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Cuadernillo de Sociales y Ciudadanas 1

CIENCIAS SOCIALES Y CIUDADANASLa prueba de Sociales y Ciudadanas, como su nombre lo indica, propone evaluar de manera conjunta sociales y competencias ciudadanas. Evalúa los conocimientos y competencias del estudiante que lo habilitan para analizar y comprender el mundo social desde la perspectiva propia de las ciencias sociales. Evalúa también su habilidad para establecer relaciones entre distintos eventos y la capacidad de reflexionar y emitir juicios críticos sobre estos. A la prueba que hoy se conoce como "Sociales" se le anexarán preguntas que permitan "evaluar la capacidad de hacer juicios críticos sobre problemáticas ciudadanas y como un actuar propio de un ciudadano democrático, con actitudes acordes", dentro del marco de los "Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas colombianos" que lo constituyen los ejes temáticos de convivencia y paz, participación democrática, pluralidad y diversidad.

Para esta nueva área de las competencias ciudadanas, nos toparemos con preguntas que tratan mucho sobre la vida en entorno de sociedad, la educación cívica, conceptos de la constitución política. Bien para estudiar esta prueba de sociales y competencias, estudiaremos el área de sociales, medio ambiente, y veremos preguntas similares de competencias ciudadanas.

CONCEPTO DE COMPETENCIA CIUDADANAS: es decir, que una persona competente es aquella que sabe sobre algo, que sabe hacer algo, que puede pronunciarse sobre algo o que puede emitir un juicio acertado, apropiado sobre algo. Persona que tiene el saber, el saber hacer y el saber hacer bien y en contexto. Son los conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad democrática. La acción ciudadana es el objetivo fundamental dela formación ciudadana. Son la información que deben saber y comprender las personas para el ejercicio de la ciudadanía. el ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como el ejercicio de derechos y deberes, incluye la participación activa en la comunidad a la cual se pertenece, en esta medida, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político; tiene presente sus derechos y obligaciones; posee la capacidad de reflexionar sobre problemáticas sociales; asume la responsabilidad social; se interesa los asuntos propios de la colectividad; participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales; y busca el bienestar de su comunidad.

COMPETENCIAS EVALUADAS:En la prueba Sociales y ciudadanas se evalúan tres competencias básicas: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Estas competencias están alineadas con lo propuesto en los Estándares básicos de competencias en ciencias y competencias ciudadanas, publicados por el Ministerio de Educación Nacional en 2004.El estudiante que culmina la educación media debe estar en capacidad de usar conceptos básicos de las ciencias sociales, la Constitución y el ordenamiento político colombiano, lo cual le permite caracterizar, analizar, relacionar, valorar y explicar situaciones


sociales. Por otra parte, el estudiante debe reconocer, considerar y relacionar perspectivas y posiciones de distintos actores y grupos sociales para analizar problemas sociales y posibles propuestas para resolverlos. Sí mismo debe contar con criterios para evaluar la información que circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, y para valorar argumentos y explicaciones sobre problemas sociales.


EJEMPLO DE PREGUNTAS

PREGUNTAS ABIERTAS


MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA.


EJEMPLOS DE PREGUNTAS DE SOCIALES Y COMPETENCIAS:

1. La entrada a un museo de la ciudad no tiene el mismo valor para todos los ciudadanos, pues para los menores de edad hay una reducción de la tarifa a la mitad. De acuerdo con la Constitución, la diferencia en la tarifa es:

A. injusta, porque el museo invierte la misma cantidad de recursos en prestarles un buen servicio a todos.B. justa, porque los menores de edad generalmente no cuentan con recursos económicos propios y su acceso a la cultura debe promoverse.C. justa, porque únicamente debe promoverse el acceso a la cultura de las personas que se encuentren en edad de aprender.D. injusta, porque al haber tarifas reducidas el museo recibe menos ingresos de los que recibiría si todos pagaran la tarifa completa.

Clave: BCompetencia: pensamiento social. Da puntos para Ciudadanas.

Esta pregunta busca evaluar si el estudiante conoce los derechos y deberes que la Constitución consagra; en particular si puede reconocer situaciones en las que se protegen o vulneran los derechos sociales, económicos y culturales consagrados en la Constitución.20

2. El siguiente fragmento fue tomado de una revista de circulación nacional: “Que los parques naturales se hayan convertido en el escenario privilegiado de la guerra tiene varias explicaciones. La primera es el olvido. En los parques, por la ausencia histórica del Estado, todo es lejos y todo es difícil (…) Por eso, durante muchos años, el Estado no pudo con la guerrilla. La segunda razón es que algunos de estos refugios naturales también son corredores estratégicos. Y la última explicación es sencilla: la plata. Los violentos, sobre todo en la última década, le han inyectado millones a la guerra por cuenta de arrancarle a la

naturaleza sus tesoros. Un estudio de Naciones Unidas reveló como los cultivos de coca han disminuido en el país, pero han aumentado en los parques tanto es el impacto de la guerra que hoy se registra presencia de grupos armados en 23 de los 57 parques del país”.

¿Cuáles de las siguientes funciones mencionadas en el fragmento anterior se pueden considerar como funciones básicas de cualquier Estado?

1. Garantizar que se cumpla la ley en todo el territorio. 2. Realizar campañas de erradicación de cultivos ilícitos. 3. Invertir un porcentaje significativo del presupuesto en armas. 4. Identificar corredores estratégicos por donde operan grupos armados ilegales. 5. Velar porque todos los ciudadanos tengan condiciones de vida dignas.

A. 1 y 3 B. 2 y 5 C. 1 y 5 D. 3 y 4

Clave: CCompetencia: pensamiento social. No da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar si los estudiantes reconocen características básicas del concepto de Estado.

3. Escoja la opción que ordene, según sucedieron, los siguientes eventos relacionados con el proceso de configuración histórica del sistema político colombiano:

1. Frente Nacional. 2. “La Violencia Política”. 3. Elección popular de alcaldes. 4. Aprobación del voto femenino.

A. 2, 4, 1 y 3. B. 3, 1, 2 y 4. C. 1, 2, 4 y 3.


D. 4, 1, 2 y 3.

Clave: ACompetencia: pensamiento social. No da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar si los/las estudiantes ubican en el tiempo eventos relacionados entre sí.

4. Tras la Guerra Civil Americana, entre 1876 y 1965, surgió en Estados Unidos el conjunto de leyes JimCrow que asignó por mandato a los afroamericanos el estatus de “separados pero iguales”. Lo anterior incentivó el trato desventajoso de los afroamericanos y su separación en escuelas, baños, restaurantes y transporte público.

¿Cuál de las siguientes situaciones del mundo actual es análoga a lo anterior?A. Otorgar el derecho al voto exclusivamente a mayores de 18 años con cédula de ciudadanía.B. Disponer filas y sillas especiales para mujeres embarazadas y personas de tercera edad.C. Restringir en sitios públicos la entrada de mujeres a los baños y vistieres de hombres.D. Permitir el ingreso a una universidad únicamente a personas con orientación heterosexual.

Clave: DCompetencia: pensamiento social. No da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar la habilidad de estudiante para analizar y relacionar sucesos históricos y problemáticas contemporáneas.

5. Una de las conclusiones del foro nacional de una organización social es la siguiente: “Se hace necesario que fortalezcamos nuestra propia identidad como grupo. Sin identidad no lograremos un reconocimiento político, económico y social. Los jóvenes deben aprender a trabajar como lo hacíamos antes. Nuestras escuelas deben enseñar a respetar nuestros valores y prácticas políticas”.

Estas conclusiones se concentran en promover A. los saberes culturales. B. el trabajo y la economía. C. los valores ciudadanos. D. la educación de calidad.

Clave: ACompetencias: interpretación y análisis de perspectivas. Da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar la habilidad del estudiante para discernir los intereses y propósitos de un actor social que se encuentran detrás de discursos o actuaciones.

6. A finales de 2012, una comunidad indígena del departamento del Cauca retuvo a un soldado, en señal de protesta por la incursión del ejército en su territorio. Si se quiere profundizar en la comprensión de este hecho y del punto de vista indígena,

¿Qué pregunta puede ser la más pertinente? A. ¿Qué tipo de actividades ilícitas se llevan a cabo en el departamento del Cauca? B. ¿Cómo entendieron los miembros del ejército la orden de ocupar el territorio indígena? C. ¿Cómo se percibió la presencia del ejército por parte de la comunidad indígena? D. ¿Cómo interpretó el soldado su captura por parte de los miembros de la comunidad indígena?

Clave: CCompetencias: interpretación y análisis de perspectivas. No da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar la habilidad del estudiante para identificar preguntas pertinentes para la comprensión de hechos sociales y la construcción de conocimiento dentro del marco de las Ciencias Sociales.

7. Un presidente afirmó lo siguiente sobre su política económica para Colombia: “Tenemos


en el campo económico dos metas, sustituir importaciones y crear exportaciones diferentes, y ninguna requiere más que cierta templanza, una inteligente planeación y voluntaria sujeción de las gentes a tan claros objetivos”.

De acuerdo con este fragmento, donde se expresan aspectos relacionados con elModelo proteccionista, el éxito de la política económica supone:

A. Firmar tratados de libre comercio. B. Fortalecer las industrias nacionales. C. Explotar ventajas comparativas. D. Comprar productos producidos a bajo costo.

Clave: BCompetencia: Pensamiento sistémico y reflexivo. No da puntos para Ciudadanas.Con esta pregunta se busca evaluar si el estudiante identifica, a partir de una situación de uso del proteccionismo, los supuestos que lo enmarcan.

HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN COLOMBIA:En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia. Primero fue el Liberal en 1848 y cuyo programa fue esbozado por José Ezequiel Rojas. El año siguiente, 1849, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, redactaron el programa conveniente al Conservador.

A grandes rasgos, la sociedad en esta Colombia del siglo XIX se dividía en dos grupos

que diferían dos cosas, unos abogaban por la tradición política con la que se venía, y en este grupo estaban: Los esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango y clero, para quienes la situación era ideal y debía ser mantenida a toda costa. Parafraseando a Álvaro Tirado Mejía: "tenían mucho que conservar". Los otros, apoyaban la idea de transformar al Estado Colombiano y eran los comerciantes, los indígenas, los esclavos y los artesanos.

Hay una tradición histórica que ha postulado que los orígenes de los partidos Liberal y Conservador se remontan a la herencia de las querellas que existieron entre los bolivarianos y los santanderistas, pero leer un párrafo del programa conservador de Mariano Ospina Rodríguez nos desdibuja esta hipótesis porque, en el programa conservador de 1849, Ospina Rodríguez escribió: "Ser o no ser enemigo de Santander, de Azuero o de López, no es ser conservador: porque Santander, Azuero y López, defendieron también, en diferentes épocas, principios conservadores. Haber sido amigo de estos o aquellos caudillos en las guerras por la Independencia, por la libertad o por la Constitución, no constituye a nadie Conservador; porque alguno de estos caudillos han defendido también alguna vez principios conservadores".

Sin embargo, los Conservadores, liderados por Mariano Ospina Rodríguez, preferían continuar con el Estado colonial que se había alargado porque las transformaciones podían interferir con sus intereses económicos: la abolición de la esclavitud, por ejemplo, afectaba los intereses económicos de los esclavistas, porque perderían el dinero que los esclavos les habían costado y se verían obligados a contratar jornaleros. Además, convertir, en términos jurídicos iguales a todos los hombres, les derrumbaba su poder social.

La situación de los liberales era muy diferente. Para ellos, el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado,


pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos. En Las ideas liberales en Colombia, de Gerardo Molina, se enumeran las reformas que los liberales proponían en la segunda mitad del siglo XIX: Abolición de la esclavitud Libertad absoluta de imprenta y de

palabra Libertad religiosa Libertad de Enseñanza Libertad de

industria y comercio, inclusive el de armas y municiones

Desafuero eclesiástico Sufragio Universal, directo y secreto Supresión de la pena de muerte y

dulcificación de los castigos Abolición de la prisión por deuda Juicio por jurado Disminución de las funciones del Ejecutivo Fortalecimiento de las Provincias Abolición de los monopolios, de los

diezmos y de los censos Libre cambio Impuesto único y directo Abolición del ejército Expulsión de los Jesuitas

INICIOSLas sociedades democráticas y la institucionalización de los partidos políticos en Colombia

Desde 1846 apareció en Bogotá una asociación de la clase de los artesanos, en cuyas instalaciones se dedicaban a dictar clases nocturnas para enseñar a leer, a escribir, para aprender aritmética y dibujo lineal. En 1849, esta sociedad de artesanos comenzó a ser muy popular y comenzaron a frecuentarla personas que deseaban hacer notorias sus opiniones liberales. Poco a poco se acabó con el principio educativo de esta sociedad y comenzó a ser un punto de encuentro para hablar de política y dejaron de asistir las personas que usaban ruana y que eran quienes en un principio recibieron las clases de alfabetismo.

En 1849 se fundó la Sociedad Popular. Se trataba de una sociedad fundada por los jesuitas y se reunían con pretextos religiosos. Desde su inicio fue posible sentir la poca simpatía que sentían por el gobierno y por los liberales, y se convirtió en una asociación conservadora, que luego se llamó Sociedad Católica.

Estas asociaciones se convirtieron en los centros de reunión para personas con pensamientos políticos a fines y cada uno, en cada sede, formó su partido político con sus respectivos simpatizantes.

Tanto liberales como conservadores contaban con adeptos de diferentes clases sociales, pues no todos los conservadores eran esclavistas, burócratas y terratenientes, así como entre los liberales también se contaban personas que veían en el manejo político del pueblo una gran posibilidad de obtener beneficios económicos.

A pesar de existir dos partidos políticos, el pueblo pertenecía a uno u otro más por simpatía o antipatía que por un acto genuino de adhesión ideológica a uno u otro discurso. En Colombia, la pertenencia a un partido siempre fue una cuestión más de tradición familiar que de reflexión individual, lo que hizo que, en nombre de la defensa de dicho partido, el fanatismo imperase por encima del razonamiento sosegado, convirtiendo a las causas políticas en génesis y motivo fundamentales de la violencia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX.

OTRAS OPCIONES PARTIDISTAS DEL SIGLO XX

A lo largo del siglo XX, muchos colectivos nos simpatizaron con las propuestas y políticas del Partido Liberal o del Partido Conservador. Por ende, comenzaron a surgir, poco a poco, nuevas corrientes partidistas como:

Unión Republicana


Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, fundado en los años 30 por Jorge Eliecer Gaitán:

Alianza Popular Nacional: Anapo. Fundado por Rojas Pinilla durante el Frente Nacional:

Partido Comunista de Colombia Movimiento Unitario Metapolítico de

Regina Once. Movimiento de Salvación Nacional,

fundado por Álvaro Gómez Hurtado Nueva Fuerza Democrática, fundado por

Andrés Pastrana Alianza Democrática M-19 Unión Patriótica UP:

PARTIDOS POLÍTICOS EN LA ACTUALIDAD:Según el título VI de la Constitución Política de Colombia, es necesario que un partido o un movimiento político se presente con por lo menos 50.000 firmas para que el Consejo Nacional Electoral otorgue la personería jurídica. Hoy en día existen en Colombia lo siguientes partidos y movimientos políticos: Partido Conservador Partido Liberal Partido de la U Partido Cambio Radical Partido Polo Democrático Alternativo Partido Verde Movimiento Independiente de Renovación

Absoluta -MIRA-. Movimiento Progresistas

Los partidos de las minorías étnicas no tienen que alcanzar el umbral de 50.000 firmas para constituirse como tal. Hoy en día existen: Alianza Social Independiente -ASI- Autoridades Indígenas de Colombia Movimiento Afrivides Movimiento de Inclusión y Oportunidades

Durante largo tiempo, los partidos políticos han estado en el centro de las preocupaciones de importantes sectores académicos, creadores de opinión y reformadores políticos, lo que ha dado paso a una significativa bibliografía.

Algunas veces además, el estudio de los partidos políticos en Colombia ha estado marcado por una pregunta teleológica: ¿existen o no? La pregunta está asociada de manera bastante obvia a una agenda normativa que, a su vez, se encuentra vinculada a una serie de supuestos normativos (los partidos políticos “deberían ser” organizados, el bipartidismo está en el origen de las desgracias nacionales) Esto, en vez de incrementar la claridad en el tratamiento del tema, ha generado confusión y la incómoda sensación de abundancia de materiales que no siempre aclaran el conocimiento. Con base en esa preocupación se ha puesto de presente la necesidad de orientar los estudios actuales sobre el tema tratando de llenar sistemáticamente algunas de aquellas lagunas que se identifican en la abundante literatura sobre partidos en Colombia. Uno de esos vacíos se recoge en la pregunta por la dinámica local y regional de las organizaciones partidistas.

Se quiere saber qué elementos derivados de las investigaciones sobre partidos en Colombia ayudan a entender las dinámicas de intermediación partidista en el plano local, y en qué sentido. La temática ha sido abordada dentro de un conjunto más amplio de consideraciones; por ejemplo, algunos investigadores se acercan al tema cuando discuten la persistencia de la violencia, la debilidad del Estado o las dinámicas del sistema político.

Ubicados en esos marcos, los partidos constituyen un dato que en muchas oportunidades se da por sentado, sin discutir concretamente de qué se habla cuando se remite a los partidos o al bipartidismo, o al hacer uso de caracterizaciones bastante vagas y genéricas. En las siguientes líneas se revisarán algunos de los más importantes núcleos temáticos en torno de los cuales se ha desarrollado la discusión en Colombia, sobre todo aquellos que dedican su atención al periodo del Frente Nacional o posterior a éste Se tratará de indicar, primero, aquellos


enfoques más generales, para concluir con los trabajos que han centrado su atención en ciertos aspectos organizativos y en el tratamiento de los partidos como unidades, en especial del Partido Liberal.

Los partidos en el debate exclusión–inclusión del sistema políticoUna de las líneas de debate político más frecuente en Colombia ha estado marcada por la discusión acerca de los niveles de exclusión-inclusión del sistema político. La idea fundamental es que, como consecuencia del experimento frente nacionalista, la democracia colombiana se configuró como restringida, excluyente y con dificultades para legitimar su sistema de representación político partidista. El argumento del “cierre del sistema político” servía para explicar, de paso, la utilización de vías no institucionales –armadas o no– para desarrollar formas de acción política no encuadrables dentro del sistema y que expresaban conflictos sociales que el Estado se mostraba incapaz de regular y canalizar.Aunque esta perspectiva desborda el tema de los partidos, algunos de los argumentos más recurrentes en que se sustenta, señalan a aquellos como los artífices del cierre o sus beneficiarios. A favor de esta idea se hacen tres afirmaciones:Se dice que el sistema político se ha estructurado bajo un bipartidismo excluyente, por lo cual se operan mecanismos que dificultan de manera significativa la escogencia entre alternativas políticas diferentes.Se indica que las fuerzas tradicionales no traducen bien, o ignoran, los intereses de amplios sectores de la población, cada vez más diferenciados por las dinámicas de cambio sociodemográfico y cultural.

La descentralización fue presentada como la estrategia para afrontar la crisis social y política, expresada en el incremento de la violencia, el clientelismo y la ineficiencia del Estado centralista. En ese marco, la participación ciudadana se leía como el nuevo nombre de la inclusión; y el nivel local, como el

escenario para aprovechar el potencial democrático del nuevo marco institucional.

Se creía que con nuevas reglas del juego y con el escenario municipal fortalecido, los viejos actores –con sus resabios clientelistas y excluyentes– tendrían menos posibilidades de monopolizar los beneficios políticos. No obstante, dos cosas eran pasadas por alto, tanto en el diagnóstico como en las expectativas cifradas en la reforma: de una parte, los actores políticos tradicionales tenían en el nivel local un nicho importante de sus actuaciones; y de otra, la dirección en que se estaban transformando la política –en el proceso de descongestión de los centros de poder administrativo– y los políticos, parecía orientarse en idéntico sentido. En efecto, también al interior de las organizaciones partidistas se estaba dando un importante proceso de descentralización. Ello sugería que el bipartidismo mostraba cambios en los cuales las estructuras centrales de la organización cedían terreno a las regionales y, con el paso del tiempo, éstas enfrentaban mayor competencia de expresiones bastante localizadas y particularistas. Tomados como pequeños sistemas políticos, los partidos estaban viviendo un proceso de erosión de sus centros de poder, que suponía la tensión entre dinámicas de mayor competencia interna por recursos de poder, y menores posibilidades de mantenimiento de centros que coordinaran y dieran coherencia a las actuaciones del partido.

De allí que cierto punto crítico en las relaciones entre el Estado central y diversos sectores sociales con sus demandas, hizo visible un incremento de las presiones a las instancias nacionales, lo que propició ensayar un diseño en el que lo prioritario era desconcentrar dichas demandas.

Adicionalmente, otra parte del debate consistió en identificar tanto a los actores responsables de los desequilibrios entre los niveles centrales del Estado y sus expresiones locales y regionales, como a los posibles agentes de un


nuevo ordenamiento político más democrático e incluyente. De esta manera, y como en muchas otras circunstancias, en el proceso de distribución de la culpa, los partidos tradicionales cargaron con parte considerable de la misma. Insistentemente se afirmó que su forma de hacer política facilitaba o se aprovechaba de la ineficiencia de los centros administrativos. Muchos de los componentes de este debate estaban sustentados en la idea de que el bipartidismo era un fenómeno de comportamiento relativamente estable, a pesar de la descomposición organizativa de los partidos; y que al combinar estabilidad y resquebrajamiento, su efecto global era el de unos pésimos resultados en el proceso de “apertura democrática”, ideada en la reforma descentralista. Algo de esto puede notarse en el siguiente planteamiento, hecho en 1988, por un analista político que ponía en perspectiva los resultados del proceso de cambio institucional.

El bipartidismo, por su parte, ha tenido que afrontar la nueva situación, que sin propiciar un cambio radical en los métodos institucionales de adelantar la actividad política, empieza a resquebrajar sus artríticas estructuras organizativas y a evidenciar, aún más, su indefinición programática y su identidad en el clientelismo y los apetitos de grupo.El nuevo espacio político electoral se valoraba como ventajoso para la democratización, en tanto acercaba a gobernantes y gobernados, y propiciaba mayor responsabilidad. Pero, al tiempo, suponía que la rapiña clientelar de los partidos marcaría parte del proceso. En la percepción del cambio político, ha sido característica cierta confianza en el instrumento y una sospecha sistemática con respecto al agente que lo pondrá en funcionamiento. Más allá de eso, cabe subrayar que la reforma implicaba un cambio de lógica en la política local. Se pasaba de la “designación” a la “elección”, con lo que se colocaba a disposición del elector una decisión que antes era operada por influencia de un jefe político inserto en la

jerarquía partidista. Ello introducía, por lo menos, cierto redireccionamiento de la competencia política a nivel local y colocaba a las facciones partidistas ante el imperativo de buscar no sólo la cooperación de un jefe político regional o nacional, sino también el apoyo de los electores. Estos últimos, con vínculos cada vez menos definidos y estables con los partidos, impondrían una particular lógica a la competencia por ganar las elecciones municipales.El clientelismo: de los tratamientos hospitalarios a las descripciones de las redes de intermediación

La persistencia de los partidos tradicionales en Colombia ha sido explicada, en parte, por el sustento que estas organizaciones derivan de sus relaciones clientelares. El tema, del que se han ocupado historiadores, antropólogos, sociólogos, abogados y politólogos, constituye uno de los ámbitos más fructíferos de las ciencias sociales en el país. Sus desarrollos han aportado elementos valiosos en la comprensión de las formas en que los políticos desarrollan sus actividades y efectúan su vinculación tanto con el Estado como con la población. Por lo pronto, interesa destacar los aspectos del debate actual que resultan pertinentes para repensar las dinámicas de intermediación particularista, llevadas a cabo en el ámbito local. Se ha dicho que es necesario pasar de un tratamiento hospitalario del tema a un análisis que ayude a comprender más cabalmente las lógicas de la intermediación clientelar. Con ello se plantea el debate en dos terrenos que se deben diferenciar, sobre todo porque funcionan con lógicas disímiles aunque su retroalimentación es frecuente:

Por un lado, se discute con un sector que observa en el clientelismo una patología del sistema político. Los primeros expresan su malestar y distanciamiento con los partidos y con la política en general, al enfatizar el peso significativo del clientelismo, que asocian, en general, con la corrupción, la pobreza y otros


males endémicos del país. Los políticos, por su parte, y dada la importancia que le conceden a los climas de opinión imperantes, han instrumentado el tema del clientelismo como estrategia de posicionamiento ante los medios de comunicación como manera de diferenciarse de sus contendores políticos; de este modo, la idea de clientelismo como patología constituye un dispositivo a través del cual un político fomenta un particular contraste entre la noción de política tradicional –y corrupta– y la de política moderna –y transparente–; lo que resulta útil sobre todo en su competencia con otros políticos en escenarios mediáticos.

Aquí es bastante común la propensión a señalar el clientelismo como forma premoderna de hacer la política, opuesta a un “modelo” moderno en el que se juzga como fundamental el papel del “ciudadano virtuoso”. Con ese parámetro, las relaciones entre la población y el Estado se llevarían a cabo a través de unas organizaciones mediadoras –por ejemplo, los partidos– que actuarían fundamentalmente sobre bases “programáticas” y de representación universalistas, y no bajo la lógica de intercambio particularista de favores por votos.

El debate reciente sobre el tema busca hacer claridad acerca de los alcances y limitaciones de estas miradas. Por eso, al recopilarlos, es necesario insistir en el esfuerzo de analizar el clientelismo como un mecanismo y no como una enfermedad del sistema político. Desde ambas perspectivas, se ha reconocido el carácter transversal del clientelismo, que no sólo se relaciona con las organizaciones partidistas, sino también con aspectos más generales del funcionamiento del sistema político.

Con ello se dan pasos para superar la propensión a homogeneizar el fenómeno y a ignorar las dinámicas de cambio político. En efecto, la diferenciación entre las nociones de clientelismo tradicional, moderno y de mercado, permite desmentir la idea común de que es un

fenómeno que sólo cambia superficialmente y que ha sido el mismo antes del Frente Nacional, durante éste, y luego de la Constitución de 1991. Por el contrario, la atención a las dinámicas de cambio brinda herramientas para analizar los vínculos entre el clientelismo, el contexto institucional, los actores políticos y los fenómenos más globales de cambio social y cultural.

• Sugiere que la comprensión de las dinámicas clientelares pasa por estudiar detalladamente la conformación de las redes de intercambio político personalista, de base local y regional. Dado el carácter del clientelismo, ese avance implica mejores condiciones para comprender las dinámicas partidistas, al menos en un sentido: desentrañar qué recursos, formas y escenarios llenan de contenido los juegos de poder entre diversos líderes políticos locales y regionales, que se reclaman de la misma organización partidista y que compiten por el predominio de ésta.

• Permite una mirada más cualificada sobre el vínculo entre las organizaciones partidistas, la ciudadanía y el Estado. En ese sentido, el vínculo de la población con las instancias gubernamentales y, más generalmente, con el sistema político, no se ajusta al modelo de una “ciudadanía virtuosa”; sin negar por eso la posibilidad de acceso a derechos, ni la conciencia y destreza de los actores para ejercerlos y reclamarlos como propios. Los desenlaces excluyentes, que tradicionalmente se le han atribuido a la intermediación clientelar, deben, por lo menos, ser revisados.

Esa actitud fue complementada por el imperativo resumido en la idea con la que Marco Palacio sintetizara los objetivos trazados para la Asamblea Nacional Constituyente: Esa combinación de temor acentuado y euforias constitucionales, dimensionó la lógica que muchos esperaban marcara el cambio político de la década de los años noventa: por un lado, inclusión política sustentada en la conformación de una pluralidad de


organizaciones partidistas; por otro, lucha anticorrupción que para algunos suponía jubilar la política clientelista y tradicional, estimulando liderazgos remozados con acentuados perfiles tecnocráticos. Y además, un tercer aspecto apuntaba a revertir la espiral de violencia, mediante la institucionalización de organizaciones opositoras que dejaran las armas, el mejoramiento del desempeño de la justicia y la ampliación de la participación ciudadana como antídoto a la deslegitimación del régimen político. Como puede notarse, en cada uno de estos cambios esperados, aparecen, más bien de manera incómoda, los partidos políticos.

En 1995, Marco Palacio captó los ejes del debate cuando afirmó que: quizás la clave de la nueva Constitución se halle en el propósito de acelerar la rotación de la clase política y acentuar su fragmentación. Diputados y ediles giran cada vez más en torno a un específico dominio local y deben conquistar electorados que plantean demandas inéditas en el clientelismo. Las temáticas del debate quedan indicadas: cambios en la “clase política”, fragmentación y atomización partidista, el ideal de los liderazgos nacionales –cautivo de las dinámicas regionalistas– y el correlativo desordenamiento de la pirámide partidista –con un peso creciente de la política local.

A partir de los diversos tratamientos que han recibido estas temáticas, se sugiere aquí una comparación de las interpretaciones imperantes acerca de las dinámicas de cambio del sistema político, los partidos y los escenarios de su desempeño. La explicación se complementará con las percepciones que se derivan del análisis del comportamiento de los actores políticos en el sistema electoral y en el Senado.

Así, se han ideado propuestas y proyectos –no homogéneos en su fundamentación política e ideológica– de cambio constitucional que, al partir de idéntico presupuesto, indican que ha llegado la hora de modificar la Carta Política de 1991.

El autor ha sugerido la necesidad de implementar ciertas reformas que remedien la situación de crisis institucional y ha explicado la agudización de la dispersión partidista de los años noventa como resultado de los incentivos a la fragmentación que, supone, hace la Constitución de 1991. Pizarro ve en ésta, y en sus desarrollos legales, normas bastante laxas que facilitan en extremo la conformación de organizaciones políticas con posibilidades de participar en la contienda electoral. La posición puede reconocerse en el siguiente fragmento, escrito en compañía de Ana María Bejarano:

El único elemento relacionado con el diseño institucional del régimen político que tiene alguna capacidad de explicar la crisis reciente, está asociado ya no con las “restricciones” sino con el exceso de reformismo incurrido en 1991. La “lógica de la incorporación” llevada a sus extremos, la cual caracterizó las reformas de 1991, condujo al diseño de un sistema electoral-partidista muy laxo, el cual ha producido una enorme desorganización de los partidos (tanto los tradicionales como los nuevos) y, por consiguiente, del sistema de representación política. Por supuesto que se puede argumentar que los partidos colombianos siempre han sufrido de un déficit de organización y de disciplina, y que su tendencia a la dispersión y la fragmentación no es nueva. El argumento apunta más bien a señalar que las reformas institucionales puestas en práctica desde 1991 –sobre todo las que atañen al sistema electoral y al estatuto de los partidos– agudizaron esas tendencias históricas de los partidos en Colombia mediante la generación de incentivos adicionales para la fragmentación y la atomización.

Las consecuencias que se derivan de esa situación tienen que ver con la erosión del sistema de partidos que, en términos del autor, significa que en la competencia por cargos públicos “cada lista termina siendo un proyecto electoral aislado, cuyo éxito dependerá de los recursos (financieros, organizativos y políticos)


de que disponga cada líder de una lista y no del apoyo partidista, cuya única función es expedir avales a diestra y siniestra”. Con este diagnóstico, el autor introdujo la noción de “microempresas electorales”, que se popularizó entre analistas, formadores de opinión y políticos profesionales, y que durante mucho tiempo fue tomada para describir y explicar el desorden interno de los partidos políticos en Colombia y su creciente atomización. La idea que cruza la discusión planteada por Pizarro, sitúa el asunto en la tensión entre los imperativos de modelar un sistema político incluyente y abierto, y la necesidad de que éste sea gobernable. Según ellos, con esta noción se invisibiliza tanto a los electores como a los pequeños intermediarios políticos y a las cúpulas del partido, en cuanto sujetos políticos, pues se desconoce que ellos poseen, además de objetivos instrumentales, ciertas convicciones acerca de lo que hacen. Asimismo, la noción de microempresa electoral no permite valorar adecuadamente los recursos sociales y culturales, movilizados por viejas y nuevas facciones políticas. Como alternativa, los autores sugieren el estudio de redes políticas en todos los niveles.La segunda observación insiste en que las dinámicas de cierre y apertura del sistema político no son homogéneas.

El tercer argumento en contra de la idea de Pizarro, o de quienes se han fundamentado en ella, es que no hay una estricta correlación entre fragmentación política y política tradicional, esto es, no se sostiene la idea de que las estrategias de fragmentación –operación avispa, en lenguaje coloquial– sirvieron más eficazmente a los intereses de los políticos y de los partidos tradicionales. Con datos empíricos, se muestra que esta estrategia fue tan perjudicial para liberales y conservadores, como para las otras tendencias políticas.

Además, una evaluación genérica del fenómeno de la fragmentación incurre en el error metodológico de identificar

desinstitucionalización con aumento en la oferta electoral, es decir, impide reconocer las diferencias entre dos fenómenos disímiles. Sectores que antes no tenían acceso a los mecanismos de representación, estructuraron sus propuestas, que se sumaban a un número cada vez mayor de listas provenientes de los partidos tradicionales.

De manera complementaria, se ha prestado atención a la actividad del congreso y a las disposiciones del sistema electoral colombiano, de lo que pueden derivarse algunas consideraciones importantes para la comprensión de la situación de los partidos:

a. El Congreso sigue siendo el escenario privilegiado de visibilización de los políticos y, como tal, allí se hacen evidentes algunas de las dificultades más gruesas tanto del sistema político como del sistema de partidos (fragmentación y dificultades para construir coaliciones coherentes y estables).

b. Debido a lo anterior, existe un desajuste en las relaciones entre partidos y Congreso, tematizado como personalismo y atomización, que hace mucho más complejas las relaciones entre el Congreso y el ejecutivo, dado que éstas suponen una negociación permanente e inestable entre el gobierno y miembros particulares del congreso que no se ajustan a directrices de partido.

c. La pretensión de crear liderazgos nacionales quedó presa de la dinámica de fragmentación. Sin embargo, con la creación de la circunscripción nacional, estos políticos –de extracción regional– lograron ganar mayor peso y figuración. También es común que se aborde el tema de los partidos políticos con la periodicidad que imponen los eventos electorales. Pero este acercamiento, salvo pocas excepciones, ha estado marcado por un tratamiento acotado por la coyuntura, en el que la mirada a los partidos se resuelve muchas veces en haber ganado o perdido la competencia en las urnas, en la discriminación


que puede hacerse del comportamiento de los electores y en el establecimiento, en el corto plazo, de los niveles de continuidad o cambio en la representación, leída como la permanencia de algunos líderes partidistas en los cuerpos colegiados. Este tipo de estudios aporta información que puede ser muy interesante si se inserta en un marco más amplio, que examine el desempeño partidista en escenarios electorales durante un lapso de tiempo significativo.

Campo, abordan el problema a partir del Frente Nacional y desde allí diferencian periodos hasta llegar a la evaluación del momento posterior a la Constitución de 1991. Esa periodización permite desarrollar un contraste sistemático, y por tanto, reconocer matices entre los procesos de deterioro organizativo de las unidades partidistas, las dinámicas de cambio del sistema político y las maneras en que los distintos actores se adaptan al proceso, ya sea innovando o imitando a sus contendores. Finalmente, como tercer aporte, se puede decir que este grupo de trabajos permite un nuevo acercamiento a la tradición teórica más general, en búsqueda de un enfoque; no para asumir modelos rígidos con el fin de dictaminar si los partidos colombianos se ajustan o no a ellos, sino para hacer una relectura de los aportes conceptuales y metodológicas, y repensar las experiencias partidistas locales.

Este balance de estudios sobre el tema partidista en Colombia ha permitido ubicar algunos ejes fundamentales de debate y delimitar ciertas ideas con las que se ha calificado a los partidos políticos. Importa subrayar, adicionalmente, la vinculación específica de esas discusiones con ciertas coyunturas de cambio político y, por tanto, la influencia de esas coyunturas en la manera de evaluar y calificar a las organizaciones partidistas y en la constante imputación de responsabilidad a estos actores por una parte significativos de los defectos del sistema político.

El conjunto de observaciones que se ha recogido hasta el momento, tiene como referente aspectos más bien generales de la actuación de las organizaciones partidistas y supone algunos juicios acerca de la responsabilidad de los partidos políticos en la crisis, así como algunas implicaciones de sus comportamientos. Queda la pregunta por la posibilidad de verificar algunas de esas afirmaciones en el plano local. En efecto, parte de las posibilidades que se abren para la investigación hoy, tienen que ver con la observación de algunos de esos fenómenos. desde una perspectiva micro, por lo menos en los siguientes aspectos:

No pasar por alto que en la vida partidista hay agentes y no sólo maquinarias, integradas por sujetos intencionados, capaces de adaptarse a situaciones nuevas y de aprender de otros.

Entiéndase por “apertura democrática” tanto la adecuación de los dispositivos institucionales para favorecer la participación, como la renovación de actores políticos, que suponía una diversificación en el abanico partidista.

IDEOLOGÍA: Procede del griego y está conformado por la unión de dos partículas de dicha lengua: idea, que se define como “apariencia o forma”, y el sufijo –logia, que puede traducirse como “estudio”.

La ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas.La ideología tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Cuenta con dos características principales: se trata de una representación de la sociedad y presenta un programa político. Es decir, reflexiona sobre cómo actúa la sociedad en su conjunto y, en base a eso, elabora un


plan de acción para acercarse a lo que considera como la sociedad ideal.

Muchas son las ideologías políticas que han existido a lo largo de la historia, no obstante, entre las más importantes o que más huella han dejado podemos destacar las siguientes:

Fascismo. Es la idea de la nación por encima del individuo, la obediencia de las masas, la concentración del poder en un individuo que ejerce como líder y en el machismo (el hombre a trabajar y la mujer a ejercer como ama de casa) se sustenta esta ideología.

Nacionalismo. La nación como referente de identidad de un territorio completo es la principal señal aclaratoria de esta clase de ideología que puede ser de muy diverso tipo: económica, religiosa, étnica…

Liberalismo. Esta ideología política se puede definir como aquella que apuesta de manera contundente por lo que es la división de poderes del Estado, la democracia representativa, los derechos individuales de los ciudadanos y el estado de derecho. Sin olvidar tampoco lo que es la tolerancia religiosa, la igualdad entre personas y el derecho a la propiedad privada.

El anarquismo, el tradicionalismo, el feminismo, el capitalismo, el comunitarismo o el ecologismo son otras de las ideologías que han adquirido más peso y presencia en el mundo.La noción de ideología se asemeja a la de cosmovisión (Weltanschauung), aunque ésta puede referirse, además de a una cultura entera, a un individuo particular (lo que no puede hacerse con la ideología, ya que no existe una ideología que pertenezca a una sola persona).El término ideología fue acuñado por Destutt de Tracy para denominar a la ciencia que estudia las ideas y las relaciones entre los signos que las expresan. Más adelante, Karl Marx transformó a la ideología en el conjunto de ideas cuya relación con la realidad es menos

importante que su objetivo (evitar que los oprimidos perciban su estado de opresión). Por eso Marx afirma que la ideología genera una falsa conciencia sobre las condiciones materiales de existencia del hombre.En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA POLÍTICA?

De acuerdo con el más reciente Informe sobre Violencia Política de la Misión de Observación Electoral (MOE), entre 2011 y 2013 se produjeron 314 hechos de violencia política que afectaron al 13 por ciento de los municipios.

La violencia política puede entenderse como el conjunto de actos perjudiciales de la vida o integridad de una persona o grupo de personas, acontecidos con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus derechos políticos. Es decir, de todas aquellas garantías relacionadas con la participación en la vida del Estado, tales como elegir y ser elegido, asociarse y manifestarse, u ocupar cargos públicos.La violencia política se extiende a otras situaciones donde ella se usa para lograr objetivos políticos, como decir:

- Acciones que buscan cambiar el comportamiento de ciertas personas como sujetos políticos; tal es el caso de las amenazas hacia los miembros de organizaciones sindicales para que limiten su militancia o la enfoquen de cierta forma.

-Actos de significación especial debido a estar dirigidos contra objetivos estratégicos –personas u objetos–, con el fin de truncar procesos políticos específicos o causar impacto en la opinión pública. En esta categoría podrían incluirse las acciones –atentados, secuestros, etc. – en contra de funcionarios públicos o de figuras notables de la sociedad.


En tanto detentador del poder público, el Estado ha sido identificado como el principal agente de violencia política. La razón de Estado, móvil tradicionalmente identificado como justificación de un mal menor para evitar un mal mayor, ha sido la causa de célebres casos que van desde la comisión directa de acciones de violencia hasta el apoyo a actores ilegales para que estos las lleven a cabo.

Sin embargo, también es posible extender dicha calificación a los actos perpetrados o dispuestos por otro tipo de actores, para-legales o insurgentes, que en todo caso utilizan la violencia con el fin de producir efectos de tipo político. Estos agentes consideran que algunos tipos de violencia no solo están justificados, sino que se necesitan para lograr objetivos políticos asociados con su existencia misma.

Según el último informe de la Misión de Observación Electoral, en los departamentos con mayor presenciaDe actores armados ilegales se presentan con mayor frecuencia los actos de violencia política comosecuestros, amenazas y otros atentados.

La violencia política en Colombia, Entre 2011 y 2013 el panorama político se ha visto marcado por acontecimientos y procesos profundos de transformación social. El gobierno Santos, partiendo de reconocer la existencia del “conflicto armado interno” y de sus causas estructurales, apalancó un proceso de justicia transicional que busca concretar definitivamente tras la culminación de las negociaciones con las FARC.

La intención de ponerle fin a esta forma de violencia política y de admitir que los ex guerrilleros eventualmente se reincorporen a la sociedad trae una serie de reacciones predecibles –tanto inmediatas como a mediano plazo– en el volumen y la intensidad de otros actos de violencia política, tales como amenazas, atentados, homicidios y secuestros.

Es decir que aquellos 314 hechos y sus particularidades reflejan las tensiones generadas alrededor de procesos de transformación social. Vale la pena mencionar los siguientes elementos relevantes:

- El desmonte de los grupos paramilitares que se inició bajo el gobierno Uribe devino en la consolidación de organizaciones criminales (“BACRIM”), que, directa o indirectamente, han sido herramientas de violencia política.

-La polarización en la opinión alrededor del proceso de paz y la gestión del actual Gobierno en materia de seguridad, sobre la base de discursos políticos extremos y descalificadores, ha propulsado el aumento de acciones de violencia política.

-La reactivación de movimientos sociales y políticos es evidente. Acontecimientos como las luchas sindicales en la industria extractiva, el reciente paro agrario con la reinvención del campesino como sujeto político, la consolidación de la Marcha Patriótica como una plataforma política sostenible, y el mismo retorno de la UP al ruedo electoral, son muestras de nuevas o renovadas dinámicas políticas que buscan acomodarse en el escenario nacional.

El reacomodamiento de poderes y la renovada interacción entre diversos actores políticos ha tenido efectos sobre el nivel y las características de la violencia política en Colombia.

-El reconocimiento de eventos pasados como crímenes de lesa humanidad debido a su significación política. –el asesinato de líderes de distintas facciones, atentados perpetrados por el narcotráfico para causar terror, entre otros ha abierto el panorama de las conexiones entre hechos que inicialmente no se consideraron como casos de violencia política.


-El recrudecimiento de la violencia política en ciertas zonas del país, especialmente en el ámbito rural, se da donde los actores ilegales luchan por el control tanto del territorio y las tierras como de actividades lucrativas que incluyen el narcotráfico y la minería ilegal. La aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras ha exacerbado estas formas de violencia.

-El ingreso masivo de capitales extranjeros, y específicamente, de empresas multinacionales para explotar recursos naturales ubicados en zonas de conflicto, ha hecho que estas acaben convertidas en actores políticos dentro de dichos microcosmos sociales. Recordamos casos emblemáticos como el de Chiquita Brands, que poco a poco afloran y que tienen connotaciones políticas asociadas con modelos económicos.

Perspectivas de futuro:El reacomodamiento de poderes y la renovada interacción entre diversos actores políticos ha tenido efectos sobre el nivel y las características de la violencia política en Colombia. Se espera que esta tendencia se intensifique o al menos se mantenga en el corto plazo, debido a que los procesos subyacentes aún se encuentran en curso y su resultado final es incierto.De otro lado, en el mediano plazo, y suponiendo que las negociaciones de La Habana culminen con éxito y den inicio a procesos de transformación de realidades

sociales ligadas a la violencia política, deberían empezar a verse las realidades de una paz “duradera y sostenida”.

Finalmente, las posibilidades de una posible intensificación, regularización o disminución de la violencia política también dependerán de cómo evolucionen los procesos de transformación social en Colombia:

El surgimiento o reaparición de movimientos sociales y políticos, usualmente opuestos al establecimiento y al interés de actores con poder económico y político, requiere toda la atención por parte de las autoridades debido a que ser un escenario propicio para actos de violencia política.De la misma forma, los procesos asociados con la reparación de víctimas históricas tales como la restitución masiva de tierras o la constitución de zonas de reserva campesina con llevan altos riesgos en este sentido.Solo el tiempo dirá si los niveles de violencia política en Colombia bajaron y demostraron que la sociedad inició un proceso real de reconciliación, o si definitivamente la ilusión de una paz duradera no fue más que eso.

MIGRACIONES DEL CAMPO A LA CIUDAD:La gente emigra del campo por las comodidades que ofrece la ciudad, además la ciudad es el centro de vida en cualquier país. El 70% del mundo vive en ciudad y sólo el 30% en zonas rurales, ya que hay más oportunidades que pueden obtener en la ciudad, aparte los jóvenes hoy en día buscan opciones de trabajo, y de estudio. La cuidad también ofrece actividades culturales y de recreación más variada.

La mayor gente que emigra a la ciudad son los jóvenes por que buscan mayores oportunidades de estudio o de trabajo pues que no quieren hacer trabajos de mucho esfuerzo físico como el arar la tierra (sin tractor). También los hombres con familia pues quieren salir de la ‘pobreza’ y sacar ‘adelante’ a su


familia para poder tener un bienestar económico, acceso a los estudios y a la salud. Normalmente solo padre se traslada a la ciudad cuando tenga un buen trabajo estable, con buen sueldo y una casa adecuada él va a buscar a la familia y se trasladan a la ciudad.

El vivir en el campo es muy cansado porque el modo de vivir es muy rustico y huy mucho esfuerzo mental y físico mientras que en la ciudad es más sencillo la forma de vivir porque hay todo pero es muy perjudicial para uno por la contaminación cosa que en el campo hay muy poco.

En el campo hay mucha gente preparada pero no pueden ejercerse por la falta de un sitio de trabajo es una de las causas fuertes por la razón que emigran a la ciudad.Pero también hay que ver que la gente del campo puede ser muy preparada pero la gente de la ciudad la rechaza solo por venir del campo y pasa a ser una persona más de la gran masa de desempleo de los países.

Que el agotamiento del suelo y la disponibilidad de agua tienen efectos significativos sobre los flujos migratorios no es nada nuevo. Tampoco lo es que la emigración es la única opción para escapar de la pobreza en países donde la sequía, la degradación de la tierra y la desertificación siguen causando estragos. De este goteo de población que abandona el campo hacia la gran ciudad apenas hablan las negociaciones de esta Cumbre de desertificación.Mientras estas poblaciones no abandonen sus países de origen y sigan asentándose en la periferia de las ciudades en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua y saneamiento y afectadas por enfermedades asociadas a la contaminación hídrica y ambiental.

En la emigración podemos encontrar cosas positivas y negativas como:

Cosas positivas: mejor calidad de vida, mejor educación, un trabajo de menos esfuerzo, remunerado y con opciones de una jubilación que no tendrían en el campo. Más y mejor calidad de atención médica.

Cosas negativas: podría existir más cesantía porque hay menos puestos de trabajo por el aumento de mano de obra. Como la gente del campo no conoce la ciudad cuando trabajan, los explotan.

GUERRILLA Y PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

Actúa como antecedente la Violencia Bipartidista, la cual fue un periodo entre 1948 y 1960 marcada por las disputas por el poder entre los partidos Liberales y Conservadores. Una de las características de este tiempo fue el descontento social que vivía la gente, pues a indígenas, campesinos y mujeres se les eran violados sus derechos fundamentales. Los pobladores del país no podían tener una participación activa en la sociedad, y se veían obligados a pertenecer a uno de los únicos dos bandos que existían.

La violencia bipartidista tuvo dos etapas:1o ETAPA: (1948 – 1953). Comienza en Bogotá, Valle, Tolima y Santander y se extiende hasta los Llanos y la zona Andina. En esta época nacen las guerrillas liberales que ejercen sus acciones en contra del gobierno. Estas se separan del partido y comienzan sus actividades al margen de la ley. Nacen también las autodefensas (pequeños grupos de campesinos armados que se volvían en contra de la guerrilla para defenderse).

2o ETAPA: (1953 – 1958). En esta segunda etapa la violencia alcanza a los cristianos evangélicos, debido a que su forma de pensar e influencia moral era opuesta a la de los guerrilleros, y a ellos no les convenía. En 1954 el gobierno empieza a perseguir a las guerrillas comunistas, de esta manera nacen las FARC.


También aparecen los asaltantes, pero su objetivo no era político sino lucrativo.

NACIMIENTO DE LA GUERRILLA Y PARAMILITARISMO. Se pensó que la solución a los problemas mencionados anteriormente consistía en crear pequeños grupos revolucionarios que presionaran al gobierno o al partido político opuesto para cambiar (imponiendo) sus ideales, y como resultado nacieron las Guerrillas (especialmente liberales) quienes en un intento de sublevarse ante el gobierno conservador de la época, terminaron siendo lo que hoy en día identificamos con palabras como: muerte, extorsión, secuestro, violencia, injusticia, acciones inhumanas.Era tal la intolerancia respecto a ciertas doctrinas, que se vivían situaciones atormentadoras en los hogares. En 1964, empieza la guerra entre la guerrilla y el gobierno, y de estos enfrentamientos se producen las primeras desmovilizaciones campesinas. Así, iniciaron otros tipos de grupos armados cuyo fin consistía en detener las acciones guerrilleras y proteger los derechos del campesinado, estos eran los Paramilitares.

GUERRILLAS EN COLOMBIA.Las guerrillas fueron el resultado de los grupos revolucionarios que se crearon durante la época de la Violencia en Colombia. Algunos de ellos son:

LAS FARC: (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)Es el grupo guerrillero colombiano más destacado actualmente, siendo el más antiguo y numeroso en América Latina.

Nacieron aproximadamente en el año 1964 cuando las guerrillas liberales se separaron de su partido político. Su propósito era ayudar a los campesinos que no poseían tierras, contraatacar al gobierno conservador de la época e ir en contra del “Frente Nacional”.El grupo es calificado de “terrorista” por países como Estados Unidos, Canadá, La Unión

Europea (entre otros) y tiene una tendencia comunista.

ALGUNAS CAUSAS DEL SURGIMIENTO DE LAS FARC FUERON:Durante el gobierno del militar Rojas Pinilla se ofrecieron amnistías para las guerrillas existentes. Este acuerdo radicaba en que los guerrilleros desmovilizados podían tener una vida digna, y a su vez, por parte del Estado, no iban a ser perseguidos. Lamentablemente, el gobierno traicionó aquel acuerdo. Frente a esto, los grupos armados se fortalecieron en armamento, municiones, soldados y odio hacia el Estado.

Las FARC no tenían derecho a participar en la política debido a la formación del Frente Nacional.

Así se fueron conformando los “frentes” de las FARC en zonas rurales, principalmente en el sur y oriente del país. * Crean los llamados “Frentes” con el fin de multiplicar sus miembros.

En 1984, formaron su partido político Unión Patriótica (UP). Su objetivo era participar activa e ininterrumpidamente en la política.

Bajo el gobierno de Belisario Betancourt se firma un acuerdo de cese al fuego, pero es incumplido por ambas partes.

Los “capos” financiaban a estos grupos armados al margen de la ley, y como respuesta, los paramilitares atacaban a los miembros guerrilleros. Como resultado, las FARC se ven obligados a aumentar la extorsión, secuestro y armamento (etc.)

DURANTE LA DÉCADA DE LOS 90S ACAECIERON HECHOS COMO:

El 9 de diciembre de 1990, el gobierno atacó el principal campamento y sede de drogas de las FARC, objetando que esta guerrilla participaba en actividades delictivas. Vale aclarar que en


ese entonces el Estado y este grupo armado sostenían negociaciones de paz.

Se dice que en el año 2001 las FARC estaba conformada por cerca de 16.000 integrantes. Ahora en 2010 la cifra es de tan solo 8.000. Actualmente esta organización está liderada por Alfonso Cano, Pastor Alape Joaquín Gómez, Timoleón Jiménez, Iván Márquez, Mauricio Jaramillo y Pablo Catatumbo. Más tarde se transforma en un grupo armado.

En abril de 1976 es secuestrado y posteriormente asesinado el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), José Raquel Mercado.

1981 - Secuestran a María Nieves Ochoa, hermana de los cabecillas Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa. Esto crea una respuesta de parte del narcotráfico, y como resultado nace un ejército privado denominado MAS (Muerte a Secuestradores), con este mecanismo desaparecen las guerrillas del M-19 presentes en Antioquia.

TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA – 1985

EL día 6 de noviembre de 1985, un comando del movimiento guerrillero M-19 compuesto por 35 de ellos, se toma por asalto el Palacio de Justicia en la capital. Fueron pagados por el narcotráfico, con el fin de presionar al Estado y no aprobar la extradición. El palacio quedó totalmente devastado por causa del fuego. 11 personas que salieron vivas fueron tomadas por el ejército y torturadas. 11 desaparecidos.

MUERTE DE CARLOS PIZARRO:Carlos Pizarro fue dirigente del movimiento guerrillero M-19. El desistió de las armas e hizo negociaciones de paz con el gobierno. Representó al partido político Alianza Democrática M-19 como candidato presidencial.

ELN: (Ejército de Liberación Nacional)

Bandera representativa. Grupo guerrillero colombiano de tendencia comunista. Nació en el departamento de Santander el 4 de julio de 1964. Estaba conformada por campesinos y líderes del Movimiento estudiantil colombiano de la década de 1960. Es liderado actualmente por Nicolás Rodríguez Bautista alias "Gabino". Operan en lugares como Catatumbo, Norte de Santander, el sur del departamento de Bolívar, Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, entre otros. “Según estadísticas de la Fundación País Libre, 3.293 personas ha secuestrado el ELN entre los años 2000 y 2007, de los cuales 153 murieron en cautiverio.

EPL: (EJERCITO POPULAR DE LIBERACION)Era un grupo insurgente colombiano, brazo armado del Partido Comunista de Colombia, con inclinación Marxista - Leninista. Fundado en 1965, aunque solo inició acciones militares en 1968, principalmente en Antioquia (regiones de Urabá y Bajo Cauca), los departamentos de Córdoba y Sucre y la región del Magdalena Medio. El Ejército Popular de Liberación EPL, es considerado el tercer grupo guerrillero colombiano en tamaño después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

TIENE DIFERENTES FRENTES, LOS CUALES SON: Frente "Bernardo Franco".Frente "Elkin González Vásquez".Frente "Pedro León Arboleda".Frente "Óscar William Calvo".Frente "Virgilio Enrique Rodríguez".Frente "Aldemar Londoño".

ZONAS DE OPERACIÓN ELNArauca, Cesar, Antioquia, Cauca Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar.

PARAMLITARISMO EN COLOMBIA.


El paramilitarismo en Colombia nació a partir de los años 1970 como grupos armados y al margen de la ley quienes protagonizaban acciones en contra de la guerrilla existente. Con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en diciembre de 1989, el proyecto paramilitar retrocede de manera importante, casi total en Putumayo, Meta y Caquetá.

Su antecedente inmediato es la generación de guerrillas comunistas resultantes del descontento social de la nación. Como estos grupos de extrema izquierda tornaron sus acciones violentas, las autodefensas se levantaron para contrarrestar la situación. Ya que el problema de la guerrilla perjudicaba al gobierno, y este no era capaz de resolverlo, vieron como alternativa asistir a los grupos paramilitares, tanto en armamento como en tácticas de agresión. De esta realidad viene el nombre PARA – MILITARES, (porque participaron militares, policías, además de representantes políticos).Ya en los años 80s y 90s con el surgimiento y desarrollo del narcotráfico, los grupos paramilitares pasaron de ser financiados por el gobierno, a ser costeados por el dinero ilícito del narcotráfico. Los narcotraficantes vuelven a los pequeños grupos en grandes ejércitos armados, con la intención de eliminar guerrilleros y comunistas.La mayoría de sus métodos era efectuar notables masacres, asesinatos y genocidios.

ALGUNOS DE SUS ATENTADOS MÁS VIOLENTOS FUERON:Cuerpos restantes de la masacre

LA MASACRE DE MAPIRIPAN: Fue una masacre llevada a cabo en el municipio de Mapiripán, Meta, entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Los autores de este atentado fueron múltiples integrantes de autodefensas e incluso, se especula que hubo una participación furtiva del ejército, la policía y funcionarios públicos.

MASACRE DEL SALADO: Fue un evento violento en el departamento de Bolívar, efectuado por el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde el 16 hasta el 19 de febrero del año 2000. Hubo complicidad de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.

PROCESOS DE DESMOVILIZACIÓN:Estos procesos se originaron durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con el fin de ofrecer amnistías a los grupos armados en Colombia. Se han desmovilizado cerca de 31.671 miembros de grupos armados ilegales. Al ex presidente Álvaro Uribe Vélez se le acuso en diversas ocasiones de estar implicado en el proceso de la parapolítica, ejemplo es el caso “Tasmania”. En el comunicado "Tasmania" aseguraba que el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Velásquez, le había ofrecido beneficios judiciales a cambio de implicar al presidente Uribe y al empresario Ernesto Garcés Soto en un atentado contra un ex comandante del suroeste antioqueño de las AUC conocido como "René", así como implicaciones a Mario Uribe Escobar, primo del Presidente y quien ya estaba vinculado al proceso de investigación.

GRUPOS DE AUTODEFENSAS EN COLOMBIA:

AUTODEFENSAS DEL TOLIMA: El primer nexo de continuidad de las agrupaciones de Autodefensa se encuentra en el sur del Tolima. Desde la época de los liberales limpios se constituyeron grupos de confrontación que apoyaron al ejército luego de 1953 en su disputa con las guerrillas comunes que luego darían origen a las FARC. En el año 2000, este grupo de Autodefensas se dispersó.

AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA: (AUC)Son un grupo armado ilegal y paramilitar creado en 1997 con el propósito de reunir a


todos los grupos paramilitares y de autodefensas ya existentes en la nación.

Las regiones de operación activa son:Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, entre otros.

Las AUC fueron parte de muchos asesinatos y masacres violentos.

AUTODEFENSAS EN COLOMBIA: ZONAS DE ACTIVIDAD.En mi opinión personal, la situación del paramilitarismo y la guerrilla en mi país es muy compleja. Un ejemplo claro son los campesinos que se ven obligados a dejar su tierra por la violencia, o incluso por amenazas.

El pueblo estaba tan desilusionado con la violencia extrema, que por eso muchos de los sectores de la política y del ejército apoyaron el paramilitarismo. La guerrilla proporcionaba la mayor parte del terror, pero el Estado era impotente y no podía detenerlo. Fue el peor error que cometió el gobierno y en los años 80-90 pudieron ver los resultados. Las consecuencias fueron muerte sobre muerte, secuestros, extorsiones e inseguridad.OPINIÓN Y ANÁLISIS:Uno de los principales defectos que han tenido la guerrilla y los grupos paramilitares es que se han integrado con el narcotráfico, incrementando así su actividad ilegal. De hecho, una de sus formas de financiamiento era el dinero proveniente de los cultivos de estupefacientes. Con este dinero sostenían la organización, compraban armamento y seguían invirtiendo en laboratorios y campos de cultivo.

El gobierno trataba de combatir uno de los más grandes problemas, y la guerrilla lo fortalecía.

Afortunadamente, en el campo de la seguridad el gobierno ha ganado mucho, especialmente en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Uno de sus mayores logros fue darle

tantos golpes a las FARC, y permitir la desmovilización de miles de paramilitares.

NARCOTRAFICO EN COLOMBIA.Se le llamó “La bonanza marimbera” ya que la producción de este aletargante era extensa. Y las características relieve (era..) El fin de esta etapa está marcada por la decadencia del tráfico de marihuana y el auge creciente del narcotráfico. La marihuana dejo de ser el “negocio lucrativo” ya que:En Estados Unidos, particularmente en la zona de la florida la marihuana hizo su aparición. Los cultivos se volvieron extensivos y de mayor calidad.

La comodidad que ofrecía la cocaína respecto al transporte y al alto costo en el mercado era incomparable.

ETAPA (1979 – 1982): Con el crecimiento masivo de la producción de cocaína, el problema se trasladó de la costa atlántica hacia el centro, occidente y suroccidente del país, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Cundinamarca. Rosso José Serrano Cadena

Una característica es que las organizaciones o “carteles” debían desarrollar ciertos sectores ilegales para mantener su “negocio”, pues para el proceso de producción y transporte era necesario. También se les era necesario conformar cuerpos privados de seguridad que facilitaran el cumplimiento de los acuerdos, protegieran la propiedad ilegal y enfrentaran a las autoridades.

ETAPA (1982 – 1989): El narcotráfico alcanza un gran poder económico, debido a la demanda creciente de países extranjeros, esencialmente de Estados Unidos. Era tanto el capital entrante que se formó la llamada “economía falsa”. Consistía en que todo el patrimonio de los narcotraficantes era invertido en empresas (de ellos), o era empleado en restaurantes lujosos. Muchas empresas quebraron.


ETAPA (1989-1993): Está marcado por 3 hechos significativos:

GUERRA TOTAL: El gobierno empieza sus actividades en contra del narcotráfico para frenarlo. "El terrorismo de los traficantes es un problema nacional, y puede tener una solución nacional, mientras que el narcotráfico es internacional, y solo puede tener soluciones internacionales"

César Gaviria Trujillo. El país lidio durante un tiempo con el terrorismo implantado por los “narcos”. Pero en materia del narcotráfico, se necesita del apoyo internacional para combatir desde raíz el problema. Y aquí en Colombia, necesitamos más suministro de tecnología y personal capacitado.DEMANTELACION DE LOS CARTELES:Durante esta década la mayoría de los carteles del narcotráfico fueron desmantelados, algunos en operaciones planeadas por La Policía Nacional y la D.E.A, y otros en medio de enfrentamientos, tal es el ejemplo de Pablo Escobar, muerto entre cruces de fuego

COCAÍNA: Es un alcaloide que se obtiene de la planta de coca. Se cultiva mayormente en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Mapa de los cultivos de coca en Colombia en el 2001. “Los carteles tienen su origen en la mafia siciliana al imitar su sistema de protección y su idea de crear un Estado paralelo. Rosso José Serrano Cadena

MAFIAS DE COLOMBIA:

CARTEL DE CALI: Era una organización criminal conformada por los hermanos Rodríguez Orejuela (Gilberto, Miguel y Jorge Eliecer) y con una participación de José Santacruz Londoño. Nació en el año 1970.

Se caracterizaron por ser una organización “disimulada”, ya que todos sus movimientos

ilegales eran llevados a cabo con sutileza. De hecho, era mucho lo que controlaba el Cartel de Cali en la ciudad.

Ellos poseían una serie de laboratorios químico-farmacéuticos especializados en compra, venta, procesamiento, representación, importación y exportación de productos químicos. Buena parte de los taxistas de Cali conformaban redes de apoyo e información para el Rodríguez Orejuela. En el libro Jaque Mate, escrito por el Ex Director de la Policía, el general Rosso José Serrano Cadena, se relata extensiva y detalladamente la captura de cada uno de los integrantes del cartel de Cali, y como la policía tuvo que mejorar su calidad para poder enfrentarse a la guerra contra el narcotráfico.

Gilberto Rodríguez “El Ajedrecista”, en la reseña el da de su captura (9 junio 1995)

CARTEL DE LA COSTA: Es muy poco lo que se sabe de esta organización delictiva, pero estaba conformada por Orlandez Gamboa, alias Caracol (máximo jefe), el clan familiar.

CARTEL DEL NORTE DEL VALLE:Es una organización cuyo fin es traficar drogas. Se fortaleció en los años 90 después de la caída de los carteles de Cali y Medellín. Tenía como cabeza visible a los hermanos Henao: y en especial al temible Orlando Henao, jefe máximo del cartel.

Orlando Henao. “Según una acusación del gobierno de los Estados Unidos en 2004, entre 1990 y 2004, el cartel de Norte del Valle exportó más de 1.2 millones de libras de cocaína - o 500 toneladas - de valor superior a $10 mil millones de dólares, de Colombia a México y en última instancia a los Estados Unidos para la reventa.

La acusación alega que los miembros del cartel emplearon los servicios de las autodefensas unidas de Colombia (AUC), una organización


paramilitar de derecha internacionalmente clasificada como terrorista, para proteger las rutas de la droga del cartel, sus laboratorios de droga, y sus miembros y asociados”

CARTEL DE MEDELLIN: Esta organización delictiva nació en los años 70, siendo sus máximos líderes Pablo Escobar, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan David).

-Carlos Lehder Rivas: Operaba principalmente en el Quindío, de hecho, allá tenía un periódico (“Quindío Libre”) y un partido político llamado Movimiento Cívico-Latino Nacional. “Era un antiguo traficante de marihuana, hablaba inglés, tenía una pista en las Bahamas y contactos de compradores en otros países, principalmente Estados unidos. “Como se puede ver, el combinaba sus acciones ilícitas con labores sociales para así ganar el favor del pueblo y cada vez introducirse más en la política. -Gonzalo Rodríguez Gacha: Este narcotraficante manejaba la zona central del país y su aporte a la organización era ser el jefe militar y la cabeza de la mayoría de los atentados terroristas del cartel hacia el Estado. Apodado “El Mexicano”, era un típico campesino nuevo rico, antiguo matarife, que usaba su fortuna para comprar tierras. En Bogotá manejaba 77 empresas agroindustriales, ganaderas, constructoras y de inversiones en equipos de futbol. Era tanto el poder que tenía el cartel de Medellín como terratenientes, que Pablo Escobar compró la margen derecha del rio Magdalena y Rodríguez Gacha la izquierda, apoderándose de este modo de la mejor tierra de Colombia.

-Hermanos Ochoa (Fabio, Jorge Luis y Juan David): Jorge Luis Ochoa se dedicó a la crianza de caballos y el trabajo en el campo. Posteriormente viajo a los Estados Unidos donde consolido relaciones para el narcotráfico, implementando así el consumo de la cocaína en vez de la marihuana. Fabio Ochoa Fue

implicado en el asesinato de Barry Seal, que era un antiguo piloto para el Cartel de Medellín antes de que este estuviese de acuerdo para convertirse en informante de la DEA. Fue extraditado de Colombia a los Estados Unidos en septiembre de 2001 y condenado en 2003 de la trata de personas, la conspiración, la delincuencia y la distribución de cocaína.

-Muerte a Secuestradores (MAS)“El MAS fue un grupo paramilitar creado a principios de los años 1980en represalia por el secuestro por parte del grupo guerrillero M-19 de una hermana de los Hermanos Ochoa.

-Los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar). “Al tiempo que los carteles rivales como el de Cali y los antiguos socios enemistados como Don Berna, los hermanos Castaño Gil, etc. empezaron a realizar actividades terroristas contra el cartel bajo el nombre de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) asesinaron a familiares, abogados, escoltas, etc. y debilitaron más y más el cartel de Medellín. El gobierno intentaba proteger a la familia de Pablo Escobar mientras que en otros países se les negaba su residencia. “

PABLO ESCOBAR: “(Envigado, 1º de diciembre de 1949- Medellín, 2 de diciembre de1993), fue el más rico y poderoso narcotraficante de Colombia, considerado como uno de los mayores criminales de la historia. También ejerció como político y fue elegido Representante a la Cámara suplente para el Congreso de la República de Colombia en1982. Como líder del cartel de Medellín, fue el jefe máximo de la mafia colombiana. Con el comercio de cocaína hizo la fortuna más grande del país. Es considerado el mayor criminal en la historia de Colombia, donde las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 4.000 personas (su principal sicario y "brazo derecho", Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, lo vincula a más de 5.500 asesinatos). Pablo Escobar llego hasta la Cámara de Representantes.


MUERTE DE PABLO ESCOBAR:“Tras la fuga de Escobar, las autoridades colombianas crearon el "Bloque de Búsqueda", un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el ejército y los cuerpos antidroga de Estados Unidos.

Cuando el narcotráfico estaba en furor, La Policía se preparaba para desmantelar todos los carteles. Y cabe afirmar que la corrupción que se vivía con los policías era inmensa. Su método era poner a trabajar a gente correcta, que no tuviera ningún tipo de vínculo con grupos ilegales, pero también que estuvieran altamente capacitados.

Muchos de sus integrantes fueron entrenados en Estados Unidos o en otros países extranjeros que ofrecieron su ayuda a Colombia. TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA: A las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre, se escucharon disparos en el sótano del Palacio de Justicia. El gobierno dijo que no negociaba, el Ejército entro al Palacio. La mayoría de los magistrados habían sido amenazados por los narcotraficantes, que alegaban la inconstitucionalidad de un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Las consecuencias de este acto violento fueron cadáveres quemados, muertos en las escaleras, muros destruidos. Los integrantes de dicha Asamblea empezaron con su labor entre los meses de enero a junio de 1991.Algo positivo de este cambio fue que los miembros de la Asamblea Constituyente pertenecían a diferentes grupos de la sociedad, dando a la nueva constitución una variedad que se acomodaba a todos, y por ende era más justa. Murieron más de 200 personas y miles quedaron heridas.

EL PRONTUARIODEL TERROR: 1984 (30 de abril) Asesinato de R. Lara Bonilla: dos sicarios en moto asesinaron al ministro de justicia a las 7:30 de la noche en el norte de Bogotá. Rodrigo

Lara fue el primero que denunció pablo escobar por sus actividades ilícitas.

1986 (17 de diciembre) Asesinato de Guillermo Cano: Escobar le cobro a Cano, director de El Espectador, los duros editoriales que desde 1983 había escrito contra él. Cano fue pieza cave para desmontar la imagen de Pablo Escobar como un hombre honorable. Fue asesinado por dos sicarios cerca de las instalaciones de ese periódico. Azuzado por el senador Alberto Santofimio (según testigos), Escobar ordeno la muerte del candidato. 1989 (27 denoviembre) Bomba en el avión de Avianca: Cesar Gaviria sucedió a Galán, pero Escobar no estaba dispuesto a permitirlo y puso una bomba en el Boeing 727 de Avianca que el candidato iba a abordar con rumbo a Cali. Gaviria no abordo la aeronave; el avión exploto y murieron 110 personas.

OTROS HECHOS DESTACADOS EN LOS AÑOS 80 Y 90:

APERTURA ECONÓMICA: A finales de los 80 se completó el proceso de globalización de la economía iniciado con la presidencia de Ronald Reagan 1981. En Colombia el gobierno de Virgilio Barco (1986-9990) dio los primeros pasos en esa dirección con el denominado proceso de Apertura Económica, que tenía como propósito insertar a Colombia en la globalización económica. * El desencanto con el intervencionismo estatal (el estado era el que intervenía mayormente en la economía). Además no ha habido integraciones económicas entre los países americanos desde 1998.Algunos de los efectos de la aplicación del modelo de Apertura Económica fueron:

-Creación del Ministerio de Comercio Exterior: Se creó en 1991 por ley 7. Sus funciones son: dirigir, coordinar, ejecutar y vigilar la política exterior de bienes y servicios; Evaluar y formular la política de gobierno en materia de prácticas desleales de comercio exterior que atenten contra la producción


nacional; determinar el alcance de los acuerdos comerciales internacionales, e interpretar sus disposiciones en cuanto a aranceles y comercio exterior; garantizar las condiciones para la promoción del comercio.-Autorización para que el 100% del capital de instituciones financieras pudiera ser adquirido por extranjeros.-Aceleración en el proceso integracionista de Colombia con otros países organizaciones internacionales. -Colombia entró a formar parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de las preferencias arancelarias firmadas con Estados Unidos y la Unión Europea.

Con la Apertura tomaron auge en Colombia los hipermercados, provistos de toda clase de productos nacionales e importados.

DICTADURAS Y REVOLUCIONES SOCIALES Y SU IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA.Durante los años 90, el país estaba sumido en crisis políticas y sociales, causadas por la violencia de la guerrilla, la corrupción de los políticos y la ilegalidad de los narcotraficantes. Ellos gobernaban casi totalmente la sociedad. -El descontento social producido por las injusticias de parte del gobierno fomentaron a la formación de grupos rebeldes.-Los actos violentos de la guerrilla provocaron la formación de grupos paramilitares. Su fin era terminar con la guerrilla, pero dejaron a un lado su objetivo y se tornaron violentos también.-El estado apoyó el desarrollo del paramilitarismo porque lo vieron como una solución al problema de la guerrilla.-La guerrilla y los grupos paramilitares se involucraron con el narcotráfico, así aumentaron sus actos delictivos. -La calidad de la cocaína en Colombia supera a la de otros países, por eso el producto colombiano tiene tanta demanda.-El narcotráfico se infiltró en la sociedad: en la política, economía y en lo social.

-El involucramiento de Dios en toda la situación dio lugar a un cambio que toda la sociedad esperaba

Las metamorfosis de la sociedad colombiana durante las décadas precedentes son evidentes. Las guerrillas se reclaman sin lugar a dudas de las movilizaciones sociales. Diversidad de incógnitas, incluso de desciframientos contradictorios: ésta es la condición para que el conflicto se reinscriba en la lógica de la deliberación democrática.

Antes incluso de su fundación oficial, las FARC construyeron en 1964 su programa con referencia a las injusticias propias de las estructuras agrarias. Las luchas por la apropiación de la tierra han sido constantes y giran sobre todo alrededor de la apropiación de los baldíos: los grandes dominios se apropiaron desde el principio de la parte del valiente en detrimento de los resguardos indígenas pero, de manera más general, a expensas de la propiedad campesina. De la fuerza para expulsar a las diversas categorías de trabajadores rurales. A diferencia de las que a comienzos del siglo XX presidieron la colonización de zonas de producción de café, que sin ser pacífica, dio lugar a la formación de un campesinado pequeño y mediano relativamente estable, las corrientes de colonización que se presentaron desde 1950 estuvieron acompañadas con frecuencia de conflictos violentos. La presión de los detentadores de capitales económicos y la Violencia y colonización van de la mano con mucha frecuencia de esta manera.

Otro factor que contribuye a ello es la ausencia frecuente de títulos de propiedad. Según estudios recientes, 47% de los predios carecen de títulos de propiedad en buena y debida forma. Hacer de los movimientos agrarios de 1925 - 1936 el origen de las movilizaciones de los años 1960, y de éstas el origen de la lucha armada, es por lo menos discutible.


La fase de conmoción de la Violencia representa una ruptura más que una continuidad. Los progresos recientes de cultivos como los de aceite de palma acentúan cada vez más las presiones sobre la tierra. Por el contrario, El empleo de mano de obra asalariada puede, incluso, verse afectado como ocurre con la producción de algodón.En los años de 1980, la expansión de los cultivos de coca introduce una nueva diferenciación, aun teniendo en cuenta que una parte ínfima de los ingresos de esta producción -sujeta por lo demás a bruscas variaciones-, queda en manos de los cultivadoresEl asunto de la repartición de la tierra pasa a un segundo plano para ellos provisionalmente: el problema de la seguridad es el que predomina. Éste será uno de los temas centrales de las últimas partes del informe.

El hecho merece una atención especial: la parte de la población rural no ha dejado de disminuir con relación a la población urbana: de los 2/3 que Colombia tenía en 1920, cayó a menos de 30% en los años recientes. Una de las razones de ello es probablemente el impacto de la tradición partidista. Si bien ésta ha contribuido a hacer más frágil la simbólica de la unidad nacional, también tuvo por efecto hacer descansar ampliamente los mecanismos de poder en las redes de control de la sociedad rural. Entre los problemas agrarios hay que tener en cuenta también la permanencia de los mecanismos de poder en el mundo rural.

La creación de formas de dominación social y política en los años 1930-1940Entre éstos, los más notables son el "civilismo", es decir la prevalencia de las élites civiles sobre la institución militar, y la precariedad de la simbólica nacional. Sin embargo, se puede considerar que en los años 1930 -1940 se acentúan las diferencias en la medida en que se consolidan estos dos rasgos a través de la incorporación de la población a los partidos tradicionales y la adhesión de las élites a un modelo liberal de desarrollo. El período de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra

Mundial está marcado en muchos países latinoamericanos por las crisis del esquema agro-exportador y las políticas de industrialización, la transformación del rol del Estado, el ascenso de las afirmaciones nacionalistas. Hasta adquirir el aspecto de dos culturas políticas opuestas; la de los conservadores se reclama de la proximidad con la Iglesia Católica, ambas presiden la constitución de identidades individuales y colectivas. Pero la llegada al poder del Partido Liberal en 1930 produce la adhesión de la mayor parte de los sectores progresistas de este partido a la ilusión de que bajo su liderazgo se va a operar una modernización similar a la de los países vecinos. Las esperanzas se incrementan más aún con la llegada a la presidencia en 1934 de Alfonso López Pumarejo con su eslogan de la "Revolución en marcha". Eso no es todo: incluso la gestión de lo social sigue estando en gran parte en las manos de estas élites. La estabilidad de un modelo de desarrollo de esta naturaleza apenas habría tenido chance de mantenerse sin el encuadramiento de los partidos tradicionales. Se trata de dos caras de una misma realidad. La resistencia contra las reformas lopistas proviene tanto de los privilegiados liberales como de sus homólogos conservadores. La débil institucionalización de las relaciones sociales tiene numerosas consecuencias duraderas. Sólo mencionaremos cuatro: el recurso de las élites a diversas formas de violencia privatizada sigue siendo una eventualidad en el caso de los litigios sociales; el desarrollo favorece el mantenimiento de las desigualdades sociales o más bien La duda sobre la legitimidad de las instituciones hace posible la invocación del derecho a la rebelión, en la línea de las guerrillas anteriores.Pero las divisiones políticas y sociales que atraviesan al Estado abren la posibilidad de que salgan a la luz las vulnerabilidades de este funcionamiento.

El gaitanismo y la Violencia 1945-1964


Veamos ahora la fase de la "Violencia". Con frecuencia se hace de los fenómenos de violencia colombianos una trama continua que parte de las guerras civiles del siglo XIX y de la Guerra de los Mil días, engloba los conflictos agrarios de los años 1920 -1930, y conduce al episodio de la Violencia. La "Violencia" se caracteriza también por la heterogeneidad de los fenómenos que combina, la fragmentación geográfica de los enfrentamientos a los que da lugar, al hecho de que escapa ampliamente el control de las élites.

La Violencia comienza en 1946 después de la elección del conservador Mariano Ospina Pérez. Desde entonces la violencia se agrava: en 1948 alcanza cerca de 43.000 muertos, en 1950 más de 50.0009.

El populismo gaitanista presenta numerosas similitudes con los populismos de los países vecinos: el llamado al pueblo contra la oligarquía, el rechazo de la democracia liberal, lareferencia a la intervención del Estado, la personalización extrema de la relación con el líder. Se trata, por lo demás, de un populismo que se puede llamar de segunda generación: aparece después de la Revolución en marcha de López, y cualesquiera que hayan sido las decepciones que ésta haya dejado, una gran parte de los sectores populares tienen la sensación de haber accedido ya a la ciudadanía. En concordancia con la represión de las huelgas por parte del gobierno, la campaña Gaitán contribuye de esta manera desde 1947 al debilitamiento sindical. Clima de la Guerra Fría, el anticomunismo se convierte en un componente central de la política. La neutralización de las organizaciones urbanas es precisamente una de sus condiciones. Los fenómenos de violencia se expanden más rápidamente en las regiones rurales en la medida en que las instituciones son allí más deficientes. Cerca de las tres cuartas partes de la población siguen siendo rurales. La mejor ilustración de esto es la semiprivatización de la Policía en beneficio de activistas

conservadores, los famosos "chulavitas”. La pérdida de control sobre la situación explica la sensación de alivio casi unánime con que se acoge el golpe de Estado del general Rojas Pinilla en junio de 1953, un personaje muy próximo de los conservadores. Sin embargo, es asombroso que las guerrillas no escapen a la fragmentación que caracteriza al conjunto de los fenómenos de violencia. Entre las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas las hostilidades son frecuentes. En algunas de ellas, como en el Sumapaz, las reticencias con respecto a la continuación de la lucha armada son además explícitas. Dominación social de las clases dominantes. De esta manera la memoria se convierte muy a menudo en el recuerdo de una humillación y da lugar a un sentimiento de rabia que produce la tentación de tomar la revancha por las armas. La lección de la Violencia consiste también en saber que las instituciones están fundadas en relaciones de fuerza y, por consiguiente, que es legítimo recurrir a la fuerza para combatirlas.

Aprobado por una abrumadora mayoría, ansiosa por pasar la página de la Violencia y de la dictadura, este pacto instaura por 16 años la rotación en la presidencia de los dos partidos tradicionales y el reparto entre ellos de los puestos públicos, y les atribuye el monopolio de la representación política. En contrapartida se cuidan de evocar su responsabilidad en la tragedia de la Violencia y su reconciliación produce la sensación de que se trata de un pacto de olvido. Finalmente, la imposibilidad teórica de que terceros partidos participen en las elecciones no es más que el complemento más visible de este cuadro.

La vulgata proyecta fácilmente todas las taras de la segunda fase sobre la primera; pero también en este caso las discontinuidades son significativas.

Las pasiones partidistas se aplacan, la repartición "milimétrica" de los puestos disminuye los litigios. Si bien la vulgata es discutible, la razón es precisamente que el


Frente Nacional no significa la desaparición de los partidos de oposición política, ni la de los movimientos sociales autónomos. La etiqueta MRL sigue siendo sin embargo la cobertura de muchos sectores de oposición.

Rojas Pinilla asume la candidatura a las elecciones presidenciales de 1970. Los enfrentamientos sociales son permanentes, como es de esperar en las regiones rurales. Los múltiples flujos de colonización hacen que los litigios alrededor de los baldíos y de las condiciones de los asalariados agrícolas sean recurrentes. La ocupación de Urabá a finales de los años 1960, favorecida por el auge de las plantaciones bananeras, constituye una, pero la movilización campesina más impresionante es la que se desarrolla de 1972 a 1975, sobre todo en los departamentos de la zona Caribe que sufrieron relativamente poco la Violencia. El movimiento escapa rápidamente a las manos de sus iniciadores y emprende una campaña sin precedentes de ocupación de los terrenos de ganadería: se estima en cerca de 100.000 el número de participantes y en más de 500 el número de terrenos ocupados. Pero la heterogeneidad de los campesinos implicados, y las rivalidades.

La revolución cubana y el nacimiento de las guerrillasSi la vulgata sobre el Frente Nacional se impuso ampliamente es porque la instauración de la fórmula coincide prácticamente con el triunfo de la Revolución cubana. La experiencia de la Violencia y de la lucha guerrillera parece designar a Colombia como un escenario particularmente favorable para la formación de nuevas guerrillas, esta vez resueltamente revolucionarias.

Recomendaciones, comparten la aprehensión de que esto debe ser así. Algunos no tardan, en aplicación de las teorías de los focos guevaristas, en crear efectivamente núcleos guerrilleros a la espera de poder vincular antiguos guerrilleros de la Violencia. Si bien las

víctimas de estos ataques son poco numerosas, el acontecimiento refuerza las estrategias de autodefensa y su aplicación por parte de las poblaciones de colonos obligados aCiertamente, se vanagloria de haber adoptado desde 1961 la tesis de la "combinación de todas las formas de lucha". Uno de los puntos desacuerdo remite a la participación electoral del Partido. En contradicción con lo que los partidarios de la lucha armada habían previsto, las secuelas de la violencia no habían sido suficientes para provocar la vinculación en masa de las poblaciones campesinas de la región donde las guerrillas se habían implantado. Al contrario de lo que se supone, la experiencia de la Violencia no predispone a la población campesina a adherir a la perspectiva de otra experiencia de lucha armada, salvo en pocos casos. A pesar de algunas medidas destinadas a responder a las expectativas populares, como el reconocimiento de la CSTC, la confederación liberal comunista, el desmantelamiento del Instituto de Reforma Agraria, la apropiación de la fuerte alza coyuntural de los precios del café por los mayores cultivadores, la aceleración de la inflación contribuyen a crear un profundo malestar social. Este malestar desemboca como "pequeño 9 abril" por López Michelsen, el acontecimiento es interpretado por una parte de las élites como un síntoma de los avances de la "subversión". El endurecimiento de las medidas de excepción, iniciado por López Michelsen, es continuado por su sucesor Julio César Turbay: el "Estatuto de seguridad" adoptado en 1978 permite la detención de los sospechosos de rebelión, y abre la vía a la banalización de la arbitrariedad. En lugar de los dirigentes históricos y de los notables de larga trayectoria se imponen potentados regionales, denominados "barones" que conforman inmensas clientelas sobre la base de múltiples gratificaciones y algunas veces de la intimidación. El principal factor de la mutación es, a nuestros ojos, la expansión del tráfico de drogas. O como si esto significara justificar la


"guerra contra las drogas" de la que se conoce el fracaso y las consecuencias desastrosas.

Este reduccionismo deja de lado la complejidad de las situaciones. El derrumbamiento institucional se traduce en la parálisis de sectores enteros del aparato judicial bajo los efectos del terror y de la corrupción; en la colusión de miembros de la clase política, de los servicios secretos (DAS etc.) y de las fuerzas del orden con los traficantes; y la multiplicación de las organizaciones propiamente paramilitares. En 1990- 1991 la tasa de homicidios de Medellín alcanza un récord mundial. Con el rechazo a cualquier tipo de sectarismo, el M-19 tiene éxito en un trabajo de seducción de los sectores más anormales, desde los pertenecientes a las periferias urbanas hasta las clases medias y las fracciones de la élite intelectual. El desastre de la operación de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia marca ciertamente el final de su popularidad, pero la manera como las fuerzas armadas intervienen empañan aún más la imagen del régimen y de los militares.

Todo esto marca ciertamente el comienzo de la nueva era. Los que provienen de los rastros de la Violencia o son consecuencia de la precariedad del Estado siguen presentes; los que son resultado de las desigualdades sociales y de la concentración de la tierra se agravan cada vez más, al igual que la desorganización social, que toca no solamente a las nuevas periferias rurales sino también a las periferias urbanas. La más evidente es que la división de los partidos tradicionales juega ahora un rol muy secundario y, en consecuencia, el conflicto no compromete de entrada a la mayoría de la población. Por lo demás, diversos trabajos establecen que la violencia proteiforme, llamada "ordinaria", como la que aparece en las tasas de homicidios, está ampliamente correlacionada con la implantación de las organizaciones armadas.

De todas maneras, el aumento del poder de las FARC es inseparable del auge de la economía de la coca durante los años 1980-1990. Las JAC (Juntas de Acción Comunal) permiten con mucha frecuencia a las FARC asumir las demandas de los habitantes. Las FARC, que controlan de manera accesoria plantaciones de amapola mucho más modestas tienden a intervenir cada vez más en todas las etapas de la formación y la comercialización de la cocaína, con excepción de las rutas de acceso a los mercados de consumo.

Los laboratorios y las pistas de los narcos se instalaban muy a menudo en las zonas de las FARC, que exigían el pago de comisiones. La venta local de los productores vinculados con la guerrilla se efectúa en las cabeceras municipales, controladas por los traficantes. Incluso a finales de los años 1980 estas últimas son más frecuentes que las de las FARC. Los avances de la guerrilla están ligados a su diagnóstico sobre el estado de espíritu de las "masas" y el sistema político. El bloqueo de la vida política: el exterminio de la UP y la ofensiva de los paramilitares. Estos logros son suficientes para provocar la preocupación de gran parte de la clase política.

Los grupos paramilitares, secundados por miembros de las fuerzas del orden y por políticos de todos los niveles, emprenden el exterminio sistemático de los cuadros y los militantes de la UP. La masacre termina convenciendo a las FARC de que no tienen otra opción que la vía militar, ya que se han dado cuenta de la magnitud de la oposición del ejército al cese al fuego. El gobierno, al autorizar una operación contra la sede del Secretariado de las FARC el 9 de diciembre de 1990, el día mismo de la elección a la Asamblea Constituyente, no hace otra cosa que reafirmarlas en esta convicción.

El Partido había reiterado permanentemente la tesis de la "combinación de todas las formas de lucha". La opción de las FARC de dar prioridad a una estrategia militar, que ya no tiene que ver


con la autodefensa, y de tomar en sus propias manos la definición de su orientación política, marca de hecho la ruptura con el papel dirigente que atribuían anteriormente al Partido.

Las consecuencias desilusionantes de las reformas políticas de 1991Sin embargo, alrededor de los años 1990 la coyuntura parece favorable a una terminación de la lucha armada. La caída del muro de Berlín significa el derrumbamiento de la ortodoxia comunista. La guerra salvadoreña está en proceso de terminación y la guerrilla guatemalteca da signos deCon la convocatoria de una Asamblea Constituyente en 1990, los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, logran concretar la desmovilización del M-19, de la mayor parte del EPL y de organizaciones de una influencia menor como el Quintín Lame y pequeños grupos. Muchos de los motivos de las luchas guerrilleras parecen desvanecerse.

Las reformas políticas coinciden con medidas de apertura de la economía que conllevan la pauperización de sectores del campesinado pequeño y mediano, y favorecen al mismo tiempo la reconversión de las haciendas en ganadería extensiva.

La agudización del conflicto de 1990 a 2005En 1993, durante la octava conferencia, las FARC ratifican la opción militar, que se concretiza en una ofensiva de una envergadura impresionante, de la que hacen parte las acciones para reforzar su presencia territorial en el norte del país, el plan de encerramiento de las principales metrópolis, el ataque contra las instalaciones militares o policiales con el empleo de cilindros de gas y todos los daños "colaterales", que de allí resultan, las operaciones masivas que comprometen centenares de guerrilleros contra unidades militares, la captura de centenares de "prisioneros" militares.

Además, de 1997 a 2002, las FARC se empeñan en la conformación de "territorios

liberados" en el sur del país, que son concebidos como el punto de partida de un "doble poder", con base en la eliminación o en la expulsión de las autoridades legales y los miembros de los partidos vinculados con el régimen. Militantes de la UP18. La apertura de negociaciones por el gobierno de Andrés Pastrana no es pues sorprendente: satisfacer las exigencias de las FARC de desmilitarizar una zona de 42.000 km² en el Caguán es algo que parece inscrito en el orden de las cosas y al comienzo sólo produce una indignación modesta.

A comienzos de los años 1990 están a la cabeza de las fuerzas que, después de haber desalojado la guerrilla de Urabá, lanzan incursiones contra los feudos de las FARC en el sur, al igual que contra los feudos del ELN en el Magdalena Medio. Salvo en esta región, las negociaciones no obstaculizan la continuación de las acciones militares ni las las Fuerzas Armadas se ven dotadas en poco tiempo de medios aéreos y de una capacidad de movilidad nueva.

En un momento en que las guerrillas consideraban la posibilidad de pasar a una fase de guerra de movimientos, se ven obligadas a regresar a los métodos de la guerra de guerrillas.

En ningún momento supieron capitalizar un discurso que sedujera la opinión y, como durante el cese al fuego de 1984, dejaron la impresión de que buscaban ante todo la continuación de la guerra. La inmensa mayoría de la opinión imputa a las FARC la responsabilidad del fracaso del Caguán. Con el impulso de la llamada del "Política de seguridad democrática", Uribe afirma que es posible terminar con las guerrillas apelando al recurso exclusivo de la fuerza militar. Pero las guerrillas están evidentemente en dificultad: en los conflictos internos, la correlación de fuerzas políticas cuenta tanto como la correlación de fuerzas militares.


En particular el "Mono Jojoy", uno de los comandantes de guerra de la región oriental, y Alfonso Cano, el sucesor de Marulanda, caen uno tras otro.

De esta manera las FARC deben replegarse hacia zonas en las que ejercen un mayor control y concentran sus esfuerzos en las zonas más recientes de cultivo de droga y en los Para llenar los vacíos dejados por los múltiples abandonos y por las deserciones - los efectivos de las FARC pasan de 19.000 combatientes.Pero las condiciones en las que estas desmovilizaciones se efectúan son denunciadas ampliamente por los defensores.La cuestión de la responsabilidad del Estado durante el conflicto queda claramente planteada a partir de este momento. Numerosos son los actores de izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos que comparten este punto de vista. Desde un punto de vista histórico, ¿podemos avalar la noción de "terrorismo de Estado"? Por graves y frecuentes que hayan sido los atentados contra el aparato judicial nunca lo ha han llevado a una subordinación completa con respecto al ejecutivo: las investigaciones y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia durante los mandatos de Álvaro Uribe nos ofrecen la prueba, al igual que muchas de las decisiones de la Corte Constitucional, entre ellas la decisión de rechazar la posibilidad de un tercer mandato de Álvaro Uribe. De la misma manera, si bien los crímenes perpetrados por la Fuerza Pública siguen impunes, el hecho de que más de 5.000, el 3%, la guerrilla; en un 14. 8%, grupos no identificados; en un 7.9%, la Fuerza Pública; en un 12%, grupos que comprenden miembros de la fuerza pública y de los paras. 1% miembros de la fuerza pública; en un 6.15%, desconocidos. Y lo mismo ocurre en el caso de las desapariciones forzadas. En contrapartida, la parte de las guerrillas es muy superior en lo que tiene que ver con los secuestros, los ataques contra las poblaciones y las infraestructuras, la siembra de minas.

De cinco millones de hectáreas. Hay que observar que la "especialización" de los grupos armados en cada categoría de atrocidades es bastante relativa. La mayor parte de las acciones es "selectiva": los protagonistas no tienen proyectos de "depuración" global de una población como en el caso de Bosnia-Herzegovina o de Ruanda, sino que actúan en función de objetivos precisos, tanto políticos como económicos. Aceptar la tutela de los paramilitares y de los políticos vinculados con ellos. Las masacres y los asesinatos acompañan la irrupción de los paramilitares. Las guerrillas responden a veces de la misma manera y, en todo caso, refuerzan la intimidación sobre los habitantes. Los habitantes no se pueden fiar de ninguno de los protagonistas armados. En un contexto de esta naturaleza, la desconfianza termina por afectar también todas las relaciones sociales ordinarias: cada cual tiene razones para sentir temor de las indiscreciones de los vecinos o de la familia. La ley del silencio que se instala es la manifestación de la dislocación de las solidaridades, ya que cada uno se repliega en la necesidad de sobrevivir.

A finales de los años 1990, la Iglesia tomó la iniciativa de las "comunidades de paz" pero estas apenas si han logrado frenar las atrocidades. Esto no ha sido obstáculo para las intrusiones de militares y de narco paramilitares, y no menos para las de las FARC. El problema planteado desborda sin embargo el ámbito de la localización geográfica y tiene que ver con la disposición de la guerrilla para tolerar formas de acción autónomas. Sin duda las manifestaciones y las huelgas siguen siendo frecuentes en las décadas de 1980 y 1990, pero muchas de ellas tienen por motivo la protesta contra los asesinatos de personalidades o de militantes de las fuerzas de oposición al régimen. Afectadas por las fumigaciones y los cultivos de coca. Pero raras son las movilizaciones reivindicativas comparables a las de los años 1970 y ningún movimiento de envergadura nacional, como el


del 14 de septiembre de 1977, se ha producido -un proyecto de huelga general en 1981 se malogró rápidamente -. Es evidente que la razón principal de este debilitamiento de lasacciones reivindicativas es la intervención de los paramilitares y de la fuerza pública: las organizaciones sociales han sido completamente decapitadas. Y la neutralización de los movimientos sociales sirve sobre todo a los objetivos de los narco paramilitares y de sus aliados.

Hacia el reforzamiento de las desigualdades mineras puesto que, con el pretexto de la presencia de los guerrilleros, pueden recurrir a los servicios de los paramilitares o de matones para sojuzgar la resistencia de los nativos. La concentración de tierrasAlcanza un nivel sin precedentes en provecho de las grandes extensiones de ganadería o de agricultura capitalista.

La descentralización no ha hecho más que facilitar allí los medios de presión de los grupos ilegales sobre las administraciones. La exacerbación de las desigualdades es tarde que temprano la consecuencia, y los beneficiarios son las élites de siempre o los nuevos ricos.

Además de las posiciones de poder político y económico adquiridas por estas dos categorías, también se aprovechan del rechazo creciente de la opinión contra las guerrillas. La retórica de Álvaro Uribe y la influencia de los medios no son los únicos factores. Durante las elecciones legislativas y presidenciales de 2014 fueron numerosos los municipios que, aun haciendo parte de sus feudos, votaron en favor de la orientación "uribista". Todos estos son signos del proceso de derechización de la sociedad como consecuencia de décadas de conflicto. Las guerrillas han perdido la correlación de fuerzas políticas mucho más que la correlación de fuerzas militares. Una prueba, y no la menor, es el escepticismo de la opinión frente a las negociaciones de La Habana.

En este informe el acento ha sido puesto en las discontinuidades: discontinuidades entre los conflictos agrarios de los años 1930 y la Violencia, discontinuidades entre las guerrillas de los años 1960 y las guerrillas de los años 1980.

La precariedad del Estado, la debilidad de las regulaciones sociales, la fragmentación de las redes territoriales se mantienen a todo lo largo de estas décadas. Al cerrar el espacio de los movimientos sociales el conflicto ha favorecido una agravación de las injusticias.

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

La característica definitoria de cualquier sistema internacional es la anarquía, la ausencia de cualquier fuente de autoridad jerárquica legítima. Los sistemas anárquicos pueden, sin embargo, variar con respecto a la sustancia específica de las reglas e instituciones y al grado en que estas reglas son reconocidas y efectivas. El sistema internacional contemporáneo tiene sus propias reglas y actores. Los estados soberanos son el basamento, los actores básicos, para el sistema de estados moderno. Los estados soberanos son unidades territoriales con independencia jurídica, además no están formalmente sujetos a alguna autoridad externa pues tienen una autonomía de facto y, aunque actores externos han penetrado o controlado sus estructuras de autoridad domésticas, ésta no es restringida formalmente, pero es necesario decir que el poder y las preferencias de esos actores limitarán las opciones factibles de los estados.

Una de las implicaciones de la autonomía es la máxima que dice que los estados no deberían intervenir en los asuntos internos de los demás, de la cual también se desprende que generalmente los estados soberanos tienen algún grado razonable de control sobre sus fronteras y su territorio. Las teorías racionalistas de las relaciones internacionales,


tales como el realismo y el institucionalismo liberal, simplemente dan por supuesto que los estados soberanos (unitarios, racionales, autónomos) son las unidades constitutivas (buildingblocks) ontológicas del sistema internacional (Waltz, 1979; Keohane, 1984). De otro lado, los enfoques constructivistas ven al sistema de estados soberanos como un producto de un entendimiento intersubjetivo compartido (Ruggie, 1998). Pese a estas diversas posiciones, existe muy poco debate sobre la naturaleza del sistema o el carácter de sus unidades básicas.

Un número de analistas ha sugerido que en el período contemporáneo el estado soberano está siendo sometido a presiones sin precedentes ejercidas especialmente por la globalización y las normas de derechos humanos que cuestionan la viabilidad del sistema mismo. Por ejemplo, en Modernity at Large Arjun Appadurai (1996) escribe que "...he llegado a convencerme de que el Estado nación, como una compleja forma política moderna, está en las últimas" (Appadurai, 1996:19). Appadurai continúa argumentando que "aún una inspección sumaria de las relaciones dentro y entre los más de 150 estados nación que ahora son miembros de las Naciones Unidas muestra que las guerras limítrofes, las guerras culturales, la inflación galopante, poblaciones inmigrantes masivas, o serias fugas de capitales amenazan la soberanía en muchos de estos estados" (Appadurai, 1996:20).

El análisis que se presenta aquí concluye que es demasiado temprano para programar un funeral para el sistema de estados soberanos. Las apresuradas aseveraciones que sostienen que la globalización y los derechos humanos están conduciendo al desvanecimiento de la soberanía ignoran el hecho de que los desafíos contemporáneos no son originales; ya que el control y la autoridad de los estados han sido persistentemente disputados. Si las reglas de soberanía son suplantadas esto sólo podría tener lugar a través de un proceso evolutivo en

el cual actores claves encuentren que conviene a sus intereses elegir nuevas reglas e instituciones que sean incompatibles para la tradicional soberanía estatal. Es poco probable que actores estatales hagan tales elecciones dadas las ventajas inherentes del status quo, la habilidad de los estados para simplemente desatender a los reclamos de autoridad sobre áreas temáticas que no pueden regular efectivamente, y el hecho de que la soberanía puede coexistir con, pero no ser desplazada por, arreglos institucionales alternativos. La soberanía es una estrategia estable evolutiva débil, una estrategia que será seleccionada por muchos actores, pero que también puede persistir junto a nuevas figuras institucionales, estrategias alternativas que son más atractivas para actores específicos en momentos particulares.

Definiendo a la soberaníaEn la práctica, el término soberanía ha sido usado de muchas maneras diferentes. En el uso contemporáneo pueden distinguirse cuatro significados distintos: soberanía de interdependencia, soberanía interna, soberanía westfaliana o vatteliana, o soberanía legal internacional.

La soberanía de interdependencia se refiere a la capacidad de los estados para controlar el movimiento a través de sus fronteras. Muchos académicos han argumentado que la soberanía está siendo erosionada por la globalización que resulta de los cambios tecnológicos que han reducido dramáticamente los costos de las comunicaciones y el transporte. Los estados no pueden regular los movimientos a través de las fronteras de bienes, capitales, gente, ideas o transmisores de enfermedades. Los gobiernos ya no pueden emprender actividades que tradicional-mente habían sido comprendidas como parte de su portafolio regulador: no pueden conducir una política monetaria efectiva debido a los flujos de capital internacionales; no pueden controlar el conocimiento a causa de Internet; no pueden garantizar la salud pública debido a que los individuos pueden


desplazarse tan rápidamente a través del globo. El tema aquí no es tanto sobre la autoridad sino más bien sobre el control. El derecho de los estados de manejar sus fronteras no ha sido desafiado, pero la globalización, se asevera, ha erosionado su capacidad para hacerlo realmente.

Por otro lado, la soberanía interna se refiere a las estructuras de autoridad dentro de los estados y a la capacidad de estas estructuras para regular efectivamente el comportamiento. Los teóricos clásicos de la soberanía, Bodin y Hobbes, estaban interesados primariamente por la soberanía interna. Ambos escribieron en el contexto de las guerras religiosas en Europa y buscaban, por sobre todas las cosas, establecer un sistema estable de autoridad que fuera reconocido como legítimo por todos los miembros de la entidad política sin tener en cuenta su afiliación religiosa. Ambos apoyaban una estructura de autoridad altamente centralizada y rechazaban todo derecho de rebelión (Bodin, 1992:13-14; Skinner, 1978:284-287; Hinsley, 1986:181-84). En la práctica, la visión de Bodin y Hobbes nunca ha sido imple-mentada. Las estructuras de autoridad han tomado muchas formas diferentes incluyendo monarquías, repúblicas, democracias, sistemas unificados y sistemas federales.

La aceptación o legitimación de una estructura de autoridad dada es un aspecto de la soberanía interna: el otro es el nivel de control que los funcionarios realmente ejercitan. Esto ha variado dramáticamente. Las entidades políticas internas bien ordenadas tienen estructuras de autoridad efectivas a la vez que legítimas. Los estados fallidos no tienen ninguna de las dos. La pérdida de soberanía de interdependencia, que es puramente un asunto de control, también implicaría cierta pérdida de soberanía interna, al menos soberanía interna entendida como control, ya que si un estado no puede regular los movimientos a través de sus fronteras, como ocurre con el flujo de drogas ilegales, no es probable que pueda ser capaz

de controlar actividades dentro de sus fronteras, tales como el uso de estas drogas.

La soberanía westfaliana o vatteliana se refiere a la exclusión de fuentes externas de autoridad tanto de jure como de facto. Dentro de sus propios límites, el estado tiene un monopolio sobre la toma de decisiones autorizadas. En el nivel internacional esto implica que los estados siguen la regla de la no intervención en los asuntos internos de otros. Esta noción de soberanía es asociada frecuentemente con la Paz de Westfalia que terminó la Guerra de los Treinta Años en 1648. Aunque los tratados de Osnabruck y Muenster que comprendían la Paz respaldaban el principio de cuius regio, eius religio (el príncipe puede fijar la religión de su territorio) originalmente formulado en la Paz de Augsburgo de 1555, Westfalia significaba en realidad el establecimiento de un régimen internacionalmente reconocido para la tolerancia religiosa en Alemania antes que una legitimación de la autoridad de los príncipes para establecer reglas para las prácticas religiosas dentro de sus propios dominios. La Paz de Westfalia, que fue firmada por la mayoría de las principales potencias, estableció un sistema consociativo para decidir las cuestiones religiosas en Alemania; tales temas tenían que ser aprobados por una mayoría tanto de católicos como de protestantes en la Dieta y Cortes del Sagrado Imperio Romano (Krasner, 1993; Whaley, 2000; Parry, 1969). La Paz de Westfalia no tenía casi nada que ver con las nociones convencionales de soberanía.

El principio que dice que los gobernantes no deberían intervenir o juzgar los asuntos internos de otros estados en realidad fue introducido por dos teóricos del derecho internacional en la última parte del siglo xviii, Emer de Vattel y Christian Wolff. Este último escribió en los años 1760 que "interferir en el gobierno de otro, sea cual sea la forma en que se haga, se opone a la natural libertad de las naciones, por virtud de la cual uno es totalmente independiente de la voluntad de otras naciones en su acción". (Thomas y


Thomas, 1956:5). Vattel aplicó este argumento tanto a los estados europeos como a los no europeos afirmando que "los españoles violaron todas las reglas que ellos establecieron cuando se erigieron como jueces del Inca Atahualpa" (Vattel, 1856:5). Durante el siglo diecinueve el principio de la no intervención fue enarbolado por los estados latinoamericanos, las entidades más débiles en el sistema internacional y no fue formalmente aceptado por los Estados Unidos hasta 1930.

Por último, la soberanía legal internacional se refiere al reconocimiento mutuo. La regla básica de la soberanía legal internacional es que el reconocimiento es acordado a entidades territoriales jurídicamente independientes que son capaces de incorporarse en acuerdos contractuales voluntarios. El enfoque convencional del derecho internacional es análogo a la teoría liberal del estado (Weiler, 1991). Los estados en el sistema internacional, como los individuos en las entidades políticas internas, son libres e iguales. La soberanía legal internacional es consistente con cualquier acuerdo siempre que el estado no sufra coerción (Oppenheim, 1992:365-367).

Las reglas, instituciones y prácticas que son asociadas con estos cuatro significados de la soberanía no están asociados lógicamente, y mientras que puede que estén empíricamente relacionados, la correlación está lejos de ser perfecta. La soberanía refiere a ambas prácticas, esto es, tanto a la capacidad para controlar movimientos transfronterizos o actividades dentro de los límites de un estado, como a las reglas o principios como el reconocimiento de entidades territoriales jurídicamente independientes y la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Un estado puede tener poca soberanía de interdependencia, ser incapaz de regular sus propias fronteras, pero su soberanía westfaliana/vatteliana podría permanecer intacta en tanto que ningún actor externo intente influenciar sus estructuras de autoridad interna. Un estado fallido como

Somalia a fines de los años 1990 ofrece un ejemplo de esta situación. Los estados pueden gozar de una soberanía legal internacional, un reconocimiento mutuo, sin tener una soberanía westfaliana/vatteliana; los estados de Europa del Este durante la Guerra Fría cuyas estructuras domésticas estaban profundamente penetradas por la Unión Soviética son ejemplos. Los estados pueden voluntariamente conceder su soberanía wesfaliana/vatteliana por medio del ejercicio de su soberanía legal internacional, como lo han hecho los estados miembros de la Unión Europea (UE). Los estados pueden carecer de una soberanía interna efectiva entendida ya sea como control o autoridad y aún tener soberanía legal internacional, como ejemplo se puede tomar al Zaire/Con-go durante los años noventa. Como se puede ver, la soberanía es una canasta de bienes que no necesariamente van juntos (Fowler y Brunck, 1995:116-117).

Soberanía disputadaLas reglas básicas asociadas con la soberanía westfaliana/vatteliana y la legal internacional han sido reconocidas por lo menos desde fines del siglo dieciocho, y en algunos casos, aun antes. Estas reglas han estado en vigencia durante un período de cambios materiales e ideológicos sin precedentes en la sociedad humana. Durante los siglos diecinueve y veinte la revolución industrial transformó las condiciones materiales de la sociedad humana; el promedio de vida aumentó dramáticamente; la mortalidad infantil cayó en picada; la porción de la población que trabajaba en la agricultura declinó en algunos países de un 90% a un 5%; decenas de millones de individuos fueron muertos en guerra; se inventaron las armas nucleares; los cambios tecnológicos redujeron el tiempo en las comunicaciones intercontinentales de semanas a segundos; la ideología comunista influenció la organización política y económica de muchos estados; las creencias comunistas fueron repudiadas; el número de regímenes democráticos se elevó, cayó, se elevó y cayó de nuevo; grandes áreas del mundo fueron colonizadas y


descolonizadas; algunos países en el este de Asia experimentaron niveles de crecimiento sin precedentes; y, quizás lo más dramático de todo, el número de seres humanos en el planeta se incrementó de quizás 1.400 millones de individuos en 1800 a más de 6.000 millones en 2000. Durante los dos últimos siglos en que las reglas del sistema de estado soberano han sido ampliamente comprendidas, el mundo ha cambiado mucho, probablemente más que en ningún otro momento en la historia humana.

Muchos observadores recientes han sostenido que el sistema de estados soberanos está ahora bajo una tensión sin precedentes debido a dos desarrollos: la globalización y las normas internacionales cambiantes con respecto a los derechos humanos. La globalización plantea desafíos a las soberanías de interdependencia así como a la soberanía interna debido a que amenaza al control del estado. Las normas sobre derechos humanos desafían a la soberanía westfaliana/vatteliana porque implican que las autoridades internas no son libres de fijar sus propias reglas sobre el tratamiento dado a individuos dentro de sus fronteras.

Se ha sugerido que el aumento de la glo-balización es una amenaza a la soberanía. Lo que usualmente se afirma es que el estado está perdiendo control sobre ciertas actividades, pero en algunos trabajos por lo menos han insinuado que esto también podría producir cambios en las estructuras de autoridad. Un especialista en la situación de las telecomunicaciones globales asevera que "a la larga, las telecomunicaciones transcenderán el concepto territorial y la noción de que cada país tiene control territorial sobre la comunicación electrónica se volverá arcaica en el mismo sentido en que el control nacional sobre la palabra hablada (y luego escrita) se volvió anticuado" (Noam, 1987:44). James Rosenau (1990) escribe que han emergido nuevos temas tales como "polución atmosférica, terrorismo, el comercio de la droga, crisis de las monedas, y el sida" que son un producto de la

interdependencia o de las nuevas tecnologías y que son transnacionales antes que nacionales. Los estados no pueden proveer soluciones a estos y otros temas (Rosenau, 1990:13).

Los estados, sin embargo, siempre han operado en un ámbito internacional interdependiente. Nunca han podido regular perfectamente los flujos a través de las fronteras. Los flujos internacionales de capital eran importantes en la Edad Media. Los Fuggers, una de las familias banqueras alemanas más importantes a principios del período moderno controlaban minas en Europa central y en los alpes, tenían corresponsales en Venecia, eran la firma dominante en Amberes, el centro financiero más importante de ese tiempo, y tenían sucursales en Portugal, España, Chile, Fiume y Dubrovnik (Braudel, 1982:186-187). Antes del siglo diecinueve, los estados europeos fueron más dependientes de los préstamos internacionales para financiar actividades públicas (la más importante de las cuales era la guerra) cuando carecían de la capacidad administrativa para extraer recursos de sus propias economías, de lo que lo han sido desde entonces (Tilly, 1990:53).

Durante el siglo diecinueve, los estados latinoamericanos estaban plagados por ciclos de florecimiento y de quebrantos vinculados a los flujos internacionales de capital de los que dependían fuertemente. Barings Brothers, la institución financiera británica que sufrió un espectacular colapso en 1995 como resultado de los manejos especulativos de un intermediario en Singapur, hubiera dejado de existir en 1890 como resultado de préstamos cuestionables que habían sido hechos a la Argentina si no hubiese sido por la intervención del Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, el Tesoro británico, y J.E Morgan (Cohén, 1986:94-95). El período anterior a la Primera Guerra Mundial tuvo flujos de capital neto a una escala mayor que antes o después de ese período; sólo los flujos de capital bruto sufrieron un incremento dramático a fines del siglo veinte. La integración del mercado de capitales


en la última parte del siglo diecinueve alcanzó tan altos niveles debido al telégrafo, que incrementó la velocidad de las comunicaciones, al patrón oro, que redujo los riesgos de los tipos de cambio, y a una limitada presión política del sector laboral (obstfeld, 1997:8:0 'Rourke y Williamson, 1999). Aunque la tecnología ha hecho que las comunicaciones sean más fáciles aún, los riesgos en los tipos de cambio y las presiones políticas domésticas pesan en contra de un retorno a los niveles de integración de mercados de capitales alcanzados a fines del siglo diecinueve. Flujos de capital altos y reglas de soberanía han coexistido por lo menos por dos siglos, aun si tales flujos han hecho que elementos de soberanía de interdependencia e interna sean problemáticos.

Las tasas de migración internacionales alcanzaron sus niveles más altos en el largo siglo xix que se extiende desde el fin de las guerras napoleónicas hasta 1914. En el siglo que siguió a 1820, se mudaron al nuevo mundo que se encontraba escaso de mano de obra 60 millones de europeos. Sin estas migraciones, las fuerzas laborales de un número de países americanos, junto con Australia y Nueva Zelanda, hubieran sido significativamente más reducidas, quizás un 24% menos en el caso de los Estados Unidos (EU) y

un 86% menos para la Argentina. La migración dio como resultado una sustancial convergencia salarial entre Europa y EU y promovió una contraofensiva política que contribuyó al establecimiento de políticas inmigratorias más restrictivas (O 'Rourke y Williamson, 1999; Williamson, 1996:16-18).

El comercio internacional también se ha incrementado rápidamente desde principios del siglo diecinueve. Los cambios tecnológicos tales como el ferrocarril y el barco a vapor redujeron los costos de transporte. Las mercancías con relaciones de peso/valor altas, tales como granos, se volvieron competitivas internacional e intercontinentalmente. Este

estallido de comercio internacional fue detenido abruptamente por la Primera Guerra Mundial y la relación comercio/actividad económica agregada se mantuvo baja durante el período entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. El comercio se incrementó nuevamente después de 1950 igualando los picos alcanzados en el siglo diecinueve para muchos países en los años 1980 y sobrepasándolos luego. El patrón, no obstante, es disparejo. Las proporciones de comercio de Estados Unidos han crecido de un 10 a un 20 por ciento del PBN desde los años 1950, mientras que las de Japón han permanecido estables (Thomson y Krasner, 1989).

En una historia informativa y perceptiva de la globalización económica en el siglo diecinueve, Kevin O'Rourke y Geoffrey Williamson (1999) escriben:

"Para 1914, casi no existía una aldea o pueblo en cualquier parte del globo cuyos precios no estuvieran influenciados por distantes mercados extranjeros, cuya infraestructura no estuviera financiada por capital extranjero, cuyas habilidades de manufactura, ingeniería y aun para los negocios no fueran importadas desde el exterior, o cuyos mercados laborales no estuvieran influenciados por la ausencia de aquellos que habían emigrado o por la presencia de extraños que habían inmigrado" (O'Rourke y Williamson, 1999:2).

En otras arenas diferentes a la económica, la aseveración de que la era contemporánea representa un quiebre cualitativo con el pasado es algo que también debería tomarse con cierto escepticismo. El sida, que probablemente se originó en alguna remota parte de África, se ha diseminado alrededor del mundo, pero en términos del número de muertos escasamente puede compararse con pandemias anteriores como la peste bubónica en Europa durante la Edad Media, la viruela que los europeos trajeron al Nuevo Mundo y la gripe durante la primera parte del siglo veinte.


La etapa final del siglo veinte también ha sido testigo de la propagación de ideas que incluían normas tales como los derechos de los indígenas y una cultura popular como la del MTV (programa musical por cable). Pero aquí, nuevamente, el grado del cambio puede estar siendo exagerado. La Reforma transformó el mapa político de Europa dentro de una década luego de que Lutero apostara sus 95 Tesis en la puerta de la Schlosskirche en Wittenberg. Obtener el precio correcto es una cosa; quemarse en el infierno por toda la eternidad es otra cosa bastante diferente. Internet ha suministrado formas de comunicación no sólo muy rápidas, sino también ampliamente disponibles y poco costosas, pero el incremento más dramático en la velocidad de las comunicaciones no tuvo lugar en los años 1980, sino en los años 1860 cuando se completaron los primeros cables telegráficos transatlánticos.

No es que la globalización no haya tenido un impacto sobre el control del estado, sino que se trata más bien de que el control de los movimientos a través de las fronteras, sin mencionar los desarrollos producidos dentro de los límites de un estado, siempre han sido un desafío. Los problemas para los estados se han vuelto más severos en algunas áreas, pero menos en otras. No existe evidencia que demuestre que la globalización ha socavado sistemáticamente el control del estado. Por cierto, la relación más clara entre globalización y la actividad del estado es que se han incrementado tomadas de la mano. El nivel del gasto gubernamental en los principales países se ha incrementado, en promedio, sustancialmente desde 1950 junto con incrementos en el comercio y los flujos de capital. Esto no debería ser ninguna sorpresa: los gobiernos han intervenido para proveer redes de seguridad social que hacen que las políticas económicas más abiertas sean políticamente aceptables (Garret, 1998:52).

En suma, los flujos globales no son nuevos. En algunas áreas sensibles, tales como

migraciones, los flujos fueron más altos en el siglo diecinueve de lo que lo son ahora. Las iniciativas de gobierno no han sido mutiladas por la globalización.

Mientras que la globalización y las cuestiones asociadas de control han planteado un conjunto de temas con respecto a la viabilidad del sistema de estados soberanos, especialmente en relación a la interdependencia y a los aspectos de control de la soberanía interna, la diseminación de normas internacionales referentes a los derechos humanos plantea un segundo conjunto de desafíos. Aquí, los temas están relacionados con la soberanía westfaliana/vatteliana antes que con la soberanía interna o de interdependencia. Las normas globales sobre derechos humanos son un desafío directo a un aspecto de la autoridad del estado, su derecho a regular las relaciones entre sus súbditos y sus gobernantes libre de interferencias externas. Las nociones convencionales de soberanía westfaliana/vatteliana colocan la autoridad sobre las relaciones entre gobernantes y gobernados enteramente en las manos de los gobiernos nacionales; las políticas que emanan de estructuras políticas internas no están sujetas a cuestionamientos por parte de actores externos, especialmente de aquellos que alegan autoridad por derecho propio. Las normas universales de derechos humanos, por contraste, prescriben estándares que todos los regímenes deben honrar. Puede que el estado sea el único actor que puede establecer reglas autorizadas dentro de sus fronteras, pero las normas universales de derechos humanos implican que no puede fijar cualquier regla que se le ocurra.

La soberanía westfaliana/vatteliana puede ser violada en una cantidad de formas diferentes incluyendo las actividades de organizaciones no gubernamentales transnacionales tales como Amnistía Internacional, organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial, el uso de coerción militar como las intervenciones soviéticas en Europa del Este durante la Guerra


Fría y acuerdos voluntarios, como por ejemplo la Convención Europea de Derechos Humanos.

Entre algunos observadores se ha producido un entusiasmo desmedido en relación con las actividades contemporáneas relativas a los derechos humanos al considerar que ellas están cambiando la naturaleza básica del sistema de estados soberanos. Al igual que en el caso de las discusiones sobre globalización, tales disposiciones reflejan un elemento de miopía histórica. El derecho de los estados a establecer sus propias reglas concernientes a las relaciones entre las autoridades públicas y los individuos dentro de sus fronteras nunca ha permanecido sin ser desafiado, ya sea por otros estados o por organizaciones no gubernamentales transnacionales, aunque el foco de preocupación específico -tolerancia religiosa, derechos de las minorías, derechos humanos- ha cambiado a través del tiempo.

Las organizaciones no gubernamentales transnacionales (ONGT) estuvieron activas tanto en el siglo diecinueve como en el veinte. Grupos privados transnacionales estaban involucrados en esfuerzos por abolir la esclavitud, promover los derechos de la mujer, mejorar las condiciones para los trabajadores, terminar con el vendaje de pies en China, establecer una ley comercial internacional y regular las telecomunicaciones (Charnovitz, 1997; Keck y Sikkink, 1998).

La soberanía westfaliana/vatteliana ha sido cuestionada por los mismos estados durante un período aún más largo, por lo menos desde el siglo diecisiete. El derecho a intervenir en las relaciones entre gobernantes y gobernados ha sido justificado no sólo en términos de derechos humanos, sino también en nombre de los derechos de minorías y en la necesidad de asegurar la estabilidad y seguridad internacionales. La Paz de Westfalia fue primariamente un esfuerzo por despolitizar los temas religiosos en Alemania por medio de la introducción de un sistema de toma de decisiones concertado como parte de un

tratado internacional. De otro lado, los acuerdos posteriores a las guerras napoleónicas proveyeron protección de los derechos de los católicos en los Países Bajos y un juramento por parte de Prusia, Rusia, y Austria de respetar los derechos nacionales de los polacos (la primera instancia de protección de una minoría étnica en oposición a una minoría religiosa) a pesar de que Polonia había sido dividida y finalmente desapareció durante el siglo dieciocho. Como una condición para el reconocimiento por las principales potencias del continente, los futuros líderes de cada estado que emergió del Imperio Otomano durante el largo siglo diecinueve comenzando con Grecia en 1832, y siguiendo con Rumania, Serbia, Montenegro, y Bulgaria (como estado tributario del imperio) en 1878, hasta Albania en 1913, tuvieron que reconocer los derechos civiles y políticos de sus minorías religiosas. Las potencias europeas impusieron estas condiciones porque temían que los conflictos étnicos y religiosos desestabilizaran el área y arrastraran a las principales potencias europeas hacia un conflicto más amplio, un temor que los acontecimientos de julio y agosto de 1914 demostraron que era por demás presciente. Después de la Primera Guerra Mundial, más de treinta estados concedieron protecciones a sus minorías nacionales para asegurarse el reconocimiento o admisión a la Liga de las Naciones (Bartsch, 1995:74-89). La preocupación por los derechos humanos en oposición a los de las minorías, ya sean étnicas o religiosas, se hizo más manifiesta luego de la Segunda Guerra Mundial. Más de veinte convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, junto con varios acuerdos regionales, han sido concluidos durante de los últimos cincuenta años. La tensión contemporánea entre los derechos humanos y la soberanía westfaliana/vatteliana refleja las anteriores tensiones que se producían en torno a la tolerancia religiosa y a los derechos de las minorías. Motivados en primer lugar por preocupaciones sobre la seguridad internacional, los estados poderosos han intervenido persistentemente en las estructuras


de autoridad internas de entidades políticas más débiles.

Adaptabilidad de la soberaníaDe modo que aquí está el acertijo: la globalización y las estructuras normativas alternativas tales como los derechos humanos y de minorías han desafiado en forma persistente a las soberanías westfaliana/vatteliana y de interdependencia. Los cambios económicos, demográficos, militares y en el campo de las ideas han sido excepcionalmente dinámicos durante los dos últimos siglos. No obstante, ningún conjunto alternativo de arreglos institucionales ha suplantado a las reglas asociadas con la soberanía estatal, aunque se han establecido nuevos arreglos tales como protectorados, dominios y entidades regionales que coexisten con las normas de soberanía. La adaptabilidad de la soberanía es notable.

Salvo que se produzca una guerra nuclear o una invasión del espacio exterior, la soberanía no va a colapsar repentinamente. Si las reglas, normas, e instituciones asociadas con la soberanía cambian, esto sólo podría ocurrir como resultado de cambios progresivos introducidos por tomadores de decisiones públicos o privados que persiguen sus propios intereses en un ambiente tan complicado que hace imposible prever todas las consecuencias de sus decisiones. La emergencia del sistema de estados moderno en sí, que se produjo a través de varios siglos, ofrece una analogía histórica. Los estados que eran entidades territoriales jurídicamente independientes y que se reconocían mutuamente no emergieron de repente como producto de la Paz de Westfalia o de ningún otro evento histórico. Las reglas de soberanía no fueron formuladas explícitamente en un paquete orgánico por ningún teórico o líder político. Más bien, emergieron a través del tiempo y fueron adoptadas con diferentes grados de fidelidad. El fin del mundo medieval y de las ciudades estado, imperios y ligas de ciudades fue precipitado por los cambios tecnológicos y sostenido por nuevas ideas,

especialmente las ideas asociadas con la Reforma protestante. Los recientes cambios en la tecnología asociados con la globalización y la adopción de normas sobre derechos humanos ¿conducirán a nuevas estructuras políticas y a nuevas reglas que suplantarán a aquellas asociadas con el estado soberano? ¿Nos encontramos en medio de una transformación evolutiva cuyos pasos iniciales, pero no su desenlace final, se están haciendo más visibles?

Una aproximación teórica que nos puede servir de guía para pensar sobre este tema es la teoría del juego evolutivo. Ella supone que los actores son racionales pero miopes, pues no poseen un conocimiento común sobre el juego que están jugando y proceden por medio del sistema de prueba y error. A través del tiempo los jugadores seleccionan aquellas estrategias que les dan mejores resultados. Otros jugadores pueden imitar estas estrategias (Sugden, 1989:90: Aski, 2002). Desde una perspectiva teórica de juego evolutivo la pregunta básica es: ¿existen jugadores que tienen incentivos y capacidades para desarrollar nuevas reglas e instituciones que podrían suplantar la soberanía estatal?. Los arreglos institucionales existentes no van simplemente a colapsar.

Existen varias razones para sospechar que ninguna transformación de este tipo está por producirse. Primero, están las ventajas usuales del status quo. El desarrollo de nuevos arreglos requiere nuevas inversiones, mientras que el mantenimiento de los viejos simplemente involucra expendios ya en curso. Una vez que una institución está instaurada, al margen de cómo llegó allí en primer lugar, genera expectativas compartidas que se convierten en una fuerza para la estabilidad. Las posiciones sobre políticas son formuladas bajo el supuesto de que las prácticas existentes persistirán. Los individuos invierten en capacitación porque creen que las oportunidades de empleo -en el cuerpo diplomático, servicio civil, fuerzas armadas- habrán de continuar (Moe, 1987). Se


desarrollan prácticas culturales complementarias, los estados soberanos, por ejemplo, pueden apelar a lealtades nacionales, crear himnos y banderas, promover el idioma nacional, privilegiar ciudadanos y establecer feriados nacionales.

Segundo, según lo sugieren los desafíos de larga data planteados por la globalización y por los esfuerzos externos por influenciar las relaciones entre gobernantes y gobernados (tolerancia religiosa, derechos de minorías, derechos humanos), la práctica en sí de la soberanía ha estado caracterizada por una hipocresía organizada. Reglas muy bien comprendidas tales como la no intervención en los asuntos internos de otros estados han sido violadas y estas violaciones han sido legitimadas por otras normas tales como derechos de minorías, derechos humanos y la necesidad de preservar la estabilidad internacional. Las razones dadas por los principales países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para la intervención en Kosovo no fueron muy diferentes a las razones que algunos de estos mismos estados habían dado para intervenir en la guerra de la independencia de los griegos en la década de 1820 (Krasner, 1999). La existencia de múltiples normas antes que ser una amenaza para las reglas de soberanía puede, de hecho, ayudar a preservarlas al hacer que les sea más fácil a los gobernantes de estados poderosos perseguir metas materiales e ideológicas en algunas situaciones, al mismo tiempo que adhieren a las normas convencionales de soberanía en otras.

Tercero, los actores políticos comprometidos con el sistema de estados soberanos tienen la opción de desprenderse de funciones que no pueden manejar. Algunos observadores que ven a la globalización socavando a la soberanía han señalado correctamente que algunos estados ya no pueden regular los flujos de capital internacionales y, en consecuencia, su habilidad para conducir una política

macroeconómica se ve constreñida. Algunos estados más chicos que no pueden perseguir políticas monetarias autónomas pueden simplemente resignar su control sobre esta arena. Los ejemplos más extremos de este fenómeno son la dolarización, con países que adoptan una moneda extranjera, el dólar, y abandonan todo esfuerzo por mantener una oferta de dinero nacional. Otros países, Argentina es un ejemplo, han adoptado medidas menos radicales que están diseñadas para mantener un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional y el dólar, aunque la credibilidad de tales compromisos es siempre cuestionable.

Tales transformaciones, ¿auguran la caída del estado soberano y la emergencia de alguna estructura institucional alternativa? Este sólo podría ser el caso de un desprendimiento de autoridad en alguna área, una reformulación de la soberanía interna en la que al darse condiciones muy problemáticas los actores políticos y económicos significativos comenzarían a buscar nuevas estructuras que podrían ser inconsistentes con las reglas de soberanía. Esto, por supuesto, podría ocurrir. Pero es más probable que los estados más débiles y pequeños con regímenes políticos inestables tengan un mejor desempeño económico si ceden el control de sus propias políticas monetarias porque esto reducirá las chances de una inflación. Una rendición tan franca de la autoridad macroeconómica sería más problemática para los estados más grandes y más poderosos con estructuras de autoridad interna más efectivas debido a que les resultaría más difícil proveer estabilidad social y económica a sus propias poblaciones.

Un ejemplo histórico de los beneficios de restringir y ceder antes que de expandir la autoridad del estado es el desarrollo de la tolerancia religiosa en Europa. Para los gobernantes europeos ceder el control sobre la religión no fue fácil. No sólo significaba abandonar la preocupación por las almas de los propios súbditos, sino también el debilitamiento


de uno de los fundamentos para la legitimidad de sus propios regímenes. Los gobernantes europeos no abrazaron la tolerancia religiosa: confrontados con las guerras religiosas de los siglos XVI y XVII la adoptaron con renuencia y en última instancia, muchos adhirieron a la libertad religiosa que rechazaba la participación del estado en asuntos espirituales. La tolerancia y libertad religiosas fueron una consecuencia del reconocimiento por parte de las autoridades políticas de que existían elementos de la vida humana que ellas no podían regular. Al redefinir el alcance de la soberanía interna fortalecieron la estabilidad política.

Cuarto, las reglas asociadas con la soberanía -reclamos sobre la autoridad interna, la exclusión de la autoridad externa y el reconocimiento internacional y la igualdad de los estados- han sido compatibles con otras estructuras que han existido en el sistema internacional. Los actores individuales han tenido incentivos para desarrollar reglas e instituciones alternativas. Ciertamente, hicieron esto de maneras muy imaginativas. Pero estos otros arreglos han sido figuras institucionales que antes que suplantar a la soberanía, han coexistido con ella. Los protectorados, a menudo establecidos a través de tratados en los que una potencia más fuerte controla algunos aspectos de las políticas de un estado más débil (usualmente, la política exterior) pero no otros, nos dan un ejemplo de un muíante neutral semejante. Durante la expansión del poder occidental en el siglo XIX los protectorados eran particularmente convenientes porque proveían un control pero con costos limitados en cuanto a la gobernabilidad. Los ejemplos incluyen a Kuwait a fines del siglo XIX, el tratamiento norteamericano dado a Cuba durante la primera parte del siglo xx, y Kosovo luego de la ocupación por parte de la OTAN en 1999 (Lake, 1999; Strang, 1996:24; Oppenheim, 1992:267-27 4; Langley , 1989:21-22).

El ejemplo contemporáneo más interesante de una figura institucional es la Unión Europea (UE). Consistente con las expectativas de un enfoque evolutivo, el status actual de la UE ha emergido de complejas negociaciones a través de un período de tiempo, diseñadas para tratar temas específicos, antes que de algún esfuerzo por cumplir con un bien comprendido conjunto de reglas y normas. La UE tiene territorio, reconocimiento, control, autoridad nacional, autoridad extra nacional y autoridad supranacional. Su estructura está lejos de estar totalmente consolidada. Podría simplemente evolucionar hacia un estado federal convencional. Podría quedar implantada como una nueva forma institucional, una cuyo conjunto de atributos incluya autoridad supranacional y extra nacional. En la actualidad, la UE ya es una estructura que ha desplazado a la soberanía convencional dentro de Europa misma. La UE ha reducido la soberanía westfaliana/ vatteliana de sus miembros, alterado la estructura de sus instituciones políticas domésticas, y ha creado una entidad legal internacional que coexiste con sus estados miembros. En el ámbito internacional más amplio, sin embargo, es una figura institucional que coexiste con entidades políticas que todavía abrazan reglas de soberanía convencionales.

Las instituciones cambian porque las circunstancias, usualmente las materiales, cambian. Históricamente, algunas reglas internacionales han sido aniquiladas cuando entidades políticas con poder asimétrico, previamente distantes entre sí, repentinamente se involucran en confrontaciones militares directas. Si las reglas contemporáneas cambian, esto será como resultado de elecciones increméntales hechas por líderes motivados por cálculos de interés a corto plazo antes que por algún plan comprensivo. En el ambiente contemporáneo resulta difícil identificar porqué o cómo dicho proceso podría iniciarse.


POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL

La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y un factor clave de su desarrollo. Colombia es un país reconocido por su compleja y rica diversidad cultural que se expresa en una gran pluralidad de identidades y de expresiones culturales de los pueblos y comunidades que forman la nación. Como lo plantea la Unesco, la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos, pues crea un mundo rico y variado, que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones.

La vitalidad de la cultura colombiana radica precisamente en su diversidad, el patrimonio más valioso de la nación lítica de Colombia. La atención diferencial es uno de los ejes de las políticas culturales; sin embargo, se advierten, en el conjunto de la acción pública, dificultades para asumir los retos que ésta demanda. Una de las limitaciones identificadas es la deficiencia en la obtención de información adecuada sobre los grupos social y culturalmente diferenciados.

La política pública de diversidad cultural parte de los principios constitucionales que establecen como uno de los fundamentos de la nación su diversidad cultural; así mismo de la obligación del Estado de reconocer, proteger y fomentar la cultura en todas sus manifestaciones y de la garantía constitucional a la libertad de conciencia y de expresión.

Por otro lado, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la Unesco del año 2005 señala que “la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos” y que, por lo tanto, su

objetivo central es “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales”. Sobre estas bases, la política de diversidad en Colombia valora y propende por el reconocimiento de los distintos grupos poblacionales y por el fortalecimiento de su capacidad de apropiación, gestión cultural y salvaguarda de la diversidad de sus expresiones culturales.

La política pública de diversidad cultural hace un especial énfasis en grupos politicos, tiene, como uno de sus objetivos, la creación de condiciones para el desarrollo y fomento de una cultura ciudadana de reconocimiento y respeto por las diferencias culturales.

Busca hacer de la diversidad cultural y el ejercicio de la cultura los factores fundamentales del bienestar, la creatividad social y el desarrollo humano sostenible.

Es un deber del Estado prevenir y sancionar la discriminación y la exclusión social, y corresponde al Ministerio de Cultura, desde su campo misional, promover y fomentar una pedagogía social de reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural, y de prevención de la discriminación y la exclusión social. Esta pedagogía buscará fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y, por ende, de la democracia y la ciudadanía para hacer de Colombia un país incluyente, plural y tolerante que se reconozca en la diferencia.

La política de diversidad cultural tiene como directrices estratégicas las siguientes:

Fortalecer el proceso de apropiación y ejercicio de los derechos culturales de los diferentes grupos poblacionales.

Promover y fortalecer el enfoque diferencial y las acciones afirmativas que contribuyan al reconocimiento y respeto de la identidad e integridad cultural de los grupos étnicos y comunidades locales campesinas y urbanas, a la valoración social de sus expresiones


culturales, y a la remoción de obstáculos que impidan a las personas y comunidades el acceso y disfrute de los activos y bienes de la cultura.

Prevenir la discriminación y la exclusión social, pues es necesario evitar el uso de estereotipos que vulneren la imagen, valores y cultura de los pueblos, comunidades y población social y culturalmente diferenciada.

Adoptar medidas que contribuyan a la salvaguardia, de manera integral, de la diversidad de expresiones culturales de los grupos étnicos y comunidades locales, especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales estén bajo amenaza y puedan correr peligro de extinción o de grave menoscabo.

Fortalecer la capacidad social de los pueblos y comunidades para la gestión social de su patrimonio cultural y la apropiación y el manejo con autonomía de las tecnologías modernas de la información y la comunicación.

Corresponde al Ministerio de Cultura, de acuerdo con su misión, genera las directrices generales para que la incorporación de la dimensión cultural, en las acciones públicas, se constituye en una práctica Permanente de las instituciones. Son asuntos claves en la política pública de diversidad cultural las siguientes acciones:

Implicación del conocimiento sobre los contextos y procesos sociales y culturales de los distintos grupos de población, con énfasis en el ejercicio de los derechos culturales y la interacción entre la cultura y el desarrollo.

Promoción de estadísticas culturales desagregadas que incluyan la dimensión poblacional.

Generación de conocimiento y respeto por la pluralidad de las identidades y la salvaguardia y

fomento de las lenguas indígenas y criollas de los grupos étnicos.

Reconocimiento de la dimensión territorial de la cultura para promover la utilización de cartografía social asociada a la investigación – acción - participativa como herramientas cognitivas, propias de la investigación endógena, que contribuyen a la toma de decisiones y la gestión cultural de las comunidades locales.

Sensibilización de la opinión pública nacional sobre al valor e importancia de la diversidad cultural mediante una estrategia de comunicaciones.

Incorporación transversal, en las acciones del Sistema Nacional de Cultura, de factores diferenciadores como la pertenencia étnica, el género, la discapacidad y la generación.

Desarrollo de programas formativos dirigidos al desarrollo de metodologías y esquemas de inclusión pertinentes para la población en situación de discapacidad, con la generación de ofertas adecuadas a cada tipo de discapacidad y producción de materiales, convocatorias y líneas de trabajo que reconozcan la discapacidad como una expresión de la diversidad y la diferencia.

Apoyo a la conformación de redes sociales para la gestión y el emprendimiento cultural de los grupos poblacionales.

Generación de capacidades en el conjunto de las diferentes instancias de las entidades nacionales y territoriales, en particular del Sistema Nacional de Cultura, para la adopción de metodologías con el enfoque diferencial y la acción sin daño.

Desarrollo de acciones con enfoque de género, que promuevan la equidad y contribuyan además a fortalecer la participación y el papel de las mujeres en la gestión y el ejercicio de los derechos culturales.


Contribución, en coordinación con la Dirección de Artes, al fortalecimiento organizativo de los grupos étnicos, las comunidades locales y grupos de interés para la gestión cultural en procesos colectivos de creación, producción y circulación artística y cultural.

Apoyo, en coordinación de la Dirección de Patrimonio Cultural, a las comunidades en sus iniciativas de inventario, documentación, recuperación y salvaguardia de su patrimonio cultural.

Contribución a los grupos étnicos y comunidades locales para el fomento y transmisión de los saberes tradicionales, asegurando el diálogo intergeneracional, la protección de los sitios sagrados y lugares de importancia para la memoria colectiva, en función del desarrollo propio de los pueblos y comunidades, y como una contribución al desarrollo y bienestar de la nación.

A partir de estas consideraciones generales, la política pública de diversidad espera contribuir al desarrollo de una nación más incluyente, con una ciudadanía democrática que participa en la vida social con un fuerte sentido de identidad y pertenencia con su comunidad, con su localidad y con el conjunto de la nación. Es decir, una ciudadanía respetuosa de las diferencias culturales, consciente y orgullosa de la diversidad de su país y de la riqueza de su patrimonio cultural.

LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Su campo misional, al reconocimiento y fortalecimiento de las iniciativas culturales de los pueblos y comunidades indígenas.

La política pública de diversidad cultural en lo que se refiere a los pueblos indígenas es indicativa. No sobra advertir que las acciones que se desprenden de la misma deben ser concertadas con los pueblos indígenas y sus

comunidades dentro de un espíritu de colaboración y diálogo intercultural, es decir, a partir de la aceptación de otras visiones y otras perspectivas sobre la cultura. Esta política señala unos rumbos y pone de manifiesto las aspiraciones e intereses del Ministerio de Cultura, que no son otros que velar por el reconocimiento y respeto de las culturas indígenas y poder contribuir con las comunidades a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales.

La política pública de diversidad cultural emana de la Constitución Política de 1991 y las normas de ella derivadas, las normas internacionales —tales como el Convenio 169 de la OIT y las convenciones de la Unesco— y las directrices de la legislación cultural nacional.

De acuerdo con el censo de población del año 2005, existen, en Colombia, 87 pueblos indígenas de los cuales, de los cuales 64 conservan aún sus lenguas nativas. La población indígena, de acuerdo al mismo censo, era de 1.378.884 personas lo que corresponde al 3,4% de la población del país. En el siguiente mapa puede verse cómo los resguardos indígenas constituyen grandes áreas continuas en todo el oriente amazónico; cubren extenso territorios de la Orinoquia; ocupan la serranía del Baudó al occidente del país y norte del Chocó, y comprenden la casi totalidad de la Sierra Nevada de Santa Marta y la península de La Guajira en la región Caribe. Los pueblos indígenas han desarrollado en los últimos cincuenta años encomiables procesos de organización social y han logrado importantes avances en materia legislativa y en la reivindicación de sus derechos territoriales que se traducen en más de 30 millones de hectáreas reconocidas como de propiedad colectiva. No obstante estos avances, numerosos problemas afectan a estos pueblos, muchos de los cuales son consecuencia histórica de procesos de pérdida de sus territorios y de mecanismos de subordinación económica y cultural impuestos a sus comunidades.


Resguardos Indígenas de ColombiaLa cada vez mayor integración económica del país ha generado cambios en la vida indígena y no han escapado sus territorios a la acción de los grupos armados al margen de la ley y a la expansión de los cultivos ilícitos. Las secuelas de estos factores han sido la migración indígena a las ciudades, el desplazamiento forzado y también la agudización de la crisis social interna que viven muchas comunidades. La política de diversidad cultural busca orientar la acción pública, en el campo de la cultura, para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de los indígenas.

La política de diversidad cultural parte del reconocimiento y respeto de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas sobre su patrimonio cultural.

En cumplimiento del principio de diversidad cultural, la política reconoce el aporte de los diferentes pueblos indígenas a la construcción y riqueza cultural de la nación. Es una obligación del Estado y de la sociedad en su conjunto velar por la permanencia y fortalecimiento de esta diversidad.

Contribuir con los pueblos y comunidades indígenas para el fortalecimiento en el ejercicio de sus derechos culturales y la salvaguardia de su patrimonio cultural.

Reconocer y visibilizar el legado, valores y manifestaciones culturales de los pueblos indígenas y sus aportes a la construcción de la nación, en el marco del respeto por sus derechos, con el fin de fortalecer la comprensión y sentido de pertenencia de los colombianos a un país culturalmente diverso.

Por esta razón, una directriz de la política pública de diversidad cultural es mantener este enfoque integral reconociendo el valor y la importancia de los territorios y de sus recursos naturales en el mantenimiento y pervivencia de las culturas indígenas.

La política de diversidad cultural reconoce y respeta el valor y papel de los saberes tradicionales en la conservación del patrimonio cultural y natural de la nación.

El Ministerio de Cultura promoverá acciones para que, en las políticas sectoriales, se tengan en cuenta las particularidades culturales de los pueblos indígenas y se reconozcan y respeten sus valores y tradiciones.

Contribuir al fortalecimiento y generación de capacidades en las comunidades para la gestión y salvaguardia de su patrimonio cultural.

Apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en la recuperación y la revitalización de sus tradiciones, historia y centros ceremoniales y en la salvaguardia de los sitios sagrados de sus territorios o de importancia para la memoria colectiva.

Contribuir a fortalecer la presencia indígena en los espacios de decisión del Sistema Nacional de Cultura, para lo cual el Ministerio de Cultura promoverá la realización de los ajustes necesarios y emprenderá una campaña de sensibilización sobre las culturas indígenas que supere los estereotipos y la exotización de las mismas.

Los diferentes planes y programas del Ministerio de Cultura incorporarán el enfoque diferencial para las comunidades indígenas con el fin de promover la producción de sus propios relatos, el fortalecimiento de sus expresiones culturales (música, teatro y danza, entre otros), y el desarrollo de nuevos esquemas de cultural digital y audiovisual, todo en concertación con sus autoridades tradicionales.

Los planes de vida constituyen valiosas herramientas de concertación, planificación y programación para la acción pública. La dimensión cultural no está manifiesta de manera explícita en muchos de ellos. No


obstante esta dificultad, es necesario fomentar, en el Sistema Nacional de Cultura, la práctica de consulta y concertación a partir de estos planes.

El Ministerio de Cultura creará un sistema de información y cartografía donde se divulguen los planes de vida de los diferentes pueblos y los perfiles culturales y muestra de la riqueza ancestral de cada pueblo.

Protección de la integridad cultural de pueblos en riesgo o desplazados

La Corte Constitucional ha identificado 34 pueblos indígenas en riesgo y ha ordenado en su Auto 04 de 2008 la adopción para los mismos de planes integrales de salvaguardia.

El Ministerio de Cultura, por su parte, desarrollará, en el marco de la política de diversidad cultural, una propuesta metodológica para la salvaguardia del patrimonio cultural de los pueblos en riesgo.

En el caso de que esto suceda, además de la atención integral a esta población, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos culturales que genera el desarraigo y buscar que en los lugares de llegada, o en los de retorno, existan las condiciones para que las familias y las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos, prácticas y usos culturales.

Hay una preocupación especial por la suerte de los pueblos de poco contacto con la sociedad mayoritaria o en “aislamiento voluntario”, como es el caso de los ubicados en la zona de interfluvio entre los ríos Caquetá y Putumayo, que deben ser protegidos de manera especial. El Ministerio de Cultura promoverá la adopción de directrices y medidas para la protección de estos pueblos.

Hay un gran desconocimiento, entre las organizaciones indígenas y sus dirigentes, de la legislación cultural. Es propósito de la política

de diversidad cultural contribuir a la adopción de un régimen legal de protección de las expresiones y manifestaciones culturales indígenas como propiedad colectiva de los pueblos y a la salvaguardia del saber tradicional. El Ministerio de Cultura concertará con los pueblos indígenas los mecanismos más adecuados para el desarrollo de las normas relacionas con la Ley General de Cultura, que se refieren a estos pueblos, en especial, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 de 2009 que la reglamenta.

Fomento de las lenguas indígenas

En desarrollo de la Ley de Lenguas —en proceso de expedición— la política de diversidad cultural busca contribuir al fortalecimiento, fomento y salvaguarda de las lenguas indígenas lo que comprende, además del fomento de la investigación lingüística, la enseñanza de la lengua y su utilización en la educación formal, lo mismo que la producción de materiales escritos, en audio, video y medios digitales para su difusión.

Visibilizar, en el conjunto de la población, el valor e importancia de las culturas indígenas y su contribución a la historia y conformación de la nación. El Ministerio de Cultura favorecerá la creación de espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y entre estos y el conjunto de la nación. Los intercambios culturales, las muestras culturales, los encuentros y el uso de tecnologías modernas de comunicación serán las herramientas que contribuirán a este diálogo.

La política de diversidad cultural busca apoyar las iniciativas indígenas de crear protección de los sitios sagrados. Las acciones que se adopten en el marco de la política de diversidad cultural.

En esa dirección se avanzará en la definición de estrategias para la salvaguardia de espacios culturales y sitios sagrados de los territorios de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas


constituyen el entramado cultural que define la historia con futuro de esta nación.

LA POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

Las poblaciones afrodescendientes en Colombia poseen un invaluable legado cultural que tiene sus raíces en la riqueza e inmensidad de las culturas africanas y que adquirió, en el contexto americano, sus propias particularidades.

La política pública de diversidad cultural, en lo que se refiere a los pueblos y comunidades afrocolombianas, es indicativa. No sobra advertir que las acciones que se desprenden de la misma deben ser concertadas con estos pueblos y comunidades dentro de un espíritu de colaboración y diálogo intercultural, es decir, a partir de la aceptación de otras visiones y otras perspectivas sobre la cultura.

Esta política, por ende, establece unas directrices generales y pone de manifiesto las aspiraciones e intereses del Ministerio de Cultura, que no son otros que velar por el reconocimiento y respeto de las culturas de los pueblos y comunidades afro descendientes y poder contribuir a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos culturales.

La política pública de diversidad cultural emana de la Constitución Política de 1991 y las normas de ella derivadas, las normas internacionales —tales como las convenciones de la Unesco— y las directrices de la legislación cultural nacional.

La población afrodescendiente está ligada a la vida y la historia de la nación colombiana. Es vital enfatizar que la presencia de la comunidad afrodescendiente en regiones como los Llanos Orientales, la Orinoquia, la Amazonia o el Eje Cafetero es notable, por tanto es importante desmitificar la idea de que la presencia afrocolombiana se reduce sólo a unas regiones

del país. De acuerdo al Censo de 2005 1.175.320 de personas se encontraba en las zonas rurales.

De acuerdo al Censo Nacional de Población 2005, el 72% de la población afrocolombiana se localiza en las cabeceras municipales, lo que muestra un patrón predominantemente urbano. Esto significa que el 41,8% de la población afrocolombiana se concentra en las 16 principales áreas metropolitanas del país, el 31% en pequeñas ciudades y cabeceras de menos de 50.000 habitantes, y sólo el 26% en el área rural.

Para la política pública de diversidad cultural es muy importante el hecho de que existan, en la actualidad, 149 territorios colectivos de comunidades negras en el Pacífico con un área total de 5.128.829 hectáreas. La región del Pacífico es el principal asiento de la población afrocolombiana tradicional del país. Al interior de la región se suelen diferenciar de manera general los afrocolombianos del Pacífico norte (Chocó) y los del sur litoral de los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. Estas diferencias se advierten en el habla, las tradición oral, la música, la danza, y también en sus estrategias productivas y en su relación con la naturaleza siendo un denominador común la agricultura, la pesca, las actividades forestales y la minería.

Sus orígenes se sitúan en los afrodescendientes establecidos en el Caribe durante el período de la Conquista y posterior colonización por parte de Inglaterra. En la actualidad la población raizal, que habita en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —que posee una extensión territorial de 72 km2—, posee una población raizal de 30.110 personas, de acuerdo al Censo Nacional de Población 2005. Para la política pública de diversidad cultural un sector clave de la población afrocolombiana lo constituyen las comunidades locales, que viven y están organizadas, casi todas, en consejos comunitarios pertenecientes a los territorios


colectivos titulados en desarrollo de la Ley 70 de 1993. Estas comunidades locales rurales son depositarias de una rica tradición cultural que tiene sus raíces tanto en las complejas culturas africanas de origen de la diáspora, como en el particular proceso de creación cultural que se dio en el contexto americano. La salvaguardia y el bienestar de estas comunidades son un factor vital para la pervivencia de la diversidad, el fortalecimiento de la identidad de la nación, y el mantenimiento de la riqueza cultural de los colombianos.

Durante los días 16 y 17 octubre de 2008, los ministerios e instituciones de cultura de 17 países de América, África y de España suscribieron la Declaración de Cartagena de Indias, Colombia: agenda afrodescendiente en las Américas 2009- 2019. En ella analizaron el ejercicio de los derechos culturales y concluyeron que la cultura y la diversidad de sus manifestaciones constituye un elemento fundamental de la identidad, el desarrollo y el bienestar de las naciones y que existen, en la población afrodescendiente de todos los países, una fuerza y un sentimiento común de unidad y solidaridad que se nutren de la memoria colectiva de la diáspora y de la rica herencia africana, y que se expresan y se recrean en la diversidad de sus manifestaciones culturales y espirituales.

En la Declaración de Cartagena de Indias se adoptó el compromiso de integrar progresivamente en las políticas de cultura acciones conducentes a garantizar a la mayoría de la población afrodescendiente el acceso a bienes y servicios culturales pertinentes y de calidad, con especial énfasis en las nuevas tecnologías; a apoyar y fortalecer la generación y divulgación de estudios y sistemas de información sobre la situación de las comunidades afrodescendientes, su patrimonio cultural y espiritual, así como sus creaciones artísticas e intelectuales para la formulación de políticas culturales, y a promover que los sistemas educativos revaloricen y restablezcan la memoria histórica del aporte de los

afrodescendientes a la construcción de nuestras naciones.

De igual manera, los países que suscribieron la citada Declaración se comprometieron a avanzar en la revisión de los textos y materiales educativos sobre su historia para hacer visible la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las naciones; a crear centros y programas para el estudio, documentación y fomento de las lenguas nativas y criollas, sus ricas variaciones dialectales y la tradición oral y literaria de los afrodescendientes; a apoyar la visibilización del aporte de la población afrodescendiente a la construcción y desarrollo de los países, sus regiones y localidades a través de los museos nacionales y comunitarios; a conmemorar oficialmente la abolición de la esclavización; a promover, en el marco de la misma Declaración, una campaña de sensibilización en los diferentes países que propenda por el auto-reconocimiento y la afirmación de la población afrodescendiente en sus valores y su patrimonio cultural y espiritual; a recomendar a los gobiernos incluir la variable de pertenencia étnica, por auto-reconocimiento, en los censos de población y encuestas de hogar y calidad de vida, y a establecer un programa de becas, intercambios y pasantías de investigadores de la cultura, artistas, maestros y gestores culturales para el avance y el conocimiento de las comunidades afrodescendientes.

Consideraciones de la Declaración de Cartagena de Indias, Colombia: agenda afrodescendiente en las Américas 2009-2019

La cultura y la diversidad de sus manifestaciones constituyen un elemento fundamental de la identidad, el desarrollo y el bienestar de las naciones.

Existen, en la población afrodescendiente de todos los países, una fuerza y un sentimiento común de unidad y solidaridad que se nutren de la memoria colectiva de la diáspora y de la rica herencia africana y que se expresan y se


recrean en la diversidad de sus manifestaciones culturales y espirituales.

Es un deber de los gobiernos prevenir estos riesgos y valorar, apoyar y hacer visibles las manifestaciones culturales de los afrodescendientes como una fuerza vital en los procesos de desarrollo y el bienestar de nuestras naciones.

Situaciones de pobreza y exclusión social afectan amplios sectores de población afrodescendiente y las políticas culturales deben contribuir, en el marco de las políticas públicas, al cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas.

Es necesario avanzar en la consolidación de un entorno institucional favorable y en la adopción de medidas que contribuyan a fortalecer, de manera permanente, el diálogo intercultural para asegurar la implementación de políticas públicas de inclusión social.

La riqueza de las expresiones artísticas y espirituales del patrimonio cultural afrodescendiente es un factor de desarrollo que se debe salvaguardar, fomentar y aprovechar en función del bienestar de las comunidades.

La cooperación cultural entre los países de las Américas y los de África debe contribuir a la consolidación de lazos permanentes y sostenibles de unidad, integración y solidaridad.

Mediante los decretos 4181 de 2007 y 4401 de 2008, el Gobierno Nacional creó la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal con el objeto de:

Evaluar las condiciones de vida de la población afrocolombiana, y presentar al Gobierno Nacional las recomendaciones tendientes a la superación de las barreras que impiden el avance de esta población, en los campos

económico y social; así como la protección y realización efectiva de sus derechos.

La Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal concluyó que la sistemática invisibilización, el racismo y la práctica social de discriminación han incidido negativamente en la inclusión social y en el auto-reconocimiento de los afrocolombianos y han afectado su autoestima. Una de las barreras identificadas por la Comisión Intersectorial es el escaso reconocimiento y valoración a la diversidad étnica y cultural como uno de los factores que definen la identidad nacional. En su análisis la Comisión Intersectorial identificó un vacío en los sistemas educativos, los cuales no valorizan la memoria histórica ni el aporte de los afrodescendientes a la construcción de la nación, y propuso, entre otras acciones, desarrollar un programa de salvaguardia de las manifestaciones y tradiciones culturales de las comunidades afrocolombianas. Con estos antecedentes y a partir de las conclusiones de los talleres regionales realizados por la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura se formula- ron los principios y directrices de la política de diversidad cultural que se exponen a continuación.

La política de diversidad cultural busca orientar la acción pública con el fin de garantizar y fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de los afrodescendientes, y elevar así la capacidad de gestión de las comunidades locales y sus consejos para la gestión y salvaguardia integral de su patrimonio cultural.

La política de diversidad cultural parte del reconocimiento y respeto de la autonomía de las comunidades afrodescendientes respecto a su patrimonio cultural. En cumplimiento del principio de diversidad cultural, la política reconoce el aporte de los afrodescendientes a la construcción y riqueza cultural de la nación. Es, por tanto, una obligación del Estado y de la sociedad, en su conjunto, velar por la


permanencia y fortalecimiento de esta diversidad.

Es una obligación del Estado remover los obstáculos que impiden, a las comunidades afrodescendientes, el ejercicio de sus derechos culturales y el acceso y disfrute de los activos y bienes de la educación y la cultura.

La población, su cultura y el territorio, en los territorios colectivos de comunidades negras y comunidades locales, constituyen una unidad inseparable que debe ser entendida de manera integral. Las comunidades y sus consejos son los sujetos y principales actores de las medidas y acciones de salvaguardia del patrimonio cultural de sus territorios.

La política de diversidad cultural se propone desarrollar dos objetivos principales:

Contribuir con los pueblos y comunidades afrocolombianas para su fortalecimiento en el ejercicio de los derechos culturales, en la gestión y en la salvaguardia de su patrimonio cultural.

Reconocer y visibilizar el legado, los valores y las manifestaciones culturales de los afrodescendientes y sus aportes a la construcción de la nación, en el marco del respeto por sus derechos, con el fin de fortalecer la comprensión y sentido de pertenencia de los colombianos a un país culturalmente diverso.

El Ministerio de Cultura promoverá acciones para que, en las políticas sectoriales, se tengan en cuenta las particularidades culturales de las comunidades afrodescendientes y se reconozcan y respeten sus valores y tradiciones. De igual manera, seguirá alentado la colaboración y el entendimiento entre las instituciones para la implementación de las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal promovida por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio

del Interior y de Justicia y el Ministerio de Cultura.

Contribución desde la cultura a la erradicación de la discriminación y la exclusión social. Es un deber del Estado combatir la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. El Ministerio de Cultura pondrá los medios a su alcance para desarrollar una estrategia de pedagogía cultural para la prevención del racismo y la discriminación.

La política de diversidad cultural reconoce y respeta el valor y el papel de los saberes y las culturas tradicionales de los afrodescendientes en la conservación del patrimonio cultural y natural de la nación.

La política de diversidad cultural dará prioridad a la creación de capacidades en los consejos comunitarios de los territorios colectivos o de comunidades afrocolombianas, y sus juntas, para la gestión, recuperación, fortalecimiento y salvaguardia de su patrimonio cultural y a la conformación de una red organizativa de gestores, agrupaciones culturales, autores e intérpretes artísticos afrocolombianos.

Contribuir al fortalecimiento y generación de capacidades en las comunidades para la gestión y salvaguardia de su patrimonio cultural. De manera especial se apoyarán las iniciativas de los consejos comunitarios, las redes culturales afrocolombianas y las organizaciones de mujeres.

Fortalecer la presencia y participación de los afrodescendientes en los espacios de decisión del Sistema Nacional de Cultura.

El Ministerio de Cultura seguirá adecuando sus convocatorias para que los pueblos y comunidades afrocolombianas desarrollen sus iniciativas de fortalecimiento cultural, salvaguardia de sus expresiones culturales, documentación y comunicación de su patrimonio, y de su utilización en las estrategias y contenidos educativos.


Fortalecimiento de la memoria histórica

Promover, a través del Sistema Nacional de Cultura, el conocimiento y la divulgación a nivel nacional de las artes, el pensamiento y las obras de autores afrocolombianos.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de recuperación y resignificación de las historias locales de los municipios y comunidades afrodescendientes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993, promover, en el sistema educativo, la revalorización de la memoria histórica, los valores culturales y el aporte de los afrodescendientes a la construcción de la nación.

Creación, en el Museo Nacional, de una sección dedicada a la memoria y contribución de los afrodescendientes a la nación.

Fomento de las lenguas de los pueblos raizal y palenquero

En desarrollo de la Ley de Lenguas, contribuir al fortalecimiento, fomento y salvaguarda de las lenguas de los pueblos raizal y palenquero lo que comprende, además del fomento de la investigación lingüística, la enseñanza de la lengua y su utilización en la educación formal, lo mismo que la producción de materiales escritos, en audio, video y medios digitales para su difusión.

Visibilizar, en el conjunto de la población, el valor e importancia de las culturas de los afrodescendientes y su contribución a la cultura y conformación de la nación. El Ministerio de Cultura favorecerá la creación de espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y entre estos y el conjunto de la nación.

Fortalecer y desarrollar campañas de valoración y reconocimiento de la diversidad cultural.

Prevención de la discriminación y la exclusión social

Contribuir, en el marco de las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal y desde los objetivos misionales del Ministerio de Cultura, a la formulación de acciones afirmativas para superar la brecha de desigualdad e inequidad que vive la mayoría de la población afrodescendiente.

Contribuir a la superación de las barreras que impiden la inserción efectiva de la población afrocolombiana, palanquera y raizal en la educación y la cultura.

Apoyar las iniciativas de los afrocolombianos en cuanto a la creación de portafolios de iniciativas culturales para que se garantice la muestra, circulación y comercialización de sus productos culturales de manera digna y adecuada, el respeto por los derechos de propiedad individual y colectiva, y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados.

Protección de la integridad cultural de las comunidades, especialmente rurales, en riesgo o desplazadas. En el caso de que éste suceda, además de la atención integral a esta población, se deben adoptar las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos culturales que genera el desarraigo y buscar que, en los lugares de llegada o en los de retorno, existan condiciones para que las familias y las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos, prácticas y usos culturales.

Existen vacíos legales que deben ser superados, en especial los relacionados con la salvaguardia del patrimonio cultural afrocolombiano y la protección de los derechos colectivos de propiedad intelectual.

El Ministerio de Culture primavera la reflexión y búsqueda de alternativas, desde su campo


misional, para que se adopte, en el país, un régimen especial de reconocimiento de la propiedad colectiva.

Es un propósito de la política de diversidad cultural contribuir a la adopción de un régimen legal de protección de las expresiones y las manifestaciones culturales de los afrocolombianos como propiedad colectiva de los pueblos, y a la salvaguardia del saber tradicional. El Ministerio de Cultura concertará, con las comunidades y organizaciones, los mecanismos más adecuados para el desarrollo de las normas relacionas con la Ley General de Cultura, que se refieren a las comunidades afrodescendientes de los territorios colectivos, en especial, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 de 2009 que la reglamenta.

Integración regional y afianzamiento de las relaciones de amistad y cooperación con los países de África

El Ministerio de Cultura promoverá un programa de internacionalización de la cultura afrocolombiana y su articulación con el movimiento mundial de diáspora africana, dando cumplimiento a lo suscrito en la Declaración de Cartagena de Indias, Colombia: agenda afrodescendiente en las Américas 2009-2019.

De igual manera, fomentará el establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación regional, en especial con el Caribe, Brasil y los países andinos con población afrodescendiente, para la investigación, integración y divulgación de la historia y el papel de los afrodescendientes en la construcción de las Américas.

También fomentará este intercambio y la circulación regional de las expresiones culturales de los afrodescendientes, lo que se hará extensivo a los países africanos de la diáspora.

DERECHOS FUNDAMENTALES

La democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, incluso llegar hasta espacios supranacionales…

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 Colombia se convirtió formalmente en uno de los países más democráticos del mundo. La Carta del 91 entronó la democracia participativa para complementar y ampliar la abstracta democracia representativa, e inclusive, les dio rango constitucional a organismos de participación ciudadana como el Consejo Nacional de Planeación.

Luego, se pretendió desarrollar la democracia participativa con una completa ley de mecanismos de participación ciudadana (ley 134 de 1994) que dotó a los colombianos de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales.

Apareció paulatinamente toda una serie de legislación especializada para promover la participación en diferentes campos como: el juvenil (ley 375 de 1997), el ámbito escolar (ley 115 de 1994), la agenda de paz (ley 434 de 1998), en la cultura (ley 397 de 1997), en la justicia (ley 294 de 1996), entre otros. De este proceso surgieron organismos novedosos como los consejos de cultura, juventud, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad, los comités de vigilancia. Toda una serie de espacios, instituciones y marcos legales dispuestos para facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas.

Pero si bien es cierto en el campo legal hubo toda una revolución democratizadora, en la realidad nuestro sistema político y social fueron muy pocos los avances para superar el


autoritarismo, la exclusión y los vicios políticos de fondo. En la práctica poco ha cambiado, nuestra forma de asumir lo público siguió marcada por la violencia, por una mayor apatía y un creciente individualismo. Nuestra democracia no se ha fortalecido, como era la intención de la Constituyente, por el contrario luce más impotente ante los nuevos y mayores retos que le imprimió la Carta del 91. Por todo esto la democracia colombiana se terminó desenvolviendo durante todos estos años entre dos realidades tan disímiles, tan desconocidas entre si y tan incoherentes: la maravillosa realidad constitucional, la enredada realidad legal y la trágica realidad social.

Algunas preguntas nos sirven de punto de partida para analizar nuestra democracia 'participativa'. Por ejemplo, en una democracia participativa ¿debería el gobierno concertar la implementación de multimillonarios incentivos a transnacionales extranjeras? ¿Deberían concertar las fumigaciones con las poblaciones afectadas? ¿Deberían solicitar la opinión a los ciudadanos para firmar el TLC con los Estados Unidos? ¿Deberían preguntarnos sobre la decisión de comercializar nuestros bosques y selvas o la privatización del agua? Obviamente la respuesta es Sí, pero la realidad nos dice No.

A pesar de todo el desarrollo Constitucional y legal que tiene Colombia en materia de participación, hemos visto como la dinámica política y la toma de decisiones van en contravía y se inscriben más en procesos cerrados, unilaterales y excluyentes. La excesiva concentración de poder en cabeza del ejecutivo impide, inclusive, el perfecto desarrollo de la representación democrática que se expresa a través de los órganos colegiados. Los concejos municipales y las juntas administradoras locales, las asambleas departamentales y hasta el Congreso de la República, terminan sumidos en muchas ocasiones a los intereses y prerrogativas del gobierno de turno, y dejando a un lado su función de representar por medio de sus decisiones a los intereses ciudadanos que los

convocan y mucho menos cumplen su función de control político, pilar fundamental de la democracia.

En el orden de ideas que la democracia participativa complementa, suple y fortalece la democracia representativa, la participación ciudadana, entendida en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, es un escalón superior en la democratización de nuestro sistema social. Sin embargo primero debemos comenzar por construir un sistema de representación independiente frente al ejecutivo, transparente frente a las decisiones públicas y responsable hacia los ciudadanos, sin esto, la complementariedad de la participación es imposible o inútil.

Además, nuestra democracia participativa no pasará de ser un simple sofisma de distracción mientras no existan gobiernos comprometidos con generar las condiciones para la participación real de los ciudadanos y grupos de la sociedad civil preparados, activos y conscientes de sus derechos a conquistar y de los deberes que deben cumplir para hacer realidad los postulados democráticos.

Por esto, la democracia participativa debe salirse de las leyes y poblar las calles, las aulas escolares, las universidades, los barrios y comunas, los municipios, departamentos y el país, e incluso llegar hasta espacios supranacionales que permitan la participación de todos en decisiones sobre asuntos regionales o globales como la firma de tratados de libre comercio, o la suscripción de tratados internacionales de protección del medio ambiente, la lucha mundial antidrogas o el combate al terrorismo.

La democracia es un modo de vida que exige compromiso, tolerancia y concertación, lo demás es seguir repitiendo un discurso desgastado por el autoritarismo que impera en la cotidianidad de nuestras relaciones tanto públicas como privadas.


Participación ¿para qué?

Primero que todo hay que hacer una salvedad inobjetable: la participación es un medio no un fin., Participamos para alcanzar una meta, un logro, un proyecto compartido de país. Nuestra democracia es participativa porque nuestro Estado tiene unos fines que ha estipulado cumplir por medio de la participación ciudadana.

En Colombia, al establecerse el Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991, la participación se convirtió en la herramienta idónea para materializar la justicia, la libertad y la igualdad. Debemos participar para superar los privilegios, las injusticias y los atropellos y, además, por que la inclusión ciudadana nos acerca a una mayor convivencia pacífica, a un mutuo respeto por los derechos humanos y a la construcción, en la diferencia, de un país comprometido con la dignidad humana.

Sin embargo, participar por participar parece ser la consigna y la forma cómoda como los gobiernos han decidido ejercer la democracia. Participar sin poder de decisión es una invitación falaz que recorre las agendas de los consejos de paz, de planeación, juventud o cultura; participación vacía que lleva al desgaste de las formas de organización de la sociedad civil, aumenta su apatía hacia lo público y termina causando el efecto contrario que buscaba la democracia participativa. Los ciudadanos y con ellos la participación han quedado inmersos en aparatos inoperantes que han terminado por profundizar la exclusión, la desconfianza y el distanciamiento con lo público, mientras las decisiones importantes se toman en círculos cerrados o en pequeñas tecnocracias alejadas por completo de nuestra realidad social.

La indiferencia ciudadana y la falta de voluntad política de los gobiernos para establecer la democracia participativa, es un fenómeno que se presenta desde lo local hasta lo nacional y que muestra una grave situación estructural

que merece un acercamiento más cultural, sociológico y antropológico que el meramente jurídico.

Hacia una política pública de todos y para todos

La Constitución de 1991 y su desarrollo legal son un marco significativo para el fortalecimiento de la democracia, marco de acción que solo será real por medio de la apropiación, por parte de la sociedad civil, de los mecanismos, derechos y garantías estipuladas para superar el autoritarismo y la exclusión en la elaboración de las políticas públicas.

Por esto, la participación debe responder a la gran diversidad étnica, cultural, política y social que posee el país. Deben propiciarse espacios incluyentes, amplios y representativos de las distintas expresiones ciudadanas, en un proceso de tolerancia, igualdad y respeto por las opiniones encontradas.

Realizar una apuesta por la democracia implica hacer de los espacios de participación organismos vivos, activos y decisorios en la vida local y nacional, no simplemente espacios consultivos que terminan por obviarse, ignorarse al no ser tenidos en cuenta.

Por esto los consejos de juventud no pueden convertirse en aparatos sin rumbo o en espacios de reproducción de nuestro dañino sistema político y electoral, su composición y ejercicio, deben representar por el contrario la renovación de la forma de hacer política en Colombia encarnada en el liderazgo de las nuevas generaciones. Los consejos de planeación deben ocupar el sitio protagónico de la planeación territorial que les dio la Constitución del 91, y ser poblados por personas que representen verdaderos intereses ciudadanos y faciliten la conexión del Estado con la sociedad. Los consejos de cultura están llamados a rescatar los valores esenciales para la construcción de identidad, a ser canales a través de los cuales dialogue nuestra enorme


diversidad y se llegue a plasmar la tolerancia en la diferencia a través de planes culturales amplios, representativos y constructores del sentido de nación y no simplemente reuniones de artistas cercanos a las administraciones y sin poder real de toma de decisiones. La Justicia Comunitaria debe avanzar más allá de ser una estrategia de descongestión de despachos judiciales y construir un proyecto político para acercar la ley y la justicia a nuestros complejos contextos sociales, económicos y culturales. Los consejos de paz deben ser la fuente de la unidad en la construcción de la política de reconciliación nacional; su integración debe ser un motivo de la más alta responsabilidad por cuanto su labor significa el paso para avanzar hacia una sociedad para la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la superación de los factores esenciales del conflicto.

La sociedad colombiana necesita no solo ser objeto de políticas públicas, sino ante todo ser sujeto activo de espacios de transformación social, cultural y política. Mejor dicho, requiere para su cabal reconocimiento que se le brinde 'participación' en el más amplio sentido de la palabra. Participación en la construcción activa de la materia y la simbología social, participación como posibilidad de ejercer su influencia en el país en los procesos sociales, económicos y políticos que le competen, y participación para buscar conjuntamente en la diferencia, las salidas a nuestra terrible enfermedad bélica.

Mecanismos de Participación Política

El artículo 2º de la Constitución Nacional consagra como fin fundamental del Estado el principio de la participación. De acuerdo con este artículo, al Estado le corresponde "facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación".

El Voto: Es el acto mediante el cual un ciudadano participa de manera activa en la elección de las personas que quieren que las representen o en la adopción de una decisión, pronunciándose en uno y otro sentido.

El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la República para apoyar o rechazar una determinada decisión del ejecutivo. El más famoso plebiscito en la historia reciente fue el que abrió las puertas al Frente Nacional.

El Referendo: Es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

El Referendo Derogatorio: Es cuando se coloca a consideración del ciudadano el sometimiento de un acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local, en algunas de sus partes o en su integridad, para que el pueblo decida si la deroga o no.

El Referendo Aprobatorio: Es cuando se coloca a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza, total o parcialmente, el sometimiento de un proyecto de acto legislativo, una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local y una iniciativa popular que no haya sido aprobada por la corporación pública correspondiente.

La Consulta Popular: Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local es sometida por el Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar a una Asamblea Constituyente, las


preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.

El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.

La Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

La Revocatoria del Mandato: Es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a un Alcalde.

Mecanismos para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos

Los Mecanismos de Protección Ciudadana son los instrumentos instituidos para proteger una eventual o real pérdida, vulneración o amenaza de derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, que se ejercen mediante acción judicial, y cuando fuere posible restituir las cosas a su estado anterior.

Acción de Tutela: Es un mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario. Procede para la protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales

cuando éstos resulten vulnerados o amenazados ya sea por autoridad pública o particulares. No procede cuando existan otros medios de defensa judicial.

Acción de Cumplimiento: Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

Acciones Populares y de Grupo: Los derechos e intereses colectivos y del medio ambiente son susceptibles de proteger mediante estas acciones, y así evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio, o de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior.

El Derecho de Petición: Es un derecho fundamental que tiene toda persona, para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones privadas que establezca la ley. Sirve para obtener una pronta resolución a un asunto concreto, ya sea queja, manifestaciones, reclamos o consultas. La violación del Derecho de Petición por parte de las autoridades o de los particulares encargados del servicio público, puede conducir a que este derecho sea tutelado.

El derecho de petición se encuentra consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y puede ejercerse por interés, general o particular, petición de informaciones y formulación de consultas.

Peticiones de interés particular o general: cuando se hace llegar a las autoridades la solicitud del peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa, con miras a que se tomen las medidas pertinentes, sean éstas de carácter individual o colectivo. El término de respuesta corresponde a los 15 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.

Solicitud de información: cuando se pide a las autoridades, para que éstas den a conocer


cómo han actuado en un caso concreto, expidan copias y/o den acceso a documentación que reposa en la entidad, entreguen información general sobre la entidad, para lo cual se tiene un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de radicación para su respuesta.Consultas: cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones y competencias que deben ser resueltas dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.

Quejas: Se presenta cuando se pone en conocimiento de las autoridades respetivas, conductas irregulares de empleados oficiales o de particulares a quienes se les ha atribuido o adjudicado la prestación un servicio público. Deben ser resueltas en 15 días hábiles.

Reclamos: Se presenta cuando se notifica a las autoridades de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio público. Deben ser resueltos en 15 días hábiles.

Manifestaciones: Se presenta cuando se hace llegar a las autoridades la opinión del peticionario sobre una materia de actuación administrativa. Deben ser resueltas en 15 días hábiles.

Peticiones de información: Cuando se formulan a las autoridades para que: 1. Den a conocer cómo ha actuado en determinados casos. 2. Permitan el examen de documentos que reposan en una oficina pública. 3. Expidan copia de documentos que reposan en las oficinas públicas. Deben ser resueltas en 10 días hábiles.

Habeas Corpus: Es un mecanismo para la protección del derecho a la libertad individual, procede cuando alguien es capturado violándose las garantías constitucionales o legales, o cuando se prolongue ilícitamente la privación de la libertad.

Habeas Data: Es la garantía constitucional que protege el derecho a la autodeterminación informativa.

Acción de Cumplimiento: Es un mecanismo mediante el cual toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos. No procede para la protección de derechos que pueden ser garantizados mediante la Acción de Tutela o cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo.

Mecanismos de Control Ciudadano para la Vigilancia de la Gestión Pública

Los ciudadanos de manera individual o colectiva pueden participar en la vigilancia de los actos de la administración pública desde la toma de decisiones en el proceso de planeación, hasta el control de la ejecución de los recursos de inversión del Estado. Igualmente, la ley 489 de diciembre de 1998, señala en el capítulo octavo, artículo 32, sobre Democratización y control social de la administración pública, que: "Todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello, podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública".

Audiencias Públicas: Cuando la administración lo estime conveniente y oportuno, se podrán convocar audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de las entidades y, en especial, cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Igualmente las comunidades y las


organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada.

Ejercicio del control social de la administración: Cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismos de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control.

Veeduría ciudadana: Es un mecanismo activo para el ejercicio de la vigilancia y el control de la función pública, que complementa otros mecanismos e instrumentos consagrados en la Constitución y las leyes como las acciones populares y la acción de tutela, entre otros.

Las veedurías surgen de manera simple y espontánea, también pueden constituirse mediante la conformación de una asociación no gubernamental, representativa de determinados intereses sociales, o pueden ser pactadas legal o contractualmente.

El principio de democracia participativa no sólo permea el ejercicio del poder público y social, sino además penetra ámbitos de la vida privada. En efecto, la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país es elevada al estatus de deber constitucional de la persona y del Estado.

48. La energía ni se crea, ni se destruye, sólo se transforma. Esta ley rige el uso y la circulación de energía para todos los sistemas vivos. De acuerdo con esta ley, si en un ecosistema en equilibrio entra más energía que la que sale, podemos suponer que con mayor probabilidad dicho ecosistema

A. está invadido por una plaga que retiene la energía sobranteB. está aumentando su biomasa ya que la energía se almacena en esta formaC. tiene exceso de herbívoros que reclaman más energíaD. está en su máximo desarrollo y no utiliza toda la energía disponible

49. La competencia interespecífica es una relación que se establece entre organismos de diferentes especies. Siempre que existe competencia entre especies las dos especies resultan perjudicadas en alguna medida. Teniendo en cuenta esta definición amplia de este tipo de relación, se puede plantear que NO es una condición necesaria para que se establezca competencia entre dos especies el que sus organismosA. se parezcan morfológicamenteB. necesiten un mismo recurso limitadoC. coexistan en un mismo hábitatD. compartan parte de su nicho

RESPONDA LA PREGUNTA 50 DE ACUERDO CON EL SIGUINTE TEXTO

Las cuevas son objetos naturales altamente sensibles. En el mundo subterráneo aplican otras normas diferentes a las de las superficies. Los seres vivos existen en su mayoría bajo condiciones tan difíciles, que incluso un ligero empeoramiento los lleva a la extinción. Las cuevas necesitan miles de años para crecer y los desechos en estas tardan mucho más en descomponerse que bajo el sol. Múltiples peligros amenazan al mundo subterráneo. Los productos químicos tóxicos entran, a veces por descuido, a las cuevas y dañan el ecosistema. También, los visitantes de cuevas se comportan a veces como vándalos al contaminar las galerías subterráneas, pintarrajeando las paredes y contaminando con antorchas a pesar de las prohibiciones.


Por lo mismo, muchos clubes espeleológicos se ven forzados a cerrar sus cuevas con llaves. Esto es especialmente importante para las cuevas hábitat de murciélagos, porque no se debe molestar a estos animales durante la temporada de frio, cuando hibernan. Entre el 15 de noviembre y el 15 de abril se prohíbe la entrada a estas cuevas. Los visitantes de cuevas deberían apegarse siempre a esta regla: No llevarte más que fotos y recuerdos. No dejar atrás más que las huellas de tus zapatos.

Tomado de: RoBiger (2004). El cerebro. México: Altea. Pp. 38-39.

50. En la expresión “en el mundo subterráneo aplican otras normas (…)”, la frase subrayada puede remplazarse por

A. De los animalesB. De los murciélagosC. De la protecciónD. De las cuevas

cuadernillo quimica 2

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