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La industria alimentaria que España necesita 2011

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La industria alimentaria que España necesita

2011

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Resumen Ejecutivo

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RESUMEN EJECUTIVO

España se encuentra en una profunda encrucijada, atenazada por la crisis internacional, una

economía nacional que debe afrontar importantes reformas y una compleja situación política.

Nuestro país se juega mucho en estos momentos, y la industria española de alimentación y

bebidas está determinada a jugar su papel dentro de la sociedad civil para contribuir a la salida

de la actual situación.

La primera industria nacional no solo quiere contribuir con sus propuestas sino que entiende

que todas ellas nos deben llevar a posicionarla en los términos económicos, políticos y sociales

que le corresponden, como corresponde al primer sector industrial español.

Las propuestas que se detallan en el documento

responden a una doble lógica: las medidas de entorno macroeconómico que son condición

necesaria para la reactivación, y las específicas del sector que van a impulsar nuestro

crecimiento.

1. MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER GENERAL

En primer lugar, se entiende que hay una serie de necesidades de reforma en el ámbito

económico que trascienden al sector alimentario pero que, por el contrario, son requisitos

previos para su impulso: sin cambios en la política macroeconómica del país no hay desarrollo

de la industria.

Entre estos requisitos previos se incluyen:

Reforma del mercado laboral para salir de la actual dualidad, simplificar el modelo,

adaptar las condiciones laborales a la situación económica y reducir el absentismo;

La reactivación de la demanda interna y en especial del consumo privado, evitando en

todo caso el incremento impositivo, la limitación de la comunicación comercial y la

restricción de ventas.

Reforma del sistema educativo en sus distintos niveles; la educación, la investigación y

la tecnología debe ser la palanca para que España se convierta en una economía

avanzada en la que las ideas se conviertan en empresas, y los inventos en productos;

hay que primar junto a la igualdad de oportunidades la búsqueda de la excelencia, así

como un acceso más eficiente y selectivo a los estudios universitarios, y la potenciación

de la formación profesional.

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Sistema energético: el actual sistema energético ha apostado por un modelo de

energías limpias apoyado fuertemente en subvenciones, a la vez que ha descartado la

opción nuclear. Nuestra industria paga la energía a precios muchos más altos que sus

competidores, restándonos competitividad en Europa, por lo que se hace necesario un

nuevo mix que invierta en investigación de nuevas energías (sin enfrentar calorías para

el consumo alimentario con calorías que producir energía), y que produzca con

seguridad pero a la precios razonables, a la vez que incide en el uso racional tanto

desde los inversores como en el cambio de pautas del comportamiento social.

La circulación del crédito y la recomposición del sistema financiero nacional. La crisis

financiera sigue afectando a nuestro sistema financiero que no acaba de sanearse,

limitando fuertemente el acceso de empresas sanas y de familias al crédito. En España

y especialmente en las pymes, el crédito es esencial para la financiación de las

empresas, y sin inversión no hay futuro. Por su lado, difícilmente puede animarse al

consumo si las familias no tienen crédito. España necesita recomponer su sistema

financiero para reactivar el económico.

Racionalización del gasto público y de las Administraciones. El modelo autonómico

ha conllevado la proximidad de la Administración al ciudadano, pero su deriva en los

últimos años ha desembocado en un gasto público de difícil reconducción, la

proliferación de instituciones a nivel autonómico duplicando los servicios prestados

desde la Administración central, y sobre todo, una fuente de ineficacia en la gestión

que merma la unidad de mercado y crea barreras para el desarrollo y competitividad de

la actividad de las empresas. Todos estos defectos deben corregirse para hacer más

efectiva la prestación de servicios al ciudadano, reconducir el gasto público y abrir

nuevas posibilidades a nuestra economía.

Pero si bien es verdad que sin estas medidas de carácter macroeconómico no es posible que la

industria alimentaria dé de sí todo su potencial, otras medidas deben completarse con una

serie de cambios que afecten a nuestro modelo agroalimentario y que deben acompañar y

completar a las anteriores.

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2. POR UN MODELO AGROALIMENTARIO COMPETITIVO

2.1 UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN TUTELANTE

La primera industria nacional necesita una Administración propia de tutela efectiva y

eficiente, que abarque todas sus necesidades. Independientemente de donde se adscriba, la

industria alimentaria necesita una Secretaría de Estado que ordene bajo su estructura:

el aprovisionamiento de materias primas

las normas técnicas y política alimentaria (nutrición y estilos de vida saludables)

política industrial alimentaria (fomento de la competitividad y la innovación)

relaciones de la cadena agroalimentaria.

promoción internacional y cultura alimentaria.

Pero, igualmente importante es velar por los intereses de la industria alimentaria en otros

ámbitos de las políticas activas, de manera que nuestros intereses se incardinen correctamente

en las políticas horizontales, tanto a nivel comunitario como especialmente nacional.

Proponemos en consecuencia crear una figura específica en la estructura ministerial o incluso

en Presidencia del Gobierno, que gestione una Comisión Interministerial permanente de

Política Agroalimentaria; de estructura mínima pero de alto rango que tiene como objetivo

armonizar, coordinar, trabar consensos con todos los Departamentos ministeriales que inciden

en nuestro sectores y apoya la política dictada desde el Ministerio del ramo.

2.2 UNAS RELACIONES EQUILIBRADAS EN LA CADENA AGROALIMENTARIA

La falta de vertebración y equilibrio en la cadena lastran nuestro modelo agroalimentario y, en

especial, la financiación del suministrador, la seguridad jurídica del tráfico mercantil, la

innovación, la competencia y el propio bienestar del consumidor.

Las actuales iniciativas en marcha a nivel comunitario deben desembocar en un marco

regulatorio que:

regule las prácticas abusivas y desleales,

establezca medios de control y aplicación a nivel nacional, a través de una autoridad

reguladora,

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legitime definitivamente a las Asociaciones para la defensa de los intereses de las

empresas y establezca un procedimiento confidencial de denuncias que active la

actuación de oficio de la Administración,

revise la aplicación de las normas de competencia en el sector agroalimentario.

España debe liderar este cambio empezando desde nuestro marco normativo, que requerirá

una profunda revisión, en especial con ocasión de la trasposición de la nueva Directiva de

lucha contra la morosidad, que deberá hacerse efectiva a principio de 2013.

2.3 INTERNACIONALIZACIÓN

Los espectaculares datos de nuestra exportación alimentaria confirman nuestra vocación y

competitividad exterior. El crecimiento de las necesidades de alimentación en el mundo, y en

especial del potencial de consumo en los países en desarrollo, nos llevan a plantear la

necesidad de reforzar nuestra inversión en internacionalización y en especial, la adopción de

un Plan Director a medio plazo que conjugue bajo una estrategia común los esfuerzos

públicos nacional y autonómico- y privados- asociaciones y empresas en todas la áreas de

acción:

Promoción comercial

Inversiones

Imagen

Cooperación empresarial

Formación

Servicios

Innovación

Este Plan Director debe establecer objetivos concretos a corto y medio plazo, aunar

esfuerzos y recursos, y repartir las actividades entre los diferentes agentes de la manera

más racional y efectiva posible.

Su aplicación práctica debe tener un objetivo tangible que evaluamos en

sobrepasar con nuestras exportaciones un tercio de la producción total nacional.

Junto al Plan Director, nuestro sector necesita:

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ordenar y potenciar la trilogía alimentación-gastronomía-turismo.

liderar la reforma comunitaria de los Reglamentos de promoción

agroalimentaria prevista para fin de 2012.

Ordenar la promoción agroalimentaria interior y reconducirla a objetivos de

promoción de estilos de vida saludable, información al consumidor y relación

con el turismo.

2.4 SOSTENIBILIDAD

Nos encontramos en una fase de transición: de un enfoque parcial de la protección

medioambiental a un nuevo modelo de política industrial sostenible orientado desde

Bruselas, que se basa en el análisis del ciclo de vida y en la próxima adopción de estándares

reconocidos y aplicados uniformemente a nivel comunitario.

En este tránsito, el principal objetivo debe ser:

Configurar una posición propia española para influir en Bruselas.

Evitar la proliferación de iniciativas particulares (en especial CO2) a nivel autonómico,

sin base técnica ni científica que compartimentan los mercados.

Clarificar la información al consumidor evitando confusiones para que contribuya a la

mejora ambiental.

En cuanto a la problemática específica de los residuos, es imprescindible que los actuales

Sistemas de Gestión (SIG) Ecoembes y Ecovidrio puedan seguir funcionando a pleno

rendimiento, sin interferencias de posibles SDDR que sólo crearían molestias y costes

innecesarios para el consumidor, graves daños a los sectores alimentarios y de bebidas, y

ninguna mejora medioambiental. Al mismo tiempo, deben revisarse las disposiciones sobre los

SIG de forma que se cumpla la legislación horizontal en materia de sociedades y no se

apliquen interferencias administrativas en la composición y funcionamiento de estas

sociedades anónimas.

Por último, y en el apartado de políticas de fomento, los Planes regionales de Desarrollo Rural

deben potenciar sus medidas de apoyo a la adaptación medioambiental de las empresas, en

especial acciones colectivas que unan a varias empresas en un objetivo de mejora común.

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2.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA

La reciente crisis de E. Colli en Alemania ha puesto de manifiesto los graves daños que puede

infligir a la economía una decisión inopinada de los responsables políticos de la salud pública.

Tampoco la recientemente aprobada Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición cubre estas

deficiencias, a pesar de haber sido una petición de la industria, y por ello se hace necesaria la

revisión del Reglamento UE 16/2011 de medidas de desarrollo de gestión de redes de alerta

en alimentos y piensos a través de la RASFF que gestiona la DG SANCO de la Comisión

Europea.

Esta revisión ineludible y en la que España debe jugar un papel esencial tiene que implicar:

mayor responsabilidad y poderes de gestión por parte de la Comisión, para evitar

errores y precipitaciones de las autoridades nacionales;

detallar un procedimiento común para la gestión de las redes de alerta por parte de las

autoridades nacionales, que asegure al máximo nivel de seguridad y protección del

consumidor, pero también los derechos de los operadores de manera efectiva;

acotar debidamente la aplicación del principio de precaución;

asegurar que la trazabilidad es un instrumento de identificación y gestión de las alertas

alimentarias, pero también de asignación de responsabilidades de autoridades y

operadores, que debe permitir la acción legal para el resarcimiento de daños por mala o

indebida gestión.

2.6 ALIMENTACIÓN Y SALUD

Una relación clave para nuestra industria, lo primero que debe revertirse es esa banalización,

demonización y cortoplacismo que suelen rodearle, tanto desde el ámbito administrativo como

en la opinión pública. La alimentación influye sobre la salud, pero no sólo negativamente, y es

justo y necesario que los poderes públicos resalten también los valores positivos de una

correcta alimentación, nuestra estrecha relación con la cultura, la sociedad, y en suma del

desarrollo socioeconómico de nuestro país.

Hay pues que renovar el compromiso público-privado que en su día articulamos con la

Estrategia NAOS sobre la base de acciones multisectoriales y multidisciplinarias, descartando

medidas prohibicionistas o restrictivas basadas en el concepto de alimentos buenos y malos,

que incluyan:

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el análisis científico de la realidad de la obesidad y el sobrepeso en España, como

primer paso para abordar los problemas;

políticas activas de formación e información al consumidor;

esfuerzos tangibles y medibles de todos los actores implicados, públicos y privados;

posicionamientos claros a nivel comunitario e internacional en contra de impuestos y

gravámenes a determinados grupos de alimentos, restricciones innecesarias a la

comunicación y alteraciones a la libre circulación de mercancías.

2.7 POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Bruselas decidirá en 2013 el nuevo marco legislativo de la Política Agraria Común. Los

debates entran en fase de presentación de propuestas legislativas, y todo apunta a una

estrategia más continuista que de auténtica reforma, con nuevos límites financieros.

La industria es el primer cliente de agricultura, y sin agricultura fuerte no hay industria

competitiva.

España y la Unión necesitan una PAC que siga apoyando a los agricultores pero centrando las

reformas en un esfuerzo por impulsar la competitividad del modelo agroalimentario

comunitario, no sólo en beneficio propio, sino para poder beneficiarnos del incremento de la

demanda mundial de alimentos que la FAO pronostica.

Una Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición fuerte e independiente con recursos

propios originados en tasas por servicios y capaz de coordinar eficazmente a las CC.AA. es

otra pieza esencial en esta política.

De la misma forma es esencial que esta nueva política se haga desde una estrategia global y

coherente con otras políticas que puedan actuar tanto de freno como impulso salud pública y

consumidores, competencia, comercio internacional, ciencia e innovación y desde una visión

de cadena agroalimentaria, no sólo para el primer eslabón de la misma.

En esta política que afecta plenamente y también regula al sector transformador, deben

incluirse:

una revisión de nuestra política comercial y de normas técnicas que nos permita

superar la actual pérdida de competitividad de los operadores comunitarios frente a los

productos importados, que no deben cumplir con disposiciones en materia

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medioambiental, de bienestar animal, trazabilidad y otras en el mercado interior

comunitario ni tampoco asumir sus costes -;

disposiciones para relanzar la investigación y la mejora agronómica, durante tanto

tiempo ausente, como elemento clave para mejorar e incrementar nuestra producción

agraria;

disposiciones en el segundo pilar (Desarrollo Rural) que superen el marco actual y, en

plena coherencia con la Estrategia UE 2020, articulen un programa agroindustrial de

apoyo a la innovación, la comercialización, la formación y el fortalecimiento de la

estructura empresarial del sector.

2.8 LA POLÍTICA DE APOYO A LA INDUSTRIA

Relacionado con el apartado anterior, el actual sistema de apoyo y fomento a la agroindustria

se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo Rural y los 17 Programas regionales, uno por

Comunidad Autónoma.

A pesar de haber supuesto un importante acicate para la mejora tecnológica y de

equipamientos para nuestra industria en los últimos años, el modelo se agota y debemos

reconsiderar sus ejes de actuación hacia:

la formación, y la incorporación de titulados universitarios en consonancia con las

necesidades del sector;

el área comercial, tanto nacional como internacional;

la mejora medioambiental continua.

2.9 LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

La industria española ya no puede competir sólo por precio y calidad, debemos asegurar

nuestro futuro con la innovación. La plena incorporación de España en la economía del

conocimiento pasa por superar la actual situación que define de manera preclara el informe

En el sector alimentario nuestra propuesta pasa por dos fases:

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Primero, propiciar una profunda reflexión con todos los agentes implicados

Administración central, autonómica, centros tecnológicos, empresas, asociaciones y

universidades para diseñar un Plan Estratégico a medio plazo de apoyo al I+D+i

agroalimentario nacional.

Segundo, la creación de un fondo específico de apoyo al I+D+i que implique, bajo una

misma estrategia:

o Fondos comunitarios (PAC y Estrategia UE 2020),

o Fondos nacionales, y

o Fondos autonómicos,

completados con la inversión privada de Centros Tecnológicos, la Plataforma Food for

Life España, empresas y Asociaciones.

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Anexos

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ANEXO I: RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

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