reporte sobre asuntos de estado de derecho y …

[email protected]|+52 (55) 55936170, 55936171 Y 55936195

Página 1 de 78

REPORTE SOBRE ASUNTOS DE ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD

FEBRERO DE 2014


Página 2 de 78

Síntesis

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registran una baja en la incidencia de algunos delitos y encienden focos rojos por la concentración regional de otros.

En 2013 el homicidio doloso disminuyó 16% respecto al año anterior, las diferencias regionales son claras. La violencia homicida se concentra en las regiones centro y occidental. A nivel nacional, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se redujo a 15.3 casos por cada 100 mil habitantes. En 2012 esa tasa había sido de 18.6.

En 2013 el secuestro alcanzó su máximo histórico. En total, se registraron 1 mil 695 casos de secuestro en todo el país, 20% más que lo reportado en 2012. El 70% de todos los casos registrados provienen de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, estado de México, Morelos, Veracruz y Tabasco.

La extorsión y robo de autos con violencia se están concentrando en el estado de México.

En 2013 esta entidad federativa registró el doble de casos de extorsión que tenía en 1999. Ahí se registraron la mayor cantidad de carpetas de investigación por este delito (1,668), lo que representa el 21% del total nacional. El robo de auto con violencia disminuyó 10% a nivel nacional respecto del año anterior. Sin embargo, en el estado de México se registró más de la mitad (51%) de todos los casos del país.

Entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 el desempeño de las instituciones de los tres Poderes de la Federación impactó la agenda de temas de estado de Derecho y Seguridad en México.

Se presentó el Tercer Informe de Labores del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se puso énfasis en en las resoluciones de la Corte a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y la recepción de Premio de Derechos Humanos de la ONU. A pesar de su tono optimista, los datos contenidos y omitidos en este documento, revelan una agenda de desafíos institucionales que no han recibido suficiente atención. Destaca la notoria desigualdad de género entre su personal, la sobreabundancia de recursos asignados a la organización de eventos y prestaciones frente a la escasez de defensores públicos, así como el reducido número de sanciones impuestas y una importante carga de trabajo relacionada con el despacho de amparos, aunque la mayor parte de éstos no se conceden o bien, terminan en sobreseimiento.

Fue designado, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández como nuevo Consejero de la Judicatura Federal, cargo que ocupará hasta el 23 de febrero de 2019. De esta manera, el Pleno del Consejo sigue integrado exclusivamente por hombres. La última ocasión en que hubo participación femenina en este órgano colegiado fue en 2009.

En el Poder Ejecutivo se cumplió con la publicación de acuerdos de conformidad con la normatividad propia de la Administración Pública Federal en materia de planeación y subsidios. También se


Página 3 de 78

registraron avances en la implementación de políticas públicas de atención a víctimas y combate al secuestro.

Se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 2014. Sobresale que para el actual año fiscal se duplicaron los recursos asignados a los estados y al Distrito Federal. Aunque no todas las entidades ejercieron la totalidad de recursos del subsidio el año anterior, aún así fueron beneficiadas con el incremento de 100% respecto a la cantidad que no pudieron gastar correctamente.

Se instaló formalmente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos fue extinguida y dio paso a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La ausencia del Reglamento de la Ley General de Víctimas sigue retrasando el pleno funcionamiento de la Comisión.

Se presentó la Estrategia Nacional Antisecuestro. La novedad radica en la creación de una

Coordinación Nacional y el nombramiento de su Titular. Una ventaja potencial es la visibilización de la intención de combatir este delito de alto impacto. Aunque también podría diluirse la responsabilidad de los estados, al asumir la Federación la coordinación de una estrategia nacional contra un delito del fuero común.

En el Poder Legislativo se desahogó una reforma pendiente desde enero de 2012 en materia de control y vigilancia de sustancia psicotrópicas.

Se reformaron las fracciones I y II del artículo 245 de la Ley General de Salud. De esta manera, se adicionaron a la clasificación de substancias psicotrópicas las siguientes: mefedrona, piperazina (TFMPP), canabinoides sintéticos K2 y midzolam. Con ello, se actualiza la normatividad de acuerdo a las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

En otros asuntos, el INEGI publicó los resultados de su más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia 2013, que refleja la situación de las instituciones locales encargadas de la procuración de justicia. Los datos fueron recabados durante 2013 y corresponden a la situación del año previo. En 2012 había 77 mil 335 personas laborando en las procuradurías o fiscalías generales de justicia en el país. El 73% de ellas tenía un nombramiento de confianza, es decir, que su permanencia en la institución depende primordialmente, de su jefe inmediato.


Página 4 de 78

Contenido

1. Panorama de los delitos graves en México.................................................................................... 6

1. Incidencia de los delitos graves en México .............................................................................. 6

1.1 Homicidio .......................................................................................................................... 6

1.2 Secuestro ......................................................................................................................... 11

1.3 Extorsión .......................................................................................................................... 12

1.4 Robo de vehículo con violencia ............................................................................................ 15

1.5 Robo de vehículos sin violencia ....................................................................................... 17

2. Análisis Temático .......................................................................................................................... 19

2.1 Tercer informe del Ministro Presidente de la Corte: los desafíos detrás de las buenas noticias

........................................................................................................................................................ 19

2.1.1 Un presupuesto destinado sobre todo, al pago de salarios y prestaciones ..................... 19

2.1.2 Rezago oficial y rezago real de asuntos ............................................................................ 20

2.1.3 Un despacho judicial conservador: propensión de los juzgadores federales a no

contradecirse entre ellos ............................................................................................................ 21

2.1.4 El despacho de la Corte: más rezago, muchos amparos por resolver y otros tantos por

hacer cumplir .............................................................................................................................. 26

2.1.5 El prestigio de cumplir condenas internacionales ............................................................ 27

2.1.6 Contrastes en la implementación de las reformas en amparo y derechos humanos ...... 27

2.1.7 La defensa pública: un esfuerzo descomunal y comúnmente ignorado .......................... 29

2.2 Siguen ausentes las mujeres en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ...................... 35

2.3 La SEGOB duplica el monto del subsidio para la implementación de la Reforma Penal ......... 36

2.4 Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva inicia trabajos

con una clara agenda de pendientes ............................................................................................. 39

2.4.1 El Sistema Nacional de Atención a Víctimas ..................................................................... 40

2.4.2 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas .................................................................. 41

2.5 La Estrategia Nacional Antisecuestro ...................................................................................... 45


Página 5 de 78

2.6 Reformas a la Ley General de Salud en materia de control y vigilancia de substancias

psicotrópicas .................................................................................................................................. 48

2.6.1 El proceso legislativo, de la LXI a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión ................ 49

2.7 Un acercamiento al interior de las procuradurías locales: principales resultados del Censo

Nacional de Procuración de Justicia Estatal ................................................................................... 51

2.7.1 La procuración de justicia local está en manos de personal de confianza ....................... 52

2.7.2 Los hombres en las procuradurías locales: evidencias de inequidad ............................... 53

2.7.3 Las procuradurías locales carecen de locales propios ...................................................... 58

2.7.4 Muy pocas agencias especializadas .................................................................................. 58

2.7.5 El lento avance de la reforma penal en los Ministerios Públicos...................................... 59

3. Opinión pública ............................................................................................................................. 61

3.1 Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE): “Despenalización de la mariguana en el DF” 61

3.2 Encuesta sobre Michoacán y los grupos de autodefensa ........................................................ 65

4. Reportes internacionales y nacionales ........................................................................................ 69

4.1 Reporte de Índice Delictivo (RINDE) en el Distrito Federal destaca una disminución en la

incidencia delictiva en 13 de 14 delitos de alto impacto ............................................................... 69

4.1.1 El Consejo (no tan ciudadano) de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito

Federal ........................................................................................................................................ 70

4.1.2 El Protocolo Estadístico para la elaboración del RINDE .................................................... 71

4.1.3 Los principales resultados del RINDE ................................................................................ 72

4.1.4 Más allá del RINDE: mientras la incidencia delictiva disminuye, la percepción de

inseguridad incrementa en el Distrito Federal ........................................................................... 75

5. Lectura recomendada ................................................................................................................... 78


Página 6 de 78

1. Panorama de los delitos graves en México

1. Incidencia de los delitos graves en México

1.1 Homicidio El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha publicado información actualizada hasta diciembre de 2013. Ello permite hacer un balance anual acerca de la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas por las autoridades locales responsables de la procuración de justicia. Durante 2013 se tuvo registro de 34 mil 643 casos de homicidio en la República Mexicana, lo cual significa que durante cada día del año se registraron, en promedio, 95 casos de homicidio, independientemente de su calificación como doloso o culposo. Esta cifra no representa al número de víctimas de este delito, pues de acuerdo al actual sistema de registro de esta información, sólo se contabilizan las averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, cada una de las cuales puede corresponder a una o más víctimas del ilícito y el mismo método se aplica para el resto de los delitos recibidos, integrados y publicados por el SESNSP. A pesar de estas salvedades, se puede observar que en 2013 hubo una reducción en el número total de casos respecto del año anterior. Esta situación no se había presentado desde 2007 y sin duda es una buena noticia respecto de los últimos años, pero aún es semejante a los niveles observados hace 15 años en nuestro país.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la cantidad de registros de homicidio prevalecen aquellos considerados como intencionales o dolosos, pues representaron en 2013, el 52% de todos los casos. Por otra parte, diciembre presentó el número máximo de casos reportados en el año con más de 3 mil casos, cifra 15% mayor respecto de noviembre.


Página 7 de 78

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualizado al 24 de enero de 2013.

De acuerdo con las cifras publicadas por el SESNSP, durante 2013 las agencias del Ministerio Público del fuero común tuvieron conocimiento de 18 mil 143 casos de homicidio doloso. Prácticamente la mitad (49%) de todos los casos acumulados en el año provienen de Guerrero (12%), estado de México (11%), Chihuahua (8%), Sinaloa (7%), Jalisco (6%) y Michoacán (5%). El comportamiento estadístico de los casos de homicidio doloso en estas seis entidades federativas muestra que Guerrero y el estado de México se mantuvieron como los estados con las concentraciones más altas de homicidio a nivel nacional durante 2013. Sinaloa y Chihuahua se mantuvieron estables a lo largo del año y Jalisco logró una ligera disminución en la cantidad de casos aportados. La situación opuesta ocurrió en Michoacán. Si se consideran cortes mensuales, se puede observar que en enero de 2013 ese estado aportó 4.2% del total de casos en el país y al final del año ese porcentaje se elevó a 7.4%.


Página 8 de 78

Fuente: Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En términos concretos, esto significa que en enero hubo 1 mil 521 casos de homicidio doloso en el país, 48 de los cuales fueron reportados por Michoacán; en diciembre la cifra nacional se redujo a 1 mil 410, pero la aportación de Michoacán al total nacional fue de 99 casos. Durante el año que recién terminó, se acumularon en el país 18 mil 143 casos de homicidio doloso. Entre enero y diciembre de 2013 hubo una reducción de 7%. Una de las medidas impulsadas por el Gobierno de la República en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha consistido en una división operativa en cinco regiones para atender problemas específicos1. En virtud de esa clasificación geográfica2 se advierten algunas tendencias incipientes:

a) A nivel nacional, el registro homicidio doloso en 2013 se redujo en 16% respecto de 2012. Por otra parte, 2013 es el primer año de vigencia del esquema de regionalización para atender temas de seguridad pública en el país. Durante estos primeros doce meses, hubo una reducción gradual en el registro de homicidios dolosos, exceptuando los meses de

1 “Estableceremos un sistema de coordinación y cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Crearemos cinco Instancias Regionales de Coordinación, con el objetivo de homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública”. Acuerdos Aprobados en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. ACUERDO 12/II-SE/2012 para crear cinco Instancias Regionales de Coordinación, con el objetivo de homologar e implementar políticas públicas en materia de seguridad pública. Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2013. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013. 2 Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Zona Noreste: Coahuila, Durango,

Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; Zona Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y Zona Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284444&fecha=10/01/2013


Página 9 de 78

marzo, abril y mayo. Más allá de ese trimestre de incrementos, hubo una reducción de 7% entre el inicio y el final del año.

b) La zona Sureste presentó la menor cantidad de casos y sus cifras se mantuvieron relativamente estables durante el año. De hecho, la cantidad de casos acumulados en el año en esta región apenas representaron el 12% del total nacional.

c) De manera sistemática, el foco geográfico de la violencia homicida se encuentra en los estados de las zonas Centro y Occidente. Cinco de cada diez homicidios dolosos proviene de las entidades federativas agrupadas en esas zonas. Sin embargo, plantear matices: el Centro acaparó una tercera parte de todos los casos y el Occidente incrementó mensualmente su participación en el total nacional. En enero los estados de esta zona aportaron el 16% del total y para diciembre su aportación porcentual fue de 21%.

d) La zona Noroeste tiene un problema serio, con 22% de todos los casos del país. La noticia

menos adversa es que estos niveles se mantuvieron más o menos estables a lo largo del año.

e) Las buenas noticias provienen de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, estados agrupados en la zona Noreste. En enero de 2013 esta zona aportó el 20% de todos los casos en México y once meses después esa proporción fue de sólo 13%


En términos absolutos, la cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso se concentró en la zona Centro con 5 mil 987 casos, pero debe tomarse en cuenta que entre las entidades federativas incluidas en esta zona se encuentra el estado de México y el Distrito Federal, que tienen la población más numerosa del país. Por ello conviene contextualizar estas cifras mediante la tasa de casos por cada 100 mil habitantes, la cual permite observar la distribución de casos en relación a la cantidad de habitantes y el resultado es que la zona Noroeste alcanzó los niveles más altos, con una tasa de 30 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, que es prácticamente el doble de lo registrado a nivel nacional.


Página 10 de 78

Fuente: Estimaciones propias con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población.

A nivel nacional, la distribución de registros de homicidio doloso respecto de la población, muestra una mejoría notable. Por segundo año consecutivo desde 2011, disminuyó la tasa nacional de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con los datos publicados por el SESNSP, se estima que en 2013 hubo 15.3 registros de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes de México, dicha tasa es inferior al dato de 2012 y éste a su vez, menor que lo observado en 2011.

Fuente: Estimaciones propias con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y proyecciones poblacionales del Consejo Nacional de Población.


Página 11 de 78

1.2 Secuestro 2013 ha sido el año en el que las agencias del Ministerio Público del fuero común han dado entrada a la mayor cantidad de averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de secuestro. En total, se registraron 1 mil 695 casos de secuestro en todo el país durante 2013; esta cifra es 20% mayor que lo reportado en 2012. Excepto en el mes de diciembre, los registros del año 2013 muestran niveles más altos en cada uno de los meses respecto de 2012. Octubre y noviembre fueron los meses en los que se presentaron los niveles históricos más altos desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a publicar esta clase de datos, con 156 y 155 casos, respectivamente.


La distribución geográfica de los casos de secuestro muestra que el 70% de todos los casos registrados en 2013 provienen de los estados de Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, estado de México, Morelos, Veracruz y Tabasco. En estas siete entidades federativas se presentaron incrementos notables en el registro de este delito respecto de 2012. Destaca Tamaulipas donde, respecto del año anterior, el incremento fue de 72% y en términos absolutos incluyó 88 casos adicionales a los reportados en 2012 para hacer un total de 211 casos dentro de la jurisdicción de ese estado. En el otro extremo, el estado que presentó una reducción porcentual más acentuada respecto de 2012 fue Durango, donde el registro anual de casos disminuyó en 58%. Y los estados que durante 2013 presentaron la menor cantidad de casos (tres o menos) fueron Colima, Tlaxcala, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Baja California Sur.


Página 12 de 78

Fuente: Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. * Sólo se muestra la cifra correspondiente a 2013.

1.3 Extorsión Al igual que el secuestro, la extorsión presentó los niveles históricos más altos durante 2013. En el año se registraron 8 mil 042 casos en todo el país, cifra que supera en 10.5% los registros de 2012. En mayo de 2013 se presentó la cifra mensual más alta en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un total de 770 casos en la República Mexicana. De acuerdo con la información reportada por las autoridades locales, a partir de septiembre los registros mensuales se redujeron consecutivamente, con un mínimo de 589 casos en diciembre.


Página 13 de 78

Esta cifra sin embargo, se encuentra por encima de lo observado en diciembre de 2012, cuando hubo 576 casos.


Durante 2013, el 21% de todos los casos de extorsión fueron documentados por la Procuraduría General de Justicia del estado de México, institución que reportó la mayor cantidad de asuntos (1 mil 668 casos). Le sigue el Distrito Federal, con 12% de todos los casos y Jalisco, con el 10%. Fuera de Guanajuato que aportó el 6% del total, ninguna otra entidad federativa superó el 5%.


Página 14 de 78


* Sólo se muestra la cifra correspondiente a 2013.

Los registros mexiquenses tienen una historia particular. Aunque el SESNSP cuenta con estadísticas desde 1997, fue hasta el año 1999 cuando el estado de México reveló sus cifras de extorsión al Secretariado Ejecutivo para que éste las publicara. Durante aquel año el estado de México documentó 2 mil 035 casos, que en ese entonces representaron el 60% del total nacional. No volvió a haber registros de este delito en la entidad federativa, sino hasta 2012, cuando se dio cuenta de 1 mil 039 casos, que aportaron el 14% del total nacional durante todo el año.


Página 15 de 78

En términos mensuales, la participación del estado de México en los totales reportados en el país es significativa. A la par que se han incrementado las cifras nacionales, lo ha hecho también la participación relativa de los casos reportados por la procuraduría mexiquense, especialmente a partir de febrero de 2013, cuando comenzó a elevarse el porcentaje de casos del estado de México respecto de la cifra nacional.

Fuente: Estimaciones propias con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este recuento permite hacer el siguiente balance: en 2013 el estado de México registró el doble de casos de extorsión que tenía en 1999; pero la cifra de 2013, coloca a ese estado como el lugar donde se han abierto más casos por el delito de extorsión. Además, en esta entidad se presentó el mayor incremento absoluto, pues los casos reportados en 2013 aventajan en 629 unidades a la cifra que reportó en 2012.

1.4 Robo de vehículo con violencia Durante 2013, el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación disminuyó 10% a nivel nacional respecto del año anterior. Sin embargo, los datos disponibles en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntan a una concentración de este delito, o al menos, de su documentación estadística, en el estado de México pues ahí se registró más de la mitad (51%) de todos los casos del país. De hecho, 2013 es el tercer año consecutivo en el que se incrementa la participación porcentual del estado de México en el total de casos: En 2012 esa aportación fue de 39% y en 2011 había sido de 30%. La cantidad de carpetas de investigación por robo de vehículo con violencia en el estado de México no puede atribuirse únicamente a al hecho de que se trata de la entidad federativa más poblada del país3, pues al distribuir los casos reportados entre el número de habitantes se produce una tasa de

3 El Consejo Nacional de Población estima que a mediados de 2013, el estado de México alcanzó una población de 16

millones 364 mil 210 habitantes.


Página 16 de 78

175 robos de vehículo con violencia por cada 100 mil habitantes en la entidad. Esta cifra sigue siendo la más alta en todo el país, y se encuentra muy por encima de la tasa nacional de ese delito fue de 47 registros por cada 100 mil habitantes. Respecto del año anterior, las cifras al cierre de 2013 muestran elementos alentadores. Nuevo León redujo en 4 mil 463 casos la cantidad de casos de este delito. En Chihuahua hubo 1 mil 983 casos menos; Sinaloa reportó 1 mil 141 casos menos y el Distrito Federal, 693 casos menos. A pesar de que Tamaulipas lidera las cifras en materia de secuestro a nivel nacional, presentó una importante reducción de 681 casos respecto de 2012. De manera similar, Guerrero reportó 603 casos menos que el año previo aunque en materia de homicidio doloso, se encuentra a la cabeza a nivel nacional, con 2 mil 087 averiguaciones previas por ese delito.

Robo de vehículo con violencia, diferencia en el número de casos en 2013 respecto del año anterior

Entidad federativa Total de casos

registrados en 2013 Cantidad de casos

adicionales respecto de 2012

Estado de México 28,694 4,501

Michoacán 1,452 322

Hidalgo 344 264

Chiapas 514 138

Oaxaca 238 137

Jalisco 1,747 108

Baja California 361 54

Guanajuato 477 3

Aguascalientes 56 2

Sonora 101 2

Yucatán 1 1

Colima 0 0

Tabasco 0 0 Fuente: Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información reportada, los datos de Colima y Tabasco permanecieron sin cambio. Sin embargo, vale la pena advertir que las autoridades de Tabasco dejaron de reportar este delito al SESNSP desde hace 14 años; y la procuraduría estatal de Colima dejó de hacerlo en diciembre de 2008.

Entidad federativa Total de casos registrados

en 2013 Cantidad de casos menos

respecto de 2012

Campeche 1 -1

Baja California Sur 0 -4

Quintana Roo 15 -7


Página 17 de 78

Tlaxcala 86 -15

Querétaro 168 -28

Nayarit 53 -51

Durango 893 -54

Morelos 1,758 -154

Puebla 552 -195

Zacatecas 517 -306

Coahuila 929 -376

San Luis Potosí 120 -398

Veracruz 1,174 -534

Guerrero 1,436 -603

Tamaulipas 2,546 -681

Distrito Federal 5,223 -693

Sinaloa 3,763 -1,141

Chihuahua 1,451 -1,983

Nuevo León 1,544 -4,463

República Mexicana 56,214 -6,155


1.5 Robo de vehículos sin violencia Respecto del año anterior, en 2013 disminuyó 12% el registro nacional por el delito de robo de vehículo sin violencia. Aunque el registro de este delito venía disminuyendo durante 2012, el descenso es más acentuado en 2013. Entre el inicio y el final de 2012 hubo una reducción de 7.4%; para 2013 la reducción entre enero y diciembre fue de 15.7%.


Página 18 de 78


Las autoridades de los estados y del Distrito Federal reportaron durante 2013 un total de 130 mil 831 averiguaciones previas o carpetas de investigación por el delito de robo de vehículo cometido sin violencia. La entidad más afectada fue el estado de México, donde se presentó el 22% de los registros publicados durante el año en todo el país. Le sigue Baja California, con 13% de aportación al conjunto de todos los casos reportados en el país y el Distrito Federal, donde se registró el 9% de los casos.


Página 19 de 78

2. Análisis Temático

2.1 Tercer informe del Ministro Presidente de la Corte: los desafíos detrás de las buenas noticias

El Poder Judicial de la Federación hizo público el tercer informe de labores del Ministro Presidente, Juan Silva Meza, el pasado 13 de diciembre de 20134. En este informe el acento estuvo puesto en el tema de los derechos humanos, en las resoluciones de la Corte a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y la recepción de Premio de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2013. A pesar de su tono optimista, los datos contenidos y también aquellos que están omitidos en este informe, revelan una agenda de desafíos institucionales que no han recibido suficiente atención. Destaca la notoria desigualdad de género entre su personal, la sobreabundancia de recursos asignados a la organización de eventos y prestaciones, la escasez de defensores públicos, así como el reducido número de sanciones impuestas y una importante carga de trabajo relacionada con el despacho de amparos, aunque la mayor parte de éstos no se conceden o bien, terminan en sobreseimiento.

2.1.1 Un presupuesto destinado sobre todo, al pago de salarios y prestaciones Para el ejercicio 2013, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de más de 46 mil millones de pesos5 para el Poder Judicial d la Federación6. El 85% de estos recursos se destinó al Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF)7, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibieron el 10% y el 5%, respectivamente.

Presupuesto del Poder Judicial de la Federación, 2013

Institución Pesos Porcentaje

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4, 664 ,040, 517 10%

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2, 152, 408, 000 5%

Consejo de la Judicatura Federal 39, 663,043,446 85%

Total 46, 479, 491, 963 100% Fuente: PJF, Informe anual de labores 2013

4 El informe completo se encuentra disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Documents/InformeAnual2013.pdf 5 Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Disponible en:

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/03/r03_epr.pdf 6 Constitucionalmente (artículo 94), el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y en los Juzgados de Distrito. 7 El Consejo de la Judicatura Federal es responsable de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

https://www.scjn.gob.mx/Documents/InformeAnual2013.pdf

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2013/temas/tomos/03/r03_epr.pdf


Página 20 de 78

Del total de recursos dispuestos para el funcionamiento del Poder Judicial, las erogaciones por servicios personales representan la proporción más alta de sus egresos. Esta situación es más acentuada en el Consejo de la Judicatura Federal, pues el 82% de todo su presupuesto fue destinado a servicios personales.

Distribución funcional del presupuesto del Poder Judicial de la Federación

Capítulo SCJN CJF TEPJF

Servicios personales 64% 82% 79%

Materiales y suministros 2% 1% 2%

Servicios Generales 17% 10% 15%

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1% 0% 1%

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 9% 3% 1%

Obras Públicas 7% 4% 2% Fuente: Con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza.

El Poder Judicial de la Federación tiene a su disposición el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia8, el cual se integra principalmente por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales federales. Durante 2013 este fondo ascendió a 1 mil 780 millones 742 mil 223 pesos, cuyos intereses generaron recursos por 74. 5 millones de pesos, que fueron destinados a la realización de un Diplomado y dos Seminarios. No obstante, el informe no abunda sobre los resultados o impactos concretos de estas actividades académicas financiadas con recursos del Fondo. 2.1.2 Rezago oficial y rezago real de asuntos En materia de la capacidad de resolución de asuntos, el informe muestra que ingresaron más casos de los que egresaron en todos los juzgados y tribunales federales del país. Esta situación es más pronunciada en la materia administrativa, en la que más 23 mil asuntos que ingresaron en el periodo9, no alcanzaron a ser resueltos y tendrán que ser despachados posteriormente.

Materia Ingresos Egresos Ingresos - egresos

Administrativa 283,543 260,204 23,339

Civil 212,327 212,447 -120

Laboral 209,014 199,750 9,264

Penal 284,589 284,179 410

Total 989,473 956,580 32,893

Fuente: Con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza.

8 Previsto en los artículos 242 a 251 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 9 El periodo estadístico comprende del 16 de noviembre de 2012 y el 15 de noviembre de 2013.


Página 21 de 78

Si se consideran todas las materias, hubo más de 32 mil asuntos que no se alcanzaron a resolver durante el periodo anual. A pesar de ello, esta cifra no se toma en cuenta otra cifra indicada en el mismo informe y que se refiere a los más de 206 mil asuntos que estaban pendientes de resolución desde el inicio del periodo. Ello produjo un rezago real de más de casi 239 mil asuntos que no fueron resueltos en el periodo y que representan el 20% de todos los casos susceptibles de resolución. Asimismo, la cifra de casos no resueltos al final del tercer año de la administración del Ministro Meza es 16% superior al rezago del año previo.

Desahogo de caso en los órganos jurisdiccionales, 2013


2.1.3 Un despacho judicial conservador: propensión de los juzgadores federales a no contradecirse entre ellos

Desde las primeras páginas del informe del Ministro Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal se encuentran palabras de elogio sobre el carácter vanguardista de la Corte y del Poder Judicial de la Federación para promover los derechos humanos al punto de atravesar por “una etapa fundacional de lo que será el futuro de la impartición de justicia en México…”10. Sin embargo, los datos sobre la actividad de los órganos jurisdiccionales, presentados en el informe, reflejan que las y los impartidores de justicia federales difícilmente contradicen las resoluciones de instancias previas y en materia penal, las sentencias condenatorias son el desenlace más frecuente. De acuerdo con los datos presentados por el Ministro Presidente, una vez que los justiciables logran ingresar un amparo directo ante los Tribunales Colegiados, el resultado más probable, es que

10 Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza. Introducción, p. 7.

Asuntos

pendientes

al inicio del

periodo

Asuntos

que

ingresaron

durante el

periodo

Asuntos

resueltos

durante el

periodo

Asuntos que

quedaron

pendientes

al final del

periodo

Asuntos

susceptibles

de resolución

durante el

periodo

206,071 238,964 956,580 989,473 1,195,54

16%


Página 22 de 78

dicho amparo no sea concedido. Así sucedió en 46% de los casos ingresados durante el año estadístico 2013.

Amparos directos, según tipo de resolución

Sentido de la resolución Cantidad Porcentaje

No ampara 91,954 46%

Ampara 71,430 36%

Incompetencia o impedimento 14,979 7%

Desecha o no interpuesta 11,773 6%

Sobresee 10,862 5%

Total 200,998 100% Fuente: Con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza.

Otra de las tareas de los Tribunales Colegiados es la de resolver los amparos en revisión, en este tipo de asuntos, los magistrados no suelen contradecir las resoluciones dictadas por la instancia previa. De cada 10 amparos en revisión tramitados, solamente 2 son revocados; y comúnmente, cuando los magistrados cuando revisan un amparo, confirman la resolución previa, pues así sucede en 6 de cada 10 asuntos de este tipo.

Amparos en revisión, según tipo de resolución

Sentido de la resolución Cantidad Porcentaje

Confirmados 49,674 61%

Revocados 15,285 19%

Desechados 6,679 8%

Modificados 5,956 7%

Incompetencia o impedimento

1,921 2%

Sin materia 1,909 2%

Caducidad 5 0%

Total 81,429 100%


Las apelaciones presentadas ante los Tribunales Unitarios, son primordialmente motivadas por asuntos penales, pues 91% de todos estos recursos presentados durante el periodo, fueron de esta materia. De acuerdo con los datos presentados en el informe, los Magistrados de Tribunales Unitarios también tienden a confirmar resoluciones de la instancia inferior. De todas las apelaciones recibidas en el periodo, en 65% de los casos, se confirmó la resolución y sólo en 13% de los casos, se resolvió respectivamente, modificar o revocar la resolución dictada previamente por otro juzgador.


Página 23 de 78

Apelaciones, según tipo de resolución

Sentido de la resolución

Cantidad Porcentaje

Confirma 27,686 65%

Modifica 5,406 13%

Revoca 5,753 13%

Otros 3,896 9%

Total 42,741 100%


En los juzgados de Distrito, la mayor proporción de la carga de trabajo consiste en resolver amparos indirectos. Estos representan el 86% de todos los asuntos que tuvieron que resolver los jueces federales. Aunque los amparos indirectos acaparan la mayor parte de la carga de trabajo de los jueces federales, sólo hay un 23% de probabilidad de que concedan la protección de la justicia federal, pues esa es la proporción de casos en los que se concedió el amparo indirecto, respecto de un total de 456 mil 761 solicitudes que pasaron por el escritorio de los juzgadores en el periodo. Además de ser el tipo de asunto más común en un juzgado de Distrito, el amparo indirecto se inicia predominantemente por actos reclamados en materia penal: uno de cada tres juicios de amparo indirecto fue iniciado por asuntos penales. Precisamente, uno de los principales atributos de los amparos indirectos es que son capaces de evitar o postergar de diversos actos de autoridad, tales como las órdenes de aprehensión. Sin embargo, del total de 152 mil 562 amparos indirectos en materia penal que fueron resueltos durante el periodo, se concedió el amparo sólo en 15% de los casos. En cambio, el desenlace más frecuente fue el sobreseimiento, que fue la resolución dictada para el 61% de los casos. Esta proporción tan alta puede deberse a que en numerosas ocasiones, los mandamientos judiciales ordenados por la autoridad (como las órdenes de aprehensión) se ejecutan antes de que el juez resuelva conceder o negar el amparo; ante la consumación del acto reclamado, la demanda de amparo queda sin materia y se sobresee.

Amparo indirecto por materia, según tipo de resolución Materia Número

de casos Ampara No

ampara Sobresee Desecha No

interpuesta Incompetencia Otros Total

Administrativa 133,373 26% 12% 31% 12% 12% 4% 2% 100%

Civil 82,942 15% 17% 31% 25% 7% 4% 1% 100%

Laboral 87,884 42% 9% 30% 11% 4% 2% 3% 100%

Penal 152,562 15% 9% 61% 5% 4% 5% 1% 100%

Total 456,761 23% 11% 41% 12% 7% 4% 2% 100%



Página 24 de 78

A diferencia de los amparos penales, aquellos interpuestos en materia laboral tienen un mejor escenario, pues 42% de ellos fueron concedidos a la parte quejosa. En comparación con el resto de las materias, en la materia civil hay una mayor proporción de casos desechados (25%). Los jueces federales además de resolver amparos indirectos, también deben resolver las causas penales. Es decir, determinan la sentencia para quienes enfrentan un proceso penal y a la luz de las cifras presentadas en el informe del Ministro Meza, en las sentencias de primera instancia abundan las condenas y las absoluciones son escasas. Durante el periodo se resolvieron 45 mil 930 causas penales y en 44% de ellas la sentencia fue condenatoria. A su vez, la relación entre condenas y absoluciones puede resultar todavía más llamativa para la opinión pública, y desalentadora para la defensa penal: por cada 10 condenas, hubo solamente una absolución.


Página 25 de 78

Las cifras anteriores revelan las siguientes tendencias en la impartición de la justicia federal en México:

Cinco datos acerca de la impartición de justicia federal

El 85% del presupuesto del Poder Judicial de la Federación se destina al Consejo de la Judicatura Federal y este a su vez, destina 8 de cada 10 pesos puestos a su disposición para el pago de servicios personales.

Los juzgados federales dedican la mayor parte de sus recursos humanos y operativos a la resolución de amparos indirectos, que representan el 86% de todos los asuntos que se tramitan en esa clase de órganos jurisdiccionales.

3 de cada 10 amparos indirectos corresponden a la materia penal, pero ello no significa que se otorgue una proporción importante de amparos de este tipo. En general, es más fácil que un amparo indirecto penal se quede sin materia y se sobresea (61% de probabilidad) a que se conceda (15% de probabilidad).

Más que en cualquier otra materia, los jueces federales resuelven causas penales (56% del total de causas) y cuando lo hacen, abundan las sentencias condenatorias (44% del total de sentencias penales).

Por su parte, los Magistrados de los Tribunales Colegiados resuelven amparos directos, lo más probable (46% de los casos) es que no lo concedan y si se trata de revisar la sentencia de un juez de Distrito o de un Magistrado de Tribunal Unitario, los Magistrados de Tribunales Colegiados suelen confirmar en el 61% de los casos, aquello que ya había determinado en la instancia anterior, lo cual es una buena noticia para los jueces de Distrito y Magistrados de Tribunales Unitarios, pero no necesariamente es un dato alentador para los justiciables.


Página 26 de 78

2.1.4 El despacho de la Corte: más rezago, muchos amparos por resolver y otros tantos por hacer cumplir

Aunque no está señalado en el informe explícitamente, los datos presentados permiten estimar que al término de su tercer año a cargo de la Presidencia de la Suprema Corte, ésta presentó un rezago 18% mayor respecto de aquel registrado al final de 2012.

Desahogo de casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013


La carga de asuntos que ingresan en la Corte procede principalmente en amparos directos en revisión e incidentes de inejecución de sentencias. Durante el periodo reportado, ingresaron la Suprema Corte 6 mil 543 asuntos. Una tercera parte de estos fueron incidentes de inejecución de sentencias y el resto de asuntos (4 mil 775) son en su mayoría, amparos directos en revisión, pues cuatro de cada 10 asuntos resueltos por alguna de las dos Salas de la Corte fueron precisamente, amparos directos en revisión. El contenido del informe no incluye datos acerca de cómo se distribuyó el sentido de las resoluciones dictadas por los Ministros en cada uno de los 1 mil 135 amparos directos en revisión que egresaron. De lo que sí hay noticia es que solamente en la mitad de estos casos los Ministros decidieron resolver el fondo del asunto y que la otra mitad de los asuntos fueron desechados. Paradójicamente, aunque los Ministros y en general, los jueces y magistrados dedican buena parte de su tiempo a resolver amparos y en su caso, a señalar autoridades responsables de violar derechos y garantías de las personas quejosas, el incumplimiento de las sentencias judiciales es otro gran motivo de carga de trabajo para los Ministros de la Corte.

Asuntos

pendientes

al inicio del

periodo

Asuntos

que

ingresaron

durante el

periodo

Asuntos

resueltos

durante el

periodo

Asuntos que

quedaron

pendientes

al final del

periodo

Asuntos

susceptibles

de resolución

durante el

periodo

728 856 4,647 4,775 5,503

18%


Página 27 de 78

Corresponde a la Corte conocer los incidentes de inejecución de sentencias. Estos incidentes provienen de casos en los que una vez que concluyó un juicio de amparo, la autoridad que fue señalada como responsable de violar las garantías o derechos de la parte quejosa, se ha negado a cumplir la resolución del juzgador. Durante el periodo, ingresaron a la Corte 1 mil 768 asuntos de este tipo que involucran a igual número de autoridades que se han negado a obedecer la resolución del juzgador. Esta cantidad representa prácticamente la tercera parte (27%) de todo el movimiento estadístico de la Corte.

2.1.5 El prestigio de cumplir condenas internacionales El informe contiene abundantes expresiones de elogio al trabajo realizado por la Corte para promover los derechos humanos. Los motivos de celebración coinciden –y así se expresa en el informe- con la reciente recepción del Premio de Derechos Humanos de la ONU, entregado el 10 de diciembre pasado al Ministro Silva Meza en Nueva York. También se destaca el papel de la Corte para adaptarse a las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos al punto que la “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a jugar el papel pedagógico que le corresponde por su ubicación constitucional, tratando de extrapolar los resultados de su labor jurisdiccional, a toda la sociedad, a través de una difusión clara y directa de su función”11. El documento presentado por el Ministro Presidente subraya el papel del Alto Tribunal para implementar las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos. No se escatiman alusiones a un conjunto de resoluciones relevantes a favor de grupos en situación de vulnerabilidad y a las acciones tomadas por el Poder Judicial de la Federación para acatar las condenas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano12.

2.1.6 Contrastes en la implementación de las reformas en amparo y derechos humanos

El informe presume la serie de acciones para acelerar la implementación de las reformas constitucionales de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos. El esfuerzo de adaptación a las reformas estuvo centrado en el desarrollo de tecnología, la creación de órganos jurisdiccionales y Plenos de Circuito, así como en la organización de cursos con una amplia cobertura. No obstante estos logros, durante el periodo se presentaron algunas debilidades en los procesos de selección de jueces de Distrito a través de los concursos de oposición. A continuación, se ofrece una síntesis de esos aspectos del informe.

a) Implementación de herramientas tecnológicas para agilizar y transparentar algunos trámites judiciales. Entre ellas, un Sistema de Información Jurídica y un Sistema para el Intercambio Electrónico de Actuaciones entre la SCJN y los demás órganos jurisdiccionales

11 Ibid. 12 Se refiere al caso Radilla, el caso González y otras (“Campo algodonero”), el caso Fernández Ortega y otros, el caso

Rosendo Cantú y otra, y al caso Cabrera García y Montiel Flores.


Página 28 de 78

para la presentación de recursos, promociones y para la consulta de expediente electrónico. Otro más es la plataforma e-Justicia, para integrar y dar seguimiento a expedientes, el registro biométrico de asistencia de personas en libertad provisional y la implementación de una ventana electrónica de trámite de demandas de amparo. Otra herramienta es el Buscador Jurídico de Derechos Humanos 13 elaborado en conjunto con al Corte Interamericana de Derechos Humanos, que contiene jurisprudencia en materia de Derechos Humanos.

b) Creación de 12 órganos jurisdiccionales para hacer un total de 729 órganos federales en todo el país y la implementación de 35 Plenos de Circuito, que son una figura ordenada por la reforma constitucional en materia de amparo de 2011. En los Plenos de Circuito se reúnen, cuando menos una vez al mes, los Magistrados de los Tribunales Colegiados o en su defecto, el presidente de cada Tribunal Colegiado pertenecientes a un mismo circuito judicial. Estos Plenos de Circuito sirven para uniformar las decisiones de los Tribunales Colegiados relativas a contradicciones de tesis dentro de un mismo Circuito14.

c) Realización de actividades de formación y especialización, con un total de 2 mil 472 servidores públicos capacitados por actividades organizadas por la Suprema Corte y otros 11 mil 176, que acudieron a cursos organizadas por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, durante 2013 se manifestaron signos de la vulnerabilidad en los procesos de selección y calificación de los futuros impartidores de justicia. En enero de 2013 diversos medios de comunicación informaron15 que la Suprema Corte tuvo que atender 34 recursos de revisión administrativa interpuestos por igual número de candidatos a Juez de Distrito que participaron en el XVIII Concurso Interno de Oposición. Los inconformes alegaron que algunas de sus respuestas, particularmente sobre amparo, fueron calificadas erróneamente por el jurado evaluador, el cual no estaba al tanto de las tesis más recientes de la Corte en temas de amparo. Hasta el 18 de enero pasado, la Corte había tenido que dar la razón a 23 de los aspirantes inconformes.

En el ámbito de las discusiones sobre la protección de los derechos humanos, uno de los aspectos más polémicos de la reforma penal de 2008 es el relativo a las medidas cautelares previstas en el artículo 16 constitucional16. El texto constitucional prevé la creación de jueces especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Al cierre del año estadístico 2013, estos jueces especializados recibieron 4 mil 192 solicitudes, el 60% de las cuales se refería a peticiones de

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buscador Jurídico de Derechos Humanos. Disponible en:

http://www.bjdh.org.mx/BJDH/ 14 Los Circuitos judiciales son fracciones geográficas en las que se encuentra dividido el territorio nacional y que sirven

para distribuir la jurisdicción de los juzgadores federales. Actualmente hay 32 circuitos y corresponden al territorio de uno o más entidades federativas. 15 Barajas, Abel, “Reprueban exámenes para jueces” en Reforma, 18 de enero de 2013. Disponible en:

http://www.reforma.com/edicionimpresa/paginas/20140118/pdfs/rNAC20140118-002.pdf 16 Particularmente, el arraigo, los cateos y la intervención de comunicaciones.

http://www.bjdh.org.mx/BJDH/

http://www.reforma.com/edicionimpresa/paginas/20140118/pdfs/rNAC20140118-002.pdf


Página 29 de 78

arraigo. Cabe señalar que el arraigo es una de las figuras más problematizadas por expertos y agrupaciones civiles. Pese al tono vanguardista para la protección de los derechos humanos presente en el conjunto del informe, tanto en este documento, como en su anexo estadístico17 hay falta de información sobre la cantidad o proporción de ocasiones en las que los jueces especializados deciden autorizar o negar al Ministerio Público la ejecución de estas medidas cautelares. En ausencia de esta información, no es posible tener una idea completa acerca de qué tanto los jueces favorecen o no, la ejecución del arraigo.

2.1.7 La defensa pública: un esfuerzo descomunal y comúnmente ignorado El informe da cuenta de la actividad de los 786 defensores y defensoras públicas federales. Las cifras detalladas acerca de la actividad y carga de trabajo de los integrantes del Instituto Federal de la Defensoría Pública no se encuentran en el informe del Ministro Presidente, sino en el informe particular18 que este Instituto le rindió a mediados de 2013 y que corresponde al periodo entre junio de 2012 a mayo de 2013. En este documento se observa que cada uno de los defensores públicos federales debe hacer frente a una cantidad inusitada de casos. Durante un año, un mismo defensor federal debió atender 109 casos de primera instancia en juzgados de Distrito. De manera semejante, cada uno de los defensores adscritos a unidades del Ministerio Público Federal se hizo cargo, en promedio, de 201 casos; en tanto que cada uno de los defensores en los Tribunales Unitarios asumió 271 defensas de segunda instancia. Sin embargo, el promedio más abrumador se presentó entre los tres defensores adscritos, respectivamente, a los juzgados de Distrito de Ejecución de Sentencias. Allí cada uno de los tres únicos defensores de este tipo que hay en el país, se hizo cargo de la defensa de 1 mil 908 personas que ya están sentenciadas, pero que buscan acogerse a la modificación de la pena en virtud de su proceso de reinserción social.

17 Dirección General de Estadística Judicial. Anexo Estadístico 13. Disponible en:

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/2013EstIntro/intro_2013.pdf 18 Instituto Federal de la Defensoría Pública, Informe anual de labores 2012-2013, junio de 2013. Disponible en:

http://www.ifdp.cjf.gob.mx/informe/InformeAnual2012-2013.pdf

https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/2013EstIntro/intro_2013.pdf

http://www.ifdp.cjf.gob.mx/informe/InformeAnual2012-2013.pdf


Página 30 de 78

Distribución de casos por defensor público federal, según tipo de adscripción

Adscripción de los defensores públicos

federales

Número de defensores

Personas defendidas

por cada defensor

Promedio de personas

defendidas por cada defensor

al año

Promedio de personas

defendidas por cada defensor al

mes

Unidades investigadoras del Ministerio Público de la Federación

245 49,351 201 17

Juzgados de Distrito que conocen procesos penales federales

368 40,117 109 9

Juzgados de Distrito de Ejecución de Penas

3 5,723 1,908 159

Tribunales Unitarios que conocen de recursos en procesos penales federales

160 43,419 271 23

Delegaciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública

7 Sin

información Sin información

Sin información

Sede central 3

Sin información

Sin información Sin

información Fuente: Con información del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Informe de Labores 2012-2013.

Los datos de la anterior tabla muestran un serio desafío para el Consejo de la Judicatura Federal y para el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Actualmente la ley19 prevé que por cada Tribunal Unitario o Juzgado de Distrito que conozcan de asuntos penales, debe existir cuando menos un Defensor Público Federal. Este criterio se sigue escrupulosamente, pero no se atiende a la desproporción alarmante entre defendidos y defensores disponibles. El Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene implementado una regla de cálculo para dimensionar qué tan efectivos resultan los servicios de los defensores públicos. Se considera el total de acciones de defensa realizadas en las principales etapas del proceso penal y se divide entre el número de desenlaces favorables para la persona defendida. Los resultados de este cálculo muestran que la etapa en la que un justiciable tiene mayores oportunidades de salir bien librado de un proceso penal federal gracias a la defensa pública es durante la averiguación previa, pues 45% de quienes recibieron la asistencia legal en esta fase, lograron obtener un auto de no ejercicio de la acción penal. Durante el proceso penal, la probabilidad de un resultado favorable con la intervención de la defensa pública es de 26%, pero la segunda instancia es el escenario menos prometedor para el

19 Artículo 24 de la Ley Federal de Defensoría Pública.


Página 31 de 78

procesado. Solamente en 11% de los casos atendidos por la defensa pública se logró que el Magistrado del Tribunal Unitario decidiera no confirmar la resolución dictada por la instancia previa.

Efectividad de la defensoría pública federal, 2013

Averiguación previa

Defensas 43,647

Autos de no ejercicio de la acción penal obtenidos 19,501

% de efectividad 45%

Proceso penal

Defensas 29,327

Autos de: libertad, de no sujeción a proceso, de sobreseimiento o de sentencia absolutoria

7,562

% de efectividad 26%

Segunda instancia

Resoluciones 26,887

Resoluciones distintas a la confirmación 2,990

% de efectividad* 11%

Fuente: Con información del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Informe de Labores 2012-2013 *Estimación propia que sólo se toma en cuenta la cantidad de resoluciones del Tribunal Unitario que no confirmaron la resolución de la primera instancia. Si se toma en cuenta únicamente la cantidad de resoluciones favorables (2,444) respecto del total de resoluciones emitidas por el Tribunal, el porcentaje de efectividad es 9%.

2.1.8 Equidad de género en perspectiva judicial: más mujeres, pero en puestos operativos Prácticamente, 6 de cada 10 personas que trabajan al servicio del Poder Judicial de la Federación son mujeres, pero en el universo de quienes imparten la justicia federal (Jueces de Distrito y Magistrado de Circuito), solamente 2 de cada 10 titulares de órganos jurisdiccionales son mujeres.

Distribución del personal en el Poder Judicial de la Federación, según sexo

Total Hombres

% Mujeres

%

Personal del Poder Judicial de la Federación 40,517 49% 51%

Jueces y juezas de Distrito 394 77% 23%

Magistrados (as) en Tribunales Unitarios de Circuito 95 82% 18%

Magistrados (as) en Tribunales Colegiados de Circuito 717 81% 19%

Fuente: Con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza y del Anexo Estadístico 2013.

En los puestos de máxima decisión al interior del Poder Judicial de la Federación se hace más evidente la escasa presencia de mujeres.


Página 32 de 78

En el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal debe estar integrado por siete elementos y aunque hay una posición vacante, actualmente hay seis hombres y ninguna mujer. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente hay una Magistrada electoral que forma parte de la Sala Superior y en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la participación de las mujeres está representada únicamente con dos Ministras.

Composición por género de los órganos colegiados de máxima autoridad en el Poder Judicial de la Federación

Integrantes Hombres Mujeres

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

11 9 2

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

7 6 1

Pleno del Consejo de la Judicatura de la Federación

7* 6 0

Fuentes: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. *El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se integra por siete elementos. Actualmente hay una vacante.

2.1.9 Las sanciones se imponen especialmente por razones administrativas Comparativamente con el total de su personal20, el Poder Judicial sanciona a un número muy reducido de sus integrantes y cuando lo hace, es por el incumplimiento de reglas administrativas como el pago indebido a prestadores de servicios, incumplimiento en la presentación de declaración patrimonial o por el extravío de material bibliohemerográfico, entre otras razones 21 . Aun así, durante 2013 se aplicó una sanción administrativa por cada 126 trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, las sanciones aplicadas por motivos estrictamente ligados a la impartición de justicia son un fenómeno infrecuente. Durante el año estadístico 2013, el Consejo de la Judicatura Federal aplicó 274 sanciones por responsabilidad administrativa a su personal, esta cifra es 23% menor a la cantidad de sanciones que impuso durante 2012. Por su parte, la Suprema Corte impuso 42 sanciones administrativas a miembros de su personal, cifra que es 26% menor a lo registrado el año previo.

20 El informe reporta que el Poder Judicial de la Federación está integrado por 40 mil 517 personas. 21 Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza, Transparencia y rendición de cuentas, p. 102.


Página 33 de 78

Sanciones impuestas por las Contralorías a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación

Tipo de sanción Suprema Corte Consejo de la Judicatura

Tribunal Electoral

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Inhabilitación 2 1 6 2 s/d 2

Destitución del puesto s/d 1 s/d 3 s/d 0

Suspensión 6 4 26 35 s/d 0

Sanción económica 2 8 1 0 s/d 0

Amonestación pública 9 1 27 49 s/d 0

Amonestación privada 16 12 7 1 s/d 0

Apercibimiento público 4 0 8 6 s/d 0

Apercibimiento privado 18 15 280 178 s/d 3

Total 57 42 355 274 s/d 5 Fuente: Informe anual de labores 2012 y 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza.

Para dimensionar mejor la cantidad de sanciones que el Poder Judicial de la Federación impuso a algunos de sus miembros durante 2013, se pueden cotejar estas cifras con el total de servidores públicos, según la institución a la que pertenecen. Este ejercicio permite notar que en la Suprema Corte se aplicó una sanción por cada 76 trabajadores; en el Consejo de la Judicatura Federal22 hubo una sanción administrativa por cada 131 servidores públicos y en el Tribunal Electoral del PJF se aplicó una sanción por cada 284 trabajadores de la institución.

Relación entre sanciones administrativas aplicadas y número de servidores públicos, 2013

Institución Servidores

públicos

Sanciones administrativas

aplicadas

Número de servidores

públicos por cada sanción

administrativa

Suprema Corte de Justicia de la Nación 3,190 42 76

Consejo de la Judicatura Federal 35,907 274 131

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

1,420 5 284

Total 40,571 321 126

Fuente: Estimaciones propias con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza

Además de las sanciones aplicadas por cuestiones administrativas, el informe da cuenta de los procedimientos disciplinarios derivados de acciones u omisiones contrarias al adecuado desempeño de las funciones sustantivas del personal que labora en órganos jurisdiccionales. La Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tramitó 1 mil 452 asuntos disciplinarios, pero solamente 60 de ellos condujeron a que el Pleno del CJF decidiera la

22 Se incluye además del personal adscrito a juzgados y tribunales, aquel que labora en áreas administrativas, jurídico-

administrativas y en órganos auxiliares.


Página 34 de 78

imposición de sanciones a funcionaros adscritos a juzgados y tribunales y 5 más, para personal de otras áreas del CFJ. Esto significa que solamente el 4% de todos los asuntos disciplinarios iniciados produjeron posteriormente alguna sanción. Si se considera el número de sanciones ordenadas por el Pleno del CJF a personal que labora en los órganos jurisdiccionales, resulta que se aplicó una sanción por cada 490 servidores públicos.

Servidores

públicos Sanciones aplicadas

Número de servidores públicos por cada sanción aplicada

Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito

29,381 60 490

Fuente: Estimaciones propias con información del Informe anual de labores 2013 del Ministro Juan N. Silva Meza.

Los datos sugieren que el Pleno del CJF es cauteloso en la imposición de las sanciones. La sanción más frecuente (22 casos) que aplicó durante el periodo fue el apercibimiento privado. Esta sanción se encuentra ubicada en el punto de menor severidad dentro de la escala de sanciones. En el otro extremo, se encuentran la destitución como sanción máxima, seguida de la inhabilitación. Durante el periodo, solamente seis personas se hicieron acreedoras a la destitución y cuatro de ellas tenían un puesto de alta responsabilidad (2 jueces, 1 secretario de juzgado, 1 secretario de tribunal). Las demás sanciones que fueron aplicadas fueron de menor importancia23 o aplicadas a personal de menor rango24.

Conclusiones: Los desafíos estructurales del Poder Judicial de la Federación El informe rendido por el Ministro Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal permite observar algunos desafíos relevantes. A pesar del entusiasmo y reconocimiento asociados a la recepción del Premio de Derechos de la ONU, en el ámbito del despacho cotidiano de jueces y magistrados, hay indicios de un estilo conservador para impartir justicia: los amparos se niegan con frecuencia, especialmente en materia penal y una cantidad aún mayor se sobresee; el informe no incluye datos adicionales que permitan esclarecer este fenómeno. La importante función social que presta la defensoría pública federal parece rebasada por la desmesurada cantidad de casos que deben atender los defensores adscritos, especialmente a los juzgados de ejecución de sentencias. Aunque de reciente creación, esta figura promete la posibilidad de acompañar procesos reales de reintegración social y resulta sorprendente la carga de trabajo que enfrentan cotidianamente los defensores encargados de estos casos.

23 Amonestaciones y percibimientos, tanto públicos como privados. 24 Fueron destituidos también un oficial administrativo, un actuario judicial, una niñera y un coordinador técnico.


Página 35 de 78

La equidad de género es una meta lejos de ser cumplida, al menos por lo que respecta a la promoción de mujeres como titulares de órganos jurisdiccionales y como integrantes de los cuerpos colegiados de máxima autoridad en el Poder Judicial de la Federación. En términos de incentivos para el personal, el Poder Judicial de la Federación hace una gran inversión para garantizar condiciones salariales dignas y para el desarrollo de iniciativas de capacitación. En la misma lógica de proveer incentivos adecuados al personal, valdría la pena explorar las condiciones institucionales asociadas al reducido número de sanciones que el Poder Judicial aplica a sus integrantes.

2.2 Siguen ausentes las mujeres en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal El pasado 17 de febrero de 2014 fue designado, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Magistrado José Guadalupe Tafoya Hernández como nuevo Consejero de la Judicatura Federal, cargo que ocupará hasta el 23 de febrero de 2019. El nuevo Consejero sustituye en el cargo a Juan Carlos Cruz Razo. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se encarga de la administración, vigilancia y disciplina de los juzgados y tribunales Federales del país. Se integra por siete consejeros25, uno de ellos es el presidente de la SCJN, quien preside también el CJF, tres consejeros designados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuando menos 8 votos. Dos consejeros designados por el Senado de la Republica y un consejero designado por el Ejecutivo Federal. Cada consejero dura 5 años en el cargo, con excepción del presidente del Consejo, pues al ser simultáneamente Presidente de la SCJN, su periodo de funciones difiere del resto de los consejeros. De una lista de 45 aspirantes26 para sustituir a Juan Carlos Cruz Razo, y que cumplieron con los requisitos para pasar a una segunda etapa, 10 candidatos fueron los finalistas para formar parte de la terna que fue votada por el Pleno de la SCJN. Esa terna estuvo compuesta por tres magistrados de Circuito: Norma Lucía Piña Hernández, Rosa María Temblador Vidrio y José Guadalupe Tafoya Hernández. Con ocho votos a favor, el Magistrado Tafoya resultó vencedor en la terna final. En la votación previa sólo había conseguido siete votos, mientras que la Magistrada Norma Lucía Piña obtuvo tres. Con esta nueva designación, el Pleno del Consejo sigue integrado exclusivamente por hombres. La última ocasión en que hubo participación femenina en este órgano colegiado fue en 2009, año en el que terminaron su encargo como Consejeras, María Teresa Herrera Tello y Elvia Rosa Díaz de León D´Hers.

25 Artículo 100 constitucional. 26 La lista fue publicada el 31 de enero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Disponible en:




Página 36 de 78

El nuevo Consejero José Guadalupe Tafoya es Magistrado de Circuito desde 1999 y se venía desempeñando como Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Su designación es indicativa de que el Pleno de la SCJN ha privilegiado la experiencia reciente dentro de la propia administración del Consejo. En cambio, las dos Magistradas de la terna que no fueron seleccionadas se desempeñan como impartidoras de la justicia federal en sendos tribunales Colegiados. A pesar de esta nueva designación, permanece una vacante en el Pleno del CJF. En diciembre de 2012 terminó el periodo del entonces Consejero Jorge Efraín Moreno Collado y corresponde al Senado hacer esa designación, sin embargo no lo ha hecho. Además de ello, en marzo próximo concluirá el periodo del Consejero César Jáuregui, cuya vacante deberá ser cubierta también por alguna designación de la Cámara Alta. La próxima ocasión en que el Alto Tribunal seleccionará un nuevo integrante para el Pleno del CJF será en noviembre de 2014, cuando finalice el periodo del Consejero César Esquinca.

Consejero Designación Periodo en el cargo

Juan N. Silva Meza Es presidente de la Suprema Corte de Justicia y por tanto preside el Consejo de la Judicatura

3 de enero de 2011 hasta 31 de diciembre de 2014

Daniel F. Cabeza de Vaca Hernández

Ejecutivo Federal 26 de noviembre de 2009 al 25 de noviembre de 2014

Manuel Ernesto Saloma Vera


1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2016

César Esquinca Muñoa


26 de noviembre de 2009 al 25 de noviembre de 2014

José Guadalupe Tafoya Hernández


24 de febrero a 23 de febrero de 2019

César A. Jáuregui Robles

Senado de la República 11 de marzo de 2009 al 10 de marzo de 2014

Vacante Senado de la República Vacante desde diciembre de 2012 Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo de la Judicatura Federal.

2.3 La SEGOB duplica el monto del subsidio para la implementación de la Reforma Penal Cada vez está más cerca el plazo para implementar el modelo acusatorio de justicia penal estipulado en la reforma constitucional de 2008. De acuerdo con esta reforma, todas las entidades federativas habrán concluido el proceso de implementación en junio de 2016. A 52 meses de que concluya el plazo constitucional, este año el Gobierno de la República entregará el doble de los recursos entregados en 2013 a los estados y al Distrito Federal para


Página 37 de 78

acelerar la implementación del modelo acusatorio de justicia penal. Esta regla de asignación recompensa por igual a las 32 entidades federativas, independientemente de la calidad y oportunidad del gasto que cada una de ellas observó durante 2013. El pasado 15 de enero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal de las entidades federativas para el ejercicio fiscal 201427. Este Acuerdo tiene como objetivo general “establecer las bases y requisitos para destinar a las entidades federativas el subsidio, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos que, en su caso, se aprueben a las entidades federativas…”. El monto del subsidio aprobado para este año y que se repartirá entre las entidades federativas fue de 917 millones 887 mil 680 pesos. Esta cantidad representa exactamente el doble de lo aprobado y asignado en el año fiscal 2013, es decir, cada entidad federativa recibió un incremento del 100% en el subsidio. Este acuerdo informa simplemente que se conservaron los mismos criterios de asignación usados en 2013 (población, incidencia delictiva y grado de avance en la implementación), pero duplicados.

“…los criterios de distribución del subsidio utilizados en el año 2013, de población, incidencia delictiva, necesidades de subsidio por nivel de avance de la implementación del sistema de justicia penal y el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), como criterio referente, no han cambiado sustancialmente, así como que en el PEF de 2014 se otorgó un aumento del doble comparado con el PEF para el ejercicio fiscal 2013.”

En el mismo instrumento se argumenta que la determinación de estos montos responde a los tres principios rectores de la Administración Pública Federal: 1) equidad, 2) transparencia y 3) eficiencia presupuestal. Sin embargo, incrementar el 100% a todas las entidades federativas no es tratarlas con equidad, sino con igualdad. Si el desempeño hubiera sido homogéneo y positivo, no representaría ningún problema duplicar o triplicar el monto del subsidio. Sin embargo, tal como se reconoce en el Acuerdo 2014 “…la mayoría de las entidades federativas ejercieron los recursos procedentes del subsidio SETEC en su totalidad”. El acuerdo referido no indica cuántas ni cuáles fueron las entidades que integran esa mayoría, ni cuáles ni cuántas fueron incapaces de ejercer adecuadamente todos los recursos asignados. En consecuencia, la duplicación de los recursos recompensa incluso a aquellas entidades que no ejercieron a cabalidad los recursos asignados el año anterior. A continuación, se describe el monto de los recursos que podrán recibir en 2014 las entidades federativas para acelerar el proceso de implementación de la reforma penal. 27 El documento íntegro se puede consultar en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329663&fecha=15/01/2014



Página 38 de 78

# Entidad federativa Etapa Grado de avance Subsidio 2014 Distribución 2014 %

1 Colima

Planeación

Intermedio 14,969,258 1.6

2 Nayarit

Avanzado

13,352,788 1.5

3 Jalisco 29,256,698 3.2

4 Guerrero 27,790,166 3

# Entidad federativa Etapa Grado de avance Subsidio 2014 Distribución 2014 %

5 Hidalgo 21,667,412 2.4

6 Aguascalientes

Entrada en vigencia

Inicial 12,893,950 1.4

7 Querétaro

Intermedio

18,463,050 2

8 Quintana Roo 17,221,988 1.9

9 Baja California Sur 13,205,922 1.4

10 Tlaxcala 18,637,392 2

11 Sonora

Avanzado

23,653,170 2.6

12 Campeche 20,864,778 2.3

13 Distrito Federal 44,069,758 4.8

14 Michoacán 27,684,776 3

15 Sinaloa 20,885,680 2.3

16 San Luis Potosí 26,918,666 2.9

17 Veracruz

Operación parcial

Intermedio

31,297,382 3.4

18 Tabasco 28,472,456 3.1

19 Zacatecas 28,545,534 3.1

20 Chiapas 31,113,832 3.4

21 Coahuila

Avanzado

25,113,484 2.7

22 Tamaulipas 26,514,056 2.9

23 Puebla 39,791,778 4.3

24 Oaxaca 36,483,574 4

25 Guanajuato 40,422,264 4.4

26 Durango 32,479,608 3.5

27 Yucatán 32,755,628 3.6

28 Baja California 41,617,638 4.5

29 Nuevo León 34,912,796 3.8

30 Estado de México

Operación Total

Intermedio 64,804,742 7.1

31 Morelos Avanzado

33,391,206 3.6

32 Chihuahua 38,636,250 4.2

Total 917,887,680 100

Fuente: Elaboración propia con información de la Metodología para la clasificación y estratificación de las entidades federativas 2013 de SETEC28 y el Acuerdo 2014.

28 El documento completo se puede consultar en: http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Metodologia_para_Clasificacion_y_Estratificacion_de_Entidades_Federativas

http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Metodologia_para_Clasificacion_y_Estratificacion_de_Entidades_Federativas


Página 39 de 78

Es una buena noticia que se hayan destinado más recursos para acelarar el proceso de implementación de sistema acusatorio de justicia penal. El mandato constitucional establece que el 18 de junio de 2016 deberá estar en plena operación. En este sentido, el Gobierno de la República apuesta a una mayor entrega de recursos como un medio para subsanar los rezagos existentes en la implementación de la reforma penal. Para acelerar el proceso, no estaría de más revisar la fórmula de distribución, pues con la actual, el resultado puede ser inequitativo. Por ejemplo, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas reciben prácticamente la misma cantidad y se encuentran en distintas etapas, planeación, entrada en vigencia y operación parcial, respectivamente.

2.4 Instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La Comisión Ejecutiva inicia trabajos con una clara agenda de pendientes

En el transcurso del mes de enero de 2014 se avanzó en el establecimiento del entramado institucional que permitirá la plena operación de la Ley General de Víctimas29. El 8 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas30. Una semana después, el día 15 de enero, se instaló formalmente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Este decreto llega cuatro meses después de haberse nombrado a los integrantes la Comisión Ejecutiva, pero finalmente ya se cuenta con un Sistema Nacional formalmente instalado. Sin embargo, aún persiste una serie de pendientes. Al Ejecutivo Federal le corresponde publicar el Reglamento de la Ley General de Víctimas, cuyo plazo venció el pasado 9 de agosto de 2013. Por su parte, a la Comisión Ejecutiva que se estrena en funciones, le quedan los siguientes pendientes:

La creación del Registro Nacional de Víctimas.

La emisión de las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

La definición de las medidas de asesoría jurídica.

A continuación se explica el funcionamiento del Sistema de Atención a Víctimas, de sus instancias operadora y se esboza la ruta a seguir para la plena operación de este mecanismo de coordinación, diseño e implementación de políticas públicas.

29 La Ley se publicó el 9 de enero de 2013 y el 19 de febrero los grupos parlamentarios del PT, PVEM, PRD y PRI del

Senado de la República presentaron una iniciativa para realizar más de cien reformas a diversos artículos de dicha norma jurídica. El 3 de mayo de 2013 se publicaron en el DOF y entraron en vigor las modificaciones aprobadas. La Ley General de Victimas vigente se puede consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf 30 El documento íntegro se puede consultar en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV.pdf



Página 40 de 78

2.4.1 El Sistema Nacional de Atención a Víctimas

El artículo 79 de la Ley General de Víctimas establece que el Sistema “…será la instancia de coordinación y formulación de políticas públicas y tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos, local, federal y municipal”. De acuerdo con el artículo 82 de dicha Ley “El Sistema…estará integrado por las instituciones, entidades, organismos y demás participantes, aquí enumerados, incluyendo en su caso a las instituciones homólogas en los ámbitos estatal y municipal”. En términos prácticos, por las instituciones de la siguiente tabla:

Integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas

Poder Ejecutivo El Presidente de la República El Presidente de la Comisión de Justicia de la Conferencia Nacional

de Gobernadores (CONAGO) El Secretario de Gobernación (SEGOB)

Poder Legislativo El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores Un integrante del Poder Legislativo de los estados y de la Asamblea

Legislativa del Distrito Federal

Poder Judicial El Presidente del Consejo de la Judicatura Federal

Organismos Públicos El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Un Representante de organismos públicos de protección de los

derechos humanos de los estados y del Distrito Federal

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y un representante de Comisiones Ejecutivas locales.

De acuerdo con el artículo 83 “Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley”. La primera reunión en Pleno, que significó la instalación formal del Sistema, se llevó a cabo el pasado 15 de enero. En ausencia del Reglamento de la Ley General de Víctimas (el cual no se ha aprobado, ni publicado), el trabajo en comisiones no puede comenzar. En su intervención, durante la sesión de instalación, el Titular de la SEGOB, afirmó que “se cuenta ya con un proyecto de reglamento de la Ley General, que contiene aportaciones de la sociedad civil y que fue sometido a la opinión de los integrantes de la Comisión Ejecutiva, tal como se mandata”31.

31 Presidencia de la República, 2014. “Diversas intervenciones durante la instalación del Sistema Nacional de Víctimas

que tuvo lugar en el salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial”. 15 de enero. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-del-sistema-nacional-de-atencion-a-victimas-que-tuvo-lugar-en-el-salon-manuel-avila-camacho-de-la-residencia-oficial/

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-del-sistema-nacional-de-atencion-a-victimas-que-tuvo-lugar-en-el-salon-manuel-avila-camacho-de-la-residencia-oficial/

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/diversas-intervenciones-durante-la-instalacion-del-sistema-nacional-de-atencion-a-victimas-que-tuvo-lugar-en-el-salon-manuel-avila-camacho-de-la-residencia-oficial/


Página 41 de 78

Ahora bien, lo que mandata la Ley32 es que “El Reglamento de la presente Ley deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor”. Considerando que el Primero Transitorio estipula que la Ley entrará en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el plazo para la expedición del Reglamento venció el 9 de agosto de 2013. Incluso, si se tomara en cuenta la fecha de publicación de las últimas reformas de la Ley33, el plazo venció en noviembre del año pasado. Más allá del retraso, ya fue instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y ha quedado integrada la Comisión Ejecutiva, pero aún no hay un Reglamento que haga operativa la aplicación de la Ley. Es previsible que para la siguiente reunión en Pleno del Sistema, que deberá realizarse a más tardar el 15 de julio, ya se cuente con un Reglamento vigente.

2.4.2 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas De acuerdo con el artículo 84 de la Ley “La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contará con personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva”. El pasado 10 de octubre de 2013 tomaron protesta los siete miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al respecto, el artículo 85 de la Ley establece que “En su conformación, el Ejecutivo y el Senado garantizarán la representación de las diversas regiones geográficas del país, así como de las diversas especializaciones sobre hechos victimizantes”. Sin embargo, como se aprecia en la siguiente tabla, seis de siete integrantes provienen del Distrito Federal y 5 del sector académico.

32 Artículo tercero transitorio de la Ley General de Víctimas. 33 Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013.


Página 42 de 78

Miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas electos por el Pleno del Senado

Comisionado Duración en el

cargo Perfil Experiencia Procedencia

Adrián Franco Zevada 5 años Académico Ex coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR

Distrito Federal

Susana Thalía Pedroza de la Llave

5 años Académico Ex segunda visitadora general de la CNDH Distrito

Federal

Julio Hernández Barros 5 años Sociedad civil

Abogado del Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad

Distrito Federal

Sergio Jaime Rochín del Rincón

3 años Académico Investigador de la UNAM y ex funcionario de la SEGOB

Distrito Federal

Carlos Ríos Espinosa 3 años Académico Ex visitador adjunto de la CNDH y secretario de Investigación del Instituto de la Judicatura Federal

Distrito Federal

María del Rosario Torres Mata

1 año Sociedad civil

Presidenta de la Asociación de fe y esperanza para víctimas del delito Christian A.C.

San Luis Potosí

María Olga Noriega Sáenz

1 año Académico Investigadora del INACIPE Distrito

Federal

Fuente: Elaboración propia con información del Senado de la República.

En la conformación de la Comisión Ejecutiva se aprecia que la mayor parte de los integrantes provienen del sector académico y del Centro del país. El activismo que han emprendido familiares de las víctimas en los estados sólo se reflejó en un lugar que durará 12 meses en la Comisión. No obstante lo cual, la Ley establece lo siguiente:

“En la ejecución de las funciones, acciones, planes y programas previstos en esta Ley, la Comisión Ejecutiva garantizará la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones”34

La Comisión Ejecutiva trabajará con base en una serie de Comités especializados. Al respecto, el artículo 93 de la Ley General de Víctimas establece que “A fin de lograr una especialización, atención integral y coordinada en temas que requieran ser tratados en todo el país, la Comisión Ejecutiva contará, con los siguientes comités, cuyas atribuciones serán determinadas en el Reglamento de esta Ley:”.

I. Comité de violencia familiar II. Comité de violencia sexual

34 Párrafo segundo del artículo 84 de la Ley General de Víctimas.


Página 43 de 78

III. Comité de trata y tráfico de personas IV. Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas V. Comité de personas víctimas de homicidio VI. Comité de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes VII. Comité de detención arbitraria VIII. Comité interdisciplinario evaluador, y

IX. Comité de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una vez más, la falta del Reglamento de la Ley General de Víctimas obstaculiza el óptimo funcionamiento de la Comisión Ejecutiva. La ausencia de Reglamento es sólo un aspecto de las dificultades de diseño que ha enfrentado la Comisión Ejecutiva. En sentido estricto, durante dos meses hubo Comisionados sin Comisión, ya que fue hasta el 8 de enero de 2014 que se publicó en el DOF el Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De esta manera, las atribuciones y funciones de ProVíctima se distribuyeron entre la Comisión Ejecutiva y la Procuraduría General de la República. Tal como se estableció en el Quinto Transitorio del Decreto:

“El personal adscrito a la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas o No Localizadas a que se refiere el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2012, será transferido a la Procuraduría General de la República, para fortalecer la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, establecida en el Acuerdo A/066/13, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2013, en términos de las disposiciones aplicables”35.

Al menos, previo a la instalación del Sistema Nacional, se resolvió un problema de empalme de atribuciones y funciones entre la Comisión Ejecutiva y ProVíctima. Persiste un potencial problema de coordinación interinstitucional entre la Comisión y la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, creada recientemente “para servir como enlace de la Comisión Ejecutiva con las dependencias de la Administración Pública, gobiernos estatales y sociedad civil”36. Sin duda, representa una oportunidad para acelerar procesos entre la Comisión y las instituciones adscritas al Ejecutivo Federal, pero también representa el riesgo de que esta Dirección General se convierta en una instancia que filtre o condicione el flujo de información, planificación e incidencia de la Comisión sobre las dependencias federales en materia de atención a las víctimas del delito.

35 Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2014. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329188&fecha=08/01/2014 36 Secretaría de Gobernación, 1er. Informe de Labores 2012-2013. Disponible en:

http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/POT/fraccionXV/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf


http://www.gobernacion.gob.mx/archivos/POT/fraccionXV/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf


Página 44 de 78

2.4.3 La ruta a seguir para la plena operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas A partir de ahora, la labor sustantiva de la Comisión Ejecutiva deberá enfocarse primordialmente en cumplir con las siguientes asignaturas:

La creación del Registro Nacional de Víctimas. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley “es la unidad administrativa encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal”. Se trata del mecanismo necesario para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral.

Integración del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La Ley establece que el Fondo se integrará con recursos aprobados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y será del 0.014% del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de otras fuentes como enajenación de bienes, fianzas o garantías, etcétera37. Para acceder a este fondo las víctimas deberán estar inscritas en el Registro Nacional, por ello son complementarias ambas asignaturas pendientes. El sentido de urgencia del Reglamento es mayor en este punto, ya que en dicha normatividad se especificarán los requisitos para que las víctimas puedan ser beneficiarias del Fondo.

Creación de la Asesoría Jurídica Federal. De acuerdo con la Ley38, es el área encargada de

brindar información y asistencia sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo, a los que tienen derecho las personas en su condición de víctimas. Estará integrada por asesores jurídicos, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas. Contará con una Junta Directiva, un Director General y las unidades administrativas que se determinen en las normas reglamentarias aplicables.

Paralelamente, la Comisión Ejecutiva deberá encargarse de culminar con las asignaturas jurídico-administrativas pendientes. La publicación del Reglamento no depende de la Comisión Ejecutiva, pero sí la emisión del Estatuto Orgánico y el resto de las disposiciones administrativas de organización y funcionamiento interno del organismo descentralizado. De acuerdo con el Sexto Transitorio del Decreto por el que se transforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el plazo es de 90 días a partir de la entrada en vigor del Decreto. Además, falta que las entidades federativas y las dependencias de la Administración Pública Federal contempladas en la Ley General de Víctimas armonicen sus leyes y reglamentos. Para esta labor el

37 Para una explicación más detallada revisar el texto del artículo 132 de la Ley General de Víctimas. 38 Artículos 165 y 166 de la Ley General de Víctimas.


Página 45 de 78

plazo ya venció, pues era de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley. Más allá del cumplimiento en tiempo, lo relevante será logar una alineación de la normatividad jurídica que facilite la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo, el acceso de las víctimas a condiciones plenas de justicia.

2.5 La Estrategia Nacional Antisecuestro Independientemente de la cifra negra, el máximo histórico de secuestros registrados durante 2013 forma parte del contexto en que el Ejecutivo Federal instruyó en diciembre pasado39, el desarrollo de una estrategia para inhibir este delito. La instrucción girada al Secretario de Gobernación en aquella ocasión se ha materializado en una Estrategia Nacional Antisecuestro. La instrucción del Presidente de México al Secretario de Gobernación hizo eco también en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El 17 de enero de 2014 se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Por unanimidad de sus integrantes se tomaron los siguientes acuerdos.

“…encomendar a la Secretaría de Gobernación la coordinación y seguimiento de las acciones necesarias para prevenir, sancionar y abatir el delito de secuestro, a través de la figura de la Coordinación Nacional Antisecuestro” (ACUERDO 02/CPPDPC/CNSP/SE-01/2014).

“…la creación de un Comité Especial de Seguimiento y Evaluación…integrado por

representantes de: la Secretaría de Gobernación (Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Comisionado Nacional de Seguridad); la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Secretaría de Marina (SEMAR); la Procuraduría General de la República (PGR); un representante de las entidades federativas designado por la CONAGO; cuatro representantes de la Sociedad Civil; y de la Coordinación Nacional Antisecuestro, quien coordinará el Comité” (ACUERDO 03/CPPDPC/CNSP/SE-01/2014).

Los acuerdos40 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2014. Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación presentó la Estrategia Nacional Antisecuestro, designó al Titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro41 y a los representantes de la sociedad civil que

39 En el marco de la XXXV Sesión de Consejo Nacional de Seguridad Pública 40 ACUERDOS aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria 2014 de la Comisión Permanente de Prevención del Delito

y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Disponibles en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5330903&fecha=28/01/2014 41 Renato Sales Heredia, hasta esa fecha Subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la

Procuraduría General de la República (PGR)



Página 46 de 78

forman parte del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación42. Al día siguiente, se publicó en el DOF el Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestros43 como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el artículo Segundo del Decreto:

“La Coordinación Nacional Antisecuestro tendrá por objeto coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con el sistema de distribución de competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos legales aplicables, en el marco de la estrategia nacional para combatir el delito de secuestro”.

La Coordinación será la responsable de implementar la Estrategia Nacional que consta de 10 acciones y en el caso particular de la segunda acción, relativa al fortalecimiento de las Unidades Antisecuestro, esta contiene además, 5 prioridades.

Estrategia Nacional Antisecuestro

10 Acciones de la Estrategia Nacional Antisecuestro

5 Prioridades para el fortalecimiento de las Unidades Antisecuestro

1. Procurar la coordinación y anteponer el uso inteligencia.

1. Todas las Unidades Antisecuestro del país serán evaluadas, capacitadas y certificadas en un proceso conjunto por la PGR, la Policía Federal y el CISEN. 2. Se homologarán sus protocolos con las Unidades Antisecuestro de la PGR y de la Comisión Nacional de Seguridad. 3. Adquisición de equipo tecnológico y de inteligencia. 4. Acompañamiento operativo con Unidades de la Policía Federal y la PGR.

2. Ampliar y fortalecer las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestro de todas las entidades y de manera particular, las Unidades de los 10 estados que en el 2013 concentraron el 74 por ciento de la incidencia de este delito.

3. Ajustar el marco jurídico local a la legislación general en materia de secuestro, homologando criterios y conceptos que permitan combatir y perseguir este delito de manera más eficiente en todo el país.

4. Integrar el Sistema Único de Análisis de Información que contenga la base nacional de datos criminales en materia de secuestro

5. Iniciar una campaña en los medios de comunicación que oriente sobre las acciones de

42 Alejandro Martí, de México SOS; Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro; María Elena Morera de Galindo,

de Causa en Común y Josefina Ricaño de Nava de México Unido contra la Delincuencia. Martí y Morera son también invitados permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Pública desde agosto de 2013. 43 Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, 29 de enero de 2014. Disponible en:




Página 47 de 78

prevención y promueva la denuncia entre la ciudadanía.

5. Alineación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) con el combate a este delito.

6. Diseñar y poner en marcha, a más tardar en el mes de marzo, un protocolo único de atención ciudadana para el secuestro.

7. Vigilar y evaluar permanentemente el comportamiento de todos los elementos que conforman las unidades antisecuestro del país.

8. Impulsar un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad.

9. Fortalecer los programas de atención a víctimas del secuestro para ofrecer apoyo integral a ellos y a sus familias.

10. Someter estas acciones a un programa de evaluación que realizará la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Fuente: Elaboración propia con información del “Mensaje del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante la presentación de la Estrategia Nacional Antisecuestro”44.

La novedad en la Estrategia Nacional Antisecuestro radica en el nombramiento de un responsable, en este caso el Titular de la Coordinación Nacional. Probablemente la principal ventaja de esta medida es que hace visible la preocupación del Gobierno de la República por este tema. Por sí misma, la creación de una Coordinación Nacional no garantiza que la articulación entre instituciones y órdenes de gobierno mejore sustancialmente, pero es el camino más deseable. Un riesgo latente es que parece que el secuestro fuera un delito del fuero federal y no tanto, una responsabilidad de las autoridades locales. De manera tal, que la creación de una instancia nacional, puede generar incentivos para que los gobernadores no atiendan con la urgencia debida las 5 prioridades centradas en el fortalecimiento de las Unidades Antisecuestro, cuya operación y resultados dependen de las entidades federativas. La Estrategia Nacional Antisecuestro tiene como antecedente una serie de esfuerzos y resultados previos, como el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad suscrito por los representantes de los tres órdenes de Gobierno y Poderes de la Unión, sociedad civil y medios de comunicación en agosto de 200845. Este acuerdo estableció la creación de una ley en materia de

44 El documento completo se puede consultar en:

http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4678&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A3 45 El documento completo del Acuerdo se puede consultar en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n140.pdf Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010, bajo la siguiente denominación: Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf

http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4678&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A3

http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Sintesis_Informativa?uri=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Content%3A4678&cat=http%3A%2F%2Fwww.SEGOB.swb%23swbpress_Category%3A3

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n140.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf


Página 48 de 78

secuestro46 que estableció la instalación de unidades antisecuestro bajo la responsabilidad de las procuradurías locales, la integración de las mismas, los requisitos de ingreso y permanencia del personal y las facultades de éstas, así como así como la debida cooperación entre órdenes de gobierno para el intercambio de información y capacitación de los elementos 47 . Esta ley fue publicada el 30 de noviembre de 2010. La Estrategia Nacional Antisecuestro es una respuesta directa contra un delito grave y cada vez más frecuente. Cabe advertir que la estrategia está centrada en el fortalecimiento de las unidades antisecuestro, la atención a las víctimas y la inhibición material de este delito. Un área de oportunidad de la estrategia podría incluir la atención a aspectos estratégicos como la actuación oportuna y eficaz de las agencias del Ministerio Público para integrar casos sólidos y la de los Tribunales Superiores de Justicia en los estados para garantizar, respectivamente, una procuración e impartición de justicia profesional, proba, pronta y expedita por casos penales suscitados por éste y por todos los demás delitos del fuero común.

2.6 Reformas a la Ley General de Salud en materia de control y vigilancia de substancias psicotrópicas

El Congreso de la Unión y el Gobierno de la República avanzan en el mejoramiento del marco legal en materia de fiscalización de substancias psicotrópicas cuyo abuso o combinación con otras puede generar adicciones y afectaciones a la salud. El 7 de enero 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman las fracciones I y II del artículo 245 de la Ley General de Salud48. De esta manera, se adicionaron a la clasificación de sustancias psicotrópicas las siguientes sustancias:

Mefedrona. Es una substancia estimulante sintética que provoca efectos físicos similares a los causados por otras drogas como el éxtasis.

Piperazina o TFMPP. Por sí misma no genera efectos evidentes, pero combinada con la benzylpiperazina, funciona como alternativa al éxtasis (MIM_ A), con el nombre de “x legal”. Produce un efecto similar al de los estimulantes de tipo anfetamínico.

Canabinoides sintéticos K2. Es un derivado sintético de la marihuana que ocasiona efectos

similares o más intensos. Se puede fumar o beber, frecuentemente es consumido por personas que padecen adicción a la cannabis.

46 Acuerdo XXXII “Impulsar una ley general del delito de secuestro”. 47 Artículos 41 45 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf 48 El documento íntegro se puede consultar en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329099&fecha=07/01/2014

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSDMS.pdf



Página 49 de 78

Midazolam. Forma parte de la familia de benzodiacepinas, se utiliza como ansiolítico,

inductor anestésico o coaduyvante en la anestesia general. A partir de esa fecha el sector salud aplicará medidas de control y vigilancia sobre el uso terapéutico y, en dado caso, podrá proceder contra su uso indebido. De esta manera se cumplió con las recomendaciones de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)49.

2.6.1 El proceso legislativo, de la LXI a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión La Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las Fracciones I y III del artículo 245 de la Ley General de Salud50 fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal el 23 de enero de 2012. En la exposición de motivos se argumentaban fundamentalmente dos razones:

La responsabilidad del Estado mexicano de “proteger a la sociedad frente a la creación y uso de nuevas substancias psicoactivas como la mefedrona, piperazina TFMPP, midazolam y K2, incluso toda vez que en otros países, el uso de dichas substancias ha registrado decesos dentro de los miembros en su comunidad”.

La coordinación de esfuerzos a nivel internacional en materia de combate al narcotráfico. Toda vez que la Unión Europea había prohibido la producción y comercialización de las substancias mencionadas era necesario “actuar rápidamente para reforzar nuestros controles y penalizar su uso y venta”.

El 25 de enero de 2012 la iniciativa fue turnada la Comisión de Salud de LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Ahí fue dictaminada en sentido positivo, pero no fue presentada a votación ante el Pleno.

49 La JIFE es un órgano independiente y cuasi judicial constituido por expertos que fue establecido en virtud de la

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes mediante la fusión de dos órganos, a saber, el Comité Central Permanente de Estupefacientes, creado en virtud de la Convención Internacional del Opio de 1925, y el Órgano de Fiscalización de Estupefacientes, creado en virtud de la Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de 1931. La Junta vigila la aplicación de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas por los gobiernos y examina el funcionamiento del régimen de fiscalización internacional de drogas en los planos nacional e internacional. En función de ese análisis, formula recomendaciones a los gobiernos y a las organizaciones internacionales en apoyo de la aplicación de los tratados. Más información disponible en: https://www.incb.org/incb/es/about.html 50 El texto completo puede ser consultado en:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/01/asun_2845291_20120125_1327505321.pdf

https://www.incb.org/incb/es/about.html

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2012/01/asun_2845291_20120125_1327505321.pdf


Página 50 de 78

Cronología del Asunto No. Estatus Fecha

1 Presentado en Origen 25/01/2012

2 Pendiente en Comision(es) de Origen 25/01/2012

3 Aprobado en Comision(es) Origen 12/04/2012

4 Dictamen presentado en Pleno de Origen 24/04/2012

5 De primera Lectura en Origen 24/04/2012

6 Aprobado en Comision(es) origen 12/12/2012

7 Dictamen presentado en Pleno de Origen 21/02/2013

8 De primera lectura en Origen 21/02/2013

9 Dictamen a discusión en Origen 26/02/2013

10 Aprobado en Origen 26/02/2013

11 Turnado a Revisora 26/02/2013

12 Minuta recibida en Revisora 28/02/2013

13 Pendiente en Comision(es) de Revisora 28/02/2013

14 Aprobado en Comision(es) Revisora 20/11/2013

(Publicación en Gaceta)

15 Dictamen presentado en Pleno de Revisora 20/11/2013

16 De primera Lectura en Revisora 20/11/2013

17 Dictamen a discusión en Revisora 21/11/2013

18 Aprobado en Pleno Revisora 21/11/2013

19 Turnado al Ejecutivo 21/11/2013

20 Publicado en D.O.F. 07/01/2014

Fuente: Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

En la sesión del 20 de noviembre de 2012, la Mesa Directiva de Cámara de Diputados dio cuenta de un Acuerdo por el cual se turnaron nuevamente a Comisiones de la LXII Legislatura 79 dictámenes que el Pleno de la LXI Legislatura no llegó a resolver. Entre éstos, el correspondiente a la iniciativa en cuestión, en tal virtud, y de conformidad con el artículo 186 del Reglamento de Cámara de Diputados, se turnó de nueva cuenta el proyecto para que a partir de esta fecha transcurriera el plazo reglamentario para su dictamen. El 26 de febrero de 2013 fue aprobado el dictamen en la Cámara de Origen y la minuta correspondiente fue turnada al Senado de la República. Nueve meses después fue aprobada en las Comisiones de Estudios Legislativos y Salud, turnada al Pleno y aprobada finalmente el 21 de noviembre de 2013.

2.6.2 La reforma implica una homologación de criterios con la normatividad jurídica internacional La aprobación y entrada en vigor de las reformas a las Fracciones I y III de la Ley General de Salud se logró prácticamente dos años después del envío de la iniciativa por el Ejecutivo Federal. No obstante, representa un gran logro del Estado mexicano porque expresa responsabilidad con el cumplimiento de acuerdos y recomendaciones de instancias internacionales encargadas de la fiscalización de estupefacientes y combate al narcotráfico.


Página 51 de 78

En el Informe del 2012 (con datos de 2011) la Junta Internacional de Fiscalización de

Estupefacientes (JIFE) instó a “…los gobiernos afectados a que adopten y apliquen medidas eficaces para reglamentar la prescripción de medicamentos que contengan estupefacientes y sustancias sicotrópicas por parte de los profesionales de la salud, su distribución por los mayoristas y su venta en las farmacias” 51 . Asimismo, reiteró su exhorto a “…todos los gobiernos que aún no exigen autorizaciones para la importación y exportación de todas las sustancias sicotrópicas a fin de que hagan extensivo ese requisito cuanto antes a todas esas sustancias”52. En este sentido, la Iniciativa del Ejecutivo Federal de enero de 2012 fue una respuesta puntual a las recomendaciones de la Junta.

El 26 de junio de 2013, la Oficina de la Organizaciones de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) informó, con datos del Reporte Mundial de Drogas 2013, que en “el último año se ha registrado una proliferación sin precedentes de nuevas sustancias psicotrópicas que suponen desafíos no previstos para la salud pública”. Por ello, “urgió a todos los gobiernos a actuar de manera concertada para evitar la fabricación, el tráfico y el abuso de esas sustancias”53.

En suma, al homologar el catálogo de substancias psicotrópicas sujetas a control y vigilancia se avanza en la capacidad para brindar seguridad jurídica y accesibilidad al derecho a la salud. A partir de enero de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)54 podrá aplicar el régimen legal a estas substancias nocivas.

2.7 Un acercamiento al interior de las procuradurías locales: principales resultados del Censo

Nacional de Procuración de Justicia Estatal ¿Cuántas personas trabajan en México para procurar la justicia en los estados? ¿Las procuradurías locales brindan suficiente estabilidad laboral a sus integrantes? ¿Cuánto ganan? ¿Hay más mujeres u hombres? ¿Quiénes tienen una formación profesional más amplia son quienes tienen los mejores salarios?

51Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, 2012. Informe JIFE Disponible en:

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_S.pdf 52 Ibid. 53 Centro de Información de las Naciones Unidas, 2013. “UNODC advierte aumento alarmante de nuevas sustancias

psicotrópicas” en CINU. 26 de junio. Disponible en: http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unodc-advierte-aumento-alarman/ 54 La COFEPRIS es la autoridad encargada del control sanitario y la fiscalización de sustancias químicas que pueden ser

utilizadas para la producción de drogas de uso ilícito, así como de los medicamentos que contienen estupefacientes y psicotrópicos porque son o pueden llegar a ser un problema de salud pública, por su uso inadecuado. Más información disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/EstupefacientesPsicotropicosYSustancias-Quimicas.aspx

http://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2012/AR_2012_S.pdf

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unodc-advierte-aumento-alarman/

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/unodc-advierte-aumento-alarman/

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/EstupefacientesPsicotropicosYSustancias-Quimicas.aspx


Página 52 de 78

Estas y otras preguntas pueden ser respondidas con la información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyos resultados fueron publicados en diciembre pasado y permiten conocer las respuestas que brindaron las 32 entidades federativas a un cuestionario sobre este tema. La información que contiene este Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal refleja las condiciones durante el año 2012.

2.7.1 La procuración de justicia local está en manos de personal de confianza De acuerdo con este Censo, en 2012 hubo 77 mil 335 personas laborando en las procuradurías o fiscalías generales de justicia en el país. La mayor proporción (73%) de ellas tiene un nombramiento de confianza, es decir, que su permanencia en la institución depende primordialmente, de su jefe inmediato.

Fuente: Con información de INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia 2013.

De acuerdo con los datos de este Censo, la totalidad de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán eran empleados de confianza en 2012. En ese mismo año, solamente el 18% de los integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz se encontraban bajo ese régimen de contratación.


Página 53 de 78

Proporción del personal de las procuradurías locales contratado bajo el régimen de confianza


La contratación por honorarios es una situación excepcional en las procuradurías locales. Sin embargo, Tlaxcala destaca por ser el estado con la mayor proporción de personal contratado a través de esa modalidad, pues 36% de sus 505 elementos brindan servicios profesionales independientes a la institución. Mediante la contratación por honorarios, no se establece una relación laboral y en consecuencia, cualquier responsabilidad por el desarrollo de las tareas realizadas, recae sobre prestadores de servicios independientes, los cuales no están ligados a las responsabilidades que sí aplican para los servidores públicos. Nayarit es la entidad con la mayor proporción (37%) de personal de base o sindicalizado en su procuraduría, mientras que las autoridades de Chiapas, Chihuahua y Yucatán manifestaron no tener a ningún empleado bajo esa figura. En relación con el personal eventual y que por consiguiente, sólo trabaja en la procuraduría por un lapso definido, los datos indican que casi la tercera parte (27%) de la plantilla laboral de Zacatecas se encuentra en esa situación, dicha proporción es la más alta entre todas las entidades federativas. Le siguen Durango (25%), Veracruz (24%) y Chihuahua (23%).

2.7.2 Los hombres en las procuradurías locales: evidencias de inequidad Los datos aportados por las autoridades locales indican que en la procuración de justicia está principalmente en manos de hombres, que representan el 62% de la planta laboral de las procuradurías o fiscalías estatales.


Página 54 de 78


Esta situación es más acentuada en Durango, donde hay un 70% de hombres y en el extremo opuesto, los únicos dos estados donde laboran más mujeres que hombres en la procuración de justicia son Hidalgo (55% de mujeres) y Morelos (51%). Además de representar una minoría en el total de personas que trabajan en las procuradurías locales, al personal femenino le corresponde una reducida proporción (35%) de puestos de confianza, los cuales típicamente corresponden a perfiles de mayor responsabilidad y salario. También son mujeres quienes ocupan 6 de cada 10 puestos de bases o sindicalizados, y 6 de cada 10 personas contratadas por honorarios son mujeres. Los hombres por su parte, además de acaparar el 65% de los puestos de confianza, predominan en las contrataciones eventuales.

Tipo de contratación Hombres %

Mujeres %

Confianza 65% 35%

Base o sindicalizado 42% 58%

Eventual 57% 43%

Honorarios 43% 57%

Otro 72% 28%


El único estado de la República donde la mayor parte de los puestos de confianza se encuentran ocupados por mujeres es Hidalgo, con 54% de mujeres en estos puestos. Entre los estados más reticentes a conceder puestos de confianza a las mujeres están Aguascalientes y san Luis Potosí. En ambas entidades solamente 2 de cada 10 puestos de confianza están a cargo de mujeres. En México, prácticamente la mitad (47%) de todas las personas que trabajan en las procuradurías locales cuentan con licenciatura y un tercio del total logró concluir estudios de bachillerato o similares. Aunque sólo hay 4% de los servidores públicos que tienen primaria o menos, esta


Página 55 de 78

proporción es el doble de aquellos que tienen estudios de posgrado, quienes representan un perfil excepcional entre el personal de estas instituciones. Es decir, por cada empleado que tiene posgrado en las procuradurías locales hay dos que cuando mucho, completaron la primaria.


A pesar de que hay menos mujeres al servicio de la procuración de la justicia en México, ellas se encuentran mejor preparadas que sus compañeros. Más de la mitad (55%) de las empleadas de las procuradurías tienen licenciatura y sólo 42% de los hombres están en esa situación. Los datos del Censo indican que solamente 2 mil 407 personas que trabajan en las procuradurías locales tienen posgrados y las mujeres que tienen maestría o doctorado aventajan proporcionalmente a sus pares del sexo masculino, pues 2% de las empleadas tiene esa clase de estudios y solamente 1% de los hombres alcanzó ese estatus académico.



Página 56 de 78

En las procuradurías locales la gente joven es una minoría que representa únicamente el 4% del total de quienes trabajan en ese tipo de instituciones, y es en esa minoría donde hay casi la misma cantidad de hombres y de mujeres. Fuera del rango de trabajadores que tienen entre 18 y 24 años, la distancia entre hombres y mujeres es elocuente.


Visto en términos porcentuales, conforme se incrementa la edad de quienes laboran en las procuradurías de los estados y del Distrito Federal, se amplifica la brecha entre hombres y mujeres en cada rango de edad. Esto significa que el personal más joven y probablemente más inexperto hay casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Conforme se incrementa la edad de los servidores públicos, se reduce la proporción de mujeres, independientemente del puesto que ocupen.

El 36% de los trabajadores de las procuradurías tiene un salario de 5 a 10 mil pesos al mes. Aunque este es el rango salarial más común en las procuradurías del país, Quintana Roo se destaca de todas las demás procuradurías porque ahí 95 de cada 100 empleados se encuentran en el rango de 5 a 10 mil pesos. El estado en el que una mayor proporción de servidores públicos goza de salarios entre 20 y 25 mil pesos mensuales es San Luis Potosí. Allí el 37% de su planta laboral se encuentra en esa situación.


Página 57 de 78


Aunque hay una menor cantidad de mujeres trabajando en las procuradurías locales, ello no significa que sean mejor pagadas que los hombres. A nivel nacional, la mayor parte (39%) de las mujeres contratadas en las procuradurías ganan entre 5 y 10 mil pesos; mientras que el grueso de los hombres (37%) logra obtener entre 10 y 15 mil pesos.


Considerando los salarios más altos, estos se reparten prácticamente en las mismas proporciones entre hombres y entre mujeres, pero en comparación con el conjunto de los hombres, son ellas las que presentan una mayor proporción en el conjunto de quienes ganan los salarios más bajos: solamente 2% de los hombres reciben hasta 5 mil pesos de sueldo; en cambio, 6% de las mujeres reciben esa remuneración.


Página 58 de 78

2.7.3 Las procuradurías locales carecen de locales propios Los estados procuran la justicia, principalmente, en locales rentados, pues la mitad de las instalaciones usan en el país las procuradurías locales son locales por los que se paga un alquiler y solamente en 22% de los casos se trata de espacios propios.


Esta situación es más llamativa en los estados de Jalisco y Colima, donde respectivamente el 93% y el 91% de los locales destinados a la procuración de justicia, son rentados. En términos de autonomía para el desarrollo de sus propias funciones, destaca la Procuraduría General de Justicia del DF, que reportó tener la propiedad sobre 74% de todos los inmuebles que utiliza.

2.7.4 Muy pocas agencias especializadas En México se tiene reportado el funcionamiento de 3 mil 821 agencias del Ministerio Público, 51% de las cuales debe atender todo tipo de casos. En efecto, el nivel de especialización de las agencias del MP aún es incipiente y en orden numérico, los temas de especialización más frecuentes son adolescentes, robos, delitos sexuales y violencia intrafamiliar.


Página 59 de 78


2.7.5 El lento avance de la reforma penal en los Ministerios Públicos Las carpetas de investigación forman parte del nuevo modelo para el despacho y trámite de los asuntos penales, tal como está previsto en la reforma constitucional penal del 18 de junio de 2008. Una manera de dimensionar el avance de la reforma consiste en inspeccionar cómo se están tramitando actualmente los asuntos penales: mediante averiguaciones previas (modelo mixto, previo a la reforma), o bien, a través de carpetas de investigación (modelo acusatorio previsto por la reforma). Al término del año 2012, solamente 13 entidades federativas reportaron al Censo la apertura de carpetas de investigación en sus respectivas jurisdicciones. Solamente el estado de Chihuahua reporta el total de sus asuntos a través de carpetas de investigación y le siguen de cerca el estado de México (99%) y Morelos (98%).


Página 60 de 78

Distribución porcentual de tipo de unidad de trámite penal, según entidad federativa

Estado Total Averiguaciones previas

iniciadas Carpetas de

investigación abiertas

Chihuahua 59,591 0% 100%

México 269,116 1% 99%

Morelos 46,664 2% 98%

Durango 27,314 45% 55%

Zacatecas 16,443 54% 46%

Baja California 108,273 65% 35%

Oaxaca 43,778 67% 33%

Yucatán 45,413 80% 20%

Nuevo León 58,561 81% 19%

Guanajuato 76,233 87% 13%

Campeche 1,266 88% 12%

Chiapas 20,814 96% 4%

Tabasco 48,323 99% 1%


A pesar de la reforma de 2008, que prevé la adopción del sistema acusatorio y oral, persiste la aplicación exclusiva del sistema de justicia mixto en 19 entidades federativas. El sistema mixto o inquisitorial se caracteriza por el peso predominante del Ministerio Público durante el proceso, el apego a la tramitación escrita de todas las actuaciones y a cierta predisposición del sistema para alargar los procesos penales sin que necesariamente se esclarezcan los hechos a fuerza de investigaciones sólidas. En cambio, el sistema acusatorio equilibra las funciones de la parte acusadora y de la defensa, prioriza la presunción de inocencia, garantiza principios como la inmediación, la reparación del daño y la transparencia, y sustituye buena parte de los trámites por audiencias orales. El 71% de todos los asuntos penales que se iniciaron a lo largo de 2012, se tramitaron todavía bajo el esquema del sistema penal mixto o inquisitorial y quedan apenas 52 meses para que concluya el plazo constitucional para concluir la implementación del sistema acusatorio antes de junio de 2016. En México, la procuración de la justicia pocas veces da con el probable responsable en las primeras etapas del proceso. La información derivada del Censo indica que en los estados donde aún se aplica el modelo mixto-inquisitorial, más de la mitad (54%) de las averiguaciones previas se abren sin tener al probable responsable. En los asuntos iniciados en el sistema acusatorio, solamente en 23% de las carpetas de la investigación se tiene identificado al probable responsable.


Página 61 de 78

Con probable responsable

Sin probable responsable

No especificado

Total

Averiguaciones previas iniciadas: 1,170,501

34% 54% 11% 100%

Carpetas de investigación abiertas: 477,020

17% 23% 61% 100%


Lo anterior puede deberse a varias razones, entre ellas, que el sistema acusatorio privilegia la investigación y la presunción de inocencia. Otra razón es que quizá la implementación de este sistema de justicia aún esté atravesando problemas importantes para la integración y clasificación estadística de sus asuntos, lo cual coincide con un 61% de casos tramitados en el esquema acusatorio, en los que no se especificó si la carpeta fue abierta con o sin detenido. Conclusión Estos resultados derivados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2013 ratifican que el Ministerio Público es una institución que no se está adaptando con la velocidad necesaria a la reforma de justicia penal. Por otra parte, la desigualdad de género, la falta de infraestructura propia y la ausencia de mecanismos que garanticen la permanencia y separación de los elementos conforme a una carrera ministerial, más allá de las ventajas y desventajas del régimen de confianza, hacen necesario plantear alternativas viables para mejorar el desempeño de esta institución.

3. Opinión pública 3.1 Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE): “Despenalización de la mariguana en el DF”55 En junio de 2013 el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que se encontraba trabajando en la redacción de una iniciativa de ley para la despenalización del consumo de marihuana en el Distrito Federal56. El 12 de enero de 2014, el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del DF informó que a finales de mes presentaría un paquete de reformas a la legislación local con el objeto de lograr la legalización con fines terapéuticos y otro a nivel federal para lograr una modificación de las dosis máximas de portación57.

55 Encuesta telefónica realizada el 14 de enero de 2014. Se aplicaron 800 cuestionarios a hombres y mujeres mayores

de edad, 300 en el Distrito Federal y 500 en el resto del país, distribuidos en proporción a la lista nominal de cada entidad federativa. Los resultados tienen un nivel de confianza de 95%, el error teórico es de ±5.66 en DF y de ±4.38 en el resto del país mientras que el error a nivel nacional fue de 3.92%. 56 Seco, Raquel, 2013. “México se asoma a la despenalización de la marihuana” en El País, 15 de junio. Disponible en:

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/15/actualidad/1371266187_463343.html 57 Asamblea Legislativa del DF, 2014. “Se dará a conocer a finales de mes, iniciativa para despenalizar marihuana en el

DF”, 12 de junio. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/comsoc-dara-conocer-finales-mes-iniciativa-despenalizar-marihuana-df--16363.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/15/actualidad/1371266187_463343.html

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-dara-conocer-finales-mes-iniciativa-despenalizar-marihuana-df--16363.html

http://www.aldf.gob.mx/comsoc-dara-conocer-finales-mes-iniciativa-despenalizar-marihuana-df--16363.html


Página 62 de 78

El 15 de enero de 2014 el Gabinete de Comunicación Estratégica dio a conocer los resultados de su encuesta para medir percepciones sobre una eventual despenalización del consumo de marihuana en el Distrito Federal. Como se ilustra en la siguiente gráfica, poco más de la población desconocía la existencia de dicha iniciativa. Existe una iniciativa para despenalizar el uso de la mariguana en el Distrito Federal que se dara a conocer a finales de enero de este ano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Antes de que se lo

mencionara. ¿Usted conocía esta información?

Fuente: GCE, 2014.

6 de cada 10 ciudadanos en el Distrito Federal y en el resto del país considera que el uso de marihuana con fines terapéuticos tiene resultados positivos.

En su opinión, ¿la marihuana tiene resultados positivos cuando se usa para fines terapéuticos y medicinales como el Alzheimer, cancer, sida, enfermedades gastrointestinales, reumas y artritis?

Fuente: GCE, 2014.


Página 63 de 78

A pesar de que una clara mayoría (60%) considera que el uso terapéutico o medicinal tendría efectos positivos, esta postura no se traduce en apoyo a la despenalización de la droga con tales fines. Poco más de la mitad (51.6%) en el Distrito Federal se manifiesta en desacuerdo.

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo esta usted con el uso de la marihuana con fines terapéuticos y medicinales?

Fuente: GCE, 2014.

Ante la posibilidad de legalizar el consumo con fines recreativos, la oposición crece considerablemente. El 77% de las personas encuestadas en el Distrito Federal se opone a esta medida.

¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo esta usted con el uso de la mariguana con fines recreativos?

Fuente: GCE, 2014.


Página 64 de 78

Una posible explicación de este rechazo se derivaría de los riesgos que los ciudadanos atribuyen a la legalización del comercio de dicha droga. Al respecto, vemos que en el Distrito Federal la mayor parte de los encuestados (30.8%) consideró que la legalización impactaría en el incremento del número de consumidores, mientras que en el resto del país la mayoría (32.8%) afirmó que el impacto se vería reflejado en un incremento de la incidencia delictiva.

Por lo que sabe o ha escuchado, ¿cual es el mayor riesgo que puede tener México al legalizar la venta de

marihuana?

Fuente: GCE, 2014.

Como se puede apreciar en la gráfica, los riesgos de una eventual legalización de la marihuana se asocian en el Distrito Federal a la distribución y consumo de esta sustancia; mientras que en el resto del país, la criminalidad y la violencia son percibidas como los riesgos más acentuados.


Página 65 de 78

3.2 Encuesta sobre Michoacán y los grupos de autodefensa58 El pasado 20 de enero el periódico nacional Excélsior publicó los resultados de la encuesta más reciente de la empresa Beltrán, Juárez y Asociados (BGC). En esta ocasión el tema fue sobre las acciones implementadas por el Gobierno de la República en Michoacán y los grupos de autodefensa que operan en la región. Ocho de cada diez entrevistados respalda el reforzamiento de la presencia de las Fuerzas Federales y el nombramiento del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral. Sin embargo, cuando se preguntó acerca de a quién combate el Gobierno en Michoacán, el consenso se fragmenta: 4 de cada diez opina que a los grupos de autodefensa y tres de cada 10 piensa que el Gobierno combate a los Caballeros Templarios. Desde agosto de 2013 ha ido incrementando gradualmente el porcentaje de personas que considera que el Gobierno de la República ha sido rebasado. La medición más reciente, enero de 2014, indica que el descrédito en la estrategia se encuentra en el punto más alto desde noviembre de 2011. A continuación se presentan los detalles. Hay un alto porcentaje de ciudadanos (entre el 70 y el 83%) que apoyan el despliegue de la Policía Federal y del Ejército, así como el nombramiento presidencial del Comisionado. Sobresale que a nivel nacional el apoyo es ligeramente menor que el manifestado en Michoacán.

Porcentaje de la población que aprueba que…

Fuente: BGC / Excélsior, 2014.

58 Encuesta telefónica realizada del 16 al 17 de enero de 2014. Se aplicaron 400 entrevistas efectivas a personas

mayores de 18 años con credencial de elector, con sobremuestra de 250 entrevistas en Michoacán. La selección de la muestra fue por arranque aleatorio y selección sistemática de los números telefónicos residenciales. Margen de error ±5 puntos porcentuales de la muestra nacional y de ±6.3 para la sobremuestra estatal. NOTA: La encuesta telefónica tiende a reflejar más la opinión de la población con mayor ingreso y escolaridad. Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/20/939262

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/01/20/939262


Página 66 de 78

Las posturas respecto al desarme de los grupos de autodefensas son apenas mayoritarias. Como se muestra en la siguiente gráfica, 3 de cada 10 a nivel estatal y 4 de cada 10 en el resto del país se manifiestan en contra del desarme de estos grupos. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno Federal exija a los grupos de autodefensas

que se desarmen?

NOTA: Considerando NS/NC suman 100%


El desacuerdo con el desarme de las autodefensas parece tener su origen en la desconfianza con el Gobierno Federal y en la credibilidad que ha logrado adquirir el discurso de los líderes de estos grupos de civiles armados. Como se ilustra en la siguiente gráfica, los michoacanos se dividen en su opinión sobre los motivos esgrimidos por las autodefensas para conservar las armas. Mientras que a nivel nacional, prácticamente 6 de cada 10 ciudadanos está de acuerdo con la postura de los comunitarios armados.

Los líderes de las autodefensas de Michoacán dicen que sólo dejarán las armas si el gobierno captura a

los jefes de Los Caballeros Templarios ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo?



Página 67 de 78

El respaldo ciudadano para que los grupos de autodefensa conserven las armas podría deberse a las percepciones sociales sobre las acciones de la autoridad en la entidad. Prácticamente la mitad de los encuestados opinó que el Gobierno Federal está combatiendo a los comunitarios armados. Sólo 2 de cada 10 cree que se les tolera y apenas 1 de cada 10 que se les apoya. En este aspecto, las opiniones a nivel estatal y nacional coinciden.

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de Peña Nieto frente a los grupos de autodefensa: apoyarlos,

tolerarlos o combatirlos?


El porcentaje de gente que opina que el Gobierno de la República combate a los grupos de autodefensa disminuye ligeramente cuando se considera a los Caballeros Templarios en la misma pregunta. Como se muestra en la siguiente gráfica, 3 de cada 10 considera que combate a los narcotraficantes. Sin embargo, una mayoría de 38% y 34% considera a nivel nacional y estatal, respectivamente, que es en contra de los comunitarios armados que se han emprendido las acciones.

Con lo que usted ha visto, para poner orden en Michoacán, ¿contra quién ha actuado principalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto: contra los Caballeros Templarios o contra los grupos de autodefensas?



Página 68 de 78

Respecto a las alternativas que podrían garantizar mejores condiciones de seguridad, prácticamente 6 de cada 10 personas en Michoacán y el resto del país considera que el Ejército es la institución más adecuada para ello. Nada nuevo considerando los altos niveles de confianza con que cuentan las Fuerzas Armadas en México. Lo que sorprende es que a nivel nacional haya mayor confianza en los grupos de autodefensa que en la Policía Federal; en cambio, los entrevistados de Michoacán, tienden a confiar más en la Policía Federal que en los grupos de autodefensa.

¿Quién cree que puede garantizar mayor seguridad a las poblaciones de Michoacán: el Ejército, la Policía

Federal, la policía municipal o los grupos de autodefensas?


Respecto a la opinión ciudadana sobre las capacidades del Gobierno de la República para mantener el control en Michoacán y el resto del país, prevalecen opiniones negativas.


Página 69 de 78

¿Le parece a usted que el gobierno del presidente (…) ha sido rebasado por el crimen organizado o tiene capacidad de mantener el control?


Desde abril de 2013 ha incrementado gradualmente el porcentaje de la población que considera que el gobierno ha sido rebasado. En enero de 2014 alcanzó su máximo histórico, con 63% de personas que así evalúan el desempeño gubernamental en esta materia.

4. Reportes internacionales y nacionales

4.1 Reporte de Índice Delictivo (RINDE) en el Distrito Federal destaca una disminución en la incidencia delictiva en 13 de 14 delitos de alto impacto

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal presentó el 27 de enero de 2014 el Reporte de Índice Delictivo (RINDE) 59 en el Distrito Federal. Este documento tiene como principal objetivo brindar información estadística sobre la incidencia delictiva de la Ciudad de México. El RINDE, correspondiente al primer periodo de 2014, destaca una disminución de 12.4% durante el año 2013 en la incidencia delictiva de los delitos considerados de alto impacto social. Si se toma como base el año 2010, la reducción acumulada es de 32.6%60. A pesar de las buenas noticias, otras fuentes de información omitidas en el RINDE indican que la percepción de inseguridad ha incrementado en la capital del país.

59 El documento completo se encuentra disponible en:

http://www.consejociudadanodf.org.mx/descargas/RINDE01_2014.pdf 60 Los 14 delitos de alto impacto social reportados son: 1) homicidio doloso, 2) robo a pasajero a bordo de taxi con

violencia, 3) violación, 4) robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia, 5) robo a cuentahabiente saliendo de

http://www.consejociudadanodf.org.mx/descargas/RINDE01_2014.pdf


Página 70 de 78

4.1.1 El Consejo (no tan ciudadano) de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del

Distrito Federal El Consejo se autodefine como “un organismo de la sociedad civil…con facultades sobre las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia”61. Esta definición no es precisa, se trata de un “órgano de consulta, análisis y participación ciudadana en materia de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Cultura Cívica, Atención a Víctimas del Delito y Prevención y Readaptación Social”62. En otras palabras, es una instancia de gobierno que permite la participación ciudadana en materia de seguridad y justicia, no una asociación civil constituida por la voluntad de un grupo de ciudadanos. Tampoco tiene facultades sobre dichas autoridades, simplemente cuenta con atribuciones para conocer sobre determinados asuntos, emitir opiniones y formular recomendaciones. El Consejo se integra de la siguiente manera:

25 Consejeros Ciudadanos, designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, uno de los cuales funge como Presidente.

Los titulares de la Secretaria de Gobierno y de Seguridad Publica, así como de la Procuraduría

General de Justicia del Distrito Federal y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quienes fungen como Consejeros Gubernamentales.

Un Secretario Ejecutivo, que puede ser removido libremente por el Jefe de Gobierno.

Los recursos materiales y humanos con los que funciona el Consejo son aprobados por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, las sesiones son presididas por el Jefe de Gobierno y el Secretario Ejecutivo puede ser removido en cualquier momento por éste.

cajero y/o sucursal bancaria con violencia, 6) robo a pasajero a bordo de microbús con y sin violencia, 7) robo a repartidor con y sin violencia, 8) robo a negocio con violencia, 9) robo a casa habitación con violencia, 10) secuestro, 11) robo de vehículo automotor con y sin violencia, 12) robo a pasajeros al interior del metro con y sin violencia, 13) robo a transportista con y sin violencia, y 14) lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. 61 Para mayor información consultar la sección “¿Quiénes somos?” de la página de internet del Consejo, disponible

en: http://www.consejociudadanodf.org.mx/quienes.php 62 Artículo Primero del Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia

en el Distrito Federal. El documento de creación se encuentra disponible en:

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcg

servicios.df.gob.mx%2Fprontuario%2Fvigente%2F1484.doc&ei=_p_yUqrMEqS6yQHTooDwCA&usg=AFQjCNHdY3adh1

nWhQjIrRLzrBgU4ZUsCQ&bvm=bv.60799247,d.aWc

http://www.consejociudadanodf.org.mx/quienes.php

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcgservicios.df.gob.mx%2Fprontuario%2Fvigente%2F1484.doc&ei=_p_yUqrMEqS6yQHTooDwCA&usg=AFQjCNHdY3adh1nWhQjIrRLzrBgU4ZUsCQ&bvm=bv.60799247,d.aWc




Página 71 de 78

Como se aprecia, la integración y operación del Consejo depende enteramente del Gobierno del Distrito Federal63. Estas características hacen del Consejo un órgano peculiar. A pesar de estar integrado mayoritariamente por ciudadanos, los incentivos para un cumplimiento crítico de sus atribuciones son limitados. En este sentido, no es ni un observatorio ciudadano independiente sino un modelo gubernamental en el que las preocupaciones de un grupo de ciudadanos seleccionados por la autoridad, canalizan y operan acciones conjuntas 64 . Esta situación impacta el desempeño del Consejo, al menos en la elaboración del Reporte de Incidencia Delictiva (RINDE) se aprecian considerables áreas de oportunidad. A continuación se detallan algunas.

4.1.2 El Protocolo Estadístico para la elaboración del RINDE El Reporte de Incidencia Delictiva (RINDE) se elabora siguiendo un protocolo65 que consta de las siguientes acciones:

a) Realizar la comparación por periodos iguales y se comienza con el año 2010, fecha en la que inició la elaboración del RINDE.

b) Medir los 14 delitos considerados como de alto impacto social.

c) Tener información siempre disponible y de dominio público en la página electrónica del consejo (http://www.consejociudadanodf.org.mx/rinde.php)

d) Adicionar información que explique o ponga en contexto lo que ocurre en la Ciudad de

México.

e) Utilizar como fuentes de información: Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

f) d) la Línea Ciudadana (5533-5533)66.

63 Artículos Tercero y Cuarto del Acuerdo por el que se crea el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración

de Justicia en el Distrito Federal; 8 y 30 del Reglamento Interno del Consejo, disponible en: http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1429.pdf 64 Entre los programas impulsados por el Consejo Ciudadano se encuentran los siguientes: “No más extorsiones”, Capacitación Policial, Protejamos a mi colonia, Viajemos seguras, Evaluación ciudadana de la policía y Taxista seguro. 65 Reporte de Incidencia Delictiva, Pp.4-8. Disponible en:

http://www.consejociudadanodf.org.mx/descargas/RINDE01_2014.pdf 66La Línea Ciudadana es canal de comunicación para que los capitalinos puedan presentar quejas o denuncias de delitos

y/o faltas administrativas. Las llamadas pueden ser atendidas por profesionales como abogados o psicólogos y, en su caso, pueden ser remitidas a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Procuraduría General de Justicia.

http://www.consejociudadanodf.org.mx/rinde.php

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/1429.pdf

http://www.consejociudadanodf.org.mx/descargas/RINDE01_2014.pdf


Página 72 de 78

No obstante lo anterior, hay dos aspectos en la elaboración del RINDE que no se cumplen a cabalidad.

1. No se precisa cuál es la fuente de información de los datos. Dado que se trata de averiguaciones previas iniciadas se infiere que se trata de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es la instancia que concentra la información generada por las Procuradurías o Fiscalías locales. No se especifica cuáles son los datos que provienen de las otras dos fuentes de información contempladas en el protocolo.

2. No se presenta información adicional para comprender la disminución en la incidencia delictiva. Aunque en el protocolo se plantea como una opción, lo desafortunado es que el Consejo Ciudadano cuenta con información valiosa al respecto. La Secretaría de Seguridad Pública y Línea Ciudadana generan datos sobre operativos policiacos y denuncias ciudadanas pero éstos no se registran en el RINDE. Tampoco se consideran datos sobre percepción de (in) seguridad o de victimización provenientes de encuestas, pero que son públicos y se encuentran desagregados por entidad federativa.

En este sentido, el RINDE no trasciende su carácter descriptivo ni aporta mayores elementos para incidir en el diseño, implementación o evaluación de políticas públicas en materia de seguridad y justicia. El área de oportunidad en la elaboración del RINDE radica en la óptima explotación de los datos generados por las fuentes de información que contempla el protocolo.

4.1.3 Los principales resultados del RINDE En general, los delitos de alto impacto han mantenido una tendencia a la baja desde el 2010. Tal como se ilustra en la siguiente gráfica, la disminución en 2013 respecto al año anterior fue de 12.4% y en relación al año base fue de 32.6%.


Página 73 de 78

Total de Delitos de Alto Impacto67 (Averiguaciones Previas)

Fuente: RINDE, 2014.

De acuerdo con los datos reportados, hay una disminución en las averiguaciones previas iniciadas de 13 de los 14 delitos de alto impactado social en la Ciudad de México. Sólo el delito de lesiones dolosas registra un incremento, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Delitos de alto impacto social en el Distrito Federal

# Delito Total Total Total Total Variación %

2012-2013 Variación % 2010-2013

2010 2011 2012 2013

1 Robo a pasajeros a bordo

de taxi c/v 1,850 1,038 640 358 -44.1% -80.6%

2 Violación 1,281 1,162 843 564 -33.1% -55.9%

# Delito Total Total Total Total Variación % 2012-2013

Variación % 2010-2013

3 Robo a cuentahabiente saliendo de cajero y/o

suc. bancaria c/v 1,365 1,381 962 699 -27.3% -48.7%

4 Robo a repartidor c/v y

s/v 5,089 4,596 3,792 3,023 -20.3% -40.5%

5 Robo a transeúntes en vía

pública 17,471 16,801 13,973 11,343 -18.8% -35.1%

67 ADVERTENCIA. Se han respetado las estimaciones presentadas en el informe RINDE. No obstante las variaciones

porcentuales de la gráfica incluida contiene errores. La variación porcentual entre los periodos 2010-2011 y 2011-2012 son 12.6% y 10%, respectivamente.


Página 74 de 78

6 Robo a pasajeros a bordo

de microbuses 2,639 2,059 1,372 1,146 -16.5% -56.5%

7 Robo a casa habitación

c/v 736 834 817 725 -11.3% -1.5%

8 Robo a negocio c/v 5,044 4,993 4,691 4,295 -8.4% -14.8%

9 Secuestro 60 55 65 60 -7.7% 0.0%

10 Robo de vehículo

automotor 24,473 19,167 18,515 17,279 -6.7% -29.3%

11 Robo a transportista c/v y

s/v 413 352 310 293 -5.5% -29.1%

12 Homicidio doloso 811 779 779 749 -3.9% -7.6%

13 Robo a pasajeros al interior del metro

415 406 390 376 -3.6% -9.3%

14 Lesiones dolosas con

arma de fuego 1,286 1,226 1,281 1,496 16.8% 16.3%

Total 62,933 54,849 48,430 42,406 -12.4% -32.6%

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Ciudadano, RINDE 2014.

Como se puede apreciar en la tabla, el único delito que ha incrementado su incidencia son las lesiones dolosas con arma de fuego. En 2013 subió 16.8% respecto al año anterior y 16.3% respecto al año base. En referencia a las lesiones dolosas, llama la atención que el Presidente del Consejo Ciudadano haya declarado que “…casi seis de cada diez (lesiones dolosas) son entre capitalinos, con un aumento importante por balas perdidas, riñas y venganzas personales”68. En primer lugar, porque con los datos del RINDE es imposible verificar si efectivamente el 60% de las lesiones dolosas con arma de fuego se originan entre capitalinos. En segundo lugar, porque de acuerdo con la definición de delitos dolosos la comisión de éstos implica intencionalidad y acción consciente, es decir, un acto deliberado. De tal manera, que las lesiones por “balas perdidas” constituirían un delito culposo pues son resultado de un acto imprudencial y sin intención. Finalmente, hay que poner atención sobre el comportamiento de la incidencia delictiva asociada al secuestro. Aunque en el 2013 se registró una disminución de 7.7% respecto al año anterior, si consideramos el año base (2010) no se aprecia ninguna variación. Tal como se ilustra en la siguiente gráfica, las averiguaciones previas iniciadas por secuestro en el Distrito Federal han seguido una trayectoria de altibajos.

68 Comunicado del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, “Bajan 12% delitos de alto

impacto en 2013, percepción de inseguridad distinta“, sin fecha, disponible en: http://www.consejociudadanodf.org.mx/noticia.php?n=413

http://www.consejociudadanodf.org.mx/noticia.php?n=413


Página 75 de 78

Secuestro (Averiguaciones Previas)

Fuente: RINDE, 2014.

La información reportada por el Consejo Ciudadano contiene indicios de mejora en las condiciones de seguridad en la capital del país. Los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) son consistentes con el contenido del RINDE. Al menos en lo que respecta a la victimización, que registra un comportamiento en el mismo sentido que la incidencia delictiva en el Distrito Federal.

4.1.4 Más allá del RINDE: mientras la incidencia delictiva disminuye, la percepción de inseguridad incrementa en el Distrito Federal

En asuntos de seguridad pública la percepción de (in) seguridad también impacta en la calidad de vida de los ciudadanos. Desafortunadamente, el RINDE no ofrece datos al respecto, aunque el Presidente del Consejo reconozca que la trayectoria de la opinión pública es distinta a la que se esperaría cuando la incidencia delictiva disminuye. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2013)69 desde el 2011 la percepción de inseguridad en el Distrito Federal se ha mantenido

69 La encuesta, a cargo del INEGI, se levantó del 04 de marzo al 26 de abril de 2013 en 95 mil 810 viviendas donde se le aplicó el cuestionarios a personas de 18 años o más de edad. La muestra fue seleccionada de manera probabilística: polietápica, por estratificada y por conglomerados. La ENVIPE 2013 ofrece información referente al nivel de victimización y delincuencia, denuncia del delito, características de las víctimas de delito, los delitos y los daños


Página 76 de 78

arriba del 70%. En la última medición se registró un ligero incremento, tal como se ilustra en la siguiente gráfica.

Percepción de Inseguridad en el Distrito Federal

Fuente: ENVIPE, 2013. NOTA: El periodo de referencia de cada ENVIPE es enero-diciembre del año anterior.

No es un dato menor que 7 de cada 10 capitalinos se sientan inseguros. De acuerdo con los datos del RINDE, el robo a cuentahabiente saliendo del cajero o de alguna sucursal fue el tercer delito que más disminuyó en el 2013. Sin embargo, los datos de la ENVIPE ubican al cajero automático como el lugar donde más inseguros se sienten los habitantes del Distrito Federal. Prácticamente 9 de cada 10 así lo expresaron. Tal como se ilustra en la siguiente tabla, la percepción de inseguridad se hace más latente en los espacios de carácter público. Por el contrario, el espacio privado, como la casa, es el que proporciona mayor sensación de seguridad.

Percepción de seguridad e inseguridad en espacios públicos y privados en el Distrito Federal

Espacios Seguro % Espacios Inseguros %

Casa 86.6% Cajero automático en vía pública 89.9%

Trabajo 73.5% Transporte público 84.7%

Escuela 72.0% La calle 75.1%

Fuente: ENVIPE, 2013

causados, percepción sobre la inseguridad, desempeño institucional y la caracterización de los delitos en los hogares, entre otros.


Página 77 de 78

La percepción de inseguridad también impacta en las probabilidades estimadas de ser víctimas de la inseguridad. 84.5% de los capitalinos se percibe vulnerable al menos ante un delito. La proporción más grande (83.2%) se siente más expuesta a robos o asaltos en la calle o en el transporte público, el 51.1% a lesiones o agresiones físicas y el 46.6% ante el secuestro o la extorsión. Este último delito, por cierto, no figura entre los 14 delitos de alto impacto social considerados por el Consejo, pero claramente es una preocupación para los ciudadanos del Distrito Federal.70 La vida cotidiana de los capitalinos está siendo afectada por la percepción de inseguridad y los cálculos de riesgo que estiman a partir de ello. Más de la mitad de los habitantes del Distrito Federal ha dejado de hacer algo por temor a ser víctimas de un delito. Tal como se ilustra en la siguiente tabla.

Espacios Inseguros %

Usar joyas 72.2%

Permitir que sus hijos menores de edad salgan 71.6%

Llevar dinero en efectivo 65.9%

Salir de noche 51.9%

Fuente: ENVIPE, 2013

Ha quedado claro que un decremento en la incidencia delictiva no implica por sí mismo una mejoría en la percepción de seguridad. Aunque las cifras que se presentan en el RINDE indican mejores condiciones objetivas, es un hecho que el Gobierno del Distrito Federal no ha podido contrarrestar el efecto que han generado sucesos delictivos de alto impacto mediático. Casos de secuestros a plena luz del día y en zonas céntricas de la ciudad con la colusión de policías del Distrito Federal, ejecuciones como parte de conflictos por narcomenudeo, asaltos a joyerías o a altos funcionarios, por poner sólo algunos ejemplos, permanecen presentes en la subjetividad de los capitalinos.

70 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013. Disponible en:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33623&s=est

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33623&s=est


Página 78 de 78

5. Lectura recomendada El volumen temático 2013 de la Revista Gestión y Política Pública del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) versa sobre la “Seguridad Pública en México”. Contiene una serie de artículos de utilidad para comprender el papel de las entidades federativas en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.