informe trimestral de impuestos enero, febrero y … · 2011-05-05 · -agente de retención del...

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Entrega Impuestos

I/2011

INFORME TRIMESTRAL DE IMPUESTOS

ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011

No. I-11

CARPETA I

Para insertar en LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL (LOPPM)

(pestaña de color verde): Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público

Municipal, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.015 de fecha 28-12-10.

- Sustituya las páginas amarillas del Índice Alfabético de Materias, por las cinco (5)

páginas que se remiten en esta entrega.

- Sustituya el texto de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por el enviado en este

Informe.

Para insertar en LEGISLACIÓN ESPECÍFICA: Providencia Administrativa sobre el

Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones

que deben cumplirse para el año 2011, publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.579 de fecha 22

de diciembre de 2010; Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, publicada en

Gaceta Oficial Nro. 39.575 de fecha 16-12-2010; Providencia mediante la cual se dictan los

Proyectos de Prevención Integral del Consumo de Drogas en el Ámbito Laboral, los cuales

deberán ser presentados ante el Fondo Nacional Antidrogas (Fona), publicada en Gaceta

Oficial Nro. 39.622 de fecha 23-02-2011; Providencia mediante la cual se ajusta la Unidad

Tributaria de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs.65,00), a Setenta y Seis Bolívares (Bs.76,00),

publicada en Gaceta Oficial Nro. 39.623 de fecha 25-02-2011.

- Sustituya las páginas amarillas de la Guía General de los Índices de Legislación

Específica, por las seis (6) páginas que se remiten en esta entrega, que contienen dicho

Índice refundido.

- Inserte los Índices Temáticos de Legislación Específica que se remiten en esta entrega,

que comienzan en la Pág. 101, después de la Pág. 100 de los que ya se encuentran insertos

en su carpeta.

- Inserte el texto de la Legislación Específica enviado en este Informe, que comienza en la

Pág. 395, después de la Pág. 394 de Legislación Específica.

CARPETA II

Para insertar en CRONOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS: Cronología de la Unidad

Tributaria; Índice Nacional de Precios al Consumidor; Tasa de interés aplicable a las

obligaciones tributarias vencidas.

-Sustituya la página 1 de Cronologías y Estadísticas, por la enviada en este Informe con la

misma numeración.

-Sustituya las páginas 51 y 52 (una sola hoja) de Cronologías y Estadísticas, por las

enviadas en este Informe con la misma numeración.


I/2011

Para insertar en MODELOS Y PLANILLAS: Tabla de Retenciones en materia de

Impuesto sobre la Renta aplicable para el año 2011.

- Sustituya las páginas amarillas del Índice de Modelos y Planillas, por las cinco (5)

páginas que se remiten en esta entrega, que contienen dicho Índice refundido.

-Inserte las Tablas de Retenciones enviadas en este Informe, que comienzan en la Pág. 109,

después de la Pág. 108 de Modelos y Planillas.

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Para que usted mantenga el control de los envíos de Informes Trimestrales y del resto de la Información, inserte

esta hoja Nro. I-11, después de la hoja Nro. IV-10.


I/2011

CARPETA I


I/2011

LEGISLACIÓN

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. ÍNDICE

L.O.P.P.M.

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LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

NORMATIVA TRIBUTARIA

Índice Alfabético de Materias

Título Art. Pág.

“A” ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE COMERCIALIZACIÓN. CONDICIÓN DE GRAVABILIDAD.............................................................................................216 53 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE LA...............................................................................170 43 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL: -Colaboración con los Distintos Niveles de la Administración Pública...................170 43 -Competencia para la Fiscalización, Gestión y Recaudación de los Tributos Propios..................................................................173 44 -Concurso de los Entes Públicos y de los Particulares para la realización de las funciones de la...........................................................................172 44 -Desconocimiento de Formas o Procedimientos para la Determinación del Ingreso Bruto............................................................................224 55 -Planes de Inspección Conjunta o Coordinada con las Administraciones Tributarias Municipal, Estadal o Nacional.....................171 44 -Principios Fundamentales.....................................................................................169 43 -Agente de Retención del Impuesto Sobre Actividades Económicas....................225 55 -

“C” COMERCIALIZACIÓN E INDUSTRIA: -Condición de Gravabilidad....................................................................................216 53 -Establecimiento Permanente................................................................................218 53 -Comercialización. Ejecución a Través de Varios Establecimientos......................219 53 - CONTRATACIONES DE LOS MUNICIPIOS: -Improcedencia de Compromisos de Liberación de Impuestos Nacionales o Estadales............................................................................................................166 43 -Irrenunciabilidad del Cobro de los Tributos..........................................................166 43 -Contratos de Estabilidad Tributaria con Contribuyentes. Fines...........................165 43 -Contribuciones Especiales por Mejoras. Base Imponible. Distribución................188 47 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE LA PLUSVALÍA DE PROPIEDADES: -Aumento de Valor.................................................................................................180 46 -Aumento de Valor. Límite.....................................................................................182 46 -Monto del Aumento para su Procedencia............................................................181 46 -Contribuciones Especiales Sobre Mejoras de Obras o Servicios Públicos..........183 47 -


L.O.P.P.M. Título Art. Pág.

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CONTRIBUCIONES ESPECIALES SOBRE MEJORAS DE OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS: -Colaboración Económica de Otra Entidad. Gestión y Recaudación.....................189 47 -Destino de las........................................................................................................185 47 -Exigencia cada Diez Años.....................................................................................191 48 -Obras o Servicios Financiados por el Municipio....................................................184 46 -Contribuciones Especiales.....................................................................................179 45 - CONTRIBUCIONES ESPECIALES: -Determinación del Costo de la Obra o Servicio.....................................................187 47 -Procedimiento Público de Participación de los Potenciales Contribuyentes....................................................................................190 48 -Rebaja de Impuesto Sobre Inmuebles Urbanos....................................................191 48 -Sujetos Pasivos.....................................................................................................186 47 -Contribuciones Municipales Especiales e Impuestos. Rebajas de – y Exoneraciones y Exenciones..................................................................................168 43 -Contribuciones, Tasas e Impuestos. Necesidad de Establecerlos Mediante Ordenanzas......................................................................163 42

“D” DEUDAS TRIBUTARIAS. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO PARA LAS ................................................................167 43

“E”

EJECUCIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CONDICIONES DE GRAVABILIDAD....................................................................217 53 EXENCIONES, EXONERACIONES O REBAJAS DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES MUNICIPALES ESPECIALES. REQUISITOS.................168 43 EXENCIONES O EXONERACIONES DE TRIBUTOS MUNICIPALES. NULIDAD DE LAS – CONCEDIDAS POR EL PODER NACIONAL O LOS ESTADOS......................................................................................................166 443 EXONERACIONES, EXENCIONES O REBAJAS DE IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES MUNICIPALES ESPECIALES. REQUISITOS.................168 43 “I” IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: -Actividades Económicas Sometidas al Pago de Regalías o Gravadas con Impuestos a Consumos Selectivos o sobre Actividades Económicas Específicas....................................................................213 52 -Actividades sin Fines de Lucro............................................................................207 51 -Actividad Industrial, Actividad Comercial y Actividad de Servicios. Definición..............................................................................................209 51 -Agricultura, Cría, Pesca y Actividad Forestal. Definición y Alcances



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de Explotación Primaria........................................................................................227 55 -Agricultura, Cría, Pesca y Actividad Forestal que no sean Actividad Primaria.............................................................................226 55 -Alcances...............................................................................................................208 51 -Base Imponible. Deducciones..............................................................................215 53 -Base Imponible. Ingresos Brutos.........................................................................210 51 -Base Imponible. Ingresos Brutos. Alcances.........................................................211 51 -Base Imponible. Partidas que no Forman Parte de la Base Imponible................214 52 -Ejecutivo Nacional o Estadal. Costo del Impuesto Municipal...............................212 51 -Hecho Imponible y Período del Gravamen...........................................................205 50 -Independencia de los Tributos del Poder Nacional o Estadal..............................206 50 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS...................................197 y 198 49 IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS: -Alcances...............................................................................................................174 44 -Base Imponible.....................................................................................................175 44 -Base Imponible. Valor de los Inmuebles...............................................................175 44 -Definición de Inmuebles Urbanos.........................................................................176 45 - IMPUESTO SOBRE JUEGOS Y APUESTAS LÍCITAS: -Alcances...............................................................................................................199 49 -Apostador Contribuyente......................................................................................200 49 -Base Imponible.....................................................................................................201 49 IMPUESTO SOBRE PREDIOS RURALES..........................................................177 45 IMPUESTO SOBRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD COMERCIAL: -Alcances...............................................................................................................202 50 -Anunciante Contribuyente....................................................................................204 50 -Propaganda Comercial o Publicidad. Definición..................................................203 50 - IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES INMOBILIARIAS.................................178 45 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS: -Contribuyentes Asimilados...................................................................................195 48 -Jueces, Notarios y Registradores. Comprobante de Pago..................................196 49 -Propiedad Gravada..............................................................................................193 48 -Sujetos Pasivos....................................................................................................194 48 - IMPUESTOS MUNICIPALES…………………….........................................174 a 227 44 a 55 IMPUESTOS O CONTRIBUCIONES MUNICIPALES ESPECIALES. REBAJAS DE – Y EXONERACIONES Y EXENCIONES. REQUISITOS.............168 43 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. NECESIDAD DE ESTABLECERLOS MEDIANTE ORDENANZAS.....................163 42 INDUSTRIA: -Contribuyente Industrial. Venta en Otros Municipios...........................................219 53 -Contribuyente Industrial. Venta en Varios Municipios..........................................219 53 INDUSTRIA Y COMERCIALIZACIÓN:



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-Condición de Gravabilidad......................................................................................216 53 -Establecimiento Permanente…………………………………………………...………218 53 - INMUEBLES URBANOS: -Definición ............................................................................................................176 45 -Impuesto Sobre...........................................................................................174 a 176 44 a 45 “J” JURISDICCIONES MUNICIPALES. NORMAS DE ATRIBUCIÓN DE INGRESOS......................................................................................................223 55 “M” MUNICIPIOS: -Acuerdos de Amortización Tributaria...................................................................220 54 -Criterios Técnicos y Económicos para la Atribución de los Ingresos en el Caso de un Contribuyente que Desarrolle un Proceso Único................................22 154 -Normas de Atribución de Ingresos......................................................................223 55 -Potestad para Celebrar Acuerdos y Evitar la Múltiple Tributación..............................................................................................162 42 “O” ORDENANZAS MUNICIPALES: -Potestad del Municipio para Crear mediante – Tributos.....................................160 41 -Principio de Legalidad Tributaria..........................................................................163 42 -Único Instrumento para Establecer Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales...................................................................................163 42 - “P” POTESTAD TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO............................................160 a 227 41 a 55 PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO...................................167 43 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS. IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS GRAVABLES.............................................217 53 “R” REGISTRO CONTABLE. OBLIGACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES.............222 54 RELACIONES FISCALES ENTRE LA REPÚBLICA, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES....................................169 43 “S”



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SERVICIOS PRESTADOS EN VARIAS JURISDICCIONES. IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS GRAVABLES.............................................219 53 “T” TASAS, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES. NECESIDAD DE ESTABLECERLOS MEDIANTE ORDENANZAS.................................................163 42 TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y POR SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA........................................................................................164 42 TRIBUTACIÓN MÚLTIPLE. POTESTAD DE LOS MUNICIPIOS PARA CELEBRAR ACUERDOS Y EVITAR LA MÚLTIPLE TRIBUTACIÓN..................162 42 TRIBUTOS MUNICIPALES: -Exigencias Constitucionales y Legales................................................................161 42 -Nulidad de las Exenciones o Exoneraciones de – concedidas por el Poder Nacional o los estados............................................................................166 43 -Requisitos que deben Cumplir las Ordenanzas...................................................163 42 TRIBUTOS. POTESTAD DEL MUNICIPIO PARA CREAR, MODIFICAR O SUPRIMIR TRIBUTOS......................................................................................160 41

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. L.O.P.P.M.

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LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

(GACETA OFICIAL EXTRAORIDINARIO Nº 6.015

DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente

LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios constitucionales, relativos al Poder Público Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, administración y control, para el efectivo ejercicio de la participación protagónica del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la democracia participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la descentralización y la transferencia a las comunidades organizadas, y a las comunas en su condición especial de entidad local, como a otras organizaciones del Poder Popular. Artículo 2. El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación protagónica del pueblo a través de las comunidades organizadas, de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados. Artículo 3. La autonomía es la facultad que tiene el Municipio para elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable de las comunidades y los fines del Estado. Artículo 4. En el ejercicio de su autonomía corresponde al Municipio: 1. Elegir sus autoridades. 2. Crear parroquias y otras entidades locales. 3. Crear instancias, mecanismos y sujetos de descentralización, conforme a

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 4. Asociarse en mancomunidades y demás formas asociativas

intergubernamentales para fines de interés público determinados.


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5. Legislar en materia de su competencia, y sobre la organización y funcionamiento de los distintos órganos del Municipio.

6. Gestionar las materias de su competencia. 7. Crear, recaudar e invertir sus ingresos. 8. Controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes municipales, así

como las operaciones relativas a los mismos. 9. Impulsar y promover la participación ciudadana, en el ejercicio de sus

actuaciones. 10. Las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida local

conforme a su naturaleza. Los actos del Municipio sólo podrán ser impugnados por ante los tribunales competentes. Artículo 5. Los municipios y las demás entidades locales se regirán por las normas constitucionales, las disposiciones de la presente Ley, la legislación aplicable, las leyes estadales y lo establecido en las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales. Las ordenanzas municipales determinarán el régimen organizativo y funcional de los poderes municipales según la distribución de competencias establecidas en la Constitución de la República, en esta Ley y en las leyes estadales. Se exceptúan las comunas de estas disposiciones, por su condición especial de entidad local, reguladas por la legislación que norma su constitución, conformación, organización y funcionamiento. Artículo 6. Los procesos de formación de las leyes estadales relativos al régimen y la organización de los municipios, y demás entidades locales, atenderán a las condiciones peculiares de población: desarrollo económico, capacidad fiscal, situación geográfica, historia, cultura, étnica y otros factores relevantes. El Consejo Legislativo, o sus comisiones, oirán la opinión de los alcaldes y alcaldesas, de los concejos municipales, de las juntas parroquiales y de los ciudadanos y ciudadanas, y de sus organizaciones, en la correspondiente jurisdicción. Para tales fines, deberán aplicar los mecanismos apropiados de consulta de acuerdo con la ley. El Consejo Legislativo reglamentará la participación de los alcaldes o alcaldesas. Artículo 7. El Municipio y las demás entidades locales conforman espacios primarios para la participación ciudadana en la planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. Los órganos del Municipio y demás entes locales, deberán crear los mecanismos para garantizar la participación de las comunidades y grupos sociales organizados en su ejercicio, de acuerdo a la ley. Artículo 8. Las autoridades del Municipio, de sus entes descentralizados y de las entidades locales deberán presentar informe sobre gestión y rendir cuentas


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públicas, transparentes, periódicas y oportunas ante las comunidades de su jurisdicción. A tales fines, garantizarán la información y convocatoria oportuna y los mecanismos de evaluación pertinentes, acerca de los recursos asignados, y los efectivamente dispuestos, con los resultados obtenidos.

TÍTULO II DE LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I

De la creación, fusión y segregación de municipios

Artículo 9. La potestad de los estados para organizar sus municipios y demás entidades locales se regirá por lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las disposiciones de esta Ley, así como en la constitución y leyes estadales respectivas. Artículo 10. Para que el Consejo Legislativo pueda crear un Municipio deben concurrir las siguientes condiciones: 1. Una población asentada establemente en un territorio determinado, con

vínculos de vecindad permanente. 2. Un centro poblado no menor a la media poblacional de los municipios

preexistentes en el estado, excluidos los dos de mayor población. Este requisito deberá ser certificado por el Servicio Nacional de Estadística. En caso de no existir otro Municipio en esa entidad para hacer comparación, se requerirá de una población no menor de diez mil habitantes.

3. Capacidad para generar recursos propios suficientes para atender los gastos de gobierno y administración general, y proveer la prestación de los servicios mínimos obligatorios. A los efectos del cumplimiento de este requisito, deberá constar en acta la opinión favorable del órgano rector nacional en la materia de presupuesto público. Igualmente, deberá constar la opinión del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. En dicha opinión motivada, se determinarán los efectos socioeconómicos en el o los municipios que resulten segregados.

Cumplidas estas condiciones, el Consejo Legislativo una vez aprobada la ley de creación del nuevo Municipio, someterá el instrumento legal a un referéndum aprobatorio, donde participarán todos los habitantes del Municipio afectado. Artículo 11. Los municipios indígenas serán creados, previa solicitud de los pueblos y comunidades u organizaciones indígenas, formuladas ante el respectivo Consejo Legislativo, atendiendo a las condiciones geográficas, poblacionales, elementos históricos y socioculturales de estos pueblos y comunidades. Artículo 12. Por razones de interés nacional relativas al desarrollo fronterizo o exigencias especiales, derivadas del Plan de Desarrollo Económico Social de la


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Nación, los Consejos Legislativos podrán crear, excepcionalmente, municipios de régimen especial, atendiendo a iniciativa reservada al Ejecutivo Nacional por órgano del Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros. Aun cuando las comunidades postuladas a tal categoría, no cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 10 de esta Ley, la ley de creación definirá el régimen especial atendiendo a la fundamentación que motiva la iniciativa. Artículo 13. Dos o más municipios limítrofes de un mismo estado podrán fusionarse y constituir uno nuevo cuando se confundan como consecuencia de la conurbación y existan evidentes motivos de conveniencia o necesidad. Artículo 14. La iniciativa para la creación, fusión o segregación de municipios, salvo la hipótesis de iniciativa reservada establecida en el artículo 12 de esta Ley, corresponderá: 1. A un número de electores con residencia en los municipios a los cuales

pertenezca el territorio afectado, no menor al quince por ciento de los inscritos en el Registro Electoral Permanente.

2. Al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

3. A los concejos municipales que estén comprendidos en el territorio afectado, mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al respectivo Gobernador o Gobernadora, con la aprobación de las dos terceras (2/3) partes de los integrantes del Consejo Legislativo.

5. A los alcaldes y alcaldesas de los municipios a los que pertenezca el territorio afectado, con la anuencia de los Consejos Locales de Planificación Pública.

Artículo 15. Antes de ser sancionado el proyecto de ley de creación, fusión o segregación de municipios deberá ser sometido a referéndum, donde participarán los electores de los municipios involucrados, quedando aprobado si en el proceso concurren a opinar el veinticinco por ciento (25%) de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Registro Electoral Permanente y el voto favorable a la creación, fusión o segregación es mayor al cincuenta por ciento (50%) de los votos consignados válidamente. Artículo 16. La Ley de creación del nuevo Municipio deberá publicarse en la Gaceta Oficial del estado, con al menos seis meses de anticipación a la fecha de las elecciones para un nuevo período municipal. El Consejo Legislativo establecerá en el mismo acto, el régimen de transición que regirá entre la creación del Municipio y su efectivo funcionamiento, con las previsiones relativas al inventario de los bienes y obligaciones de la Hacienda Municipal, en especial, el saneamiento de las obligaciones con los trabajadores al servicio del o de los municipios. Artículo 17. Mientras se elabora el ordenamiento jurídico propio en el nuevo Municipio, estará vigente el ordenamiento jurídico del Municipio segregado, salvo cuando se haya afectado el territorio de varios municipios, en cuyo caso,


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el ordenamiento jurídico a regir durante la transición será determinado por decisión del Consejo Legislativo. Artículo 18. Las solicitudes y asuntos que se encuentren en proceso, para la fecha de la toma de posesión de las autoridades del nuevo Municipio, continuarán el curso de tramitación ante éstas. Los actos firmes de efectos particulares, dictados por las autoridades competentes de o de los municipios a los que pertenezca el territorio afectado, surtirán sus efectos en la nueva jurisdicción. Si los actos en referencia no están firmes para esa fecha, podrán ser revisados de oficio por los órganos municipales competentes del nuevo Municipio, o recurridos ante ellos por los interesados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. El nuevo Municipio iniciará sus actuaciones propias sin pasivos laborales. Artículo 19. Además de los municipios, son entidades locales territoriales: 1. La comuna. 2. Los distritos metropolitanos. 3. Las áreas metropolitanas. 4. Las parroquias y demarcaciones dentro del territorio del Municipio, tales

como la urbanización, el barrio, la aldea y el caserío. Los supuestos y condiciones establecidos en esta Ley, para la creación de estas demarcaciones dentro del territorio del Municipio, así como los recursos de que dispondrán, concatenadas a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio, deberán ser considerados en la ley estadal que la desarrolle. La comuna, como entidad local de carácter especial que se rige por su ley de creación, puede constituirse dentro del territorio del Municipio o entre los límites político administrativo de dos o más municipios, sin que ello afecte la integridad territorial de los municipios donde se constituya.

Capítulo II De los distritos metropolitanos

Artículo 20. Cuando dos o más municipios tengan entre sí relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto urbano las características de un Área Metropolitana, y que hayan desarrollado previamente experiencias de mancomunidades durante al menos dos períodos municipales continuos, podrán organizarse en Distrito Metropolitano. Los distritos metropolitanos son entidades locales territoriales con personalidad jurídica, cuya creación corresponderá al Consejo Legislativo de la entidad federal a la que pertenezcan los municipios. Cuando los municipios pertenezcan a entidades federales distintas, la competencia corresponderá a la Asamblea Nacional.


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Artículo 21. La iniciativa para la creación de un Distrito Metropolitano, corresponderá: 1. Al quince por ciento (15%), por lo menos, de los vecinos inscritos en el

Registro Electoral de los municipios afectados. 2. A los alcaldes o alcaldesas de los respectivos municipios, con acuerdo

de los concejos municipales correspondientes, aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

3. A los concejos municipales respectivos, mediante acuerdo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

4. Al Gobernador o Gobernadora del estado, con acuerdo del Consejo Legislativo aprobado por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

5. Al Consejo Legislativo, aprobada por las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

6. Cuando se trate de municipios pertenecientes a varias entidades federales, la iniciativa también podrá tomarse con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, electos o electas en cada una de las respectivas entidades federales.

Artículo 22. La iniciativa deberá ser presentada dentro de los dos primeros años del período del Poder Público Municipal. Admitida la iniciativa por el Consejo Legislativo o por la Asamblea Nacional, según el caso, y realizados los informes técnicos relativos a la viabilidad del Distrito Metropolitano, se procederá a la convocatoria de una consulta popular de la población afectada, si el veinticinco por ciento (25%) de los electores inscritos en el Registro Electoral participa y más del cincuenta por ciento (50%) da su aprobación; el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, elaborarán la ley de creación correspondiente, siguiendo los lineamientos de los informes técnicos aprobados en el referendo. La ley de creación del Distrito Metropolitano una vez aprobada por la Asamblea Nacional o por el Consejo Legislativo cuando se trate de municipios de la misma entidad federal, seguirá el trámite ordinario para la entrada en vigencia de las leyes establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o Estadal, según el caso, pero deberá publicarse para que sea efectiva la elección de las nuevas autoridades distritales, por lo menos con un año de anticipación a la fecha del proceso comicial. La elaboración de la ley respectiva se hará con la efectiva participación ciudadana y, en especial, con la de las autoridades de los municipios involucrados. Artículo 23. La ley de creación del Distrito Metropolitano definirá los límites del mismo y su organización, con determinación expresa de las competencias metropolitanas que deberán asumir sus órganos de gobierno, administración y legislación. Artículo 24. El gobierno y la administración del Distrito Metropolitano corresponden a la autoridad ejecutiva metropolitana, que funcionará bajo la denominación que establezca la correspondiente ley de creación.


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La función legislativa será ejercida por el Consejo Metropolitano, el cual estará integrado de la manera que se establezca en la ley de creación del respectivo Distrito. En la Ordenanza de Reglamento Interior y de Debates del Consejo Metropolitano se preverá la participación permanente, con derecho a voz, de un representante del organismo nacional de desarrollo de la jurisdicción del Distrito Metropolitano, la cual será solicitada a ese organismo, dentro de los quince días siguientes a la instalación del Cuerpo. Artículo 25. El Distrito Metropolitano contará con los ingresos que le sean asignados en la ley de creación respectiva. Dicha ley, también regulará la transferencia de bienes municipales que se hará al Distrito Metropolitano para la prestación de los servicios o la gestión de las actividades transferidas. Artículo 26. Los distritos metropolitanos contarán con los siguientes ingresos: 1. Los que obtengan por derechos y tarifas en los servicios públicos que

presten en ejercicio de su competencia. 2. Las rentas y productos de su patrimonio. 3. Los provenientes de la enajenación de sus bienes. 4. Un porcentaje de los impuestos creados y recaudados por los municipios

agrupados, proporcional al costo del ejercicio de las competencias que le sean asignadas, en la ley respectiva.

5. Los aportes especiales y cualesquiera otros que por disposición legal le correspondan o le sean asignados.

El Distrito Metropolitano podrá asumir, mediante convenio con los municipios agrupados, la recaudación de los impuestos municipales previstos en el numeral 4 del presente artículo. Artículo 27. En los casos de creación de un Distrito Metropolitano y dentro del lapso de treinta días hábiles siguientes a la publicación de la ley de su creación, el Consejo Legislativo o la Asamblea Nacional, según el caso, nombrará una comisión compuesta por uno de sus miembros, quien la presidirá, el funcionario responsable por la Hacienda Municipal por cada uno de los municipios que lo integran, un Concejal o Concejala por cada uno de ellos, y un representante de la Contraloría General de la República, con el objeto de elaborar un inventario de la hacienda pública de cada uno de los municipios integrantes del Distrito Metropolitano. Artículo 28. Efectuado el inventario a que se refiere el artículo anterior la comisión, dentro de los noventa días siguientes a su instalación, presentará el informe al Consejo Legislativo o a la Asamblea Nacional, según el caso, para que el órgano legislativo correspondiente decida sobre el traspaso de los bienes municipales afectados a la prestación de los servicios transferidos o a la realización de las actividades asignadas a la competencia del Distrito Metropolitano.


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La decisión que refiere este artículo, será de obligatoria ejecución por los municipios correspondientes, a través del acuerdo emanado del Concejo Municipal respectivo. En caso de no hacerlo dentro de los sesenta días subsiguientes a la decisión del órgano legislativo, la autoridad metropolitana solicitará la ejecución por los órganos jurisdiccionales competentes. Las obligaciones de carácter laboral que surjan con ocasión de la creación del Distrito Metropolitano, serán asumidas por éste, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias y financieras, y los aportes proporcionales por parte de los municipios involucrados. Las demás obligaciones serán distribuidas en proporción al monto de la respectiva cuota de bienes asignados, conforme lo determine el Consejo Legislativo. Artículo 29. Las normas contenidas en la presente Ley, incluidas las relativas a los privilegios y prerrogativas, serán aplicables a los distritos metropolitanos en cuanto sean procedentes.

Capítulo III De las entidades locales

Artículo 30. Las parroquias y las otras entidades locales, dentro del territorio municipal son demarcaciones creadas con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos municipales. Artículo 31. Las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal, sólo podrán ser creadas mediante ordenanza aprobada con una votación de las tres cuartas (3/4) partes como mínimo de los integrantes del Consejo Municipal, con la organización, funciones, atribuciones y recursos que se les confieran en el momento de su creación, sobre la base de las características sociológicas, culturales y económicas del asentamiento de la población en el territorio municipal, sin perjuicio de la unidad de gobierno y de gestión del Municipio. Las parroquias podrán ser urbanas o no urbanas y, en ningún caso, constituirán divisiones exhaustivas del territorio municipal. Artículo 32. La iniciativa para la creación de las parroquias y las otras entidades locales dentro del territorio municipal, corresponderá en forma alternativa: 1. A los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el Registro Electoral, en un

número no menor al quince por ciento (15%) de residentes en el territorio municipal que servirá de base a la entidad local, mediante solicitud escrita al Concejo Municipal.

2. Al alcalde o alcaldesa mediante solicitud razonada ante el Concejo Municipal.

3. Al Concejo Municipal, mediante acuerdo razonado de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 33. Para crear una parroquia u otra de las entidades locales dentro del Municipio, se requiere que en el territorio correspondiente exista:


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1. Una población con residencia estable, igual o superior a la exigida en la

ley estadal para tales fines. 2. En los espacios urbanos, un Plan de Desarrollo Urbano Local

debidamente sancionado y publicado. En los espacios no urbanos, los lineamientos de la ordenación y ocupación del territorio.

3. Organización de la comunidad mediante agrupaciones sociales, electas democráticamente y debidamente registradas por ante los órganos competentes.

4. Organización de servicios públicos básicos. 5. Registro Catastral, con sujetos de tributación y contribuciones

municipales, de modo especial los inmobiliarios. El proyecto de creación será informado en forma pública y sometida a consulta de la población asentada en el espacio territorial de la parroquia o entidad local territorial propuesta. Los requisitos para la creación de la comuna, en el marco de su régimen especial como entidad local, se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica de las Comunas. Artículo 34. En la ordenanza de creación de la parroquia u otra entidad local dentro del territorio del Municipio, se deberá indicar: 1. Las atribuciones, actividades y funciones que le puedan ser delegadas y

las bases para la delegación de estas atribuciones por otros actos normativos.

2. El órgano de la administración municipal que ejercerá la supervisión de las atribuciones, actividades y funciones delegadas.

3. Los recursos humanos y de equipos asignados a la parroquia o entidad local territorial, y los medios necesarios para su eficaz ejecución.

4. La asignación del ingreso propio del Municipio que tendrá carácter de ingreso de la parroquia o entidad local territorial a los efectos de su creación y funcionamiento, de acuerdo a las atribuciones, actividades y funciones delegadas.

Artículo 35. La parroquia tendrá facultades consultivas, de evaluación y articulación entre el poder popular y los órganos del Poder Público Municipal. Sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio, la parroquia será coordinada por una junta parroquial comunal integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes cuando corresponda a un área urbana y tres miembros y sus respectivos suplentes cuando sea no urbana, elegidos o elegidas para un período de dos años. Todos los electos o electas por los voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia respectiva, la cual deberá ser validada por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, quienes en dicha elección deberán ser fiel expresión del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos y ciudadanas.


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Para la revocatoria del mandato de los o las integrantes de las juntas parroquiales comunales, se aplicarán las condiciones y el procedimiento establecido para los voceros y voceras de los consejos comunales, dispuestos en la ley que regula la materia. Artículo 36. Para ser miembro de la junta parroquial comunal, se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de quince años de edad, tener residencia en la parroquia, estar avalado por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su respectivo consejo comunal. Los extranjeros o extranjeras residentes en la parroquia deberán cumplir con las condiciones establecidas en la Constitución de la República. Artículo 37. La junta parroquial comunal tendrá atribuida la facultad expresa para los procesos siguientes: 1. Articular con las organizaciones de base del Poder Popular y su relación

con los órganos del Poder Público Municipal. 2. Consultar a las organizaciones de base del Poder Popular sobre los

programas, planes y proyectos que presente el municipio. 3. Evaluar los planes y proyectos que se ejecuten a través del municipio en

el territorio de la parroquia. 4. Facilitar la construcción y organización de los ejes comunales. 5. Coadyuvar con las políticas del Estado en todas sus instancias, con la

finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles político territoriales y las instancias político administrativas que establezca la ley.

6. Servir como centro de información y promoción de procesos participativos para la identificación de prioridades presupuestarias.

7. Promover los principios de corresponsabilidad, protagonismo y participación ciudadana en la gestión pública municipal.

8. Promover los servicios públicos y el principio de corresponsabilidad en lo atinente a la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de la República.

9. Promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, la adolescencia, a la tercera edad, a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad.

10. Cooperar con la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en la elaboración del censo social municipal, conjuntamente con la participación de las organizaciones vecinales y la sociedad organizada.

Las demás que le sean delegadas por el alcalde o alcaldesa, de conformidad con los instrumentos jurídicos municipales. Artículo 38. Las juntas parroquiales están en la obligación de requerir toda la información de la gestión municipal para ponerla a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia que se la soliciten. Artículo 39. El presupuesto municipal de cada ejercicio fiscal incorporará los planes, programas, proyectos y actividades encomendados a la parroquia o a


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la entidad local territorial, con previsión de los respectivos créditos presupuestarios, así como de los resultados que se esperan obtener en términos de producción de bienes y servicios, cuando sea posible cuantificarlos. En la ordenanza respectiva, se establecerá el órgano de la administración pública municipal que hará el seguimiento de las atribuciones señaladas.

Capítulo IV De las mancomunidades y demás figuras asociativas

Artículo 40. La mancomunidad es una figura asociativa constituida en forma voluntaria por dos o más municipios para la gestión de materias específicas de su competencia. Artículo 41. La mancomunidad procederá cuando se asocien dos o más municipios, colindantes o no, de la misma o de diversas entidades federales. La mancomunidad podrá asumir una o varias materias o funciones dentro de la competencia de los municipios mancomunados, pero no podrá asumir la totalidad de ellas. El Poder Nacional o el Poder Estadal podrá crear fondos especiales a favor de las mancomunidades de vocación única o de vocación múltiple que se creen, a los fines de la descentralización de competencias y actividades de un nivel a otro, de conformidad con la legislación rectora en cada sector. Artículo 42. Para la creación de una mancomunidad se requiere la aprobación mediante Acuerdo celebrado entre los municipios que concurren a su formación, el cual contendrá el estatuto que la regirá. La creación de la mancomunidad deberá estar contemplada en el Plan de Desarrollo de los municipios comprometidos, o ser considerada favorablemente en los Consejos Locales de Planificación Pública de esos municipios, con informes económicos que sustenten su creación. Artículo 43. Los estatutos de la mancomunidad deberán establecer de manera precisa: 1. El nombre, objeto y domicilio de la mancomunidad y los municipios que la

constituirán. 2. Los fines y objetivos para los cuales se crea. 3. El tiempo de su vigencia. 4. Los aportes a los cuales se obligan las entidades que la constituyen. 5. La composición del organismo directivo de la mancomunidad, forma de su

designación, facultades y responsabilidades. 6. Procedimiento para la reforma o disolución de la mancomunidad y la

manera de resolver las divergencias que pudieren surgir en relación con su gestión, sus bienes, ingresos u obligaciones.

7. La disolución de la mancomunidad antes de la expiración del tiempo de su vigencia o la denuncia del acuerdo mancomunitario por alguna de las


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entidades que lo conforman, deberá llenar las mismas exigencias establecidas en el artículo anterior para la creación de la mancomunidad, y sólo tendrán efecto una vez transcurrido un año de la correspondiente manifestación de voluntad.

8. Definición de las funciones que serán objeto de la mancomunidad. 9. Determinación de las funciones de control externo y de los dispositivos

orgánicos para hacerla efectiva. 10. Mecanismos de participación de la ciudadanía, con mención de la

rendición de cuentas a la población de los municipios mancomunados. 11. Los mecanismos que garanticen el cumplimiento de los aportes a los

cuales se obligan las entidades que la constituyen, incluida la posibilidad de autorizar derivaciones de transferencias nacionales o estadales, en caso de incumplimiento.

Artículo 44. La mancomunidad tendrá personalidad jurídica propia y no podrá comprometer a los municipios que la integran, más allá de los límites establecidos en el estatuto respectivo. Artículo 45. Los municipios podrán acordar entre sí la creación de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y otras figuras descentralizadas para el cumplimiento de acciones de interés local o intermunicipal. Artículo 46. Los municipios también podrán acordar con los demás entes públicos territoriales, la creación de otras figuras asociativas intergubernamentales a los fines de interés público relativos a materias de su competencia.

Capítulo V De la diversidad de regímenes

Artículo 47. La legislación municipal que desarrollen los Consejos Legislativos y los concejos municipales, deberá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los municipios, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros factores relevantes; así como las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración democrática que corresponda a los municipios indígenas y a los municipios con población indígena, de acuerdo a la naturaleza del gobierno local y las características de la entidad federal respectiva. Artículo 48. Estos regímenes de organización, gobierno y administración deberán estar en correspondencia con los planes de desarrollo elaborados por los Consejos de Planificación a nivel municipal y estadal, orientados a atender con eficiencia los requerimientos para el desarrollo de la vocación económica respectiva.


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Artículo 49. Los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones participarán en la formación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. Artículo 50. El Municipio Indígena es la organización del régimen de gobierno y administración local, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas definen, ejecutan, controlan y evalúan la gestión pública de acuerdo a los planes previstos en su jurisdicción territorial, tomando en cuenta la organización social, política y económica, cultural, usos y costumbres, idiomas y religiones, a fin de establecer una administración municipal que garantice la participación protagónica en el marco de su desarrollo sociocultural. La organización municipal de los municipios indígenas será democrática y responderá a la naturaleza propia del gobierno local. Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas deberán tener participación política en los municipios en cuya jurisdicción esté asentada su comunidad y, en tal sentido, debe garantizarse la representación indígena en el concejo municipal, atendiendo a lo establecido en las leyes que regulan la materia electoral.

TÍTULO III DE LA COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS

Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES

Capítulo I Competencia de los municipios

Artículo 52. Es competencia de los municipios, el gobierno y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades y servicios que requiera la comunidad municipal, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Artículo 53. Cada Municipio tiene competencia para organizar el funcionamiento de sus órganos y regular las atribuciones de las distintas entidades municipales. El Concejo Municipal dictará las normas que regulen su autonomía funcional y su ordenamiento interno. Artículo 54. El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes instrumentos jurídicos: 1. Ordenanzas: son los actos que sanciona el Concejo Municipal para

establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local. Las ordenanzas recibirán por lo menos dos discusiones y en días diferentes, deberán ser promulgadas por el alcalde o alcaldesa y ser publicadas en la Gaceta Municipal o Distrital, según el caso, y prever, de conformidad con la ley o si lo ameritare la naturaleza de su objeto, la vacatio legis a partir de su publicación. Durante el proceso de discusión y aprobación de las


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ordenanzas, el Concejo Municipal consultará al alcalde o alcaldesa, a los otros órganos del Municipio, a los ciudadanos y ciudadanas, a la sociedad organizada de su jurisdicción, y atenderá las opiniones por ellos emitidas.

2. Acuerdos: son los actos que dicten los concejos municipales sobre asuntos de efecto particular. Estos acuerdos serán publicados en la Gaceta Municipal cuando afecten la Hacienda Pública Municipal.

3. Reglamentos: son los actos del Concejo Municipal para establecer su propio régimen, así como el de sus órganos, servicios y dependencias. Estos reglamentos serán sancionados mediante dos discusiones y publicados en Gaceta Municipal.

4. Decretos: son los actos administrativos de efecto general, dictados por el alcalde o alcaldesa y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o Distrital. El alcalde o alcaldesa reglamentará las ordenanzas mediante decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón y, en todo caso, deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o Distrital.

5. Resoluciones: son actos administrativos de efecto particular, dictados por el alcalde o alcaldesa, el Contralor o Contralora Municipal y demás funcionarios competentes.

6. Otros instrumentos jurídicos de uso corriente en la práctica administrativa, ajustados a las previsiones que las leyes señalen.

Las ordenanzas, acuerdos, reglamentos, decretos, resoluciones y demás instrumentos jurídicos municipales son de obligatorio cumplimiento por parte de los particulares y de las autoridades nacionales, estadales y locales. Artículo 55. Las competencias de los municipios son propias, concurrentes, además descentralizadas y delegadas. Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes: 1. El gobierno y administración de los intereses propios de la vida local. 2. La gestión de las materias que la Constitución de la República Bolivariana

de Venezuela y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

a. La ordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el patrimonio

histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público.

b. La vialidad urbana, la circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales y los servicios de transporte público urbano.

c. Los espectáculos públicos y la publicidad comercial en lo relacionado con los intereses y fines específicos del Municipio.


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d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

e. La salubridad y la atención primaria en salud; los servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; la educación preescolar; los servicios de integración familiar de las personas con discapacidad al desarrollo comunitario; las actividades e instalaciones culturales y deportivas; los servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes; y otras actividades relacionadas.

f. Los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico; de alumbrado público, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; de mataderos, cementerios, servicios funerarios, de abastecimiento y mercados.

g. La justicia de paz; la atención social sobre la violencia contra la mujer y la familia, la prevención y protección vecinal y los servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.

h. La organización y funcionamiento de la administración pública municipal y el estatuto de la función pública municipal.

i. Las demás relativas a la vida local y las que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes nacionales y estadales.

Artículo 57. Las competencias concurrentes son aquellas que el Municipio comparte con el Poder Nacional o Estadal, las cuales serán ejercidas por éste sobre las materias que le sean asignadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de base y las leyes de desarrollo. Esta legislación estará orientada por los principios de la interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiaridad, previsto en el artículo 165 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La falta de legislación nacional no impide al Municipio el ejercicio de estas competencias. Artículo 58. El Poder Nacional o los estados podrán transferir al Municipio, determinadas materias de sus competencias y la administración de sus respectivos recursos, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 158 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la ley de descentralización se determinará el alcance, contenido y condiciones de la transferencia, así como el control que podrá ejercer el Poder Nacional o los estados, según el caso, sobre los recursos de personal, materiales y económicos que se transfieran. El Municipio podrá solicitar al Poder Nacional o al Estado respectivo la transferencia de determinadas competencias. Artículo 59. El Poder Nacional o los estados podrán delegar en los municipios, previa aceptación de éstos, el ejercicio de determinadas actividades nacionales o estadales con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública o de la prestación de un servicio público. La delegación comenzará a ejecutarse cuando se hayan transferido al Municipio los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la delegación. Las competencias delegadas las ejercerán


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los municipios conforme a las prescripciones contenidas en el acto de delegación. Los municipios podrán solicitar al Poder Nacional o al del Estado respectivo, la delegación de determinadas actividades. Artículo 60. Cada Municipio, según sus particularidades, tendrá un plan que contemple la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal. Artículo 61. Cada Municipio, según sus peculiaridades, tendrá un plan local de desarrollo urbano mediante el cual se regulará el uso y aprovechamiento del suelo según las directrices contenidas en el plan nacional de ordenación urbanística, y en concordancia con el plan de desarrollo económico y social señalado en el artículo anterior. Este plan contendrá la ordenación del territorio municipal, hará una clasificación de los suelos y sus usos, y regulará los diferentes usos y niveles de intensidad de los mismos, definirá los espacios libres y de equipamiento comunitario, adoptará las medidas de protección del medio ambiente, de conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico, así como la defensa del paisaje y de los elementos naturales. Contendrá además, si fuere necesario, la determinación de las operaciones destinadas a la renovación o reforma interior de las ciudades. Artículo 62. Los municipios con vocación turística, dictarán los planes locales de turismo para promover y desarrollar esa actividad. En esos planes se promoverá, conjuntamente con los sectores público y privado, el desarrollo turístico de aquellos sitios de interés histórico, de bellezas naturales, recreativos y de producción de artesanía, así como cualquiera otra manifestación de interés turístico. Los municipios coordinarán sus actividades turísticas con las que desarrollen el Poder Nacional o el Estado respectivo, en el ámbito municipal. Artículo 63. Los servicios públicos domiciliarios de suministro de agua potable, de electricidad y de gas, son competencia de los municipios y serán prestados directamente por éstos o mediante alguna forma de contratación, con sujeción al régimen general que se establezca en la correspondiente ley nacional. Artículo 64. A los municipios les corresponde la protección del medio ambiente y de la salubridad pública, el suministro de gas y el tratamiento de las aguas residuales, así como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los vecinos. Los municipios serán convocados para que participen en la formulación de la política nacional o estadal en materia ambiental. La administración municipal tendrá a su cargo la gestión de la materia de los residuos urbanos y de las aguas residuales, la intervención contra los ruidos molestos, el control de las emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito municipal, así como el establecimiento de los corredores de circulación para el transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.


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El Poder Nacional y los estados facilitarán a los municipios los apoyos técnicos y los recursos que se requieran para cumplir con estas funciones. Artículo 65. La policía municipal cumplirá funciones de policía administrativa, de control de espectáculos públicos, de orden público y de circulación, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República. Artículo 66. A los municipios les corresponde la protección y defensa civil, la prevención y extinción de incendios, la prevención y acción inmediata en caso de accidentes naturales o de otra naturaleza, como inundaciones, terremotos, epidemias u otras enfermedades contagiosas, conforme a la ley. Artículo 67. Las competencias de los municipios con población predominantemente indígena se ejercerán con respeto a los usos y costumbres de cada comunidad. Artículo 68. La ley estadal respectiva determinará los servicios públicos mínimos que cada Municipio deberá prestar de manera obligatoria, atendiendo a su categoría demográfica y actividad predominante, así como otros elementos relevantes. La prestación de los servicios de agua potable, de recolección de basura, de alcantarillado de aguas servidas y pluviales, de alumbrado público, de plazas y parques públicos, será obligatoria para todos los municipios.

Capítulo II De los modos de gestión

Artículo 69. Los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus competencias. Podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos que dependan jerárquicamente de ellos. También podrán hacerlo mediante formas de descentralización funcional o de servicios o mediante la creación de empresas públicas municipales de economía exclusiva o de economía mixta. También podrán contratar con los particulares la gestión de servicios y obras públicas. Artículo 70. Los municipios están en la obligación de estimular la creación de empresas de economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Asimismo, promoverán la constitución de empresas autogestionarias y cogestionarias, para facilitar la participación de los trabajadores y de las comunidades y garantizar la participación ciudadana en la gestión municipal. Artículo 71. Los municipios promoverán la desconcentración del gobierno y administración, así como la descentralización para la prestación de los servicios. En los procesos de desconcentración se establecerán formas efectivas de participación ciudadana.


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Artículo 72. La creación de institutos autónomos sólo podrá realizarse dada la iniciativa reservada y debidamente motivada del alcalde o alcaldesa, mediante ordenanza. La creación de sociedades, fundaciones o asociaciones civiles municipales será dispuesta por el alcalde o alcaldesa mediante decreto con la autorización del Concejo Municipal. En todo caso, deberá constar en el procedimiento de creación la opinión previa del síndico procurador o síndica procuradora y del contralor o contralora municipal. Artículo 73. La prestación de los servicios públicos municipales podrá ser objeto de concesión, sólo mediante licitación pública a particulares y bajo las siguientes condiciones mínimas establecidas en el contrato de concesión: 1. Plazo de la concesión, no podrá excederse de veinte años. 2. Precio que pagará el concesionario por los derechos que le otorga la

concesión y participación del Municipio en las utilidades o ingresos brutos por la explotación de la concesión. En el respectivo contrato de concesión se establecerán los mecanismos de revisión periódica de estas ventajas otorgadas al Municipio.

3. Garantía de fiel cumplimiento constituida por el concesionario a favor del Municipio y aceptada por éste, la cual se actualizará periódicamente durante el término de la concesión.

4. Derecho del Municipio a revisar periódicamente los términos del contrato para su adopción y posibles mejoras tecnológicas.

5. Derecho del Municipio a la intervención temporal del servicio y a asumir su prestación por cuenta del concesionario, en las situaciones que previamente se establezcan.

6. Derecho de revocatoria por parte del Municipio sin menoscabo de la indemnización por el monto de las inversiones no amortizadas, en ningún caso la revocatoria dará lugar a indemnización por lucro cesante.

7. Traspaso gratuito al Municipio, libre de gravámenes, de los bienes, derechos y acciones objeto de la concesión, al extinguirse ésta por cualquier título.

Artículo 74. Las concesiones de uso para el servicio público de transporte colectivo urbano se regirán por las disposiciones aprobadas por el Concejo Municipal, a solicitud del alcalde o alcaldesa y tendrá una duración no mayor de cinco años.

TÍTULO IV DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Y DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

Capítulo I Principios Generales de la Organización Municipal

Artículo 75. El Poder Público Municipal se ejerce a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde el gobierno y la administración; la función deliberante que corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales y concejalas. La función de control fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal, en los


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términos establecidos en la ley y su ordenanza. Y la función de planificación, que será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública. Los órganos del poder público municipal, en el ejercicio de sus funciones incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, para lo cual deberán crear los mecanismos que la garanticen. Artículo 76. La administración pública municipal se regirá por los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes respectivas. Cada Municipio mediante ordenanza, desarrollará esos principios para la organización y funcionamiento de los órganos del nivel local, central, descentralizado o desconcentrado, con el fin de alcanzar mayores niveles de desempeño, atención y participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión, racionalidad de costos y continuidad en el ejercicio de la función pública. Los órganos que la componen colaborarán entre sí para el cumplimiento de los fines del Municipio. Artículo 77. La administración pública municipal deberá desarrollar programas de gerencia con procesos de mejora y formación continua, de elevación de la competencia funcionarial y de continuidad en el ejercicio de la función pública a los fines del mejor servicio a los ciudadanos y ciudadanas y la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Igualmente, desarrollará progresivamente la utilización de la telemática en los sistemas de información, seguimiento y control de la gestión. Se propenderá a la creación de un sistema intermunicipal de recursos humanos que facilite la acreditación de conocimientos y experiencia de las personas que laboran en los municipios, con el propósito de promover el desarrollo de la carrera del funcionario municipal en el territorio nacional. Los municipios desarrollarán las acciones asociativas entre sí y con otros entes para tales propósitos, y acordarán sobre los mecanismos de implantación y los plazos para su ejecución. Artículo 78. Cada Municipio mediante ordenanza, dictará el Estatuto de la Función Pública Municipal que regulará el ingreso por concurso, ascenso por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, estabilidad, régimen disciplinario y demás situaciones administrativas; asimismo, los requerimientos de formación profesional, los planes de capacitación y carrera de los funcionarios al servicio de la administración pública municipal, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Artículo 79. La ley orgánica que rige la materia prevé la modalidad y el límite de las remuneraciones que correspondan por el desempeño de la función pública de alcalde o alcaldesa, de los concejales o concejalas y, de los miembros de las juntas parroquiales. El sistema de remuneración de los demás


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funcionarios del respectivo Municipio deberá ser compatible con aquéllas y sostenible para las finanzas municipales. Artículo 80. La función de alcalde o alcaldesa es incompatible con cualquier otro destino público remunerado, salvo lo exceptuado en el artículo 148 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre que sean de dedicación compatible con sus funciones y no exista otra incompatibilidad legal expresa. Artículo 81. Está prohibido al alcalde o alcaldesa y a los concejales o concejalas: 1. Intervenir en la resolución de asuntos municipales en que estén

interesados personalmente o lo estén su cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o empresas en las cuales sean accionistas.

2. Celebrar contratos por sí o por interpuesta persona sobre bienes o rentas del municipio, o mancomunidades en que participe la entidad, salvo los contratos de sus entes descentralizados que celebren como usuarios de los servicios públicos, bajo condiciones de cláusulas uniformes.

3. Desempeñar otro cargo de cualquier naturaleza en la administración municipal o en institutos autónomos, fundaciones, empresas, asociaciones civiles y demás entidades descentralizadas del municipio, salvo la representación sin remuneración que corresponde al alcalde o alcaldesa en las asambleas de socios de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y organismos similares conforme a las respectivas normas estatutarias.

4. Será nulo lo ejecutado en contravención a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de este artículo.

En el caso previsto en el numeral 1 de este artículo, el síndico procurador o síndico procuradora municipal será la autoridad competente para decidir en el caso concreto, y su decisión tendrá carácter vinculante. Artículo 82. El período de los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas electos o electas es de cuatro años. La elección de las mismas será necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional. Artículo 83. No podrán ser postulados para alcalde o alcaldesa, concejal o concejala ni miembros de las juntas parroquiales: 1. Quienes estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política. 2. Quienes, por sí o interpuesta persona, ejecuten contrato o presten servicio

público por cuenta del Municipio, fundación o empresa con participación de la entidad municipal; o tuvieren acciones, participaciones o derechos en empresas que tengan contratos con el Municipio.

3. Los deudores morosos en cualquier entidad municipal o al tesoro nacional, hasta que hubieren pagado sus obligaciones.

4. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de la función pública.


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Capítulo II

Organización y Funciones del Ejecutivo Municipal

Artículo 84. En cada Municipio se elegirá un alcalde o alcaldesa por votación universal, directa y secreta, con sujeción a lo dispuesto en la legislación electoral. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad civil y política en la jurisdicción municipal, jefe del ejecutivo del Municipio, primera autoridad de la policía municipal y representante legal de la entidad municipal. Tendrá carácter de funcionario público. Artículo 85. El alcalde o alcaldesa deberá ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años de edad, de estado seglar y haber residido, al menos durante tres años, en el Municipio por el cual se postula. En el caso de ser venezolano o venezolana por naturalización, deben tener domicilio con residencia ininterrumpida en el país no menos de quince años, de los cuales los tres últimos años previos a la elección, deben ser en el Municipio al cual se postule. Los alcaldes o alcaldesas de los municipios fronterizos deberán ser venezolanos o venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad. Artículo 86. Los candidatos a alcalde o alcaldesa deberán someter de manera pública a la consideración de los electores, los lineamientos de su programa de gobierno que presentará al momento de la inscripción de la candidatura para su registro en el organismo electoral respectivo, que lo difundirá a través de su portal electrónico u otro medio idóneo. El alcalde o alcaldesa electo o electa, incorporará los lineamientos generales del programa presentado para la gestión, en la propuesta del respectivo plan municipal de desarrollo. Artículo 87. Las ausencias temporales del alcalde o alcaldesa serán suplidas por el funcionario de alto nivel de dirección, que él mismo o ella misma designe. Si la ausencia fuese por un período mayor de quince días continuos, deberá solicitar autorización al Concejo Municipal. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, el Concejo Municipal, con el análisis de las circunstancias que constituyen las razones de la ausencia, declarará si debe considerarse como ausencia absoluta. Cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva. Cuando se produjere la ausencia absoluta del alcalde o alcaldesa antes de tomar posesión del cargo o antes de cumplir la mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección, en la fecha que fije el organismo electoral competente.


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Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión. Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales. En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal. Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato. Artículo 88. El alcalde o alcaldesa tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela, la constitución del estado, leyes nacionales, estadales, ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales.

2. Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos dentro del ámbito de su competencia, y ejercer la representación del Municipio.

3. Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos en la entidad local.

4. Proteger y conservar los bienes de la entidad, para lo cual deberá hacer la actualización del inventario correspondiente; y solicitar a la autoridad competente el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar para quienes los tengan a su cargo, cuidado o custodia.

5. Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales. 6. Suscribir contratos que celebre la entidad, con previsión de la

disposición de los gastos que generen, y ordenar sus pagos de conformidad con lo establecido en las leyes y ordenanzas que rigen la materia.

7. Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal y, en tal carácter, ingresar, nombrar, remover, destituir y egresar, conforme a los procedimientos administrativos establecidos en la ordenanza que rige la materia, con excepción del personal asignado al Concejo Municipal.

8. Presidir el Concejo Local de Planificación Pública, conforme al ordenamiento jurídico.

9. Formular y someter a consideración del Consejo Local de Planificación Pública, el Plan Municipal de Desarrollo con los lineamientos del programa de gestión presentado a los electores, de conformidad con las disposiciones nacionales y municipales aplicables.


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10. Someter a consideración del Concejo Municipal los planes de desarrollo urbano local, conforme a las normas y procedimientos establecidos en los instrumentos normativos nacionales.

11. Elaborar y presentar el proyecto de Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal siguiente.

12. Presentar a consideración del Concejo Municipal, proyectos de ordenanzas con sus respectivas exposiciones de motivos, así como promulgar las ordenanzas sancionadas por el Concejo Municipal y objetar las que considere inconvenientes o contrarias al ordenamiento legal, de conformidad con el procedimiento previsto en la ordenanza sobre instrumentos jurídicos municipales.

13. Designar los apoderados judiciales o extrajudiciales que asuman la representación de la entidad para determinados asuntos, previa consulta al síndico procurador o síndica procuradora municipal.

14. Realizar las atribuciones que en materia del Registro Civil del Municipio le asigne el Poder Electoral.

15. Ejercer la autoridad sobre la policía municipal, a través del funcionario de alta dirección que designe.

16. Conceder ayudas y otorgar becas y pensiones de acuerdo a las leyes y ordenanzas.

17. Informar al Concejo Municipal sobre asuntos de su competencia, cuando le sea requerido, o cuando lo estime conveniente.

18. Presentar al Concejo Municipal, en el segundo mes siguiente a la finalización de cada ejercicio económico-financiero de su mandato, el informe de su gestión y a la Contraloría Municipal la cuenta de la misma, en la cual incluirá informe detallado de las obligaciones impagadas o morosas de los contribuyentes.

19. Presentar dentro del primer trimestre del año, de manera organizada y pública a la comunidad respectiva convocada previamente, la rendición de cuentas de la gestión política y administrativa del año económico financiero precedente, relacionando los logros con las metas del plan municipal de desarrollo y el programa presentado como candidato.

20. Promover la participación ciudadana y la educación para la participación. 21. Ejercer las atribuciones relativas a la competencia municipal, cuando no

estén expresamente asignadas a otro órgano. 22. Mantener la observancia rigurosa del ciudadano o ciudadana en la

preservación del ambiente, así como hacer cumplir toda la legislación establecida en materia ambiental.

23. Revisar y resolver los recursos jerárquicos y demás actos administrativos dictados por las distintas dependencias del Municipio.

24. Las que atribuyan otras leyes. Artículo 89. Los alcaldes o alcaldesas, previo el cumplimiento del procedimiento correspondiente garantizando el debido proceso, conforme con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás instrumentos jurídicos municipales, podrán, por sí o a través de los funcionarios competentes del Municipio, ordenar la demolición de las obras construidas en contravención a las normas relativas al uso del suelo o la conservación, restauración o demolición de edificios en situación ruinosa.


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En estos casos, el alcalde o alcaldesa ordenará al propietario que proceda a la demolición, conservación o restauración del inmueble, dentro del lapso que se fije. Si el propietario no lo hiciere, el alcalde o alcaldesa ordenará que lo hagan por cuenta del propietario. El costo de las obras en que incurriere el Municipio, podrá cobrárselo al propietario por el procedimiento de la vía ejecutiva, previsto en el Código de Procedimiento Civil. Artículo 90. En el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones, el alcalde o alcaldesa debe llevar relaciones de cooperación y armonización con los poderes públicos nacionales y estadales, así como con las otras entidades locales y órganos del municipio, y cooperar con ellos para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo, deberá mantener informada a la comunidad del Municipio, acerca de la marcha de la gestión e interesarla para su incorporación a los propósitos del desarrollo local. Artículo 91. Pasados treinta días consecutivos de la oportunidad fijada para la presentación de la rendición de cuentas sobre su gestión o de las prórrogas concedidas por el Concejo Municipal o por la Contraloría Municipal, según sea el caso, sin que el alcalde o alcaldesa haya cumplido esta obligación de manera oficial, el Concejo Municipal o la Contraloría Municipal declararán, en la respectiva situación, la falta grave del alcalde o alcaldesa en el ejercicio de su cargo por omisión de deberes legales del mismo y será causal conforme a la ley, para solicitar la intervención del Ministerio Público a todos los efectos legales. Igualmente, se procederá en caso de no presentar oportunamente la rendición pública de cuentas, de la misma forma, cualquier ciudadano o ciudadana podrá acudir por ante la Fiscalía o Contraloría General de la República a denunciar este incumplimiento.

Capítulo III Organización y Funciones del Concejo Municipal

Artículo 92. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal integrado por los concejales o concejalas electos o electas en la forma determinada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la ley respectiva. También ejercerá el control político sobre los órganos ejecutivos del Poder Público Municipal. Artículo 93. Para ser concejal o concejala se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veintiún años de edad, y tener residencia en el Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección. En el caso de los municipios fronterizos, los venezolanos por naturalización deben tener más de diez años de residencia en el Municipio. Artículo 94. El número de concejales o concejalas que integra el Concejo Municipal es proporcional a la población del Municipio, de acuerdo con las siguientes escalas:


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1. Municipios de hasta quince mil habitantes, cinco concejales o concejalas; 2. Municipios de quince mil un habitantes a cien mil habitantes, siete

concejales o concejalas; 3. Municipios de cien mil un habitantes a trescientos mil habitantes, nueve

concejales o concejalas; 4. Municipios de trescientos mil un habitantes a seiscientos mil habitantes,

once concejales o concejalas; 5. Municipios de seiscientos mil un habitantes y más, trece concejales o

concejalas. Artículo 95. Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal: 1. Iniciar, consultar a las comunidades y sus organizaciones, discutir y

sancionar los proyectos de ordenanzas incluida la relativa a su Reglamento Interior y de Debates, a fin de proveer a la organización de sus funciones, para sancionar las reglas de orden aplicables a sus deliberaciones.

2. Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates. En tal Reglamento deberá preverse la persona y el mecanismo para suplir las ausencias temporales o absolutas del Presidente o Presidenta.

3. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, según lo dispuesto en la legislación respectiva.

4. Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio. 5. Aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo anual,

tomando en cuenta las limitaciones financieras del Municipio. 6. Acordar la participación del Municipio en organizaciones intermunicipales

y autorizar la creación, modificación o supresión de órganos desconcentrados o descentralizados, de conformidad con esta Ley.

7. Aprobar el cambio de nombre del Municipio, previa consulta con la población del mismo y de conformidad con las leyes aplicables.

8. Aceptar, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa la delegación o transferencia de competencias que le hagan al Municipio.

9. Elegir en la primera sesión de cada año del período municipal o en la sesión más inmediata siguiente, al Presidente o Presidenta dentro de su seno, y al Secretario o Secretaria fuera de su seno, así como a cualquier otro directivo o funcionario auxiliar que determine su Reglamento Interno.

10. Aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público, y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa.

11. Aprobar la escala de remuneraciones de empleados y obreros al servicio del Municipio, y la de los altos funcionarios, de conformidad con las condiciones y límites establecidos en la legislación que regula sus asignaciones.

12. Ejercer la autoridad en materia del sistema de administración de recursos humanos, y, en tal carácter, podrá nombrar, promover, remover y destituir, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ordenanza que rija la materia, con excepción del personal de otros órganos del Poder Público Municipal.


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13. Promover los mecanismos que legalmente le estén conferidos y que contribuyan a garantizar en forma eficiente, suficiente y oportuna la participación ciudadana en el proceso de formación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública municipal.

14. Autorizar al alcalde o alcaldesa, oída la opinión del síndico o síndica municipal, para desistir de acciones y recursos, convenir, transigir y comprometer en árbitros.

15. Nombrar el personal de las oficinas del Concejo Municipal, de la Secretaría y del Cronista del Municipio.

16. Imponer, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, las sanciones de suspensión e inhabilitación para el desempeño del cargo de concejal o concejala.

17. Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de Ordenanza del Presupuesto presentado por el Consejo Local de Planificación Pública, conforme al mecanismo presentado en la Ley de los Concejos Locales de Planificación Pública.

18. Autorizar al alcalde o alcaldesa para ausentarse por más de quince días de la Alcaldía.

19. Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio.

20. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública municipal, en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en esta Ley.

21. Los concejales y concejalas deberán presentar dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a los electores de la jurisdicción correspondiente, la rendición de su gestión legislativa y política del año inmediatamente anterior, en caso contrario, se le suspenderá la dieta hasta su presentación.

22. Organizar toda la normativa referente a la justicia de paz en el Municipio. 23. Las demás que le confieran las leyes, ordenanzas y otros instrumentos

jurídicos aplicables. Artículo 96. Corresponden al Presidente o Presidenta del Concejo Municipal las atribuciones siguientes: 1. Convocar y dirigir las sesiones del Concejo Municipal y ejercer la

representación del mismo. 2. Dirigir el debate y los demás aspectos relacionados con el funcionamiento

del Concejo Municipal y de sus órganos, cuando no estén atribuidos expresamente al pleno.

3. Convocar a los suplentes de los concejales o concejalas en el orden de su elección.

4. Convocar, por sí o a solicitud de un tercio (1/3) de los concejales o concejalas, a sesiones extraordinarias en las condiciones establecidas en la normativa aplicable.

5. Firmar, junto con el secretario o secretaria, las ordenanzas, actas y demás actuaciones jurídicas emanadas del Concejo Municipal.

6. Llevar las relaciones del Concejo Municipal que representa, con los organismos públicos o privados, así como con la ciudadanía.


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7. Presentar trimestralmente, al contralor o contralora municipal, un informe detallado de su gestión y del patrimonio que administra con la descripción y justificación de su utilización y gastos, el cual pondrá a la disposición de los ciudadanos y ciudadanas en las oficinas correspondientes.

8. Ejecutar el presupuesto del Concejo Municipal. 9. Las demás que le asignen expresamente los instrumentos normativos

aplicables. Artículo 97. El alcalde o alcaldesa electo o electa tomará posesión del cargo, mediante juramento ante el Concejo Municipal, en la primera sesión de cada año del período municipal o en la primera sesión del mes siguiente a su elección. Si por cualquier motivo sobrevenido el alcalde o alcaldesa no pudiese tomar posesión ante el Concejo Municipal, lo hará ante un juez o una jueza de la circunscripción judicial donde se encuentre el respectivo Municipio. Artículo 98. El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, y tomarán sus decisiones con la mayoría relativa de los miembros presentes, salvo disposición legal expresa. Artículo 99. El Concejo Municipal o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que estimen conveniente en las materias de su competencia. A estos fines, podrán citar al alcalde o alcaldesa, y a los funcionarios o empleados municipales para que comparezcan ante ellos, y les suministren las informaciones y documentos que fueren necesarios. Los particulares podrán comparece voluntariamente o previa citación. La ordenanza municipal correspondiente establecerá las sanciones respectivas, en caso de desacato no justificado al llamado del Concejo Municipal o sus comisiones.

Capítulo IV De la Contraloría Municipal

Artículo 100. En cada Municipio existirá un contralor o contralora municipal, que ejercerá de conformidad con las leyes y la ordenanza respectiva, el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Artículo 101. La Contraloría Municipal gozará de autonomía orgánica, funcional y administrativa, dentro de los términos que establezcan esta Ley y la ordenanza respectiva. Artículo 102. La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del contralor o contralora municipal, quien deberá: 1. Ser de nacionalidad venezolana. 2. Mayor de veinticinco años. 3. No estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública.


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4. No tener parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni sociedad de intereses con las máximas autoridades jerárquicas u otros directivos del Ejecutivo Municipal o Distrital, ni con los miembros del Concejo Municipal o del Cabildo.

5. Poseer título de abogado o abogada, economista, administrador o administradora comercial, contador o contadora público o en ciencias fiscales, expedido por una universidad venezolana o extranjera, reconocido o revalidado e inscrito en el respectivo colegio profesional.

6. Poseer no menos de tres años de experiencia en materia de control fiscal. 7. Ser de reconocida solvencia moral. En aquellos municipios cuya población sea inferior a cincuenta mil (50.000) habitantes o que tuvieren un presupuesto estimado al inicio del ejercicio fiscal inmediato anterior, inferior a cuatrocientos cinco mil unidades tributarias (405.000 U.T.), se requerirá, al menos, poseer al menos título de Técnico Superior en Administración, Gerencia Pública, Contaduría o Ciencias Fiscales, expedido por una institución venezolana o extranjera, reconocido o revalidado. Artículo 103. El contralor o contralora municipal será designado o designada por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de la toma de posesión, y cesará en su cargo una vez juramentado o juramentada el nuevo o la nueva titular. Podrá ser reelegido o reelegida para un nuevo período mediante concurso público. Será designado o designada por el respectivo Concejo Municipal, dentro de los sesenta días siguientes a su instalación, mediante concurso público, cuyas bases y organización serán determinadas en el Reglamento Parcial que se dicte a tal efecto. La designación y juramentación del contralor o contralora serán realizadas por el Concejo Municipal, dentro de los cinco días siguientes a la presentación del veredicto del jurado evaluador. Artículo 104. Son atribuciones del contralor o contralora municipal: 1. El control posterior de los organismos y entes descentralizados. 2. El control y las inspecciones en los entes públicos, dependencias y

organismos administrativos de la entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.

3. El control perceptivo que sea necesario con el fin de verificar las operaciones de los entes municipales o distritales, sujetos a control que, de alguna manera, se relacionen con la liquidación y recaudación de ingresos, el manejo y el empleo de los fondos, la administración de bienes, su adquisición y enajenación, así como la ejecución de contratos. La verificación a que se refiere el presente numeral tendrá por objeto, no sólo la comprobación de la sinceridad de los hechos en cuanto a su existencia y efectiva realización, sino también, examinar si los registros o sistemas contables respectivos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas prescritas.

4. El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos auxiliares de la Tesorería Municipal.


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5. Elaborar el código de cuentas de todas las dependencias sometidas a su control, que administren, custodien o manejen fondos u otros bienes del Municipio o del Distrito; velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de contabilidad y resolver las consultas que al respecto formulen.

6. Ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al sistema contable fiscal de la República, los cuales estarán obligados a incorporar en el lapso que se les fije, salvo que demuestren la improcedencia de los mismos.

7. Realizar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación de las cuentas, en la forma y oportunidad que determine la Contraloría General de la República.

8. El control de los resultados de la acción administrativa y, en general, la eficacia con que operan las entidades sujetas a su vigilancia, fiscalización y control.

9. La vigilancia para que los aportes, subsidios y otras transferencias hechas por la República u organismos públicos al Municipio o a sus dependencias, entidades descentralizadas y mancomunidades, o los que hiciere el Concejo Municipal a otras entidades públicas privadas, sean invertidos en las finalidades para las cuales fueron efectuadas. A tal efecto, la Contraloría podrá practicar inspecciones y establecer los sistemas de control que estime convenientes.

10. Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde hacer al alcalde o alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República.

11. Elaborar el proyecto de presupuesto de gastos de la Contraloría, el cual remitirá al alcalde o alcaldesa, quien deberá incluirlo sin modificaciones en el proyecto de presupuesto que presentará al Concejo Municipal. La Contraloría está facultada para ejecutar los créditos de su respectivo presupuesto, con sujeción a las leyes, reglamentos y ordenanzas respectivas.

12. Las demás que establezca las leyes u ordenanzas municipales. Artículo 105. Las faltas temporales del contralor o contralora municipal serán suplidas por el funcionario de la Contraloría que él o ella designe de conformidad con la ordenanza. Cuando la ausencia exceda de quince días, deberá ser autorizada por el Concejo Municipal. Artículo 106. Se consideran faltas absolutas del contralor o contralora municipal: renuncia, destitución, incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica, o muerte. Cuando se produzca la falta absoluta, el Concejo Municipal nombrará un contralor o contralora municipal interino o interina que durará en sus funciones hasta que se designe y juramente el nuevo o la nueva titular para el resto del período municipal. El concurso debe ser convocado dentro de los treinta días hábiles siguientes, después de producirse la vacante del cargo.


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Si la falta absoluta se verifica seis meses antes de finalizar el período para el cual fue designado o designada, el contralor o contralora municipal interino o interina continuará en sus funciones hasta la culminación del mismo. Artículo 107. El contralor o contralora remitirá los informes solicitados por el Concejo Municipal, cada vez que le sean requeridos. Asimismo, deberá remitir anualmente a la Contraloría General de la República, en los tres meses siguientes a la finalización de cada período fiscal, un informe de sus actuaciones y de las gestiones administrativas del Municipio, una relación de ingresos y gastos de éste, los estados de ejecución del presupuesto, los balances contables con sus respectivos anexos y el inventario anual actualizado de los bienes de la respectiva entidad. Artículo 108. El contralor o contralora municipal podrá ser destituido o destituida de su cargo por decisión de las dos terceras (2/3) partes de los concejales o concejalas, previa formación del respectivo expediente con audiencia del interesado, preservando el derecho a la defensa y el debido proceso, oída la opinión de la Contraloría General de la República. El acto mediante el cual se aprueba la destitución del contralor o contralora puede ser recurrido ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente. Artículo 109. Son causales de destitución del contralor o contralora municipal las siguientes: 1. Falta de vigilancia y de acciones en relación a la comisión de hechos

irregulares en la gestión administrativa del Municipio. 2. Reiterado incumplimiento sin causa justificada de sus deberes y

obligaciones. 3. La no presentación al Concejo Municipal y a la Contraloría General de la

República del informe sobre la gestión administrativa del Municipio y de su gestión contralora, dentro del lapso establecido o de la prórroga concedida.

4. La inobservancia reiterada a las observaciones hechas por las comunidades en el ejercicio de la Contraloría Social.

Capítulo V

Del Sistema Nacional de Planificación

Artículo 110. El municipio se regirá por el Sistema Nacional de Planificación establecido en la ley que regula la materia, que promueve la coordinación, consolidación e integración equilibrada de la actividad planificadora, en favor de una política de ordenación que permita dar el valor justo a los territorios dando relevancia a su historia, a sus capacidades y recursos físicos, naturales, ambientales y patrimoniales; así como las potencialidades productivas que garanticen el bienestar social de todos los venezolanos y venezolanas. Artículo 111. El Consejo Local de Planificación Pública, es el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de Desarrollo y los demás planes


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municipales, en concordancia con los lineamientos que establezca el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes nacionales y estadales, garantizando la participación protagónica del pueblo en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de Planificación. Artículo 112. El Consejo de Planificación Comunal es el órgano encargado de la planificación integral que comprende el ámbito geográfico y la población de una comuna, así como de diseñar el Plan de Desarrollo Comunal, en concordancia con los planes de desarrollo comunitario propuestos por los consejos comunales y los demás planes de interés colectivo, articulados con el Sistema Nacional de Planificación, de conformidad con lo establecido en la legislaciones que regula las comunas, los consejos comunales y la presente Ley; contando para ello con el apoyo de los órganos y entes de la Administración Pública. A tales efectos, es deber de las instancias que conforman la organización del municipio, atender los requerimientos de los diversos consejos de planificación existentes en cada una de las comunas par el logro de sus objetivos y metas.

Capítulo VI Órganos auxiliares

Sección primera: de la Secretaría

Artículo 113. En cada Municipio existirá un secretario o secretaria designado o designada por el Concejo Municipal. Para ser secretario o secretaria se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de edad y gozar de sus derechos civiles y políticos. Los candidatos deberán tener idoneidad y competencia para el ejercicio del cargo y en lo posible, poseer título universitario o de técnico superior. El Municipio podrá establecer por ordenanza, los requisitos particulares que considere para cumplir la función de Secretaría, así como las previsiones en caso de ausencia. Artículo 114. Son atribuciones del secretario o secretaria del Concejo Municipal: 1. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y elaborar las actas. 2. Refrendar las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que dicte el

Cuerpo. 3. Hacer llegar a los concejales o concejalas las convocatorias para las

sesiones extraordinarias del Concejo Municipal. 4. Llevar con regularidad los libros, expedientes y documentos del Concejo

Municipal, custodiar su archivo y conservarlo organizado, de acuerdo con las técnicas más adecuadas.

5. Despachar las comunicaciones que emanen del Concejo Municipal y llevar con exactitud el registro de todos los expedientes o documentos que se entreguen por su órgano.


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6. Expedir, de conformidad con la ley, certificaciones de las actas del Concejo Municipal o de cualquier otro documento que repose en los archivos del órgano, previa autorización del Presidente o Presidenta del Cuerpo, así como la asistencia efectiva a las sesiones del Concejo Municipal y de las comisiones respectivas.

7. Dirigir los trabajos de la Secretaría. 8. Auxiliar a las comisiones del Concejo Municipal. 9. Coordinar la publicación y emisión de la Gaceta Municipal, de acuerdo

con lo dispuesto en la presente Ley y la ordenanza respectiva. 10. Las demás que le señalen las leyes, ordenanzas y otros instrumentos

jurídicos aplicables. Artículo 115. El secretario o secretaria durará un año en sus funciones y podrá ser designado o designada para nuevos períodos. Podrá ser destituido o destituida por decisión de la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal previa formación del respectivo expediente instruido con audiencia del funcionario y garantizándose el debido proceso.

Sección segunda: de la Sindicatura

Artículo 116. En cada Municipio existirá una Sindicatura de apoyo jurídico al Poder Público Municipal a cargo de un síndico procurador o síndica procuradora quien deberá ser venezolano o venezolana, mayor de edad, abogado o abogada, gozar de sus derechos civiles y políticos y no tener interés personal directo en asunto relacionado con el Municipio o Distrito. El desempeño del cargo es a dedicación exclusiva e incompatible con el libre ejercicio de la profesión. Artículo 117. El síndico procurador o síndica procuradora será designado o designada por el alcalde o la alcaldesa, previa autorización del Concejo Municipal, en la sesión ordinaria siguiente a la de instalación de este último órgano o dentro de la sesión más inmediata posible. Cuando el Concejo Municipal no apruebe tal designación, deberá hacerlo mediante acto explícito y motivado. Artículo 118. Cuando el Concejo Municipal no apruebe la designación hecha por el alcalde o alcaldesa, éste o ésta deberá proponer una terna acompañada de los soportes académicos y de cualquier otro orden que sustenten sus postulaciones y el Concejo Municipal deberá pronunciarse dentro de los quince días continuos siguientes en favor de una de las postulaciones presentadas; en defecto de lo cual, el alcalde o alcaldesa podrá designar a quien estime más apropiado dentro de la terna de postulados. Artículo 119. Corresponde al síndico procurador o síndica procuradora: 1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los intereses del

Municipio en relación con los bienes y derechos de la entidad, de acuerdo al ordenamiento jurídico e instrucciones del alcalde o alcaldesa o del Concejo Municipal, según corresponda.


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2. Representar y defender al Municipio conforme con las instrucciones impartidas por el alcalde o la alcaldesa, o el Concejo Municipal, en cuanto a los derechos relacionados con el Tesoro Municipal y conforme con lo determinado por las leyes y ordenanzas. Cumplirá las mismas funciones en los juicios contenciosos administrativos que involucren al Municipio, según corresponda.

3. Asesorar jurídicamente al alcalde o alcaldesa y al Concejo Municipal, mediante dictamen legal e informes que respondan a sus solicitudes.

4. Someter a la consideración del alcalde o alcaldesa proyectos de ordenanzas y reglamentos o de reforma de los mismos.

5. Asistir, con derecho de palabra, a las sesiones del Concejo Municipal en las materias relacionadas con su competencia o aquellas a las cuales sea convocado.

6. Denunciar los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados en el ejercicio de sus funciones y, previa autorización del alcalde o alcaldesa, intentar las acciones jurídicas a que haya lugar.

7. Asesorar jurídicamente y orientar a los ciudadanos y ciudadanas, organizados o no, en todos los asuntos de su competencia.

8. Velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales y presentar informe sobre el déficit y limitaciones prestacionales de éstos, presentándoselos al alcalde o alcaldesa y al Concejo Municipal.

9. Cumplir con los demás deberes y atribuciones que le señalen las leyes y ordenanzas.

Artículo 120. Los informes y dictámenes del síndico procurador o síndica procuradora no tienen carácter vinculante, salvo disposición en contrario de leyes nacionales, estadales y/u ordenanzas municipales correspondientes. Artículo 121. El síndico o síndica cumplirá funciones de Fiscal de Hacienda, en la Hacienda Pública Municipal a solicitud del alcalde o alcaldesa. Artículo 122. El síndico o síndica durará en sus funciones el lapso que dentro del período municipal, del alcalde o alcaldesa respectiva, se establezca por ordenanza, y podrá ser destituido por votación de la mitad más uno de los concejales o concejalas presentes, previo expediente, con garantía del debido proceso.

Sección tercera: del Cronista del Municipio

Artículo 123. El Municipio podrá crear, mediante ordenanza, la figura del Cronista, quien tendrá como misión recopilar, documentar, conservar y defender las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. Deberá ser venezolano o venezolana, mayor de edad, gozar de sus derechos civiles y políticos ser profundo conocedor o conocedora y estudioso o estudiosa del patrimonio histórico y cultural del Municipio. Artículo 124. En aquellos municipios donde no exista la figura del Cronista, será designado o designada de acuerdo con los requisitos establecidos en la ordenanza respectiva. En aquellos municipios donde ya exista, será designado o designada al producirse su ausencia absoluta.


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Las competencias, funcionamiento, derechos y personal a su cargo quedarán establecidos en la ordenanza respectiva.

TÍTULO V DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Capítulo I

Principios generales sobre la Hacienda Pública Municipal

Artículo 125. La Hacienda Pública Municipal está constituida por los bienes, ingresos y obligaciones que forman su activo y pasivo, así como los demás bienes y rentas cuya administración corresponda al ente municipal. El Tesoro Municipal está conformado por el dinero y los valores de la entidad municipal así como por las obligaciones a su cargo. Artículo 126. La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal está conformada por los sistemas de bienes, planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad y tributario regulados en esta Ley. Artículo 127. La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal se ejercerá en forma planificada con arreglo a los principios de legalidad, eficiencia, celeridad, solvencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad, equilibrio fiscal y de manera coordinada con la Hacienda de la República y la de los estados, sin perjuicio de la autonomía que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra a favor de los municipios para la gestión de las materias de su competencia y para la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Artículo 128. El alcalde o alcaldesa es el o la responsable de la Hacienda Pública Municipal y le corresponde la dirección de su administración financiera, sin perjuicio del régimen de control atribuido al Concejo Municipal, al Consejo Local de Planificación Pública, a la Contraloría Municipal y al control ciudadano. Artículo 129. También están sujetos a las regulaciones de este Título en cuanto le sean aplicables, los demás entes u organismos que conforman el sector público municipal, a saber: 1. Los distritos metropolitanos. 2. Los institutos autónomos municipales. 3. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica creados por los

municipios. 4. Las sociedades mercantiles en las cuales los municipios tengan

participación igual o mayor al cincuenta por ciento de su capital social. 5. Las fundaciones, sociedades civiles, asociaciones civiles y demás

instituciones constituidas con fondos públicos municipales que representen el cincuenta por ciento o más de su patrimonio.

6. Las demás personas jurídicas municipales de derecho público, con o sin fines empresariales no contempladas en los numerales anteriores.


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Artículo 130. El Municipio responderá patrimonialmente por los daños que cause con ocasión del funcionamiento de sus servicios por acción, por falta u omisión; queda a salvo el derecho del particular para exigir la responsabilidad del funcionario y el derecho del Municipio de actuar contra éste, de conformidad con las leyes que regulan la materia. Artículo 131. El alcalde o la alcaldesa, los concejales o concejalas, el contralor o contralora, el síndico o síndica y demás funcionarios y trabajadores municipales serán responsables patrimonialmente ante el Municipio por los daños que le causaren por incumplimiento de sus deberes o por negligencia o impericia en el desempeño de sus funciones. Cualquier vecino del Municipio podrá exigir a las autoridades municipales competentes el ejercicio de las acciones respectivas. Cuando la autoridad competente no las ejerza, el o los vecinos interesados podrán accionar legalmente, sin perjuicio de la intervención del Fiscal del Ministerio Público a fin de que inicie la averiguación a que hubiere lugar.

Capítulo II

De los bienes y obligaciones municipales

Artículo 132. Son bienes municipales, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte del patrimonio del Municipio, o aquellos destinados en forma permanente a algún establecimiento público o servicio del Municipio o a algún ramo de su administración, salvo disposición o convenio expresos en contrario. Los bienes municipales se dividen en bienes del dominio público y bienes del dominio privado. Artículo 133. Los bienes de dominio público son: 1. Los ejidos. Se exceptúan las tierras correspondientes a los pueblos y

comunidades indígenas. 2. Las vías terrestres urbanas, rurales y de usos comunales. 3. Los que adquiera el Municipio mediante expropiación conforme a la ley. Artículo 134. Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables e imprescriptibles, salvo que el Concejo Municipal proceda a su desafectación con el voto favorable de las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes, previa consulta con los Consejos Locales de Planificación Pública. En el expediente administrativo de desafectación debe constar la opinión del Síndico Procurador o Síndica Procuradora y del Contralor o Contralora Municipal. En el caso de los ejidos se procederá conforme a esta Ley y las ordenanzas. Artículo 135. La adquisición, enajenación, administración, conservación, custodia, mejora, restitución, desincorporación y demás operaciones que


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tengan por objeto bienes municipales se rigen por las ordenanzas y reglamentos dictados en la materia por los municipios. La legislación sobre bienes nacionales se aplicará con carácter supletorio en cuanto sea procedente. Artículo 136. La adquisición de los bienes inmuebles necesarios para el uso público o servicio oficial del Municipio se hará por el alcalde o alcaldesa, siempre que conste el informe favorable del contralor o contralora, conforme a las disposiciones aplicables. Artículo 137. Los municipios no podrán donar ni dar en usufructo, comodato o enfiteusis bienes inmuebles de su dominio privado, salvo a entes públicos o privados para la ejecución de programas y proyectos de interés público en materia de desarrollo económico o social. En cada caso se requerirá, a solicitud motivada del alcalde o alcaldesa, autorización del Concejo Municipal dada con el voto de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes. Cuando los inmuebles a que se refiere este artículo dejen de cumplir el fin específico para el cual se hizo la adjudicación, revertirán o se restituirán de pleno derecho al Municipio, libres de gravamen y sin pago alguno por parte de la entidad. A fin de promover la transparencia de estos procesos, el alcalde o alcaldesa incluirá en la Memoria y Cuenta Anual, información actualizada sobre el estado de ejecución de los proyectos cuya realización fue causa de la adjudicación. Artículo 138. Son ingresos ordinarios del Municipio: 1. Los procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el

producto de sus ejidos y bienes. 2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas

por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; las contribuciones especiales por mejoras sobre plusvalía de las propiedades generadas por cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística y cualesquiera otros que le sean asignados por ley.

3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales y otros ramos tributarios Nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de estos tributos.

4. Los derivados del Situado Constitucional y otras transferencias o subvenciones nacionales o estadales.

5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás que le sean atribuidas.

6. Los dividendos o intereses por suscripción de capital. 7. Los provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial. 8. Los demás que determine la ley.


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Artículo 139. El Situado Constitucional es el ingreso que le corresponde a los municipios en cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 167 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual comprende: 1. Una cantidad no menor al veinte por ciento (20%) de la correspondiente al

respectivo estado en el presupuesto de los ingresos ordinarios del Fisco Nacional.

2. Una participación no menor del veinte por ciento (20%) de los demás ingresos ordinarios del mismo estado.

La distribución del situado entre los municipios de cada estado se hará conforme a los siguientes parámetros: cuarenta y cinco por ciento (45%) en partes iguales, cincuenta por ciento (50%) en proporción a la población de los municipios y cinco por ciento (5%) en proporción a su extensión territorial. Artículo 140. Son ingresos extraordinarios del Municipio: 1. El producto del precio de venta de los ejidos y demás bienes muebles e

inmuebles municipales. 2. Los bienes que se donaren o legaren a su favor. 3. Las contribuciones especiales. 4. Los aportes especiales que le acuerden organismos nacionales o

estadales. 5. El producto de los empréstitos y demás operaciones de crédito público

contratados, de conformidad con la ley. Artículo 141. Los ingresos públicos extraordinarios sólo podrán destinarse a inversión en obras o servicios que aseguren la recuperación de la inversión o el incremento efectivo del patrimonio del Municipio. Excepcionalmente y sólo en caso de emergencia por catástrofe o calamidad pública, podrán destinarse para atenderla; este destino requerirá la autorización del Concejo Municipal. Cuando dichos ingresos provengan de la enajenación de terrenos de origen ejidal y demás bienes muebles e inmuebles del Municipio, deberán necesariamente ser invertidos en bienes que produzcan nuevos ingresos al Municipio. Los concejales o concejalas velarán por el cumplimiento de este artículo y responderán solidariamente con el alcalde o alcaldesa por la contravención de esta norma, a menos que demostraren el respectivo procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad administrativa y civil del alcalde o alcaldesa. Artículo 142. Las ordenanzas de creación de institutos autónomos municipales y demás actos por los cuales se crearen mancomunidades, sociedades, fundaciones o asociaciones civiles por cada Municipio o se decidiere su participación en ellas, deberán especificar los ingresos de dichos entes, así como su naturaleza y origen, de conformidad con lo dispuesto en la ley respectiva.


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Artículo 143. Los municipios y los entes creados por ellos no podrán realizar operaciones de crédito público externo ni en moneda extrajera, ni garantizar obligaciones de terceros. Para realizar operaciones de crédito público interno, los municipios seguirán el procedimiento establecido en la ley nacional que rige la materia. Artículo 144. Sin perjuicio del privilegio de cobro ejecutivo establecido en la ley, el retardo en el cumplimiento de las obligaciones relativas a acreencias no tributarias de los municipios genera intereses moratorios, calculado a la tasa mensual que fije la ordenanza, conforme a la legislación nacional aplicable, y se causará desde la fecha que se haya hecho exigible el pago. En materia tributaria la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios, tanto los que se causen a favor del Tesoro Municipal como a favor de los contribuyentes por pagos indebidos de tributos, será como máximo, la prevista en el Código Orgánico Tributario. Artículo 145. Las multas que apliquen los órganos de la Hacienda Pública Municipal por causa de infracciones, serán impuestas en virtud de la resolución motivada que dicte el funcionario competente de acuerdo con lo establecido en la ordenanza respectiva. Artículo 146. Constituye el pasivo de la Hacienda Pública Municipal: 1. Las obligaciones legalmente contraídas derivadas de la ejecución del

presupuesto de gastos. 2. Las deudas válidamente contraídas provenientes de la ejecución de

presupuestos anteriores. 3. Las acreencias o derechos reconocidos administrativamente a favor de

terceros, de conformidad con los procedimientos legales aplicables, y las obligaciones del Municipio por sentencia definitivamente firme.

4. Los valores consignados por terceros, que el Municipio esté legalmente obligado a entregar.

5. Cualquier otro que califique como tal, según la ley.

Capítulo III De los ejidos

Artículo 147. Los ejidos son bienes del dominio público destinados al desarrollo local. Sólo podrán enajenarse para construcción de viviendas o para usos productivos de servicios y cualquier otro de interés público, de acuerdo con los planes de ordenación urbanística y lo dispuesto en las respectivas ordenanzas municipales. Son también ejidos los terrenos situados dentro del área urbana de las poblaciones del Municipio, que no tengan dueño, sin menoscabo de los legítimos derechos de terceros válidamente constituidos. Igualmente, se consideran ejidos las tierras baldías ubicadas en el área urbana. Se exceptúan las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas.


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Artículo 148. En caso de que la construcción o el uso convenido para el terreno desafectado de su condición de ejido o terreno privado del Municipio, no se realice dentro del plazo previsto en el respectivo contrato traslativo de la tenencia o propiedad y si vencido éste, sin haberse solicitado su prórroga con la justificación correspondiente o cuando la ampliación del plazo le fuere negada por el órgano competente, previo acuerdo expreso del Concejo Municipal, queda autorizado el alcalde o la alcaldesa, con la apertura del debido proceso y audiencia de parte o su representante legal, dictar, por resolución motivada, la resolución del contrato. Publicada en Gaceta Municipal, esta decisión surtirá sus efectos ante terceras personas y el Municipio por su órgano procederá a rescatar el terreno, sin obligación de pago de indemnización alguna. Esta penalidad se considerará inserta y formando parte de todos los contratos que celebre el Municipio, en los cuales su objeto sea la cesión en uso, tenencia o propiedad sobre terrenos ejidos, los que posea bajo presunción de ser ejidos o sobre sus terrenos propios. En el caso de que se trate de contrato otorgado, cuyo documento se haya autenticado o protocolizado, bastará que el alcalde o la alcaldesa remita con oficio al Notario o Registrador Subalterno, copia de la Gaceta Municipal donde aparece publicada la Resolución, para que de oficio protocolice el acto administrativo que la contiene, estampando las notas marginales en los protocolos respectivos, revirtiendo de pleno derecho la propiedad del inmueble al Municipio. Artículo 149. La compra de terrenos que resulte de la parcelación de ejidos, así como de terrenos propios del Municipio, se hará a riesgo del comprador, quien no podrá reclamar saneamiento por evicción. Artículo 150. Se declara de utilidad pública y de interés social la concesión y ampliación de los ejidos municipales. Se consideran de utilidad pública e interés social las tierras pertenecientes al Poder Nacional o a los estados que estén comprendidas dentro del perímetro urbano del Municipio descrito en el Plan de Ordenación Urbanística y que sean necesarias para la expansión urbana. Quedan excluidos de esta afectación ejidal los parques nacionales, los monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica, así como las tierras que, por su calidad, sean aptas para la agricultura. Artículo 151. El Concejo Municipal podrá adoptar, por ordenanza, una política general de no-enajenación de sus terrenos de origen ejidal o propios, así como sujetar su administración, uso y disposición a las restricciones que considere más convenientes al desarrollo de las poblaciones y al interés del Municipio, debiendo reservar áreas suficientes para fines de servicio público. Artículo 152. En el caso de la adquisición de tierras particulares para la concesión o ampliación de ejidos, el pago podrá hacerse en bonos emitidos por la República, redimibles en un plazo no mayor de veinte años y al interés que se fije en cada emisión, previa la autorización del Ejecutivo Nacional. Los bonos y sus intereses serán pagados en el plazo convenido entre la República


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y el Municipio, con un tanto por ciento de la proporción del Situado Municipal que corresponda al respectivo Municipio, porcentaje que podrá ser retenido por el Ejecutivo Nacional.

Capítulo IV De la actuación del Municipio en juicio

Artículo 153. Los funcionarios judiciales están obligados a citar al síndico procurador o síndica procuradora municipal en caso de demandas contra el Municipio, o a la correspondiente entidad municipal, así como a notificar al alcalde o alcaldesa de toda demanda o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales del Municipio o la correspondiente entidad municipal. Dicha citación se hará por oficio y se acompañará de copias certificadas de la demanda y todos sus anexos. Mientras no conste en el expediente la citación realizada con las formalidades aquí exigidas, no se considerará practicada. La falta de citación o la citación practicada sin las formalidades aquí previstas, será causal de anulación y, en consecuencia, se repondrá la causa. Una vez practicada la citación, el síndico procurador o síndica procuradora municipal tendrá un término de cuarenta y cinco días continuos para dar contestación a la demanda. Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al síndico procurador o síndica procuradora municipal de toda sentencia definitiva o interlocutoria. Artículo 154. Cuando la autoridad municipal competente, debidamente citada, no compareciere al acto de contestación a la demanda o no diere contestación a las cuestiones previas que le hayan sido opuestas, se las tendrá como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la responsabilidad que dicha omisión comporte para el funcionario encargado de la representación judicial de los intereses patrimoniales de la entidad. Artículo 155. El síndico procurador o síndica procuradora municipal o el apoderado judicial de la entidad municipal, no podrá convenir, desistir, transigir ni comprometer en árbitros sin la previa autorización dada por escrito por el alcalde o alcaldesa, o por la autoridad competente de la respectiva entidad municipal. Las ordenanzas respectivas podrán requerir la previa autorización del Concejo Municipal al alcalde o alcaldesa, cuando el monto comprometido supere el equivalente de las unidades tributarias señaladas en ellas. Artículo 156. Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes al Municipio o, a una entidad municipal, no estarán sujetos a medidas preventivas; tampoco estarán sometidos a medidas ejecutivas, salvo en los casos previstos en esta Ley. Artículo 157. El Municipio o las entidades municipales podrán ser condenadas en costas. Para que proceda la condenatoria en costas, será necesario que resulten totalmente vencidas en juicio por sentencia definitivamente firme.


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El monto de la condenatoria en costas, cuando proceda, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor de la demanda. En todo caso, el juez o jueza podrá eximir de costas al Municipio o a las entidades municipales cuando éstas hayan tenido motivos racionales para litigar. Artículo 158. Cuando el Municipio o una entidad municipal resultaren condenados por sentencia definitivamente firme, el Tribunal, a petición de parte interesada, ordenará su ejecución. A estos fines, notificará al alcalde o alcaldesa o a la autoridad ejecutiva de la entidad municipal, que debe dar cumplimiento voluntario a la sentencia dentro de los diez días siguientes a la notificación. Dentro de este lapso, el Municipio o la entidad municipal, según el caso, podrá proponer al ejecutante una forma de cumplir con la sentencia. Si esa forma fuere rechazada, las partes podrán suspender el lapso establecido para la ejecución voluntaria por el tiempo que se convenga o realizar actos de composición voluntaria. Transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria sin que la sentencia se haya cumplido, se procederá a la ejecución forzosa. Artículo 159. Vencido el lapso para la ejecución voluntaria de la sentencia, el Tribunal determinará la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes: 1. Cuando la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida de dinero, el

Tribunal, a petición de parte, ordenará a la máxima autoridad administrativa del Municipio o de la entidad municipal para que incluya el monto a pagar en el presupuesto del año próximo y siguientes, a menos que exista provisión de fondos en el presupuesto vigente. Cuando la orden del Tribunal no fuere cumplida o la partida prevista no fuere ejecutada, el Tribunal, a petición de parte, ejecutará la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Código de Procedimiento Civil para la ejecución de sentencias de condena sobre cantidades líquidas de dinero. El monto anual de dicha partida no excederá del cinco por ciento (5%) de los ingresos ordinarios del presupuesto del Municipio o distrito.

2. Cuando en la sentencia se hubiere ordenado la entrega de algún bien el tribunal llevará a efecto la entrega. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a un servicio público o a una actividad de utilidad pública, el Tribunal, a petición de parte, acordará que el precio sea fijado mediante peritos en la forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Fijado el precio, se procederá como si se tratare del pago de cantidades de dinero.

3. Cuando en la sentencia se hubiere condenado al cumplimiento de una obligación de hacer, el Tribunal, a petición de parte, fijará un lapso de treinta días consecutivos para que el Municipio o la entidad municipal correspondiente proceda a cumplir con la obligación. Si ella no fuere cumplida, el Tribunal, a petición de parte, procederá él mismo a ejecutar la sentencia. A estos fines, se trasladará a la oficina municipal correspondiente y requerirá al ente municipal para que cumpla con la obligación. Si a pesar de este requerimiento la obligación no fuere cumplida, entonces el Tribunal sustituirá al ente municipal y hará que la obligación de hacer sea cumplida. Para el caso de que, por la naturaleza


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de la obligación, no fuere posible que el Tribunal la ejecutare en la misma forma en que fue contraída, entonces se estimará su valor y se procederá a su ejecución como si fuere una cantidad de dinero.

4. Cuando en la sentencia se hubiere condenado a una obligación de no hacer, el Tribunal, a petición de parte, ordenará el resarcimiento del daño que se derive del incumplimiento de la obligación de no hacer.

Capítulo V

De la potestad tributaria del Municipio

Sección primera: disposiciones generales

Artículo 160. El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que les sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebajas de esos tributos. La ordenanza que cree un tributo, fijará un lapso para su entrada en vigencia. Si no la estableciera, se aplicará el tributo una vez vencidos los sesenta días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Municipal. Artículo 161. En la creación de sus tributos los municipios actuarán conforme a lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, los tributos municipales no podrán tener efecto confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en obstáculo para el normal desarrollo de las actividades económicas. Asimismo, los municipios ejercerán su poder tributario de conformidad con los principios, parámetros y limitaciones que se prevean en esta Ley, sin perjuicio de otras normas de armonización que con esos fines, dicte la Asamblea Nacional. Artículo 162. Los municipios podrán celebrar acuerdos entre ellos y con otras entidades político territoriales con el fin de propiciar la coordinación y armonización tributaria y evitar la doble o múltiple tributación interjurisdiccional. Dichos convenios entrarán en vigencia en la fecha de su publicación en la respectiva Gaceta Municipal o en la fecha posterior que se indique. Artículo 163. No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución municipal alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que regulen los tributos municipales deberán contener: 1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos. 2. La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas

exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda tributaria.

3. Los plazos y forma de la declaración de ingresos o del hecho imponible.


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4. El régimen de infracciones y sanciones. Las multas por infracciones tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el Código Orgánico Tributario.

5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia. 6. Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales

que transfieran tributos. Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como base imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo. Artículo 164. Los municipios podrán crear tasas con ocasión de la utilización privativa de bienes de su dominio público, así como por servicios públicos o actividades de su competencia, cuando se presente cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios. 2. Que no puedan realizarse por el sector privado, por requerir intervención o

ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente al sector público. La recaudación estimada por concepto de tasas guardará proporción con el costo del servicio o con el valor de la utilización del bien del dominio público objeto del uso privativo. Artículo 165. Los municipios podrán celebrar contratos de estabilidad tributaria con contribuyentes o categoría de contribuyentes a fin de asegurar la continuidad en el régimen relativo a sus tributos, en lo concerniente a alícuotas, criterios para distribuir base imponible cuando sean varias las jurisdicciones en las cuales un mismo contribuyente desarrolle un proceso económico único u otros elementos determinativos del tributo. El alcalde o alcaldesa podrá celebrar dichos convenios y entrarán en vigor previa autorización del Concejo Municipal. La duración de tales contratos será de cuatro años como plazo máximo; al término del mismo, el alcalde o alcaldesa podrá otorgar una prórroga, como máximo hasta por el mismo plazo. Estos contratos no podrán ser celebrados, ni prorrogados en el último año de la gestión municipal. Artículo 166. Los municipios en sus contrataciones no podrán obligarse a renunciar al cobro de sus tributos, así como tampoco podrán comprometerse contractualmente a obtener la liberación del pago de impuestos nacionales o estadales. Tales estipulaciones serán nulas de pleno derecho y, asimismo lo serán las exenciones o exoneraciones de tributos municipales concedidas por el Poder Nacional o los estados. Artículo 167. El régimen de prescripción de las deudas tributarias se regirá por lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario. Dicho Código aplicará de manera supletoria a la materia tributaria municipal que no esté expresamente regulada en esta Ley o en las ordenanzas. Artículo 168. El municipio sólo podrá acordar exenciones, exoneraciones o rebajas de impuestos o contribuciones municipales especiales, en los casos y con las formalidades previstas en las ordenanzas. La ordenanza que autorice al


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alcalde o alcaldesa para conceder exoneraciones especificará los tributos que comprende, los presupuestos necesarios para que proceda, las condiciones a las cuales está sometido el beneficio y el plazo máximo de duración de aquél. En todos los casos, el plazo máximo de duración de las exoneraciones o rebajas será de cuatro años; vencido el término de la exoneración o rebaja, el alcalde o alcaldesa podrá renovarla hasta por el plazo máximo fijado en la ordenanza o, en su defecto, el previsto como máximo en este artículo.

Sección segunda: de la administración tributaria municipal

Artículo 169. Las relaciones fiscales entre la República, los estados y los municipios estarán regidas por los principios de integridad territorial, autonomía, coordinación, cooperación, solidaridad interterritorial y subsidiariedad. En consecuencia, en el ejercicio de sus competencias propias, los municipios deberán ponderar la totalidad de los intereses públicos implicados. Artículo 170. En atención al principio de colaboración entre los distintos niveles de la Administración Pública y en relación de reciprocidad que permita la efectividad de la coordinación administrativa, los municipios deberán: 1. Facilitar a las otras administraciones información sobre antecedentes,

datos o informaciones que obren en su poder y resulten relevantes para el adecuado desarrollo de los cometidos de aquéllas.

2. Prestar la cooperación y asistencia activa que las otras administraciones pudieran requerir para el eficaz cumplimiento de sus tareas.

3. Suministrar la información estadística relacionada con la recaudación de sus ingresos, padrones de contribuyentes y otras de similar naturaleza, a los entes estadales o nacionales con competencias en materia de planificación y estadísticas, así como a las Administraciones Tributarias que lo soliciten, para lo cual podrán establecer un mecanismo de intercomunicación técnica.

Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio del régimen legal a que está sometidos el uso y la cesión de la información tributaria. Artículo 171. La Administración Tributaria del Municipio podrá elaborar y ejecutar planes de inspección conjunta o coordinada con las demás Administraciones Tributarias Municipal, Estadal o Nacional. Artículo 172. Todas las autoridades civiles, políticas, administrativas, militares y fiscales de la República, de los estados y del Distrito Capital, los registradores, notarios y jueces, así como los particulares, están obligados a prestar su concurso para la inspección, fiscalización, recaudación, administración y resguardo de los ingresos municipales y a denunciar los hechos de que tuviere conocimiento que pudiesen constituir ilícito tributario contra la Hacienda Pública Municipal. Artículo 173. Es competencia de los municipios la fiscalización, gestión y recaudación de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que


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puedan otorgar a favor de otras entidades locales, de los estados o de la República. Estas facultades no podrán ser delegadas a particulares.

Sección tercera: ingresos tributarios de los municipios

Subsección primera: impuesto sobre inmuebles urbanos

Artículo 174. El impuesto sobre inmuebles urbanos recae sobre toda persona que tenga derechos de propiedad, u otros derechos reales, sobre bienes inmuebles urbanos ubicados en la jurisdicción municipal de que se trate o los beneficiarios de concesiones administrativas sobre los mismos bienes. Artículo 175. La base imponible de este impuesto será el valor de los inmuebles. La determinación del valor del inmueble se hará partiendo del valor catastral de los mismos, el cual se fijará tomando como referencia el precio corriente en el mercado. La base imponible, en ningún caso, podrá ser superior al valor en mercado. Para la fijación del valor de mercado se deberán considerar las condiciones urbanísticos edificatorias, el carácter histórico artístico del bien, su uso o destino, la calidad y antigüedad de las construcciones y cualquier otro factor que de manera razonable pueda incidir en el mismo. Por valor de los inmuebles se tendrá el precio corriente en el mercado, entendiéndose por tal el que normalmente se haya pagado por bienes de similares características en el mes anterior a aquél en el que proceda la valoración, según la ordenanza respectiva, siempre que sea consecuencia de una enajenación efectuada en condiciones de libre competencia entre un comprador y un vendedor no vinculados. Artículo 176. Se consideran inmuebles urbanos: 1. El suelo urbano susceptible de urbanización. Se considera suelo urbano

los terrenos que dispongan de vías de comunicación, suministro de agua, servicio de disposición de aguas servidas, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.

2. Las construcciones ubicadas en suelo susceptible de urbanización, entendidas por tales:

a. Los edificios o lugares para el resguardo de bienes y/o personas,

cualesquiera sean los elementos de que estén constituidos, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente transportables y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al dueño de la construcción. Se exceptúan los terrenos con vocación agrícola.

b. Las instalaciones asimilables a los mismos, tales como diques, tanques, cargaderos y muelles.

No se considerarán inmuebles las maquinarias y demás bienes semejantes que se encuentran dentro de las edificaciones, aún y cuando estén de alguna manera adheridas a éstas.


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Subsección segunda: impuesto sobre predios rurales

Artículo 177. Los mecanismos de recaudación y control por parte del Municipio, en el impuesto sobre predios rurales serán establecidos en la ley nacional relativa a las tierras rurales.

Subsección tercera: impuesto sobre transacciones inmobiliarias

Artículo 178. Corresponde al Municipio la recaudación y control de los impuestos que, sobre transacciones inmobiliarias, creare el Poder Nacional. El Municipio lo regulará por ordenanza.

Subsección cuarta: contribuciones especiales

Artículo 179. Los municipios podrán crear las siguientes contribuciones especiales: 1. Sobre plusvalía de propiedades inmuebles causada por cambios de uso o

de intensidad en el aprovechamiento. 2. Por mejoras. Estas contribuciones podrán ser creadas mediante ordenanza cuando sea acordado un cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento o la realización de la obra o servicio que origine la mejora. Artículo 180. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades inmuebles originada por cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento, se causará por el incremento en el valor de la propiedad como consecuencia de los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento previstos en los planes de ordenación urbanística con que esa propiedad resulte beneficiada. Esta contribución estará destinada a la realización de las obras o prestación de los servicios urbanos que se determinen en la ordenanza. Artículo 181. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades inmuebles causada por cambios de uso o de intensidad en el aprovechamiento, sólo podrá crearse cuando el aumento del valor de las propiedades inmuebles sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de su valor antes del cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento. A los fines de la determinación de la contribución, se presumirá que todo cambio de uso o de intensidad de aprovechamiento producirá en los bienes afectados un aumento de valor de al menos un veinticinco por ciento (25%). Esta presunción podrá ser desvirtuada en el curso de los procedimientos que se establezcan para la determinación del monto de la contribución por los sujetos afectados. Artículo 182. La contribución especial sobre plusvalía de las propiedades inmuebles por cambio de uso o de intensidad en el aprovechamiento no podrá exceder de un quince por ciento (15%) del monto total de la plusvalía que experimente cada inmueble. La ordenanza respectiva podrá disponer que esta


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contribución sea exigida en forma fraccionada, por una sola vez dentro del plazo máximo de pago de cinco años y las cuotas correspondientes podrán devengar un interés máximo equivalente a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de las prestaciones sociales. Artículo 183. La contribución especial por mejoras se causará por la ejecución por parte del Municipio o con su financiamiento de las obras públicas o prestación de un servicio público que sea de evidente interés para la comunidad, siempre que, como consecuencia de esas obras o servicios, resulten especialmente beneficiadas determinadas personas. El importe de esta contribución será determinado por el Concejo Municipal en función del costo presupuestado de las obras o de los servicios pero no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento (50%) del costo de las obras o servicios. El porcentaje de la base imponible que corresponderá a cada beneficiario de la obra o servicio y las demás condiciones de procedencia se regirán por lo previsto en las respectivas ordenanzas. Artículo 184. A los efectos del artículo anterior, podrán ser considerados obras y servicios financiados por los municipios: 1. Los que ejecuten total o parcialmente los municipios dentro del ámbito

de sus competencias para cumplir los fines que les estén atribuidos, a excepción de los que realicen a título de propietarios de sus bienes patrimoniales.

2. Los que realicen los municipios por haberles sido atribuidos o delegados por el Poder Nacional o Estadal.

3. Los que realicen otras entidades públicas o privadas concesionarios, con aportaciones económicas del Municipio.

Artículo 185. Las cantidades recaudadas por la contribución especial por mejoras sólo podrán destinarse a recuperar los gastos de la obra o servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Artículo 186. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales previstas en esta Subsección, las personas naturales o jurídicas propietarias de los inmuebles que resulten especialmente beneficiados por los cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento o por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios municipales que originan la obligación de contribuir. Artículo 187. El costo de la obra o servicio estará integrado, por los siguientes conceptos: 1. El costo de los proyectos, estudios planes y programas técnicos. 2. El importe de las obras o de los trabajos de establecimiento o ampliación

de los servicios. 3. El precio de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las

obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público o de terrenos cedidos gratuitamente al Municipio.


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4. Las indemnizaciones procedentes por expropiación o demolición de construcciones, obras, plantaciones o instalaciones, así como las que correspondan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser demolidos o desocupados.

Artículo 188. La base imponible de las contribuciones por mejoras se repartirá entre los sujetos pasivos beneficiados, para lo cual se tendrán en cuenta, entre otros, la clase y naturaleza de las obras y servicios, la ubicación de los inmuebles, los metros lineales de fachada, sus superficies, el volumen edificable de los mismos y su precio corriente en el mercado. El monto de la base imponible será determinado por el porcentaje en la correspondiente ordenanza. Artículo 189. Cuando las obras y servicios de la competencia municipal sean realizados o prestados por un Municipio con la colaboración económica de otra entidad, y siempre que puedan ser impuestas contribuciones especiales con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, la gestión y recaudación de las mismas se hará por la entidad que convencionalmente tome a su cargo la dirección de las obras o el establecimiento o ampliación de los servicios. En cualquier caso, las entidades involucradas deberán uniformar criterios y efectuar una sola determinación al contribuyente. Artículo 190. Las ordenanzas de creación de las respectivas contribuciones especiales contendrán, además de los elementos constitutivos del tributo, un procedimiento público que garantice la adecuada participación de los potenciales contribuyentes en la determinación de la obligación tributaria, el cual incluirá la previa consulta no vinculante con los potenciales contribuyentes para permitirles formular observaciones generales acerca de la realización de la obra o el establecimiento o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales. La consulta contendrá la determinación del costo previsto de las obras y servicios, la cantidad a repartir entre los beneficiarios y los criterios de reparto y será expuesta al público por un período prudencial para la recepción de las observaciones y comentarios que se formularen, dentro de las condiciones que establecerá la ordenanza. Artículo 191. Las contribuciones especiales por mejoras sólo podrán ser exigidas por el Municipio una vez cada diez años respecto de los mismos inmuebles. Artículo 192. El pago que se haga por concepto de contribución por mejoras o contribución sobre plusvalía de propiedades por cambios en el uso o en la intensidad del aprovechamiento aceptará como rebaja el pago que corresponda efectuar en el mismo año por concepto de impuesto sobre inmuebles urbanos.

Subsección quinta: impuesto sobre vehículos

Artículo 193. El impuesto sobre vehículos grava la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualesquiera sean su clase o categoría y sean propiedad de una persona natural residente o una persona jurídica domiciliada en el Municipio respectivo.


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Artículo 194. A los fines de este impuesto, se entiende por: 1. Sujeto residente: quien, siendo persona natural propietario o asimilado,

tenga en el Municipio respectivo su vivienda principal. Se presumirá que este domicilio será el declarado para la inscripción en el Registro Automotor Permanente.

2. Sujeto domiciliado: quien, siendo persona jurídica propietaria o asimilada, ubique en el Municipio de que se trate un establecimiento permanente al cual destine el uso del referido vehículo.

Se considerarán domiciliadas en el Municipio, las concesiones de rutas otorgadas por el Municipio respectivo para la prestación del servicio del transporte dentro del Municipio. Artículo 195. A los fines del gravamen previsto en esta Ley, podrán ser considerados contribuyentes asimilados a los propietarios, las siguientes personas: 1. En los casos de ventas con reserva de dominio, el comprador, aun

cuando la titularidad del dominio subsista en el vendedor. 2. En los casos de opciones de compra, quien tenga la opción de comprar. 3. En los casos de arrendamientos financieros, el arrendatario. Artículo 196. Los jueces, notarios y registradores cuyas oficinas se encuentren ubicadas en la jurisdicción del Municipio correspondiente, colaborarán con la Administración Tributaria Municipal para el control del cobro del tributo previsto en esta Ley. A tal fin, cuando deban presenciar el otorgamiento de documentos de venta o arrendamiento financiero de vehículos que sean propiedad de residentes o domiciliados en ese Municipio, deberán exigir comprobante de pago del impuesto previsto en esta Subsección, sin perjuicio de la colaboración que pueda requerirse a oficinas notariales o registrales ubicadas en jurisdicciones distintas. El daño ocasionado al Municipio debido a la contravención de esta norma será resarcido por el funcionario respectivo, con el valor del pago de la tasa vehicular correspondiente.

Subsección sexta: impuesto sobre espectáculos públicos

Artículo 197. El impuesto sobre espectáculos públicos gravará la adquisición de cualquier boleto, billete o instrumento similar que origine el derecho a presenciar un espectáculo en sitios públicos o en salas abiertas al público. Artículo 198. El impuesto sobre espectáculos públicos será pagado por el adquirente del respectivo billete o boleto de entrada en el momento de la adquisición. La empresa o empresario a cargo de quien esté el espectáculo podrá ser nombrada agente de percepción del impuesto en la ordenanza respectiva.


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Subsección séptima: impuesto sobre juegos y apuestas lícitas

Artículo 199. El impuesto sobre juegos y apuestas lícitas se causará al ser pactada una apuesta en jurisdicción del respectivo Municipio. Se entiende pactada la apuesta con la adquisición efectuada, al organizador del evento con motivo del cual se pacten o a algún intermediario, distribuidor o cualquier otro tipo de agente en la respectiva jurisdicción, de cupones, vales, billetes, boletos, cartones, formularios o instrumentos similares a éstos que permitan la participación en rifas, loterías o sorteos de dinero o de cualquier clase de bien, objeto o valores, organizados por entes públicos o privados. Igualmente, se gravarán con este impuesto las apuestas efectuadas mediante máquinas, monitores, computadoras y demás aparatos similares para juegos o apuestas que estén ubicados en la jurisdicción del Municipio respectivo. Artículo 200. El apostador es el contribuyente del impuesto sobre juegos y apuestas lícitas, sin perjuicio de la facultad del Municipio de nombrar agentes de percepción a quienes sean los organizadores del juego, los selladores de formularios o los expendedores de los billetes o boletos correspondientes, en la respectiva jurisdicción. Artículo 201. La base imponible del impuesto sobre juegos y apuestas lícitas la constituye el valor de la apuesta. Las ganancias derivadas de las apuestas sólo quedarán sujetas al pago de impuestos nacionales, de conformidad con la ley.

Subsección octava: impuesto sobre propaganda y publicidad comercial

Artículo 202. El impuesto sobre propaganda y publicidad comercial grava todo aviso, anuncio o imagen que con fines publicitarios sea exhibido, proyectado o instalado en bienes del dominio público municipal o en inmuebles de propiedad privada siempre que sean visibles por el público, o que sea repartido de manera impresa en la vía pública o se traslade mediante vehículo, dentro de la respectiva jurisdicción municipal. Artículo 203. A los efectos de este tributo, se entiende por propaganda comercial o publicidad todo aviso, anuncio o imagen dirigido a llamar la atención del público hacia un producto, persona o actividad específica, con fines comerciales. Artículo 204. El contribuyente de este tributo es el anunciante. Se entiende por anunciante la persona cuyo producto o actividad se beneficia con la publicidad. Podrán ser nombrados responsables de este tributo, en carácter de agentes de percepción, las empresas que se encarguen de prestar el servicio de publicidad, los editores o cualquier otro que, en razón de su actividad, participe o haga efectiva la publicidad.

Subsección novena: impuesto sobre actividades económicas

Artículo 205. El hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas es el ejercicio habitual, en la jurisdicción del Municipio, de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente, aún cuando dicha actividad se realice sin la


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previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón sean aplicables. El período impositivo de este impuesto coincidirá con el año civil y los ingresos gravables serán los percibidos en ese año, sin perjuicio de que puedan ser establecidos mecanismos de declaración anticipada sobre la base de los ingresos brutos percibidos en el año anterior al gravado y sin perjuicio de que pueda ser exigido un mínimo tributable consistente en un impuesto fijo, en los casos en que así lo señalen las ordenanzas. El comercio eventual o ambulante también estará sujeto al impuesto sobre actividades económicas. Artículo 206. Este impuesto es distinto a los tributos que corresponden al Poder Nacional o Estadal sobre la producción o el consumo específico de un bien, o al ejercicio de una actividad en particular y se causará con independencia de éstos. En estos casos, al establecer las alícuotas de su impuesto sobre actividades económicas, los municipios deberán ponderar la incidencia del tributo nacional o estadal en la actividad económica de que se trate. Este impuesto se causa con independencia de los tributos previstos en la legislación general o la dictada por la Asamblea Nacional. Artículo 207. Para que una actividad pueda ser considerada sin fines de lucro, el beneficio económico obtenido de la actividad deberá ser reinvertido en el objeto de asistencia social u otro similar en que consista la actividad y en el caso de tratarse de una persona jurídica, que ese beneficio no sea repartido entre asociados o socios. Artículo 208. El impuesto sobre actividades económicas se causará con independencia de que el territorio o espacio en el cual se desarrolle la actividad económica sea del dominio público o del dominio privado de otra entidad territorial o se encuentre cubierto por aguas. Artículo 209. A los efectos de este tributo se considera: 1. Actividad Industrial: Toda actividad dirigida a producir, obtener,

transformar, ensamblar o perfeccionar uno o varios productos naturales o sometidos previamente a otro proceso industrial preparatorio.

2. Actividad Comercial: Toda actividad que tenga por objeto la circulación y distribución de productos y bienes, para la obtención de ganancia o lucro y cualesquiera otras derivadas de actos de comercio, distintos a servicios.

3. Actividad de Servicios: Toda aquella que comporte, principalmente, prestaciones de hacer, sea que predomine la labor física o la intelectual. Quedan incluidos en este renglón los suministros de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y aseo urbano, entre otros, así como la distribución de billetes de lotería, los bingos, casinos y demás juegos de


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azar. A los fines del gravamen sobre actividades económicas no se considerarán servicios, los prestados bajo relación de dependencia.

Artículo 210. La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio o que deban reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos. Artículo 211. Se entiende por ingresos brutos, todos los proventos o caudales que de manera regular reciba el contribuyente o establecimiento permanente por causa relacionada con las actividades económicas gravadas, siempre que no se esté obligado a restituirlo a las personas de quienes hayan sido recibidos o a un tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de otro contrato semejante. En el caso de agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles, corredores de seguro, agencias de viaje y demás contribuyentes que perciban comisiones o demás remuneraciones similares, se entenderá como ingreso bruto sólo el monto de los honorarios, comisiones o demás remuneraciones similares que sean percibidas. Artículo 212. El Ejecutivo Nacional o Estadal, deberá tomar en cuenta el costo del impuesto municipal en la fijación del margen de utilidad conferido a los servicios o productos cuyo precio es fijado por éste. A estos fines, la alícuota impositiva aplicable de manera general a todos los municipios, será la fijada en la Ley de Presupuesto Anual, a proposición del Ejecutivo Nacional. De conformidad con los artículos 183 y 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades económicas de venta de productos provenientes de la manufactura o refinación del petróleo ejecutada por una empresa del Estado, no estarán sujetas al pago de impuestos sobre actividades económicas, no quedan incluidos aquellos productos que se obtengan de una transformación ulterior de bien manufacturado por la empresa del Estado. El impuesto sobre actividad económica de suministro de electricidad deberá ser soportado y pagado por quien presta el servicio. Artículo 213. En el caso de actividades económicas sometidas al pago de regalías o gravadas con impuestos a consumos selectivos o sobre actividades económicas específicas, debidos a otro nivel político territorial, los municipios deberán reconocer lo pagado por esos conceptos como una deducción de la base imponible del impuesto sobre actividades económicas, en proporción a los ingresos brutos atribuibles a la jurisdicción municipal respectiva. En estos casos, el Ejecutivo Nacional podrá proponer, para su inclusión en la Ley de Presupuesto Anual, tanto las alícuotas del impuesto sobre actividades económicas como las aplicables por impuestos a consumo selectivos o sobre


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actividades económicas específicas que correspondan al nivel nacional o estadal de Gobierno, a fin de lograr una mejor armonización entre los dos tipos de tributos. Artículo 214. No forman parte de la base imponible: 1. El Impuesto al Valor Agregado o similar, ni sus reintegros cuando sean

procedentes en virtud de la ley. 2. Los subsidios o beneficios fiscales similares obtenidos del Poder Nacional

o Estadal. 3. Los ajustes meramente contables en el valor de los activos, que sean

resultado de la aplicación de las normas de ajuste por inflación previstas en la Ley de Impuesto sobre la Renta o por aplicación de principios contables generalmente aceptados, siempre que no se hayan realizado o materializado como ganancia en el correspondiente ejercicio.

4. El producto de la enajenación de bienes integrantes del activo fijo de las empresas.

5. El producto de la enajenación de un fondo de comercio de manera que haga cesar los negocios de su dueño.

6. Las cantidades recibidas de empresas de seguro o reaseguro como indemnización por siniestros.

7. El ingreso bruto atribuido a otros municipios en los cuales se desarrolle el mismo proceso económico del contribuyente, hasta el porcentaje que resulte de la aplicación de los Acuerdos previstos en esta Ley, cuando éstos hayan sido celebrados.

Artículo 215. Se tendrán como deducciones de la base imponible: 1. Las devoluciones de bienes o anulaciones de contratos de servicio,

siempre que se haya reportado como ingreso la venta o servicio objeto de la devolución.

2. Los descuentos efectuados según las prácticas habituales de comercio. Artículo 216. La actividad industrial y de comercialización de bienes se considerará gravable en un Municipio, siempre que se ejerza mediante un establecimiento permanente, o base fija, ubicado en el territorio de ese Municipio. Artículo 217. Las actividades de ejecución de obras y de prestación de servicios serán gravables en la jurisdicción donde se ejecute la obra o se preste el servicio, siempre que el contratista permanezca en esa jurisdicción por un período superior a tres meses, sea que se trate de períodos continuos o discontinuos, e indistintamente de que la obra o servicio sea contratado por personas diferentes, durante el año gravable. En caso de no superarse ese lapso o si el lugar de ejecución fuese de muy difícil determinación, el servicio se entenderá prestado en el Municipio donde se ubique el establecimiento permanente. En caso de contrato de obra, quedaría incluida en la base imponible el precio de los materiales que sean provistos por el ejecutor de la obra.


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Artículo 218. Se entiende por establecimiento permanente una sucursal, oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros, bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción; el suministro de servicios a través de máquinas y otros elementos instalados en el Municipio o por empleados o personal contratado para tal fin, las agencias, representaciones de mandantes ubicadas en el extranjero, sucursales y demás lugares de trabajo mediante los cuales se ejecute la actividad, en jurisdicción del Municipio. Las instalaciones permanentes construidas para la carga y descarga ordinaria y habitual en embarcaciones con destino a los trabajos o servicios a ser prestados en el mar territorial o en otros territorios pertenecientes a una entidad federal pero no ubicados dentro de una jurisdicción municipal determinada, se consideran establecimientos permanentes de quienes los empleen para la prestación de tales servicios. Artículo 219. Cuando las actividades de comercialización se ejecuten a través de varios establecimientos permanentes o bases fijas, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada establecimiento en función de su volumen de ventas. Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas, en función de la actividad que en cada una se despliegue. Cuando se trate de un contribuyente industrial que venda los bienes producidos en otros municipios distintos al de la ubicación de la industria, el impuesto pagado por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza la actividad comercial. En caso que la venta se realice en más de un municipio sólo podrá deducirse el impuesto pagado por el ejercicio de la actividad industrial proporcional a los bienes vendidos en cada Municipio. En ningún caso la cantidad a deducir podrá exceder de la cantidad de impuesto que corresponda pagar en la jurisdicción del establecimiento comercial. Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas, en función de la actividad que en cada una se despliegue. En el caso de servicios que sean totalmente ejecutados en una jurisdicción diferente a aquéllas, en la cual el prestador tenga el establecimiento permanente destinado a funcionar exclusivamente como sede de administración; al Municipio en el cual se ubique la sede de administración, le corresponderá establecer un mínimo tributario fijado en función de criterios con los servicios prestados por el Municipio a ese establecimiento permanente. En el caso de servicios contratados con personas naturales, se considerarán prestados únicamente en el Municipio donde éstas tengan una base fija para sus negocios.


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Artículo 220. Los municipios, en aras de la armonización tributaria y para lograr resultados más equitativos, podrán celebrar acuerdos entre ellos o con los contribuyentes, a los fines de lograr unas reglas de distribución de base imponible distintas a las previstas en los artículos anteriores, en razón de las especiales circunstancias que puedan rodear determinadas actividades económicas. Esos Acuerdos deberán formularse con claros y expresos criterios técnicos y económicos. En todo caso, dichos acuerdos deberán privilegiar la ubicación de la industria. Artículo 221. Se consideran criterios técnicos y económicos utilizables a los fines de la atribución de ingresos a los municipios en los cuales un mismo contribuyente desarrolle un proceso económico único, entre otros, los siguientes: 1. El valor de los activos empleados en el Municipio comparado con el valor

de los activos empleados a nivel interjurisdiccional. 2. Los salarios pagados en el Municipio comparados con los salarios

pagados a nivel interjurisdiccional. 3. Los ingresos generados desde el Municipio con los ingresos obtenidos a

nivel interjurisdiccional. Artículo 222. Los contribuyentes están obligados a llevar sus registros contables de manera que quede evidenciado el ingreso atribuible a cada una de las jurisdicciones municipales en las que tengan un establecimiento permanente, se ejecute una obra o se preste un servicio y a ponerlos a disposición de las administraciones tributarias locales cuando les sean requeridos. Artículo 223. No obstante los factores de conexión previstos en los artículos anteriores, la atribución de ingresos entre jurisdicciones municipales se regirá por las normas que a continuación se disponen, en los siguientes casos: 1. En la prestación del servicio de energía eléctrica, los ingresos se

atribuirán a la jurisdicción donde ocurra el consumo. 2. En el caso de actividades de transporte entre varios municipios, el

ingreso se entiende percibido en el lugar donde el servicio sea contratado, siempre que lo sea a través de un establecimiento permanente ubicado en la jurisdicción correspondiente.

3. El servicio de telefonía fija se considerará prestado en jurisdicción del Municipio en el cual esté ubicado el aparato desde donde parta la llamada.

4. El servicio de telefonía móvil se considerará prestado en la jurisdicción del Municipio en el cual el usuario esté residenciado, de ser persona natural o esté domiciliado, en caso de ser persona jurídica. Se presumirá lugar de residencia o domicilio el que aparezca en la factura correspondiente.

5. Los servicios de televisión por cable, de Internet y otros similares, se considerarán prestados en la jurisdicción del Municipio en el cual el usuario esté residenciado, de ser persona natural o esté domiciliado, en


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caso de ser persona jurídica. Se presumirá lugar de residencia o domicilio el que aparezca en la factura correspondiente.

Artículo 224. La Administración Tributaria Municipal, al proceder a la determinación del ingreso bruto del contribuyente atribuible a la jurisdicción municipal de que se trate, podrá desconocer las formas o procedimientos de facturación y otros que no se correspondan con la práctica mercantil usual y generen mera manipulación de la atribución de la base imponible u otra forma de evasión del impuesto. Artículo 225. La condición de agente de retención del impuesto sobre actividades económicas no podrá recaer en personas que no tengan establecimiento permanente en el Municipio, con excepción de organismos o personas jurídicas estatales. Artículo 226. Las actividades de agricultura, cría, pesca y actividad forestal siempre que no se trate de actividad primaria, podrán ser gravadas con el impuesto sobre actividades económicas pero la alícuota del impuesto no podrá exceder del uno por ciento (1%) hasta tanto la ley nacional sobre la materia disponga alícuotas distintas. Artículo 227. A los efectos de este tributo, se entiende por explotación primaria la simple producción de frutos, productos o bienes que se obtengan de la naturaleza, siempre que éstos no se sometan a ningún proceso de transformación o de industrialización. En el caso de las actividades agrícolas, se consideran también primarias las actividades de cosechado, trillado, secado y conservación; en las actividades pecuarias, avícolas y de pesca, se considerarán actividades primarias los procesos de matanzas o beneficio, conservación y almacenamiento. Se excluyen de esta categoría los procesos de elaboración de subproductos, el despresado, troceado y cortes de animales. En las actividades forestales, se consideran actividades primarias los procesos de tumba, descortezado, aserrado, secado y almacenamiento.

Capítulo VI Del sistema presupuestario y contable

Artículo 228. El presupuesto municipal es un instrumento estratégico de planificación, administración y de gobierno local, que exige captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del Municipio, y será ejecutado con base en los principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Artículo 229. Los municipios están obligados a normar su acción administrativa y de gobierno por un presupuesto aprobado anualmente por el respectivo Concejo Municipal, el cual se publicará en una ordenanza que se denominará ordenanza de presupuesto anual de ingresos y gastos.


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Artículo 230. El proceso presupuestario de los municipios se regirá por esta Ley, las ordenanzas municipales, por las leyes aplicables a la materia y se ajustará, en cuanto sea posible, a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. Artículo 231. De los ingresos previstos en el presupuesto municipal se destinará como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) para ser aplicado a gastos de inversión o de formación de capital, entendiendo como gasto de inversión aquellos a los que le atribuye tal carácter la Oficina Nacional de Presupuesto y, dando preferencia a las áreas de salud, educación, saneamiento ambiental y a los proyectos de inversión productiva que promuevan el desarrollo sustentable del Municipio. Artículo 232. El presupuesto de inversión está dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico del Municipio, y se elaborará de acuerdo con las necesidades prioritarias presentadas por las comunidades organizadas, en concordancia con lo estimado por el alcalde o alcaldesa en el presupuesto destinado al referido sector y con los proyectos generales sobre urbanismo, infraestructura, servicios y vialidad. A estos fines, regirá el procedimiento siguiente: En el mes de julio de cada año el alcalde o alcaldesa entregará al Consejo Local de Planificación Pública la cifra o monto total de inversión de cada sector, incluyendo los detalles a que haya lugar. Entre los meses de agosto y octubre se activará el presupuesto participativo de conformidad con lo establecido en la presente Ley. Artículo 233. El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser presentado por el alcalde o alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de noviembre del año anterior a su vigencia. Artículo 234. El proyecto de ordenanza de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero y el Plan Operativo Anual debe ser sancionado por el Concejo Municipal, antes del 15 de diciembre del año anterior a la vigencia de dicho presupuesto; en caso contrario, se reconducirá el presupuesto del ejercicio anterior. Para la reconducción del presupuesto se observarán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones legales sobre la materia. Artículo 235. En caso de ser reconducido el presupuesto, el alcalde o alcaldesa ordenará la publicación en la Gaceta Municipal, incluyendo los ajustes a que hubiere lugar. Durante el período de vigencia del presupuesto reconducido regirán las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto anterior, en cuanto sean aplicables. Artículo 236. Si para el 31 de marzo, el Concejo Municipal no hubiese sancionado la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos, el presupuesto reconducido se considerará definitivamente vigente hasta el 31 de diciembre.


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Artículo 237. El alcalde o la alcaldesa, dentro del lapso previsto posterior al vencimiento del ejercicio anual, presentará la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio. Artículo 238. El presupuesto de Ingresos, contendrá la enumeración de los diversos ingresos fiscales cuya recaudación se autorice, con la estimación prudencial de las cantidades que se presupone habrán de ingresar por cada ramo en el año económico siguiente a su aprobación, así como cualesquiera otros recursos financieros permitidos por la ley. La ejecución del presupuesto de ingresos, se regirá por las correspondientes ordenanzas de Hacienda Pública Municipal. Artículo 239. El presupuesto de gastos contendrá por sectores, los programas, subprogramas, proyectos y demás categorías presupuestarias equivalentes bajo responsabilidad directa de la entidad, así como los aportes que pudieran acordarse, todo de conformidad con las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. En las categorías programáticas de gastos, se identificarán las partidas que expresarán la especie de los bienes y servicios que cada uno de los organismos ordenadores se propone alcanzar en el ejercicio y los créditos presupuestarios correspondientes. Artículo 240. El monto del presupuesto de gastos, no podrá exceder del total del Presupuesto de Ingresos. Cuando fuere indispensable para cumplir con esta disposición, en el presupuesto de ingresos se podrá incluir hasta la mitad de las existencias del Tesoro no comprometidas y estimadas para el último día del ejercicio fiscal vigente al momento de la presentación del proyecto de ordenanza de presupuesto anual de ingresos y gastos. Artículo 241. En el presupuesto de gastos, se incorporará una partida denominada “Rectificaciones del Presupuesto”, cuyo monto no podrá ser superior al tres por cientos (3%) del total de los ingresos estimados en la ordenanza, excluyendo los ingresos asignados por leyes específicas, mediante las cuales se les transfieran recursos a los municipios. El alcalde o alcaldesa podrá disponer de este crédito, para atender gastos imprevistos que se presenten en el transcurso del ejercicio para aumentar los créditos presupuestarios que resultaren insuficientes. Salvo casos de emergencia, los recursos de este crédito no podrán destinarse a crear nuevos créditos ni cubrir gastos cuyas asignaciones hayan sido disminuidas por los mecanismos formales de modificaciones presupuestarias. No se podrán decretar créditos para rectificaciones de presupuesto, ni éstas ser incrementadas mediante traspaso de créditos. Artículo 242. Los créditos presupuestarios del presupuesto de gastos por programas, subprogramas, proyectos, partidas y demás categorías presupuestarias equivalentes, constituyen el límite máximo de las


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autorizaciones disponibles para gastar, no pudiendo el alcalde o alcaldesa acordar ningún gasto ni pago para el cual no exista previsión presupuestaria. El alcalde o alcaldesa, dentro de los límites cuantitativos y cualitativos que establezcan las disposiciones generales de la ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero, podrá acordar traspasos de créditos entre partidas, proyectos, subprogramas, programas y otras categorías presupuestarias equivalentes. Artículo 243. Los municipios o distritos están obligados a regirse por las normas generales de contabilidad, así como por las normas e instrucciones sobre los sistemas y procedimientos de contabilidad dictados por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, con el propósito de lograr una estructura contable uniforme, sin perjuicio de las variaciones necesarias que permitan el registro de sus operaciones, así como la regularización y coordinación de los procedimientos contables de cada Municipio. Artículo 244. El Concejo Municipal o Cabildo, oída la opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto, establecerá las normas sobre la ejecución y ordenación de los pagos, los requisitos que deban llevar las órdenes de pago, las piezas justificativas que deban contener los expedientes en que se funden dichas ordenaciones. Y cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución del presupuesto de gastos que no esté expresamente señalado en la presente Ley. Artículo 245. El presupuesto deberá contener en forma especificada las inversiones, así como los gastos de operaciones, de las diversas unidades de la entidad y los aportes para fundaciones, empresas, mancomunidades y demás organismos de carácter municipal e intermunicipal. Artículo 246. No se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de determinado gasto, salvo las afectaciones legales. Artículo 247. El Concejo Municipal o Cabildo, a solicitud del alcalde o alcaldesa, podrá aprobar créditos adicionales al presupuesto de gastos para cubrir gastos necesarios no previstos en la ordenanza anual de presupuesto o créditos presupuestarios insuficientes. Los créditos adicionales podrán ser financiados: 1. Con los recursos que provengan de un mayor rendimiento de los ingresos

calculados en la ordenanza de presupuesto, certificados por el Tesorero Municipal.

2. Con economías en los gastos que se hayan logrado o se estimen en el ingreso del ejercicio.

3. Con existencias del Tesoro, no comprometidas y debidamente certificadas por el Tesorero Municipal o Distrital, y donde no exista el servicio de tesorería por el funcionario responsable de la hacienda.

4. Con aportes especiales acordados por los gobiernos nacional y estadal. 5. Con otras fuentes de financiamiento que apruebe el Concejo Municipal o

Cabildo, de conformidad con las leyes.


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Cuando los créditos adicionales hayan de financiarse con economías en los gastos, éstas deberán ser expresamente determinadas y se acordarán las respectivas insubsistencias o anulaciones de créditos. Se entenderán por insubsistencias, las anulaciones totales o parciales de créditos presupuestarios de programas, subprogramas, proyectos y partidas, que reflejen economías en los gastos. Artículo 248. Las cuentas de los presupuestos de ingresos y gastos se cerrarán al 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha, los ingresos que se recauden se considerarán parte del presupuesto vigente, con independencia de la fecha en que se hubiere originado la obligación de pago o liquidación de los mismos. Con posterioridad al 31 de diciembre de cada año, no podrán asumirse compromisos ni causarse gastos con cargo al ejercicio que se cierre en esa fecha. Artículo 249. Los gastos causados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se pagarán durante el año siguiente, con cargo a las disposiciones en caja y banco existentes a la fecha señalada. Los gastos comprometidos y no causados al 31 de diciembre de cada año se imputarán automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio. Artículo 250. El ejercicio económico financiero de los municipios comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

TÍTULO VI DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA EN LA GESTIÓN LOCAL

Capítulo I

De los principios de la participación

Artículo 251. La participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública municipal es el medio necesario para garantizar su completo desarrollo tanto individual como colectivo, dentro del Municipio. Las autoridades municipales deberán promover y garantizar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública y facilitar las formas, medios y procedimientos para que los derechos de participación se materialicen de manera efectiva, suficiente y oportuna. Artículo 252. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener información general y específica sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones, presupuesto, proyectos y cualesquiera otras del ámbito de la actividad pública municipal. Asimismo, podrán acceder a archivos y registros administrativos, en los términos de la legislación nacional aplicable. Igualmente, tienen derecho a formular peticiones y propuestas; y a recibir oportuna y adecuada respuesta; a la asistencia y apoyo de las autoridades municipales en sus actividades para la capacitación, formación y educación a los fines del


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desarrollo y consolidación de la cultura de participación democrática y protagónica en los asuntos públicos, sin más limitaciones que las dictadas por el interés público y la salvaguarda del patrimonio público. Artículo 253. A los efectos de la presente Ley, los derechos de participación en la gestión local se ejercen mediante actuaciones de los ciudadanos y ciudadanas, y de la sociedad organizada, a través de sus distintas expresiones, entre otras: 1. Obteniendo información del programa de gobierno del alcalde o alcaldesa,

del Plan Municipal de Desarrollo, de los mecanismos para la elaboración y discusión de las ordenanzas, y, en especial, de la formulación y ejecución del presupuesto local; de la aprobación y ejecución de obras y servicios, de los contenidos del informe de gestión y de la rendición de cuentas, en términos comprensibles a los ciudadanos y ciudadanas.

2. Presentando y discutiendo propuestas comunitarias prioritarias en la elaboración del presupuesto de inversión de obras y servicios, a cuyo efecto el gobierno municipal establecerá mecanismos suficientes y oportunos.

3. Participando en la toma de decisiones, a cuyo efecto las autoridades municipales generarán mecanismos de negociación, espacios de información suficiente y necesaria e instancias de evaluación.

Artículo 254. El Municipio está en la obligación de crear y mantener programas de formación ciudadana dirigidos a fortalecer las capacidades de los integrantes de las comunidades e incorporar a los ciudadanos y ciudadanas y a otras organizaciones de la sociedad que manifiesten su deseo de participar en dichos programas. Artículo 255. Los medios de participación serán desarrollados de acuerdo a la realidad y condiciones de cada Municipio, mediante los instrumentos jurídicos correspondientes para señalar los requisitos, procedimientos, períodos, condiciones y demás elementos que se requieran para hacer efectivo su cumplimiento en el Municipio, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Ley y otras normas. Artículo 256. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a requerir y utilizar los servicios públicos locales y a participar en la formación de los planes y proyectos para su dotación, ejecución, gestión y evaluación. Igualmente, de forma organizada, tienen derecho a la gestión de los servicios públicos conforme a la legislación vigente respectiva. Asimismo, están obligados a contribuir al mantenimiento, preservación y mejora de la calidad de los mismos. Artículo 257. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a organizarse en contralorías sociales con el objeto del control del gobierno local.


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Los contralores y contraloras municipales tienen la obligación de vincular a la ciudadanía a sus labores de fiscalización de la gestión pública y a la valoración del desempeño de las entidades y los organismos de la administración pública municipal. Artículo 258. Los municipios y demás entidades locales deberán favorecer la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad, destinadas a la defensa de los intereses colectivos. También deberán facilitar a dichas organizaciones, la información sobre la gestión pública local y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el beneficio de subsidios o aportes para la realización de sus fines; además promover, facilitar y proveer la formación ciudadana a través de programas diseñados a tal fin.

Capítulo II De los medios de participación

Artículo 259. Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos y ciudadanas podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias y, en general, para expresar su voluntad respecto a asuntos de interés colectivo. Los medios de participación son, entre otros, los siguientes: 1. Cabildos abiertos. 2. Asambleas ciudadanas. 3. Consultas públicas. 4. Iniciativa popular. 5. Presupuesto participativo. 6. Control social. 7. Referendos. 8. Iniciativa legislativa. 9. Medios de comunicación social alternativos. 10. Instancias de atención ciudadana. 11. Autogestión. 12. Cogestión. El enunciado de estos medios específicos no excluye el reconocimiento y desarrollo de otras formas de participación en la vida política, económica, social y cultural del Municipio. Artículo 260. Los ciudadanos y ciudadanas, y sus organizaciones, tienen el derecho y el deber de utilizar los medios de participación aquí señalados. Los municipios deberán legislar acerca de los requisitos exigibles para demostrar el interés legítimo local de aquellos interesados en el ejercicio de alguno de estos medios de participación, sin menoscabo de los derechos y limitaciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación aplicable. Artículo 261. La iniciativa para convocar a cabildos abiertos corresponde al Concejo Municipal, a las Juntas Parroquiales por acuerdo de la mayoría de sus


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integrantes; al alcalde o alcaldesa y a los ciudadanos y ciudadanas, de conformidad con lo establecido en la respectiva ordenanza. Artículo 262. Las decisiones adoptadas en cabildos abiertos serán válidas con la aprobación de la mayoría de los presentes, siempre y cuando sean sobre asuntos atinentes a su ámbito espacial y sin perjuicio de lo establecido en la legislación respectiva. Artículo 263. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es un medio de participación en el ámbito local de carácter deliberativo, en la que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar por sí mismos, y cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Artículo 264. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas estará referida a las materias que establece la ley correspondiente, debe ser convocada de manera expresa, anticipada y pública. Sus decisiones tienen carácter vinculante para las autoridades, deben contribuir a fortalecer la gobernabilidad, impulsar la planificación, la descentralización de servicios y recursos, pero nunca contrarias a la legislación y los fines e intereses de la comunidad y del estado. Todo lo referido a iniciativa, procedimiento, ámbito, materia, validez, efecto vinculante y, comisión de control y seguimiento, será desarrollado por la ley especial que trata la materia. Artículo 265. El Concejo Municipal deberá abrir espacios de discusión e intercambios de opiniones a los ciudadanos y ciudadanas para considerar materias de interés local. Estas materias serán inscritas en el orden del día y en dicha sesión, el público asistente podrá formular preguntas, emitir opiniones y hacer proposiciones. El Concejo Municipal deberá dar a los vecinos respuesta oportuna y razones a sus planteamientos y solicitudes. En todo caso, para la celebración de esta reunión, se convocará, entre otras, a organizaciones vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas de la comunidad. En la ordenanza correspondiente se regulará, según la especificidad y diversidad municipal, las formas y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de este deber legal. Artículo 266. El Concejo Municipal deberá consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada, durante el proceso de discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas, a los fines de promover la incorporación de sus propuestas. Esta consulta se hará a través de diversas modalidades de participación, que garanticen una consulta abierta a los efectos de aprobar su contenido, todo de acuerdo con lo establecido en su Reglamento Interior y de Debates, y demás normativas relativas a la materia de participación. El incumplimiento de este requisito será causal para la nulidad del respectivo instrumento jurídico.


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Artículo 267. Los actos de efectos generales que afecten el desarrollo urbano y la conservación ambiental del Municipio o de la parroquia, deberán ser consultados previamente por las autoridades municipales entre las organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada. En caso contrario, estarán viciados de nulidad absoluta. Artículo 268. El Concejo Municipal requerirá, de conformidad con lo que dispongan los reglamentos, la cooperación vecinal para labores de asesoramiento, en: 1. Comisiones permanentes del propio Concejo Municipal. 2. Comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen funcionamiento de

los servicios públicos y cualesquiera otras de la competencia prestacional del Municipio.

Artículo 269. El presupuesto participativo es el resultado de la utilización de los procesos mediante los cuales los ciudadanos y ciudadanas del Municipio proponen, deliberan y deciden en la formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto de inversión anual municipal. Todo ello con el propósito de materializarlo en proyectos que permitan el desarrollo del Municipio, atendiendo a las necesidades y propuestas de las comunidades y sus organizaciones en el Consejo Local de Planificación Pública. Artículo 270. El control social es un mecanismo a través del cual todo ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para prevenir, racionalizar y promover correctivos. Artículo 271. Los ciudadanos y ciudadanas podrán organizarse con el objeto de coadyuvar en el ejercicio del control, vigilancia, supervisión y evaluación de la gestión pública municipal. Dichas organizaciones ejercerán sus actividades sobre cualquier nivel o sector de la administración municipal y sobre particulares que cumplan funciones públicas. Estas organizaciones deben estar inscritas en un registro sistematizado que, a tal efecto, llevará cada Municipio. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación nacional que regula la participación ciudadana, las organizaciones a que se refiere este artículo tendrán, entre otros, los siguientes deberes y obligaciones: 1. Comunicar a la ciudadanía los avances y resultados de los procesos de

control, vigilancia, supervisión y evaluación realizados. 2. Presentar informe sobre los avances y resultados de sus actividades a los

órganos y entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato, realizando las recomendaciones que estimen pertinentes.

3. Remitir el informe de avances y resultados de sus actividades a los órganos de control fiscal y demás organismos públicos competentes.


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4. Denunciar ante las autoridades competentes los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares que hubieren detectado.

Artículo 272. Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar que, a través de alguno de los medios de participación previstos en el Municipio, el alcalde o alcaldesa, los concejales o concejalas y el cuerpo colegiado de las juntas parroquiales rindan cuenta de una gestión determinada, antes de la finalización de su mandato. Artículo 273. Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones ejercerán el control social sobre la gestión municipal. A estos fines, las autoridades municipales deberán dar la mayor publicidad a los actos de gestión de interés general, tales como proyectos, licitaciones, contrataciones, costos de las mismas y elementos relevantes. Para ejercer este control social, los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones podrán solicitar la información y documentación administrativa que sean de interés para la comunidad; la administración municipal está en la obligación de suministrarlas. Artículo 274. La solicitud y validez del referendo consultivo, revocatorio, abrogatorio o aprobatorio, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación electoral; y deberá hacerse ante el Consejo Nacional Electoral quien organizará, administrará, dirigirá y vigilará todos los actos relativos a los referendos. La convocatoria a referendos sobre un proyecto de ordenanza o cualquier materia objeto de consulta, sólo podrá hacerse una sola vez, en el mismo período constitucional. Artículo 275. Los ciudadanos y ciudadanas, en un porcentaje no menor al cero coma uno por ciento (0,1%) de los electores del Municipio, podrán presentar proyectos de ordenanzas o de modificación de las ya vigentes. Estos proyectos de ordenanzas deberán ser sometidos a la consideración del Concejo Municipal para su admisión o rechazo; previamente, el Concejo Municipal deberá fijar una reunión con los presentadores de la iniciativa legislativa a fin de discutir su contenido. Una vez examinado el proyecto, el Concejo Municipal deberá pronunciarse sobre su admisión o rechazo dentro de los treinta días siguientes a su presentación. Admitido el proyecto, el debate del mismo deberá iniciarse en un lapso de treinta días siguientes. Si el debate no se inicia dentro del lapso antes señalado, el proyecto se someterá a consulta popular de conformidad con lo establecido en la legislación electoral. El Concejo Municipal deberá motivar el rechazo a la iniciativa cuando sea el caso. Artículo 276. Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones de base, los consejos comunales de la parroquia tienen el derecho y el deber de:


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1. Participar en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de las plazas, parques, vías públicas y aceras, instalaciones deportivas y recreacionales, asistenciales y cualesquiera otras instalaciones municipales ubicadas en la jurisdicción de la parroquia.

2. Participar en el ejercicio del control social, en la ejecución de obras y servicios públicos municipales en sus respectivas jurisdicciones.

3. Impulsar iniciativas legislativas referidas a la vida comunitaria y las normas que rigen el espacio municipal.

4. Promover la integración, la solidaridad, la supremacía, que rigen los intereses colectivos sobre los intereses individuales y el consenso en sus pareas de influencia.

5. Informar a los organismos competentes sobre las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

6. Otros derechos y deberes que, de su condición de sujetos protagónico, se desprendan.

Artículo 277. Los municipios con población predominantemente indígena determinarán sus medios de participación, en conformidad con su especificidad cultural. En los municipios donde existan comunidades indígenas, deberán respetarse sus valores, identidad étnica y sus tradiciones, en lo referente a la participación de la comunidad en las decisiones de interés colectivo.

Capítulo III De la descentralización de servicios

a las comunidades y grupos vecinales organizados

Artículo 278. Los municipios de acuerdo a su ordenanza y a las leyes que regulan la materia, descentralizarán y transferirán a las comunidades y grupos vecinales organizados la prestación de los servicios públicos municipales, previa demostración de su capacidad para prestarlos. Artículo 279. Las comunidades y grupos vecinales organizados que soliciten la descentralización o transferencia de un servicio público municipal deberán demostrar como mínimo: 1. Capacidad legal. 2. Formación profesional o técnica en el área relacionada con el servicio. 3. Experiencia previa en gestión de servicios públicos o en áreas afines del

servicio solicitado. 4. Comprobación por certificación emitida por el Municipio, de los planes de

formación ciudadana. 5. Comprobación por certificación emitida, de curso en el área. 6. Legitimidad ante la comunidad involucrada. 7. Presentación del proyecto. 8. Cualquier otro que se determine en las leyes, reglamentos y ordenanzas. Artículo 280. La descentralización y la transferencia de servicios y recursos se harán mediante convenios, suscritos entre el Municipio y la comunidad o grupo vecinal organizado legalmente constituido, previa elaboración del programa del


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servicio solicitado, de acuerdo a lo establecido en las normativas que regulan la materia. Artículo 281. El Municipio podrá intervenir el servicio o reasumir la prestación del servicio público transferido o descentralizado a comunidades y grupos vecinales organizados, cuando se deje de prestar el servicio o se preste deficientemente. Para que proceda esta medida será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Concejo Municipal. Artículo 282. La transferencia de competencias y servicios de los estados a los municipios, y de éstos a las instancias del Poder Popular, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

TÍTULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. En atención a las disposiciones establecidas en la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, el Consejo Nacional Electoral fijará la fecha de las elecciones para la designación de concejales y concejalas Segunda. Pasados treinta días continuos a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, cesan en sus funciones los miembros principales y suplentes, así como los secretarios o secretarias, de las actuales juntas parroquiales, quedando las alcaldías responsables del manejo y destino del personal, así como de los bienes correspondientes; garantizándose la estabilidad laboral del personal administrativo, empleado y obrero, de acuerdo con las normativas que rigen la materia. Tercera. Los municipios ejercerán las competencias y funciones determinadas en esta Ley aun cuando los Estados no hayan dictado la legislación prevista en el artículo 169 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarta. Los Concejos Legislativos procederán en el lapso de un año, a sancionar las disposiciones legales para la adecuación de las previsiones sobre el régimen municipal y la división político territorial en su jurisdicción a las normas dispuestas en esta Ley; así mismo, los municipios deberán adecuar progresivamente su ordenamiento normativo propio, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente Ley, dándole prioridad a la ordenanza donde se desarrollen los mecanismos de participación ciudadana. Quinta. Las normas en materia tributaria contenidas en esta Ley, entrarán en vigencia el 1º de enero de 2006. A partir de esa fecha, las normas de esta Ley serán de aplicación preferente sobre las normas de las ordenanzas que regulen en forma distinta la materia tributaria. Sexta. En el caso del impuesto sobre actividades económicas de prestación de servicio eléctrico, la alícuota aplicable será del dos por ciento (2%), hasta tanto


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la Ley de Presupuesto establezca otra alícuota distinta, de manera uniforme para su consideración por el Ejecutivo Nacional en la estructura de costos de esas empresas. Séptima. En el caso del impuesto sobre actividades económicas de radiodifusión sonora, la alícuota del impuesto sobre actividades económicas no podrá exceder del cero coma cinco por ciento (0,5%) y en los demás casos de servicios de telecomunicaciones, la alícuota aplicable no podrá exceder del uno por ciento (1%) hasta tanto la ley nacional sobre la materia disponga otra alícuota distinta. Las empresas de servicios de telecomunicaciones deberán adaptar sus sistemas a fin de poder proporcionar la información relativa a la facturación que corresponde a cada jurisdicción municipal, a más tardar para la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de esta Ley en materia tributaria. Octava. El Ejecutivo Nacional deberá suministrar a los gobiernos locales la información relativa a la ubicación, por municipios, del domicilio o residencia de los propietarios de vehículos aptos para circular por vías terrestres, según conste en el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y Transporte Terrestre. Novena. Los municipios tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de esta Ley para ajustarse a lo establecido en el artículo 230 de esta Ley, referido al porcentaje para gastos de inversión o formación de capital. Décima. Hasta tanto se legisle sobre lo establecido en el artículo 259 de esta Ley, en lo relativo al interés legítimo local de los interesados para ejercer los medios de participación, se considerará como tal, el estar inscrito en el Registro Electoral de su jurisdicción. Décima Primera. Mientras se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal sobre nombramiento de Contralores o Contraloras Municipales, el procedimiento del concurso público se regirá por el Reglamento sobre los Concursos para la designación de los titulares de las Contralorías Municipales dictado por la Contraloría General de la República. Décima Segunda. Hasta tanto se constituyan los nuevos concejos municipales con los nuevos concejales o concejalas electos o electas, la Presidencia del Cuerpo será asumida por el concejal o concejala que se encuentre en el ejercicio de la Vicepresidencia.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Quedan derogados todas las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos municipales vigentes que contravengan lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.


69

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil diez. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

CILIA FLORES Presidenta de la Asamblea Nacional

SAUL ORTEGA CAMPOS JOSÉ ALBORNOZ URBANO Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente IVÁN ZERPA GUERRERO VÍCTOR CLARK BOSCÁN Secretario Subsecretario Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiún días del mes de abril de dos mil nueve. Años 199º de la Independencia, 150º de la Federación y 11º de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, (L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS


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LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Legislación Específica

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GUÍA GENERAL DE LOS ÍNDICES DE LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Título Índice Pág.

1

ALCOHOL Y ESPECIES ALCOHÓLICAS

“D”

Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas (Decreto Nº 5.618

de 03-10-07, G.O. Nº 5.852 Extraordinario de 05-10-07)……………………...…………………...38

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. LEY ORGÁNICA DE

“L”

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (G.O. Nº 39.575 de 16-12-10)….......................…………………………………………………...101

CIGARRILLOS Y MANUFACTURAS DE TABACO

“D”

Decreto con rango, valor y fuerza de ley de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Tabaco (Decreto Nº 5.619 de 03-10-07, G.O. Nº 5.852 Extraordinario de 05-10-07)……………………48

CONTRIBUYENTES ESPECIALES. CALENDARIO DE

“P”

Providencia Administrativa sobre el Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse para el año 2011………………………………………………………..…………105

DEBERES FORMALES. ROL DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS EN LA REVISIÓN DE

“P”

Providencia por la cual se dispone que las Comunidades Organizadas, podrán coadyuvar gratuitamente con el Servicio Nacional Integrado de


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2

Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en el ejercicio de las facultades de verificación de deberes formales conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario (Providencia 0890 de

21-12-07 G.O. Nº 38.840 de 28-12-07…………………………………..……………………….......61

DROGAS. LEY ORGÁNICA DE

“L”

Ley Orgánica de Drogas (G.O. Nº 39.546 de 05-11-10).............................................................98 Providencia mediante la cual se dictan los proyectos de prevención integral del consumo de drogas en el ámbito laboral, los cuales deberán ser presentados ante el Fondo Nacional Antidrogas (FONA) (Providencia N° 0001-2011 G.O. N° 39.622 de 23-02-11)............................................................................................................................103

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“C”

Contribuyentes formales. Obligaciones (Providencia Administrativa . G.O. Nº 37.677 de 25-04-03)…………………………………………1

“D”

Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado. Presentación electrónica de las (Providencia Administrativa G.O. N° 39.296 de 30-10-09)…………………………………98 Designación de agentes de retención (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.136 de 28-02-05) ...........................................................2 Designación de entes públicos como agentes de retención (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.136 de 28-02-05)…………………………………………..5

“E”

Emisión de facturas y otros documentos por parte de los prestadores. de servicios masivos (Providencia Administrativa G.O. Nº 39.058 de 13-11-08)………………………………………………………………………..……………………77 Emisión de facturas y otros documentos por parte de los prestadores. de servicios masivos (Providencia Administrativa G.O. Nº 39.259 de 08-09-09)……………………………………………………………………………………………..87 Emisión y elaboración de facturas y otros documentos. Normas Generales (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.548


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3

de 23-10-06)………………………………………………………………………………………………8 Emisión y elaboración de facturas y otros documentos. Normas Generales (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.776 de 25-09-07)……………………………………………………………………………………………..25 Emisión y elaboración de facturas y otros documentos. Normas Generales (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.997 de 19-08-08)……………………………………………………………………………………………..12

“F”

Facturas y otros documentos. Emisión de – por parte de los prestadores de servicios masivos (Providencia Administrativa. G.O. Nº 39.259 de 08-09-09)………………..…89 Facturas y otros documentos. Impresión y emisión. (Resolución. G.O. Nº 36.859 de 29-12-99)…………………………………………………………..12

“N” Normas Generales de Emisión y elaboración de facturas y otros documentos. (Providencia Administrativa G.O. Nº 38.548 de 23-10-06)………………………………………..…8 Normas relativas a imprentas y máquinas fiscales para la elaboración de facturas y otros documentos. (Providencia Administrativa G.O. 38.776 de 25-09-07)…………………………………….................................30 Normas relativas a imprentas y máquinas fiscales para la elaboración de facturas y otros documentos. (Providencia Administrativa G.O. 38.997 de 19-08-08)………………………………….....................................67

“P”

Prestaciones de servicios o ventas de bienes inmuebles. Decreto mediante el cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado las……………………………………………………………...……………………………..57 Providencia Administrativa Nº 0421. Prórroga de la entrada en vigencia (Providencia Administrativa. G.O. Nº 38.656 de 30-03-07)……………………………………………………………………………………………..15 Providencia Administrativa Nº 0685. Calificación del Sujeto Pasivo Especial. G.O. Nº 38.622de 08-02-07……………………...………………………………..73

“R”

Recuperación de créditos fiscales para contribuyentes Exportadores. Reglamento Parcial Nº 1. (G.O. Nº 37.577 de 25-11-02)……………………………………………………………………………………………..16


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4

“V”

Ventas de bienes inmuebles o prestaciones de servicios. Decreto mediante el cual se exonera del pago del impuesto al valor agregado las……………………………………………………………...……………………………..57

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

“D”

Decreto de Exoneración del Pago de Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimientos netos de fuente venezolana Provenientes de actividades de explotación primaria. (G.O. Nº 39.088 de 29-12-2008)……………………………..………………………………………..86 Declaraciones de Impuesto sobre La Renta. Deber de Presentación electrónica de las (Providencia Administrativa G.O. N° 39.296 de 30-10-09)……………………96

“P”

Providencia mediante la cual se establece un régimen de pago voluntario de Impuesto Sobre la Renta de Personas Naturales que trabajan bajo relación de dependencia, para el ejercicio fiscal 2007. (G.O. Nº 38.984 de 31-07-2008)……………………………..……............................66 Providencia mediante la cual se regula el cumplimiento de los deberes de información y enteramiento del Impuesto Sobre la Renta retenido por los Sujetos Pasivos Especiales. (G.O. Nº 39.083 de 18-12-2008)……………………………..……................................................83 Providencia mediante la cual se establece la obligación de declarar por Internet a los Sujetos Pasivos Especiales. (G.O. Nº 39.171 de 05-05-2009)…………………….87 Providencia mediante la cual se regula la presentación de la relación de retenciones en materia de Impuesto Sobre la Renta (G.O. Nº 39.079 de 12-12-2008)…………………………………...………………………….81

“R”

Reglamento de Retenciones (G.O. Nº 36.203 de 12-05-97)…………………………………..…………….……………………………...…………...18 Retenciones de ISLR. Deberes de Información y enteramiento en materia de (Providencia Administrativa G.O. N° 39.269 de 22-09-09)……………………………………..93


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5

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

“R”

Resolución por la cual se dictan las Normas que Regulan el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (Resolución Nº

08-04-01 G.O. Nº 38.902 de 03-04-08)…………………………………….....................................63

REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL

“P”

Providencia a través de la cual se modifican las modalidades de inscripción y actualización de las personas naturales en el Registro único de información fiscal (RIF) (Providencia 0084 de 26-01-08 G.O. Nº 38.864 de 06-02-08………………………………………………………………..59

TRANSACCIONES FINANCIERAS

“D”

Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica (Decreto Nº 5.620 de 03-10-07

G.O. Nº 38.797 de 26-10-07).………………………………………………………………………….35

“D”

Decreto con rango valor y fuerza de Ley Derogatorio del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica (Decreto Nº 6.165 de 11-06-08 G.O. Nº 38.951 de 12-06-08).……………………..………………………………………65

“P”

Providencia mediante la cual se establecen las disposiciones para el disfrute de las exenciones del impuesto a las transacciones financieras de las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica…………………………………………………...………………………………54

Providencia mediante la cual se establecen las normas relativas al cumplimiento de los deberes del impuesto a las transacciones financieras de las personas jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica, por las cancelaciones que se hagan sin mediación de instituciones financieras………………………………………….53


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6

Providencia por la cual se regula la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica por parte de los Agentes de Percepción (Providencia Nº 0716 de 23-10-07 G.O. Nº 38.796 de 25-10-07)………………………………………………………………50

UNIDAD TRIBUTARIA

“P”

Providencia por la cual se reajusta la unidad tributaria de sesenta y cinco bolívares (Bs. 65,00) a setenta y seis bolívares (Bs. 76,00).....................................................104


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LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Índice Analítico de Materias

Título Art. Pág.

101

“A”

Acciones estatales. Ámbito……………………………………………………………...5 397 Aportes. Acceso a los recursos…………………....………………………………….28 406 Aportes. Actividades a ser llevadas con los……………………………………....…27 403

Aportes. Manejo de los recursos…………………………………………...…………24 402 Aportes para la Ciencia, Tecnología e Innovación……………………….…………23 401 Aportes. Personas jurídicas obligadas al……………………………………….……25 402 Aportes. Proporción del…………………………………………………………...……26 402 Aportes. Suministro de información de los aportantes…………………………..…31 406

“C” Comunas y regiones. Actividades científicas y tecnológicas ……………………...32 407 Conocimientos tradicionales. Valoración y resguardo……………………………….8 398 Cultores para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Formación de………………………………………………………………...……35 a 38 407 y 408

“D” Disposición derogatoria ……………………………………………….…..………………...……… 415 Disposiciones transitorias………………………………………………….……………….…414 a 415 Disposición final…………………………………………………………………………..……………415

“E” Ética. Principios de…………………………………………………………….…………7 398


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Título Art. Pág.

102

“F”

Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)…………39 a 44 408 a 411

“I” Interés Público. Declaratoria……..……………………………………………..………2 316 Investigadores extranjeros……………………………………………………………...9 398

“O”

Objeto de la Ley…………………………………………………………………..………1 396

“P” Plan anual de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación…………….………29 406 Plan anual de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Informe………….30 406 Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación……………..…….....…10 al 22 399 a 401 Política Pública Nacional. Formulación…………………………………………..……4 397 Principios de ética……………………………………………………………..…………7 398

“R” Regiones y comunas. Actividades científicas y tecnológicas………………...……32 407

“S” Sanciones ……………….…………………………..……………………...….....45 a 57 411 a 414 Sujetos……………………......................................................................................3 396


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PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DICTAN LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO

DE DROGAS EN EL ÁMBITO LABORAL, LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTE EL FONDO NACIONAL ANTIDROGAS (FONA)


Título Art. Pág.

103

“L” Lapso para la presentación de Proyectos.................................................... 2 417

“P”

Presentación de Proyectos........................................................................... 1 y 2 417 Proyecto de Prevención. Condiciones de presentación……………….……..3 417 Proyectos. Ejercicio Fiscal............................................................................ 4 417 Proyectos. Lapso para presentar.................................................................. 1 y 2 417 Proyectos. Presentación de los..................................................................... 1 y 2 417

“V” Vigencia............................................................................................................. 5 417


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PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTA LA UNIDAD TRIBUTARIA DE SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs.65,00),

A SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs.76,00)


Título Art. Pág.

104

“U” Unidad Tributaria. Providencia por la cual se reajusta la- de sesenta y cinco bolívares sin céntimos (Bs. 65,00) a setenta y seis bolívares sin Céntimos (Bs. 76,00)......................................................1 y 2 395


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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS PASIVOS ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN

PARA AQUELLAS OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2011


Título Art. Pág.

105

“C”

Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse para el año 2011……..…1 y 2 418 y 419

“D”

Declaración y pago de tributos no incluidos en el Calendario…………..….…..3 422

“S”

Sanciones…………………………………………………………………..………….4 423

“V”

Vigencia……………………………………………………………………………...…5 423


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395

PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE AJUSTA LA UNIDAD TRIBUTARIA DE SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs.65,00), A SETENTA Y SEIS

BOLÍVARES (Bs.76,00)

(GACETA OFICIAL Nº 39.623 DEL 25 DE FEBRERO DE 2011)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

(SENIAT)

Nº SNAT/2011/0009 Caracas, 25 FEB 2011 Años 200º y 152º

El Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 121 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de octubre de 2001, en concordancia con lo previsto en el artículo 7 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.320 de fecha 8 de noviembre de 2001, y vista la opinión favorable de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dicta la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 1. Se reajusta la Unidad Tributaria de SESENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 65,00) a SETENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 76,00). Artículo 2. En los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente durante por lo menos ciento ochenta y tres días (183) continuos del período respectivo, y para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la unidad tributaria aplicable será la que esté vigente para el inicio del período, todo de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Tercero del artículo 3 del Código Orgánico Tributario. Dado en Caracas a los 24 días del mes de Febrero de 2011. Años 200º de la Independencia, 152º de la Federación y 12º de la Revolución Bolivariana. Comuníquese y publíquese,

JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN Superintendente del Servicio Nacional Integrado de

Administración Aduanera y Tributaria Decreto Nº 5.851 del 01/02/2008

Gaceta Oficial Nº 38.863 del 01/02/2008


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LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (GACETA OFICIAL Nº 39.575 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2010)

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente,

LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TÍTULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Objeto

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno de la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos. A tales fines, el Estado Venezolano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder Popular.

Interés público Artículo 2.- Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público para el ejercicio de la soberanía nacional en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.

Sujetos de esta Ley Artículo 3.- Son sujetos de esta Ley: 1. La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia,

tecnología, innovación y sus aplicaciones, sus órganos y entes adscritos. 2. Todas las instituciones, personas naturales y jurídicas que generen,

desarrollen y transfieran conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y sus aplicaciones.

3. Los ministerios del Poder Popular que comparten, con la autoridad

nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, la construcción de las condiciones sociales,


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397

científicas y tecnológicas para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

4. Las comunas que realicen actividades de ciencia, tecnología, innovación

y sus aplicaciones.

Formulación de la política pública nacional Artículo 4.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia tecnología, innovación y sus aplicaciones debe formular la política pública nacional de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, basada en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, la sustentabilidad de la producción, la protección del ambiente, la seguridad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional. Esta política debe contener los principios, fundamentos, líneas prioritarias de investigación, planes, definición de los sujetos de investigación como un todo, estrategias de información y de participación del Poder Popular, así como los mecanismos de integración de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta política nacional y sus logros serán analizados, revisados, actualizados y divulgados periódicamente en las áreas de interés nacional, regional y local por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Ámbito de acción Artículo 5.- De acuerdo con esta Ley, las acciones estatales en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones estarán dirigidas a los sujetos mencionados en el artículo 3, dentro de las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para cumplir con los siguientes objetivos: 1. Formular la política nacional de ciencia, tecnología, innovación y sus

aplicaciones, así como impulsar y controlar la ejecución de las políticas públicas para la solución de problemas concretos de la sociedad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional, a través de planes nacionales para la construcción de una sociedad justa e igualitaria.

2. Coordinar, articular, difundir e incentivar las actividades inherentes a la

ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. 3. Impulsar el establecimiento de redes nacionales y regionales de

cooperación científica y tecnológica. 4. Promover el aporte efectivo de la ciencia, la tecnología, la innovación y

sus aplicaciones al desarrollo y fortalecimiento de la producción con un alto nivel de valor agregado venezolano que fortalezca nuestra soberanía nacional, de acuerdo con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.


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5. Promover mecanismos de divulgación, difusión e intercambio de los resultados generados en el país por la actividad de investigación e innovación tecnológica, abarcando a toda la sociedad nacional, en todas sus regiones y sectores sociales a través de programas de educación formal e informal coordinados por las autoridades nacionales con competencia en materia de educación, cultura y comunicación.

Principios de ética para la ciencia,

la tecnología, la innovación y sus aplicaciones Artículo 6.- Los organismos oficiales y privado, así como las personas naturales y jurídicas deberán ajustar sus actuaciones y actividades inherentes a la presente Ley, a los principios de ética para la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones que deben predominar en su desempeño, en concordancia con la salvaguarda de la justicia, la igualdad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

Principios de ética para la vida Artículo 7.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, hará cumplir los principios y valores de la ética para la vida que rigen la actividad científica y tecnológica, que tenga como objeto el estudio, la manipulación o la afectación directa o indirecta de los seres vivientes, de conformidad con las disposiciones de carácter nacional

Valoración y resguardo de los conocimientos tradicionales Artículo 8.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones apoyará a los órganos y entes del Estado en la definición de las políticas tendentes a garantizar la valoración y el resguardo de los conocimientos tradicionales, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y sectores urbanos populares.

Investigadores extranjeros e investigadoras extranjeras Artículo 9.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, no residentes en el país que deseen realizar investigaciones científicas o tecnológicas en el territorio nacional, deberán realizar un proyecto de investigación enmarcado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Estar asociado a una institución oficial nacional. 2. Contar con los permisos correspondientes emitidos por las autoridades

nacionales competentes en la materia 3. Los demás requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley,

sin perjuicio de las obligaciones y sanciones señaladas en el caso de incumplimiento con los extremos de esta Ley y su Reglamento.


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TÍTULO II PLAN NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Y DEL ÓRGANO RECTOR DEL SISTEMA

Autoridad Nacional Artículo 10.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones actuará como coordinador e integrador de los sujetos de esta Ley, en las acciones de su competencia, en articulación con los órganos y entes de la Administración Pública

Del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Artículo 11.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones formulará el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como instrumento de orientación de la gestión del Ejecutivo Nacional para establecer los lineamientos y políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como para la estimulación de los recursos necesarios para su ejecución.

Objetivos del Plan Artículo 12.- El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación definirá los objetivos, metas y estrategias que en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones deberá alcanzarse en el ámbito nacional.

Vigencia y contenido del Plan Artículo 13.- El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se orientará según las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Suministro de información Artículo 14.- Los sujetos de la presente Ley están en la obligación de suministrar la información que les sea solicitada por la autoridad nacional con competencia en matera de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. En el caso de la información estratégica, ésta no podrá ser suministrada a entidades externas a esta autoridad. Todo lo correspondiente a la difusión de información será establecido en el Reglamento de esta Ley.

Evaluación y selección de proyectos Artículo 15.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, evaluará y seleccionará los programas y proyectos que califiquen para su financiamiento en las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Los mecanismos para el cumplimiento de este artículo serán contemplados en el Reglamento de esta Ley.

Integración y cooperación internacional


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Artículo 16.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, fomentará y desarrollará políticas y programas de integración y cooperación internacional, con la finalidad de desarrollar las capacidades científico-tecnológicas y productivas endógenas.

Espacios para la investigación y la innovación Artículo 17- El Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, podrá crear los espacios de investigación e innovación que considere necesarios para promover el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Tecnologías de información Artículo 18.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, ejercerá la dirección en el área de tecnologías de información. En tal sentido, deberá: 1. Asumirá competencias que en materia de informática, ejercía la Oficina

Central de Estadística e Informática, así como las siguientes: 2. Establecer políticas sobre la generación de contenidos de la red,

respetando la diversidad, así como el carácter multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad.

3. Resguardar la inviolabilidad del carácter confidencial de los datos

electrónicos obtenidos en el ejercicio de las funciones de los órganos y entes públicos.

4. Democratizar el acceso a las tecnologías de información.

De la propiedad intelectual Artículo 19.- La autoridad nacional con competencia en matera de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, formulará las políticas y los programas donde se establecen las condiciones de la titularidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual derivadas de la actividad científica, tecnológica y sus aplicaciones que se desarrollen con sus recursos o los de sus órganos y entes adscritos conjuntamente con el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

Coordinación de políticas en Propiedad Intelectual Artículo 20.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, coordinará, diseñará, implementará y promoverá las políticas sobre propiedad intelectual de las innovaciones e invenciones derivadas del desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y sus aplicaciones concebidas en el país conjuntamente con el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

Invención e innovación popular


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Artículo 21.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones creará mecanismos de apoyo, promoción y difusión de invenciones e innovaciones populares, que generen bienestar a la población o logren un impacto económico o social en la Nación.

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) Artículo 22.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, a través del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), recopilará, sistematizará, categorizará, analizará e interpretará información a los fines de formular las políticas públicas en la materia. Este órgano tendrá los siguientes objetivos: 1. Contribuir al análisis y evaluación de las relaciones entre los sujetos de

esta Ley, así como proponer alternativas para su funcionalidad. 2. Contribuir con la definición de políticas públicas y el seguimiento al Plan

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 3. Contribuir a la propuesta de la organización territorial a nivel regional y

comunal, para la obtención de zonas con respuestas funcionales en el ámbito sociopolítico y productivo.

4. Propiciar la interacción entre las industrias y las actividades de ciencia,

tecnología, innovación y sus aplicaciones. 5. Promover la participación del Poder Popular en la generación y uso de la

información necesaria para el fortalecimiento de consejos comunales y comunas.

TÍTULO III

DE LOS APORTES PARA LA CIENCIA, LA TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN

De los aportes

Artículo 23.- Los aportes para la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones provendrán de personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional. Estarán destinados a financiar las actividades de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, necesarios para el avance social, económico y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, en concordancia con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación establecido por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.


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Todos los aportes deberán ser consignados ante el órgano financiero de los fondos destinados a ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Del manejo de los recursos Artículo 24.- El Fondo Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (FONACIT), ente adscrito a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, es el responsable de la administración, recaudación, control, verificación y determinación cuantitativa y cualitativa de los aportes para la ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. La fiscalización compete a la autoridad nacional en forma directa.

De quienes aportan Artículo 25.- A los efectos de esta Ley, se entiende como aportantes para la ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, aquellas personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional y hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a cien mil Unidades Tributarias (100.000 U.T.) en el ejercicio fiscal inmediato anterior, que se señalan a continuación: 1. Las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. 2. Las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, las

comunidades, así como cualesquiera otras sociedades de personas, incluidas las irregulares o de hecho.

3. Las asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas y demás

entidades jurídicas o económicas no citadas en los numerales anteriores.

4. Los establecimientos permanentes, centro o bases fijas situados en el

territorio nacional.

Proporción del Aporte Artículo 26.- Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional, aportarán anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos obtenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior, de acuerdo con la actividad a la que se dediquen, de la siguiente manera: 1. Dos por ciento (2%) cuando la actividad económica sea una de las

contempladas en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, y todas aquellas vinculadas con la industria y el comercio de alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco.

2. Uno por ciento (1%) en el caso de empresas de capital privado cuando

la actividad económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica


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de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su procesamiento y distribución.

3. Cero coma cinco por ciento (0,5%) en el caso de empresas de capital

público cuando la actividad económica sea una de las contempladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y comprenda la explotación minera, su procesamiento y distribución.

4. Cero coma cinco por ciento (0,5%) cuando se trate de cualquier otra

actividad económica. Parágrafo Primero: Cuando el aportante desarrolle de forma concurrente varias actividades de las establecidas anteriormente, calculará su aporte aplicando la alícuota más alta que corresponda a las actividades que desarrolle. Parágrafo segundo: A las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional, que presten servicios de telecomunicaciones y aporten al Fondo de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones (FIDETEL), de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, les será reconocido dicho aporte para los efectos de lo establecido en el presente Título.

Actividades consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los

Aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones Artículo 27.- A los fines de la presente Ley, las siguientes actividades serán consideradas como factibles de ser llevadas a cabo con los aportes a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones: 1. Proyectos de innovación relacionados con actividades que involucren la

obtención de nuevos conocimientos o tecnologías en el país, con participación nacional en los derechos de propiedad intelectual, en áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones. a. Sustitución de materias primas o componentes para disminuir

importaciones o dependencia tecnológica. b. Creación de redes productivas nacionales. c. Participación, investigación e innovación de las universidades y

centros de investigación e innovación del país, en la introducción de nuevos procesos tecnológicos, esquemas organizativos, obtención de nuevos productos o de procedimientos, exploración de necesidades y, en general, procesos de innovación con miras a resolver problemas concretos de la población venezolana


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d. Formación de cultores o cuadros científicos y tecnológicos en

normativa, técnica, procesos y procedimientos de calidad. e. Procesos de transferencia de tecnología dirigidos a la producción de

bienes y servicios en el país, que prevean la formación de cultores o cuadros científicos y tecnológicos en lo técnico, operativo, profesional y científico.

2. La creación o participación en incubadoras o viveros de unidades de

producción nacionales de base tecnológica, en las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

3. Participación en fondos nacionales de garantía o de capital de riesgo para proyectos de innovación, investigación o escalamiento, en las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

4. Actividades de investigación y escalamiento que incluyan:

a. Financiamiento a proyectos de investigación y escalamiento realizados por universidades o centros de investigación y escalamiento certificados por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

b. Creación de unidades o espacios para la investigación, la ciencia, la

tecnología y la innovación sin fines de lucro, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

c. Creación de bases y sistemas de información de libre acceso que

contribuyan al fortalecimiento de las actividades de ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, sin fines de lucro, en las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

d. Promoción y divulgación de las actividades de ciencia, tecnología,

innovación y sus aplicaciones realizadas en el país, sin fines comerciales.

e. Creación de programas de fomento a la investigación, el

escalamiento o la innovación en el país, instrumentados desde el Ejecutivo Nacional.

f. Financiamiento para la organización de reuniones o eventos

científicos sin fines comerciales, en las áreas prioritarias


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establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

g. Consolidación de redes de cooperación científicas, tecnológicas y de

innovación a nivel nacional e internacional en las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones establecidas desde el sector oficial.

h. Conformación de ámbitos o proyectos de vinculación entre espacios

de investigación y creación, y las unidades de producción social, para procesos de transferencia de tecnología, con el objeto de garantizar la independencia y soberanía del aparato productivo nacional.

5. Inversión en actividades de formación de cultores científicos y

tecnológicos, en las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, que incluyan:

a. Organización y financiamiento de cursos y eventos de formación en

ciencia, tecnología e innovación sin fines comerciales en el país.

b. Creación y fortalecimiento de espacios de formación relativos a las actividades reguladas por esta Ley, en instituciones de educación universitaria de carácter oficial en el país.

c. Financiamiento de becas para la formación de cultores científicos y tecnológicos que formen parte activa de una unidad de producción social que esté vinculada a un proyecto específico de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones en las áreas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

d. Programas de actualización del personal que forme parte activa de una unidad de producción social, en materia de innovación tecnológica con participación de instituciones oficiales de educación en el país.

e. Financiamiento de programas de inserción laboral de venezolanos desempleados y venezolanas desempleadas con altos niveles de formación

f. Financiamiento de programas de movilización a nivel nacional, de investigadores vinculados e investigadoras vinculadas con la creación y funcionamiento de postgrados integrados de redes de investigación de nacionales e internacionales, impulsadas por el sector oficial


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g. Cualquier otra actividad que en criterio de la autoridad nacional con competencia en matera de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, pueda ser considerada necesaria para el impulso de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones.

Parágrafo Único: El Reglamento de la presente Ley establecerá los mecanismos, modalidades y formas en que se realizarán las actividades antes señaladas.

Acceso a los recursos Artículo 28.- Podrán optar al uso de los recursos provenientes de los aportes de la ciencia, tecnología e innovación, todos aquellos sujetos de esta Ley contemplados en el artículo 3, siempre y cuando planteen la formulación de proyectos, planes, programas y actividades que correspondan con las áreas prioritarias establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Del plan anual de inversión en ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones

Artículo 29.- Quienes opten a acceder a los recursos provenientes de los aportes a la ciencia, tecnología e innovación deberán presentar dentro del tercer trimestre de cada año un plan anual de inversión en ciencia, tecnología e innovación para el año siguiente, contentivo de los proyectos previstos para el siguiente año, en concordancia con las áreas prioritarias y parámetros establecidos por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

Del informe de resultado de plan anual de inversión en ciencia, tecnología e innovación

Artículo 30.- Dentro de los tres primeros meses del año, los usuarios de los recursos provenientes de los aportes a la ciencia, tecnología e innovación deberán presentar al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) un informe técnico y administrativo de las actividades realizadas en el año inmediato anterior, sin perjuicio de las actividades de supervisión y fiscalización, por parte de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones de conformidad con la presente Ley. Esta información será procesada por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) para integrar la base de daros que estos entes manejan.

Suministro de información de los aportantes Artículo 31.- Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República Bolivariana de Venezuela que realicen actividades económicas en el territorio nacional deberán suministrar, a requerimiento del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), los documentos sobre transacciones, emolumentos, ingresos y demás medios que comprueben el cumplimiento efectivo del aporte, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento.


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TÍTULO V DE LAS REGIONES Y LAS COMUNAS

Actividades científicas, tecnológicas

y sus aplicaciones en el ámbito regional Artículo 32.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, promoverá actividades de su competencia en el ámbito regional –aéreo terrestre o acuático-, comunal y cualquier otra entidad territorial que dispongan las leyes de la República a través del fortalecimiento de redes que articulen a los sujetos de esta Ley entre sí, y entre éstos y el área productiva, a fin de impulsar la nueva organización territorial del Poder Popular para el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

Representación regional y distribución territorial Artículo 33.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, establecerá los mecanismos regionales y comunales para coordinar, promover y ejecutar los planes y proyectos que se establezcan en las políticas públicas nacionales, así como en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Reglamentación especial Artículo 34.- Los mecanismos y estructuras para establecer la organización, las competencias específicas y la distribución territorial serán normadas por una reglamentación especial sustentada en los siguientes aspectos: geohistóricos, ecológicos, industriales, funcionales, entre otros

TÍTULO VI DE LA FORMACIÓN DE CULTORES Y CULTORAS CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS E INNOVACIÓN

Promoción y estímulo de los cultores y cultoras

para la ciencia, la tecnología y la innovación Artículo 35.- El Ejecutivo Nacional, a través de las autoridades nacionales responsables en materia de formación promoverá una cultura científica desde el nivel de educación inicial, con el propósito de ir formando los nuevos cultores y cultoras científicos y tecnológicos: así mismo, promoverá la formación de los investigadores e investigadoras, tecnólogos y de la generación de relevo de acuerdo con los principios y valores de la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Incentivos para la formación e inserción De los cultores y cultoras científicos y tecnológicos

Artículo 36.- El Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, diseñará e instrumentará los incentivos necesarios para estimular la formación e inserción de los cultores y cultoras científicos y tecnológicos en las unidades de producción social, los órganos adscritos a la


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autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como en las instituciones universitarias que correspondan a los proyectos que permitan resolver las necesidades concretas vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Financiamiento e incentivos Artículo 37.- El ejecutivo Nacional estimulará la formación de los cultores y cultoras en el área científica, tecnológica e innovación, mediante el financiamiento total o parcial de sus estudios e investigaciones, así como de incentivos, tales como becas, subvenciones o cualquier otro reconocimiento o incentivo que sirva para impulsar la producción científica, tecnológica y de innovación y sus aplicaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de esta Ley.

Promoción de la investigación Artículo 38.- La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones impulsará programas de promoción a la investigación y la innovación para garantizar la generación de una ciencia tecnología, innovación y sus aplicaciones que propicien la solución de problemas concretos del país, en el ejercicio pleno de la soberanía nacional.

TÍTULO VII FONDO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN (FONACIT) Del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) Artículo 39.- El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (FONACIT), creado mediante Decreto con Fuerza de Ley Orgánica N° 1290, del 30 de agosto de2001 y publicado en Gaceta Oficial N° 37.291, es un instituto autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del fisco nacional, adscrito a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, que gozará de las prerrogativas, privilegios y exenciones de orden procesal, civil y tributario conferidos por la normativa aplicable a la República.

Objetivo general Artículo 40.- El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (FONACIT), es el ente financiero de los recursos destinados a la ciencia, la tecnología, la innovación y sus aplicaciones, por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones y, en consecuencia, será el ente encargado de administrar los recursos destinados al financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como velar por su adecuada ejecución y seguimiento, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otros órganos o entes adscritos a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.


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La autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, establecerá las políticas, lineamientos, planes y condiciones de los financiamientos que se otorguen a través del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), con recursos provenientes tanto de la contribución especial establecida en el Títlo III de la presente Ley así como de otras fuentes.

Atribuciones Artículo 41.- Son atribuciones del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, (FONACIT): 1. Ejecutar las políticas y los procedimientos generales dictados por la

autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, para la asignación de recursos a los programas y proyectos nacionales, regionales y locales que se presenten, de conformidad con las políticas del estado contenidas en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Administrar los recursos destinados a los programas y proyectos contemplados dentro de las líneas de acción establecidas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones.

3. Financiar los programas y proyectos contemplados dentro de las líneas de acción de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones que puedan ser desarrollados o ejecutados por los órganos y entes adscritos de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, investigación y sus aplicaciones.

4. Diseñar metodologías y mecanismos de adjudicación de los recursos, garantizando la proporcionalidad, celeridad y transparencia de los procesos.

5. Realizar el seguimiento y control de los proyectos financiados.

6. Establecer y mantener un registro nacional de acceso público, de los financiamientos otorgados a fin de controlar la distribución de los recursos y generar la información estadística que permita orientar la toma de decisiones con las excepciones contempladas en el artículo 14 de la presente Ley.

7. Informar a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, investigación y sus aplicaciones sobre oportunidades, necesidades, fuentes potenciales de financiamiento y otros aspectos identificados en su gestión financiera.


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8. Divulgar las oportunidades de financiamiento para programas y proyectos de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, asegurando el acceso a la información para todos los potenciales interesados.

9. Iniciar de oficio o a instancia de las partes, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos que le corresponda, relativos a presuntas infracciones de la presente Ley, así como aplicar las sanciones previstas en el Título VII de esta Ley.

10. Fomentar y apoyar la interacción efectiva entre los órganos y entes dedicados a la investigación científica y tecnológica con el sector productivo nacional.

11. Fiscalizar, liquidar y recaudar los recursos derivados de las contribuciones especiales establecidas en la presente Ley, así como percibir directamente lo que le correspondan de conformidad con las Leyes vigente.

12. Las demás que esta Ley y otras leyes le señalen.

Domicilio Artículo 42.- El domicilio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) es la ciudad de Caracas y podrá crear dependencias y realizar actividades en cualquier lugar del territorio nacional y del extranjero en cumplimiento de las directrices emanadas por la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, investigación y sus aplicaciones.

Patrimonio Artículo 43.- El patrimonio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) estará constituido por: 1. Los bienes, derechos y obligaciones de los cuales era titular el Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT). 2. Las cantidades que le fueren asignadas anualmente en la Ley de

Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 3. Los bienes provenientes de las donaciones y demás liberalidades que

reciba. 4. Los bienes que obtenga producto de sus operaciones, la ejecución de

sus actividades y los servicios que preste.

5. Los ingresos provenientes de las sanciones y multas de conformidad con la presente Ley.


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6. Los demás bienes que adquiera por cualquier título para la consecución de su objeto.

7. Cualquier otro ingreso que se le asigne por leyes especiales.

Estructura organizativa Artículo 44.- La estructura organizativa y las normas de funcionamiento de las unidades operativas del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT) serán establecidas en el reglamento interno del Fondo.

TÍTULO VII DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO

Disposiciones generales

Artículo 45.- Para el seguimiento, control y aplicación del régimen sancionatorio en forma eficiente, eficaz y oportuna, la autoridad nacional en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones creará un registro oficial inviolable protegido contra modificaciones posteriores. La autoridad tributaria y aduanera suministrará la información necesaria para el registro oficial, el cual constará de los siguientes componentes: 1. Instituciones, empresas y entidades catalogadas como contribuyentes.

2. Registro de usuarios y solicitantes de financiamiento

3. Registro de instituciones, empresas o entidades evasoras y morosas.

4. Registro de usuarios malversadores o defraudadores

Sistema de multas Artículo 46.- A los sujetos de sanciones contemplados en esta Ley se les aplicará un sistema de multas descritas ut supra sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. Los usuarios que son financiados a través de esta Ley se considerarán productores de bienes y servicios de interés público y, por consiguiente, estarán sometidos a las leyes que rigen esta materia. A los contribuyentes que incumplan o violen esta Ley se les aplicará lo contenido en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, además de las multas que se describen en esta Ley.

Multa por incumplimiento de las normas de financiamiento Artículo 47.- A quienes hubieren obtenido recursos provenientes de la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones o de sus órganos o entes adscritos, para el desarrollo de alguna actividad científica, tecnológica, de innovación o de sus aplicaciones, e incumplieren las estipulaciones acordadas en los reglamentos que rigen el otorgamiento de tales recursos y las disposiciones de la presente Ley; deberán reintegrar los recursos no justificados; no les serán otorgados nuevos recursos durante un lapso de dos a cinco años; y se


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le aplicarán multas comprendidas entre diez unidades tributarias (10 U.T.) a cincuenta mil Unidades Tributarias (50.000 U.T.), que serán canceladas en la tesorería del ente o a cargo del órgano otorgante de los recursos; y serán determinadas por la máxima autoridad de dicho ente u órgano de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, al tipo de financiamiento y al monto otorgado, conforme lo establezca el Reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Multas por incumplimiento del aporte Artículo 48.- Los que incumplan con el pago de la contribución especial establecida en el Título III de la presente Ley, serán sancionados con multas equivalentes al cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente a la contribución, sin perjuicio del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el referido Título, las cuales serán impuestas por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), tomando en cuenta el monto de la suma afectada por el incumplimiento, pudiendo ser aumentadas o disminuidas en atención a las circunstancias agravantes o atenuantes existentes.

Multas por desviación de los recursos Artículo 49.- Las personas beneficiarias de las inversiones a que se hace mención el artículo 3 de la presente Ley, que destinen parcial o totalmente dichos recursos a fines distintos para los cuales fueron otorgados, serán sancionados por la máxima autoridad del órgano o ente que haya otorgado el financiamiento, con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto recibido en calidad de aporte y la obligación de reponer los recursos no destinados al fin para el cual fueron otorgados sin perjuicio de las sanciones penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar.

Recursos provenientes de multas e intereses Artículo 50.- Los recursos que se obtengan de la aplicación de las multas e intereses que se recauden por el incumplimiento del pago del aporte contenido en el Título III de la presente Ley, formarán parte del patrimonio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT).

Circunstancias agravantes Artículo 51.- Se consideran circunstancias agravantes, las siguientes: 1. La renuncia del obligado a pagar el aporte previsto en el Título III de la

Presente Ley.

2. La magnitud del monto dejado de pagar.

3. Haber otorgado con la intención de evadir la obligación de pagar.

4. El suministrar datos falsos o inexactos, para pagar un monto inferior al que legalmente corresponde.


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5. La reincidencia. A los efectos del presente artículo se entiende por reincidencia la falta reiterada por parte del aportante de dos o más obligaciones previstas en esta Ley.

Circunstancias atenuantes

Artículo 52.- Son circunstancias atenuantes: 1. La conducta que el aportante asuma a favor del esclarecimiento de los

hechos.

2. La presentación de la documentación fidedigna.

3. El pago de las multas e intereses y el cumplimiento de la obligación de pagar antes de la terminación del procedimiento

4. El cumplimiento de los requisitos omitidos que puedan dar lugar a la imposición de la sanción.

Principios rectores de la potestad sancionatoria

Artículo 53.- La potestad sancionatoria se ejercerá atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, racionalidad y proporcionalidad.

Determinación de incumplimiento Artículo 54.- Los procedimientos para la determinación del incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Título III de la presente Ley, se iniciarán luego que se determine la existencia de indicios suficientes, producto del control, fiscalización, inspección e investigación, que hagan presumir tal incumplimiento.

Acto de apertura del procedimiento Artículo 55.- El acto de apertura del procedimiento administrativo sancionatorio será dictado por la máxima autoridad del órgano o ente que corresponda de acuerdo con la presunta infracción, y en él se establecerán con claridad los hechos imputados y las consecuencias que pudiesen desprenderse de la constatación de los mismos, emplazándose el presunto infractor para que en un lapso no mayor de quince días hábiles consigne los alegatos y pruebas que estime pertinentes para su defensa. En caso de que el presunto infractor no comparezca a presentar sus alegatos una vez practicada la notificación, se admitirán los hechos, si no hay pruebas que le favorezca.

Potestades de investigación y libertad de prueba Artículo 56.- En la sustanciación del procedimiento administrativo sancionatorio se tendrán las más amplias potestades de investigación, rigiéndose su actividad por el principio de libertad de prueba. Dentro de la actividad de sustanciación podrán realizarse, entre otros, los siguientes actos:


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1. Citar a declarar a cualquier persona en relación con la presunta infracción.

2. Requerir de las personas relacionadas con el procedimiento, documentos o información pertinente para el esclarecimiento de los hechos.

3. Emplazar, mediante prensa nacional o regional, a cualquier persona interesada que pudiese suministrar información relacionada con la presunta infracción. En el curso de la investigación cualquier particular podrá consignar en el expediente administrativo, los documentos que estime pertinentes a los efectos del esclarecimiento de la situación.

4. Solicitar a otros órganos y entes públicos información relevante respecto a las personas involucradas, siempre que la información que ellos tuvieren, no hubiese sido declarada confidencial o secreta de conformidad con la ley.

5. Realizar las inspecciones que consideren pertinentes, a los fines de la investigación.

6. Evacuar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, objeto del procedimiento sancionatorio.

Lapso para decidir Artículo 57.- Concluida la sustanciación del expediente o transcurrido el lapso para ello, que no podrá exceder de dos meses contados a partir del acto de apertura con indicación de la prórroga que se acuerde, el órgano encargado de la sustanciación del expediente lo remitirá a la máxima autoridad del órgano o ente que corresponda de acuerdo con la presunta infracción; deberá dictar la decisión correspondiente dentro de los quince días hábiles sin perjuicio de que pueda ordenar la realización de cualquier acto adicional de sustanciación que considere conveniente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI) así como todos y cada uno de los órganos y entes adscritos a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación deberán reestructurar su organización, a los fines de adecuarse a los principios señalados en esta Ley, con miras a su refundación y cumplir con el objeto y las atribuciones establecidas en esta Ley. A tal efecto, se fija un lapso no mayor de un año, contado a partir de la publicación de esta Ley. Segunda. El Ejecutivo Nacional tendrá un plazo de un año a partir de la publicación de la presente Ley, para dictar los reglamentos necesarios de esta Ley.


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415

Tercera. Los aportes establecidos en el Título III de esta Ley, comenzarán a realizarlos a partir del primero de enero de 2011. Cuarta. Los aportantes previstos en el Título III de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.242 en fecha tres de agosto de dos mil cinco y que a la fecha de la entrada en vigencia de la presente Ley, no hayan declarado y pagado dicho aporte deberán efectuar el pago de los mismos al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y del pago de los intereses moratorios que fueran procedentes.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Se deroga la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.242 en fecha tres de agosto de dos mil cinco, así como toda norma o disposición que colide con la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil diez. Año 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

Cilia Flores Presidenta de la Asamblea Nacional


I/2011

416

PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DICTAN LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO

LABORAL, LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADOS ANTE EL FONDO NACIONAL ANTIDROGAS (FONA)

(GACETA OFICIAL N° 39.622 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2011)

No. 0001-2011 FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2011

PROVIDENCIA

El Presidente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), designado según

Resolución N° 063 de fecha 08 de febrero de 2007, publicado en la Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.622 de la misma

fecha, en ejercicio de las atribuciones que le confiere lo dispuesto en el

artículo 7, numeral 4 del Decreto N°4.220 de fecha 23 de enero de 2006,

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

38.363 del 23 de enero de 2006, en concordancia con lo establecido en el

artículo 4 y el Título III de la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.546 de fecha 05 de

noviembre de 2010;

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica de Drogas, declara de interés público la prevención

integral del consumo de Drogas y se faculta a la Oficina Nacional Antidrogas

(ONA) a implementar en coordinación con el Gobierno Nacional, las

estrategias, planes y medidas que considere necesarias para prevenir el uso

indebido de drogas, dando prioridad a los niños, niñas y adolescentes.

CONSIDERANDO

Que a fin de contribuir con la prevención integral del consumo de drogas, las

personas jurídicas privadas, los consorcios y entes públicos con o sin fines

empresariales, podrán presentar proyectos en el ámbito laboral a favor de

sus trabajadores, trabajadoras y su entorno familiar.

DICTA


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417

Artículo 1: Los Proyectos de Prevención Integral del Consumo de Drogas

en el ámbito laboral, deberán ser presentados ante el Fondo Nacional

Antidrogas (FONA).

Artículo 2: Se establece como lapso para la presentación de los proyectos

de prevención en el ámbito laboral, el período comprendido entre el día dos

(02) de enero hasta el treinta (30) de abril de cada año, a los fines de realizar

las respectivas evaluaciones técnicas y de costos, para dar cumplimiento a

la ejecución del proyecto presentado por las personas jurídicas privadas,

consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, una vez reunidos

los requisitos para su aprobación.

Artículo 3: El Proyecto de Prevención en el ámbito laboral, sólo podrá ser

presentado por personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con

o sin fines empresariales cuyo cierre de ejercicio fiscal haya sido antes de la

fecha límite establecida para la recepción de proyectos y una vez efectuado

el aporte del uno por ciento (1%) correspondiente. En caso que el sujeto

obligado no pueda consignar el proyecto, podrá presentarlo en el siguiente

año dentro del período establecido en el artículo 2 de la presente

Providencia.

Artículo 4: Las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con

o sin fines empresariales, sólo podrán presentar proyectos de prevención

integral en el ámbito laboral del consumo de drogas con cargo al ejercicio

inmediatamente anterior al cual corresponde determinar el aporte.

Artículo 5: La presente Providencia entrará en vigencia a partir de su

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Comuníquese y Publíquese,

G/B (GNB) NESTOR LUIS REVEROL TORRES

PRESIDENTE


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418

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS

PASIVOS ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN PARA AQUELLAS OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2011

(GACETA OFICIAL Nº 39.579 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECONOMÍA Y FINANZAS

SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA

N° SNAT/2010/0091 Caracas, 20/12/2010

200º y 151º

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA El Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, en uso de las facultades previstas en los numerales 1, 7, 9 y 33 del Artículo 4 de la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37.320, de fecha 08 de noviembre de 2001, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 41 y 125 del Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en el Artículo 3 del Reglamento sobre el cumplimiento de Deberes Formales y Pagos de Tributos para Determinados Sujetos Pasivos con Similares Características, dictado mediante Decreto Nº 863 de fecha 27 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.816 de fecha 13 de octubre de 1995 y el Artículo 60 del Reglamento de la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, Decreto Nº 206 de fecha 09 de julio de 1999, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.363 de fecha 12 de julio de 1999, resulte dictar la siguiente:

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SOBRE EL CALENDARIO DE SUJETOS

PASIVOS ESPECIALES Y AGENTES DE RETENCIÓN PARA AQUELLAS OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA EL AÑO 2011.

Artículo 1°.- Las declaraciones de los Sujetos Pasivos Especiales notificados de esa condición en forma expresa por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), relativas al Impuesto al Valor Agregado, Definitivas y Estimadas de Impuesto sobre la Renta, ley de Impuesto a las Actividades de Juegos de Envite o Azar, así como el enteramiento de los montos retenidos por los Agentes de Retención


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419

en materia de Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, deberán ser presentadas y en su caso, efectuados los respectivos pagos, según el último dígito del número de Registro Único Fiscal, en las fechas de vencimiento del calendario que para el año 2011, será el siguiente. a) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 Y 5 17 16 16 18 16 16 18 16 19 17 16 16

9 Y 6 18 17 17 20 17 17 19 17 16 18 17 19

7 Y 3 19 22 22 27 18 21 22 18 20 20 18 20

4 Y 8 20 21 18 26 20 23 20 22 21 19 22 22

1 Y 2 21 18 23 25 19 22 21 19 22 21 21 21

b) RETENCIONES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

b.1 Practicadas entre los días 01 al 15 ambos inclusive de cada mes RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 Y 5 17 16 16 18 16 16 18 16 19 17 16 16

9 Y 6 18 17 17 20 17 17 19 17 16 18 17 19

7 Y 3 19 22 22 27 18 21 22 18 20 20 18 20

4 Y 8 20 21 18 26 20 23 20 22 21 19 22 22

1 Y 2 21 18 23 25 19 22 21 19 22 21 21 21

b.2 Practicadas entre los días 16 y el último, ambos inclusive de cada

mes RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 Y 5 3 2 3 5 2 2 7 2 2 3 2 2

9 Y 6 4 3 2 4 3 3 6 3 5 4 3 5

7 Y 3 5 4 9 6 4 7 11 8 6 7 4 7

4 Y 8 6 7 10 7 5 8 12 5 7 5 7 8

1 Y 2 7 8 4 8 6 9 8 4 8 6 8 6

c) RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 Y 5 3 2 3 5 2 2 7 2 2 3 2 2

9 Y 6 4 3 2 4 3 3 6 3 5 4 3 5

7 Y 3 5 4 9 6 4 7 11 8 6 7 4 7

4 Y 8 6 7 10 7 5 8 12 5 7 5 7 8

1 Y 2 7 8 4 8 6 9 8 4 8 6 8 6


I/2011

420

d) ESTIMADAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECLARACIÓN Y PAGO DE PORCIONES EJERCICIOS REGULARES E IRREGULARES)

RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 Y 5 11 14 10 8 13 9 12 11 8 19 14 8

9 Y 6 13 9 14 14 10 10 8 10 12 11 11 9

7 Y 3 17 8 11 13 11 14 11 12 14 14 10 15

4 Y 8 12 11 9 12 12 13 13 8 13 13 8 14

1 Y 2 14 10 15 11 9 8 14 9 9 17 9 13

e) ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 al 9 7 8 9 8 9 8 8 8 8 7 8 8

f) RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LOS

PREMIOS DE LOTERIA

f.1 Practicadas entre los días 01 al 15 ambos inclusive de cada mes RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 al 9 17 16 16 18 16 16 18 16 16 17 16 16

f.2 Practicadas entre los días 16 y el último, ambos inclusive de cada

mes RIF ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0 al 9 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1

g) AUTOLIQUIDACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA –

EJERCICIO FISCAL 01/01/2010 AL 31/12/2010

RIF FECHA

0, 1 Y 5 31/03/2011

2, 3 Y 7 01/04/2011

9 Y 6 04/04/2011

4 Y 8 05/04/2011

Parágrafo Primero: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Centro Occidental, Barquisimeto, que conforme a lo dispuesto en el literal d) de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 14 de enero y 14 de septiembre deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Segundo: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Centro Occidental, Acarigua, que conforme a lo dispuesto en el literal b.2), c) y d) de este artículo les corresponda presentar las respectivas


I/2011

421

declaraciones en las fechas 02 de febrero y 13 de junio deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Tercero: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Los Andes, San Cristóbal, que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b.1), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 20 de enero, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Cuarto: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Insular, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) c), d) y e), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 04 de mayo y 08 de septiembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Quinto: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Nor-Oriental, Barcelona, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) c), d) y e), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 08 de septiembre y 14 de noviembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Sexto: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Nor-Oriental, El Tigre, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) c), d) y e), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en las fechas 08 de septiembre y 14 de noviembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Séptimo: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Nor-Oriental, Sector Cumaná, que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b.1), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 21 de enero, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Octavo: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Nor-Oriental, Sector Maturín, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) y c), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 07 de septiembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Noveno: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Zuliana, que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b.1), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 18 de noviembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Décimo: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Guayana Puerto Ayacucho, que conforme a lo dispuesto en el literal d), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones


I/2011

422

en la fecha 09 de diciembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Décimo Primero: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Guayana, Santa Elena de Uairén, que conforme a lo dispuesto en los literales a) y b.1), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 18 de agosto, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Décimo Segundo: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Guayana, Tucupita, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) c), d) y e), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 08 de septiembre, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Parágrafo Décimo Tercero: Los Contribuyentes notificados como especiales, en la Región Los Llanos, Sector Valle de la Pascua, Estado Guárico, que conforme a lo dispuesto en los literales b.2) y c), de este artículo les corresponda presentar las respectivas declaraciones en la fecha 03 de febrero, deberán presentarlas el día hábil inmediato siguiente. Artículo 2°.- Las declaraciones correspondientes a la Autoliquidación Anual del Impuesto sobre la Renta en los ejercicios fiscales distintos al comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010, deberán presentarse y realizar el pago de los impuestos respectivos, en las fechas de vencimiento establecidas en la normativa legal vigente. La declaración estimada de Impuesto sobre la Renta de las personas Naturales y Jurídicas y los pagos mensuales de los anticipos, deberán realizarse en las fechas de vencimiento establecidas en la presente Providencia. Los sujetos pasivos especiales que deban realizar su declaración definitiva de Impuesto Sobre la Renta los días 03, 04 y 05 de abril del año 2011, deberán presentar su declaración estimada en el mes de junio, de acuerdo a las fechas establecidas en el literal d) del artículo 1° de la presente Providencia Administrativa. Los contribuyentes que se dediquen a realizar actividades mineras o de hidrocarburos y conexas, tales como la refinación y el transporte, sean perceptores de regalías derivadas de dichas operaciones u obtengan enriquecimientos provenientes de la exportación de minerales, hidrocarburos o sus derivados, deberán presentar la declaración estimada de enriquecimientos, dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días continuos al cierre del ejercicio, de conformidad con el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre La Renta. Artículo 3°.- Las declaraciones y los pagos correspondientes a los tributos no mencionados en el artículo 1° de esta Providencia, deberán ser


I/2011

423

efectuados en las fechas de vencimiento establecidas en la normativa legal vigente. Artículo 4°.- El incumplimiento de las obligaciones que se establezcan en esta Providencia, será sancionado de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario. Artículo 5°.- Esta Providencia entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2010. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y 11° de la Revolución. Comuníquese y publíquese.

José David Cabello Rondón Superintendente del Servicio Nacional

Integrado de Administración Aduanera y Tributaria Decreto Nº 5.851 del 01-02-2008

Gaceta Oficial Nº 38.863 del 01-02-2008


I/2011

CARPETA II


I/2011

CRONOLOGÍAS Y ESTADÍSTICAS

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Cronologías y Estadísticas

I/2011

1

CRONOLOGÍA DE LA UNIDAD TRIBUTARIA

GACETA OFICIAL

FECHA INSTRUMENTO JURÍDICO VALOR

U.T.

Extraordinaria Nº 4.727

27 de Mayo de 1994 Código Orgánico Tributario

Art. Nº 229 Bs. 1.000,00

Nº 35.748 07 de Julio de 1995 Providencia Administrativa

del Seniat Nº 82 Bs. 1.700,00

Nº 36.003 18 de Julio de 1996 Providencia Administrativa


Nº 36.220 04 de Junio de 1997 Providencia Administrativa


Nº 36.432 14 de Abril de 1998 Providencia Administrativa


Nº 36.673 05 de Abril de 1999 Providencia Administrativa


Nº 36.957 24 de Mayo de 2000 Resolución del Ministerio de

Finanzas Nº 417 Bs. 11.600,00

Nº 37.194 10 de Mayo de 2001 Providencia Administrativa del

Seniat Nº 529 Bs. 13.200,00

Nº 37.397 05 de Marzo de 2002 Providencia Administrativa del

Seniat Nº 927 Bs. 14.800,00

Nº 37.625 05 de Febrero de 2003 Providencia Administrativa del

Seniat Nº 1565 Bs. 19.400,00


Seniat Nº 0048 Bs. 24.700,00

Nº 38.116 27 de Enero de 2005 Providencia Administrativa del

Seniat Nº 0045 Bs. 29.400,00


Seniat Nº 0007 Bs. 33.600,00


Seniat Nº 0012 Bs. 37.632,00


Seniat Nº 0062 Bs. F. 46,00


Seniat Nº 0002344 Bs. F. 55,00






I/2011

2

1950 Índice Variación (%)

Diciembre 0,03040 1,32

Noviembre 0,03000 0,89

Octubre 0,02974 0,00

Septiembre 0,02974 0,90

Agosto 0,02948 1,83

Julio 0,02895 0,46

Junio 0,02881 0,93

Mayo 0,02855 0,46

Abril 0,02842 0,00

Marzo 0,02842 (1,37)

Febrero 0,02881 (0,46)

Enero 0,02895 ( - )



Noviembre 0,03119 (1,25)

Octubre 0,03159 0,00


Agosto 0,03159 0,00

Julio 0,03159 2,13

Junio 0,03093 (1,68)

Mayo 0,03146 1,28

Abril 0,03106 0,43

Marzo 0,03093 0,43

Febrero 0,03080 0,00

Enero 0,03080 1,30




Octubre 0,03172 (0,41)

Septiembre 0,03185 (0,42)

Agosto 0,03199 0,83

Julio 0,03172 0,42

Junio 0,03159 0,42

Mayo 0,03146 (0,83)

Abril 0,03172 0,84

Marzo 0,03146 0,42

Febrero 0,03133 (0,42)

Enero 0,03146 (0,42)


(AÑO BASE DICIEMBRE 2007 = 100)


I/2011

51


(AÑO BASE DICIEMBRE 2007 = 100)


Diciembre 208,2 1,8

Noviembre 204,5 1,5

Octubre 201,4 1,5


Agosto 196,2 1,6

Julio 193,1 1,4

Junio 190,4 1,8

Mayo 187,0 2,6

Abril 182,5 5,2

Marzo 173,2 2,4

Febrero 169,1 1,6

Enero 166,5 1,7


Febrero 217,6 1,7

Enero 213,9 2,7


I/2011

52

SENIAT

TASA DE INTERÉS ACTIVA PROMEDIO DE LOS SEIS (6) PRINCIPALES BANCOS COMERCIALES Y UNIVERSALES DEL PAÍS APLICABLE A LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS VENCIDAS (Porcentajes)

La tasa promedio activa mensual se ajustará multiplicando el monto por 1,2 veces, de acuerdo a lo establecido en el Art. 66 del Código Orgánico Tributario.

2010 Tasa Promedio Tasa Promedio

Incrementada en 1, 2

Diciembre No ha sido publicada


Octubre 19,58 23,50


Agosto 20,01 24,01

Julio 20,30 24,36

Junio 20,42 24,50

Mayo 20,36 24,43

Abril 21,19 25,43

Marzo 20,90 25,08

Febrero 22,33 26,80

Enero 21,20 25,44

2011 Tasa Promedio Tasa Promedio

Incrementada en 1, 2

Febrero 19,90 23,88

Enero 19,83 39,66


I/2011

MODELOS Y PLANILLAS


Modelos y Planillas

I/2011

ÍNDICE DE MODELOS Y PLANILLAS

Título Pág.

1

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“A”

Archivo TXT de Retención de IVA…...……………………...…….…………………………….42 a 44

“C”

Compras. Modelo de Libro de………...……………….…….…………………………………..35 a 36

“D”

Declaración y Pago (Forma 00030)…………...……………………………………………...33 a 34

Destrucción e Inutilización de facturas y otros documentos…………………………………………………………………………………45 a 52

“F”

Facturas y otros documentos. Destrucción e Inutilización de………………………….………5 a 52

“I”

Inutilización y Destrucción de facturas y otros documentos…………………………………………………………………………………45 a 52

“L”

Libro de Compras. Modelo de..……………………….…………………………………………35 a 36

Libro de Ventas. Modelo de..………………………….…………………………………………37 a 38

“P”

Pago y Declaración (Forma: 00030)……………………………………………………………33 a 34


Modelos y Planillas

I/2011

Título Pág.

2

“R”

Retención. Comprobante de………..………………………………………………………………….41

Retención de IVA. Archivo TXT de……………………………………………………………...42 a 44

“V”

Ventas. Modelo de Libro de.…..…………………………………………………………………37 a 38

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

“A”

Ajuste Inicial por Inflación. (Forma: RAR-23)………...………………………………………..11 a 14

Archivo XML de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta Especificaciones Técnicas del ……………..…………………………………………75 a 89

Archivo XML de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta. Instructivo para generar el..................……………………………………….68 a 74

“C”

Impuesto Sobre la Renta. Tabla de Retenciones 2011……………………………………….42 a 43

“D”

Declaración Definitiva de Rentas. Personas Jurídicas (Forma DPJ-00026)….………………………………………………………………………………1 a 6

Declaración Estimada de Rentas. Personas Jurídicas (Forma: EPJ-28)……………………………………………….……………………………………7 a 10

Deberes de información y enteramiento de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta. Guía Fácil……...…………………..........................................53 a 67

“E”

Especificaciones Técnicas del Archivo XML de Retenciones de Impuesto Sobre la Renta……………….…..…………………………………75 a 89


Modelos y Planillas

I/2011

Título Pág.

3

“I”

Impuestos Retenidos y Enterados. Relación Anual de los – Guía Fácil………………………………………..….................................................90 a 108

Impuestos Retenidos y Enterados. Resumen de la Relación Anual de los-……………………………………………………………………………27 a 30

Inflación. Ajuste Inicial por – (Forma: RAR-23)……………………………………………..…11 a 14

“P”

Personas Jurídicas. Declaración Definitiva de Rentas (Forma: DPJ- 00026)………………………………………….……………………………………..1 a 6

Personas Jurídicas. Declaración Estimada de Rentas (Forma: EPJ-28)……………………..……………………………………………………………..7 a 10

Personas Jurídicas Domiciliadas en el País. Retenciones a – (Forma: PJ-D 00013) ..………..……………………………………………...21 a 22

Personas Jurídicas y Comunidades No Domiciliadas en el País. Retenciones a (Forma: PJ-ND 00014)…………..………………………………...23 a 24

Personas Naturales No Residentes en el País. Retenciones a - (Forma: PN-NR 12)………………………….………………………………...19 a 20

Personas Naturales Residentes en el País. Retenciones a - (Forma: AR-I)…………………………………………………………………..15 a 16

Personas Naturales Residentes en el País. Retenciones a - (Forma: PN-R 00011)……….....................................................................17 a 18

Personas Residentes. Comprobante Anual de Retenciones. (AR-CV)…………………………………………………………………………….25 a 26

Personas Residentes. Comprobante Provisional de Retenciones (AR-CV provisional)…………………………………………………………….…31 a 32

“R”

Relación Anual de los Impuestos Retenidos y Enterados. Guía Fácil……………………………….……....................................................90 a 108

Relación Anual de los Impuestos Retenidos y Enterados. Resumen de la…………………………..............................................................27 a 30

Retenciones…………………………………………………….................................................15 a 24


Modelos y Planillas

I/2011

Título Pág.

4

Retenciones a Personas Jurídicas Domiciliadas en el País. (Forma: PJ-D 00013)……………………..…………………………………………21 a 22

Retenciones a Personas Jurídicas y Comunidades No Domiciliadas en el País. (Forma: PJ-ND 00014)….……………………………………….23 a 24

Retenciones a Personas Naturales No Residentes. (Forma: PN-NR 12).……………..………………………………………………………………..19 a 20

Retenciones a Personas Naturales Residentes en el País. (Forma: PN-R 00011)……………………..….….................................................17 a 18

Retenciones a Personas Naturales Sobre Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones. (Forma: AR-I)…….……………………………………..15 a 16

Retenciones a Personas Residentes. Comprobante Anual de (AR-CV)…………………………………………..….................................................25 a 26

Retenciones a Personas Residentes. Comprobante Provisional……………………………31 a 32

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta. Especificaciones Técnicas del Archivo XML de…………….……………..……………………………………….75 a 89

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta. Guía Fácil de cumplimiento de los deberes de información y enteramiento de………………………………...…………………………………………………53 a 67

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta. Instructivo para generar el Archivo XML de..................………..………................................................68 a 74

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta. Relación informativa. Guía Fácil ………………………...……………....................................................................90 a 108

Retenciones de Impuesto sobre la Renta 2011……….……………………………………….42 a 43

“T”

Tabla de Retenciones de Impuesto sobre la Renta 2011…………………………………….42 a 43

LEY DE TIMBRE FISCAL

“I”

Información y Pago de las Tasas (Forma: 16)…………………………………………………39 a 40


Modelos y Planillas

I/2011

Título Pág.

5

“T”

Tasas. Información y Pago de las (Forma: 16)………………………………………………...39 a 40

Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Modelos y Planillas

I/2011

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Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Modelos y Planillas

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