almaTercera PielEl siglo XX va a ser testigo de un cambio espectacular: la conquistade las sociedades humanas por la imagen, y la creciente supeditacióna ésta del texto escrito y el sonido (voz y música), creando una verda-dera «realidad virtual». Esta transformación se produce en el marco dela expansión del capitalismo a escala global, posibilitada y enor me men tereforzada por la creación de la llamada «Tercera Piel» o infoes fe ra(ra dio, televisión, Internet...). El desarrollo de la Ter cera Piel fa voreceel desplazamiento de las preocupaciones humanas hacia el espaciode lo virtual, ocultando el deterioro del espacio real, la Segunda Piel,donde residimos físicamente, y tras to cando la comprensión del funcio -namiento de la sociedad en la que habitamos. La televisión llega hoy en día a más del 80% de la población mundial,ayudando a configurar una verdadera «Aldea Global». Allí donde enmuchas ocasiones no llega el agua, llega la tele. La irrupción de losmedios de comunicación de masas, y sobre todo de la televisión, haimpulsado el desarrollo de la Sociedad de Consumo (mediante la cons - tante generación de nuevas y falsas necesidades) y, además, ha per mi -tido crear las condiciones para proyectar fuera de los es pa cios cen -trales los valores urbano-metropolitanos, propiciando una capacidadde imposición mundial sin precedentes de los valores e intereses domi -nantes de Occidente.Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC)asimismo han posibilitado la creación de un capitalismo mundial cadavez más internacionalizado y corporativo, dominado sobre todo por sudimensión monetario-financiera, que opera non-stop, veinticuatro ho rasal día, y que impone la dictadura del presente, un «tiempo real» únicoy universal, como el valor del dinero, que desbanca los tiempos, laseco nomías y las culturas locales, provocando el retroceso intelectualy humano de las sociedades tecnológicamente avanzadas.

978-84-92559-19-0

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• Análisis socioeconómico del proyecto de la Refinería Balboa. Roberto Bermejo Gómez de Segura. 3 €. Entre los absurdos proyectos que constituyen el entramado de un desarrollo insostenible, se encuentra la instalación de una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz). Esta propuesta ha levantado, en el último lustro, la mayor ola de protesta ciudadana que ha conocido Extremadura desde los años 80, cuando se consiguió cerrar la central nuclear de Valdecaballeros.• Pequeño manual de compostaje doméstico. 3€• Contra la Europa depredadora de los recursos y las personas. 2€• Jardinería con menos agua. 3€• Energías renovables en a educación (2001). 3€• Energías Renovables. 1,8€ (Castellano-Catalán)• Manual del árbol en la ciudad. 3€• Manual del Plantabosques. 1,2€• La calidad del aire en la ciudad. Guía para organizaciones ciudadanas. 3€• Acceso a la información ambiental (2003). 3€• Los delitos ecológicos. Guía Práctica (2002). 3€• Transporte y medio ambiente (2001). 3€• La contaminación por ozono. 3€• En defensa de las vías pecuarias de Madrid. 3€• Plan de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico (2005). 3€• Propuesta de desarrollo de la energía eólica en España (2005). 3€• Manual de quejas ante la Comisión Europea. 3€• El currículum oculto antiecológico de los libros de texto. 3€• 4x4=-planeta (2007). 4€• Zonas libres de transgénicos. 3€• Tejer la vida en verde y violeta. Vínculos entre ecologismo y feminismo. 3€• Política ambiental de la UE: insostenibilidad estructural. 3€

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