boletín informativo no. 239

SEMANARIOSEMANARIONo. 239 | 18 Mayo 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Otra mirada de la realidad

Para mayor información visite: www.eric-sj.org - www.radioprogresohn.net

“Asesinato de periodistas no es por asuntos ideológicos”

Alfredo Villatoro se convirtió en la víctima número 24 de los asesinatos contra perio-

distas en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, según datos del Comité por la Libre Expresión, C-Libre. Las investi-gaciones y los responsables materia-les e intelectuales de dichos crímenes brillan por su ausencia.

El asesinato de Villatoro remeció a la sociedad hondureña que de entrada condena los asesinatos. “Aquí an-damos en el entierro con mi familia, tuvimos que caminar una hora para tomar el bus que nos trajera a la ca-pital” dijo Alberto Castro que acom-pañó a familiares y amistades del comunicador.

Indefensión

Alrededor del asesinato de Alfredo Villatoro surgen distintos puntos de vistas que buscan explicar el por qué del hecho criminal. El sacerdote Jesui-ta Ismael Moreno, director de Radio Progreso, manifiesta que para hacer una verdadera interpretación se re-quiere de datos precisos, y esos le faltan a muchos en Honduras.

“Con este hecho dramático, espeluz-nante que ha ocurrido en Honduras con el asesinato del periodista Alfre-do Villatoro, uno lo que puede decir es que en Honduras nadie está fuera de peligro, que el riesgo se ha apo-derado de todos los sectores, parti-cularmente los que están ubicados en relación con dar información, con comunicar información, con dar y ge-

nerar opinión, con interpretar la noti-cia, con dar valoraciones a través de diversos medios de comunicación”, dijo Moreno.

Por su parte el Coordinador de C-Li-bre, Héctor Longino Becerra, señaló que como comunicadores debemos tener conciencia del enorme riesgo que se corre en el ejercicio periodís-tico. “Este nuevo atentado a la liber-tad de expresión debe llamarnos a la reflexión, que tenemos adversarios comunes en esta lucha por la infor-mación veraz y transparente”.

El sacerdote Moreno dijo que “si ha ocurrido con un periodista de un medio de comunicación de alcance nacional, que transmite fundamen-talmente noticias con un nivel im-portante de reconocimiento oficial en Honduras y que tiene que ver con propietarios vinculados con las altas cúpulas de la empresa privada y de la política hondureña, entonces la indefensión se ha apoderado de los medios de comunicación y especial-mente de quiénes ejercen la labor periodística en Honduras”.

Los expertos analizan que en el mo-mento actual que vive Honduras nos encontramos en una situación de altísima indefensión como nunca se había registrado en la historia na-cional. “Lo importante no es tanto lo que están haciendo los medios de comunicación sino como se ha orga-nizado y se ha estructurado el crimen en el país como para que cualquier labor de comunicación, independien-

temente de la orientación ideológica que tiene, está en riesgo” reflexionó Ismael Moreno.

Impunidad

Algunos analizan que el clima de inseguridad y de violencia que vive Honduras obedece a que los poderes ya no se definen a partir de la ins-titucionalidad formal del Estado sino que se están ejerciendo desde los corredores subterráneos del crimen organizado. Por eso, explican, los populares, dirigentes políticos, co-municadores sociales, defensores de derechos humanos y todas aquellas personas que tienen una labor social y que en algún momento determi-nado pueden encontrarse directa e indirectamente en confrontación con estos poderes ocultos, ya corren pe-ligro.

“El asesinato de periodistas no es por asuntos ideológicos y queda comprobado con el asesinato de Alfredo Villatoro, sino que los ase-sinatos se sustentan en que el ver-dadero gobierno en Honduras no reside primordialmente en Casa Pre-sidencial ni en el Congreso ni en la Corte Suprema de Justicia, sino que el auténtico gobierno es de facto, es decir que reside en unos poderes que se definen a partir de la “ley del más fuerte” y que esa “ley del más fuerte” va controlando cada vez más la insti-tucionalidad pública formal” aseguró el director de Radio Progreso.

Manifestó que es honrado reconocer

que la impunidad y la violencia han hecho mella en la sociedad hondure-ña y particularmente en los comuni-cadores sociales. “Si tuviésemos que hablar con honradez tendríamos que decir que mucho del miedo que se ha apoderado en la sociedad hondu-reña ha penetrado en nosotros, los comunicadores sociales. Debemos reconocer que la censura o el auto-control, como quieran llamarle, está presente en nuestros medios de co-municación”.

Pasos a dar

“Solo me resta decirles que Alfredo hubiera querido estar y saber que su dolor y su sangre eviten que haya más viudas, no solamente viudas como yo, hay que mirar en el periódi-co que hay un montón de madres que les matan sus hijos” dijo en la misa de cuerpo presente Karla Fonseca, esposa de Villatoro.

El llamado que la sociedad hondure-ña lanza es para aquellos que tienen capacidad de tomar decisiones, des-de los políticos sin distingos ideoló-gicos, el empresariado, los diversos gremios, las Iglesias, las Ong s, a trabajar en torno a ver cómo retro-ceder o revertir este proceso que deshumaniza y atrapa a la población, de manera indefinida, en la violencia y en la impunidad.

“Si nosotros no podemos y no que-remos dar los pasos para que se dis-minuya esa violencia que significa la inequidad y la exclusión social, y que

construyamos institucionalidad, en-tonces, señoras y señores, pidámos-le, clamémosle al crimen organizado, a los que ejercen el poder de “la ley del más fuerte” que por favor nos di-gan qué es lo que tenemos que hacer, para que nos digan qué es lo que no tenemos que hacer para que no nos maten, para que se respete la vida de los comunicadores sociales” expresó Moreno.

Moreno dijo a los periodistas que antes de ser servidores de un pro-pietario de los medios de comuni-cación, son seres humanos con una profesión que vale por sí misma, por lo tanto más que servir a propietarios de un medio de comunicación los lla-mó a servir a una sociedad desde el fortalecimiento de la identidad como comunicadores sociales organizados.

» Ismael Moreno,sj, director de Radio Progreso

Semanario No. 239 | 18 Mayo 2012 | Editado por COMUNICACIONES - SJ


Radio Progreso declara su impotencia ante el repug-nante crimen del periodista

Ángel Alfredo Villatoro, y nos decla-ramos en estado de plena indefen-sión.

Con lo que está ocurriendo en nues-tro país, ya no valen palabras, los análisis no logran alcanzar la reali-dad y los clamores de justicia ya de-jaron de tener cabida. No podemos aceptar informes ni de la policía ni de la administración pública, porque después de tanto contubernio de las

instituciones de seguridad y justicia con la criminalidad y la impunidad, no podemos creer en ninguna de sus versiones.

Somos promotores de esperanza y nos alimentamos de la esperanza, porque nos sustentamos en la fe en el Dios de la Vida. Sin embargo, fren-te a la brutalidad de quienes tienen el control de nuestra sociedad, la impotencia ha tomado su palabra, y el escenario de la Honduras que hoy tenemos pone en entredicho y en precariedad todas las esperanzas y

optimismos que han acompañado a nuestra radio a lo largo de su his-toria.

Reconocemos nuestro estado de impotencia. Desde hace tres años venimos haciendo llamados deses-perados por construir un pacto so-cial entre los diversos sectores de la sociedad hondureña. Parecemos disco rayado con el llamado a cons-truir acuerdos básicos compartidos. Y todo ha sido una voz en este de-sierto de oídos sordos. Con el ase-sinato del periodista Ángel Alfredo

Villatoro queda claro que todos los llamados a buscar consenso en tor-no a la lucha contra la impunidad y por construir una nueva instituciona-lidad, no tienen cabida. Los sectores que controlan la violencia y la impu-nidad se disputan entre sí negocios, posiciones y territorios, utilizando la brutalidad y el asesinato de perio-distas para aplastar la libertad de expresión y de prensa. Y lo están consiguiendo en dosis muy altas.

Como no existen oídos sensatos que escuchen nuestro clamor por un

pacto social con acuerdos mínimos, entonces nos toca declararnos en estado de impotencia.

Necesitamos proteger nuestras vi-das y las vidas de nuestros seres queridos, y como hasta hoy nadie de quienes tienen capacidad de de-cisión nos escuchó, nos toca ahora pedir a quienes amenazan nuestras vidas por ejercer este servicio desde el periodismo, que nos digan qué quieren, qué buscan. Dígannos, por favor, ¿qué quieren de nosotros y hacia dónde nos quieren llevar?

Impotencia

Honduras se encuentra en estado de emergencia. Los altos niveles de criminalidad hacen que la vida no tenga ningún valor. El reciente asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro, es la muestra que los grupos subterráneos de poder no están dispuestos a dejar de controlar el país.

Como un clamor popular los diferentes sectores repudiaron este nuevo asesinato que enluta a la comunicación. Pero que demuestra la desbordante criminalidad existente en Honduras.

Un clamor unánime: no más impunidad

Wilfredo Méndez, director de Ciprodeh: “Cuando se llega a estos niveles de criminalidad en el país, uno se pregunta cómo llegamos a este momento, a un nivel de degradación, de irrespe-to por la vida. Cómo avanzamos a tener autoridades coludidas por el delito, y en general a una ins-titucionalidad ineficiente donde nadie responde por la vida de na-die. Pero en esta situación cuan-do el mensaje es callar, como so-ciedad debemos seguir nuestro clamor por reformas sustanciales en el sistema de seguridad.

María Luisa Borja, Comisiona-da en condición de retiro de la policía nacional: “En la muerte de Villatoro no sabemos de qué sector vienen los ataques, pero realmente es curioso que su cuer-po haya aparecido con una ves-timenta policial y la forma cruel como fue asesinado, nos deja pensado cuál es el mensaje que se quiere mandar y a quién se les está mandando el mensaje? Pero sin duda esta es una nueva forma de amedrentar y sembrar terror frente a la inoperancia de la segu-ridad a la ciudadanía”.

Juan Ramón Mairena, presi-dente del Colegio de Periodis-tas de Honduras: “Lamentamos lo que ocurre con el gremio pe-riodístico. Hacemos el llamado a las autoridades para encontrar los responsables, que este crimen no quede en impunidad. Unido a esto es necesario que de manera urgente el gobierno implemente un plan que el brinde seguridad a los comunicadores sociales, y a los colegas les decimos que hay que seguir con valentía nuestro trabajo”.

Martha Sabillón, viceministra de Justicia y DDHH: “Para la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos es una preocupación permanente las constantes vio-laciones a los derechos de los periodistas, y lo decimos no úni-camente por la cantidad de ase-sinatos, sino por la falta de inves-tigación que existe por parte del Estado.

Advertimos que si no se inician investigaciones serias la crimina-lidad continuará en Honduras”

Claudia Mendoza, de Periodis-tas por la Vida: “El asesinato de Alfredo Villatoro pone una nueva variable en los asesinatos contra periodistas, ya que este comuni-cador formaba parte de una de las empresas que mantiene el control y poder en el país.

Lo que nos dice que quienes con-trolan la criminalidad en Hondu-ras no les importa pasar encima de quien sea”



Grupos de poder ponen obstáculos a periodistas

“Era algo que no nos esperába-mos, nosotras solo llevábamos nuestras consignas y fuimos

correspondidas con golpes y gases la-crimógenos” relató la periodista Eleana Borjas recordando el 13 de diciembre de 2011 cuando miembros de la guardia de honor presidencial y efectivos militares reprimieron la manifestación pacífica de alrededor 50 mujeres comunicadoras exigiendo el esclarecimiento de los ase-sinatos a periodistas.

Ya van 24 periodistas asesinados, pero son cientos de comunicadores y comuni-cadoras que reciben amenazas a diario, en el caso de las periodistas aglutinadas en el Colectivo de Periodistas por la Vida, esta convicción de defensa de la vida y la libertad de expresión les ha supuesto grandes riesgos.

Sandra Sánchez es otra comunicadora quien junto a Eleana y 13 periodistas más denunciaron ante la fiscalía esta agresión y responsabilizaron directamente al pre-sidente Porfirio Lobo Sosa, el director de la guardia presidencial y al jefe del Esta-do Mayor Conjunto, René Osorio Canales.

Para Sánchez, con los signos de los últi-mos meses pareciera que los grupos de poder formales y facticos dimensionaron más certeramente el poder de los medios

de comunicación y “han decidido poner-nos cortapisas buscando la censura del medio y cuando no lo pueden hacer, bus-cando otros mecanismos que han des-embocado en la muerte de más colegas”.

Doble amenaza

Esa mañana de diciembre, un grupo de mujeres indignadas por los actos de violencia que ya cobraban la vida de la primera periodista mujer, Luz Marina Paz, decidió tomar la calle hacia Casa Presidencial para exigir justicia, pero las recibieron con golpes y mordaza los mismos que 5 días antes habían velado por la seguridad del grupo del Colegio de Periodistas Hondureños, CPH, quienes se manifestaban por la misma causa.

Claudia Mendoza, una de las periodistas agraviadas y demandante asegura que las amenazas son comunes pero lo que es inconcebible es estar ante un aparato estatal endeble.

“Qué nos queda, reprimirnos, delegar-nos porque es una doble amenaza el que no podamos llevar estos casos ante un juzgado”, se replicaba Mendoza.

Sandra Sánchez, otra acompañante de esta lucha por la libertad de expresión, asegura que han hecho todo lo posible

para que el proceso avance, porque es importante sentar un precedente aunque no haya esperanza en el sistema de jus-ticia nacional.

“Para evitar que la fiscalía comenzara con cuentos, dos compañeras más y yo decidimos negociar ofreciéndonos para citar a las compañeras que darían tes-timonio, al grado que en la casa los re-dactábamos y solo íbamos al Ministerio Público a vaciar. Ya son 5 meses y no se ven indicios de nada” expresó Sánchez.Según la comunicadora, la lucha sigue e

intentan ahora llevar el caso a la Comi-sión Interamericana de Derechos Huma-nos, CIDH, y ésta se ha mostrado intere-sada porque esta agresión muestra una acción dirigida claramente a un gremio especifico.

Aun con los riesgos

“No es que nos creamos mujeres mara-villas pero muchas de las que elegimos este camino hemos tenido una carrera en la que nos hemos enfrentado a algunas cosas fuertes” manifestaba Eleana Bor-jas, recordando las tantas veces que la han amenazado por querer sacar una verdad inconveniente para un portador del poder oficialista.

“El año pasado Alfredo Echenique del Instituto de Acceso a la Información Pú-blica me amenazó de demandarme y el diputado Antonio andino me aseguró que iba a mandar a joder el medio en el que yo trabajaba, creo que uno ya se va sor-teando con esas cosas” contaba Borjas.

En el transcurso de este proceso las comunicadoras también han sido amena-zadas por haber denunciado a grandes personajes por la agresión del 13 de di-ciembre, es el caso de Gilda Silvestrucci por quien se emitió alerta de amenaza a nivel internacional a través del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, ante lla-madas en que intimidaban a la periodista amenazando a su familia.

Según el relato de Silvestrucci, en su te-léfono recibió una llamada donde le dije-ron: “Ya sabemos que tenés tres hijos, que la mayor tiene 15 años, que ahori-ta andás en la calle con tu hijo de siete años, y que la mayor está en tu casa, cuidando a la niña de un año, y te vamos a matar”.

También desde los medios de comunica-ción las amenazas surgen a diario y es el caso de Claudia Mendoza quien fue des-pedida del medio donde trabajaba por no acomodarse a la nueva política editorial, así también Eleana Borjas.

Para Anarella Velez, de C-Libre, la liber-tad de expresión es un derecho humano que está a la base de todos los derechos, pero el trabajo del periodista en Hon-duras está en precario y pone sobre el escenario esta problemática tan terrible que vive la sociedad hondureña sin co-municadores que expresen esta realidad con un análisis crítico.

“Los defensores nos enfrentamos a riesgos bastante grandes, ser victimas de hostigamientos pero las convicciones son firmes, consideramos que debemos construir una Honduras donde se respe-ten los Derechos Humanos a pesar de los riesgos que se corren”, adujo Velez.

Mujeres periodistas del Colectivo por la vida y la Libertad de Expresión, nuevamente reclaman castigo para los miembros de la guardia presi-dencial que las golpearon durante una protesta en defensa de sus derechos realizada el pasado 13 diciembre.

» Para defensoras de la vida y libertad de expresión

Ante la represión de la guardia presidencial, algunas periodistas tuvieron que responder a los golpes.

“Yo considero que el actual orden de cosas amerita de

un periodismo serio, res-ponsable, comprometido con la justicia social, pero cómo confrontar esto si lo

que puedo recibir como periodista es un despido de un trabajo donde me fajé

y di el todo por el todo, esa siendo una de las mejores

salidas porque si no te coartan la vida como en el caso de la compañera Luz”

manifestaba Mendoza.



A pesar de encontrarse en momen-tos bastante difíciles, los familiares de los 361 privados de libertad que murieron calcinados en la cárcel de Comayagua, afirman que están dis-puestos a continuar su lucha, hasta que se logre justicia.

“Vamos a buscar todos los medios, estamos organizados y nuestra lu-cha es fuerte, sabemos que unidos vamos a lograr que se castiguen a los responsables de estas muertes y que en Honduras se respeten los derechos humanos”, dijo Liseth Al-faro, quien junto a su esposo Alex Ulloa se han metido de lleno a or-ganizar la directiva de familiares de víctimas del centro penal de Co-mayagua.

Alex Ulloa dijo a Radio Progreso que recuerda que unas semanas antes del incendio visitó a su hermano, Edwin Javier Ulloa, un joven de 23 años que se encontraba recluido en ese lugar acusado por robo y que su carta de libertad ya la tenía des-

de el mes de enero, pero para salir definitivamente el abogado les pe-día 12 mil lempiras y como no pudo conseguirlo, el muchacho siguió en el reclusorio.

Han pasado tres meses y aun faltan ocho cuerpos por entregar. Liseth y Alex, agregan que el personal que examinaban los cuerpos, los deja-ban fuera de los carros refrigera-dos y los tiraban al suelo, bajo el sol, cuando se los entregaban a las familias ya estaban engusanados, desechos y con partes de otros cuerpos . “eso lo vimos varias ve-ces, porque nosotros fuimos a mu-chos de los velorios”.

Una de las fortalezas que han en-contrados estos familiares es que están organizados para exigir al Estado de Honduras una mejor in-vestigación porque ellos no creen que fue un cigarrillo el que provocó el incendio. Asimismo expresan que exigirán al Estado que se respon-sabilice por castigar a los respon-

sables de todas estas muertes y que haga una reparación para los familiares.

Solo un casoUno de los privados de Libertad te-nía 17 años, estaba preso porque se metió a un solar a robar leña para cocinar unos alimentos, el dueño de la propiedad lo amarró y lo llevó directamente a la cárcel.

El nuevo conflicto provocado en el Centro Penal de San Pedro Sula por los mismos

reclusos, demanda una reunión con las autoridades del Estado, coor-dinadores de Centros Penales del país y demás organizaciones para conocer el contenido de la nueva Ley Penitenciaria y se comiencen

a poner en práctica algunos de los puntos, señala la abogada Alba Me-jía del área de Derechos Humanos del Centro de Prevención, trata-miento y rehabilitación de las vícti-mas de la tortura y sus familiares, CPTRT.

“Ya tenemos la aprobación de la ley

pero el punto es, que esa aproba-ción prevé un periodo de transición de dos años, y lo que estaríamos demandando en este momento es que haya una reunión para que se conozca la ley y se desarrolle al-gunos puntos que tienen que dar lugar a la atención de este tipo de problemas”, recalca la abogada Me-jía.

Nuevo enfrentamiento

Otra vez el Centro Penal de San Pe-dro Sula, volvió a ser escenario de un amotinamiento iniciado por los internos del recinto, denominados “Paisas”, que dejó como saldo una

persona muerte y 10 heridos, se-gún fuentes policiales. Los paisas son el grupo de privados de libertad que no tienen ninguna vinculación con las pandillas que operan en la ciudad .

Para calmar los ánimos llegó el Obispo Auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani, quién asegura que evitó un nuevo baño de sangre. “Gracias al señor se logró a base de mucho diálogo que se entregarán unos internos a las autoridades y se evitó un gran derramamiento de sangre, había un lío interno en la población peni-tenciaría que provocó heridos y un muerto”, dijo el Obispo Auxiliar al salir de la cárcel sampedrana.

El detonante

El extremo de la violación de dos mujeres que llegaron de visita, pudo a ver sido el origen del mo-tín, aseguró el Director de Centros Penales, Abrahán Figueroa Tercero. “El hecho se origino a raíz de unas denuncias por los mismos privados de libertad, que un recluso violó a

dos de las visitas, esto fue lo que ocasionó que la población peniten-ciaría se indignará y como él tenía sus amigos, entonces comenzó esta batalla campal”, manifestó Figueroa Tercero, quien además reconoció que hay policías penitenciarios in-volucrados en el ingreso de armas para los internos y aseguró que se les deducirá responsabilidades.

Fredy Chacón, Orlando Flores, David Hernández, Héctor Bonilla, Francisco Sorto, Gustavo Alexis Cerna, Josué Aguilar Romero y Melvin Bueso, sumado a ellos el privado de libertad muerto José Luis Mateo Toro, quien estaba interno desde 2005 y condenado a 16 años de cárcel por los delitos

Heridos

El Estado debe poner en práctica puntos de la Ley Penitenciaria

El sistema peniten-ciario de Honduras

está compuesto por 24 cárceles, con

capacidad global de unos 8.000 reclusos, pero los privados de libertad superan los 12.000, según orga-

nismos defensores de derechos humanos.

» Según representante del CPTRT

Buscan justicia para que las muertes no queden impunes» Familiares de víctimas de cárcel de Comayagua

Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula.

Aun falta que entregar ocho cuerpos de los 361 privados de libertad.

El 24 de mayo los familiares inaugura-rán un monumento en honor a las vícti-mas de la cárcel de

Comayagua. Además realizarán una asam-

blea y una marcha para exigir justicia.



Un día como hoy, hace 14 años, Car-los Luna fue asesinado en Cataca-mas, Olancho.

Al momento de su asesinato Luna se desempeñaba como regidor de la corporación municipal y fue al salir de una reunión de corporación cuando sujetos desconocidos los asesinan el 18 de mayo de 1998. Carlos Luna era un político y ambien-talista que denunciaba incluso desde su cargo la tala ilegal del bosque por parte de sectores políticos y econó-micos muy influyentes en el país. Como consecuencia de sus acciones a favor del ambiente, Luna recibió amenazas que nunca paralizaron su decidida causa.

A 14 años de su asesinato, sólo se han condenado a dos de los autores materiales del delito, sin embargo, pese a existir indicios sobre la iden-

tidad de los autores intelectuales, ninguna persona ha sido sancionada. Al no encontrar respuestas en el sistema de justicia hondureño, los familiares de Carlos Luna emprendie-

ron un largo camino para reparar su pérdida y evitar que estos hechos se repitan al presentar su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El campesino Juan José Peral-ta de 60 años, se convirtió el miércoles en una víctima más

del conflicto por la tenencia de tie-rras en Honduras, al ser acribillado mientras iba en su carro junto a dos de sus familiares a traer leña en la aldea Taujica, en las cercanías del asentamiento Nueva Confianza, en Tocoa, Colón.

Como resultado del atentado criminal resultó herido su hijo que también se llama José Peralta y Antonio Vélez, ambos se recuperan de las heridas de arma de fuego, provenientes de fisiles FAL, disparados por descono-

cidos, según dio a conocer Vitalino Álvarez, del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca.

El conflicto de tierras en el Valle del Aguán, que provoca enfrentamientos entre labriegos y la guardia privada de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, ha cobrado durante los últimos años la vida de al menos 57 campesinos.

Ni la militarización de la zona ordena-da por el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, con la operación Xatruch desde octubre del año pasado ha podido ponerle alto a los enfrentamientos,

lejos de esto más bien el conflicto se ha agudizado según los campesinos.

Letargo en aprobación de reformas

Mientras la sangre sigue derramán-dose en la zona del Bajo Aguán, en el Congreso Nacional, diputados y diputadas han puesto a reposar las reformas a la Ley de Modernización Agrícola promovidas por el sector campesino organizado.

Mediante estas reformas los campe-sinos buscan que el Estado dote de tierras a las cerca de 300 mil familias campesinas, que no tienen acceso a las tierras agrícolas.

Según el Diputado Marvin Ponce, vi-cepresidente del Congreso Nacional, en el legislativo hay dos iniciativas de reforma, una desde el 2011, deno-minada Ley de Reforma a la Ley del Modernización Agrícola, como alter-nativa para enfrentar la derogación vía judicial del decreto 18 – 2008, mediante el cual se expropiaba la tierra ociosa en inculta en manos de terratenientes. Esta iniciativa está en-gavetada.

El otro proyecto de ley consensuado por los grupos campesinos es que se cree la reforma al artículo 51, que tiene que ver con expropiar por utili-dad pública, y por no cumplir con la

función social todas aquellas tierras privadas que no están siendo utiliza-das para producir.

En el Artículo 51 inciso “B” de la Ley de Modernización Agrícola, se esta-blece que “cuando estén incultos u ociosos por más de dieciocho meses consecutivos. El plazo anterior se ex-tenderá a veinticuatro meses cuando por razones de falta de financiamien-to, sequía, inundaciones y otras ra-zones de fuerza mayor, el propietario o propietaria no pudiera explotar sus predios. Excediendo este plazo las tierras serán afectables por ociosi-dad en cualquier circunstancia”.

“En este momento la reforma está disfrazada, porque en el reglamen-to de la Ley, el Artículo 51 se aplica hasta que los campesinos hacen la solicitud de la tierra, entonces signi-fica que los campesinos tienen que esperar todo ese tiempo y cuando el plazo está por culminar los terrate-nientes chapean las tierras, siembran unas cuantas matas de maíz y aducen que está cultivada para que no se les expropie”, señaló Ponce.

Lo que piden los campesinos median-te la reforma es que se quite el plazo de 18 a 24 meses y que se establez-ca que todas las tierras ociosas son sujeto de expropiación por utilidad pública, agregándole que se haga previo peritaje del Instituto Nacional

Agrario, INA, para que se determine el tiempo de estar inculta.

También plantea que las tierras para Reforma Agraria que están en poder de particulares y que sean ejidales y fiscales, el INA las recupere en un plazo de seis meses, además exigen un fondo de 150 millones que sea para indemnizar las expropiaciones y promover la producción agrícola en el país.

Para impulsar esta reforma y crear consenso entre campesinos y terra-tenientes, el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, instaló desde el pasado fin de se-mana la mesa de diálogo y dar pro-puestas para la transformación de los artículos 51 y 70 de la Ley de Modernización Agrícola.

José Ramón Vásquez del Frente Na-cional Campesino denunció que exis-te una dilatación en el proceso ya que los representantes de la Federación Nacionales de Agricultores y Ganade-ros se han levantado de la mesa de diálogo y sumado a esto los diputa-dos y diputadas se fueron de receso y regresan hasta el 19 de junio.

Los campesinos organizados anun-ciaron para la próxima semana movili-zaciones de protesta por la dilatación e indiferencia del Congreso Nacional de solucionar el conflicto de tierras.

El 13 de enero de 2003, el ERIC y CEJIL presentaron ante CIDH una petición inicial denunciando la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por el asesinato de Carlos Luna y las afectaciones que ésta trajo a su familia.

El 22 de julio de 2011, la CIDH aprobó un informe en el que determinó la responsabilidad del Estado hondureño y le hizo una serie de recomendaciones encaminadas a la realización de la justicia.

El 10 de noviembre de 2011 la CIDH remitió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues constató que el Estado no estaba cumpliendo con sus recomendaciones.

En abril de 2012, el ERIC-SJ y CEJIL presentaron ante la Corte IDH una demanda, en la cual solicitan, entre otras cosas, que el Estado hondureño: investigue, juzgue y sancione a todos los responsables del asesinato de Carlos Luna y a los funcionarios implicados en las irregulari-dades sucedidas en el curso de la investigación de los hechos.

Fechas

Reformas a ley de modernización agrícola siguen paradas

» Mientras sigue corriendo sangre de campesinos

300 mil familias campesinas en Honduras no tienen acceso a tierras cultivables.

Carlos Luna: 14 años de impunidad

Rosa Valle, viuda de Carlos Luna visita la tumba del ambientalista convenci-da que la justicia reclamada por la muerte de su esposo será una herramien-

ta para continuar la lucha por la que Carlos Luna ofrendó su vida.

Sobre la tumba de Carlos Lunas en el cementerio de Catacamas, su viu-da Rosa Valle, sigue esperando justicia.



Callar la verdad aplasta la dignidad de las víctimas +¡MOVILICÉMONOS!

El Tribunal Supremo Elec-toral, TSE, dio luz verde para que proliferen los

eslógans, mensajes, discursos, y el dominio de las técnicas propias del cine, la publicidad y el marke-ting en este nuevo proceso elec-toral donde participarán los nueve partidos legalmente inscritos para disputar casi 3,000 cargos de elección popular en las elecciones primarias del próximo 18 de no-viembre de 2012.

Las primarias darán como resulta-dos a los candidatos oficiales de cada partido para las elecciones generales del último domingo de noviembre del 2013. Los nueve partidos legalmente inscritos son Liberal, Nacional, Innovación y Unidad (Pinu), Demo-cracia Cristiana, Unificación Demo-crática (UD) y los que recién han inscrito este año: Anticorrupción (PAC), Libertad y Refundación (Li-bre), Alianza Patriótica y el Frente Patriótico Electoral Revolucionario (Faper), informó el Tribunal Supre-mo Electoral, TSE, mediante una

cadena de radio y televisión.De estos nueve partidos, solo el Liberal, Nacional y Libre, han con-firmado su participación con siete, nueve y seis corrientes internas, respectivamente, que andan en abierta campaña.

De acuerdo a la socióloga hondu-reña, Gracia Nibea Alvarenga, lo que se puede rescatar de positivo en este nuevo proceso electoral es que han surgido nuevas fuer-zas políticas, y esto llama a no seguir votando por el bipartidismo ya que estos no presentan opcio-

nes buenas para pueblo.

“Pero de forma general estamos frente a un sistema democrático colapsado, por lo que me lleva a no creer en este proceso electo-ral ya que a parte de las viejas mañas, quienes lo convocan fue-ron los mismos que blanquearon el golpe de Estado”, manifestó Alvarenga.

La politóloga indicó que con el gol-pe de Estado se demostró que en Honduras no existe la democracia.

“Nos hacen creer que vivimos en democracia, pero en realidad solo damos los primeros dos pasos y luego volvemos hacia atrás”.

“Analizando los últimos 30 años de democracia en Honduras, la

pobreza casi no ha mejorado en nada.

Por el contrario, en muchos indica-dores de la pobreza Honduras se encuentra aún peor que hace 30 años, lo cual nos da a conocer que la democracia en Honduras está en crisis”, dijo Alvarenga.

Dan luz verde al vacío espec-táculo electoral en Honduras

» Mediante cadena nacional, el TSE

Miembros del Tribunal Supremo Electoral, convocaron el 17 de mayo a una cadena de Radio y Televisión.

La pobreza ha sido la más fiel compañera de la mayoría de los hogares hondureños, ya que en las áreas rurales el 66.4% de las personas todavía “sobreviven” con menos de veinte lempiras diarios y se estima que 62 de cada cien hogares hondureños no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta bá-sica alimenticia y satisfacer otras necesidades como la adquisición de vivienda, educación, salud y transporte.

Crisis en el país

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