caso cuscaguay (2014)
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8/17/2019 Caso Cuscaguay (2014)
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de salud contrata servicios con el Estado y con las aseguradoras. Los usuarios, en su mayoría de bajos
recursos, se quejan de que no son atendidos a tiempo o que no acceden a los mismos servicios que los
de la seguridad social, generando heterogeneidad de servicios y normas de atención en el país.
La salud pública no fue una prioridad de los últimos gobiernos y no se formula un nuevo plan de salud
pública,
ni
existe
una
política
nacional
de
vigilancia
en
salud
pública.
La
tasa
de
mortalidad
materna
que
venía bajando y en 1995 estaba en 125/100.00 nv comienza a subir de nuevo y actualmente se estima
en 135/100.000 nv. La tasa de mortalidad infantil, igualmente estaba en 28/1000 nv y luego aumentó
hasta 32/1000 nv. Las principales causas de enfermedad y muerte se relacionaron con Tuberculosis,
paludismo, VIH‐SIDA, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, homicidios y accidentes de tránsito.
Entre las mujeres se nota un aumento importante en cáncer de cérvix y el cáncer de mama.
Las autoridades municipales tampoco consideran la salud pública como una prioridad y se limitan a
aplicar pasivamente las directrices del Ministerio. Las reuniones de los últimos ministros con las
autoridades sanitarias subnacionales se han vuelto relativamente escasas y, cuando se realizan, se
limitan a la
transmisión
de
instrucciones
más
que
a la
búsqueda
de
consensos.
Las
acciones
de
control
sanitario son realizadas a petición de las comunidades afectadas, por personal auxiliar de las Secretarías
municipales de salud quienes actúan sin entrenamiento específico y tienen grandes dificultades para
identificar cuál de las múltiples normas se ajusta exactamente al caso.
Ante la confusión de las normas vigentes, los funcionarios muchas veces deben abstenerse de actuar. En
los últimos años la prensa del país ha publicado varios casos de soborno por parte de las empresas
farmacéuticas para evitar el control sanitario de los medicamentos; sin embargo las investigaciones no
han concluido en sanciones efectivas.
Durante la
reestructuración
que
siguió
a la
reforma,
el
Ministerio
eliminó
varias
dependencias,
entre
ellas la dirección de Planificación con sus unidades (Sistemas de información, financiera y recursos
humanos). Desde entonces no se dispone de información sistemática sobre la dinámica del sector ni se
ha hecho una evaluación de la situación de salud. Además, en seguimiento de lineamientos definidos
por los organismos financieros, el Ministerio de salud y los entes territoriales debían suprimir el 50% de
su planta de cargos.
El Ministerio fortaleció las oficinas relacionadas con el aseguramiento, la contratación y los asuntos
jurídicos. Para la oficina jurídica se contrataron abogados con conocimiento en derecho laboral o
administrativo y particularmente en elaboración de contratos. Esta dependencia está permanentemente
sobrecargada de
trabajo
porque
en
Cuscaguay
la
regulación
es
predominantemente
casuística;
las
regulaciones y normas jurídicas que produce el Ministerio suelen dirigirse a resolver los conflictos
contractuales entre los actores del sistema, particularmente de las aseguradoras con los hospitales y con
los usuarios. En la actualidad el Ministerio no cuenta con profesionales formados en legislación sanitaria
ni en políticas públicas; para estos casos se apoya en las oficinas jurídicas de otras dependencias del
Gobierno o en asesores privados contratados para este fin.
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La reforma y las leyes regulatorias del sector son concertadas directamente entre el Ministro y la banca
de diputados del Gobierno. Algunas de ellas son preparadas por los técnicos del Ministerio; sin embargo
las normas que tienen que ver con los recursos financieros suelen ser designadas por el Gobierno a
grupos de asesores particulares contratados para tal fin.
La
Ley
establece
que
las
políticas
sanitarias
sean
definidas
por
el
Comité
Asesor
de
Salud,
organismo
presidido por el Ministro donde tienen asiento representantes del Gobierno, de las aseguradoras, de los
hospitales, de los gremios de la salud y de los usuarios. Sin embargo, las decisiones que llegan al Comité
son tomadas previamente por el Gobierno con las aseguradoras y los agentes financieros, sin que los
otros grupos con asiento en el Comité tengan poder suficiente para ser escuchados.
Los Ministros de salud de los últimos gobiernos han definido directamente sus políticas con el grupo que
detenta el poder en la Asamblea Nacional, donde los diputados del Gobierno y los agentes financieros
vinculados al mercado de los medicamentos, los seguros de salud y las tecnologías de diagnóstico y
tratamiento han adquirido un poder enorme. Los últimos decretos han sido formulados en el directorio
político más
que
en
el
Comité
Asesor.
Esta
práctica
ha
dado
origen
a una
normatividad
profusa,
con
frecuencia fragmentaria y contradictoria, centrada en las responsabilidades contractuales de los actores,
pero poco coherente con los problemas de salud del país. Varias de las medidas adoptadas favorecen
abiertamente a las agencias que administran los seguros de salud; esta situación ha generado varios
conflictos sociales particularmente entre las asociaciones de enfermos y los gremios de profesionales de
la salud.
El país cuenta con normas que definen de forma explícita las actividades de fiscalización en servicios de
salud. La función de control está a cargo de la Superintendencia de salud, organismo estatal
descentralizado, cuyo director es nombrado por el Ministro y cuyos recursos humanos y financieros son
escasos. Formalmente
la
ley
confiere
a la
Superintendencia
competencias
para
imponer
multas
y cerrar
servicios; sin embargo, en la práctica, su capacidad de sanción es muy limitada y sus acciones se diluyen
en la solución de las innumerables quejas y reclamos de los usuarios. Su gran problema es la escasez de
recursos porque su planta de cargos cuenta con personal vinculado por carrera administrativa, muy
conocedor de sus funciones, con gran experiencia en el área y con fama de ser incorruptible.
La Superintendencia limita sus funciones a controlar los servicios de atención que deben proveer las
aseguradoras a sus afiliados. El Ministerio no cuenta con una dependencia que realice acciones
sistemáticas de vigilancia y control sobre la salud pública. El país adoptó el año pasado el código
sanitario internacional mediante un decreto del Ministro; sin embargo no se han realizado acciones para
valorar la
factibilidad
de
su
puesta
en
marcha
ni
se
han
socializado
sus
contenidos
con
las
autoridades
sub nacionales.
La autoridad sanitaria local se ha debilitado notablemente en los últimos años. Al amparo de la
descentralización (y normas del Ministerio que han sido laxas al respecto), algunos secretarios de salud
son nombrados por los alcaldes como cuota política y varios de ellos tienen grandes limitaciones
técnicas para comprender y dirigir el sector.
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No existen en Cuscaguay orientaciones que definan buenas prácticas de fiscalización. En los últimos
años, las aseguradoras han presionado la promulgación de normas y sistemas de calidad en la prestación
de los servicios, con la idea de propender por el cierre de los servicios estatales y eliminar competidores.
En tal sentido, los sistemas de acreditación y garantía de la calidad de los servicios de salud han sido
promovidos por los últimos gobiernos como una prioridad del sector y han contado con el apoyo del
sector
privado.
Antes de la reforma, en cada uno de los hospitales estatales existía un comité de participación
comunitaria que según las normas del sistema tenían un carácter asesor de la dirección. Las normas no
eran muy claras sobre la manera de seleccionar los miembros de este comité y casi siempre terminaba
en una designación por parte del director del hospital que elegía los participantes entre las personas
más prestantes del pueblo. En realidad, estos comités nada decidían y su papel era honorífico.
Después de la reforma, desaparecieron los comités de participación y se crearon los Comités Asesores
de la autoridad sanitaria donde, según las nuevas normas, debe mantenerse un rígido equilibrio entre
funcionarios del
gobierno,
representantes
de
los
usuarios,
representantes
de
los
trabajadores
del
sector
y representantes de la academia. Aunque a la luz de la norma estos comités deben aprobar los planes
del sector, las grandes decisiones sobre las finanzas y las políticas de salud son acordadas por los
empresarios y la bancada del gobierno en la Asamblea Nacional. De todos modos los Comités Asesores
del nivel nacional y de los niveles subnacionales se reúnen cada uno o dos meses para dar su visto
bueno a las iniciativas del ente gubernamental o para comentar informalmente el desempeño del
sector.
En la actualidad han aumentado las quejas por el costo creciente y la mala calidad de los servicios, y por
el mal funcionamiento del sector de la salud. Aunque no existe una figura jurídica que defienda el
derechos a la
salud,
algunos
jueces
han
fallado
a favor
de
los
usuarios
y han
condenado
al
Estado
y a las
aseguradoras a prestar determinados servicios o a indemnizar a los sobrevivientes o a sus familias. La
situación llevó a las ligas de consumidores de servicios, las asociaciones de enfermos crónicos y los
gremios de trabajadores de la salud, a unirse para protestar públicamente; a principios de este año hubo
un paro general de trabajadores de la salud que duró tres meses y que obligó finalmente al Gobierno a
cambiar el Ministro de Salud.
En cumplimiento de la Ley, el Ministerio debe rendir cuentas de su gestión al Gobierno cada año; este
es, sin embargo, un trámite formal dado que el Gobierno tiene mayoría en la Asamblea Nacional y los
informes del Ministro nunca se objetan. Dichos informes suelen tener un bajo perfil técnico y no tienen
difusión en
los
medios.