ANÁLISIS DEL ACUERDO FINAL SUSCRITO EN LA HABANA

Por Alfonso Monsalve Solórzano.

Medellín, septiembre 3 de 2016.

El intrincado tejido que se quiere imponer y cómo hará que el país se vuelva inviable

Índice1. Antecedentes a. Triunfo sobre la guerrilla y desmantelamiento de las autodefensas b. El Acuerdo de 2012 y su resultado, el acuerdo de La Habana de agosto de 2016 deslegitiman el Estado de derecho y le da razón a las Farc. 2 El acuerdo de La Habana de 2016. 2.1 Reforma agraria integral. 2.2. Las drogas ilícitas 2.3. La política, la participación política y el cese al fuego a. Sistema de justicia a la medida b. Participación en la erradicación c. Plebiscito en armas d. Participación política, partidos y movimientos sociales y curules e. Medios de comunicación f. Estatuto de oposición, oposición leal y desleal, oposición sólo desde la izquierda cercana g. Lucha contra la corrupción

2.4. Las víctimas y la Jurisdicción para la Paz a. Las Farc negociando por todas las víctimas b. Un nuevo sistema de justicia: Las Farc sin obligaciones con las víctimas c. Dicho sistema prevalecerá sobre nuestro sistema judicial d. Amnistía e indulto e. La Justicia Especial para la Paz, JEP, composición, Tribunal de Paz f. JEP, Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad g. JEP, Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo h. Comisión Nacional de Garantías de Seguridad i. Fuerza Élite en la Policía para combatir a lo que han dado en llamar los Sucesores del paramilitarismo y otras bandas criminalesj. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivenciay la No Repetición 2.5 Las Farc gobernarán el país 2.6 El costo económico del acuerdo

1. AntecedentesI.1 Triunfo sobre la guerrilla y desmantelamiento de las autodefensas El acuerdo que creó la negociación del gobierno con las Farc ((https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf)) y la manera como fue desarrollado echa por la borda el triunfo militar y político que el Estado había logrado sobre esa guerrilla. Esa organización se encontraba derrotada estratégicamente en los campos militar, político y económico.

En efecto, en un esfuerzo realizado desde finales del gobierno de Andrés Pastrana y durante los 8 años del mandato de Álvaro Uribe, desde el punto de vista militar, se habían reducido sus efectivos, sus zonas de influencia habían sido recuperadas por el Estado, hasta el punto de que las fuerzas de policía hacían presencia en todas las cabeceras municipales del país, y no había territorios vedados para el ejército, que avanzaba hacía el control total del territorio. El retroceso militar de las Farc era tal que se los había devuelto a la forma de guerra de guerrillas, luego de que había alcanzado la fase de la guerra de movimientos y se había obligado al grueso de sus jefes y combatientes a replegarse hacia Venezuela y Ecuador.

El resultado fue la disminución drástica de los asesinatos y masacres, secuestros, destrucción de poblados y de infraestructura, contaminación ambiental, extorsiones, desplazamiento forzado, reclutamiento de niños y otros crímenes causados por las Farc a millones de colombianos en su demencial accionar. Fue una manera eficaz, por parte del Estado de garantizar los derechos de gran número de compatriotas.

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Desde la perspectiva política, habían sido declarados por la comunidad de estados democráticos, como un grupo terrorista , el apoyo de los colombianos a sus banderas estaba por debajo del 1%. Los resultados de esa política, denominada Seguridad Democrática, fueron contundentes: en todo el país disminuyeron drásticamente los asesinatos, secuestros, destrucción de poblaciones, oleoductos y otras infraestructuras, y la gente pudo cultivar el campo, vivir sin temor a las milicias en las ciudades y disfrutar las carreteras y sitios vacacionales. La producción creció, el comercio floreció, los ingresos de los colombianos promedio aumentaron, al igual que sus oportunidades.

El mito de que la guerrilla era inderrotable, el llamado empate estratégico, se derrumbó como un castillo de arena. No todo era un paraíso, pero era evidente que el país y su gente progresaban.

El Estado había logrado la desmovilización y sometimiento de las autodefensas y la creación de un sistema de justicia transicional, denominado Justicia y Paz, dentro del sistema constitucional colombiano, con jueces y fiscales de la rama judicial, había conducido a sus principales cabecillas y miembros responsables de crímenes de lesa humanidad, a la cárcel por ocho años, a su extradición a los Estados Unidos de aquellos que habían seguido delinquiendo en el narcotráfico, con la condición de que los regresarían a Colombia para cumplir aquí su condena. Justicia y Paz dio frutos: se confesaron miles de crímenes, se reparó a las víctimas con los bienes de esos grupos y se sacó del sistema especial de transición a quienes no hubiesen dicho toda la verdad, para que pagasen las penas ordinarias.

La consecuencia fue el desmonte del fenómeno de las autodefensas como actores de la violencia y el fin de innumerables crímenes de lesa humanidad contra los colombianos, entre los que se contaron, como en la guerrilla, asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, secuestros, extorsiones y un largo etc. El número de desmovilizado s que volvieron a las actividades delictivas está por debajo de los porcentajes de otras experiencias en distintos lugares del mundo -se calcula, que por debajo del 20%- quienes, junto con algunos guerrilleros desmovilizados en respuesta a las políticas de reinserción del gobierno, constituyeron lo que hoy se conocen como Bacrim, que no son autodefensas sino simples bandas armadas organizadas a gran escala, dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, muchas veces, asociadas desde entonces con las Farc y otras guerrillas.

El estado promovió la cultura del respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Los delitos de militares y policías, relacionados con violaciones de derechos humanos fueron perseguidos, incluso, con exceso de dureza por parte de algunos fiscales y jueces, y sus investigaciones y fallos fueron acatados por el gobierno. Miles de militares y policías están en la cárcel condenados o procesados por su presunta participación en esa clase de delitos.

De esa manera se honraron los tratados internacionales y la normatividad de la Corte penal Internacional, que prohíben la impunidad, aun al costo de llevar a la cárcel a muchos militares y policías inocentes, víctimas de falsos testigos y otras maniobras de esa índole.

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Con la política de seguridad democrática la violencia contra los colombianos tocaba a su fin.

Desde el punto de vista económico, el desmonte de los narcocultivos redujo a menos de 40 mil hectáreas las más de 150 mil que había a comienzos s la década del 2000, quitándole a la guerrilla su gran fuente de financiación. Esta política de erradicación fue acompañada con medidas para proteger a los campesinos pobres y sus familias, con proyectos productivos rentables, titulación de tierras incautadas a los narcotraficantes y subsidios, lo que, de paso, le quitó, aún más, el poco apoyo que tenía esa guerrilla.

1.2 El Acuerdo de 2012 y su resultado, el Acuerdo de La Habana de agosto de 2016, deslegitiman el Estado de derecho y le da razón a las Farc. Colombia, durante más de cien años, con la sola excepción de la dictadura del General Rojas Pinilla ha sido una democracia que ha pasado por períodos de violencia que ha logrado superar, como el que se vivió en la década del cincuenta y comienzos de los sesenta, que fue superado con el acuerdo consociacional conocido como Frente Nacional, que a pesar de que limitaba el ejercicio del poder a los partidos liberal y conservador, de hecho, permitió la participación de otras fuerzas, incluso de la oposición, como la Alianza Nacional Popular, Anapo, del mencionado Rojas Pinilla y al Partido Comunista, través del Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, encabezado por Alfonso López Michelsen, (quien después fue presidente de Colombia entre 1974 – 1978) que llevó al congreso a militantes del Partido Comunista que hacía actividad guerrillera en Sumapaz, como Juan de Cruz Varela.

Se suponía que el Frente Nacional pondría final a la violencia política en Colombia, pero una fuerza diferente, que devino en el Partido Comunista, pensaba otra cosa.

Las Farc han sostenido que fueron llevados a las armas por la persecución del Estado a los campesinos de Colombia, pero la verdad es otra. Ya en 1927, la organización que antecedió al Partido Comunista, infiltró y se tomó la dirección de la Huelga de las Bananeras contra la bananera United Fruit Company -adalid de la explotación típica de la época por parte de las empresas norteamericanas y expresión de una política imperial de su país- transformando la lucha, y por condiciones justas y dignas de trabajo de los operarios de la Zona en el departamento del Magdalena, en una batalla por la toma del poder, para implantar en Colombia un régimen soviético.

En 1948 se realiza la Conferencia Panamericana en Bogotá, en la que, bajo el liderazgo de Estados Unidos, se crea la Organización de Estados Americanos, OEA y se firman el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es, de alguna manera, el inicio de la Guerra Fría en Latinoamérica. La directriz de la Unión Soviética es sabotearla -Fidel Castro estuvo en Bogotá por esos días para unirse a la protesta que se estaba organizando internacionalmente, cuando fue asesinado el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, cuyo deceso marcó, precisamente el inicio de la Violencia liberal – conservadora a la que puso fin el Frente Nacional.

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Pero participar en los disturbios no fue la orden final del Partido Comunista de la Unión Soviética, se trataba de oponerse a los Estados Unidos en todos los campos durante el tiempo que fuera necesario, y aprovechando la tradición guerrillera en Colombia, era inevitable que el Partido Comunistas de Colombia impulsara la lucha armada, transformado su presencia en el movimiento guerrillero, la propia y la que tenía en las guerrillas liberales, de las que proviene Manual Marulanda Vélez, alias Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo. Esa es la razón por la cual las llamadas Autodefensas Campesinas de ese Partido, rechazan, primero, la amnistía ofrecida por el general Rojas, y luego, la ofrecida por el Frente Nacional.

Las Autodefensas Campesinas comunistas estaban constituidas por un puñado de guerrilleros que no representaban a los campesinos de las regiones donde comenzaron a actuar, mucho menos, a los campesinos del país. No tienen entonces, un origen agrario sino político, como resultado de la Guerra Fría. Y cuando se asentaron en algunos territorios, comenzaron a construir enclaves que reproducían los cánones socialistas: tierra colectiva, dominio del Partido, actividad armada defensiva y ofensiva contra el estado y los campesinos y ganaderos ricos, como primer paso para ampliar su alcance. Fueron las conocidas repúblicas independientes, que el presidente Guillermo León Valencia ordenó combatir porque estaban violando la soberanía interna.

La prueba de que la actividad guerrillera de las Farc - y de otras que surgieron como el Ejército de Liberación nacional, Eln, un grupo ínfimo de familiares y amigos que se entrenaron en Cuba; el Ejército popular de Liberación, Epl, liderado por el Partido Comunista marxista -Leninista disidencia pro china (y luego pro albanesa) resultado de la escisión del movimiento comunista internacional, o el M-19, alianza entre militantes radicales de la Anapo y disidentes de las Farc- es que otros movimientos armados de liberación nacional contra el imperialismo norteamericano surgieron en Latinoamérica en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala (para no mencionar Asia y África). Todos financiados por la Unión Soviética.

La gran diferencia es que, en el resto de países, fueron enfrentados por dictaduras, mientras Colombia lo hizo en democracia. Una democracia que creció y se fortaleció a pesar de semejante desafío: entregó el voto a las mujeres (precisamente en el plebiscito que aprueba el Frente Nacional ), mantiene la independencia de las ramas del poder, especialmente de la justicia, aprueba la elección de gobernadores y alcaldes, cambia la Constitución para reconocer la minoría étnicas, instituye la tutela como herramienta de acceso a la justicia, construye un sistema de salud que incluye casi a la totalidad de los colombianos, algo inédito, a pesar de las fallas continuas que posee (y que pueden corregirse), aumenta ostensiblemente las oportunidades para la educación de todos los colombianos, practica e pluralismo político como lo prueba que la oposición ha llegado al poder a la alcaldía de Bogotá -segundo cargo público del país- de otras regiones y localidades y que posee una representación importante en el congreso en las asambleas y los consejos municipales. El respeto a los movimientos sociales ha crecido y se ha tramitado dentro de los cauces institucionales y el manejo de la fuerza, en términos generales, se da cuando se rompen las normas legales y constitucionales de manera violenta.

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De ser un estado casi fallido por acción de las guerrillas, las autodefensas y los narcotraficantes y otros criminales, pasó a ser una democracia de mostrar en el entorno latinoamericano. Y la lucha contra estos flagelos, con la reconquista de los territorios en manos de criminales, aumentó la posibilidad de que millones de colombianos pudiesen disfrutar sus libertades y derechos de los que los excluían los violentos de todos los pelambres. Soviética y Cuba y bajo su égida.

Cuando cayó el bloque soviético, algunos de estos grupos cesaron su lucha. Pero las Farc, el Eln y alguna disidencia del Epl no lo hicieron, por la sencilla razón de que el narcotráfico se convirtió en su principal financiador y fuente de creciente riqueza.

Pero lo expuesto hasta aquí indica que el derecho a la rebelión que plantean las Farc (y el Eln) no se aplica en el caso colombiano. Esta no es una dictadura sino una democracia en la que se pueden tramitar las legítimas reivindicaciones de los colombianos. Aquí se ha combatido militarmente a los que están por fuera de la ley, usando la violencia y el terrorismo, como un derecho legítimo del Estado en defensa de los ciudadanos colombianos.

Por eso fue un verdadero despropósito en el acuerdo de 2012 (https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf) reconocer que las Farc tienen reivindicaciones justas que sólo podían conseguirse si se alzaban en armas; también que son un interlocutor legítimo que está en plan de igualdad con el Estado porque no ha sido derrotado y porque su rebelión se justifica.

Adicionalmente, determina que hay que tranzar con ellos la agenda nacional en la cuestión agraria, en la cual ellos pueden imponer su modelo productivo, premoderno y “antiglobalización”, cualquier cosa que eso signifique; entregándoles el premio mayor de la “reforma agraria integral2, apropiándose de un proceso en el que son los principales victimarios, despojadores y acumuladores de tierra, proceso que aprovecharán para ganar control de territorio a través, entre otras estrategias, de las zonas de reserva campesina y de la política de combate al narcotráfico (el diablo haciendo hostias, porque son el principal cartel de drogas del mundo).

En la política anticriminal, en la que pueden convertirse en socios del Estado para combatir grupos de autodefensa, que para el colmo ya no existen, abriendo la posibilidad de que planteen cambios en la justicia para perseguir a quienes se les opusieron, asimilándolos tramposamente a tales grupos; en la obtención de impunidad y gabelas políticas, inaceptable la primera, por violar los tratados internaciones de derechos humanos y del DIH, e inequitativas las segundas; que asalten los medios de comunicación, ganen curules gratis, creen circunscripciones electorales bajo su control, quiten el umbral.

Llama igualmente la atención que la reparación a las víctimas se puso, en dicho documento, como “centro” de la negociación, pero sólo se habla de paso de dos puntos, verdad y derechos humanos, acompañados, durante la negociación de constantes declaraciones, por parte de los jefes guerrilleros, de que ellos no tenían que pedir perdón, porque no habían cometido crímenes, sino equivocaciones.

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Y qué decir de incluir un punto sobre corrupción, con esa guerrilla como líder de la lucha contra ese cáncer, la misma que ha narcotraficado, practicado la minería ilegal, lavado dinero, sobornado funcionarios, reclutado algunos jueces y funcionarios, etc.

Uno no puede firmar un acuerdo así con el argumento peregrino , que han esgrimido los defensores del sí en el plebiscito, según el cual, dado que el estado colombiano ganó la guerra, hay que negociar un pacto como éste, en el que el derrotado termina vencedor. Hay una gran dosis de ingenuidad o de perversión (o de ambas) asumir que el perdedor tiene que ser reconocido como igual y que hay que admitir sus puntos de partida para negociar. Eso no corresponde ni a la correlación de fuerzas ni a la justeza de su causa. La negociación debió ser un acuerdo para su reincorporación a la vida civil bajos los términos de la ley colombiana, en un marco parecido o igual a la ley de justicia y paz.

Es ese disparate el que llevó al desastre de lo pactado en La Habana en agosto 2016.

2.El acuerdo de La Habana de 2016.2. I.1 Características centrales.Seis son las características centrales del acuerdo:

- Produce la dictadura de las Farc, como se verá en el numeral 2.6 de este trabajo

- Le entregó funciones constitucionales a las Farc y al gobierno, de manera que intenta blindar lo pactado dándole el rango de bloque de constitucional, inmodificable, dicen (Preámbulo, p.1), porque respeta la Constitución, el DIH y el Tribunal Penal Internacional , los fallos proferidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los otros tratados internaciones que sobre los motivos de negociación han acordado (establece una estructura paralela de comisiones, mesas, sistemas, etc., que entorpece y diluye la democracia representativa a nombre de la democracia participativa, utilizada abusivamente;

- Crea un sistema judicial paralelo al existente, que sustituye a nuestros jueces y a la Fiscalía, compuesto por funcionarios y extranjeros, es decir, que entrega la soberanía judicial de Colombia; que es indefinido y que se autorreproduce y controla, porque no tiene que darle cuentas a nadie, en nuestro ordenamiento constitucional, con el silencio cómplice de las altas cortes y un congreso en venta

Será un instrumento de venganza : perseguirán a sus contradictores, mediante un festival de falsos testigos y creará una unidad espacial adscrita a la Fiscalía, pero con un director autónomo, que no tiene control, pues el Fiscal no lo puede remover ni exigirle que le rinda cuentas, que tendrá un período de 6 años, cuando el Fiscal tiene 4, dedicado a combatir a los “grupos paramilitares”. Es una fiscalía paralela. Es un golpe de estado, en toda la línea, al poder judicial.

El Acto legislativo para la paz, si la Corte Constitucional no lo deroga o modula, le da hasta por seis meses, facultades extraordinarias al presidente para que emita decretos que materialicen el acuerdo, sin que el congreso los pueda modificar y por la vía conocida como fast track (trámite rápido y recortado). Golpe de estado contra el legislativo, consentido por los congresistas afectos al acuerdo, que son la mayoría.

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En este sentido, como dice Carlos Holmes Trujillo (Portafolio, 30.08.2016) habrá un país con dos constituciones, una que se monta sobre la del 91 y ésta, que languidece a medida que la del sistema de justicia transicional la absorbe.

- La justicia transicional será utilizada para dar impunidad y poder a las Farc, algo destacado por todos, pero inaceptable para el sistema internacional de justicia en cabeza del Tribunal Penal internacional. Adicionalmente, creará un sistema de investigación propio, absolutamente violatorio de la Constitución. Este sistema paralelo de justicia, también se utilizará para perseguir a los civiles que se hayan opuesto a las Farc. Junto a estos instrumentos, el Cuerpo de Élite que se conformará en la policía para perseguir y combatir a los remanentes paramilitares que puedan existir, según su criterio (el de las Farc), y a las bandas criminales.

La impunidad no será sólo la ausencia de penas privativas de la libertad y la posibilidad de que los máximos criminales de guerra y de lesa humanidad hagan política durante sus “procesos” y “condenas”: las Farc no repararán a sus víctimas -presunto eje central de la negociación- y terminarán por librarse del castigo que les corresponde por ser narcotraficantes, productores ilegales de oro y otros minerales, a través de amnistía e indulto, según el caso; estos delitos internacionales no aparecen explícitamente como objeto de tales perdones, si se exponen en todas las condiciones para que el gobierno y el tribunal para la paz, lo hagan.

- Introduce un modelo de producción agrícola que cambia el que se utiliza en Colombia y en otras democracias liberales;

- Crea condiciones políticas para establecer poderes locales y preparar la llegada al poder nacional, a través del control de la reforma agraria, la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de zonas de reserva campesina, cooperativas agrícolas, circunscripciones electorales especiales, los mencionados mecanismos de participación.

No se procederá en la exposición en el orden temático establecido por los acuerdos, que se expresa en seis puntos (1. Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral, 2. Participación política. Apertura democrática para construir la paz, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y 6) Implementación, verificación y refrendación). En cambio, desde la consideración de que se trata de un pacto político, que se expresa en todos y cada uno de los seis puntos, todas las reflexiones tratarán de vincularse a ese eje. Por eso, en cada acápite de este texto, se citan acuerdos que aparecen en los distintos puntos, independientemente del orden en que se presentaron en el Acuerdo.

Por otra parte, no se analizan en su totalidad los acuerdos logrados, sino la parte de ellos que tienen un abierto interés desde el punto de vista político.

En esa lógica, se han determinado tres grandes temas: la cuestión agraria, la participación política y el sistema de justicia transicional, a su vez, cruzados de referencias entre ellos en el texto.

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2.1 La reforma rural integral, RRIEn cuanto a la RRI, 3 millones serán destinados a un fondo de tierra para distribuir gratuitamente a personas sin tierra, pero también a asociaciones y comunidades que busquen asentamientos, y exclusivamente para fortalecer la producción alimentaria, punto sobre el que se volverá más abajo (1.1.3, p. 11 y 12).

Las tierra provendrán, entre otros mecanismos, de extinciones de dominio aplicadas a tierras recuperadas a favor de la nación, por lo que se entiende baldíos indebidamente apropiados u ocupados, sin que se establezca definición alguna de baldío ni criterio alguno acerca de la indebida apropiación u ocupación; tierras inexplotadas, es decir, recuperadas por el procedimiento administrativo actual de extinción de dominio por “incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad”, sin que, de nuevo, se fije el significado de incumplimiento de la función social y ecológica”.

Además, 7 millones serán formalizadas (1.1.5, p.13), relacionadas con Programas de Desarrollo con Enfoque territorial y zonas de reserva campesina, entre otro tipo de asociaciones. Otra vez, no existen criterios definidos, y por lo tanto expuesto a cualquier cantidad de interpretaciones arbitrarias, que impulsarán el despojo.

El de tierras comprometidas por la RRI será de 10 millones de hectáreas de los 21 millones de hectáreas que posee el país para uso agrícola y todo esto en manos de nuevas estructuras administrativas y jurisdiccionales que le quitan funciones a las que actualmente hay en el Estado. De hecho, se creará una nueva jurisdicción agraria (1.1.8 p.14) y “una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra” (1.1.8, p. 15).

Además, se introduce la elevación progresiva del avalúo catastral para que “quienes tiene más, paguen más”. Impuestos, para financiar, en parte, la infinita cantidad de programas pactados. El punto es que, sin verificar el estado productivo de la tierra, la condición del suelo y la capacidad económica de los propietarios -no todos los que poseen tierra tienen capital de trabajo- se convertirá en un mecanismo disfrazado de expropiación.

Los campesinos pobres tienen derecho a acceder a la tierra. El problema es que el gobierno haya renunciado a esa función, que ya venía adelantándose con la entrega a los campesinos pobres de tierras expropiadas a los narcotraficantes, y que semejante función del Estado haya sido entregada a las Farc. Santos les dio ese premio mayor, algo muy curioso, porque éstas son unas de las mayores despojadoras de tierras en el país, y por supuesto, “sus predios” no serán tocados. La política de restitución y expropiación será un arma de guerra de las Farc contra el Estado, en su estrategia de llegar al poder.

La concepción de desarrollo que encarna el buen vivir (1.1.5, p.14), toma partido sobre el modelo de estado. Este concepto está incorporado a las constituciones, cómo no, de Ecuador y Bolivia, para combatir, el de desarrollo, capitalista e imperialista. El Buen Vivir, dicen sus teóricos, “enfrenta la imposición de una cultura globalizada única con la que el imperialismo viene aplastando culturas y pueblos. El concepto del “Buen Vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementariedad entre los seres humanos tales como la minga, el randi-randi, el

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cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento” (Isch Edgar, 2008 en http://filosofiadelbuenvivir.com/definiciones/). Semejante categoría ideológica, propia de la pre modernidad, sumirá a nuestros campesinos en el atraso económico, los llevará a la economía de subsistencia, impedirá la creación de un sistema productivo que genere riqueza que se pueda distribuir. Además, es una imposición cultural profunda, que altera los modos de vida de quienes no están acostumbrados al trabajo comunal obligatorio y a las tierras compartidas, como los campesinos no indígenas y la mayoría de las comunidades negras, quienes prefieren producir desde su propia tierra, a la que no le aceptan ninguna limitación en el derecho de propiedad y con el objetivo de obtener dinero de sus productos para mejorar su calidad de vida en una sociedad de mercado. Y lo peor es que el acuerdo establece este modelo, propio de los dirigentes de las comunidades indígenas -quienes no deben confundirse con los miembros corrientes de dichas comunidades- a nombre del multiculturalismo y la defensa de las comunidades étnicas.

Ahora bien, este concepto es usado en el acuerdo para esconder el impulso a la economía agraria colectiva, forma embrionaria de una economía socialista, como se plasma en el documento a la importancia que se les da a las zonas de reserva campesina, ZRC, que serán especialmente estimuladas en la RRI, y que serán constituidas por el gobierno a pedido de las comunidades interesadas, quienes fijarán las áreas (1.1.10, p. 17).

No es casual que El texto haga énfasis en que la RRI está destinada a fortalecer la economía campesina -como la que se producirá en las ZRC, o en cooperativas, mutuales, comunales, microempresariales y de asociación solidaria, más las propias de los indígenas, comunidades negras, palenqueras y raizales - estará orientada exclusivamente a la producción de alimentos y regidas por los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial, PDET, que tendrán en cuenta los principios de buen vivir (1.2.1, P.18).

Un estado liberal democrático afirma la economía de mercado y la libertad de empresa -con distintas modulaciones: desde el neoliberalismo hasta la social democracia, según las tendencias electorales en distintas épocas- pero lo pactado introduce la noción de buen vivir como modelo a los campesinos, inmodificable de producción y de vida, para contraponerla a la de desarrollo. Es una concepción premoderna y falaz, la del buen salvaje, que pinta el mundo bucólico de las comunidades indígenas, no como ellas son, sino como sus teóricos piensan que deben ser como alternativa al capitalismo.

¿Cuál es la razón para que los campesinos no puedan incursionar en la generación de productos agrícolas y pecuarios distintos a la producción de alimentos? ¿Por qué amarrarlos a planes específicos PDET, con lineamientos preestablecidos hacia la economía colectiva? No hay sino una respuesta: las formas de propiedad privilegiadas y el tipo de PDET, ligados al buen vivir, en este acuerdo (1.2.1 p.18) demuestra que la economía campesina pensada de esa manera conlleva al atraso de los campesinos y a su sujeción a lo determinado por las Farc. Es una forma de control económico: no les conviene que los campesinos sean grandes empresarios, altamente productivos, ni que participen activamente, como empresarios, en las oportunidades del mercado global, porque estarán

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encerrados siempre en el estrecho marco de la economía local y si acaso, regional. Y de control político, porque con su maraña de organizaciones “representativas” de los campesinos, se apoderarán de la vida política y cultural de la gente. Herramientas perfectas para impulsar la lucha de clases en lugar de la gestación de la dignidad real y el beneficio real de los campesinos.

2.2. Las drogas ilícitas

Capítulo aparte merece el tratamiento de los cultivos ilícitos, en el numeral 4 del acuerdo Final, que se presentará aquí, por la evidente relación que tiene con el acuerdo agrario.

Lo primero que hay que decir sobre este punto es que se las Farc reconocen sólo de manera hipotética y en relación con la rebelión (4, p. 97), alguna vinculación con el narcotráfico. Esto significa abrir las puertas de par en par al indulto y la amnistía por esa actividad, pues, como todo mundo sabe, sólo son amnistiables e indultables los delitos comunes ligados a la rebelión. Lo segundo, que las Farc, se convierten en aliado primordial del gobierno en la lucha contra esos cultivos (Ibid).

Lo anterior es absolutamente pasmoso, porque es verdad sabida que las Farc intervienen en el narcotráfico, desde el cultivo hasta su mercadeo internacional, que ha logrado aumentar la extensión de cultivos de coca por encima de las 150.000, apoyada en la presencia en territorios que han disparado la producción.

La sustitución será voluntaria concertada con las comunidades, básicamente colectiva, pues se dará en las ZRC y en territorios priorizados donde haya formas organizacionales, muchísimas de ellas controladas por las Farc. Es de resaltar que son las comunidades quienes fijan la duración del proceso de sustitución Sólo si no se llegase a una concertación con las comunidades habrá erradicación manual. Quienes acepten la sustitución recibirán una parcela en las condiciones dela RRI, es decir, dedicada a la producción de alimentos y dentro de la estructura de economía comunal que la define.

Se creará, para coordinar la estrategia un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, dentro de la RRI, especial para los narcocultivos, que coordinará planes locales y comunitarios que contará con mecanismos de participación, que se manifestarán a través de asambleas comunitarias locales para concertar la sustitución con ellas y concertar los planes y de allí surgirán los planes locales municipales.

Como puede verse, las Farc tendrán el control casi total desde el punto de vista social y político de la política de sustitución, controlarán los territorios, por la simple razón de que hacen presencia en el negocio en todos ellos, y por supuesto, a la población. Como se hará un censo, que manejarán las asambleas comunitarias, de recolectores, no recolectores y que se harán en ellos (4.1.3.6, p. 102), determinarán, más todavía, porque ahora y desde hace tiempo ya lo hacen, quien entra, quien sale y quien se queda; además se dará asistencia alimentaria por familia, mediante bonos (como en las caucheras de los Arana en el Amazonas o en las bananeras de la United Fruit del Magdalena) o mercados. Clientelismo de la peor laya, con la complicidad del gobierno

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2.3. La política, la participación política y el cese al fuegoHay que recordar que la estrategia de este análisis es hacer un recorrido transversal del acuerdo por los 6 puntos del acuerdo, en este caso, para la política, la participación política y el fin del conflicto. Conservando la transversalidad, muchas de las observaciones que se hacen ahora, corresponden al punto 2 del Acuerdo Final, la participación política y al punto3, el cese al fuego.

Es por eso que en el texto se habla de ciertos mecanismos y formas políticas, pero como, quedo plasmado en los planteamientos anteriores -en los que queda en evidencia que la RRI está enfocada a darle ventajas políticas a las Farc- pero también en la sustitución del estado de derecho, la impunidad y la persecución a los contradictores. En realidad, todo el acuerdo está cruzado por formas de participar en la política absolutamente ventajosas, que no se reducen a los mecanismos porque este es un acuerdo político que significa el triunfo de las Farc sobre el estado de derecho. Veamos:

a. Sistema de justicia a la medida. El que se les dé penas alternativas, compatibles con la participación política en el congreso y otros escenarios, a criminales de guerra y de lesa humanidad, desobedeciendo al TPI, es uno de los dos premios mayores, que se analizará más bajo.

Pero políticamente es tan importante como lo anterior, otro verdadero premio mayor, el que creen un sistema de justicia, que podrá perseguir civiles que se hayan opuesto a las Farc y juzgarlos tribunales espurios, apoyado en la Fiscalía paralela (Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo, una nueva Fiscalía dentro de la Fiscalía que existe, punto que también se analizará más abajo

b. Participación en erradicación, socios de la política de erradicación, les dará dividendos políticos, pues se calcula que más de 70.000 familias viven de éste en territorios que, seguramente, se convertirán en ZRC, bajo su control (como ocurre por ejemplo en la solicitud que se tramita en el Catatumbo, en contra de la voluntad de los Motilones, comunidad ancestral establecida allí). Las Farc han impulsado el bloqueo de las comunidades cocaleras en 400 veces en los últimos tiempos.

c. Esa guerrilla hará campaña para el plebiscito estando armada y sin desplazarse a las zonas veredales transitorias de concentración ni a los campamentos acordados.

En otros puntos del acuerdo, se tiene que:

d. Se introduce el concepto de “participación política” (punto 2. P.30 y ss.), como si ella no estuviese consignada en nuestra Constitución, pero rompiendo el equilibrio entre participación y representación, que supone que la primera se da dentro de la segunda. Con ese concepto comienzan a sustituirse, como ya se mencionó, las instituciones democráticas por un sinnúmero de comités, comisiones, mesas, sistemas, etc., dominadas por las organizaciones de las Farc, que impedirán la labor de un gobierno democrático. Solo en el punto 2 hay más de 10: sistema de alertas, comités de diálogo a niveles nacional, regional y local, etc.

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Se sostiene que no hay garantías a la oposición, lo cual, como se demostró, es absolutamente falso, y abusivamente denominan como oposición sólo a sus organizaciones políticas y a sus organizaciones “sociales”, (2.1.1, p. 32 y ss.), diferenciando claramente entre ellas.

Ya el Partido político en que se conviertan las Farc tiene un sinnúmero de trofeos: desde la fecha y hasta julio de 2026 (10 años, independientemente de sus resultados) recibirá el 10% del presupuesto de funcionamiento de los partidos y un 5% adicional para la difusión de su plataforma sus campañas a la presidencia y al congreso de 2018 y 2022, serán financiadas preponderantemente por el Estado, recibiendo como anticipo para el senado, el 10% del límite de gastos autorizado por la autoridad electoral y no están sujetos a devolución (3.2.1.1, p. 63 y ss.).

Tendrán 5 curules en el senado y 5 en la cámara, participación en el Consejo Nacional Electoral (3.2.1.2, p. 64); a esto se suman las 10 curules que conseguirán en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de paz (2.3.6, p.48), en la que las comunidades y territorios escogidos y controlados por ellos, sin participación de los partidos que participen en las elecciones, elegirán cada una, un representante a la Cámara. 26 curules son un botín que ya quisieran los partidos políticos que han sido leales a la democracia.

e. Las Farc, además de participar en el canal de televisión privada que se creará, como partido, junto con los otros, pero también a través de movimientos sociales que controla, tendrá 31 emisoras FM para hacer pedagogía para la paz, que luego del plebiscito serán administradas por una cooperativa controlada por ellos. Ese número de emisoras supera con creces a muchas cadenas radiales, les permite tener cobertura nacional que otros partidos no tienen (5.5, p.91). Esto sin contar con los 18 meses a través de medios institucionales de radio y televisión para la pedagogía para la paz y de la implementación del acuerdo final.

f. Se promulgará un Estatuto de la Oposición, escrito por una comisión en la que estarán, los partidos que tengan personería jurídica (6) y el partido de las Farc, el Congreso de los Pueblos y Marcha patriótica (3). La idea en la que se sustenta esta directiva es que en Colombia se ha perseguido sistemáticamente a la oposición, encarnada en las Farc, el Eln y otros movimientos guerrilleros. Es completamente deslegitimadora del Estado democrático y social de derecho colombiano. Para entenderlo hay que distinguir entre oposición leal al sistema, que respeta la Constitución y las instituciones y se opone al gobierno, y la oposición desleal, que busca destruir el sistema. En Colombia ha habido respeto a la oposición, hasta el punto de que en varias ocasiones ha llegado al poder, incluso al segundo cargo administrativo más importante del país, la alcaldía de Bogotá; al congreso de las gobernaciones, asambleas, otros municipios y concejos municipales, recibiendo todo tipo de garantías y han efectuado los debates que han querido, sin sufrir merma de sus libertades de expresión, movilización y garantías de seguridad; los atentados y acciones en su contra, cuando fueron realizados, fueron hechos por grupos fuera de la ley, y fueron perseguidos por el Estado.

Cosa distinta es la oposición desleal. Ya se estableció que siendo Colombia una democracia, no se justifica la rebelión y que el Estado está obligado a perseguir, con el uso

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de la fuerza, a quienes toman las armas en su contra y, además, practican el terrorismo. Muchas de las personas de la guerrilla que han caído han sido víctimas de las autodefe nsas o del fuego amigo. Son estos grupos y las mafias, quienes han desangrado al pueblo colombiano La guerra sucia que algunos miembros de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo, ha sido perseguida, muchos de sus ejecutores han sido castigados, muchos inocentes, falsamente imputados, han sido encarcelados. Pero es importante resaltar la constante pedagogía de respeto a los derechos humanos que nuestras fuerzas de seguridad han recibido, la constante vigilancia de organismos internacionales, sus propias depuraciones. Y hay que subrayar que, en todo caso, las infracciones graves de las Fuerzas Armadas y de Policía son al menos, mil veces, menos que las cometidas por las Farc

La combinación de todas las formas de lucha ha sido un cáncer utilizado para destruir nuestra democracia. Ciertos partidos que ejercen la lucha electoral, son participes, o proclives o no condenan explícitamente esta mezcla letal. Aun así, han tenido garantías en lo que depende del Estado.

De manera que no tiene sentido pedir garantías en el sentido que se consigna en el documento. Más razón tendrían en exigirlas quienes en estos últimos 6 años han ejercido la oposición democrática e institucional, pues han sido objeto de montajes, persecución judicial, injusto encarcelamiento o exilio, por el sólo hecho de criticar las negociaciones entre el gobierno y las Farc.

En cualquier caso, las Farc pactaron con el gobierno todo un programa de protección que incluye sus propios guardaespaldas (2.1.2.1, p.35 y ss.)

Vale la pena destacar que el acuerdo distingue entre oposición política de los partidos, que, además, reduce el concepto de oposición a la que haga la izquierda, especialmente su partido -Marcha patriótica y el Congreso de los Pueblos- y sus aliados; y oposición de los movimientos sociales (2. P.30) que les son afines. Igual que con los partidos, sólo son de oposición los que son de izquierda y cercanos a las Farc (2.1.1, p. 32. Eso es una tergiversación grosera, porque la oposición se define por oponerse al gobierno de turno y puede ser, en ese sentido, de derecha, de centro o de izquierda. Al definirse en los términos de las Farc, no hay oposición distinta a la que ellos definen, y los demás no serán objeto de ventajas y garantías especiales para el ejercicio de la política.

Pues bien, la oposición de sus movimientos sociales debe gozar de todo tipo de garantías, no pueden ser reprimidos -deben ser tratados con civilidad- y sus demandas deben ser acatadas por las autoridades locales (2.1.2.2, p.38). Otro golpe al Estado de Derecho, que se da desde la consolidación de poderes locales alternativos.

g. Como se dijo más arriba en la presentación del acuerdo inicial de 2012, el gobierno le cede a las Farc la vocería de la lucha contra la corrupción. En lo pactado en 2016 (3.4.11, p.86 y 87), las Farc propondrán medidas para la lucha contra ese fenómeno y liga lo pactado para contener a los grupos políticos y miembros de partidos que estuvieron ligados a la denominada “parapolítica”. Como se ha visto, muchos de los líderes políticos vinculados a este fenómeno han sido investigados y un buen número, condenados, con

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base a falsos testigos y curiosas teorías de comportamiento de la votación en municipios y regiones, sin ningún sustento político. El señalamiento de tener vínculos con las autodefensas se convertirá en el pan de cada día, mientras que los vínculos ostensibles de los miembros de las Farc con las bandas criminales (que ellos llamarían sucesoras del paramilitarismo) serán olvidaos o no serán objeto de investigación. Y lo mismo ocurre con la Farc política, cuyos miembros aun hoy, no han sido juzgados porque se utilizan ardides como la que se rompió la cadena de custodia, como ocurrió con una conocida exparlamentaria. Y no sobra mencionar el laberinto de militantes, de testaferros, funcionarios de bancos nacionales e internacionales, corredores de bolsa, gerentes de empresas para lavar dinero, con los que las Farc ocultan sus inmensas riquezas. ¿Qué hay de la corrupción de las Farc?

2.4. Las víctimas y la Jurisdicción para la Paza. La consideración política esencial aquí, es que, en este punto tan importante para los colombianos de a pie, en la línea de entregar las facultades del Estado de derecho y negociar con las Farc la agenda nacional entre la que se encuentra la visualización de las víctimas y su reparación, el gobierno nacional concierta con las Farc una serie de mecanismos que sólo le competen a él, como la justicia para los victimarios. No son las Farc quienes tenían el mandato constitucional de perseguir y juzgar a todos los victimarios porque ellos son los primeros de todos.

Gravísimo fue aceptar la tesis fariana de que, como ellos no reconocen el Estado de Derecho, ni, por consiguiente, su justicia, había que montar un sistema alterno, la ya citada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que sustituye a efectos de los hechos punibles acontecidos durante el conflicto armado, al sistema judicial constitucional, especialmente a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales y jueces y a la Fiscalía. Un verdadero golpe de Estado, que de entrada le da a las Farc un poder constitucional que no pueden poseer, subsumido en el que constituye el Acuerdo para la Finalización del Conflicto mismo, que se blindó como bloque constitucional, es decir, como un tratado internacional dentro de los Acuerdos de Ginebra sobre el DIH, que priman sobre las normas internas, en este caso, sobre la Constitución, posición que ha sido rebatida por expertos constitucionalistas, quienes plantean que esos Convenios sólo pueden versar sobre DIH, y el Acuerdo va mucho más allá, pues implica cambios profundos en nuestra estructura jurídica, que no tiene nada que ver con cómo preservar los derechos de las víctimas en la guerra, pues el DIH es un derecho para las víctimas en la guerra y no uno para manejar un país.

En una negociación adecuada, este capítulo debía versar sólo sobre las víctimas que ellos produjeron, que son millones, en cuanto son los mayores criminales de guerra y de lesa humanidad según los informes oficiales existentes, en particular, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, que es el informe general presentado por el Grupo de Memoria Histórica (Bogotá. Imprenta Nacional 2013) y las estadísticas que el Centro tiene (http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/estadisticas.html) sobre esos crímenes. Más aún, si se tiene en cuenta, como ya se dijo antes, que la Ley de Justicia y Paz de 2005, arrojó importantes resultados Y si esta ley no ha arrojado mayores resultados es porque su aplicación fue desestimulada a partir del

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primer mandato de Santos, desde cuando se centró el interés en una nueva ley, que, con este Acuerdo, será puesta en marcha.

b. Se crea un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR, que no tiene una sola palabra respecto a la obligación de las Farc de pedir perdón a las víctimas y, mucho menos, de repararlas económicamente. Nunca, como se ha dicho antes, van a pedir perdón por sus crímenes; y en cuanto a la reparación económica, el gobierno nacional, con Santos a la cabeza, ha tenido la desvergüenza de admitir y defender la afirmación de los jefes de la organización, de que no tienen dinero, cuando hay analistas nacionales e internacionales que calculan que tienen decenas de miles de millones de dólares, por lo que ese derecho tendrá que garantizarlo el Estado con los recursos de todos los colombianos.

c. Que prevalecerá sobre la rama judicial del país, pues tendrá competencia exclusiva en lo penal, administrativo y disciplinario (JEP; II No 33, p. 134); que tendrá presencia de jueces extranjeros, lo que constituye un verdadero acto de entrega de la soberanía nacional y , en consecuencia, de traición a la patria, por parte de los miembros del gobierno que efectuaron el acuerdo; que es indefinido, pues no tiene una fecha de término (algo que el presidente Santos, reafirmó); que es autónomo, pues los tribunales que los compongan dictarán sus propios reglamentos (Ibid, II, 46, P. 138) y porque no hay ningún sistema de rendición de cuentas al estado a o la sociedad colombiana; que viola el principio universal de derecho, de la cosa juzgada, porque revisará sentencias penales (en caso de “protesta social”, (Ibid, No 35, p. 135), administrativas y disciplinarias en firme, realizadas por nuestras cortes y tribunales (Ibid; II No 33, p. 135), y que se aplicará a las Farc y a los militares (con un tratamiento gravoso respecto a las Farc (Ibid; No 44, p. 147), pero también a civiles, que el sistema considere que han participado activa y prolongadamente en el conflicto (Ibid, p. 135). Como se ha venido diciendo, es un verdadero golpe de Estado.

d. La amnistía y el indulto será para los guerrilleros de las Farc que no hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora bien, serán objeto de esos beneficios el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos (JEP; II; No 38, p.135). Dentro de estos está” la aprehensión de combatientes efectuadas en operaciones militares y las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas” (JEP; II No 39, p. 136). Con esto, la extorsión y el secuestro económico (y depende de la interpretación, también el plagio político) son indultables o amnistiables; y claro, el narcotráfico, que ha servido para financiar la “rebelión”.

Hay que resaltar, además, el derecho a participar en política de los miembros de las Farc, así hayan sido encontrado responsables o confesado crímenes de guerra y de lesa humanidad (JEP, II, No 36, p.135). Un verdadero insulto a las víctimas y a los que han hecho política sin ensuciarse las manos de sangre.

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Para que se hagan una idea de hasta dónde va la impunidad, se transcribe el punto JEP, III, No 60, p. 146 y ss.),

Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.

Restricción efectiva significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal, de tal modo que esté en condición de supervisar oportunamente el cumplimiento, y certificar si se cumplió. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes. En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las restricciones de los anteriores

derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento.

Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.

e. La JEP se compone de: “a) Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, b) El Tribunal para la Paz, c) Sala de Amnistía o indulto, d) Sala de definición de situaciones jurídicas, para los casos diferentes a los literales anteriores o en otros supuestos no previstos y, e) Unidad de Investigación y acusación”, donde el Tribunal es el organismo de cierre (JEP, III, No 43, p. 137). El Tribunal de Paz tendrá 20 magistrados colombianos y extranjeros, pero a solicitud de los interesados, en la sección que conozca su caso, deberá haber tres colombianos y dos extranjeros (Ibid, No 65 -66, pp. 148 -149). El 12 de agosto de este año, las “partes” crearon una comisión de selección integrada por dos extranjeros y dos nacionales. En total, la JEP tendrá 57 magistrados colombianos y 15 extranjeros, como explica José Alvear Sanín en www.periodicodebate.com, el sábado 3 de septiembre. Por la forma de nombrarse y la manera de funcionar, se entrega, ya se ha dicho, la soberanía del país y se reafirma el golpe de estado a la justicia colombiana.

f. Será clave la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, (Ibis; No 38, p. 148 y ss.), que decidirá si los hechos y conductas que se atribuyan a personas son competencia del Sistema por haber sido cometidos en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno o con ocasión de este; también recibirá los informes de la la Fiscalía, la

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Procuraduría, y de cualquier otro órgano competente sobre asuntos que caigan bajo la competencia de la JEP, así como de las sentencias de los organismos judiciales que sean pertinentes, así como de la Procuraduría y la Contraloría, más las sentencias proferidas por Justicia y Paz, para ver si las conductas allí establecidas son de su competencia. Investigará exhaustivamente, sin que haya un término para ello, por lo que el proceso y la inclusión en el sistema JEP de un investigado puede ser de muy larga duración, con las consecuencias sicológicas y económicas que eso tiene. Luego determinará, luego de la comparecencia de los implicados si eventualmente hubo o no una conducta susceptible de estar tipificada en la JEP y si hubo ya o no un reconocimiento de responsabilidad y pasa el caso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Esta sala decidirá la situación jurídica para quienes no sean objeto de amnistía e indulto y a las que sí lo sean (Ibid, III, No 50, p. 141 y ss.) definir el tratamiento que se dará a personas que han recibido sentencia previamente al establecimiento de la JEP.

También remitirá a la Sala de Indulto y Amnistía la lista de los guerrilleros que podrán ser beneficiaros de estas.

g. Cuando no haya reconocimiento individual, la JEP se apoyará en la Unidad para la Investigación y Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Sucesoras del Paramilitarismo, una nueva Fiscalía dentro de la Fiscalía que existe. Esta Unidad será totalmente autónoma y podrá ordenarle a la Fiscalía investigaciones; su director tendrá un período de 6 años, frente a los 4 del Fiscal, quien no podrá nombrarlo ni removerlo, pero tampoco exigirle cuentas legalmente, pues será la Comisión Nacional Disciplinaria quien podrá hacerlo, aunque sólo será sustituido si comete faltas gravísimas (3.3, p. 72 y ss.; 3.4.4, p. 74 y ss.). Como quien dice, tendrá un amplio margen de discrecionalidad entendida como impunidad. Y, como legado del anterior Fiscal, la Unidad utilizará, entre otras, la metodología de análisis de contexto (Ibid), que tan buenos frutos le dio a aquel para perseguir a los que diferían del gobierno. ¡Que tiemblen los colombianos!

La evidencia de que esta Unidad, pero, en general, la Jurisdicción Especial para la Paz, será usada para golpear a los opositores civiles delas Farc, de manera torva, es la aparición, en la última semana de agosto y comienzos de septiembre, de una primera lista de empresarios que habrían colaborado voluntariamente con las autodefensas. Sacada, dicen algunos, de los expedientes de Justicia y Paz, se filtró y se puso en circulación, sin que se sepa, hubiese procesos iniciados contra los presuntos involucrados; y, lo que es peor, sin que todavía estuviese funcionando la JEP. Con esta acción se puso contra la pared a las empresas, que vieron su buen nombre afectado y se atemorizó a los responsables de estas para la época, pero, de paso, se envió un mensaje político claro de hasta dónde llegará la retaliación de las Farc, bajo la mirada complaciente del gobierno.

h. Lo anterior se ensambla con la conformación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (3.4.3, p. 73 y ss.) para diseñar, seguir y coordinar el combate a las organizaciones criminales, incluyendo las sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En ella, además de tres ministros, el Fiscal, el Defensor del pueblo, tendrá asiento el director de la Unidad de Investigación, 2 representantes de las Farc y 2 de voceros de Ongs, afectas, se presume, a las Farc. Por sus funciones, es una nueva instancia de

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composición híbrida de decisión y ejecución (JEP; 3.4.3, p. 73), que quita, por esta vía, las responsabilidades asignadas por la Constitución y la ley al Estado.

i. Y como si eso no fuera suficiente, se pacta construir una Fuerza Élite en la Policía para combatir a lo que han dado en llamar los sucesores del paramilitarismo y otras bandas criminales que les puedan estorbar en su estrategia de consolidación territorial. De esta manera el Estado entrega a la guerrilla una función que le es esencial: garantizar la vida, los derechos y libertades de los colombianos, produciéndose, adicionalmente, la paradójica situación de que, distinto a lo dicho por Uribe, no es que las Farc se conviertan en un grupo paramilitar del Estado, sino que este deviene una fuerza paramilitar al servicio de esa organización criminal. Si hay una victoria política importante para ese grupo, es esta.

j. La Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Ibid, III, No 5.1.1.1, p. 118 y ss.), que durará tres años y que supuestamente está, como lo dice su pomposo nombre para aclarar la verdad sobre el conflicto, de manera que las víctimas y el país sepan que pasó, es un organismo fraudulento.

En efecto, Serán elegidos por el Comité de Escogencia que seleccionará a magistrados, fiscales y demás miembros de la JEP, del que ya hablamos. Pero, adicionalmente, serán el gobierno y las Farc, quienes escogerán a su Presidente (Ibid, No 5.1.1.1.6, p. 125). Es poner al criminal a liderar la búsqueda de la verdad de sus propios crímenes. El resultado no podrá ser otro que la operación de lavado de la cara de los gravísimos delitos de las Farc, los que quedarán ocultos mientras se resaltan los de los demás actores. Lo dicho. Un fraude para las víctimas.

2.5 Las Farc gobernarán el país. En este punto quiero citar de manera completa el artículo de Libardo Botero, titulado la dictadura de las Farc, porque expresa de manera contundente la manera como estas controlarán el país:

Se crea un organismo incontrolable y de facultades inconmensurables, con la excusa de vigilar la implementación de los acuerdos, que significará nada más ni nada menos que la vía para que las Farc ejerzan durante los diez años que durará la “transición” (o el “posconflicto”) un poder omnímodo, sometiendo al engranaje del Estado a su arbitrio.

Se le denomina “Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias” (CSVR), y estará compuesto por tres delegados del gobierno y tres de las Farc, como se contempla en el punto 6 del documento. No responde ante nadie ni está sometido a nadie y obrará como un supra-poder, al cual deberán someterse desde el Presidente de la República hasta el Congreso.

Aunque es paritario en su composición, el poder real lo tendrá la guerrilla, pues los acuerdos establecieron que el gobierno es el único encargado “de la correcta implementación de los acuerdos”, so pena de que aquella vuelva a su aventura armada si no se procede así. Se repite el chantaje a todo lo largo del documento, pero quiero citar, solo a manera de ejemplo, lo que se advierte en el punto 1.1.5 al hablar de la propiedad rural, señalando que es imperativo cumplir todo lo acordado, “de manera que no se

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vuelva a recurrir a la violencia para resolver los conflictos relacionados con ella”. Es el chantaje atroz de volver a empuñar los fusiles si no se les satisface en sus desmedidas ambiciones. ¿Puede pensarse que en ese organismo el gobierno osará contradecir lo que las Farc propongan? En absoluto.

Como es sabido, fue un gran triunfo para las Farc que los convenidos en La Habana se consideraran “acuerdos especiales” según los Convenios de Ginebra, que por ende entrarían a hacer parte del “bloque de constitucionalidad” con la sola firma de Santos y alias Timochenko. A partir de allí contaremos con una Constitución en la sombra, de 297 páginas, más extensa que la de 1991, que en adelante será “parámetro de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y Desarrollo del Acuerdo Final.” Así lo impuso a trancazos el gobierno al parlamento, por mandato de La Habana, al añadir a última hora un artículo con esa estipulación en el Acto Legislativo No. 1 de este año, o Acto Legislativo para la Paz.

Aunque tendrá una etapa crucial, intensa, durante los 12 primeros meses, la “implementación” no termina allí, ya que está previsto que dure diez años, como ya lo indicamos. Precisamente con esa óptica, el Acuerdo Final estableció que la tal CSVR tendrá un primer período hasta 2019, pero su vida útil está pensada para una década si es necesario.

Si revisamos sus funciones encontramos el veneno que nos están tratando de hacer ingerir. Destaco las siguientes: “Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República”; “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”.

Está claro. Ninguna norma podrá expedirse o presentarse sin la anuencia del poder tras el trono de la CSVR: las Farc. El Congreso, ya lo sabemos, por disposición del Acto Legislativo para la Paz, será un simple notario, pues no puede modificar ni una coma de lo que el gobierno le envíe. Lo que presumíamos, pero no sabíamos con exactitud, era que lo que se presentaba al parlamento provenía directamente de los narco-terroristas. Ahora tenemos la prueba palmaria de que será así. El Congreso será solo un notario de lo que le envíe el Presidente; y el Presidente, apenas un amanuense de lo que le dicten las Farc. Es más, no solo serán los proyectos de ley. Los mismos decretos que expida el Presidente, gracias a las facultades absurdas que le otorgó el mismo Acto Legislativo para la Paz, requerirán el visto bueno previo de las Farc, o sus borradores serán directamente elaborados por ellas.

Adicionalmente nos asalta una duda: ¿la CSVR será también la última instancia para interpretar las previsiones de la “jurisdicción especial para la paz” (JEP), cuando hubiere dudas en su aplicación y en la expedición de sus fallos? No por azar lo preguntamos. En ninguna parte está establecido que la Corte Constitucional o cualquier órgano de nuestro Estado puede resolver dichos entuertos. Pero la CSVR sí está facultada para “resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos”, y la JEP hace parte del mamotreto. Además, encontramos en uno de los

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acuerdos “especiales” sellados el 19 de agosto, sobre las reformas constitucionales y legales previstas, que se determina que la CSVR también será la que “elaborará un texto con la propuesta de Acto Legislativo” para poner en vigencia la JEP.

El ejecutivo y el legislativo, a partir de la firma del Acuerdo Final, quedarán sometidos a los designios y voluntad de la CSVR, la troika que ejercerá su mandato tiránico en Colombia. Y la JEP, el aparato que sustituirá nuestra justicia ordinaria, de igual modo quedará bajo la batuta de este esperpento. Ni más ni menos que una dictadura. Con una condición singular -al menos durante un tiempo-: las Farc no aparecerán ni darán la cara, pues operarán a través de marionetas, que no otra cosa serán nuestros “gobernantes”.

2.6 El costo económico del acuerdoNo hay cálculos establecidos, pero lo que deja ver este acuerdo es que costará centenares de billones de pesos, que saldrán de los bolsillos ¿ de los colombianos; piensen usted es cuánto costará la JEP con la burocracia infinita que establece; cuánto costará las reforma agraria con los astronómicos recursos que se requieren para tierra, su adecuación, subsidios y funcionamiento de todos los comités habidos y por haber; ¿Cuánto el dinero que habrá que darle a las Farc para mantener su partido y subsidiar por largo tiempo a sus militantes, que crecerán como la espuma, ante tanto beneficio.

Y todo esto, con un país en déficit, quebrado por la dilapidación de recursos y la mermelada, con caída de ingresos petroleros, inflación creciente y amenaza de una nueva reforma tributaria que esquilmará a los más pobres, todavía más.

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