boletín no. 288

SEMANARIOSEMANARIONo. 288 | 10 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

La discusión sobre una nueva ley de telecomunicaciones continuará…

Cronología de un debate sesgadoEnero 2013En la primera semana de ene-ro, ya resonaba en los diferentes medios de comunicación, la frase “democratizar la comunicación”. Específicamente el 8 de enero, en Consejo de Ministros, Porfirio Lobo, presidente de la República, hizo la siguiente declaración alrededor de los monopolios comunicativos:

“¿Cómo promovemos una cultura de paz? ¿Tiene la gente alternativa o no la tiene? ¿Puede la gente de equis lugar disponer de un canal de televisión o de una radio donde pueda difundir men-sajes de paz y esperanza y de prevenir la violencia?…Ojo con eso, porque podemos tener un marco que esté diseñado para con-servar monopolios y los monopolios sabemos en manos de quiénes están y esos monopolios en lo que menos pien-san es en la persona humana”.

Sonaban ya los tambores de un tema muy sensible para la vida de-mocrática en el país. No tanto por el derecho fundamental a la libre opi-nión y expresión, sino por la con-frontación que se veía venir entre gobierno y medios corporativos.

Estábamos en el 25 de enero, en-tonces la pelota pasó a los linderos del Congreso Nacional, en la ins-talación del cuarto período legis-lativo, el presidente de ese poder, Juan Orlando Hernández, anunció: “Vamos a humanizar, democratizar y modernizar el sector de las tele-comunicaciones para que estén al servicio y beneficien al ciudadano hondureño”.

Ya para finalizar el mes, los mandos intermedios empezaron a soltar globos sondas, el diputado Marvin Ponce dio declaraciones el 31 de ese mes diciendo: “El nombramien-to lleva misión de que no le tiemblen las patas -como dicen en mi pue-blo- para que apliquen la ley, ante la presión que van a tener de distintos sectores cuando se democraticen las frecuencias y cuando se revi-sen los contenidos de lo que tiene que ver con lo que se transmite al pueblo hondureño”. Seguía dicien-do el diputado Ponce: “hay unos 30 propietarios que tienen un montón de frecuencias asignadas y no las usan; entonces se les quitarán y se les asignarán a otras gentes que las puedan operar, como alcaldías, ONG y organizaciones sociales de las comunidades”.

Así desfilaron César Ham, en una cadena nacional, Ana Pineda, minis-tra de Justicia y Derechos Humanos y Ricardo Cardona, comisionado de CONATEL por distintos medios de comunicación.

Las primeras reacciones no tar-daron mucho. La empresa privada representada en el Consejo Hondu-reño de la empresa privada (Cohep) a través de su director, Armando Urtecho, calificó a la nueva Ley de Telecomunicaciones como un “pe-ligro para la libertad de expresión de toda la población, ejerce limita-ciones para la Ley de la Emisión del Pensamiento y afecta el principio de la libre empresa”.

Febrero 2013En todo el mes de febrero se fueron alineando los diferentes sectores

políticos: partidos tradicionales,

empresa privada, la denominada sociedad civil, representada por el mundo de las ONGs, representantes de medios independientes y priva-dos.

El Comité por la libre expresión, C-LIBRE, entró en el debate público, aportando una propuesta de ley de telecomunicaciones con ideas nove-dosas que no estaban contempla-das en la actual ley. Distribución de frecuencias del espectro radioeléc-trico, inclusión de las radios comuni-tarias, protección a periodistas co-legiados y reconocimiento a los no egresaron de la universidad. Esta organización no gubernamental fue blanco de acusaciones, de hacerle el juego al gobierno, de ser parte de los que atentan contra la liber-

tad de expresión, entre muchos mi-siles lingüísticos plasmados en los diarios de circulación nacional. Así como entró C-LIBRE y su propues-ta, también salió de todo el debate.

Se fueron tensando las indirectas y, hasta en algunos casos, directas entre el gobierno y los empresarios monopólicos de la comunicación. Es allí donde entran los Ferrari, Ro-senthal, Flores, Canahuati, Nodarse, Andonie, entre muchos más. Entran, pero no ellos, sino desde sus pá-ginas, sus televisoras y radioemiso-ras, sus periodistas.

Marzo y abril de 2013Entre partidos de la selección de fútbol y el feriado de la semana santa se siguió este debate entre el estira y encoge que lo ha caracteri-zado. Se fueron instalando mesas, comisiones, a la par de los ataques de ambos lados.

Los diarios de circulación nacional, las radios y televisoras publicaban sendas notas periodísticas y repor-tes analizando y describiendo artí-culo por artículo que consideran de-licados y están propuestos en la ley. Algunos centrando toda la atención en las ramas y olvidando el bosque completo. Un ejemplo es la publica-ción de diario La Prensa en la zona norte de país.

“Los titulares, directores, adminis-tradores o accionistas de frecuen-cias de radio y televisión no podrán ser socios de otras empresas de ninguna naturaleza, tampoco tener negocios con el Estado, según se estipula en la propuesta de reforma a la Ley Marco de Telecomunicacio-nes conocida el pasado viernes.

Lo anterior implica la aplicación de regulaciones similares a las impues-tas en otros países de Sudamérica con Gobiernos de corte socialista como Venezuela y Ecuador , lo que se traduce en la limitación a la libre empresa, según juristas consul-tados”. (http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Gobierno-podra-ce-rrar-medios-argumentando-irres-peto#.UYvKpKKjfeI)

Sólo para anotar un dato sencillo, “según juristas consultados” en ninguna parte del texto se cita a instituciones o personas expertas en la materia. Además olvidado ha quedado el tema de la vulnerabili-

dad en la que se encuentran los y las periodistas, la falta de investiga-ción de la muerte de más de 30 per-sonas dedicadas a la comunicación, la invisibilización jurídica, técnica y social a la que han sido sometidas las radios comunitarias y periodis-tas empíricos e independientes.

El 21 y 22 de abril, el relator por la libertad de expresión de las Na-ciones Unidas, Frank La Rue, hizo una visita oficial al país en la que aseguró no venir “a endosar ningu-na ley”, pero propuso que el tema de la redistribución de frecuencias y el de la regulación de contenidos estuvieran en propuestas separa-das. En Costa Rica, el 3 de mayo, Día Mundial de Prensa, los relato-res por la libertad de expresión, firmaron una declaratoria donde se establece como fundamental que el espectro radioeléctrico sea dividido entre medios diversos, sin monopo-lización y respetando el derecho a comunicar de los pueblos.

Mayo 2013… y continuaráEsta semana el presidente, Profirio Lobo Sosa, propuso poner el tema en una cuarta urna en las próxi-mas elecciones, después que el presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, bateara la propuesta del ejecutivo y comen-zara a negociar con los medios de comunicación en oposición a esta propuesta.

De una posible reforma a la ley de telecomunicaciones, Hernández ha negociado hacer dos propuestas de ley, una para el sector marco de te-lecomunicaciones y una que regla-mentaría los contenidos. Aun sigue resonando si es lo mejor, ahora los medios prometen autorregularse y san se acabó.

Se comienza una negociación desde la perspectiva política, que eleva el perfil de Juan Orlando Hernández, sostiene la autoridad y poder de los actuales propietarios de medios corporativos, coloca a las iglesias como moralizadoras de los medios y todo en el marco de unos acuer-dos cosméticos para dejar intacta la estructura actual de las frecuencias.

El debate ha cambiado de ser una pequeña esperanza de cambio al instrumento con que se dio la ruptu-ra entre Lobo Sosa y Juan Orlando. El derecho a comunicar queda muy por debajo de la mesa.

Semanario No. 288 | 10 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ

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Dos consensos mínimosH emos llegado a un

tiempo en el cual ya no solo se trata de la cruda realidad de

las muertes y crímenes, asaltos y extorsiones. Esa cruda realidad ha penetrado en nuestro corazón, y nos hemos enfermado de miedo y de zozobra. La repercusión psico-lógica es la herencia o los daños colaterales --como se dice en la jerga de la guerra— de esta situa-ción inhumana por la que transita-mos en nuestra Honduras.

Es cierto que ya van avanzan-do ideas y acciones orientadas a buscar acuerdos o consensos mí-nimos entre diversos sectores de la sociedad. Esto es un signo muy positivo. Casi simultáneamente se

van conociendo espacios, tanto en la capital como en la costa norte, que se agrupan en torno a al acuer-do mínimo de atajar la impunidad. La Alianza por la Paz y la Justicia es uno de esos espacios, y segu-ramente el más connotado por las exigencias e incidencia que va lo-grando en la lucha por avanzar en la depuración de la institucionali-dad operadora de justicia.

Por suerte han nacido otros es-pacios similares que representan esfuerzos complementarios para sumar al mayor número de secto-res en torno al consenso mínimo de luchar contra la impunidad. Cuantos más espacios nazcan con el mismo propósito más oportunidades abre a que más gente se sume, más

sectores aporten en una misma alianza y convergencia de luchar en consenso contra la impunidad.

Si la lucha contra la impunidad va abriendo camino y uniendo a mu-cha gente, nos atrevemos a añadir otro tema complementario y que puede significar una oportunidad para seguir avanzando en una lu-cha común y popular. Se trata de hacernos un nudo, un racimo, en apoyarnos y acompañar a las víc-timas de las secuelas depresivas y psicológicas como herencia que nos va dejando esta inhumana si-tuación de violencia e inseguridad.

Para quienes profesamos la fe cris-tiana, descubrimos en las páginas de los Evangelios el encuentro de

Jesús con mucha gente enferma, no solo de enfermedades físicas, como la ceguera, la lepra o la pará-lisis, sino a otro tipo de enfermos: aquellas personas agobiadas por una enfermedad psicológica, de-presiva y espiritual. Y tan enfermos son los que padecen de dolencias físicas visibles como los que pade-cen de trastornos psicológicos y depresivos.

¿Cómo se planta Jesús y su Evan-gelio ante la persona psicológica-mente enferma? Se acerca a ella, se esfuerza en quitarle el peso que le impide vivir en libertad, expulsa aquellos espíritus que la agobian y la inserta con dignidad a la co-munidad. En Honduras la violencia, la inseguridad y la criminalidad nos

han dejado en estado de enferme-dad. Y de manera especial, necesi-tamos acompañar a tantas víctimas que cargan el peso depresivo de sus familiares jóvenes asesinados abruptamente, y con la impotencia de saber que no hay justicia posi-ble.

Alcanzar acuerdos para impulsar programas de acompañamiento psicológica a las víctimas será sin duda un consenso mínimo comple-mentario al de la lucha contra la im-punidad, que nos ayudará a crecer en humanidad para proseguir en la lucha por nuevos acuerdos que nos conduzcan, paso a paso, ha-cia la recuperación de la Honduras que hoy se nos ha ido de nuestras manos.

Esta semana se conoció el retorno de Honduras a Petrocaribe, la ini-ciativa comercial petrolera en Amé-rica Latina y el Caribe impulsada por Venezuela y que en el pasado gene-ró tantas controversias en el país.

El presidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, viajó a Venezuela, don-de le rindió los honores al presi-dente venezolano Nicolás Maduro, agradeciendo por permitir a Hon-duras acceder a los beneficios, que ofrece formar parte de la iniciativa comercial en lo que respecta al su-ministro de combustibles, bajo con-diciones preferenciales a los países que lo integran.

Ya en el 2008, Honduras había pasado a ser miembro de Petroca-ribe, pero luego le fue suspendido el suministro de combustibles tras el golpe de Estado contra el presi-dente Manuel Zelaya Rosales, por el no reconocimiento que hizo el pre-sidente, ya fallecido, Hugo Chávez al gobierno de facto que encabezó Roberto Micheletti.

Sin embargo fue el propio Hugo Chávez, quien alentó el retorno de Honduras a Petrocaribe en el 2011, en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-ños, Celac, paralela a la Organiza-

ción de Estados Americanos, OEA.

Honduras por esa vía comercial lle-gó a recibir 20 mil barriles diarios de petróleo, con el pago de 50 por ciento de la factura en 90 días, y el resto en 25 años, con dos años de gracia y uno por ciento de interés interanual.

Empresarios

La adhesión de Honduras a Pe-trocaribe ha sido bien vista por el sector empresarial, sin embargo los empresarios lanzan desde ya sus advertencias.

Se le consultó al empresario Fer-nando Jaar, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, porqué lo que antes era malo ahora es bueno en relación a las contro-versias que causaron las relaciones del gobierno de Zelaya con Vene-zuela a lo que dijo, que “siempre y cuando todo se quede en la parte comercial y no se inmiscuya ningún componente político, es favorable por los fondos que libera y que se puede destinar para proyectos de desarrollo social, tal y como lo dijo el presidente Lobo Sosa”.

“Todo lo que es factible económica-

mente y que viene a ayudar en la generación de trabajo y en la ayuda social debemos aceptarlo, anterior-mente de lo que se estuvo en contra fue del ALBA, Petrocaribe es dife-rente. Además las condiciones polí-ticas del país en aquellos momentos eran diferentes, dijo JAAR.

Agregó que como empresarios no creen que este sea un primer paso para retornar también al ALBA, “porque si lo que se pretende es volver al ALBA ahí si nos oponemos porque tiene compromisos políticos con ideologías contrarias a la de-mocracia de Honduras,” puntualizó.

Por su parte, el gobernante Porfirio Lobo Sosa manifestó que “de cual-quier ángulo que queramos ver este retorno a Petrocaribe, para nuestra gente es muy importante esto, yo pienso que los pueblos latinoame-ricanos cada vez tienen que estar más juntos, y ayudarnos los unos con los otros, por eso no puedo de-jar de agradecer el gesto que tiene el presidente Maduro del pueblo de Venezuela en apoyar a Honduras en el retorno de Petrocaribe”.

A renglón seguidole mandó a decir a los

empresarios que “no letienen que tener miedo

a nada, y lo que tenemosque entender hoy es

que tenemos que tenerla mente bien abiertay entender que lo más

importante es el beneficiode los hondureños”.

Lobo señaló que Petrocaribe tam-bién permite el “acceso a recursos para financiar importantes obras en pro del bienestar de todos los hondureños y hondureñas”. Recal-có que el país tiene asegurado por parte del gobierno de Maduro el su-ministro de combustibles, pagando un 40 % de contado y el 60 % a plazos que van desde 20 a 25 años.

La historia se repite

Empresarios hondureños dicen sí a Petrocaribe no al ALBA



“ Donde yo vivía es latente la extorsión, le piden a la gente de mil lempiras para arriba dependiendo

el negocio que tengan. A los taxis-tas les cobran 100 lempiras sema-nales”, relata detrás del anonimato una vecina de San Pedro Sula, que ante las amenazas de los extorsio-nadores emigró del Sector Rivera Hernández en esa misma ciudad, donde por muchos años vivió junto a su familia.

Las extorsiones o “impuesto de guerra” se han convertido en el pan nuestro de los hondureños y hondureñas. La oficina de la Uni-dad Antiextorsión de la Dirección Nacional de Servicios Especiales de Investigación (DNSEI) indica que cada doce horas ingresa una nueva denuncia de extorsión, sin contar los cientos de casos que no son de-nunciados por miedo a represalias.

María Luisa Borjas, comisionada en condición de retiro y ex jefa de Asuntos Internos de la Policía Na-cional, asegura que las extorsiones se han convertido en “negocio re-dondo” en el país. “Como ven que las ganancias son jugosas y sin invertir nada, cada día son más las personas que se dedican a este ilí-cito y cada día son más las víctimas también”, lamenta Borjas.

La comisionada en condición de re-tiro señala, que el ilícito inició con los negocios pequeños y medianos, pero ahora incluso, están llegando a casas particulares.

El llamado impuesto de guerra ya figura en el presupuesto de mucha gente del país. Las maras y pan-dillas lo han impuesto a transpor-tistas, comerciantes y pobladores como un seguro de vida obligatorio para evitar atentados a sus propie-dades, instalaciones, vehículos o empleados. Hasta ahora, ninguna medida o ley ha podido erradicarlo, por el contrario, cada día se extien-de a más zonas en las principales ciudades de Honduras.

Vivir en mediode amenazas

En Honduras los asesinatos de pasajeros, conductores de buses, taxistas y ayudantes se han vuelto frecuentes. Pero este mayo la que-ma de autobuses marca una nueva modalidad de las operaciones del crimen que a base de extorsiones mantienen a este país centroame-ricano abatido por una creciente violencia. En los primeros días de este mes, las autoridades policiales reportan la quema de dos unidades del transporte urbano, una en San

Pedro Sula, otra en Tegucigalpa, incendios vinculados a las conse-cuencias por no pagar la extorsión.

Un taxista capitalino, que por segu-ridad omitimos su nombre, cuenta que mediante llamadas, los extor-sionadores le solicitan dinero. “Le dicen a uno que le conocen la fami-lia y todo, yo preferí vender mi taxi y dedicarme a otra cosa porque los extorsionadores solicitan altas su-mas de dinero y si no pagamos nos matan”. Este taxista aseguró que por muchos años la “taxiada sirvió para mantener a su familia, ahora advierte que quienes andan al vo-lante en los taxis son los mismos extorsionadores.

Entre más grande elnegocio, más cobran

Entre las nuevas estrategias que utilizan los extorsionadores, están el uso de cuentas bancarias, don-de ellos piden a las personas bajo amenazas que depositen el dine-ro, aunque siempre existe el cobro

personalizado en el que citan a la víctima a determinado lugar y le re

ciben la suma acordada. También está el sistema de recargas telefó-nicas y otros medios facilitados por empresas de telefonía para el envío de circulante.

Una ex habitante del sector de Ri-vera Hernández, cuenta que a los buseros les envían “cartitas” soli-citándoles el impuesto de guerra, sino pagan los tirotean. Los deno-minados negocios fuertes (pulpe-rías bien surtidas) pagan 4 mil lem-piras mensuales y los negocios que menos pagan son los puestos de baleadas (entre 100 y 200 lempiras semanales).

“En el sector Rivera Hernández, todos los negocios pagan impues-to de guerra, pero si se dan cuenta que usted es de mercadeo o que anda negociando lociones o car-teras, le dejan la cartita al lado de la casa como amenaza de cobro”, cuenta la ciudadana.

La carta es una forma de cobro y amenaza a la vez que es enviada a personas que ya han sido identifi-cadas por los extorsionadores. En ella se les dice a las víctimas que ya se dieron cuenta del negocio que tiene y que se aliste con el dinero porque pasará alguien cobrando el impuesto. Los extorsionadores cuentan con varios cobradores que son los que se encargan de recibir indicaciones y llegar hasta la víctima a recoger el “encargo”.

Según testimonios de habitantes, no hay forma de rehusarse a pagar el impuesto de guerra, en cada pa-saje (un bloque de 20 casas) vive un marero, quien se encarga de proporcionar la información de los vecinos a sus compañeros delin-cuentes.

¿Hacia dónde va el dinerode las extorsiones?

María Luisa Borjas, asegura que hay un equipo que es el encargado

de recolectar este impuesto ilegal. “Y estos para que puedan operar necesitan la autorización de alguien que ostente autoridad y por eso tienen que compartir las ganancias con algunas autoridades del país”.

Esta semana Borjas dijo “Hay un oficial que recibe 950 mil lempiras mensuales por impuesto de gue-rra”, pero se negó a dar un nom-bre por seguridad, aduciendo que las autoridades ya conocen quién es este oficial, y que ellas son las responsables de investigar a éste y los demás casos de nexos con los cobros que hacen que la misma so-ciedad financie las organizaciones del crimen a punta de amenazas. Aunque reconoció que no solo es un oficial, sino que varios que ava-lan y dan paso a este ilícito.

“En este momento las autoridades reciben un 30 por ciento y los re-caudadores un 70 por ciento, pero ahora las autoridades exigen partes iguales (50 y 50), por permitir que continúe la recolección del impuesto que ya se volvió un rubro del presu-puesto de gastos de empresarios, transportistas, pequeños y media-nos comerciantes”, enfatiza Borjas.

“Pagan o se mueren”

“Los mareros nos han matado a cientos de conductores de buses, ayudantes y taxistas desde el 2009. No denunciamos porque uno no sabe si al que le va a denunciar es parte de la extorsión”, analiza un transportista sampedrano víctima del cobro.

A finales de abril de este año, a in-mediaciones de la colonia Oro Ver-de del municipio de La Lima, fueron asesinados el conductor Luis Alon-zo Argueta Robles y su ayudante Julio César Rodríguez Murillo quie-nes laboraban en un microbús que cubre la ruta San Pedro Sula- El Progreso. Datos oficiales daban a conocer que la muerte de ambos provino por rehusarse a pagar el temible “impuesto de guerra”.

Migdonia Ayestas, del Observatorio de la Violencia de la Universidad Na-cional Autónoma de Honduras, se-ñala que en el 2012, se registraron 15 homicidios donde el móvil sería la extorsión.

En Honduras

Nadie está exento de las extorsiones

RecomendacionesEn la mayoría de los casos la informa-ción que manejan los extorsionadores de sus víctimas, es muy vaga. Así que no brinde información de ningún tipo ni la confirme. No se comprometa con pagos o cuantías que depositará o entregará.



S er madres en una socie-dad excluyente y patriar-cal como la hondureña expone aún más la vida

de las mujeres. La pobreza en que viven miles de familias, 8 de cada diez según datos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Fos-deh, hace que las mujeres además de sus trabajos poco remunerados, deban hacer una doble y triple jor-nada dentro de sus hogares.

Es el caso de Suyapa, una de las tantas vendedoras ambulantes de San Pedro Sula. Desde muy tempra-no debe levantarse para dejar a sus tres hijos, dos niños y una niña, lis-tos sus uniformes y la comida para que vayan a la escuela. Desde hace dos años cría sola a sus hijos, ya que el padre se marchó. Sus maña-nas comienzan desde las madruga-das, el reloj marca las 4 am, y debe estar arriba para comenzar los que-haceres para luego tomar su caja de chicles y cigarros que vende en las principales calles sampedranas.

Su rostro curtido producto del an-dar bajo sol, sus pies hinchados de recorrer cada día calles y avenidas, son el esfuerzo cotidiano por llevar dignamente los alimentos a sus pe-queños. Suyapa sabe que la vida en Honduras no es nada fácil, pero esto no arrebata la ilusión de sacar adelante a sus hijos e hijas.

Su historia es la de muchas muje-

res que a base de esfuerzos crían a sus “cipotes”. Las precariedades propias de nuestros países empo-brecidos, no detienen la labor que a base de ternuras y esfuerzos hacen cada día con la ilusión de cambiar la vida de sus retoños.

Casi la mitad de las mujeres latinoa-mericanas mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras que sólo uno de cada cinco hom-bres está en esa situación. Además, las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los ho-

gares pobres como en los de mayor ingreso.

Para entender el fenómeno de la pobreza y su persistencia en la re-gión es necesario analizar sus vín-culos con la equidad en el empleo, y particularmente con la autonomía

económica y el empoderamiento de las mujeres.

Discurso comercial

Cada segundo domingo de mayo, en Honduras se celebra la labor de las mujeres en la crianza de sus hijos e hijas. Lejos de valorar la labor de la formación del presente y futuro de nuestro país, el comercio, como lo hace en otras festividades, acapara y pone precio a los detalles que se puedan hacer ese día.

“Cómprale una lavadora”, “Da el mejor regalo a mamá obséquiale una plancha, una refrigeradora,

un plasma”. Anuncios como estos inundan los medios de

comunicación. Acentúan el papel de las mamás abnegadas, cariños,

sacrificadas, mujeres que viven únicamente para otras personas.

Además de seguir marcando el papel doméstico en el que

se ubica a las mujeres.

A propósito de la festividad del se-gundo domingo de mayo, es impor-tante valorar el rol de la maternidad y las implicaciones para las mujeres en realidades tan duras como las nuestras. Convertirse en madres debe ser garantizado por el Estado, respetando sus decisiones sobre su cuerpo y autonomía debe asumirlo como un compromiso el Estado y la sociedad, para el pleno disfrute de sus derechos humanos.

El papel de las madres en realidadescomplejas como la hondureña



En el sur de El Progreso

Alianza por la Paz y la Justicia

Comunidades piden respuestaspara tener acceso al derecho al aguaEn Honduras más del 20 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable. La falta de este vital líquido está ocasionando enferme-dades gastrointestinales en muchos niños y niñas, así lo expresó Luis Espinoza, director de Recursos hí-dricos de Honduras.

La regidora capitalina, Doris Alejan-drina Gutiérrez indicó que al menos un tercio de la población de Teguci-galpa no tiene agua todos los días. “hay colonias que el agua solo llega una vez al mes, imagínese usted como sufre esa gente”.

La falta de agua es un mal que afec-ta a otras poblaciones. En el sur de El Progreso, especialmente en Finca 10 vive don Adalberto Torres, quien manifiesta que hace años están so-licitando al Servicio de Acueductos y Alcantarillados , Sanaa para que les atiendan porque el agua les está llegando contaminada.

“Hemos sacado gusanos hasta de una pulgada y necesitamos una limpieza del pozo que fue

hecho por la compañía bananera hace 90 años y las tuberías

están obsoletas”, dijo Torres que también es presidente

del Patronato y del Comité de Emergencia Local, CODEL de la

comunidad Finca 10.

Juana Rosa Bueso también se unió a las voces que piden el apoyo de las autoridades porque en la finca 8, en la comunidad de El Socorro y en otras cercanas al río Ulúa están consumiendo aguas contaminadas, porque el tanque de la comunidad de El Socorro se derrumbó el 28 de mayo de 2009 con el terremoto que afectó al país.

A finales de ese año, los pobladores aseguran que en Tegucigalpa en la Secretaría de Finanzas hicieron un desembolso de 15 millones de lem-

piras para hacer el proyecto de agua de El Socorro y de finca 10, pero al final no supieron donde fue a parar este dinero. La noticia de que fue aprobado el dinero fue publicado en un diario nacional y en la gaceta dicen los pobladores.

Ante esta denuncia, María Concep-ción Reyes presidenta del Sindicato del Sanaa dijo que no saben nada del dinero. Tampoco sabe el Vice alcalde José Pompilio Tejeda, quien se comprometió con los habitantes

de este sector para reunirse y bus-carle una solución a este problema que vienen arrastrando desde hace años.

Reyes agrega que no hay voluntad política para responder a las de-mandas de las comunidades y que en el Sanaa no hay la suficiente lo-gística para que el personal viaje a la zona rural a hacer estos trabajos de limpieza de pozos.Pompilio Tejeda agregó que ya se firmó un convenio con USAID para construir un nuevo pozo en la comu-nidad de El Socorro, que falta ver en

que predio se va a colocar, porque el lugar que se tiene es de la escuela de la localidad. También falta inves-tigar donde está la vena de agua y hacer un análisis de la calidad del líquido para luego avanzar con los trabajos.

Tejeda dice que el Sanaa debe ser más dinámico en sus acciones y dar respuestas a la gente y que a la mu-nicipalidad le llegan todos los pro-blemas y a veces no se puede con tanto. Sin embargo se comprometió a resolver el problema de la comu-nidad la 10.

E n abril de este año, la Alianza Por la Paz y la Justicia exigió al Congre-so Nacional de la Repú-

blica interpelar a los titulares de la Dirección de Investigación y Evalua-ción de la Carrera Policial (DIECP), al Secretario de Seguridad, Fiscal Ge-neral de la República y Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Las comparecencias de estos fun-cionarios ratificaron lo que la so-ciedad civil ha venido denunciando: incapacidad, ineficiencia, falta de coordinación interinstitucional, débil liderazgo, falta de voluntad política y valentía para enfrentar el crimen organizado, la delincuencia común y toda expresión de violencia que pone en riesgo la vida y los bienes de las familias hondureñas.

El aumento de la corrupción, la im-punidad generalizada han alertado a varias organizaciones de sociedad civil que se aglutinan en la Alian-za por la Paz y la Justicia, quienes consideran que aún hay tiempo para que en Honduras funcionen las ins-tituciones del Estado y que vale la

pena hacer esfuerzos porque el pue-blo hondureño se merece que se le respeten sus derechos.

Después del nombramiento de la comisión encargada de intervenir el Ministerio Pública, la Alianza por la Paz y la Justicia, aseguró su respal-do total a las acciones que hagan los nuevos comisionados.

Josue Murillo, coordinador de la Alianza Por la Paz y la Justicia, dijo

que se han acercado a los actores del Estado: a la Dirección y Evaluación de la Carrera Judicial, al Ministerio Público, a la Secretaría de Seguridad entre otros para plantear acciones concretas a fin de que los operado-res de justicia hagan bien su trabajo.

“Ya hemos creado una unidad de in-vestigación y vamos hacer un trabajo de incidencias. Asimismo estamos instalando un centro de denuncias, y hacemos alianzas con los medios de

comunicación nacionales y locales”, explicó Murillo.

El trabajo de la Alianza también con-lleva impulsar los casos paradigmá-ticos previamente identificados, uno de estos casos es el asesinato del señor Alfredo Landaverde, asesor en materia de Seguridad de la Policía Na-cional. De esta manera podrán tener respuestas de los responsables en impartir justicia. “Vamos a levantar la voz y también vamos a presentar pro-

puestas concretas”, agregó Murillo.En lo que se refiere a la depuración policial, la Alianza rechaza la milita-rización de la policía y apuestan por una policía comunitaria que goce de su legitimidad para que la población no le tenga miedo, “porque la po-licía que tenemos en la actualidad es altamente represiva”, aseguró Josue Murillo.

Por esta razón la Alianza pide im-pulsar un proceso de depuración efectivo que priorice a los altos mandos policiales e iniciar un pro-ceso de investigación para escoger a los oficiales más honestos y efec-tivos para promoverlos a cargos de conducción en la Policía Nacional.

Cartel colocado en el tanque de la comunidad El Socorro.

juana Rosa Bueso, dirigente.

Josue Murillo, coordinador de APJ.

Apuesta porque funcionenlas instituciones del Estado

La Alianza por la paz y la justicia sigue exigiendo soluciones al Estado.



Honduras a las puertas de una nueva epidemia de dengueMientras las autoridades de la Secretaría de Salud se niegan a decretar una emergencia por den-gue, esta enfermedad ya cobró las primeras tres víctimas mortales. El rápido aumento de los casos de dengue clásico y dengue grave o hemorrágico han colocado a Hondu-ras a las puertas de una epidemia incontrolable similar a la vivida en el 2010, de acuerdo a Ernesto Neal de Regulación Ambiental de la Secreta-ria de Salud, en El Progreso, Yoro. En 2010 se reportaron más de 66 mil casos de dengue clásico y 11 mil casos sospechosos de dengue hemorrágico de los cuales 3,338 fueron confirmados y de estos, 83 fallecieron.

En lo que va del año 2012 al menos siete mil personas son sospecho-sas de tener dengue en Honduras, informó a través de un boletín del Programa del Dengue de la Secre-taría de Salud. La propagación de la enfermedad ocasionada por el

zancudo transmisor tiene en alerta a las autoridades especialmente en los departamentos de Cortés, Atlán-tida, Francisco Morazán, Choluteca y Ocotepeque.

La Secretaría de Salud confirmó la muerte por dengue de una tercera persona en San Pedro Sula. Los tres fallecidos por la enfermedad eran residentes del sector sureste de la

capital industrial, adonde se ha re-gistrado la mayor parte de los casos sospechosos de dengue.

Síntomasdel Dengue

Se inicia con fiebre alta (40 a 40.5 grados centígrados), una erupción macular (mancha plana) de color rojiza, cansancio extremo y fuertes

dolores de cabeza (cefalalgias), musculares (mialgias) y articulares (artralgias).

Puede haber náuseas, vómitos e inflamación de ganglios linfáticos. Existe una forma mortal de la enfer-medad, que es el Dengue Hemorrá-gico, que puede llevar a la muerte por hemorragias rápidamente de no ser atendido.

El inicio de la enfermedad es el mis-mo que en el caso del Dengue Clási-co, pero a partir del cuarto o sexto día aparecen los llamados signos de alarma del Dengue Hemorrági-co: agravamiento de los síntomas, dolor abdominal intenso, sangrado de encías, nariz, conjuntivas, piel o cualquier otro sitio.

Basta conuna picada

El dengue es transmitido a través de la picada del zancudo Aedes ae-gypti, “su capacidad reproductiva es

muy elevada de manera que su con-trol es bastante difícil. Sin embargo se puede controlar con el concurso de todas las personas”, indicó Er-nesto Neal de Regulación Ambiental.

“Este zancudo es enemigo temible que convive con nosotros, adueñán-dose del hogar, la salud y la tranqui-lidad. Son portadores de muerte y hay que combatirlos utilizando inte-ligentemente el conocimiento dispo-nible sobre ellos”, manifestó.

“Hay que eliminar los criaderos de zancudos; los recipientes que utilice para almacenar agua (tanques, to-neles, baldes, etc.) deben permane-cer bien tapados. Entregue las latas y llantas abandonadas a la intem-perie a los recolectores de basura”, manifestó.

Las medidas antes mencionadas deben ser parte del diario vivir de cada hondureño y hondureña, para que las medidas sean permanentes y no de emergencia.

E ste día a las 4:55 a.m. la tierra volvió a moverse en el departamento de Atlántida. Autoridades

del Comité Permanente de Contin-gencias, COPECO manifestaron que este sismo fue de 3.3 en la escala de Richter. Aunque duró pocos segun-dos causó alarma en la población que poco a poco se desespera por la falta de información y explicacio-nes de los expertos.

Según el monitoreo realizado por COPECO, el 10 de abril se registró el primer sismo en Atlántida, regis-trado con una magnitud de 5.5 en la escala de Richter. Este primer sismo afectó totalmente la zona. Desde ese día no ha dejado de temblar y las autoridades han llamado a este fenómeno como un “enjambre de sismos” producidos por una falla geológica que según los expertos puede mantenerse por uno, dos o hasta tres meses más.

“Los daños hasta el momento son los mismos que ya fueron evalua-dos. En los municipios de Esparta, Arizona y el sector de San Juan Pueblo hay muchas casas dañadas, sin embargo, no para de temblar y eso preocupa. Estamos tomando las

medidas de precaución y prevención necesarias para que no pasen des-apercibidos estos temblores,” dijo el Subcomisionado Regional de COPE-CO Abraham Mejía.

“En la mañana hubo dos movimien-tos un poco fuertes” dijo Martín Fer-nández poblador de San Juan Pue-blo, Atlántida, que a paso seguido dijo que “la comunidad está pidien-do que haya una intervención de ex-pertos que presenten un informe in-dependiente y claro, que realmente contribuya a que podamos tener un poco de calma, porque las noticias que da COPECO no son alentadoras, diciéndonos que como puede tem-blar por 2 meses puede temblar por 2 años,” señaló molesto Fernández.

La mayoría de los habitantes de Atlántida dicen entender que en la zona hay una falla geológica, sin embargo, dudan y no se conforman con la información que brinda el go-bierno. Los pobladores aducen que el Estado envió sus expertos a la zona hasta que recibieron un llama-do de las empresas hidroeléctricas, no ante el clamor de la población.

Otra cosa que los mantiene moles-tos, es que no les han dejado par-

ticipar en la investigación que se ha estado realizando por parte de COPECO, y los principales opositores a que la comunidad participe son las empresas hidroeléctricas.

“Se conformó una organización llamada Movimiento Ambientalista de Atlántida, MAA, para hacer peti-ciones a nivel internacional porque sentimos que acá, a lo interno no hay respuesta del gobierno, senti-mos que hay un acomodamiento de quienes dirigen estas instituciones. Ya hay zonas colapsadas, un cerro conocido como El Pinar lo determi-naron como colapsado, las perso-

nas que habitan en las cercanías ha abandonado este sector, esta gente se ha salido”, expresó Fernández.

Según el más reciente informe de COPECO, 232 casas han sido afec-tadas, siendo las comunidades más perjudicadas: Las Delicias, El Dia-mante y Los Bajos ubicadas en los municipios de Esparta, Arizona y el sector de San Juan Pueblo. La gente dice sentirse alarmada por la poca información del gobierno y porque han observado que los centros de salud están abiertos las 24 horas y eso les hace pensar que están en una situación de emergencia, sin

embargo, hasta el momento el go-bierno no brinda un informe dirigido hacia ese sector.

Por su parte, el gobierno a través de COPECO está canalizando ayuda que según ellos va dirigida a 43 familias que han sido las más afectadas de este sector.

“La ayuda será destinada a 43 fa-milias, las cuales fueron evaluadas y ya se encuentran en la base de datos en la capital Tegucigalpa para que lo más pronto sean atendidas” expresó el Subcomisionado Regio-nal de COPECO, Abraham Mejía.

Los centros de salud ya reportan varios casos en la zona norte.

En Atlántida

Nuevo sismo estremece la tierray aumenta tensión en la población

Los pobladores no descartan una falla geológica pero esperan respuestas por parte del Estado.

boletín no. 288

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