boletín no. 289

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SEMANARIO No. 289 | 17 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ Según defensores Violaciones a Derechos Humanos se resumen en impunidad E stá claro que en Hon- duras las violaciones a los Derechos Humanos están a la orden del día. Los asesinatos, las persecuciones, la falta de una educación con cali- dad, una salud digna, no hay acce- so a alimentos, la tierra se tiñe de sangre, son entre otros los grandes temas que sobresalen en un Estado que acumula una gran deuda con la justicia ante el fracaso institucional. “La situación en Honduras se pue- de resumir en una palabra: impuni- dad” dijo el abogado Joaquín Mejía, responsable del área de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC de la Compañía de Jesús Para Mejía, quienes gozan de la impunidad en Honduras son los corruptos, los violadores de los De- rechos Humanos, incluso el propio estado que legisla en contra de los intereses generales de la sociedad. “Esta es una situación realmente grave, es una situación que debe tenernos preocupados a todos y evidentemente a la comunidad in- ternacional” agregó el especialista en Derechos Humanos. Para los defensores de los Dere- chos Humanos, es la población pobre la más violada en sus dere- chos porque son víctimas de los que imponen la ley del más fuerte en el sistema de administración de justicia. “La impunidad tiene que ver con vo- luntad política y con capacidad. Está claro que no hay voluntad política para castigar a los responsables de las violaciones a los Derechos Hu- manos ni los actos de corrupción” insiste Joaquín Mejía. Visita de la CIDH La Comisión Interamericana de De- rechos Humanos, CIDH, sigue man- teniendo a Honduras en la lista de los países en los que no hay respeto a los derechos humanos. Esta se- mana estuvo de visita en el país la primera vicepresidenta de la orga- nización, Tracy Robinson. “Es una visita no oficial, fue invitada a un evento académico internacio- nal, pero como ella también es re- latora especial para Honduras y ha aprovechado la visita para reunirse con agentes del Estado y con orga- nizaciones de la sociedad civil para conocer de primera mano cómo está la situación de derechos huma- nos” explicó Mejía. Joaquín Mejía aseguró que el golpe dejó al Estado devastado institucio- nalmente por lo tanto la impunidad campea a sus anchas, y en ese sentido órganos, como la CIDH, que tienen como función y obligación velar porque los Estados partes de la Convención Americana de Dere- chos Humanos, sabe que el caso hondureño es un caso crítico por tanto debe mantener un monitoreo permanente. Violencia Uno de los graves problemas de violación a los Derechos Humanos que vive el país es la violencia y su expresión máxima la pérdida de la vida. Según el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país tie- ne una altísima tasa de homicidios de 85.5 por cada 100 mil habitan- tes. Para el abogado Celso Alvarado, las respuestas del gobierno son incorrectas para contrarrestar la violencia. “No hay en Honduras una política de respeto a la vida, los 20 homicidios diarios que tenemos de- ben llamar a los políticos a reflexio- nar sobre promover campañas de respeto a la vida” dijo Alvarado. Según el Sondeo de Opinión de Ra- dio Progreso y el ERIC, las Fuerzas Armadas aparecen entre las cuatro principales instituciones de mayor confianza para la población. “Pero esa respuesta de la gente es lógica porque se le ha vendido la idea de la seguridad con enfoque restrictivos, pero la seguridad públi- ca es más que eso, tiene que ver con seguridad humana que implica que la gente pueda tener barrios seguros, con alcantarillado, barrios donde la gente tenga trabajo, tenga con un ambiente sano y seguro” ex- plicó el abogado Mejía. Para Celso Alvarado, “las auto- ridades ven la violencia y toman también la violencia estatal como la respuesta. Somos una sociedad que produce bastante pobreza y las políticas de seguridad atacan la pobreza y no la raíz que produce pobreza”. ¿Salidas? Al plantear las salidas que se pue- dan en torno al respeto de los Derechos Humanos, para algunos sectores todo plantea en callejón sin salida ya que ven al gobierno de Lobo Sosa no como la solución sino como parte del problema. “Pero hay que reconocerle dos co- sas importantes a este gobierno y es la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que pu- blicó un informe con cosas muy im- portantes en materia de Derechos Humanos, y lo otro es la creación de la Secretaría de Justicia y De- rechos Humanos” afirmó Joaquín Mejía quién también forma parte de la Comisión Multinacional para el se- guimiento a las reformas del sector Justicia y Seguridad. Mejía también reconoció que la Se- cretaría de Justicia y Derechos Hu- manos fue creada con el objetivo de lavar la imagen del gobierno y para marginar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a Ramón Custodio López, ante la capacidad y la voluntad para separarlo por su incompetencia en sus funciones. El abogado Celso Alvarado manifes- tó que todas las propuestas que se han presentado han quedado úni- camente en puras propuestas. “Si no existe voluntad política, aunque se tenga la mejor intención, proba- blemente vamos a tener muy pocos resultados”. Para el Joaquín Mejía, se puede avanzar hacia un verdadero Estado de Derechos si se cumplen cuatro elementos básicos. “Los elementos son: el respeto a la ley, el control de la legalidad por un poder judicial independiente, la cooperación y la independencia de poderes que es algo fundamental y el respeto y ga- rantía de los Derechos Humanos”. Todas las voces apuntan a que la militarización de la seguridad pública y de la sociedad expone a la población a que se le violenten sus derechos. Joaquín Mejía, integrante de la Comisión Multinacional para el seguimiento a las reformas del sector Justicia y Seguridad. Celso Alvarado, especialistas en temas de seguridad.

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Boletín No. 289Boletín No. 289Boletín No. 289

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SEMANARIOSEMANARIONo. 289 | 17 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Según defensores

Violaciones a Derechos Humanos se resumen en impunidadE stá claro que en Hon-

duras las violaciones a los Derechos Humanos están a la orden del día.

Los asesinatos, las persecuciones, la falta de una educación con cali-dad, una salud digna, no hay acce-so a alimentos, la tierra se tiñe de sangre, son entre otros los grandes temas que sobresalen en un Estado que acumula una gran deuda con la justicia ante el fracaso institucional.

“La situación en Honduras se pue-de resumir en una palabra: impuni-dad” dijo el abogado Joaquín Mejía, responsable del área de Derechos Humanos del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC de la Compañía de Jesús

Para Mejía, quienes gozan de la impunidad en Honduras son los corruptos, los violadores de los De-rechos Humanos, incluso el propio estado que legisla en contra de los intereses generales de la sociedad. “Esta es una situación realmente grave, es una situación que debe tenernos preocupados a todos y evidentemente a la comunidad in-ternacional” agregó el especialista en Derechos Humanos.

Para los defensores de los Dere-chos Humanos, es la población pobre la más violada en sus dere-chos porque son víctimas de los que imponen la ley del más fuerte en el sistema de administración de justicia.

“La impunidad tiene que ver con vo-luntad política y con capacidad. Está claro que no hay voluntad política para castigar a los responsables de las violaciones a los Derechos Hu-manos ni los actos de corrupción” insiste Joaquín Mejía.

Visita de la CIDH

La Comisión Interamericana de De-rechos Humanos, CIDH, sigue man-teniendo a Honduras en la lista de los países en los que no hay respeto a los derechos humanos. Esta se-mana estuvo de visita en el país la primera vicepresidenta de la orga-nización, Tracy Robinson.

“Es una visita no oficial, fue invitada a un evento académico internacio-nal, pero como ella también es re-

latora especial para Honduras y ha aprovechado la visita para reunirse con agentes del Estado y con orga-nizaciones de la sociedad civil para conocer de primera mano cómo está la situación de derechos huma-nos” explicó Mejía.

Joaquín Mejía aseguró que el golpe dejó al Estado devastado institucio-nalmente por lo tanto la impunidad campea a sus anchas, y en ese sentido órganos, como la CIDH, que tienen como función y obligación velar porque los Estados partes de la Convención Americana de Dere-chos Humanos, sabe que el caso hondureño es un caso crítico por tanto debe mantener un monitoreo permanente.

Violencia

Uno de los graves problemas de violación a los Derechos Humanos que vive el país es la violencia y su expresión máxima la pérdida de la vida. Según el observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el país tie-ne una altísima tasa de homicidios

de 85.5 por cada 100 mil habitan-tes.

Para el abogado Celso Alvarado, las respuestas del gobierno son incorrectas para contrarrestar la violencia. “No hay en Honduras una política de respeto a la vida, los 20 homicidios diarios que tenemos de-ben llamar a los políticos a reflexio-nar sobre promover campañas de respeto a la vida” dijo Alvarado.

Según el Sondeo de Opinión de Ra-dio Progreso y el ERIC, las Fuerzas

Armadas aparecen entre las cuatro principales instituciones de mayor confianza para la población.

“Pero esa respuesta de la gente es lógica porque se le ha vendido la idea de la seguridad con enfoque restrictivos, pero la seguridad públi-ca es más que eso, tiene que ver con seguridad humana que implica que la gente pueda tener barrios seguros, con alcantarillado, barrios donde la gente tenga trabajo, tenga

con un ambiente sano y seguro” ex-plicó el abogado Mejía.

Para Celso Alvarado, “las auto-ridades ven la violencia y toman también la violencia estatal como la respuesta. Somos una sociedad que produce bastante pobreza y las políticas de seguridad atacan la pobreza y no la raíz que produce pobreza”.

¿Salidas?

Al plantear las salidas que se pue-dan en torno al respeto de los Derechos Humanos, para algunos sectores todo plantea en callejón sin salida ya que ven al gobierno de Lobo Sosa no como la solución sino como parte del problema.

“Pero hay que reconocerle dos co-sas importantes a este gobierno y es la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que pu-blicó un informe con cosas muy im-portantes en materia de Derechos Humanos, y lo otro es la creación de la Secretaría de Justicia y De-rechos Humanos” afirmó Joaquín Mejía quién también forma parte de la Comisión Multinacional para el se-guimiento a las reformas del sector Justicia y Seguridad.

Mejía también reconoció que la Se-cretaría de Justicia y Derechos Hu-manos fue creada con el objetivo de lavar la imagen del gobierno y para marginar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a Ramón Custodio López, ante la capacidad y la voluntad para separarlo por su incompetencia en sus funciones.

El abogado Celso Alvarado manifes-tó que todas las propuestas que se han presentado han quedado úni-camente en puras propuestas. “Si no existe voluntad política, aunque se tenga la mejor intención, proba-blemente vamos a tener muy pocos resultados”.Para el Joaquín Mejía, se puede avanzar hacia un verdadero Estado de Derechos si se cumplen cuatro elementos básicos. “Los elementos son: el respeto a la ley, el control de la legalidad por un poder judicial independiente, la cooperación y la independencia de poderes que es algo fundamental y el respeto y ga-rantía de los Derechos Humanos”.

Todas las voces apuntan a que la militarización de la seguridad pública y de la sociedad expone a la población a que se le violenten sus derechos.

Joaquín Mejía, integrante de la Comisión Multinacional para el seguimiento a las reformas del sector Justicia y Seguridad.

Celso Alvarado, especialistas en temas de seguridad.

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¿Cómo devolverle la seguridad al pueblo?

U na pregunta obliga-da para el debate nacional. Pero en lugar de debate,

existe un tira y afloja, respuestas improvisadas, ataques y posicio-nes a la defensiva. Todo, menos una mirada política en materia de seguridad.

La guerra no solo está en las calles, también en las institucio-nes encargadas de garantizar la seguridad del pueblo hondureño que se dejaron contaminar por la corrupción y por los barones del crimen organizado.

El gobierno se ha dado a la tarea de crear nuevas instancias, unas para vigilar a otras, aumentan-do de esta manera el ya grueso aparato estatal. Pero en la vida práctica no hay cambios. Don Juan, doña María y don Héctor, El-vin y Bryan, Jésica y Cinthia en el barrio, en la colonia, en la aldea, se siguen rifando el pellejo entre medio de las balaceras y dudando siempre de quién porta un unifor-me policial o militar que hoy es muy común ver en las calles.

Las respuestas a la violencia siguen siendo violentas. No es

con militares en las calles como la gente va a circular tranquila. Estamos convencidos que jamás se va devolver la seguridad y la tranquilidad al pueblo hondureño mandando más militares a las ca-lles. La militarización de la segu-ridad y de la sociedad en general es generadora de más violencia y violaciones a los derechos hu-manos de la población. Militarizar la sociedad es una respuesta en retroceso. Y la cosa se torna más peligrosa con la pretendida crea-ción de otra policía de elite, las llamadas Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de

Seguridad, denominada por sus siglas como Tigres.

Otro intento fallido en el país es la llamada depuración de los ór-ganos operadores de la justicia. No se puede crear una nueva institucionalidad en el marco de la seguridad ciudadana si no hay una apuesta decidida por acabar con la podredumbre institucionali-zada en instancias como la policía nacional, el ministerio público, la Corte Suprema de Justicia e inclu-so entre las Fuerzas Armadas, las que los políticos quieren vender a la sociedad como las salvadoras

de la violencia y la inseguridad.

Las esperanzas son las últimas que se pierden pero hay que ser realistas. Por ahora sigue ausen-te la voluntad política para dar un paso al frente de manera firme en contra de la inseguridad. La violencia sigue enlutando a la po-blación hondureña. Para lograrlo hace falta un mayor involucra-miento y participación de la ciu-dadanía que es la que al final de cuentas sufre de manera directa los embates de la violencia y la criminalidad.

Avanzar en un nuevo concepto de seguridad desde las necesidades de las mujeres, demandar justicia, crear propuestas políticas, romper el silencio y seguir la apuesta por los procesos de formación y organi-zación son los pasos a los que las mujeres organizadas le apuestan frente a la grave crisis de insegu-ridad, criminalidad y remilitarización que se vive en Honduras.

Decenas de mujeres pertenecientes a diversas organizaciones se junta-ron para debatir y analizar la actual realidad que vive el país. Mirta Ke-nedy del Centro de Estadios de la Mujer CEM-H, la abogada Tirsa Flo-res, Maritza Paredes del Equipo de Monitoreo Independiente de Hon-duras EMIH y Gilda Rivera del Centro de Derechos de la Mujer fueron las panelistas que comenzaron el aná-lisis para luego buscar propuestas ante la realidad que a diario vive la ciudadanía, con mayor impacto en la vida de las mujeres.

El debate inició con los rasgos que definieron los años 80 y 90 en Hon-duras. En los ochentas los conflic-tos armados en la región y el papel del país en la guerra financiada por el gobierno estadounidense. Mirta Kenedy apuntó que para los años noventa se vivió, lo que ella deno-mina la “primavera democrática”, la creación de diversas instituciones, entre ellas el nacimiento del Minis-

terio Público.

La línea del tiempo se realzó con la intención de revisar acciones que se desarrollaron en aquella época, y como desde esos años dejó fisuras que han desembocado en la peor de la crisis institucional experimen-tada en Honduras, apuntó Kenedy.

Entre las mayores preocupaciones está la violencia. Veinte personas

pierden la vida diariamente en Honduras. En el caso particular

de las mujeres, cada 16 horas una es asesinada de forma

violenta. La mayoría de estos crímenes siguen en completa

impunidad. Aunado al colapso institucional que mantiene al

Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Comisionado de

Derechos Humanos, entre muchas más como instituciones que no responden a los intereses de las

mayorías.

Frente a las actuales decisiones como la intervención del Ministerio Público, las mujeres esperan que sean en respuesta al fortalecimien-to institucional. Sobre el proceso de depuración policial exigen mayor compromiso no únicamente guber-namental, sino la vigilancia y pro-puestas de los diversos actores de la sociedad.

Lo que enfáticamente rechazan es

la decisión de militarizar la socie-dad. Se oponen a la creación de las Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especiales, TIGRES y la operación “Libertad”, donde

se asignan a policías y militares en operativos y retenes en las princi-pales ciudades.

“Las mujeres estamos convencidas

que no es con la represión con que se dará respuesta al problema de inseguridad”, puntualizó Tirsa Flo-res.

Mujeres debaten sobre militarización, violencia e impunidad

Mujeres de varios sectores de San Pedro Sula y de El Progreso asistieron al debate sobre diversos temas.

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Según ex director de Centros Penales

Jefes policiales utilizan a subalternos para cometer ilícitosD esde que el proceso

de depuración policial comenzó en Hondu-ras, la Comisión para

la Reforma a la Seguridad Pública, CRSP, siempre cuestionó que las pruebas de confianza solo se apli-quen a la escala básica de la policía y no a los altos rangos. El ex direc-tor de centros penales y comisiona-do de policía, Aldo Oliva, lo sabe a ciencia cierta y lo dice, que por la jerarquización de la policía, muchos oficiales de escala básica lo único que hacen es obedecer en los ilíci-tos a muchos directores regionales y nacionales.

Oliva fue puesto en estado de dis-ponibilidad con otros 100 miembros de la policía en octubre del año pa-sado, para el director de la policía, el general Juan Carlos Bonilla, este fue un gran paso en la depuración policial. Sin embargo, de este gru-po, junto a Oliva, otros oficiales comenzaron a denunciar por abuso de autoridad a Bonilla y al ex minis-tro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, así comenzaron también a ventilar algunas situaciones ilegales que se estaban cometiendo desde que Bo-nilla fue nombrado, incluyendo su mismo nombramiento.

“Yo no estaba de acuerdo con estar bajo el mando de un subalterno, a Bonilla lo nombró el presidente de dedo, así como se nombran muchos directores para favorecer a ciertas personas. Ya se está comenzando a conocer que Bonilla está vincula-do a sectores oscuros que tienen el control de la sociedad ahora”, expresó Oliva.

Tal vez en 100 años

Para el comisionado de la CRSP, Ma-tías Fúnes, el proceso de depura-ción policial va tan lento, que según sus cálculos, vendrá a dar resulta-dos en 100 años.

“El proceso debe ser transparente, legal, conforme al respeto a los

derechos humanos y que el pueblo hondureño realmente sepa lo que está sucediendo pero la lentitud

es tanta que hicimos el cálculo que la depuración llevaría

cien años”, dijo.

Eduardo Villanueva se defiende. El actual director de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial, cuyo puesto entregará al finalizar

este mes, asegura que el proceso es lento porque es su naturaleza, “no es un suceso mediático en el que estemos dando resultados sin hacer las evaluaciones técnicas y científicas”.

Según informó Villanueva, esta se-mana 10 mil policías, de la escala básica, serán sometidos a pruebas toxicológicas pues “les preocupa” el grado de consumo de drogas que podrían estar teniendo los oficiales. Esto mientras la población sigue esperando que el director de la Po-licía, el general Juan Carlos Bonilla, también se someta a estas prue-bas, así como todos los directivos de esta institución. Según Villanue-va, eso es lo que sigue.

“De acuerdo a lo previsto estamos trabajando en un proceso de eva-luación de los mandos superiores incluidos el general superior para abajo en forma descendente, esta-mos iniciando un proceso con 100 oficiales y hasta con los policías que realizan acciones municipales inclu-so”, promete Villanueva.

Hasta el momento el proceso de depuración ha costado 30 millo-nes de lempiras y se han sometido unas 1200 personas de diferentes dependencias de investigación y prevención, Villanueva asegura que no serán 100 años lo que durará, sino tres.

El comisionado, Aldo Oliva asegura que el proceso no está dando re-sultados porque desde su génesis viene mal. “Cuando surge la depu-ración, surge ilegalmente, se opone la Fiscalía y la Corte. El hecho de que seamos jerarquizados no quie-re decir que se puede violar la ley contra nosotros, ustedes pueden ver que los oficiales y escala básica tienen una mala vida dentro de la institución y los que no, pues son corruptos”, cuenta Oliva.

Soluciones

Por otro lado, surge la militarización de la sociedad como solución. La CRSP desde el año pasado presentó 7 iniciativas de ley que transforma-rían la institución policial actual en una policía comunitaria, para Funes, estos cambios han funcionado en otros países, pero en Honduras pa-rece no haber voluntad política para realizarlos.

“Nosotros pretendemos sentar las bases de una policía comunitaria entendiendo por tal una policía cercana a la población, respetuosa de los derechos humanos, que se gane la confianza del pueblo, no una policía represiva. Esto ha dado resultados en países como Nicara-gua que ahora tiene una tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habi-tantes y con tasas de pobreza muy similares a las de Honduras. Ojalá el Congreso se disponga a discutir estos proyectos”, expresó.

Estas sugerencias contradicen to-talmente lo que en la actualidad está proponiendo el gobierno des-de la nueva “súper secretaría” de defensa y seguridad. Una policía élite, híbrida de militar y policía.

“Esto se trata de una involución, hay un artículo en la ley que dice que se les inculcará formación mi-litar, cultura y doctrina militar, bajo el falso entendido que la disciplina solo la pueden sostener los milita-res, eso es falso”, concluyó Funes.

Oliva, en cambio asegura que está bien que los militares se pongan al servicio de la seguridad ciudadana, pero al nomás pasar la crisis “que regresen a sus cuarteles”. También que una policía elite siempre tiene que haber en la institución, y en ese caso deben ser los únicos que pue-den andar encapuchados “por las misiones especiales” que puedan tener para contrarrestar crímenes más graves.

La politización de la policía laestá llevando a la destrucción

Oliva, lleva alrededor de 6 meses fuera de sus funciones policiales, él asegura que muy pronto demostra-rá su inocencia y volverá a la institu-ción para ayudar a depurarla. Oliva sabe cuál es el problema de raíz: la politización de la policía.

“Los culpables son los gobiernos, desde cuando Oscar Álvarez y Ca-lidonio estaban en la Secretaría de Seguridad, se politizó la policía”, cuenta Oliva.

La policía hondureña es cataloga-da una de las más corruptas de la región, principalmente por su colu-sión con el crimen organizado y el narcotráfico. Oliva asegura que la infiltración en toda policía es común y en Honduras hay una infiltración “moderada”.

“Esto lo han permitido muchos go-biernos, cuando por compadrazgo nombran en lugares especiales a personas que vienen a favorecer a sus amigos y a sus correligionarios en actos irregulares. Una institución policial politizada es una institución que va a la destrucción”, dijo.

Con la certeza de que las cosas se mueven hacia el cambio, Oliva ase-gura que el aprovecharse se la co-yuntura política electoral para ganar votos, promoviendo una depuración policial no tan prometedora, lo que hará es causar “un efecto dominó, en cuanto caiga el general Bonilla (porque va a caer) él y su grupo de directores, el efecto va a recaer en algunos políticos”, manifestó.

El Comisionado de Policía Aldo Oliva fue puesto en estado de disponibilidad en octubre del año pasado.

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Según el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia

Informe de COPECO sobre sismos en Atlántida presenta múltiples incoherencias

D espués de varias re-uniones los alcaldes de seis municipios del Valle de Sula, al norte

de Honduras, acordaron presen-tar una propuesta conjunta de la ruta de libramiento del Canal Seco que evitaría que al menos mil 700 furgones diarios hagan colapsar el trafico en estas regiones por donde transitarían.

Se trata de los municipios de Villa-nueva, San Manuel, La Lima, San Pedro Sula, Choloma, y Puerto Cortés, que serían directamente afectados por el fluido constante de vehículos pesados que se generará una vez habilitado en su totalidad el canal seco, en caso de construirse el libramiento en el Valle de Sula.

Hasta el momento se han definido cinco propuestas de rutas alternas por donde se haría el recorrido de todos los vehículos, pero hasta el momento ninguna se ha definidos.

El tiempo avanza y no se tiene la so-lución definitiva, únicamente la peti-ción general que el Gobierno debe construir paralelamente el libra-miento con las obras complementa-rias del segundo anillo que estarán a cargo de la Cuenta del Milenio.

Las estimaciones en inversiones hasta el momento es que más de 95 millones de dólares puede costar el libramiento y unos 14 millones de dólares las obras complementarias en el segundo anillo.

Entre las propuestas se ha plantea-

do utilizar la ruta que antes usaba la Tela Railroad Company por donde la compañía sacaba la fruta hacia Puerto Cortés, dijo el superinten-dente de Obras Públicas de la Muni-cipalidad sampedrana, Fredy Fugón.

“Iniciaría entre Villanueva y Pimien-

ta, llegaría a La Lima pasando por el este de Villanueva y oeste de San Manuel para salir a la altura de El Porvenir hasta conectar con el bu-levar a El Progreso, desviándose a la altura de La Samaritana; seguiría por la línea férrea hasta Baracoa para conectarse con el bulevar del

norte hasta llegar a Puerto Cortés”, expresó Fugón, en relación a la últi-ma propuesta de libramiento plan-teada por los alcaldes y que tiene mayor consenso.

Actualmente transitan lo estos seis municipios del departamento de Cortés al menos 500 mil furgones al año, pero una vez habilitado el Canal Seco se proyecta que el flujo se in-crementará en 125, mil vehículos de transporte pesado más.

Lo que busquen al plantear una ruta de libramiento evitar el daño de la red vial actual y el congestiona-miento vehicular dijo el alcalde de la Lima, Cortés, Astor Amaya.

Para el libramiento se debe tomar en cuenta que se tendrá que reu-bicar viviendas y si es posible hasta comunidades dijo Fredy Fugón en aras de buscar una ruta más viable y que traiga menos costos.

La construcción de esta ruta de libramiento estaría a cargo del Go-bierno hondureño, a través de Coa-lianza. Según los expertos se esti-ma que la inversión en el proyecto puede superar los 100 millones de dólares.

El Movimiento Amplio por la Digni-dad y la Justicia, junto al Movimiento Ambientalista de Atlántida, manifies-ta a la comunidad nacional e inter-nacional, a las organizaciones de-fensoras de la vida y de los pueblos, su enérgico rechazo del informe elaborado bajo la responsabilidad de COPECO explicando el fenómeno de la microsismicidad o “enjambre sísmico” que tiene lugar en nuestras comunidades.

Consideramos que el informe presentado recientemente

no es objetivo y deja entrever que el gobierno lejos de estar

preocupado por garantizar la vida de la población se orienta más a

la protección de la impunidad con que operan diferentes empresas

mineras e hidroeléctricas en el departamento. El informe

de COPECO presenta múltiples incoherencias.

Por tales razones:

1. Exigimos al Estado de Hondu-ras, concretamente al Congre-so Nacional, que en un heroi-co acto de defensa de la vida de los habitantes de Atlántida declaren sin valor y efecto las concesiones hechas para pro-yectos mineros e hidroeléc-tricos en el departamento, ya que estos al utilizar diferentes técnicas de perforación de tú-neles y pozos pueden acelerar los movimientos telúricos.

2. Demandamos se proceda in-mediatamente a realizar una investigación profunda y objeti-va a escala departamental por medio de una comisión inde-pendiente de profesionales en la materia; igualmente que no se continúe con los proyectos ya iniciados hasta que esta co-misión haga público este infor-me, deslinde responsabilidades

si las hay y determine qué tipo de proyectos y con qué tipo de tecnologías pueden implemen-tarse en una zona de extrema vulnerabilidad sísmica como lo es Atlántida, que cuando me-nos presenta dos fallas geoló-gicas activas.

3. Exigimos a la Secretaría de Re-cursos Naturales y Ambiente (SERNA) y al Instituto de Con-servación Forestal (ICF) que se elabore un plan de manejo en el que se prohíba la tala de bosques y se detenga la ex-tracción de cualquier material en la Sierra Nombre de Dios hasta que se logre la estabili-dad de las montañas.

4. Solicitamos a la Corte Intera-mericana de Derechos Huma-nos de la OEA actuar con la de-bida celeridad ante la demanda ya presentada por el Movimien-to Amplio por la dignidad y la

Justicia cuyo móvil radica en las violaciones de Derechos Huma-nos que tienen que ver con di-ferentes casos de concesiones de ríos reñidas con las leyes en el departamento de Atlántida.

Nos mantendremos en pie de lucha defendiendo la vida hasta declarar “ATLANTIDA LIBRE DE MINERIA E HI-DROELECTRICAS”. Invitamos a todas las fuerzas vivas del departamento a que se unan a este proceso or-ganizativo.

Alcaldes del Valle de Sula buscan consensuarruta de libramiento del Canal Seco

Segun los alcaldes el canal seco iniciaría en Villanueva y Pimienta en el departamento de Cortés.

Debido a los sismos en Atlántida varias personas han perdido sus casas.

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Mañana en El Progreso

Inicia jornada para exigir respeto a la vidaLos preparativos para la primera jornada cristiana por el respeto a la vida y la solidaridad ya están ter-minados. A partir de mañana 18 de mayo se juntan miembros de iglesias católicas, evangélicas, patronatos, Comités de desarrollo local, grupos juveniles, de mujeres y otras organi-zaciones comunitarias para pedir a una sola voz que los responsables de proteger a la población cumplan con su función. Asimismo se propo-nen hacer conciencia en la población para que reconozcan que se tienen derechos y que hay que defenderlos.

“Haremos una caminata que sale del puente de la zona de la Com-pañía, pasando por los juzgados, recorriendo la calle principal y luego regresan al campo de futbol de la

5ta. Calle, 3 y 4 avenida donde se escucharán testimonios de familias afectadas por la criminalidad y por las extorciones”, dijo el joven Fer-nando Martínez, miembro del grupo juvenil de la iglesia Renacer.

Con esta caminata se intenta que la gente salga de sus encierros y que se desprenda de todas aquellas co-sas que nos impiden unirnos, soli-darizarnos o vivir en comunidad, es como decirnos que aquí estamos to-dos para apoyarnos y para querer-nos como hermanos, como vecinos y que tenemos que caminar juntos para lograr que este sistema no nos lleve a mayores problemas, expresó Julio Martínez, miembro del Comité de Desarrollo Local, Codel, de la Co-lonia Palermo.

Iniciativas de participación ciudada-na como estas ya se están dando en otros lugares del país, donde bandas de maras, y del crimen or-ganizado tienen bajo amenazas de robo, muerte, extorción o secuestro a barrios y colonias.

“Estamos viviendo en un sistema de tanta inseguridad que además de tenernos encerrados con nuestros miedos, también genera un respal-do económico bastante grande a muchos grupos de poder del país: por ejemplo a las empresas que venden armas, serpentinas, agen-cias de seguridad y otras que están sacando provecho de esta crisis” in-dicó Trabajador Social Jorge Andino.

En este sentido, las organizaciones

aglutinadas en la Alianza por la Paz y la Justicia hacen esfuerzos para que en nuestro país funcionen todos los actores del Estado y para lograr

que el proceso de reforma al siste-ma de seguridad pública y de justicia se realice efectivamente se necesita el apoyo de todo el pueblo.

H ace dos años sonaron las alarmas porque la salud pública en Honduras se

dirigía al fracaso. Por esa razón se tomaron medidas de “emergen-cias”, entre ellas, el traspaso del hospital Escuela a manos de la Uni-versidad Pública, sin embargo, dos años después, todo parece ir peor, ya que en la mayoría de los centros hospitalarios públicos del país ya no hay medicamentos.

Tan grave es la situación que la Mi-nistra de Salud Roxana Araujo ha sido llamada por el Congreso Nacio-nal para que explique por qué razón los hospitales y centros de salud están desabastecidos de medica-mentos. Este requerimiento se hizo público luego de que los diputados aprobaran la moción para que Arau-jo responda por un supuesto desa-bastecimiento histórico que ascen-dería a un 90 por ciento.

“La moción se basa en que la seño-ra Roxana Araujo venga al Congreso Nacional y que nos explique cómo es que hay desabastecimientos habien-do presupuesto”, dijo la diputada por el Partido Liberal Perla Simons, quien añadió que el objetivo de esto es para que la Ministra Araujo ex-plique y dé razón ante el pueblo, explicándole por qué los centros hospitalarios públicos están desa-bastecidos si para eso se designa una partida del Prepuesto General de la República que asciende a 11 mil 223 millones de lempiras para la Secretaría de Salud.

La reacción de Roxana Araujo ante este llamado a dar explicaciones, fue escudarse en que el problema se viene arrastrando desde “hace más

de 15 años”, al mismo tiempo, que acusó a la diputada Simons de “usar políticas baratas” y de no presentar propuestas para mejorar la situa-ción de calamidad que atraviesa el sector salud en Honduras.

Aprovechamiento de los“Señores de la medicina”

“Es exagerado como llegan a com-prar hilo, gasas, pastillas, anestesia a la farmacia. Es increíble que los hospitales no tengan ni hilo para costurar una herida. A mí la verdad me da pesar la gente que llega, pero yo simplemente soy una empleada” manifestó Lorena Hortensia (nom-bre ficticio) quien labora para una farmacia en El Progreso, Yoro.

Las farmacias privadas están fro-tándose las manos, porque ven

largas filas de pacientes que son diariamente remitidos desde los hospitales para que compren cosas básicas como hilos, gasas y mate-riales para cirugías. De esta manera el gobierno se deshace de su res-ponsabilidad y se convierte en una carga para los pacientes.

Así como los zopilotes rodean un cuerpo putrefacto y son atraídos por el hedor. Así los “señores de la medicina” están esperando que los hospitales públicos se vuelvan com-pletamente inoperantes para poder incrementar sus ganancias, violando el derecho humano que tiene la po-blación Hondureña de recibir aten-ción gratuita.

Ejemplo de esto es el hospital públi-co de El Progreso, Yoro al norte de Honduras donde pronto empezará

a funcionar una “Plaza Médica” que consistirá en construir frente al hos-pital una farmacia, un laboratorio, una funeraria, herramientas para cirugías y todo lo que debería tener un hospital público. Pero todo esto será privado y los pacientes, ante el achacoso sistema de salud pública se verán obligados a comprar en este lugar.

Algunos expertos coinciden en que este es el comienzo de la privatiza-ción de la salud, y se da cuando el Estado abandona los servicios pú-blicos de salud para luego reempla-zados por servicios privados.

Hospital progreseño hecho trizas

El hospital progreseño atraviesa su más duro momento en cuanto a su funcionamiento. Hay un desabaste-

cimiento de un 70%. Al personal de aseo no le pagan desde hace 9 me-ses. Este año han pasado tres ad-ministradores diferentes, todos ellos pertenecen al Partido Nacional.

La ex directora de este hospital, doctora Maritza Varela, se retiró esta semana de este centro hospi-talario, luego de 7 años de estar al frente, dejándolo en una profunda miseria. Pero Varela anunció su reti-ro no por las condiciones del centro sino porque ahora intentará ser di-putada del Congreso Nacional.

Maritza Varela llegó como directora del hospital por órdenes del golpista Roberto Micheletti Baín. Los posi-bles nuevos directores en el hospital progreseño son:• La Doctora Norma Flores pa-

riente del diputado nacionalista Jefrey Flores.

• El Doctor Julio Nolasco jefe municipal del municipio de El Negrito.

• El doctor Alfonso Bonilla jefe municipal de salud en El Pro-greso.

“Casualmente” todos pertenecen al partido de turno y no se llamará a concurso. Serán puestos de dedo por la Ministra de Salud Roxana Araujo, quien en su momento fue presentada como la salida a la crisis de este sistema de salud pública.

Mientras tanto en las salas de espera de los hospitales públicos y centros de salud del país se observan ros-tros de desesperanza en pacientes y familiares a los que se les da la no-ticia que sus citas para ser observa-dos por un médico o para someter-se a una cirugía, ha sido cancelada.

La mayor parte de la población hondureña es víctima de la inseguridad.

Políticos siguen hundiendo el sistema de salud pública

En algunos hospitales los pacientes deben llevar hasta el colchón y cada día encontrar medicinas es difícil.

Page 6: Boletín No. 289

Semanario No. 289 | 17 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

Para mayor información visite: www.eric-sj.org - www.radioprogresohn.net

Mientras las víctimas piden justicia

Por la muerte de 362 privados de libertad en Comayagua

La impunidad prevalece en la masacre de Ahuás

Policías penitenciarios y ex director comparecerán en audiencia inicial

H ace un año doña Hilda Lezama y su esposo zarparon en su pi-pante desde Puerto

Lempira con 16 indígenas miskitos a bordo, con destino al municipio de Ahuás. Por la carretera natural que es el río Patuca avanzaban en la noche burlando el sol incandescente de los días térmicos de mayo, víspe-ra del Día de la Madre.

Los tripulantes –entre quienes ve-nían dos mujeres embarazadas y 6 niño– ignoraban que sobre Ahuás, tropas especiales de Honduras, mercenarios centroamericanos y agentes de la DEA, dirigían un ope-rativo militar contra supuestos nar-cotraficantes.

En las sombras de la noche catea-ban viviendas, detenían personas y disparaban contra el rústico embar-cadero de la comunidad, con armas de guerra y visores nocturnos, con artillería aérea e infantería terrestre.

Cuatro helicópteros artillados so-brevolaban la zona, ubicada cerca de la base militar gringa instalada abusivamente en Caratasca.

El pipante intentaba atracar en Ahuás, mientras una embarcación abandonada era arrastrada por la corriente del río. Las ráfagas con armas de guerra iluminaban la os-

cura noche sobre 16 personas in-defensas, desarmadas, habitantes del lugar.

Murieron cuatro seres humanos en aquél ataque: Juana Jackson y Can-delaria Pratt (ambas embarazadas), el niño Hasked Brooks Wood y el jo-ven Emerson Martínez. Y ahí venía Wilmer Lucas Walter, un niño de 14 años, quien sobrevivió hundiéndose en el río después de ser alcanzado por un disparo de grueso calibre que partió su mano izquierda. Wal-ter también perdió sus estudios en la escuela. Convive hoy con el COFA-DEH en Tegucigalpa mientras realiza su terapia rehabilitadora en un hos-

pital público.

Igual que Wilmer, un joven y una mu-jer quedaron lisiados para toda su vida. Y en total, nueve niños y jóvenes son huérfanos de aquella tragedia.

El COFADEH ha curado algunas he-ridas durante este año transcurrido, agregó denuncias al expediente del Ministerio Público en La Ceiba, viajó dos veces a la zona, documentó nue-vos hechos y denunció ante el mun-do lo sucedido. Pero no es suficiente.

El oráculo de los militares y policías, Arturo Corrales, y la embajadora gringa Lisa Kubiske, se vinieron en-

cima minimizando los hechos, tergi-versando la información y endilgan-do responsabilidad a las víctimas, e inclusive el propio Porfirio Lobo lla-mó narcotraficantes a los muertos y heridos por viajar de noche huyendo del calor.

En este año han sido evidentes las influencias del Departamento de Estado y la DEA tratando de ocultar con vil impunidad a los autores de esta matanza cruel y despiadada. Intentan con cinismo demostrar un ataque de los indígenas contra los helicópteros militares. E imponen si-lencio a sus vasallos locales.

En un reporte del fiscal Luis Alberto Rubí enviado a María Otero al De-partamento de Estado aparecen los nombres de los soldados y policías hondureños que participaron en el ataque, pero fueron ocultados los agentes de la DEA y sus contratistas participantes en la matanza.

Actualmente los 4 niños y los dos hombres sobrevivientes no fueron reparados aún por los daños físicos, morales y psicológicos infringidos por los guerreros de la DEA que no combaten el narcotráfico, sino que más bien lo encubren, fomentan y exportan.

Las personas lisiadas tampoco re-cibieron apoyo del Estado para su

recuperación. A pesar del silencio cómplice de la Secretaría de Pue-blos Indígenas y Negros, del Minis-terio Público, el Ejército, la Presiden-cial y el poder fáctico de la embajada de Obama en Tegucigalpa, el caso sigue abierto.

La masacre de Ahuás deberá subir con mucho lobby al Congreso de Estados Unidos, con nuevas eviden-cias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con muchas comunicaciones a la Corte Penal In-ternacional.

Cuando vemos el brazo de Walter sanando lento aquí en Tegucigalpa vemos ahí la impunidad caminando veloz, produciendo dolor con rabia y, a veces, mucho más que eso.

Hoy enviamos desde esta trinchera editorial un abrazo solidario a las víctimas de Ahuás y una repulsa potente a los encubridores profe-sionales, a la embajada de Estados Unidos y a su nuevo comisionado de soldados y policías, el patético Ar-turo Corrales. La verdad no puede ser ocultada ni tergiversada todo el tiempo, será liberada un día y Ahuás estallará en el rostro de esta gente descarada que convive con cinismo entre nosotros.

Fuente: www.defensoresenlinea.com

Para la próxima semana está pro-gramada la audiencia inicial contra nueve policías penitenciarios y el ex director de la Granja Penal de Co-mayagua, quienes enfrentan acusa-ciones por los delitos de homicidio culposo y violación a los deberes de los funcionarios, en el caso del incendio ocurrido el 14 de febrero de 2012 que provocó que murieran calcinados 361 privados de libertad y una mujer que andaba de visita conyugal.

En el Juzgado Unificado de Letras de lo Penal en Comayagua, a las 9 de la mañana del próximo 21 de mayo, la Fiscalía presentará las pruebas que maneja en torno al caso, entre las que figuran la declaración de testi-gos y otros elementos probatorios.

En la audiencia inicial comparece-rán en calidad de imputados; el sub. Inspector de Policía, Obdulio irías, ex director del Penal y nueve guar-dias penitenciarios quienes estaban de turno el fatídico día del incendio,

contra quienes el Ministerio Público, MP, presentó el 15 de abril de 2013 el requerimiento fiscal por homicidio culposo y violación a los deberes de los funcionarios.

“Como Comité de Familiares de las Víctimas, no estamos

del todo satisfechos, nuestras pretensiones es la justicia total

para que el caso no quede en la impunidad. Hay elementos

probatorios suficientes para que sean condenados los involucrados

ya sea de manera directa o indirectamente en el incendio

de Granja Penal.”, indicó el presidente del Comité, Geovanny Alcides Vásquez Sánchez, quien perdió a su hijo Noé Geovanny

Vásquez Paz de 22 años.

Cree que “Se tiene que deducir res-ponsabilidades desde el director de centros penales, Danilo Orellana, (separado), y de allí hasta el em-pleado de más bajo nivel que se encontraba tras la custodia de las

personas de la Penitenciaría”.

Lamentó además que la Fiscalía no haya ordenado requerimiento fiscal contra una mujer policía que abrió fuego contra algunos privados de libertad que intentaban escapar de las llamas. “Además el requerimiento es muy pobre, puesto que el delito de ho-micidio culposo rápido se puede desvanecer, pero tenemos videos y testimonios donde responsabilizan a los imputados”, manifestó.Se anuncia un arreglo amistoso

“Siendo Honduras firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado debe hacerse responsable por la muerte de nues-tros familiares que estaban reclui-dos en la penitenciaría de Comaya-gua”, manifestó Vásquez.

“Hemos platicado con el presidente Porfirio Lobo Sosa, y nos ha mani-festado que se procederá a una solución amistosa, es decir, que el

Estado reconocerá paladinamente el incumplimiento de los deberes como parte de la Convención Ame-ricana de Derechos Humanos y de esa manera vamos a acortar ese tránsito de llegar a una condena que irreversiblemente se va a dar a nivel internacional”, señaló Vásquez.

“El Estado es el responsable y todo el personal que estaba en servicio porque pudieron haber evitado la tragedia esa noche”, agregó la cabeza del Comité, que sigue espe-rando “respuestas contundentes, ya que está demostrado que hay involucrados ya sea por acción u omisión”.

Los familiares de las víctimas en Ahuás buscaron el apoyo de COFADEH.

Los familiares de las víctimas afirman que lucharán hasta lograr justicia.