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Comunicado de Prensa

Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones

8 de noviembre de 2013

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 149o Períodoordinario de Sesiones del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2013. La CIDH está integrada porJosé de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Rosa MaríaOrtiz, Segunda Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-MarieBelle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Durante el 149o Período de Sesiones se celebraron audiencias y reuniones de trabajo, y seaprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejanalgunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en laregión. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías deldebido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales yculturales y del derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los derechos de losniños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, lospueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, laspersonas con discapacidad, y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales eintersexuales, entre otros asuntos.

La Comisión destaca que por primera vez en la historia de la CIDH, una audiencia contó coninterpretación simultánea a lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y emisión detextos de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual. Este servicio se ofreció en latransmisión de la audiencia sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidadmental e intelectual en Perú, y la interpretación a lengua de señas está disponible en el video deesta audiencia en Youtube. La Comisión considera indispensable hacer accesibles las audienciaspara todas las personas con discapacidad, y espera contar en el futuro con los recursosfinancieros necesarios para ampliar este programa a todas las audiencias de la CIDH. Este pasoes una muestra del compromiso de la Comisión Interamericana en la protección y promoción delos derechos de las personas con discapacidad en las Américas.

En el marco del 149 Período de Sesiones, la Comisión fue sede del lanzamiento de dos publicaciones de organizaciones de la sociedad civil. El 31 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hizo la presentación de la publicación "Apuntes sobre lasReformas al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Cambios derivados del Proceso de Reflexión 2011-2013".La presentación estuvo a cargo de su Directora Ejecutiva, Viviana Kristicevic y el Presidente de la CIDH ofreció unas palabras de bienvenida.Asimismo, el 6 de noviembre, Open Society Justice Initiative lanzó su informe " De los Derechos a las Reparaciones: Estructuras y

estrategias para implementar decisiones internacionales de derechos humanos". En dicho evento fueron panelistas el Comisionado FelipeGonzález, el Oficial de Incidencia de Open Society, Christian De Vos, y la Profesora Alexandra Huneeus de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Wisconsin.

El acto de clausura del 149º Período de Sesiones tuvo lugar el 7 de noviembre de 2013 en el Salón Simón Bolívar del Edificio Principal de laOEA. Asistieron delegaciones de Estados Miembros y Observadores Permanentes, así como representantes de la sociedad civil.

La participación en las audiencias

La Comisión Interamericana destaca muy especialmente la participación en las audiencias de diversas agencias e instancias de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU). El Relator de la ONU contra la Tortura, Juan Méndez, participó en la audiencia sobre lasituación de derechos humanos de las personas detenidas por Estados Unidos en la base naval en Guantánamo, Cuba. Por su parte, elRelator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, participó en la audiencia sobre vigilancia de

Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo

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comunicaciones por parte de Estados Unidos. La Oficina Regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentóinformación sobre la situación de derechos humanos de las niñas en América Latina y el Caribe en una audiencia solicitada por esa agenciainternacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) participó en la audiencia sobre lasituación de derechos humanos de los refugiados en las Américas. La Comisión Interamericana valora y destaca este trabajo conjunto delsistema regional y el sistema internacional de derechos humanos a los efectos de mejor proteger y promover la vigencia de los derechoshumanos en la región.

Cuando las víctimas y organizaciones de la sociedad civil acuden a las audiencias ante la Comisión, confían en poder encontrar unarespuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos. Como resultado de las audiencias, la Comisión puedeadoptar una serie de decisiones en el ámbito de su mandato respecto de las cuales los propios Estados serán sus destinatarios. En estesentido, el modelo de funcionamiento del sistema interamericano, y en general, de la justicia internacional, requiere la participación activade los Estados, precisamente por ser ellos los propios garantes de los derechos de las personas que viven en sus jurisdicciones. De estamanera se entienden los sistemas de monitoreo internacional construidos por los Estados democráticos.

Bajo el espíritu de lo señalado, la Comisión expresa su preocupación ante la falta de comparecencia del Estado de Ecuador a las audienciassobre el derecho a la libertad de expresión y asociación y sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en ese país. Parala Comisión las audiencias son un espacio prioritario de diálogo con los Estados y la sociedad civil. La participación activa de representantesde la sociedad civil y de los Estados en las audiencias permite a la Comisión recibir información de primera mano sobre la situación de losderechos humanos en la región. En este sentido, la falta de comparecencia del Estado de Ecuador obstaculiza el cumplimiento del mandatoque le fue asignado por los propios Estados a la Comisión, lo cual a su vez tiene un efecto negativo sobre el goce de los derechos humanosde todos los habitantes de Ecuador. La participación en audiencias y reuniones es una contribución esencial al fortalecimiento del trabajo deprotección de los derechos humanos de toda la región. La Comisión lamenta la ausencia de representantes del Estado de Ecuador en estasaudiencias, y manifiesta su apertura y compromiso para con dicho Estado a fin de contribuir en el ámbito de sus atribuciones a superarcualquier obstáculo que pudiera incidir en su participación futura en los períodos de sesiones.

Asimismo, la CIDH lamenta la limitada participación del Estado de los Estados Unidos en las audiencias sobre la situación de derechoshumanos de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo, sobre libertad de expresión y vigilancia de comunicaciones por partede Estados Unidos, sobre derechos humanos de los migrantes y reformas legislativas en Estados Unidos, y sobre el Caso 12.831 y laMedida Cautelar 160/11 referidas a Kevin Cooper. La delegación que concurrió a las audiencias en representación del Estado informó queno había podido preparar las audiencias debido al cierre del Gobierno en octubre, lo cual había sido anunciado en una carta fechada el 18de octubre de 2013. Los representantes del Estado informaron que enviarán su respuesta por escrito en un plazo de 30 días. La Comisiónespera recibir dichas respuestas en el plazo estipulado.

Adicionalmente, la CIDH expresa su preocupación ante la postura expresada por algunas delegaciones estatales de que para convocar auna audiencia sobre un tema, se deben antes agotar recursos internos. La Comisión estima indispensable aclarar que las audienciastemáticas son uno de los mecanismos de monitoreo que la CIDH utiliza para mantenerse informada acerca de la situación de los derechoshumanos en la región, en cumplimiento de su mandato. El agotamiento de recursos internos es un requisito para tramitar denuncias en elsistema de peticiones y casos, herramienta que la Comisión utiliza para dar respuesta a violaciones a los derechos humanos ocurridas en elpasado, y para las cuales no se logró justicia en la jurisdicción nacional. En este período de sesiones hubo dos audiencias referidas a casosen trámite, y 50 audiencias que no se relacionan con el sistema de peticiones y casos, en las que se abordaron diferentes temáticas dederechos humanos, a nivel regional y nacional. Estas audiencias constituyen una herramienta fundamental para visibilizar temas actualessobre situaciones de derechos humanos en los países miembros.

Durante 2013, la CIDH celebró 114 audiencias, lo cual constituyó un récord histórico. Asimismo, se recibieron 374 solicitudes de audiencias,lo cual constituyó otro récord. Las audiencias abordaron temáticas diversas de derechos humanos en 18 países, y también se realizarondiez audiencias regionales. Durante el período de sesiones, el sitio Web de la CIDH recibió 132.000 visitas. La transmisión en vivo de lasaudiencias por Internet fue seguida desde 40.662 computadoras a lo largo y ancho de la región, y también desde otros continentes.Durante la transmisión, los comentarios sobre las audiencias por parte de usuarios de la red social Twitter, donde la CIDH cuenta con40.000 seguidores, llegaron a ser una tendencia en Bogotá y en Buenos Aires. Las fotos de las audiencias en el sitio Flickr de la CIDHregistaron 82.432 visitas durante la semana, mientras que los videos de las audiencias en el canal de la Comisión en YouTube fueron vistos15.619 veces.

Represalias contra personas que acuden a audiencias y reuniones de trabajo

La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas delas personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, deautoridades estatales. Específicamente, la CIDH recibió información según la cual después de la realización de dos audiencias sobreEcuador, altas autoridades ecuatorianas habrían utilizado términos agraviantes al referirse a las personas y organizaciones quepresentaron información en la audiencia. La Comisión considera inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprendaun Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, enejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión recuerda a los Estados que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece queéstos deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a laComisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercerrepresalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Avances en soluciones amistosas

Durante el 149º Período de Sesiones se realizaron cinco reuniones de trabajo sobre casos en solución amistosa ante la Comisión. Es dedestacar el avance alcanzado en el Caso 11.007 - Masacre de Trujillo – Colombia, en la reunión realizada entre representantes del Estadocolombiano y los peticionarios; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear

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Restrepo (CCAJAR). Con el objetivo de reactivar el procedimiento de Solución Amistosa, se firmó un "Acta de Entendimiento", por medio dela cual las partes se comprometieron a reunirse por primera vez en noviembre de 2013 y luego de manera periódica por el termino de unaño, para analizar las propuestas de ambas partes con el fin de construir formulas conjuntas que materialicen un futuro acuerdo desolución amistosa, que garantice los derechos de las victimas, en seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Investigación de

los sucesos violentos de Trujillo (CISVT).

Situación de defensoras y defensores de derechos humanos

La Comisión fue informada sobre la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensores y defensoras de derechoshumanos, actos de violencia en manifestaciones de protesta social, y criminalización de las actividades de defensa de los derechoshumanos en diversos países de la región. Asimismo, la CIDH continuó recibiendo información sobre la falta de adopción de medidasefectivas de protección por parte de los Estados a defensoras y defensores que se encuentran en situaciones de grave riesgo. La CIDHrecuerda a los Estados que las medidas de protección siempre deben ser concertadas con las y los beneficiarios. La CIDH vuelve a instar alos Estados a investigar las fuentes de riesgo a la que los/las defensoras de derechos humanos se encuentran sujetos, y sancionar a losresponsables de tales agresiones y ataques.

Durante las audiencias, la CIDH recibió información sobre criminalización de la protesta social, así como presuntas represalias y usoexcesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas en Brasil, Guatemala y Colombia. Esto incluye la declaración de estados de excepción, enel marco de los cuales el Ejército es utilizado a fin de controlar los actos de violencia que puedan ocurrir en el contexto de protestassociales. En este sentido, la Comisión reitera que la protesta social pacífica forma parte del derecho de reunión y es una herramientafundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, por lo cual los Estados están obligados a asegurar que ningún defensor odefensora sea impedido de reunirse, liderar o participar en una manifestación. Adicionalmente, la Comisión reitera que el control de actosde violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares. Por otra parte, la CIDH continuó recibiendo información sobre el aumento de medidas indirectas que buscan limitar el ejercicio del derechoa defender los derechos humanos en varios países de la región. Particularmente, la CIDH recibió información de que en Brasil, Colombia,Honduras, Cuba y Guatemala se ha hecho uso del derecho penal para criminalizar a las y los defensores mediante imputaciones desupuestos tipos penales tales como “inducción a la rebelión”; “terrorismo” y “sabotaje” o “apología del delito”. Estos procesos sonposteriormente cerrados por falta de pruebas. En este sentido, la CIDH recibió información preocupante sobre la criminalización de laslabores realizadas en Brasil por defensores y defensores indígenas, tribales, afrodescendientes, específicamente aquellas concernientes ala actividad de defensa de territorios ancestrales y demás derechos indígenas. Asimismo, se recibió información acerca de un mecanismo

utilizado por el Estado de Guatemala para criminalizar a las y los defensores, consistente en la apertura de procesos penales sinfundamento, con el fin de detener la actividad de defensa de la persona o de generar un efecto intimidatorio. La Comisión recuerda que,además de la obligación de investigar y sancionar a quienes transgredan la ley dentro de su territorio, los Estados tienen el deber de tomartodas las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman elrespeto y protección de los derechos humanos. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra dedefensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de sutrabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa. En tal sentido, laCIDH retiera que los Estados deben asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipularán el poder punitivo del Estado y susórganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades legítimas como es el caso de las defensoras ydefensoras de derechos humanos.

Adicionalmente, la Comisión fue informada sobre la campaña publicitaria en Guatemala denominada “los rostros de la infamia”. Estacampaña es desarrollada por personas privadas con el fin de deslegitimar el trabajo de las y los defensores. En este sentido, la CIDHrecibió con preocupación información sobre la presunta omisión del Estado guatemalteco de prevenir, investigar y sancionar la actuación depersonas privadas en este tipo de campañas.

Respecto de Cuba, la CIDH recibió información sobre ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y lesionescorporales que estarían sufriendo defensores y defensoras de derechos humanos en ese país. En este sentido, la CIDH recibió conpreocupación información sobre ataques en el contexto de protestas pacíficas realizadas por las “Damas de Blanco”, así como la supuestapersecución contra defensores y defensoras dentro del territorio nacional. La Comisión recibió con preocupación información sobre elestado de salud de Sonia Garro, miembro de las Damas de Blanco y beneficiaria de una Medida Cautelar otorgada por la CIDH en 2012(MC/354/12), quien no estaría recibiendo la atención necesaria por parte del Estado cubano para salvaguardar su vida y su integridadpersonal. La CIDH también fue informada sobre la presunta negativa por parte del Estado cubano en atender en los centros de salud aaquellas personas vinculadas con la actividad de defensa de derechos humanos, inclusive en aquellos casos en los que la o el defensor seencontraría en extrema gravedad. Por otra parte, la Comisión recibió información sobre la presunta actuación sistemática por parte delEstado de Cuba en expulsar y negar el acceso a programas educativos de nivel universitario a los defensores y las defensoras de derechoshumanos, así como a sus familiares. Asimismo, la CIDH fue informada del operativo desplegado por presuntos agentes policiales en elAeropuerto Internacional José Martí en ocasión del regreso al país de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, tras haber participado enuna audiencia en la CIDH.

Independencia Judicial y Operadores de Justicia

La CIDH recibió con preocupación información sobre la falta de independencia judicial en algunos Estados de la región. En especial, laComisión fue informada acerca de las presuntas restricciones que se estarían generando para el proceso de postulación y selección dejueces en Guatemala. La Comisión también recibió información sobre una posible aplicación de “pruebas de confianza” a los operadores dejusticia en Honduras, las cuales consistirían en la aplicación de pruebas de investigación patrimonial, toxicológicas y la aplicación delpolígrafo. Los operadores de justicia han señalado su preocupación respecto a que la implementación de estas medidas se oriente acuestionar la legitimidad de sus labores y que se produzcan injerencias arbitrarias en su vida privada, entre otras. Por otra parte, laComisión recibió información preocupante acerca la existencia de un discurso estigmatizante hacia los operadores de justicia que se

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encuentran realizando procesos vinculados a la sanción de violaciones de derechos humanos. En este sentido, la CIDH fue informada sobrepresuntas declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo y otras autoridades públicas, con el fin descalificar el trabajo realizado pordefensores y defensoras de derechos humanos; y en el caso de El Salvador, presunta existencia de un discurso descalificativo por parte demiembros del Poder Legislativo contra los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La CIDH destaca la importancia de que los Estados ofrezcan garantías de seguridad para que las y los operadores de justicia puedancontinuar con sus labores en condiciones de independencia e imparcialidad. Sobre este punto, la Comisión recuerda que si los Estados nogarantizan la seguridad de sus jueces y magistrados contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias directamentedirigidas a atacar su persona y familia como las dirigidas a afectar su estabilidad y futuro profesional, el ejercicio de la funciónjurisdiccional puede ser gravemente afectado impidiendo la protección judicial a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos yfrustrando el desarrollo libre de la función judicial y de los lineamientos que rigen el debido proceso legal .

Situación de las personas afrodescendientes

La Comisión recibió información sobre un patrón continuado de discriminación sistemática contra las personas afrodescendientes enAmérica Latina y el Caribe. En este sentido, la comisión recibió información estadística y de otros tipos sobre los niveles desproporcionadosde pobreza y de mortalidad infantil, así como otras violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que sufren las personas

afrodescendientes en muchos países, tales como Brasil, Cuba, Colombia, Haití y Honduras. También se recibió información sobrediscriminación basada en la identidad cultural de las personas afrodescendientes, tales como el estilo de peinado. La Comisión destaca quela Relatoría ha hecho y continúa realizando un esfuerzo concertado para aumentar la visibilidad del tema de discriminación sistémica contralos afrodescendientes en las Américas.

La Comisión también recibió información preocupante, dentro del contexto más amplio de desplazamiento forzado, sobre un patrón deamenazas, asesinatos y otras violaciones por parte de grupos armados contra líderes de la Asociación Nacional de Afro-colombianosDesplazados (AFRODES). En este sentido, la Comisión recibió información específica sobre múltiples incidentes de persecución desde 2009.Con referencia a la reciente visita realizada a Colombia, la Comisión destacó que el gobierno ha iniciado una política para dar respuesta aestos asuntos. Sin embargo, la Comisión expresó preocupación sobre la limitada efectividad de estas medidas, dados los problemasestructurales existentes que generan o exacerban las violaciones a los derechos humanos que sufren los afrocolombianos.

En un caso específico que involucra temas raciales, la CIDH celebró una audiencia sobre el fondo en el Caso 12.831 (Kevin Cooper), relativoa la aplicación de la pena de muerte en el estado de California, Estados Unidos. La Comisión recibió un testimonio grabado de KevinCooper, quien se encuentra privado de libertad en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin desde 1985. En dicho testimonioCooper afirmó ser inocente y haber sido condenado por ser afrodescendiente. Refiriéndose a la alegada atmósfera de odio racial en la quefue procesado y condenado, mencionó la colocación frente a la corte de un muñeco de simio ahorcado con un letrero que contenía uninsulto racial. Por su parte, los peticionarios se refirieron a presuntas violaciones al debido proceso y falta de defensa adecuada, así como ala alegada presentación de pruebas falsas y ocultación de información exculpatoria por parte del Estado. Según los peticionarios, el Estadohabría concentrado todos sus esfuerzos en recopilar pruebas para implicar a Cooper, ignorando pruebas que demostraban que losverdaderos autores del delito fueron tres hombres blancos.

Situación de los pueblos indígenas

En las audiencias realizadas durante el 149° periodo de sesiones, la CIDH continuó recibiendo información preocupante sobre la situaciónde derechos humanos de los pueblos indígenas en distintos países de la región, vinculada principalmente a la persistente amenaza eimpacto de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en sus territorios ancestrales; lapersecución, estigmatización y criminalización de autoridades ancestrales, líderes y lideresas indígenas por motivos vinculados a la defensade sus territorios; la falta de implementación de medidas efectivas para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario enPerú; y el impacto del conflicto armado en los pueblos indígenas en Colombia y su situación en el contexto del proceso de paz.

La CIDH recibió información por parte de representantes de pueblos indígenas de Honduras, Ecuador y Colombia sobre el impacto deplanes y proyectos de desarrollo, inversión y explotación de recursos naturales en el goce efectivo de sus derechos sobre la tierra, elterritorio y los recursos naturales. De acuerdo a pronunciamientos de dirigentes y organizaciones indígenas ante la CIDH, planes yproyectos -tales como concesiones mineras, explotación petrolera, represas hidroeléctricas, inversiones en turismo, explotación madererao establecimiento de áreas protegidas- se vienen programando e implementando sin la realización de una consulta previa, libre einformada. En palabras de una autoridad indígena de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, “No estamos viviendo en paz. Nos estáncausando impacto muy negativo”. Según dieron a conocer a la Comisión, entre los efectos que tienen estos proyectos se cuentan ladegradación medioambiental profunda, la destrucción del territorio ancestral, el desplazamiento de comunidades enteras, la irrupción deactores no indígenas en los territorios, la afectación de las estructuras de organización social y en última instancia, la extinción física ycultural de los pueblos respectivos.

La CIDH expresa su profunda preocupación por el desconocimiento generalizado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en elcontinente, a pesar de la existencia de estándares interamericanos que indican la obligación de los Estados miembros de la OEA de velarpor el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. En particular, la CIDHreitera el llamado hecho a los Estados al cumplimiento efectivo de su obligación de consultar y en su caso, obtener el consentimiento de lospueblos indígenas en las decisiones relativas a cualquier medida que los afecte, de modo previo, libre e informado, mediante procesos debuena fe y culturalmente adecuados, siguiendo los estándares establecidos por los órganos del sistema interamericano.

Igualmente, es de suma preocupación para la CIDH observar que representantes de diversos pueblos indígenas en las audiencias ante laComisión coincidieron en denunciar la existencia de una estrategia de persecución, estigmatización y criminalización de líderes y lideresasindígenas, dirigida a silenciar y amedrentar la defensa de sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. Así porejemplo, la CIDH recibió información sobre el aumento significativo en los últimos años de los asesinatos e intentos de asesinatos de líderesy lideresas indígenas en Brasil como represalia a la lucha por la protección de sus territorios ancestrales. Asimismo, se informó el asesinato

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de tres dirigentes de la comunidad San Francisco de Locomapa en Honduras por parte de personas armadas al servicio de una empresa;así como el desplazamiento de ocho dirigentes indígenas por el temor a ser víctimas de actos de violencia similares y amenazas contra suvida. Se informó además sobre la condena a 40 años de prisión de cuatro dirigentes indígenas y el dictado de órdenes de captura contraotros diez, pertenecientes a las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepequez en Guatemala que se oponen a las actividadesde una empresa cementera.

Como ha señalado la Comisión, las agresiones, ataques y hostigamientos en contra de dirigentes indígenas, a la vez que alterangravemente la integridad cultural, suponen el rompimiento de la cohesión del pueblo y comunidad en torno a la defensa de sus derechos.En virtud a ello, la CIDH insta a los Estados miembros a adoptar medidas protectivas especiales y diferenciadas para prevenir lasagresiones y hostigamientos en contra de líderes, lideresas y personas indígenas. Asimismo, la CIDH exhorta a los Estados a la promociónde acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar estas denuncias, sancionar a los responsables y reparara las víctimas.

Asimismo, la Comisión recibió información preocupante sobre la situación de pueblos indígenas en asilamiento voluntario en Perú, cuyosterritorios ancestrales estarían siendo amenazados por el otorgamiento e implementación de concesiones extractivas de recursosnaturales, principalmente de hidrocarburos; la realización de actividades de tala legal e ilegal; y la incursión no controlada de terceros.Como ha advertido la CIDH, actividades como estas constituyen una amenaza a la vida e integridad de estos pueblos, ya que puedenpropiciar el contacto, con todas las consecuencias que éste implica para su salud y pervivencia física y cultural. Dado que no cuentan condefensas inmunológicas contra enfermedades comunes, el contacto puede ocasionar no sólo la pérdida de su cosmovisión e identidadcultural sino también epidemias que pueden causar la desaparición de pueblos enteros. De este modo, el respeto al principio de nocontacto se hace esencial para asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida e integridad, a sustierras y territorios ancestrales, a la cultura y a la salud, entre otros.

La CIDH recibe con satisfacción que el Perú cuente con una ley específica encaminada a proteger los derechos de estos pueblos, “Ley parala protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”. No obstante, expresa supreocupación por la información recibida según la cual dicha ley no se adecuaría al principio de intangibilidad y no contacto, y por la faltaimplementación efectiva de mecanismos de protección, tales como puestos de control, protocolos de actuación y sanción de ingresosfurtivos. La CIDH reitera al Estado peruano, el llamado hecho a los Estados Miembros de la región a garantizar el respeto a los derechoshumanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, a través de medidas concretas y efectivas dirigidas a la protección jurídica yfáctica de sus territorios ancestrales, y a abstenerse de realizar acciones contrarias a sus derechos.

De otro lado, organizaciones indígenas colombianas informaron a la CIDH la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad físicay cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas en Colombia, y sus preocupaciones por el impacto de las negociaciones delproceso de paz en sus derechos. Al respecto, la CIDH recibió con satisfacción la afirmación del Estado colombiano consistente en que laprotección de los pueblos indígenas es un asunto prioritario en la negociación de la paz, y el reconocimiento del impacto del conflictoarmado en la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en el país. Indicó que existen mecanismos de participación de la sociedadcivil en el proceso de paz, a través de mesas regionales, y que se han recibido más de 250 propuestas de organizaciones indígenas delpaís.

La CIDH si bien valora positivamente la información proporcionada por el Estado, hace un llamado profundizar los esfuerzos para protegerel goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indígenas y sus miembros, como primer paso para resguardar sus derechosfundamentales en el marco del conflicto armado interno y en el proceso de paz en Colombia. Insta al Estado a tener en cuenta laimportancia singular que el derecho interamericano de los derechos humanos ha reconocido a los derechos territoriales de los pueblosindígenas, y el papel central que los territorios ancestrales juegan en la afectación de sus derechos por la violencia armada, los intereseseconómicos y la desposesión.

Migrantes, refugiados, solicitantes de asilo solicitantes y beneficiarios de protección complementaria, apátridas, víctimasde trata de personas y desplazados internos

En la audiencia sobre la situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas, las organizaciones solicitantes destacaron quehay cerca de 5 millones de personas en la región que han tenido que migrar forzadamente dentro y fuera de los territorios de sus países.Asimismo, señalaron la necesidad de que los Estados garanticen el goce efectivo del derecho a buscar y recibir asilo, dado que miles depersonas requieren protección internacional como consecuencia de los contextos de violencia generada por el crimen organizado y conflictoarmado interno que afecta a sus países. Se destacaron buenas prácticas nacionales en materia de protección de los derechos humanos derefugiados, solicitantes de asilo y personas en situación similar a la de los refugiados. Sin embargo, también se presentaron algunos de losprincipales desafíos en algunos Estados de la región. Entre ellos, se mencionó la falta de acceso a un procedimiento justo, en donde laexistencia de plazos prescriptivos implican una vulneración al debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condiciónde refugiados. Asimismo, informaron sobre la necesidad de que se garantice el principio de no devolución (non-refoulement), y sobre lafalta de un recurso de revisión efectivo y con efectos suspensivos. Las organizaciones indicaron que es necesario avanzar en la aplicaciónde la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984 y en garantizar la no detención de los solicitantesde asilo, los refugiados y personas en necesidad de protección internacional. En este sentido, presentaron como una preocupación especialel uso de la detención en países como Estados Unidos, Canadá y México. Asimismo, las organizaciones manifestaron que si bien la mayoríade los países cuenta con un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, aun hay países, sobretodo en el Caribe,donde estos procedimientos no han sido establecidos por vía legal. En lo que respecta a este tipo de procedimientos, se señaló que paísesde América Latina aún requieren un mayor fortalecimiento y consolidación de esos procedimientos y garantizar que los mismos cumplancon las garantías en materia de debido proceso y protección judicial tal como ha sido fijado por la jurisprudencia de los órganos delSistema Interamericano.

En la audiencia sobre la situación de derechos humanos de los migrantes haitianos en las Américas, la CIDH recibió informaciónpreocupante los múltiples riesgos y violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas los migrantes haitianos en países detránsito y destino en América del Sur. Las principales preocupaciones presentadas fueron la formación de rutas migratorias irregulares,cuya principal ruta pasa por República Dominicana, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia, y en un gran número de casos finaliza en Brasil. A

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través de esta ruta migratoria, los migrantes haitianos son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos, explotación por parte deredes traficantes de migrantes y “coyotes”, así como abusos por parte de policías y oficiales de migración, que afectan los derechos a lavida, integridad física y libertad personal de los migrantes. Otra preocupación presentada por las organizaciones solicitantes fueron lascondiciones de recepción y albergue de los migrantes haitianos. Se estima que viven en Brasil cerca de 20.000 haitianos, más de la mitadde ellos en situación migratoria irregular. Se informó que a partir del incremento del flujo de migrantes haitianos, algunos Estadoscambiaron sus políticas migratorias. Una práctica destacada por las organizaciones como positiva fue el procedimiento implementado porBrasil para la regularización de los migrantes haitianos. También indicaron que sería positivo implementar de forma efectiva la “visahumanitaria” a favor de migrantes haitianos, e inciar un debate y una articulación regional sobre el flujo migratorio de los haitianos hacíalos países de la región. Al finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH un esfuerzo en documentar y monitorear lasviolaciones ocurridas en la ruta migratoria irregular utilizada por los migrantes haitianos. La Comisión Interamericana urge a los Estados agarantizar el derecho a migrar de forma segura y con respeto a los derechos humanos de los migrantes. En particular, la CIDH insta a los

Estados a investigar las denuncias de abusos en sus territorios y a implementar campañas de información.

En lo que respecta a la situación de los desplazados internos en México, la CIDH recibió información respecto al impacto que ha tenidodurante los últimos años la violencia del crimen organizado y la violencia entre comunidades indígenas en el desplazamiento internoforzado. Las organizaciones destacaron la necesidad de que el Estado elabore un diagnóstico a nivel nacional sobre el desplazamientointerno generado por la violencia, que incluya información sobre las causas y los municipios de destino de los desplazados. Tambiéndestacaron la necesidad de implementar un programa específico para la atención, protección y asistencia de las víctimas dedesplazamiento como parte del Programa de Prevención de Violencia, que deberá aplicarse tanto a nivel federal como estatal. Por su parte,los representantes del Estado mexicano reconocieron que la violencia y el crimen se han incrementado en los últimos años, llegando alpunto más alto en 2012. En este sentido, informaron que actualmente se viene trabajando en la elaboración de un programa nacional parala prevención de la violencia y la delincuencia. Asimismo, el Estado mexicano destacó la importancia que la Ley General de Víctimas tienepara la atención, protección y reparación de los desplazados internos. La CIDH destaca la necesidad de visibilizar la problemática deldesplazamiento interno, abordarla de manera diferenciada de otros fenómenos migratorios, e implementar políticas específicas para suatención. La CIDH valora positivamente la aprobación de la Ley General de Víctimas, pero destaca la importancia de avanzar hacia políticaspúblicas más específicas en la materia que la hagan realidad, y hacia una ley federal en materia de desplazamiento interno. Asimismo, esnecesario implementar medidas tales como un registro para identificar a la población desplazada, un sistema de alertas tempranas paraprevenir desplazamientos masivos y una instancia coordinadora de las políticas públicas en materia de desplazados internos.

Situación de niños, niñas y adolescentes

La Comisión recibió información sobre la seguridad ciudadana y derechos de la niñez en Haití, y manifestó su preocupación por lainstitucionalización de niños y adolescentes y por la situación de los niños en las calles.

Por otra parte, la Comisión recibió con gran interés información sobre la situación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes enAmerica Latina y el Caribe, en especial sobre los principales problemas y retos que se enfrentan en áreas relacionadas con la educación,violencia, trabajo infantil, migración, trata, discapacidad, salud y la situación de especial vulnerabilidad de niñas y adolescentesafrodescendientes. La Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Rosa María Ortiz, resaltó los desafíos para adecuar las agendas legislativaspara la protección de las niñas y adolescentes, y la importancia del trabajo conjunto de las organizaciones internacionales para empoderara la niña como sujeto de derechos. Asimismo, resaltó la gravedad de las cifras en materia de embarazos de niñas entre 10 y 14 años, quehan aumentado significativamente en la región en los últimos años.

Finalmente, la CIDH recibió información sobre discriminación y violencia basadas en orientación sexual e identidad de género contra niños yniñas en Guyana, castigo corporal de niños, niñas y adolescentes en las escuelas por parte de autoridades educativas, y la falta de inclusiónde educación sexual en los programas educativos. Los Comisionados recibieron con gran preocupación el testimonio de una niña víctima decastigo corporal y resaltaron la importancia de poner fin a este tipo de prácticas, prohibidas por el derecho internacional de los derechoshumanos, de acuerdo con lo señalado en el Informe sobre el Castigo Corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

Derechos económicos, sociales y culturales

En la audiencia sobre la “situación de derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en America Latina”, la CIDH recibió conpreocupación información respecto al impacto desproporcionado que tienen las políticas económicas, las crisis económicas y los problemasde abastecimiento de alimentos sobre las poblaciones rurales. Esta situación ha obstaculizado cualquier avance en los niveles de pobreza eindigencia que afectan a campesinos y campesinas en la región. En la audiencia se recibió información sobre el impacto adicional que estágenerando el avance de la agricultura industrial en las áreas rurales de los países de la región. Las organizaciones indicaron que lascorporaciones transnacionales están ocupando grandes extensiones con monocultivos, en muchos casos con semillas transgénicas y conutilización de agroquímicos. El avance de la agricultura industrial ha sido en muchos casos sobre tierras que antes se dedicaban a laagricultura de subsistencia en la cual campesinos y campesinas habían basado su alimentación por generaciones. Además, plantearon quela agricultura industrial afecta negativamente el medio ambiente. Asimismo, las organizaciones indicaron que los campesinos enfrentancrecientes dificultades para acceder a la tierra debido a la instalación de hidroeléctricas y el desarrollo de la minería, entre otros, lo cualcalificaron como “acaparamiento de tierras”. Señalaron que el resultado es que la situación de pobreza e indigencia que afecta a loscampesinos, se ha agravado con un agravamiento de los obstáculos que enfrentan para acceder a una nutrición suficiente, lo cual deriva engraves afectaciones a su salud. Las organizaciones solicitantes de la audiencia indicaron que las empresas multinacionales logran influir enlas políticas públicas estatales debido a su gran poder económico, y que en consecuencia, muchas de estas políticas tienen un efectonegativo sobre los intereses campesinos. Las organizaciones también hicieron referencia a problemas que surgen con la modificacióngenética de las semillas y como resultado de la propiedad intelectual sobre las mismas. Las organizaciones plantearon también que existeuna persecusión y criminalización de los campesinos y las campesinas que defienden sus derechos, y solicitaron a la Comisión que seelabore un informe con estándares en la materia.

La Comisión también recibió información sobre obstáculos y restricciones al libre derecho a la asociación, que estaría afectando el derecho

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de los trabajadores a sindicalizarse. Específicamente, organizaciones en diversas audiencias mencionaron la existencia de mecanismoslegales que estarían desarrollando algunos Estados a fin de obstaculizar y restringir el libre derecho a la asociación. Es este sentido, laCIDH fue informada que el Decreto Ejecutivo No. 16 de Ecuador establece restricciones al tipo de trabajo que los defensores puedenrealizar. Por otra parte, la CIDH recibió información sobre las presuntas restricciones a la libre asociación de trabajadores y líderessindicales en Chile y Venezuela, imponiendo en ambos Estados limitaciones legales para la capacidad de los trabajadores a pertenecerlibremente a una asociación sindical. La CIDH fue también fue informada sobre las presuntas restricciones legales en Venezuela para elotorgamiento de recursos a organizaciones civiles. La Comisión reitera que el derecho de asociación es un derecho humano, fundamentalpara la consolidación de sociedades democráticas, y que cualquier restricción debe estar justificada en un interés social imperativo.

En particular, en una audiencia referida a la libertad sindical en Chile, se recibió información por parte de los solicitantes que indica que lalegislación chilena en materia de derechos sindicales se mantendría vigente desde la época de la dictadura. De acuerdo a la informaciónrecibida, esta legislación restringe considerablemente el ejercicio del derecho a la libertad de asociación. En particular, indicaron queexisten restricciones al derecho de huelga y limitaciones a la negociación colectiva, entre otras normativas que citaron como problemáticas.Por su parte, el Estado presentó información detallada sobre la legislación cuestionada, y enfatizó que durante el actual gobierno ladesocupación habría disminuido en 3,3%, debido a que se habrían creado cerca de 826.000 empleos, de los cuales el 67% corresponde aempleo asalariado. Añadió que el aumento en el empleo se había visto acompañado de medidas tendientes a ampliar la protección de losderechos de los trabajadores y la mejora en sus condiciones de trabajo. La delegación estatal dijo además que la seguridad en el trabajohabría aumentado en todas las actividades económicas y que los esfuerzos con miras a mejorar la calidad de vida de los trabajadores severían reflejados en las diversas leyes aprobadas e iniciativas de ley presentadas al Congreso Nacional.

Situación de las mujeres

En las audiencias de estas sesiones se recibió información preocupante sobre las barreras existentes en el acceso de las mujeres aanticonceptivos de emergencia, la persistencia de la violencia y los homicidios contra las mujeres, los constantes ataques y amenazas quesufren las defensoras de derechos humanos como las “Damas de Blanco” en Cuba, las manifestaciones de violencia contra las mujerestrans afrodescendientes en Brasil, la discriminación basada en género, las formas de violencia que sufren las niñas en toda la región, y losefectos de la trata de personas sobre las niñas y las mujeres en México, entre otros temas.

Asimismo, se recibió información preocupante acerca de la constante situación de violencia contra la mujer que existe en todos los paísesde la región. Ejemplos de esto son los asesinatos por género en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros países.También se recibió información sobre el alto porcentaje de femicidios que se registran en países con graves problemas de seguridadciudadana. La Comisión recuerda que el deber de actuar con debida diligencia exige que los Estados organicen su estructura estatal paraprevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres. Adicionalmente, los Estados deben combatir la

discriminación que perpetúa la repetición de estos actos. Las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana deben incluir lasprotecciones necesarias para los sectores que corren mayor peligro de violencia y crimen, como las mujeres y las niñas, tal como loexpresó la Comisión en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. En el área de la violencia contra las mujeres, losEstados deben adoptar intervenciones para garantizar un marco de protección legal efectivo, la adecuada capacitación de los funcionariosde justicia y seguridad en temas de igualdad de género, la disponibilidad de servicios de apoyo para las víctimas, campañas deconcientización para erradicar las prácticas discriminatorias que promueven la tolerancia de estos delitos, y la compilación y producción deestadísticas relacionadas con esos incidentes.

La Comisión recibió también información relacionada con los desafíos que enfrentan las niñas en las Américas para ejercer plenamente susderechos humanos, tales como altos índices de deserción escolar, embarazo en adolescentes, sistemas educativos que refuerzan lasdesigualdades de género y el predominio de la violencia sexual contra las niñas en las escuelas y en el hogar, entre otros problemas.Según la información recibida, el aumento del acceso a la educación para las niñas no ha resultado en igualdad en las condiciones deempleo para las mujeres en comparación a los hombres, ni en un papel más importante de la mujer en el proceso de toma de decisiones.Aunque la Comisión reconoce importantes avances, tal como el logro de la paridad de género en la educación, insiste en la obligación delos Estados de incorporar las necesidades específicas de niñas y adolescentes en sus legislaciones, programas públicos y serviciosorientados a erradicar, con la debida diligencia, las formas actuales de discriminación y violencia.

La Comisión también recibió información en el contexto de las audiencias confirmando la relación entre el problema de violencia contra lasmujeres y niñas y la plena aplicación de sus derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, la Comisión fue informada sobre losgrandes desafíos que las mujeres enfrentan para tener total acceso a los anticonceptivos de emergencia, así como una preocupantetendencia a restringir o prohibir su accesibilidad. Las organizaciones presentaron información que vincula la limitación del acceso a losanticonceptivos de emergencia con altas tasas de abortos clandestinos, mayor incidencia del embarazo adolescente - que con frecuencia esresultado de la violencia sexual – y casos de suicidio de niñas adolescentes. A la luz de la información recibida, la Comisión reitera laobligación de los Estados de examinar detalladamente las leyes, normas, prácticas y políticas cuyo lenguaje o implementación pueda tenerrepercusiones discriminatorias en el acceso de las mujeres a los servicios de salud reproductiva. Asimismo, la CIDH enfatiza que losEstados tienen el deber de eliminar todas las barreras de hecho y de derecho que impidan el acceso de la mujer a los servicios de saludmaterna que necesiten, y a tener en cuenta que las leyes restrictivas tienden a afectar especialmente a las niñas y mujeres en situación depobreza, con niveles bajos de educación y que habitan en áreas rurales. Tal como lo estableció la CIDH en su Informe Acceso a laInformación en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos, la Comisión también destaca que los Estados debengarantizar que las mujeres tengan acceso a información completa, accesible, confiable y a tiempo en relación con temas y serviciosreproductivos en el ámbito nacional.

Situación de las personas privadas de libertad

La Comisión Interamericana como parte de su estrategia de seguimiento a la situación de las personas detenidas en la Base Naval deGuantánamo celebró una audiencia pública en la que fue informada acerca de la persistencia de importantes obstáculos legales y políticosal traslado de los detenidos y al cierre de esa prisión. En este sentido, se informó que desde mayo del presente año sólo se han realizadodos traslados de internos, ambos a Algeria. Asimismo, se recibió información que de los 164 detenidos que permanecen en Guantánamo,

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90 son ciudadanos de Yemen, sobre los que pesan restricciones adicionales para ser trasladados. Asimismo, se conoció que actualmentecatorce internos permanecen en huelga de hambre como medida de protesta por la detención indefinida a la que están sometidos. En laaudiencia, los Comisionados reiteraron que el Estado debe adoptar de manera decidida las medidas conducentes al cierre del centro dedetención de la Bahía de Guantánamo, y permitir que la Comisión realice una visita en la que se le permita recorrer todas las instalaciones

y entrevistarse libre y privadamente con cualquier interno de su elección.

En esta audiencia también participó el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, quien destacó que ladetención indefinida de personas por periodos de tiempo prolongados causa un estado de sufrimiento, estrés, miedo y ansiedad, que en símismo constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Asimismo, criticó el empleo de medidas de coerción contra aquellosinternos que han decidido realizar una huelga de hambre. Indicó que, por el contrario, las autoridades deberían buscar otras soluciones aesa situación, como intentar de buena fe caminos de diálogo con los detenidos. Al igual que la CIDH, el Relator de ONU sobre la Torturainsistió en la necesidad de que las autoridades de Estados Unidos permitan una visita de monitoreo en condiciones aceptables.

La CIDH expresa nuevamente su preocupación por la falta de cumplimiento, por parte de Estados Unidos, de la Medida Cautelar 259/02 afavor de las personas detenidas por Estados Unidos en la Base Naval en Guantánamo. El 23 de julio de 2013, la Comisión amplió, poriniciativa propia, el alcance de estas medidas cautelares, a fin de exigir el cierre del centro de detención. La ampliación se basó en elincumplimiento, por parte de Estados Unidos de las medidas cautelares ya vigentes a favor de los detenidos desde el 12 de marzo de 2002,la persistencia de situaciones de detención prolongada e indefinida, y denuncias de abuso y maltrato generalizado, incluyendo la realizaciónde requisas innecesarias y humillantes, la alimentación forzada de detenidos que optaron por participar en una huelga de hambre, y elaumento de la segregación y el aislamiento de los detenidos. La Comisión vuelve a llamar la atención del Gobierno a las normasinternacionales que exigen el respeto a la autonomía personal y la dignidad. Teniendo en cuenta las obligaciones internacionales dederechos humanos asumida por los Estados Unidos como Estado Miembro de la OEA y signatario de la Declaración Americana, y ante elriesgo permanente de sufrir daños irreparables de los derechos de los detenidos, el cual se agrava con el paso del tiempo, la ComisiónInteramericana vuelve a urgir al Gobierno de los Estados Unidos a proceder con el cierre inmediato del centro de detención enGuantánamo; transferir a los detenidos a sus países de origen o a un tercer país en observancia de las garantías de derechos humanos,principalmente la obligación de non-refoulement; acelerar la liberación de los detenidos a quienes ya se le ha aprobado la transferencia; yalojar a los detenidos sometidos a juicio en condiciones adecuadas de detención, otorgándoles las garantías de debido proceso aplicables.

Por último, la CIDH reitera su interés en realizar una visita al centro de detención de Estados Unidos en Guantánamo, que incluya accesodirecto y privado a las personas allí detenidas, y sin otras condiciones. La CIDH solicitó en 2007 al Estado de los Estados Unidos su anuenciapara realizar una visita al centro de detención en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo a fin de supervisar las condiciones dedetención. Representantes del gobierno de Estados Unidos comunicaron que la visita se podría realizar, pero que no se permitiría que ladelegación se comunicara libremente con los detenidos, limitación que la CIDH consideró inaceptable. En 2011, la CIDH reiteró la solicitudde anuencia para realizar la visita. La Comisión recibió una respuesta de Estados Unidos con fecha 26 de agosto de 2011, en la que indicaque la anuencia se otorga bajo los mismos "términos y condiciones" comunicados a la Comisión en 2007. Una de esas condiciones indicaque Estados Unidos reconoce únicamente al Comité Internacional de la Cruz Roja como órgano de protección de las personas detenidas enGuantánamo, y que por lo tanto sólo permite acceso directo a los detenidos a miembros de dicho Comité. La Comisión Interamericanaconduce visitas a centros de privación de libertad con la condición de tener acceso directo y privado a las personas detenidas. La ComisiónInteramericana reiteró la solicitud de anuencia el 24 de julio de 2013, recibiendo la misma respuesta.

En otro orden, la Comisión recibió información según la cual la población penal de Panamá asciende a más de 15.000 personas, cuando lacapacidad oficial de su sistema penitenciario es de 8.648 plazas. Se indicó que más del 80% de la población penal total está recluida en 12de los 23 centros penales. Se conoció también que Panamá es uno de los países del mundo con la tasa más alta de personas privadas delibertad, con 411 reclusos por 100.000 habitantes. Se informó que es uno de los tres países de América con mayor índice de personas enprisión preventiva, con más del 63%. Se informó asimismo que el Estado planifica la construcción de una cárcel con capacidad para más de5.000 internos. Sin embargo, las organizaciones plantearon que si la población penal continúa aumentando al mismo ritmo de los últimoscinco años, la capacidad continuaría siendo insuficiente. El Relator sobre Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil,reiteró que la atención al problema del hacinamiento requiere de la adopción de políticas públicas integrales que comprendan medidasorientadas a hacer un menor uso del encarcelamiento y un uso excepcional y racional de la prisión preventiva, entre otras medidasdirigidas a lograr la eficiencia de la justicia penal, y a que se ponga el énfasis en la prevención y no en la represión. La sola construcción decárceles, aunque justificada en algunos casos, no es una medida sostenible en el tiempo. El Relator se refirió también al principio detransparencia según el cual debe operar el sistema penitenciario.

En audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Islas Marías, un establecimientopenitenciario federal que se encuentra a 112 kilómetros de las costas del estado de Nayarit, México, la Comisión llamó la atención sobre lasituación de alejamiento que se encuentran los reclusos de sus familiares. En este sentido, se recibió información sobre el bajo porcentajede visitas que se registran a ese centro penal debido a esta circunstancia, y la Comisión señaló la necesidad del contacto familiar para lareintegración social de las personas privadas de libertad. El Relator indicó que las condiciones de alejamiento familiar que implica estarrecluido en el Complejo Penitenciario de Islas Marías constituye una situación inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos.Por otra parte, la Comisión manifiesta su preocupación por la información recibida según la cual serían frecuentes los malos tratos ycastigos arbitrarios contra los reclusos, incluido el aislamiento solitario y algunas formas inaceptables de coerción física. Finalmente, laComisión reitera el deber del Estado de proporcionar una alimentación adecuada y agua potable suficiente a las personas privadas delibertad en el Complejo Penitenciario de Islas Marías. La Comisión toma nota de la invitación expresa hecha por el Estado mexicano a laCIDH, y a las organizaciones de la sociedad civil, de realizar visitas de monitoreo en el Complejo Penitenciario de Islas Marías.

Situación de las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex

Durante este período de sesiones de la CIDH reconoce algunas señales de progreso por parte de El Salvador, Brasil y Guyana en el caminohacia la igualdad de las personas LGTBI. No obstante, la Comisión urge a que se adopten medidas urgentes para proteger a las lesbianas,los gays, y las personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI) de la violencia y la discriminación. La CIDH sigue preocupada por el aumentoen los niveles de intolerancia y discriminación contra las personas LGTBI, y especialmente contra las mujeres trans y niños y niñas LGTBI oquienes son percibidos como tales. La CIDH observa que hay una falta generalizada de datos desagregados sobre la violencia contra las

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personas LGTBI, lo que dificulta el desarrollo de políticas públicas para proteger y garantizar sus derechos. En este sentido, la Comisióninsta a los tres estados a adoptar medidas en cumplimiento con las resoluciones de la OEA sobre orientación sexual e identidad de género.Asimismo, la CIDH observa con preocupación las dificultades y los obstáculos que enfrentan las personas trans en viajar y ejercer suderecho a la libertad de circulación. Esto se produce en virtud de varios factores, tales como la imposibilidad legal de acceder adocumentación que refleje su género, así como la sobre-criminalización de las personas trans. Esto se reflejó en este período de sesiones,en el que varias mujeres trans que iban a participar en las audiencias tuvieron dificultades o no pudieron acceder oportunamente a unavisa para viajar a los Estados Unidos. Esta situación también dificulta el acceso a espacios como la Comisión, donde pueden denunciar lasviolaciones a los derechos humanos que han sufrido.

En la audiencia relativa a El Salvador, la CIDH recibió información preocupante que indica que las personas trans son constantementeacosadas -incluyendo aquellas privadas de libertad- y que se convierten fácilmente en víctimas de crímenes de odio. Se informó a laComisión que la discriminación que enfrentan está relacionada con la falta de reconocimiento de su derecho a la identidad por parte delEstado. La CIDH valora los avances realizados por el Gobierno, incluyendo la creación de una línea telefónica para denunciar casos deviolencia las 24 horas, y capacitación a los miembros de la judicatura y la fiscalía. Sin embargo, la Comisión continúa preocupada por losaltos niveles de violencia y el número de asesinatos y ataques contra personas trans. La CIDH destacó en su informe sobre seguridadciudadana y derechos humanos que las fuerzas policiales de los Estados deben contar con el personal y la infraestructura especializadapara brindar un servicio de calidad a los sectores de la población que son más vulnerables a la violencia y la delincuencia, como laspersonas LGTBI. En el contexto de los países con altos niveles de inseguridad ciudadana y delincuencia organizada, es particularmenteimportante que los Estados adopten un enfoque diferenciado para garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas LGTBI y dedefensores/as de derechos humanos de las personas LGTBI. Además, la CIDH insta a El Salvador a adoptar medidas para respetar ygarantizar el derecho de defensores/as LGTBI, especialmente defensoras trans, de defensa de los derechos humanos sin discriminación niviolencia de ningún tipo.

En la audiencia relativa a Brasil, la CIDH recibió información preocupante sobre el alto nivel de violencia contra las mujeres transafrodescendientes, así como numerosos casos de detención arbitraria, torturas y uso excesivo de la fuerza contra las personas transafrodescendientes, el acceso limitado de las mujeres trans a los servicios de salud y la ausencia de leyes federales para proteger losderechos de las personas LGTBI. La CIDH expresa su preocupación por la desigualdad social y económica de las mujeres transafrodescendientes. Como consecuencia de ello, las mujeres trans afrodescendientes tienen poco o ningún acceso a los programas estatalesy beneficios a nivel local y federal. Esto a su vez conduce a altos niveles de analfabetismo. La Comisión se sorprendió con la informaciónrecibida según la cual se calcula que aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres trans en Brasil tienen analfabetismo funcional,debido a la exclusión social en el entorno escolar. La CIDH celebra los esfuerzos del Estado para producir datos desagregados sobre loscrímenes motivados por la orientación sexual o la identidad de género real o percibida de la víctima. Sin embargo, la CIDH insta al Estado aincluir a la raza como criterio para recabar los datos, además de la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, la Comisióninsta a Brasil a adoptar medidas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres trans, y las transafrodescendientes, en particular su derecho a la educación y la salud, sin discriminación alguna. Finalmente, la CIDH insta al Estado aadoptar legislación y otras medidas en el ámbito federal para la debida protección de los derechos de las personas LGTBI, en particular, lasmujeres trans afrodescendientes.

En la audiencia sobre Guyana, la CIDH recibió información preocupante sobre la discriminación, el acoso y el abuso que sufren niños, niñasy jóvenes por su orientación sexual e identidad de género reales o percibidas, en sus hogares, la comunidad y en la escuela, tanto porparte de sus compañeros/as y profesores/as. Esto lleva a la falta de interés en la educación, el ausentismo y el abandono escolar. La CIDHestá preocupada por la información acerca del presunto subregistro y falta de documentación de estos casos por parte de las autoridadesestatales. La Comisión fue informada de que la educación sexual y los programas de estudios no tienen en cuenta las necesidades de las ylos estudiantes LGTBI o aquellos/as que están explorando su sexualidad e identidad. La Comisión observa que Guyana sigue criminalizandolas relaciones entre hombres adultos, así la utilización de vestimenta socialmente atribuida al otro sexo para “fines inapropiados”, lo cualafecta desproporcionadamente a las personas trans. La CIDH fue informada por el Estado sobre una iniciativa para llevar a cabo unaconsulta nacional sobre la criminalización de las relaciones homosexuales entre adultos. En la audiencia, la Comisionada Relatora de Paísrecordó que los derechos humanos no pueden ser sometidos a votación para decisión de la mayoría. La Comisión Interamericana insta aGuyana a adoptar todas las medidas para prevenir y sancionar la violencia y la discriminación contra niñas y niños LGTBI o quienes sonpercibidos/as como como tales, en el ámbito escolar, familiar y social.

Situación del derecho a la libertad de expresión

La CIDH recibió con preocupación información sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación enEcuador. En especial, se recibió información preocupante en lo concerniente a la Ley Orgánica de Comunicación y el Decreto Ejecutivo Nº16, que establecerían graves limitaciones al ejercicio de estos derechos. Asimismo, recibió con preocupación la información sobre posiblesrepresalias a los peticionarios por haber asistido a la audiencia.

Adicionalmente, la CIDH recibió con preocupación la información sobre la situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a lainformación en Venezuela. En especial, la información sobre la persistencia de agresiones y hostigamientos contra periodistas ycomunicadores, que en muchos casos provienen de funcionarios públicos; las dificultades y hostilidades que enfrentan los periodistas paracubrir eventos electorales; y el aumento de procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas que difunden temas deinterés público. Asimismo, la CIDH recibió con preocupación la información acerca de las dificultades que existen en el país para acceder a

la información pública, y sobre los problemas que en este sentido podría representar el recientemente creado Centro Estratégico deSeguridad y Protección de la Patria (Cesppa).

La Comisión expresa su preocupación por la información recibida según la cual en Argentina hubo afirmaciones descalificatorias sobre losperiodistas solicitantes de la audiencia sobre la situación de libertad de expresión en ese país. En la audiencia, se recibió información sobreagresiones a periodistas, la inexistencia de reglas objetivas y transparentes en materia de publicidad oficial, la inexistencia de regulación enmateria de acceso a la información y el uso de facultades estatales para premiar a medios afines al gobierno y castigar a los medioscríticos. El Estado presentó información sobre publicidad oficial y envió a la Comisión información sobre el estado de causas judiciales delos peticionarios, una denuncia sobre un ataque informático, la Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual de 2009, la Ley 26.551

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de 2009 que modifica el código penal, la Ley 26.571 “de democratización de la representación política, transparencia y la equidad electoral”de 2009, la Resolución 210 de 2011 del Ministerio de Seguridad de Argentina que creó una Mesa de Trabajo para desarrollar protocolos deactuación de los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales en manifestaciones públicas, y sobre la Ley 26.736 de “papel depasta celulosa para diario” de 2011.

En la audiencia sobre libertad de expresión y vigilancia de comunicaciones por parte de los Estados Unidos, la Comisión recibió conpreocupación información sobre el alcance de las tecnologías y técnicas de vigilancia de las comunicaciones desarrolladas por la Agenciade Seguridad Nacional de los Estados Unidos y las implicaciones de este tipo de vigilancia para el ejercicio de los derechos humanos, enparticular, de los derechos a la libertad de expresión, privacidad y acceso a la información pública. Asimismo, recibió información sobre lafalta de protecciones adecuadas para los funcionarios públicos que difunden información reservada en materia de seguridad nacional porconsiderarla de interés público (whistleblowers). El Estado se comprometió a remitir información sobre los asuntos discutidos durante laaudiencia en un plazo de 30 días.

Situación de las personas con discapacidad

La Comisión recibió con satisfacción información sobre los avances realizados por el Estado de Perú en materia de discapacidad, enparticular la promulgación de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley No 29973), lo cual fue reconocido igualmente por lossolicitantes. En la audiencia, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú resaltó que dichaley aún no ha sido reglamentada y que la Comisión revisora del Código Civil no ha sido instalada a fin de implementar y adecuar elcontenido de la anterior ley. Los representantes del Estado plantearon que, a raíz de la audiencia convocada por la CIDH, el Vice-Ministrode Justicia y Derechos Humanos solicitó en forma urgente el debate y aprobación de un proyecto de ley para la creación de la Comisiónrevisora. El día anterior a la celebración de la audiencia, el Congreso peruano aprobó un dictamen para que en 60 días se nombren a losrepresentantes de la mencionada Comisión. La CIDH expresa su satisfacción por esta importante iniciativa del Estado y reconoce elcompromiso del gobierno peruano en materia de derechos de las personas con discapacidad. La Comisión espera que a través de laimplementación de esta nueva ley se garantice que las personas con discapacidad mental o intelectual tengan capacidad legal de acuerdo alo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Otros temas de las audiencias

En una audiencia sobre la utilización de artefactos aéreos no tripulados (drones) y su impacto sobre los derechos humanos en lasAméricas, las organizaciones solicitantes plantearon que al menos 15 países de la región utilizan estos dispositivos o han anunciado planespara hacerlo. Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela son los países que, según estasorganizaciones, están utilizando este tipo de dispositivos, con diversos fines. En muchos de estos países, los drones han comenzado a serutilizados a pesar de que, según indicaron, no existe legislación para regularlos, o tienen leyes vagas e insuficientes. Señalaron que laproliferación de drones avanza a un paso mucho más rápido que la creación de marcos normativos para regular su utilización. Según lossolicitantes, en caso de no iniciarse prontamente un proceso de regulación de estos artefactos, su utilización puede plantear gravesamenazas a los derechos a la vida, la integridad personal, y la privacidad, y puede generar efectos negativos en el ejercicio de losderechos a la libertad de expresión y de asociación. Los solicitantes plantearon asimismo que la utilización de estos dispositivos por partede Estados Unidos debe ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos y a los principios del derecho internacionalhumanitario. Las organizaciones plantearon a la Comisión la necesidad de iniciar un proceso de clarificación de las obligaciones legales delos Estados en relación con el uso de artefactos aéreos no tripulados y de redacción de un marco normativo que lo regule.

En la audiencia sobre la situación de la desaparición de personas en México, la CIDH reiteró su profunda preocupación por la continuidad deeste grave flagelo. Según el registro de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, durante el período de2006 a 2012 habrían desaparecido en México 26.121 personas. El Estado reconoció la gravedad del problema e informó que estáimplementando acciones al respecto. La CIDH observó con preocupación la ausencia de una respuesta estatal rápida y eficientepara erradicar esta práctica, así como para que las víctimas accedan a la justicia, a la verdad y a una reparación justa. La CIDH instó a que

el Estado adopte una política pública integral que sea efectiva para actuar con la debida diligencia en la investigación de los hechos, sanciónde los responsables, y apoyo a las víctimas.

Por otra parte, se celebró una audiencia sobre derechos humanos, desarrollo e industria extractiva en Colombia, donde la CIDH recibióinformación sobre las supuestas afectaciones causadas principalmente a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por laimplementación de proyectos de desarrollo. En ese sentido, se informó a la CIDH sobre una serie de megaproyectos en Colombia y lassupuestas afectaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el marco de su implementación. En particular, laComisión recibió información sobre las afectaciones derivadas de los megaproyectos Hidrosogomaso en el Departamento de Santander, yel proyecto Hidroituango en el Departamento de Antioquia. Dentro de los temas expuestos ante la CIDH se incluye lo relativo a lasdeficiencias en los procesos de socialización y consulta previa a las comunidades que estarían siendo afectadas por estos megaproyectos, ylas acciones que estaría tomando el Estado para asegurar su derecho a la información y a la participación. En ese sentido, la Comisióntambién recibió información sobre los obstáculos que existirían en materia de acceso a la justicia, la representación judicial de lascomunidades afectadas y la adopción de medidas adecuadas para garantizar su participación en los procesos administrativos y judicialesrespectivos Por otra parte, la Comisión recibió con preocupación información relativa a supuestas prácticas de desalojos forzados enalgunos de los territorios donde se adelantarían los proyectos de desarrollo, así como el desplazamiento de las comunidades afectadas, yen algunos de los casos, denuncias sobre supuestos hechos de violencia y uso desproporcionado por parte de la fuerza pública en el marcode dichos desalojos. En dicho marco, la información recibida también da cuenta de una situación compleja enmarcada dentro de lasincidencias propias del conflicto armado en los territorios y comunidades que estarían siendo afectadas. Asimismo, la CIDH recibióinformación sobre supuestos procesos de judicialización en contra de líderes sociales, comunitarios y defensores ambientales, que seopondrían a la implementación de estos megaproyectos, y la supuesta criminalización de prácticas tradicionales como el barequeo y lapesca artesanal realizadas por las comunidades que se estarían viendo afectadas.

En otra audiencia, la Comisión recibió información sobre denuncias de violaciones de derechos humanos supuestamente cometidas por

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paramilitares en Colombia. Al respecto, la información recibida por la CIDH indica que sin perjuicio de los esfuerzos desplegados por elEstado con ocasión de los procesos de desmovilización de estas estructuras hasta el año 2006, persistirían las denuncias sobre la existenciade grupos armados que desplegarían una actuación similar y reunirían ciertos patrones comunes de operación. La Comisión ha dadoseguimiento a la situación relativa a la existencia de las denominadas bandas criminales y las denuncias sobre posibles vínculos con lasestructuras del paramilitarismo en Colombia. En ese sentido, la Comisión recibió información sobre los elementos de preocupación queacreditarían su existencia, principalmente lo relativo a las denuncias sobre la persistencia del reclutamiento de la población civil por partede estos grupos. En adición a ello, las organizaciones presentaron información sobre la forma de organización de dichas estructuras, y lossupuestos vínculos que existirían con miembros de la fuerza pública y representantes del poder político en Colombia.

La información presentada durante la audiencia indica que existen ciertos factores estructurales tales como la impunidad en los casos sobredenuncias de violaciones cometidas por paramilitares, las incidencias de los procesos judiciales adelantados a través de la implementacióndel marco normativo desarrollado para hacer frente a estos temas, así como la falta de investigación de las estructuras financieras,económicas y políticas vinculadas a este fenómeno, que contribuirían a que no se haya logrado un desmantelamiento efectivo de estasestructuras, de acuerdo a la información presentada durante la audiencia. Sin perjuicio de ello, la Comisión también recibió informaciónsobre los procesos adelantados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y las actuaciones desplegadas por las autoridades en lainvestigación de los denominados casos de la parapolítica. Por otra parte, la CIDH recibió con preocupación información sobre lapersistencia de denuncias sobre amenazas y hostigamientos en contra de los familiares de las víctimas, sus representantes y testigosvinculados a los procesos investigativos relacionados.

En relación con Venezuela, la Comisión fue informada sobre supuestas afectaciones al derecho a la vida y a la integridad, así como lasituación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil presentaron informaciónsobre los hechos de violencia registrados con posterioridad al proceso electoral celebrado en el mes de abril de 2013. En ese sentido, laCIDH fue informada sobre casos de supuestas detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, con la participación de funcionarios de loscuerpos de seguridad del Estado, y en el marco de lo cual también se presentaron denuncias sobre uso desproporcionado de la fuerza porparte de agentes estatales. Asimismo, la Comisión fue informada sobre un supuesto recrudecimiento de las cifras de ejecucionesextrajudiciales en Venezuela y la situación de inseguridad ciudadana. La CIDH también recibió información sobre programas de seguridadpública que prevén la participación de funcionarios militares, y denuncias sobre violaciones al derecho a la vida y a la integridad personaldonde estarían supuestamente involucrados miembros de las Fuerzas Armadas. Asimismo, la Comisión recibió información sobre lasmedidas adoptadas por el Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y los avances registrados en estas áreas, enespecial en materia de acceso a la educación y la superación de la desigualdad social.

Informes sobre peticiones y casos individuales - 149º Período de Sesiones

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidospor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentosinteramericanos.

Durante el 149º Período de Sesiones, la Comisión aprobó el siguiente acuerdo de solución amistosa, al considerar que los acuerdosalcanzados por las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos:

12.182 – Florentino Rojas, Argentina

A continuación se ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes de admisibilidad, inadmisibilidad y archivodurante estas sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, se publicarán en la página en Internet. Adicionalmente, la CIDH aprobóocho informes de fondo, que tienen carácter confidencial.

Informes de admisibilidad:

404-00 – Marcelo Fabián Nieves, Argentina

879-07 – Loni Edmongs and children, Canadá

222-10 – Josué Vargas y otros, Colombia

910-07 – Daría Olinda Puertocarrero Hurtado, Ecuador

843-07 – Nicolás Mato y otros, Guatemala

1063-07 – Jesús Flores Satuye y otros, Honduras

790-05 – Pacientes del servicio de psiquiatría del hospital Santo Tomás

643-00 – Hebe Sánchez de Améndola e hijas, Argentina

514-00 – Oscar Alfonso Morales Díaz y familia, Colombia

Informes de inadmisibilidad:

200-03 – Juan Manuel Crespo Nieto, Ecuador

951-01 – Francisco José Magi, Argentina

89-00 – Alfredo Arresse y otros, Argentina

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4636-02 – Juan Echeverría Manzo y otro, Chile

Informes de fondo con decisión de publicación:

12.231 – Peter Cash, Bahamas

Informes de archivo:

4070-02 – Comunidad Indígena Mazahua de Santo Antonio pueblo nuevo y miembros, México

585-01 – Jorge Eliécer Bernal Guzmán, Panamá

10.673 – Francisco de Asís Surco, Perú

10.533 – Javier Alarcón Guzmán, Perú

11.169 – Carlos Andrés Pérez, Venezuela

354-03 – Edgar Rubén Godoy, Argentina

4468-02 – Francisco Javier Trusso, Argentina

454-99 – Pablo Eliseo Outes, Argentina

94-01 – Edgardo Mario Gille, Argentina

990-03 – Enrique Grassis, Argentina

978-04 – Jorge Michael Ríos, Argentina

996-03 – Ramiro Diez Llano y familia, Argentina

12.135 – Carlos Angel Pavicih y Olinda Montenegro, Argentina

Reuniones de Trabajo

En el marco del 149º período de sesiones se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo:

Caso 12.094 – Lhaka Honhat, Argentina

Caso 12.568 – Internos del presidio de Urso Branco, Brasil

Caso 12.066 – Fazenda Brasil Verde, Brasil

Medida Cautelar 97/10 – 179 familias campesinas de las veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto-Cauca, Colombia

Medida Cautelar 323/11 – Comité Permanente de Derechos Humanos, Colombia

Medida Cautelar 629/03 –Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Medida Cautelar 509/03 – María Victoria Fallón, Colombia

Medida Cautelar 21/05 - Pueblo Indígena Wiwa, Colombia

Medida Cautelar 219/06 - Marta Cecilia Díaz Suárez, Colombia

Caso 11.007 – Masacre de Trujillo, Colombia

Caso 12.249 – Jorge Odir Miranda Cortez y otros, El Salvador

Caso 12.626 – Jessica Lenahan Gonzáles, Estados Unidos

Medida Cautelar 370/12 – 334 pacientes del Hospital Federico Mora

Caso 11.545 – Martha María Saire, Honduras

Medida Cautelar 273/11 y 312/09 – Casa del Migrante, México

Medida Cautelar 485/11 – Gabriela Sánchez Morales, México

Petición 1171/09 – Ananías Laparra Martínez, México

Audiencias Públicas

Los días 28, 29 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013 se celebraron audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidascautelares y situaciones generales y temáticas de derechos humanos. Los videos y las fotografías de las audiencias públicas realizadas

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están disponibles en la sección multimedia del sitio Web de la CIDH. Asimismo, por esta página se puede acceder a los mismos recursos, ya las grabaciones de audio de las audiencias. Las fotos están también disponibles a través de la cuenta de la CIDH en Flickr y los videos através de la cuenta de la CIDH en Youtube. Queda autorizada su utilización, reproducción y uso en la elaboración de otros productos (porejemplo, documentales) siempre que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA.Las siguientes fueron las audiencias públicas realizadas en este período de sesiones:

Situación de derechos humanos de las personas detenidas en la Base Naval de Guantánamo

Libertad de expresión y vigilancia de comunicaciones por parte de Estados Unidos

Caso 12.831; Medida Cautelar MC160/11 – Kevin Cooper, Estados Unidos

Derechos humanos de los migrantes y reformas legislativas en Estados Unidos

Independencia judicial en Honduras

Implementación de medidas cautelares en Honduras

Consulta previa y mega proyectos en Honduras, Honduras

Denuncias sobre discriminación y violencia basadas en orientación sexual e identidad de género contra niños y niñas en Guyana

Derechos humanos y protesta social en Guatemala

Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala

Seguridad ciudadana y derechos de la niñez en Haití

Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador

Derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas en Ecuador

Derechos humanos de las niñas en América Latina y el Caribe

Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador

Independencia judicial en El Salvador

Derecho a la libertad de asociación en Chile

Derechos políticos e independencia judicial en Bolivia

Situación de derechos económicos, sociales y culturales de campesinos en America Latina

Caso 12.792 – María Luisa Acosta y otros, Nicaragua

Denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por la policía en Nicaragua

Situación de defensores de derechos humanos en Brasil

Libertad de expresión, desacato y crímenes contra el honor en Brasil

Situación de derechos humanos de personas afrodescendientes trans en Brasil

Derechos reproductivos y contracepción de emergencia en las Américas

Situación de violencia contra las mujeres en las Américas

Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba

Situación de derechos humanos de las “Damas de Blanco” en Cuba

Situación general de derechos humanos en Venezuela

Derecho a la propiedad privada y garantías judiciales en Venezuela

Situación del derecho a la libertad de asociación en Venezuela

Situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela

Situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas

Situación de derechos humanos de los migrantes haitianos en las Américas

Derechos humanos y protesta social en Colombia

Denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por paramilitares en Colombia

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Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto del proceso de paz en Colombia

Derechos humanos, desarrollo e industria extractiva en Colombia

Situación de los lideres y lideresas afrodescendientes en Colombia

Situación de las personas privadas de libertad en Panamá

Denuncias sobre trata de personas en México

Situación de personas afectadas por el desplazamiento interno en México

Situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Islas Marías, México

Situación de la desaparición de personas en México

Situación del derecho a la libertad de expresión en Argentina

Utilización de dispositivos de artefactos aéreos no tripulados (drones) y su impacto sobre los derechos humanos en las Américas

Situación de derechos humanos de las personas con discapacidad mental e intelectual en Perú

Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú

Seguimiento del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú

Impunidad por graves violaciones de derechos humanos en las Américas

Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y responsabilidad de los Estadoshuéspedes y de origen de las empresas mineras

Discriminación contra las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe

Informes sobre peticiones y casos individuales - 148º Período de Sesiones

Durante el 148º Período de Sesiones, celebrado en julio de 2013, la Comisión aprobó los siguientes informes de peticiones y casos:

Informes de Solución Amistosa:

12.547 – Rigoberto Cacho Reyes, Honduras

12.473 – Jesús Manuel Naranjo Cárdenas y otros, Venezuela

12.631 - Karina Montenegro y otras, Ecuador

Informes de admisibilidad:

828-01 – Marcelo Darío Posadas y otros, Argentina

403-02 – José Delfín Acosta Martínez, Argentina

1279-04 – M.V.M. Y P.S.R, Brasil

65-04 – Jorge Adolfo Freytter Romero y otros, Colombia

424-99 – Gerardo Bedoya Borrero, Colombia

12.362 – Familiares de Luis Fernando Lalinde Lalinde, Colombia

12.295 – Jesús Ramiro Zapata, Colombia

595-05 – Carlos Julio Aguinaga Aillón, Ecuador

171-06 – Y.G.S.A., Ecuador

55-06 – Gustavo Washington Hidalgo, Ecuador

421-05 – Eduardo Julían parrilla Ortiz, Ecuador

659-07 – Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, México

1266-06 – Ángel Díaz Cruz y otros, México

880-11 – Nitza Paola Alvarado Espinoza y otros, México

1225-04 – Gerardo Cruz Pacheco, México

1491-06 – Familia Guzmán, México

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174-08 – Julio García Romero y familia, Ecuador

275-07 – Spencer Friend Montehermoso y otros, Guatemala

80-02 – Herminio Deras García y otros, Honduras

12.229 – Digna Ochoa, México

200-01 – Pablo Yupan García, Perú

212-06 – Rocío San Miguel Sosa y otras, Venezuela

1278-13 – Robert Gene Garza, Estados Unidos

Informe de inadmisibilidad:

1242-07 – José María Guimaraes, Brasil

Informes de fondo con decisión de publicación:

12.551 – Paloma Angélica Escobar Ledezma y otros, México

11.575, 12.333,12.341 – Clarence Allen Lackey y otros, Miguel Ángel Flores, James Wilson Chambers, Estados Unidos

12.864 – Iván Teleguz, Estados Unidos

Informes de archivo:

353-03 – E.A.V., Costa Rica

11.495 – Juan Ramón Chamorro Quiroz, Costa Rica

11.401 – Carmen Julia Arias Iglesias, Cuba

11.431 – Juan Guarino Martínez Guillén y otros, Cuba

11.645 – Santiago Gil Vicente, Cuba

12.102 – Raymundo guerrero Marrero, Cuba

12.272 – Eduardo Romeo Lagos Guerrero, Ecuador

11.480 – Walter Alejandrino Arroba y otros, Ecuador

742-02 – María Mercedes Burga Velásquez, Ecuador

3683-03 – Brenda Marisol Cabrera Hernández y otras 86 presuntas víctimas, El Salvador

104-02 – Cinthia Rocío Acosta Alvarado, México

12.185 – Tomás de Jesús Barranco, México

12.194 – Euclides Rafael Moreno, Venezuela

12.106 – Enrique Hermann Pfister Frías y otros, Argentina

Contribuciones financieras

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados en lo corrido de 2013 por países de dentro yfuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posibleque la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones recientes, realizadas por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA:Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Paraguay. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyanlas actividades de la Comisión: Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Reino Unido y Suecia. Asimismo, la Comisión valora y agradece lascontribuciones recibidas de la Comisión Europea, la Agencia Internacional Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), de la Oficina delAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA(ONUSIDA), del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de Save the Children-International, de Aldeas Infantiles, y de laUniversidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechoshumanos en el continente americano.

No. 83A/13

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