boletín informativo no. 291

SEMANARIOSEMANARIONo. 291 | 31 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Paz y justicia, gritosen una sociedad heridaU n día soleado en la

norteña ciudad de San Pedro Sula. El reloj marcaba las 9:00 de la

mañana. A partir de allí incrementa-ba la expectativa de oír en voz de los líderes de las dos organizaciones que en la última década han man-tenido a la población atemorizada, la tregua que se había anunciado.

Un nutrido grupo de periodistas, comunicadores, camarógrafos y re-porteros se dieron cita en la entrada del Centro Penal sampedrano. Hoy, este centro era escenario de una declaración pública, de un pacto. Ese mismo escenario fue testigo, en el 2004, un 17 de mayo; de otra si-tuación protagonizada por los pan-dilleros. En esa ocasión los pandi-lleros pidieron que se les escuchara con gritos de desesperación. 107 privados de libertad fueron víctimas mortales de un incendio.

La zona muerta fue el pasillo que nos condujo hacia el recinto de la MS-13. Los custodios abrieron el portón de entrada al lugar donde permanecen los integrantes de esta organización. La primera imagen fue un grupo de jóvenes trabajando la carpintería, bajo una galera, los ruidos de las máquinas y el olor a pintura. En el patio camas, mesas y sillas, secándose a pleno sol.

No transcurrieron muchos minutos cuando aparecieron, bajo la sombra de un árbol, los líderes de la MS-13 que se apostaron para dar las prime-ras palabras. Los medios de comu-nicación ansiosos, ubicaban cáma-ras y micrófonos. Un integrante de la MS, cruzaba sus brazos frente a todos los periodista mientras decía:

“Gracias por transmitirle a la sociedad lo que nosotros queremos demostrarles… Ante Dios pedirle perdón por todo, pedirle también perdón a la sociedad si en algún momento hicimos daño, pedirles perdón a nuestras autoridades,” los líderes de la MS fueron claros en su discurso y los periodis-tas seguíamos anotando y grabando.

“Nosotros lo que queremos es trabajar, no-sotros lo queremos es paz con Dios, paz con la sociedad y con nuestras autoridades”.

En Honduras cerca de dos millones

de personas en edad productiva, están sin empleo. En ese sentido los integrantes de la MS-13 hacen eco de una demanda fundamental de la población hondureña. Esa es otra de las promesas incumplidas de Porfirio Lobo Sosa.

Poco tiempo después, cuando el reloj marcaba las 10 de la maña-na, nos trasladamos a la zona de la pandilla contraria; el Barrio 18. Al entrar, una pared pintada de azul y en unas letras grandísimas se leía: “Eighteen”. Una enorme serpien-te plasmada en los muros en azul que resguardan a los integrantes de esta organización.

Monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula y Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados America-nos (OEA), han sido las dos figuras presentes e intermediarios en este primer paso.

“Este es un día histórico también, porque implica un acercamiento de las pandillas con la sociedad hon-dureña y con el Estado hondureño”, dijo Monseñor Emiliani, en quien los miembros de ambas organizaciones depositan mucha confianza.

La pandilla 18, a través de sus líde-

res, también pronunció un discurso muy coincidente con la otra organi-zación: “Venimos aquí en son de paz, queremos pedirle un perdón a toda la sociedad y la verdad de las cosas que queremos un cese al fuego”.

Ambas agrupaciones insistieron que se les escuche, que haya un diálogo

serio y responsable: “Ha habido go-biernos anteriores que no nos han querido escuchar y aquí estamos, somos parte de la sociedad también y queremos que nos escuchen. Y ne-cesitamos fuentes de empleo para nuestros hijos el día de mañana”.

Para Carlos Pineda, sociólogo y ca-

tedrático universitario, el papel del Estado en la resolución de conflictos en la sociedad es ineficiente.

“El estado no tiene capacidad para poder lograr este tipo de acuerdos con grupos delictivos o pandilleriles”.

Ante el clamor de la población

Miembros de la Pandilla 18 en conferencia desde el Penal Sampedrano. Líderes de la Mara Salvatrucha, MS.

Monseñor Rómulo Emiliani mediador en el diálogo con la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha.

Semanario No. 291 | 31 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Para mayor información visite: www.eric-sj.org - www.radioprogresohn.net

En la década de los 90 s la MS y la 18 nacen en Honduras.

• Enerode2002, Ricardo Maduro asume como presidente de la república. Una de sus principales promesas fue el combate a la criminalidad. Nace la idea de los “Operativos de Cero Tolerancia” hacia las pandillas.

• 21demarzode2003. Masacre en Centro Penal de SPS. (7 pandilleros encontrados muertos).

• 5Abrilde2003. Masacre en Granja Penal de El Porvenir de La Ceiba (69 muertos, 61 eran pandilleros).

• 15deAgostode2003, se reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras. Permitía la detención de cualquier persona bajo la sospecha de pertenecer a una pandilla. Fue denominada “Ley Antimaras”.

• 7dediciembrede2003. Masacre en Centro Penal de Puerto Cortés. (3 muertos de pandilla 18).

• 17deMayode2004. Masacre en Centro Penal de SPS. (108 muertos).• 2006. Concluye una investigación de 4 tomos, iniciada a finales de la

década de los 90´s, sobre el fenómeno de las maras y pandillas en Centroa-mérica. Investigación coordinada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras y la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador.

• Septiembrede2010yenerode2011. Investigación sobre el fenómeno de Maras y Pandillas. Como resultado se obtuvo el informe de la UNICEF, titulado “Situación de maras y pandillas en Honduras”.

• 14deFebrero2012. Masacre en Granja Penal de Comayagua. (360 muertos).

• 28demayode2013. Declaración pública de tregua con la sociedad hondureña por parte de la MS-13 y la pandilla 18.

Cronología

por encontrar un respiro al clima de inseguridad, no deben existir aires de triunfalismo; más bien, entender éste compromiso de ambas organi-zaciones como un primer paso, pero hay que recibirlo con mucha precau-ción, sostiene Pineda.

“Hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo, darle el beneficio de la duda a los dos grupos pan-dilleros. Por otro lado hay que ver que las pandillas tienen una forma de operar muy estricta, ellos tienen códigos de comunicación, códigos de comportamientos, de respeto a las reglas internas y esperemos que ese sea un factor beneficioso”, dijo Pineda.

Por su parte Casa Alianza, una or-ganización que trabaja con niños y niñas en riesgo social y que tiene su sede en Tegucigalpa, sostiene que el Estado debe tener mayor involu-cramiento en crear las condiciones para la juventud. José Guadalupe Ruela, director de esta institución afirma que en Honduras deben

abrirse oportunidades reales para la inserción de la juventud.

“Mientras el Estado no abra oportunidades reales de

integración y de participación a las jóvenes y los jóvenes; en economía, en la política, en la cultura, en la educación y en la

salud pocos serán los resultados que se podrán alcanzar”.

Mientras los expertos y entendidos en temas sociales, los gobernan-tes, medios de comunicación crean opiniones y generan debate, los pandilleros siguen esperando ser escuchados.

En la cárcelEstar dentro de los muros del Cen-tro Penal de San Pedro Sula, no es cosa fácil. Un informe del Comisiona-do Nacional de Derechos Humanos titulado “Panorama nacional de los centros penales a 2010”, explica que para alimentar a un privado de libertad, se tienen presupuesta-dos once lempiras al día, es decir

menos de un dólar (0.58 centavos de dólar) diarios por persona. Las condiciones higiénicas, la atención médica es casi ausente.

Actualmente la población en los 24 centros penitenciarios suma alrede-dor de unos 12,000 internos y su capacidad es de 9,000. Tiene una sobrepoblación de 3,000 aproxi-madamente, según el titular de la Secretaría del Interior y Población, Áfrico Madrid.

Entre bullas, miradas entrecruzadas y haciendo las últimas anotaciones y entrevistas, todos los medios salie-ron hacia sus respectivas oficinas. El sol casi estaba en su zénit. El calor sofocante, las salidas de los recin-tos de ambas organizaciones. Ahora había que contarlo a la población, sería ese día y los siguientes el tema

de conversación, en glorietas, en el trabajo, en el puesto de baleadas, en el barrio, en las colonias.

Ahora, fuera de los muros se espe-ra un debate, un diálogo en todos sectores involucrados: gobierno, ciudadanía, empresa privada, mo-vimientos sociales, políticos, medios de comunicación, iglesias, ongs, etc.

Algunas preguntas ya resuenan en el ambiente: Si los miembros de la MS-13 y la Pandilla 18 han tenido la iniciativa de dar un primer paso. ¿No deberían pedir perdón otros secto-res que también han hecho daños a la población hondureña?, ¿Porqué esos otros sectores, que también han abierto heridas a Honduras, no dan el primer paso para un diálogo real?; ¿acaso no son los políticos que nos han gobernado por déca-

das los responsables de encerrar-nos entre los muros de corrupción e impunidad?

“Yo alucino que un hijo mío llegue a ser doctor, diputado, o quien quita que sea un camarógrafo…”, “…Que nuestras manos hagan obras buenas, positivas” “ésta onda como les digo, es una semilla que se está sembrando y se espera que sea un árbol de buen fruto…” esas pala-bras de un pandillero, suenan más que la bulla de quienes han gober-nado a Honduras por décadas.

Hay heridas abiertas, que están palpitando y reclamando por justi-cia que restaure a las víctimas. Hay mucho camino por recorrer, hay una necesidad de reencuentro en la sociedad para escribir una nueva historia.

Varios talleres hay dentro del penal para que los privados de libertad permanezcan ocupados.

En el centro penal varios internos participan en los trabajos de rehabilitación.

Periodistas de todo el país y de medios internacionales llegaron alpenal sampedrano a escuchar a los líderes de la Pandilla 18 y MS.



Una oportunidadL os dirigentes de las

pandillas MS y 18 han declarado oficialmen-te una tregua en su

accionar de violencia. La tregua tiene que ver con parar crímenes, extorsiones, amenazas, recluta-mientos y todo lo relacionado con amenaza y daño a la sociedad. Han sido claros: es una decisión firme, a cumplir con estricta dis-ciplina, y piden perdón a Dios, a la sociedad e incluso a las auto-ridades.

Los dirigentes pandilleros expre-san que esta decisión es apenas un paso en un proceso que pue-de llegar incluso al final definiti-vo de sus acciones. Ellos desean

reinsertarse en la sociedad como ciudadanos trabajadores y con oportunidades para que sus hijos crezcan y se eduquen como per-sonas de bien, con opciones en la vida.

Con esta tregua, los pandilleros piden al gobierno y a la sociedad que les den una oportunidad para demostrar que ellos son seres humanos, con sentimientos no-bles hacia sus familias, deseos de superación, que aman la vida, que tienen fe en Dios, como valores que ellos, los pandilleros, llevan en sus corazones endurecidos y curtidos por la discriminación y la criminalización.

Esta decisión de los pandilleros es para ponernos a reflexionar a la sociedad entera, y sobre todo a quienes tienen tanta responsa-bilidad en los campos políticos, públicos y privados, y que en sus manos han tenido las mayores decisiones y no las han aprove-chado. Los políticos, empresarios, dueños de medios de comunica-ción, dirigentes religiosos han contribuido, con sus prácticas de doble moral y con sus intoleran-cias, a que la juventud se haya visto orillada a tomar decisiones fuera de la ley y de los parámetros de la institucionalidad legalmente establecida en nuestro país.

Los pandilleros declaran una tre-

gua a cambio de que el gobierno y la alta empresa privada ofrezca oportunidades de empleo ¿están estos sectores decididos a dar una respuesta coherente con esta demanda de los pandilleros? Los dirigentes pandilleros han decla-rado una tregua a su accionar violento, ¿está dispuesto el go-bierno y otros sectores vinculados a camufladas maras criminales a corresponder con la misma mone-da de parar sus actos violentos y criminales?

La tregua ha sido una iniciativa de los dirigentes de la dos pandillas consideradas las más temibles de Honduras. Si ellas han dado este paso, ¿son tan criminales como

las han calificado los propietarios de los medios corporativos y al-gunos sectores políticos y empre-sariales? ¿Los sectores políticos, empresariales e incluso religiosos que han satanizado a las pandi-llas, son acaso ejemplos eximios de ética, transparencia, pacifismo, honradez y solvencia moral como para no tener que dar también un paso, una tregua en sus prácticas que permita abrirse a la escucha de los otros, los distintos y así avanzar hacia el pacto social en base a consensos mínimos? Los dirigentes de las pandillas ya di-jeron su palabra. Todos los secto-res, sin excepción, tenemos ahora que pronuncia nuestra palabra.

Pormasacrecárcelsampedranaen2004

Estado de Honduras pidió perdón a familiares de víctimasEn el terreno donde se construirá la nueva cárcel sampedrana, el minis-tro del interior Áfrico Madrid habló hoy en nombre del Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa y del Estado hondureño para pedir per-dón a las familias de los 107 priva-dos de libertad que murieron en el incendió ocurrido el 17 de mayo de 2004 en San Pedro Sula.

Madrid quien llegó junto a una de-legación gubernamental, expresó: “A nombre del Estado hondureño reconocemos la responsabilidad en relación con las cuestiones de he-cho y de derecho establecidas en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-nos e igualmente pedimos perdón a los familiares de los compatriotas que perdieron la vida en el incendio del centro penitenciario de San Pe-dro Sula, fue un hecho no motivado por el Estado y aceptamos la res-ponsabilidad por no haber tenido el cuidado de estas personas y por no haber implementado en aquel en-tonces las condiciones necesarias para garantizar la vida”.

Contrario a lo que indica la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien incluyó a

Honduras en la “lista negra” de países donde se necesita mejorar “urgentemente” el respeto a los derechos fundamentales. Madrid recalcó que el Estado de Hondu-ras ha dado el ejemplo de respeto a los derechos humanos, contrario a otros estados del hemisferio. “El Estado de Honduras siempre ha mantenido la aceptación de toda su responsabilidad y aplicabilidad de las convenciones, acuerdos y tra-tados internacionales en materia de derechos humanos”.

De acuerdo con la CIDH, Honduras experimenta “asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación” que se agudizaron desde el golpe de Estado de junio de 2009 y durante el año pasado sus “efectos o reper-cusiones se han mantenido”.

En el caso del incendio en la cárcel sampedrana, la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos manda a que el Estado hondureño pida perdón públicamente por la masa-cre en la cárcel de San Pedro Sula, también indemnizar a los familiares de las víctimas y la construcción de cuatro centros penitenciarios a nivel nacional.

Madrid manifestó que ya se cuenta con el presupuesto para pagar a las familias del incendió del cual Hon-duras tomó responsabilidad ante la CIDH. Otro punto del acuerdo con la Corte es que el Gobierno creará una comisión independiente, con el apo-yo de la Iglesia católica, para inves-tigar el incendio del 2004 y castigar a los responsables.

Monseñor Rómulo Emiliani de la Pastoral Penitenciaria, es una de las personas que abogan porque la situación de los centros carcelarios mejore y ha estado junto al comité

pro construcción de la nueva cárcel, sin embargo se lamenta porque ya han pasado 9 años del siniestro y la construcción aun no empieza por-que le dicen que no hay fondos.

Sin embargo dice tener la esperan-za de que con los fondos de la tasa de seguridad ciudadana el dinero para construir la nueva penitencia-ría inicie muy pronto en un predio que donó el Estado.

Africo Madrid, ministro del Exterior.

Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula.



IndígenasdeRíoBlanco,Intibucá

EnSanPedroSula

Denuncian que se les ha violentadosu derecho de consulta libre

El ERIC y Radio Progreso presentan documental “No más impunidad”

E n la defensa territorial y la dignidad del pueblo Lenca, las comunida-des del Sector de Río

Blanco, Intibucá, dan ejemplo de dignidad al defender sus territo-rios con todas sus fuerzas. Llevan más de dos meses en la toma de la carretera en el lugar conocido como el Roblón, en rechazo al pro-yecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La decisión de continuar en la lu-cha permanente ha sido ratificada en asamblea general. El Pueblo Lenca exige la salida del Proyecto Agua Zarca el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, FICOH-SA, COPRECA, beneficiadas con fon-dos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y del Banco Mundial.

El proyecto se desarrolla por parte de la compañía china SINOHYDRO, y consiste en el represamiento del río Gualcarque que alimenta de agua a varias comunidades lencas en el oc-cidente del país y cuyas operaciones han sido detenidas por la lucha de los pobladores y pobladoras del sector quienes expulsaron al personal de la compañía junto con la maquinaria.

“Este río es sagrado para los que habitamos en estas comunidades

lencas y lo hemos conservado du-rante siglos. Es por esa razón que lo vamos a defender si es posible con vidas”, dijo Adelaida Sánchez del Consejo indígena de Intibucá.

“Como comunidades indígenas denunciamos la ilegalidad

del procedimiento ejecutado para otorgar licencias en la

ejecución del proyecto, pero sobre todo en su ilegitimidad

ante la demanda indígena y la violación del derecho de Consulta

Libre, Previa e Informada, al Convenio 169, títulos antiguos, derechos históricos y acuerdos

firmados entre el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos

Indígenas de Honduras, COPINH, y el Estado de Honduras”, indicó

Adelaida Sánchez.

Por su parte Nicolás Domínguez hizo un llamado a la solidaridad ac-tiva, al pueblo hondureño a sumarse a este proceso por la emancipación y la dignidad y a las comunidades a profundizar la defensa territorial y los derechos del pueblo Lenca.

“En un cabildo abierto y en asam-bleas indígenas, las comunidades hemos rechazado el proyecto hi-droeléctrico y el gobierno tiene toda la información de nuestra posición adoptada. También interpusimos la denuncia de rechazo al proyecto en

la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, SERNA y en el Congreso Na-cional”, indicó Nicolás Domínguez.

Denuncian al Batallónde Ingenieros de las FFAALas comunidades también denun-cian que soldados del Primer Ba-tallón de Ingenieros con asiento en Siguatepeque, Comayagua, los están amenazando, acosando y acorralando a los habitantes de las comunidades de Río Blanco.

Desde que se sale del casco urbano

del municipio de Zacapa, Santa Bár-bara, se encuentra con el primer re-ten militar quienes están chequean-do que vehículos y quienes van rumbo al sector río Blanco. Luego en la carretera se ven agentes mi-litares en los montes o transitando en vehículos particulares.

Congreso otorgó 52 concesiones de ríos en varias regionesEl Congreso Nacional aprobó conce-siones de 52 ríos en varias regiones del país. Estas acciones están gene-

rando los movimientos de resisten-cia y de lucha de las comunidades, como Atlántida, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera y Río Blan-co, Intibucá.

El 17 de septiembre de 2010 los diputados y diputadas del congreso Nacional que apoyaron el golpe de Estado, entregaron el río Gualcar-que al capital transnacional para provocar su represamiento y con-vertir el cauce en energía eléctrica de capital privado.

La ciudadanía está en completa indefensión, pero la lucha que ha comenzado a gestarse por parte de víctimas de la impunidad, renue-va las esperanzas de construir un amanecer diferente. Esa es una de las afirmaciones que podría resumir las reacciones del público que esta semana vio el documental “No-+Impunidad” que Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investiga-ción y Comunicación, ERIC-SJ, pro-dujeron recientemente.

La presentación que tuvo lugar en San Pedro Sula, el miércoles an-terior, contó con la participación de representantes de grupos de mujeres, de jóvenes, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros.

El documental No+Impunidad narra 4 historias de dolor. Madres que llo-

ran a sus hijos, familias sumidas en el miedo, injusticia y la complicidad de las autoridades con el crimen.

Es la primera vez que se presenta

el documental a un público abierto, sin embargo la presentación oficial será el próximo 7 de junio en el es-pacio que cada primer viernes de mes, el ERIC-SJ, dedica a reflexionar

y analizar la realidad.

El documental cuenta la historia del campesino José Isabel “Chabelo” Morales y de cómo la justicia lo ha utilizado para saciar las ansias de venganza de un terrateniente muy influyente, condenándolo a 20 años de prisión. También se narra la tra-gedia que viven tres familias pro-greseñas, que lloran la muerte trá-gica de tres jóvenes que mientras disfrutaban de las frescas aguas de un río, fueron brutalmente asesina-dos, según testigos y pruebas, por elementos policiales.

Las siguientes dos historias de im-punidad tienen como protagonistas a las mujeres, especialmente las jóvenes que son asesinadas casi a diario en el país, contrastando con los casos que son resueltos, solo 2 de cada 100 feminicidios. Finalmen-

te el documental se acerca a la vida de un taxista, víctima permanente del impuesto de guerra.

En los últimos años, al menos 100 taxistas han sido asesinados, nin-gún caso se ha resuelto. Son his-torias cotidianas de impunidad que tienen en común su anhelo por construir un nuevo país. Son vícti-mas que buscan, verdad, repara-ción y justicia. Son rostros dignos, son la esperanza en esta larga y oscura noche.

Una pequeña de 12 años, cuyo her-mano mayor fue asesinado hace más de un año, cerró el evento reafirmando el compromiso de su familia. “No se preocupen por no-sotros, porque vamos en seguir en esta lucha. Mientras tengamos vida, seguiremos gritando “No más im-punidad”.

Adelaida Sánchez una de las dirigentes indígenas en Río Blanco, Intibucá.

En la lucha contra la impunidad todos tenemos que trabajar.



Enagudizacióndecrisisagraria

Campesinos denuncian complicidad de Corte Suprema de JusticiaC ampesinos del Mo-

vimiento Auténtico Reivindicador de Cam-pesinos del Aguán

(MARCA) denunciaron esta semana que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, está favoreciendo a los te-rratenientes con la revisión de un fallo que daba a tres cooperativas campesinas, alrededor de unas 2000 familias, tierra para cultivar.

Este movimiento advirtió un posi-ble derramamiento de sangre en la zona del Bajo Aguán, ante un inminente desalojo ordenado por los juzgados de Colón, al norte de Honduras.

Dirigentes del movimiento reclaman las fincas Trinidad, San Isidro y Des-pertar, las cuales les habían sido adjudicadas en un fallo en febrero de este año y que posteriormente fue apelado por empresarios me-diante un recurso de reposición que fue admitido.

Según Rafael Bautista, a raíz de esta revisión vendrían desalojos violentos en este sector, como muestra que desde las altas esferas del Estado se está contribuyendo a la agudización del conflicto agrario en la zona.

“Nosotros mencionamos a veces que los sicarios son lo que jalan el gatillo pero estos 5 magistrados se están convirtiendo en sicarios por-que nuestras familias van a quedar desamparadas”, expresó Bautista mientras estaba en la Corte Supre-ma de Justicia para exigir se aclare el asunto.

Rubén Cedillo de la cooperativa Despertar dijo que ellos están bajo amenaza de un posible desalojo. Asimismo responsabilizó ante la comunidad nacional e internacional, a los tres poderes de Estado “por cualquier derramamiento de san-gre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”.

“Si es necesario, vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros más para defender la tierra, son más de dos mil familias que estamos aglutinadas en el MAR-CA y no hay ninguna que tenga mie-do a las balas”. Según el vocero del movimiento campesino, el desalojo fue ordenado para el 7 de julio; sin embargo, cuentan con documenta-ción que los acredita como dueños legítimos de las tierras en disputa.

Ataques enFinca PanamáMiembros del grupo campesino “Gregorio Chávez” en la finca Pa-namá, Trujillo, Colón denunciaron esta semana en Radio Progreso que militares y paramilitares fuertemente armados, están acosando perma-nentemente a los habitantes de esta aldea.

El sábado pasado un guardia de seguridad fue asesinado en inme-diaciones de la aldea Panamá, ese día todo se complicó en la zona, donde la comunidad ya había venido denunciando grupos armados que intimidaban a la población.

La operación Xatruch III culpó al gru-po campesino por la muerte de este guardia de seguridad sin investigar antes y se dirigieron a la comunidad para saquearla, según un poblador miembro de este grupo campesino.

El pasado 5 de julio de 2012, en esta aldea Panamá fue encontrado enterrado en una finca pertenecien-te al terrateniente de origen árabe, Miguel Facussé Barjum el cuerpo del campesino y celebrador de la pala-bra de Dios Gregorio Chávez de 69 años de edad, quien desapareció

cuando se dirigía a su trabajo. Ante este asesinato, la comunidad deci-dió recuperar estas tierras en poder de Facussé.

Miembros de la comunidad han manifestado que desde hace va-rios meses, elementos del ejército, policías y guardias de seguridad de Facussé, mantienen un constante hostigamiento, profiriendo contra

ellos expresiones soeces y amena-zas con armas de grueso calibre, al grado de acercarse a las puertas y ventanas de las casas de algunos habitantes para intimidarlos.

Santos Torres, coordinador del mo-vimiento Gregorio Chávez ha pedido al coronel German Alfaro, encargado del operativo militar Xatruch III que se sienten a dialogar para acabar con

el hostigamiento militar en la zona.

Ante esta situación agudizada en toda la zona del Aguán recordamos las declaraciones del ex ministro del Instituto Nacional Agrario, Cesar Ham, quien al renunciar a este cargo para dedicarse a campaña política, aseguraba haber dejado los pro-blemas agrarios resueltos en esta zona.

Entrada principal a la aldea Panamá, Trujillo departamento de Colón.

La zona del Bajo Aguán está militarizada y en aldea Panamá los carros del ejército se detienen cada momento.



Comisión Multinacionalvisitó por segunda vez el paísL a semana del 19 al 24

de mayo, la Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso

de reforma al sector justicia y se-guridad, realizó su segunda visita al país para conocer los avances y retrocesos de dicho proceso.

Esta Comisión Multinacional que sur-ge como una iniciativa de la Alianza por la Paz y la Justicia, tiene como objetivos asesorar a la sociedad civil en el mejoramiento del proceso de reforma y depuración, y en la me-dida de lo posible, a los principales organismos oficiales involucrados en este proceso; realizar visitas pe-riódicas como parte de un proceso de auditoría social consistente y ob-jetivo; y proponer acciones y políti-cas alternativas, siempre animando al pueblo y a las autoridades hondu-reñas a no claudicar ante la violencia criminal.

Está integrada por el británico Nick Seymour, de Transparencia Interna-cional; el peruano José Ugaz, ex Pro-curador ad hoc en los casos Fujimori

y Montesinos; el guatemalteco Edgar Gutiérrez, ex canciller y coordinador general del Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la Memoria His-tórica”; los estadunidenses Mark Ungar, profesor de ciencias políticas del Brooklyn College, y Rick Bands-tra, ex juez y asesor del Fiscal Gene-ral de Michigan; y el hispano-hondu-reño Joaquín A. Mejía R., doctor en Derechos Humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y Radio Progreso.

Durante su visita, los comisionados se reunieron con altas autoridades del Estado, tales como Arturo Corra-les, Ministro de Seguridad; la abo-gada Vilma Morales de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; los miembros de la Comisión Intervento-ra del Ministerio Público; los miem-bros de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública; y miembros de la Comisión de Seguridad del Congre-so Nacional; a su vez, sostuvieron reuniones con representantes de la sociedad civil, de la Unión Europea, de la Embajada de Estados Unidos y de la Embajada de Colombia.

Los resultados del trabajo durante su segunda jornada serán hechos públicos en un informe que pre-

sentarán dentro de dos semanas; no obstante, adelantaron algunas impresiones a través de un comuni-

cado que a continuación reproduci-mos:

En la segunda visita que realiza la Comisión Multinacional Independiente, cuya misión es apoyar y evaluar el proceso de reforma de la seguridad pública en Honduras, y luego de reunirse con diferentes sectores, señala que si bien ha habido avances, sin embargo es evidente que todavía hay mucho por hacer.

A continuación se detallan algunas conclusiones producto de esta visita:

1. En los últimos cuatro meses, Honduras ha emprendido una serie de cambios positivos en algunas de sus instituciones de seguridad y justicia. Esos cambios demuestran que el país tiene el potencial humano de enfrentar la violencia y la impunidad, y deberán traducirse en el corto plazo en un alivio de la inseguridad ciudadana. En particular, los avances que apreciamos son resultado del esfuerzo de una ciudadanía activa, agrupada principalmente en torno a la Alianza por la Paz y la Justicia -que es ya un referente de coraje y capacidad de propuesta en Latinoamérica- y de autoridades receptivas que han dado gestos de voluntad política para rescatar las instituciones.

2. Valoramos especialmente el compromiso de los integrantes de la Comisión Interventora del Ministerio Público de depurar y dignificar esa institución, y proponer guías de trabajo encaminadas a convertir a la fiscalía en el eje de la lucha contra la impunidad. Confiamos en que la Comisión Interventora será capaz de presentar en el más breve plazo algunas denuncias emblemáticas en materia de crimen organizado y corrupción. Exhortamos a la Comisión a presentar a la brevedad al Congreso su informe y recomendaciones a fin de que éste tome las medidas legales que correspondan y elija con la urgencia que la situación demanda, al Fiscal General idóneo. Dicha elección debe ser transparente y orientada a la búsqueda de un fiscal caracterizado por su liderazgo ético, capacidad profesional, independencia política y el coraje necesario para dirigir una verdadera y exitosa cruzada contra el crimen en los próximos años. Hacemos un llamado a la sociedad civil para diseñar una estrategia de incidencia de elección del nuevo fiscal que privilegie sus méritos.

3. Observamos que el nuevo Ministro de Seguridad ha iniciado algunas medidas adecuadas para poner orden en la institución policial. El censo de policías y las pruebas de confianza a 150 mandos policiales, durante el primer mes de su gestión, son pasos en la

dirección correcta. Es fundamental profundizar la depuración de las fuerzas policiales con investigaciones patrimoniales fiables de los mandos, basados en el trabajo de la Unidad de Información Financiera de la Comisión de Bancos y Seguros, que incluya el Registro de Propiedad, la evaluación de las declaraciones juradas que administra el Tribunal de Cuentas y patrones de consumo. Producto de ella deberá adoptarse las medidas administrativas y, cuando sea el caso, presentar denuncia penal contra los malos elementos que conspiran contra la seguridad de los hondureños. Exhortamos al señor Ministro a mantener informada a la opinión pública respecto a las decisiones de su despacho. La transparencia y rendición de cuentas de las disposiciones ministeriales son condición sine qua non para que la población empiece a recuperar la confianza en sus autoridades.

4. Vemos con esperanza el estatuto que crea el Instituto de Evaluación de Confianza, una entidad de alta capacidad técnica e independiente, encargada de realizar las evaluaciones de confianza de todos los operadores de justicia: policías, fiscales y jueces. Su resultado debe ser que los hondureños cuenten con instituciones confiables y eficientes. Por eso exhortamos al Congreso Nacional a debatir, aprobar y dotar de los recursos necesarios a esta institución para que comience a funcionar con la celeridad que la emergencia de inseguridad lo demanda.

5. Lo hecho durante este año para la recuperación de la seguridad y reconstrucción de algunas instituciones es incipiente y se enfrentan grandes desafíos. Por eso instamos a las autoridades a profundizar los cambios, nombrando a los titulares del MP y la DIECP, aprobando el Instituto de Evaluación de Confianza, depurando y reformando todo el sistema de seguridad y justicia. La publicidad y transparencia de estas decisiones garantizarán su legitimidad y recuperación de la confianza pública.

6. Se requiere que la comunidad de países amigos refuerce su compromiso de responsabilidad compartida con la seguridad y el bienestar de Honduras.

7. Las próximas elecciones de nuevas autoridades de Gobierno deben ser una oportunidad de debate público serio que enriquezca las propuestas y permita la adopción de compromisos de Estado por parte de los candidatos. El encuentro entre democracia y seguridad redundará en bienestar y libertad para todos los hondureños.

El pueblo hondureño quiere un plan para reducir los asesinatos ycontrolar el crimen organizado. No se puede fallar en el intento.

Los hondureños abrieron una ruta para recuperar laseguridad, y deben profundizarla. El fracaso no es opción.

Reunión de miembros de la Comisión Multinacional con el super ministro Arturo Corrales.



ElERIC-SJ

Obra al servicio del pueblocon fe desde la justicia

F undado hace 33 años, por tres jóvenes Jesuitas que trabajaban en esta ciudad, el Equipo de Re-

flexión Investigación y Comunicación ERIC-SJ, se encuentra en un momen-to de revisión interna para actualizar su servicio, sin perder la mística.

Comenzaba la década de los 80´s, marcada por la represión contra el pueblo y tras el cierre de Radio Pro-greso ordenado por Junta Militar que dirigía el país, los padres jesuitas Chico Ocaña, Jesús Sariego y Chema Tojeira advierten la necesidad de tener un espacio para reflexionar con datos basados en la realidad y que llegara a las comunidades más sencillas.

Tres décadas más tarde, el ERIC es un referente importante en temas de análisis de realidad. Sus inves-tigaciones y reflexiones sociales, políticas y religiosas gozan de plena credibilidad entre los diversos sec-tores nacionales, sin dejar a un lado

su primordial tarea de acompañar en el día a día a las comunidades más empobrecidas de la márgen del río Ulúa.

Sus prioridadesEl ERIC, tiene claras sus prioridades de trabajo, pero también la madu-rez política para adaptar su servicio de acompañamiento según la época que le toca vivir.

Durante el Huracán Mitch en 1998, recuerda Aracely Medida, actual subdirectora, “el ERIC se volcó a atender a centenares de damnifi-cados” Lo asistencial dio paso al acompañamiento organizativo y a

la apuesta por construir una nueva cultura política democrática y ciuda-dana, desde la fe y la justicia.

Por los pasillos y salones del ERIC es normal encontrarse hombres, muje-res, jóvenes, migrantes y estudian-tes que buscan una respuesta. Y es que el ERIC es de puertas abiertas, también para extranjeros. Tal es el caso de Juan José Roses, un funcio-nario estatal español que dejó sus comodidades para conocer el país a través del trabajo del ERIC por me-dio de un voluntariado. “Mis padres no entienden, me ven un poco loco, pero para mí estar en el ERIC es un honor, porque con ellos puedo lu-char por un cambio en la sociedad”, dijo Juanjo.

Para el futuro, el ERIC se plantea profundizar su acompañamiento a las poblaciones indefensas desde el análisis y la reflexión. También, asu-mir el reto de contribuir con un pen-samiento crítico que tenga en el cen-tro del debate, a la persona humana.

Este domingo 2 de junio celebramos el 33 aniversario con una misa de acción de gracias por la mañana y seguidamente un Bingo con muchos premios.

Día de fiesta

Parte del personal del ERIC-SJ. Algunos ya no están con nosotros.

Uno de los quehaceres del ERIC es analizar constantemente la realidad. A Mecate Corto, publicación mensual.

Ismael Moreno,Sj, director del ERIC-SJ. Mujeres organizadas participan en capacitación en el ERIC. También se acompaña la juventud en sus procesos de formación.

boletín informativo no. 291

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