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"EL COMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA"
CAMPUS CENTRAL
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, AGOSTO DE 2013
ANDREA CAROLINA REYES MARTINEZ
CARNET12438-06
TESIS DE GRADO
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
"EL COMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA"
LOS TÍTULOS DE ABOGADA Y NOTARIA Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PREVIO A CONFERÍRSELE
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, AGOSTO DE 2013
CAMPUS CENTRAL
ANDREA CAROLINA REYES MARTINEZ
POR
TESIS DE GRADO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.
DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.
LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA
SECRETARIA GENERAL:
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN:
P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA:
RECTOR:
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANO: MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
DR. JUAN CARLOS CASELLAS GÁLVEZ
MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCIA
Tribunales que practicaron la evaluación comprensiva:
Área Pública:
Licenciado Victor Manolo Funes Enriquez
Presidente
Licenciado Rafael Francisco Dardón Rodríguez
Secretario
Doctor Julio Cesar Cordón Aguilar
Vocal
Área Privada:
Licenciado Axel Manuel Romero Gerardi
Presidente
Licenciado Juan José Morales Ruiz
Secretario
Licenciada Vera Alexandra Castellanos Calderón
Vocal
DEDICATORIA
A DIOS
Por ser el centro de mi vida, por darme la fortaleza necesaria para culminar mi carrera, dándome las herramientas adecuadas y sobre todo a las personas idóneas que me respaldaron en cada momento.
A MIS PADRES
Quienes han sido mi ejemplo de vida, por apoyarme durante toda mi carrera y brindarme su amor incondicional en todo momento, por ser esa guía necesaria para cumplir mis metas, y lograrlas a través de la perseverancia, esfuerzo y dedicación.
A MIS ABUELITOS
Por ser el pilar fundamental en mi vida, por la sabiduría plasmada a través de los años y sobre todo los recuerdos que llevo dentro de mi corazón.
A MIS HERMANOS Y CUÑADO
Por el apoyo incondicional que me han brindado a lo largo de la carrera, por ser el respaldo e inspiración de mis decisiones.
A MIS SOBRINAS
Por su alegría, amor sincero y paz que me transmiten cada día. Por ser esos angelitos que se han convertido en el centro de mi vida.
A MI NOVIO
Por ser la luz que me ilumina cada día, por ser esa persona incondicional e importante que me ha apoyado a lo largo de la carrera, por tu amor, paciencia y felicidad que has transmitido en mi vida.
A MI FAMILIA
Por brindarme su ayuda, amor y comprensión en todo momento.
A MIS AMIGOS
Por haber compartido una misma meta a lo largo de nuestra carrera y por ser personas especiales que las llevaré siempre en mi corazón.
Responsabilidad
"La autora es la única responsable del contenido,
doctrinas y criterios sustentados en la presente tesis"
1
RESUMEN
La presente monografía, tiene como objetivo establecer el cómputo para poder
interponer el Proceso Contencioso Administrativo, así mismo determinar si es
requisito notificar a la Procuraduría General de la Nación, en lo sucesivo PGN, de
la resolución del Recurso de Revocatoria emitida por el Directorio de la
Superintendencia de Administración Tributaria durante el procedimiento
administrativo como condicionante para que comience a computarse el plazo para
la interposición de la demanda Contenciosa Administrativa, derivado que la PGN
evacúa audiencia dentro del procedimiento administrativo del proceso objeto de
estudio, esto mediante un exhaustivo análisis de la legislación y con un marco
doctrinario que desarrolla las figuras jurídicas relacionadas acorde al medio
forense guatemalteco, haciendo énfasis primordial de las reformas tributarias
contenidas en el decreto 4-2012 del Congreso de la República, ya que mediante
las reformas tributarias se deja claro que no es requisito notificarle a la PGN dicha
resolución, pero entonces qué pasa con los casos ingresados antes de las
reformas? Cuál es el criterio que deben de aplicar los tribunales Contenciosos
Administrativos Tributarios? Existe o no conflicto entre normativas administrativas
y tributarias?.
El supuesto primordial a verificar es determinar la juridicidad, la interposición
extemporánea de la Demanda Contenciosa Administrativa bajo el argumento de la
falta de notificación a la PGN de la resolución emitida por el Directorio de la
Superintendencia de Administración Tributaria, en lo sucesivo SAT, esto en virtud
que aquella emitió opinión dentro del procedimiento administrativo, por lo que
según el Decreto 512 del Congreso de la República debe de ser notificada,
argumento utilizado por el contribuyente para interponer la demanda fuera del
plazo legal.
Se examina el criterio de la Administración Tributaria cuyo objeto son los
documentos que conforman los expedientes administrativos y aquellos
presentados ante las Salas de lo Contencioso Administrativo al litigar procesos
originados por ajustes formulados por dicha institución pública.
2
Asimismo, se analizan fallos emitidos por la Sala Segunda, Tercera y Cuarta del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fallos emitidos por la Cámara de
Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia.
Se concluye estableciendo que la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo vulnera el derecho de defensa y debido proceso del Estado, al
admitir para su trámite una demanda interpuesta de manera extemporánea, esto
en virtud que con el argumento bajo el cual lo admite se reconoce el
incumplimiento de los requisitos para la interposición de una demanda
Contenciosa Administrativa.
Es necesario crear jurisprudencia y publicitarla, la cual documente las opiniones
emitidas por los órganos jurisdiccionales, mediante fallos que contengan la
posición jurídica de la presente monografía y difundir la misma dentro del mismo
gremio a fin de que se respeten y analicen los criterios jurisdiccionales.
3
ÍNDICE
Pág.
Introducción 06 CAPITULO I
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
1.1. Proceso Contencioso Administrativo Tributario 09
1.1.1 Concepto 09
1.1.2 Naturaleza Jurídica 11
1.2.3 Proceso Contencioso Administrativo Tributario 11
a) Requisitos de la Interposición 12
b) Plazo para interposición 14
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
2.1 Procedimiento Administrativo Tributario 25
2.1.1 Concepto 25
2.1.2 Naturaleza Jurídica 26
2.1.3 Principios del Procedimiento Administrativo 26
2.1.4 Clases de Procedimiento Administrativo 28
2.1.5 Procedimiento Administrativo Tributario 34
2.1.6 Partes dentro del Procedimiento Administrativo Tributario 42
a) Papel de la Superintendencia de Administración Tributaria dentro de los procedimientos administrativos Tributarios 43
b) Papel de la Procuraduría General de la Nación dentro de los procedimientos administrativos Tributarios 44
4
CAPITULO III
PLAZOS LEGALES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
3.1. Del Plazo 48
3.1.1 Qué es el plazo 48
3.1.2 Plazos y términos 48
3.1.3 Cómputo del plazo en el tiempo en materia Tributaria 50
3.1.4 Plazo para la interponer el Proceso Contencioso Administrativo 52
3.1.5 Reformas tributarias al proceso administrativo 53
3.2 Ultractividad 55
3.2.1 Que es la Ultractividad 55
3.2.2 Concepto 55
3.2.3 Definición 57
3.2.4 El principio de la ultractividad
3.2.5 La ultractividad de las normas tributarias
CAPITULO IV
ANÁLISIS DE CASOS
4.1 Análisis del plazo para interponer el Proceso Contencioso Administrativo, antes de las Reformas Tributarias 4-2012 68
4.2 Expediente número 236-2008, Superintendencia de Administración Tributaria contra Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. 69
4.3 Expediente número 10 y 14-2006, Superintendencia de Administración Tributaria contra Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. 72
4.3.1 Análisis de los casos 76
4.1 Expediente número 87-2009, Agrosak, Sociedad
5
Anónima contra Superintendencia de Administración Tributaria 78
4.4.1 Análisis del caso 80
4.5 Expediente número 1008-2007, Superintendencia de Administración Tributaria contra Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo. 81
4.5.1 Análisis del caso 84
4.6 Plazo para interponer el Proceso Contencioso Administrativo, luego de la vigencia del decreto 4-2012 85
CAPITULO V
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1 Presentación de resultados 86
5.1.1 Postura de los Contribuyentes 87
5.1.2 Postura de la Superintendencia de Administración Tributaria y Procuraduría General de la Nación 87
5.1.3 Resoluciones emitidas por la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo 88
5.1.4 Análisis y discusión 89
5.2 Conclusiones 92
5.3 Recomendaciones 93
5.4 Referencias 94
5.5 Anexo 97
6
INTRODUCCIÓN
La presente tesis tiene por objeto analizar el cómputo del plazo para poder
interponer el proceso Contencioso Administrativo, y verificar que sucede en los
casos donde los contribuyentes interpusieron la demanda Contenciosa
Administrativa Tributaria fuera del plazo legal, bajo el argumento que la
Procuraduría General de la Nación, no ha sido notificada de la resolución que
pone fin al procedimiento Administrativo, sin embargo mediante las reformas
contenidas en el Decreto 4-2012 del Congreso de la República se determina que
no es requisito notificarle a la Procuraduría General de la Nación dicha resolución,
entonces corresponde determinar el impacto causado mediante dichas reformas,
qué sucede con los casos presentados con anterioridad a las reformas?, existe o
no conflicto de leyes?
Derivado de lo anterior una considerable responsabilidad para la Superintendencia
de Administración Tributaria, en virtud que en su labor de contralor y recaudador
tributario debe de estar pendiente de que cada uno de los procedimientos se
desarrollen dentro de un estricto marco legal, ya que es necesario establecer el
cómputo del plazo para la interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa
Tributaria por parte del contribuyente.
Incumplir con lo preceptuado en normas tributarias y llevar a la práctica actos
infundados como la presentación de demandas extemporáneas supone que el
contribuyente estará propenso a que la Superintendencia de Administración
Tributaria presente recursos y excepciones que corrijan el curso del proceso, que
tendrá como consecuencia, que sean aceptados los recursos y rechazada la
demanda, teniendo que pagar el contribuyente no solo el impuesto
correspondiente, sino además una multa del equivalente al impuesto omitido más
intereses resarcitorios.
En virtud de lo anterior en la presente monografía se exponen y comentan dichas
figuras conforme a la doctrina en la materia, en concordancia al ámbito nacional.
7
De forma general se explica lo relativo al procedimiento administrativo tributario,
su naturaleza jurídica, principios, clases, partes dentro del Procedimiento
administrativo tributario, el Papel que juega la Superintendencia de Administración
Tributaria y la Procuraduría General de la Nación dentro del procedimiento
administrativo, Proceso Contencioso Administrativo Tributario, su naturaleza
jurídica, así como los plazos legales en el procedimiento administrativo tributario,
el cómputo del plazo en el tiempo en materia Tributaria, el plazo para interponer el
Proceso Contencioso Administrativo, la ultractividad, los principios de la
ultractividad, entre algunos, lo anterior constituye un importante preámbulo para
entender el cómputo del plazo para la interposición de la demanda contenciosa
administrativa por parte del contribuyente.
Adicionalmente, se analiza el criterio de la Superintendencia de Administración
Tributaria, con el objeto de establecer cuál es la interpretación que el órgano
fiscalizador realiza sobre dicha materia.
Para obtener el criterio de la dependencia administrativa se examinan
resoluciones expedidas dentro del procedimiento contencioso administrativo y
resoluciones emitidas por el Tribunal Contencioso Administrativo y Corte Suprema
de Justicia.
La monografía tiene como finalidad analizar la extemporaneidad de la interposición
de la demanda Contenciosa Administrativo, la admisión de la misma bajo el
argumento de no haber notificado a la Procuraduría General de la Nación de la
resolución del Directorio para dar inicio al cómputo del plazo para la interposición
de dicho procedimiento.
El aporte de la presente monografía constituye un cúmulo de conocimientos, así
como análisis e interpretación de la legislación, doctrina y criterios administrativos
y jurisdiccionales relacionados con el tema objeto de estudio, de tal forma que se
proporcionan elementos suficientes para establecer en cada caso particular, la
8
existencia o no de los supuestos que deben verificarse para hacer una correcta
interpretación de la normativa.
La presente monografía constituye en consecuencia, una investigación jurídico
descriptiva que aporta elementos para dilucidar los supuestos que deben
verificarse para hacer una correcta interpretación, de la normativa jurídica vigente,
a manera de establecer si jurídicamente es procedente o no la interposición de la
Demanda Contenciosa Administrativa Tributaria fuera del plazo legal.
9
CAPITULO I
1. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1.1 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
1.1.1 CONCEPTO
Surge de la necesidad de tener un medio de control por parte del particular para
impugnar las resoluciones de la administración pública. Hecho que tiene que ver
con los medios de control judiciales que se utilizan en contra de las resoluciones y
actos de la administración pública guatemalteca, como lo es el Proceso de lo
Contencioso Administrativo.
El Proceso Contencioso Administrativo “es un garante de los derechos de los
administrados, asegura la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la
juricidad de todos los actos de la administración pública garantizando el derecho
de defensa del particular frente a la administración.”1
El Decreto numero 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso
Administrativo delimita el ámbito de aplicación de la jurisdicción contenciosa
administrativa. El Proceso Contencioso Administrativo es de única instancia y su
planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo para casos concretos
excepcionales en que el Tribunal decida lo contrario. Este proceso es procedente
cuando existan controversias en actos y resoluciones de la administración y de las
entidades descentralizadas y autónomas del Estado y las controversias derivadas
de contratos y concesiones administrativas2.
Para que un proceso Contencioso Administrativo pueda iniciarse se requiere que
la resolución que lo origina, no pueda remediarse por medio de los recursos
puramente administrativos y que lo resuelto vulnere los derechos del administrado.
La legislación Guatemalteca establece que ningún proceso tendrá más de dos
1
Mendoza, Lissette Beatriz. Ricardo Mendoza Orantes, ”Derecho Procesal Administrativo”, tomo II, 2da, Edición, Guatemala. Págs. 284-286 2 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo.
10
instancias. El proceso Contencioso Administrativo como se hizo referencia es de
una única instancia y en ese sentido la sentencia o resolución definitiva que se
emita no será apelable, sin embargo como medio contralor de la legalidad del
proceso, la Corte de Constitucionalidad ha sido del criterio que la casación tiene
como “finalidad la defensa del Derecho Objetivo que corresponde a la correcta
aplicación de la ley en los fallos judiciales.”3
La relación jurídica procesal típica está constituida por un administrado
demandante o recurrente y una administración pública demandada. También hay
que considerar que la propia administración pública puede ser recurrente cuando
considere que un acto o contrato administrativo es lesivo o perjudicial para el
Estado. El Tratadista Fernando Garrido Falla4 expone que este esquema esta
relacionado con la existencia de un Estado fuertemente centralizado en el que la
vía administrativa se agotaba, como regla, ante los órganos supremos de la
Administración del Estado.
Por otro lado el Catedrático Jorge Mario Castillo González5 deja plasmado su
descontento porque en Guatemala no se han organizado tribunales
administrativos, tal como los concibe la doctrina procesal administrativa. Esto
deviene que el Proceso Contencioso Administrativo es una mala copia de los
procesos y trámites regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del
Organismo Judicial. A pesar de tener una ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo existen normas jurídicas en otros códigos que confunden al
administrado.
El objetivo general del Contencioso Administrativo es controlar la actividad
administrativa y velar que los actos administrativos no contengan vejamen a los
3 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticinco de Agosto de dos mil novecientos noventa y dos dentro del
expediente cuatro guion noventa y dos (4-1992). 4 Garrido Falla, Fernando y otros. Tratado de Derecho Administrativo parte general, Madrid, editorial Tecnos,1987, 8va.
Edición. Págs. 117–125. 5 Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo Guatemalteco. Tomo II. Teoría Procesal 16a Edición,
Guatemala 2005. Págs. 709-710
11
derechos de los administrados o al mismo Estado. Para hacer posible que el
Contencioso Administrativo pueda controlar la actividad administrativa es
necesario que previo a cualquier acción, la existencia de un acto de la
administración pública y que hayan sido agotados los procedimientos puramente
administrativos, salvo sus excepciones, por ejemplo: cuando la administración
pública causa un agravio a una garantía constitucional y la vía ordinaria causaría
daños o vejámenes irreparables.
1.1.2 NATURALEZA JURÍDICA
El Decreto numero 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso
Administrativo delimita el ámbito de aplicación de la jurisdicción contenciosa
administrativa. El Proceso Contencioso Administrativo es de única instancia y su
planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo para casos concretos
excepcionales en que el Tribunal decida lo contrario. Este proceso es procedente
cuando existan controversias en actos y resoluciones de la administración y de las
entidades descentralizadas y autónomas del Estado y las controversias derivadas
de contratos y concesiones administrativas6.
1.1.3 PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
a) Demanda
Es el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción solicitando de un órgano
jurisdiccional la protección, declaración o constitución de una situación jurídica.
El Tratadista Guillermo Cabanellas 7 define la demanda como una petición,
solicitud, súplica, ruego. En materia procesal es el escrito por el cual el actor o
demandante ejercita en juicio una o varios acciones, constituyéndose el inicio de
un juicio.
Cada proceso tiene sus principios y formalidades, el Proceso Contencioso
Administrativo establece el contenido de toda demanda o escrito inicial:
6 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo.
7 Cabanellas, Guillermo Tomo I. Op.cit 57.
12
Designación de la Sala a la cual se dirige; nombre del demandante o su
representante, su abogado y el lugar para recibir notificaciones. Indicación de
manera precisa el órgano administrativo y del lugar para notificarlo, identificación
del expediente administrativo, la resolución controvertida; el ofrecimiento de los
medios de prueba, la pretensión de trámite y de fondo.
El actor acompañará los documentos en que funde su derecho, siempre que estén
en su poder; en caso contrario, indicará el lugar donde se encuentren o persona
que los tenga en su poder, para que el tribunal los requiera en la resolución que le
de trámite a la demanda.
El memorial de demanda podrá presentarse directamente a la Sala del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido, o a un Juzgado de Primera
Instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deba conocer de él.
Al recibir la demanda o escrito inicial el tribunal revisa que se cumplan con todos
los requisitos formales y en caso presente errores o deficiencias deberán de ser
subsanados para continuar con el proceso, si esos errores o deficiencias son
insubsanables la demanda será rechazada para su trámite.
Si la demanda contiene los requisitos de forma, el Tribunal pedirá los
antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente, con
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por
desobediencia. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes, con
informe circunstanciado, si la autoridad no los envía, el Tribunal, admitirá para su
trámite la demanda.
Para continuar el trámite se debe establecer en el expediente, si el Tribunal es
competente para el caso planteado, si se agotó la vía administrativa y si los
recursos administrativos se plantearon dentro de los plazos, para que la resolución
haya causado estado, el Tribunal no revisa el fondo de las pretensiones,
únicamente si la demanda está ajustada a Derecho. La resolución de las
pretensiones, que son el fondo del asunto, se decide en la sentencia.
13
Encontrándose los antecedentes en el Tribunal, éste examinará la demanda con
relación a los mismos y si la encontrare ajustada a Derecho, la admitirá para su
trámite.
Se pueden dictar providencias precautorias, solicitadas por el actor, medidas
precautorias urgentes e indispensables, las que se decretan en la resolución que
le dio trámite a la demanda. Estas son una potestad del órgano jurisdiccional.8
El plazo para interponer el recurso Contencioso Administrativo será de treinta días
(30) hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la
última notificación de la resolución del recurso de revocatoria o de reposición, en
su caso.9
b) Emplazamiento
El Tratadista Guillermo Cabanellas 10 expone que el emplazamiento es el
requerimiento o la convocatoria que se le hace a una persona por orden judicial
para que comparezca ante el Tribunal en el término que se designe, con el objeto
de poder hacer uso de su derecho de defensa.
El emplazamiento es entonces la audiencia que se les da a las partes, en el
Proceso Contencioso Administrativo son: el demandante, Superintendencia de
Administración Tributaria o el órgano administrativo o institución descentralizada,
la Procuraduría General de la Nación y.
El medio por el cual se emplaza a las partes es un decreto donde se les da
audiencia, pero las características de este decreto es que debe de ir firmado para
cada uno de los Magistrados del Tribunal.
A todas aquellas personas que se les pueda dar audiencia dentro del Proceso, se
les considera como terceros quienes pueden deducir una acción relativa al mismo
8 Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo Guatemalteco. Tomo II. Teoría Procesal 16a Edición,
Guatemala 2005. Págs. 820
9 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario, artículo 161 10 Cabanellas, Guillermo. Tomo I. Op.cit 64
14
asunto puesto en controversia.
En la resolución de trámite de la demanda se emplazará al órgano administrativo o
institución descentralizada demandado, a la Procuraduría General de la Nación, a
las personas que aparezcan con interés en el expediente y, cuando el proceso se
refiera al control y fiscalización de la hacienda pública, también a la Contraloría
General de Cuentas, dándoles audiencia por un plazo común de quince días.11
c) La Notificación
La notificación es el acto judicial donde se hace del conocimiento de las partes el
asunto que pende en los tribunales de justicia a efecto de garantizar su derecho
de defensa y poder optar por una actitud procesal en relación a las providencias o
resoluciones dictadas por los Jueces.
Es indispensable que la persona notificada sea parte principal en el asunto judicial
ya que en caso contrario la notificación no podrá surtir sus efectos, esto hace la
diferencia con las citaciones porque estos actos judiciales pueden comprender
muy bien a personas que no sean partes principales en los juicios o diligencias
judiciales.
Los notificadores son auxiliares del Juez que gozan de fe pública, precisamente
para el efecto de hacer las notificaciones a los contendientes, que puede hacerlas
en las propias oficinas del Tribunal, si el interesado llega a ellas con el fin de
recibir notificaciones, en el domicilio de éste, o en cualquier lugar aparente para el
caso.
Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal y sin ello no
quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a
las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán,
según el caso: personalmente; por los estrados del tribunal; por el libro de copias;
y por el boletín judicial.
11 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 35
15
Al notificar se entregará la copia de la solicitud con la trascripción de la resolución
en ella dictada, o solo de la resolución cuando no haya recaído en una solicitud,
identificando todo caso el expediente respectivo12.
d) Actitud del Demandado
Las partes procesales al ser notificadas del decreto que admite para su trámite la
demanda se encuentran emplazadas para comparecer al juicio y manifestarse
adquiriendo una actitud dentro del proceso. Esta actitud puede ser negativa o
positiva, la negativa es oponerse a la demanda e interponer los medios de defensa
que considere pertinentes y la positiva es allanarse, quiere decir aceptar los
hechos. Otras de las actitudes del demandado y reconocida legalmente es la
reconvención donde el demandado dentro del mismo proceso demanda al
demandante y la rebeldía donde el demandado adquiere una actitud indiferente
ante el proceso y no comparece al mismo13.
f) Excepciones Previas
La excepción procesal es el título o motivo que, como defensa, emplea el
demandado, contradiciendo o repeliendo lo que se le reclama, alegando en contra
del demandante para excluir, dilatar o enervar la acción del actor.
Dice Eduardo Couture, 14 que se examina el problema de los presupuestos
procesales en relación con el de las excepciones, se comprueba que en múltiples
casos la excepción es un medio legal de denunciar al Juez la falta de
presupuestos necesarios para la validez del juicio.
Según lo previsto legalmente las excepciones previas tienden a postergar la
contestación de la demanda y procuran la depuración de elementos formales del
juicio. Se refieren más a la forma que al fondo. Se interponen antes de contestar la
demanda. Se puede replantear la demanda al subsanar el error.
12
Ibid., Pág. 815. 13
Loc cit. 14
Couture, Eduardo J. “Estudios de derecho procesal civil”, 3a.ed. Buenos Aires : Depalma, 1999.Pág. 384
16
Los emplazados pueden interponer dentro del quinto día del emplazamiento las
excepciones previas.15
g) Contestación de la Demanda
La demanda puede contestarse negativa o positivamente. La contestación
negativa de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de
hecho y de derecho.
Es el acto con que concluye la fase introductoria. Una vez realizado queda
formalmente constituida en su integridad la relación procesal; fijados los hechos a
probarse y agotado el contradictorio. El actor no podrá ya modificar y ampliar su
demanda ni el demandado oponer otras defensas o variar las propuestas.
La contestación de la demanda está sujeta a los mismos requisitos de todo escrito
inicial, en cuanto a sus elementos de contenido y de forma; y por consiguiente no
pueden faltar en ella los datos de relación de hechos, ofrecimiento de pruebas,
exposición del derecho y petición. Igualmente, el demandado, deberá acompañar
a su contestación de la demanda los documentos en que se funde su derecho y si
no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible,
expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar
donde se encuentren los originales. Si no se cumpliere con este requisito no se
admitirán los documentos con posterioridad, salvo impedimento justificado.
Es en este momento en que deben oponerse las excepciones perentorias que el
demandado tenga contra la pretensión del actor. Las que nazcan con posterioridad
a la contestación de la demanda pueden oponerse en cualquier instancia y serán
resueltas en sentencia. Pueden interponerse en cualquier estado del proceso, las
excepciones de: litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad,
falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad, y prescripción. Estas
últimas excepciones serán resueltas por el procedimiento de los incidentes16.
15 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 36 16
Ibid., Pág. 817.
17
h) Excepciones Perentorias
Las excepciones perentorias atacan el fondo del asunto, o sea, la pretensión. Se
deciden en sentencia y anulan definitivamente la acción. No destruyen la acción, la
hacen ineficaz. Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en
sentencia.
Las perentorias no son defensas sobre el proceso en sí, sino sobre el derecho que
se quiere hacer valer dentro del proceso, razón por la cual estas excepciones se
resuelven en sentencia y se presentan con la contestación de la demanda, porque
atacan el fondo del asunto.
Las excepciones perentorias tienen las siguientes características como
indispensables para su procedencia que son innominadas, se plantean al
contestar la demanda, se discuten y se tramitan con la cuestión principal, se
resuelven en sentencia17.
i) Reconvención
La reconvención es el derecho que tiene el demandado de ejercer sus propias
pretensiones en contra del demandante dentro de un mismo proceso, sin embargo
para que la reconvención proceda se debe respetar los principios de no
contradicción, unidad de trámites y unidad de competencia. Impone la limitación
de que la pretensión que se haga valer en la reconvención debe tener conexión,
ya sea por razón del objeto o por el título, con la demanda del actor18.
j) Rebeldía
Transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que no
hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido
negativo y se tendrán como válidas todas las afirmaciones del demandante.19
17
Loc cit. 18
Loc cit. 19 Ibid., Pág. 819.
18
k) Prueba
Según Hugo Alsina la prueba es “la comprobación judicial, por los modos que la
ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho
que se pretende.” Por otro lado Eduardo Couture la define en un sentido procesal
como “un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en
el juicio, expresa que la prueba es: En su acepción común, es la acción y el efecto
de probar; y probar y demostrar es de algún modo la certeza de un hecho o la
verdad de una afirmación.”20
Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria; y sin este requisito no
se tomarán en consideración. Para la diligencia de prueba se señalará día y hora
en que deban practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con dos
días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por su
naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El Juez presidirá todas las
diligencias de prueba.
En el Proceso de lo Contencioso Administrativo puede abrirse a prueba o no, es
decir que cuando se está discutiendo cuestiones de puro derecho, no es necesario
que se abra a prueba el proceso, el derecho que hacemos valer contra la
administración pública se encuentra contenido en una norma legal y se discutirá
en el proceso la no aplicación de la misma y por derecho no deben resolver a base
de ley.
Contestada la demanda y la reconvención en su caso, se abrirá a prueba el
proceso por el plazo de treinta días, salvo que la cuestión sea de puro derecho,
caso en el cual a juicio del tribunal se omitirá la apertura a prueba por existir
suficientes elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se
omita la apertura a prueba será motivada.
El ofrecimiento de la prueba deberá hacerse, según la parte que las haya
20
Couture, Eduardo. Op.cit., págs. 273-281
19
propuesto en la demanda o en su contestación21.
Se abrirá a prueba el proceso, por el plazo de treinta días, salvo que la cuestión
sea de puro Derecho, caso en el cual se omitirá la apertura a prueba, la que
también se omitirá cuando a juicio del tribunal existieren suficientes elementos de
convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la apertura a
prueba será motivada22
l) Vista y Auto para Mejor Fallar
El Decreto para mejor proceder o auto para mejor fallar, se justifica cuando el
Tribunal tiene dudas para emitir su fallo y cree conveniente la práctica de algunas
diligencias que suponen una sentencia más justa para las partes. El tribunal tiene
la facultad de solicitar: que se traiga a la vista cualquier documento que crea
conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes; que se practique
cualquier reconocimiento o avaluó que consideren necesario o que se amplíen los
que ya se hubiesen hecho y traer a la vista cualquier actuación que tenga relación
con el proceso.
El Juez al terminar el período de prueba, al señalarse el día para la vista y del auto
para mejor fallar, al momento de dictar la sentencia debe valorar la prueba,
mediante la aplicación de la sana crítica.
La valoración de la prueba implica el estudio detenido de la prueba que pueda
servir de base al juzgador para inclinarse a dictar una sentencia a favor de quien
haya aportado la prueba, que determine la verdad sobre las pretensiones hechas
valer dentro del juicio.
Hay que recordar que las pruebas o medios de convicción son la forma de
demostrar que las pretensiones son reales, verdaderas y legales23.
Se señalará día y hora para la vista, en el plazo de 15 días, transcurrida la vista, el
21 Ibid., Pág. 820. 22 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 41 23
Ibid., Pág. 8222.
20
tribunal podrá, si lo estima necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que
no exceda de diez días, para practicar cuantas diligencias fueren necesarias para
determinar el derecho de los litigantes, indicando en dicho auto las que habrán de
practicarse, las que se efectuarán con citación de parte.24
m) Sentencia
Es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos al órgano
jurisdiccional. Mediante ella termina normalmente el proceso y cumple el Estado
en la tarea de actuar el derecho objetivo. La sentencia es aquel acto del órgano
jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o inconformidad de
la pretensión de la parte con el derecho objetivo, y en consecuencia, actúa o se
niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso.
La sentencia de lo Contencioso Administrativo no difiere de las otras decisiones
jurisdiccionales en general. La sentencia dice Eduardo J. Couture sirve para
denotar, a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el documento que en él se
consigna. Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la
jurisdicción y mediante la cual deciden la causa o punto sometidos a su
conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del
Tribunal, que contiene el texto de la decisión emitida.
Las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales respectivos deben tener
los siguientes requisitos:
Lugar, tiempo, sujetos e identificación del proceso, el Juez debe expresar primero
el lugar y fecha en que se dictó el fallo, los nombres, apellidos y domicilio de los
litigantes, de las personas que lo representen, de los abogados que hayan
intervenido en el juicio, el objeto de éste y la naturaleza del asunto.
Los hechos de la demanda y contestación, reconvención y excepciones deben en
párrafos separados consignarse un resumen del contenido de los escritos que se
24
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículos 43-44
21
plantearon durante el proceso.
Los hechos sujetos a prueba y la valoración otorgada, donde quedara
documentada y justificada la decisión del Tribunal. El fallo ya se ha pronunciado,
antes de documentarlo. Por ello el Juez esta en posibilidad de indicar que hechos
han sido probados a su juicio y cuáles no.
Puntos de derecho, el Juez hará valoración de la pruebas rendidas, de las cuales
de los hechos sujetos a discusión se estiman probados, se exponen las doctrinas
y fundamentos de derecho que sean aplicables al caso, y se citarán las leyes en
que se apoyan los razonamientos.
En la resolución el Juez está obligado hacer la cita de las leyes aplicables. En la
parte resolutiva de la sentencia se deben tener en cuenta los requisitos que
veremos a continuación.
Congruencia con la demanda, este requisito es fundamental y por ello constituye
su inobservancia la base de algunos motivos de la casación. Este requisito se
exige en las sentencias estimatorias, en las desestimatorias no pueden tacharse
de incongruentes, como sucede con la desestimación de la demanda. Este
requisito asimismo, debe reunir los siguientes lineamientos: 1. la sentencia solo
puede y debe referirse a las partes en el juicio. 2. la sentencia debe recaer sobre
el objeto reclamado en la demanda. 3. la sentencia debe pronunciarse con arreglo
a la causa invocada en la demanda. 4. declaración sobre derecho de los litigantes.
5. separación de cuestiones. 6. caso especial de condena al pago de frutos,
intereses, daños y perjuicios.
La sentencia examinará en su totalidad la juridicidad del acto o resolución
cuestionada, pudiéndola revocar, confirmar o modificar, sin que el tribunal esté
limitado por lo expresamente impugnado o el agravio invocado25, se dictará en el
plazo de 15 días.
25 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 45
22
n) Recursos dentro del Proceso Contencioso Administrativo
El Proceso Contencioso Administrativo no es específico en cuanto a los medios de
impugnación idóneos y acordes a los principios de derecho procesal
administrativo, se reconocen como admisibles todos los recursos contemplados en
el proceso civil con excepción de la apelación en contra de auto definitivo que
ponga fin al proceso.
Podrá recurrir para impugnar una resolución o auto cualquiera de las partes que
se vea afectada con la pretensión que un Tribunal de grado superior revoque,
modifique o anule la resolución o auto que causa agravio.
I. Reposición y Revocatoria
Tanto la revocatoria como la reposición se llaman con propiedad recursos, porque
persiguen la reforma de una resolución judicial o bien que se deje sin efecto.
Responden a la misma finalidad y se hacen valer ante el mismo órgano
jurisdiccional que dictó la resolución. En la aplicación como medio de impugnación
dentro de la administración pública si tiene una gran diferencia en cuanto al
órgano donde se interpone el recurso, el de reposición si no tiene superior
jerárquico y revocatoria si tiene superior jerárquico, según la institución pública
que emitió la resolución administrativa que se impugna.
La naturaleza de estos recursos es impugnar resoluciones de trámite o decretos.
El recurso de Revocatoria a pesar de que no existe limitación alguna para su
interposición no es procedente contra decretos dictados por tribunales colegiados,
el recurso de revocatoria en materia civil es procedente por ser interpuesto en
contra de decretos dictados por Jueces de Primera Instancia26.
En el proceso Contencioso Administrativo procede la reposición de autos
originarios de la Sala, así mismo este recurso procede contra resolución emitida
por la Corte Suprema de Justicia. Es procedente este recurso para impugnar
resolución o decretos que infrinjan el procedimiento en los asuntos sometidos a su
26 Ibid., Pág. 825.
23
conocimiento cuando no se haya dictado sentencia.
II. Aclaración y Ampliación
La aclaración y ampliación podrán interponerse cuando los términos de la
sentencia sean ambiguos, obscuros o contradictorios y cuando se limite resolver
unos de los puntos sujetos al proceso. Uno de los efectos más importantes de la
interposición de la aclaración y/o ampliación es la interrupción del plazo para la
interposición de otros recursos ordinarios como lo son la apelación, casación y
extraordinario el amparo, en ese sentido el término para interponer apelación,
casación o amparo del auto o de la sentencia, inicia desde la última notificación
del auto que rechace de plano, la aclaración o ampliación pedida, o bien el que los
resuelva 27 . Al interponerse el recurso de casación cuando el fallo contenga
resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada, es
indispensable haber pedido la aclaración como presupuesto para dar trámite al
recurso de casación; y al interponer el recurso de casación cuando el fallo otorgue
más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación.
III. Casación
El medio de impugnación denominado Casación es procedente en contra de autos
definitivos o sentencias emitidas por un tribunal colegiado y la finalidad de la
interposición del recurso de casación es la fiscalización de las actividades
judiciales con ello se logra la realización de la seguridad jurídica en todos los
procesos.
Dentro del medio de impugnación Casación se puede diligenciar una
inconstitucionalidad en la aplicación de la ley en casos concretos. En todo proceso
de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y
hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción,
excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El Tribunal
27 Ibid., Pág. 827.
24
deberá pronunciarse al respecto.
Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán un resumen de la
sentencia recurrida; la rectificación de los hechos relacionados con inexactitud; los
puntos que hayan sido objeto del juicio; el extracto de las pruebas y alegaciones
de las partes contendientes; las consideraciones de derecho; las leyes aplicables;
y la resolución que proceda28.
Las sentencias de segunda instancia deben de confirmar, revocar o modificar la
sentencia impugnada y en su caso se hará el pronunciamiento que en derecho
corresponda.
IV. La Casación en lo Contencioso Administrativo
La función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es ser contralor de la
juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso
de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades
descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias
derivadas de contratos y concesiones administrativas.
28 Ibid., Pág. 829.
25
CAPÍTULO II
2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
2.1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2.1.1 CONCEPTO
El procedimiento administrativo 29 constituye la forma de expresión donde se
prepara, forma y produce la actividad administrativa que contiene la voluntad de la
administración pública.
Contra esa voluntad se crearon mecanismos para que los administrados se
encontraran protegidos contra las irregularidades, con el fin de dar seguridad
jurídica.
El procedimiento administrativo resulta entonces un elemento fundamental para
determinar la juridicidad y la legalidad del acto administrativo, que puede
únicamente manifestar su voluntad en la forma que se encuentra preestablecida,
con el objeto de mantener el equilibrio entre el ejercicio de la función
administrativa y el goce de las garantías ciudadanas.
Según el Licenciado Jorge Mario Castillo González, el procedimiento
administrativo se define como procedimiento legal y reglamentario. “Este
procedimiento administrativo usualmente culmina con una decisión administrativa
que es conocida con el nombre de resolución administrativa.”30
Por otro lado el Licenciado Hugo Calderón Morales, establece que: “el
procedimiento administrativo puede ser conceptualizado como la serie de fases o
etapas que comprende un expediente administrativo, que se ejecutan por o ante
las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos, cuya
29
Calderón Morales, Hugo Haroldo. Derecho Procesal Administrativo. Guatemala. Editorial Fénix. 2004. Pág. 5. 30
Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Cuarta Edición, Fundación de Derechos Administrativos, Buenos Aires Argentina, 2000. Págs. 9- 20.
26
finalidad es la decisión administrativa.”31
El procedimiento administrativo es diferente al procedimiento judicial o
jurisdiccional o de tribunal. El trámite no es igual. Las etapas, formalidades,
efectos y consecuencias de uno y de otro, son diferentes. El procedimiento
administrativo se basa en normas previstas en la Constitución, en las leyes y en
los reglamentos.
2.1.2 NATURALEZA JURÍDICA
La naturaleza jurídica se encuentra regulada en el Decreto 119-96 del Congreso
de la República la Ley de lo Contencioso Administrativo artículo dos que
establece: “Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se
formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la
celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será
gratuita.32”
2.1.3 PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El Licenciado Jorge Mario Castillo González33 desarrolla los principios aplicables a
todos los procedimientos y son complementados por la normativa constitucional y
administrativa.
a) Principio de Legalidad y Justicia
El objetivo principal es la protección del administrado y de la administración
pública, elaborando una estructura normativa que regula la actividad administrativa
y que a su vez permite: su fiscalización, reducir la arbitrariedad de la
administración pública obligándola a resolver toda petición para que prevalezca la
legalidad y la justicia.
31
Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Cuarta Edición, Fundación de Derechos Administrativos, Buenos Aires Argentina, 2000. Págs. 9- 20.
32 Decreto 119-96, del Congreso de la República de Guatemala, articulo 2.
33 Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo Guatemalteco. Tomo II. Teoría Procesal 16a Edición,
Guatemala 2005. Págs. 42 y 32
27
b) Principio del Seguimiento de Oficio.
La administración pública está obligada a resolver dentro de un plazo determinado
toda petición, dándole el seguimiento de oficio para que esta no sea rogada en sus
procedimientos y pueda realizar la práctica de todas las diligencias necesarias
para poder emitir su resolución final.
c) Principio de Informalidad
El procedimiento no debe sujetarse a formalismos, salvo en los casos especiales
donde sí se requiere de algún tipo de formalismo en cuanto a requisitos, por
ejemplo la solicitud de inscripción de una sociedad anónima en el Registro
Mercantil.
d) Principio del Derecho de Defensa
Como condición para la administración pública previo a emitir una resolución
definitiva, debe de permitir a las partes poder hacer todas las diligencias
necesarias para que los argumentos y hechos propuestos contengan su
fundamento, siendo obligación de la administración pública resolverlas conforme
las normas y leyes vigentes.
f) Principio de Imparcialidad
La imparcialidad obliga al funcionario y al empleado a basar sus actuaciones en la
igualdad de oportunidades.
g) Principio de Procedimiento Escrito
El procedimiento debe ser escrito y por excepción puede ser oral. En Guatemala el
procedimiento es escrito.
h) Principio del Procedimiento Sin Costas.
Las resoluciones administrativas no condenan en costas.
28
i) Principio de Sencillez, Rapidez, Economía y Eficacia.
Sencillez significa simple, fácil y sin complicaciones. Rapidez significa velocidad
en los trámites que pueden llevarse a cabo sin esperar el vencimiento de los
plazos. Economía significa evitar pérdida de tiempo que consecuentemente
aumente costos y gastos. Eficacia significa obtención de resultados.
j) Principio de Legalidad, Juricidad y de Justicia Administrativa.
El principal objetivo en el procedimiento administrativo es garantizar la debida
protección al administrado34 que solicita la decisión administrativa o la impugna.
Este principio busca que la administración pública no dicte actos arbitrarios,
contrarios a su finalidad o a los intereses de la generalidad o de los administrados
en particular garantizando con ella la equidad administrativa en las resolución o
actos que emite.
2.1.4 CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIO35
La administración tributaria se encuentra a cargo de la Superintendencia de
Administración Tributaria, actividad que se encuentra regulada en la Ley Orgánica
de la Superintendencia de Administración Tributaria, Código Tributario y otras
leyes de naturaleza fiscal como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del
Impuesto sobre la Renta, en las cuales quedan enmarcados todos los
procedimientos ante esta organización.
El Código Tributario reconoce el recurso de revocatoria con un procedimiento y
plazos específicos fuera de la esfera regulada en la Ley de lo Contencioso
Administrativo. Este recurso se interpone ante la administración tributaria quien se
limitará a conceder o denegar el mismo, si lo deniega deberá de razonar el
rechazo. Sin embargo si el recurso se interpone en el Ministerio de Finanzas
Públicas este resolverá confirmando, modificando, revocando o anulando la
resolución impugnada.
34
Calderón M, Hugo Haroldo. Óp.cit., Pág. 25. 35
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario.
29
Como un medio de defensa ante la arbitrariedad de la administración Tributaria
cuando deniegue el trámite del recurso de revocatoria, la parte que se tenga por
agraviada podrá ocurrir mediante la interposición de un Ocurso,36 al Ministerio de
Finanzas Públicas pidiendo se le conceda el trámite del recurso de revocatoria.
Como regla general del procedimiento administrativo contra las resoluciones
originarias del Ministerio de Finanzas Públicas, puede interponerse recurso de
reposición.
La administración tributaria también cuenta con facultades para enmendar el
trámite, dejando sin efecto lo actuado, cuando se hubiere incurrido en defectos u
omisiones de procedimiento. Declarar la nulidad de actuaciones cuando se
advierta vicio sustancial en ellas. Se entenderá que existe vicio sustancial, cuando
se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades
esenciales del expediente o cuando se cometa error en la determinación de la
obligación tributaria, multas, recargos o intereses. Cuando se otorga uno de estos
recursos no se verán afectadas las pruebas válidamente recibidas. En ambos
casos no se pueden interponer cuando sean procedentes los recursos de
revocatoria y de reposición.
a) Superintendencia de Bancos37
La Superintendencia de Bancos es un órgano de la banca central, organizando
conforme a la ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la supervisión general
de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala,
bancos e instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras,
de seguros y las demás que la ley disponga. La Superentendería de Bancos goza
de la independencia necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar
porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus
obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto
36 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario, artículo 155.
37
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 34-96. Superintendencia de Bancos.
30
a la liquidez, solvencia y solidez patrimonial.
“Las resoluciones del Superintendente de Bancos con relación a sus funciones de
vigilancia e inspección serán obligatorias pero admitirán recurso de apelación ante
la Junta Monetaria. No son apelables las resoluciones de la Superintendencia de
Bancos que cuenten con la aprobación de la Junta Monetaria, de acuerdo con la
ley, ni las que la Superintendencia de Bancos emita para ejecutar resoluciones de
la propia Junta Monetaria sobre casos específicos que involucren a la entidad de
que se trate.” 38
b) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS)39
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una entidad autónoma con
personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias, esta regulada por su ley
orgánica y tiene la facultad de auto reglamentarse la que le corresponde a su
máxima autoridad, Junta Directiva que es un órgano colegiado.
En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se encuentra fundamentalmente
el Recurso de Apelación, pero también existe otro recurso que no tiene
denominación que se plantea contra las notas de cargo que se envían a los
patronos que se encuentren morosos con la institución.
La procedencia del recurso, se refiere a los reclamos que formulen los patronos o
los afiliados con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica del Instituto y los
asuntos que deban ser tramitados y resueltos por la Gerencia.
La Apelación cabe contra las resoluciones de la Gerencia del Instituto que decidan
el asunto y resuelve la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social.
c) Universidad San Carlos de Guatemala (USAC)40
38
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 19-2002, Ley de Banco y Grupos Financieros. 39
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 295, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 40
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 325, ley Orgánica de la Universidad San Carlos de Guatemala.
31
La Universidad de San Carlos de Guatemala se rige por su Ley Orgánica,
estatutos y reglamentos que ella emita, tiene personalidad jurídica propia y el
carácter de única universidad estatal. Le corresponde con exclusividad dirigir,
organizar y desarrollar la educación superior del Estado.
Todos los miembros de los órganos de dirección de la Universidad, son cargos por
elección interna de la comunidad universitaria y de los Colegios Profesionales. En
la Universidad se encuentran algunas impugnaciones que han surgido como
revisiones, pero fundamentalmente existe un reglamento que regula las
impugnaciones administrativas, Reglamento de Apelaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Como medios de impugnación administrativos reconocidos en la Universidad de
San Carlos de Guatemala son la revisión y la apelación que están regulados para
poder interponerse por actos derivados de la Junta Universitaria del Personal
Académico, Concurso de oposición del Profesor Universitario y Auxiliares,
Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su
personal y lo relativo a las elecciones internas de la Universidad. Por otro lado
reconoce también dentro de su estructura organizacional el medio de impugnación
conocido como ocurso de hecho, doctrinariamente se le denomina Recurso de
Queja.
d) Contraloría General de Cuentas41
La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica y descentralizada.
De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional, técnica y
administrativa y con competencia en todo el territorio, con capacidad para
establecer delegaciones en cualquier lugar de la República.
Contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas, procede el
recurso de reposición y contra las resoluciones que dicten los Sub contralores,
Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría General de Cuentas,
41
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 31-2002, ley de la Contraloría General de Cuentas.
32
procede el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el
procedimiento que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso
Administrativo.
e) Contrataciones del Estado42
La Ley de Contrataciones del Estado tiene por objeto regular la compra y venta y
la contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales,
se sujetan a la presente ley y su reglamento.
La aclaración y ampliación proceden en contra de la resolución de la adjudicación
por la Junta de Licitación o Comisión de Cotización. El de aclaración procede
cuando la resolución sea obscura, ambigua o contradictoria y el de ampliación
procede si se hubiere omitido resolver sobre algún aspecto que incida en la
negociación.
El recurso de revisión procede contra la resolución de la autoridad que apruebe la
adjudicación de toda licitación o cotización.
En cualquier expediente que se tramite derivado de la aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, agotada la fase conciliatoria entre las partes, la
autoridad deberá dictar la respectiva resolución que dé por concluido el
procedimiento administrativo. Contra esta resolución, la parte que se considere
afectada podrá interponer Recurso de Revocatoria.
f) Registro de la Propiedad Intelectual43
Contra las resoluciones definitivas del Registro, podrá interponerse el recurso de
revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina la Ley de lo
Contencioso Administrativo.
42
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 57-92, ley de Contrataciones del Estado. 43
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 57-2000, ley de Propiedad Industrial.
33
Así mismo dentro de las solicitudes giradas al Registro de la Propiedad Industrial
para el registro de marcas, denominación de origen se podrá interponer oposición
y en contra de la resolución que resuelve la oposición cabe la interposición del
Recurso de Revocatoria.
g) Registro Mercantil General de la República44
En la inscripción de sociedades mercantiles cualquier particular que se encuentre
afectado por el objeto o sea la actividad a la que va a realizar la sociedad puede
impugnar su inscripción, el cual deberá ventilarse por el procedimiento de los
incidentes, ante un Juez de Primera Instancia del domicilio de la entidad contra
cuya inscripción se formula la oposición.
En la inscripción de sociedades mercantiles relativas a la razón social, la
denominación social o del nombre comercial puede estar sujetas a oposición por
parte de los particulares que se ven afectados serán resueltas por el Registrador
Mercantil. Contra lo resuelto por el Registrador Mercantil en este caso, no cabe
recurso alguno.
h) Ley Constitucional Electoral y de Partidos Políticos45
Ante la Junta Electoral puede interponerse el recurso de nulidad, el cual procede
contra todo acto del proceso electoral. Contra las resoluciones del Tribunal
Supremo Electoral procede el recurso de revisión.
Procede el amparo contra las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo
Electoral, siempre que previamente, se haya agotado el recurso de revisión ya
mencionado. Es la Corte Suprema de Justicia el órgano competente para conocer
y resolver del amparo en esta materia y su apelación la Corte de
Constitucionalidad.
El tribunal Supremo Electoral por su actividad reguladora ante la actividad política
y electoral reconoce en los procedimientos administrativos los recursos de
44
Congreso de la República de Guatemala. Decreto Ley 226, ley del Registro Mercantil General de la República. 45
Asamblea Nacional Constituyente. Decreto número 1-85, ley Electoral y de Partidos Políticos.
34
Apelación, Oposición, Aclaración, Ampliación y Amparo.
2.1.5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
a) CONCEPTO
Los autores José María Martín y Guillermo Rodríguez Usé, citando a Agustín
Gordillo, indican que procedimiento tributario, es un conjunto de actos realizados
ante la autoridad administrativa por parte del administrado, tendientes a obtener el
dicto de un acto administrativo.46
El jurista guatemalteco Hugo Calderón Morales cita al autor Acosta Romero, quien
considera que el procedimiento administrativo esta constituido por una serie de
actos en que desenvuelve la actividad o función administrativa.47
Por medio de un procedimiento tributario la Superintendencia de Administración
Tributaria, resolverá las solicitudes e impugnaciones planteadas por los
contribuyentes, con base en la legislación ordinaria emanada del Congreso de la
República, y en normas reglamentarias.
El presente estudio se delimita al análisis del procedimiento tributario, por medio
del cuál la Superintendencia de Administración Tributaria, formula ajustes a los
impuestos declarados por los contribuyentes.
b) CONCEPTO DE PROCESO TRIBUTARIO
Proceso tributario es el conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí,
conforme a las reglas preestablecidas, que tienen por fin decidir una controversia
entre la Administración Tributaria y el contribuyente, por una autoridad imparcial e
independiente48. En el caso de Guatemala ante un Tribunal de lo Contencioso
46
Martín, José María y Guillermo Rodríguez Usé. Derecho Tributario Procesal. Argentina. Ediciones Depalma. 1987. Pág. 4. 47
Calderón Morales, Hugo Haroldo. Derecho Procesal Administrativo. Guatemala. Editorial Fénix. 2004. Pág. 19.
48
Loc cit.
35
Administrativo.
El proceso tributario es conocido por una autoridad judicial, por lo que trasciende
de la esfera o competencia del poder ejecutivo, para ser resuelto en forma
imparcial. En cambio, dentro del procedimiento tributario nos encontramos ante
una autoridad administrativa que además de ser parte de la contienda, dicta la
resolución que resuelve la controversia administrativa, originada por el propio ente
administrativo.
Un proceso tributario implica que previamente hubo un procedimiento
administrativo tributario, en el cuál existe contienda por actos y resoluciones de la
Superintendencia de la Administración Tributaria. Ahora bien, la existencia de un
procedimiento tributario no implica que forzosamente, de forma posterior, exista un
proceso tributario; en virtud de ausencia de contienda, entre el contribuyente y la
administración fiscal.
d) Importancia del proceso tributario.
La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En Guatemala, el
proceso judicial tributario tiene como fin que un órgano jurisdiccional actué como
contralor de la juridicidad de la administración pública. El tribunal competente tiene
atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la
Administración Tributaria.
En virtud del principio constitucional del derecho de defensa, consagrado en la
Constitución Política de la República en su artículo 12, el cuál también es regulado
por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad en su artículo 4;
es que los contribuyentes tienen derecho a un proceso tributario, el cuál
precisamente está regulado en el artículo 221 de la Carta Magna de Guatemala.
En Guatemala dicho proceso está regulado por el Código Tributario como un
Recurso Contencioso Administrativo, el cual tiene como objeto de que exista un
36
control de la legalidad sobre los actos de la Superintendencia de Administración
Tributaria. Por lo tanto, en este recurso, se determina si las actuaciones de la
administración fiscal están fundamentadas en las leyes correspondientes.
Mediante este proceso el contribuyente puede acudir ante el órgano jurisdiccional
para proteger sus derechos.
El artículo 161 del Código (reformado por el artículo 30 del Decreto 29-2001 y por
el artículo 24 del Decreto 03-04) que regula la procedencia del citado Recurso
Contencioso Administrativo, fue suspendido por la Corte de Constitucionalidad por
medio de la resolución de fecha veintinueve de enero del año 2004, y publicada en
el Diario Oficial el diecinueve de febrero del mismo año, dentro de los expedientes
112-2004 y 122-2004; por lo que ha sido necesaria la aplicación supletoria de la
Ley de lo Contencioso Administrativo, la cual regula el Contencioso Administrativo
como un proceso, y no como un recurso.
Asimismo, el artículo 165 del citado Código Tributario (reformado por el artículo 34
del Decreto 29-2001 y por el artículo 25 del Decreto 03-04), que regula el
contenido de la sentencia del Recurso Contencioso Administrativo, también fue
suspendido por la citada Corte de Constitucionalidad, conforme la resolución
indicada en el anterior párrafo, por lo que también resulta necesaria la aplicación
supletoria de la Ley de lo Contencioso Administrativo.
h) CARACTERISTICAS
Sin desconocer las características del procedimiento administrativo en general,
como también propias del administrativo tributario, los autores Pérez de Ayala y
González (1991), afirman que este tiene dos características principales que son:
1. Un solo procedimiento: Afirman dichos autores que la doctrina más autorizada
opina que para que exista un procedimiento se precisa que concurran los
siguientes requisitos:
a. Que exista una pluralidad de actos.
37
b. Que cada uno de los actos que se combinan en el proceso conserven Integra su
individualidad.
c. Que la conexión entre los diversos actos radique en la unidad de efectos
jurídicos. Todos los actos que se integran en un procedimiento han de estar
coordinados entre si y dirigidos a producir un determinado efecto jurídico.
d. Que todos los actos que integren el procedimiento estén vinculados
causalmente entre sí, de tal modo que cada uno supone el anterior y presupone el
posterior, y el último requiere la serie entera.
e. Que suponga un concepto puramente formal, es decir la simple sucesión de
actos y de tiempos, constituyendo un orden o forma de proceder.
f Que constituya el cauce formal para la realización de las funciones
administrativas.
g. Que culmine en un acto administrativo, una decisión, que sea susceptible y
elemento necesario de una reclamación o impugnación procesal anterior.
2. Peculiaridad. Adicionan dichos autores que una de las características del
procedimiento de gestión tributaria (administrativo tributario), es precisamente
presentar elementos peculiares frente al resto de los procedimientos
administrativos. Esto toda vez que se considera que el procedimiento tributario es
un conjunto de actos que no declaran ni constituyen derechos del administrado,
sino que tienen, tan solo, un puro carácter o eficacia instrumental interna para la
realización o instrucción de todo el procedimiento y que culmina en un acto, ya
declarativo, ya constitutivo, de derechos u obligaciones del administrado.
i) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
Según nuestro Código Tributario, decreto 6-91 del Congreso de la Republica
regula del artículo 121 al 144 el proceso administrativo Tributario, que a
continuación se desarrolla:
38
I. INICIACION:
Una de las características del procedimiento administrativo tributario consiste en
que carece de la necesidad de petición de parte (es impulsado de oficio). Ya que
la iniciación de oficio tiene lugar en aquellos casos en que la administración, aun
sin contar con declaración alguna y sin precisar de su actuación investigadora, por
disponer ya en sus registros de datos y justificaciones suficientes, dicta con base
en ellos, actos de comprobación o liquidación, que dan inicio al procedimiento.
En la legislación tributaria guatemalteca encontramos contemplado esta iniciación
de oficio, en el artículo 107 del Código Tributario49, cuyo epígrafe es precisamente
"determinación de oficio". Dicho precepto señala que la Administración Tributaria
determinara de oficio los tributos, cuando el contribuyente o responsable haya
omitido la presentación de la declaración correspondiente u omita proporcionar la
información suficiente para establecer la obligación tributaria. En este caso, la
Administración Tributaria debe de primero requerir la presentación de las
declaraciones omitidas, fijando un plazo de 20 días hábiles para ello. Vencido
dicho plaza sin que el contribuyente o responsable haya presentado las
declaraciones, la Administración Tributaria puede proceder a determinar la
obligación tributaria de oficio sobre base cierta o presunta.
II. VERIFICACIÓN o COMPROBACIÓN:
De acuerdo al contenido del artículo 146 del Código Tributario, La Administración
Tributaria se ve obligada a verificar las declaraciones, determinaciones y
documentos de pagos de impuestos. Para el efecto, la Administración Tributaria
puede hacer uso de las atribuciones a ella asignadas por el artículo 98 del mismo
cuerpo legal citado, observando el periodo de prescripción para ejercitarlas
(4 años).
Es la Intendencia de Fiscalización a través de los departamentos de Programación
de la Fiscalización y Evaluación y Control, quien tiene a su cargo actualmente
49
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario, artículo 7
39
efectuar dicha labor de verificación.
En la práctica ocurre que los auditores fiscales acuden a la sede social o fiscal del
contribuyente o responsable, con un nombramiento que identifica el sujeto, tributos
y períodos a revisar, entre otros.
Iniciada la revisión, los auditores fiscales presentan Requerimientos de
Información, en los que se detallan los documentos e información solicitada al
contribuyente o responsable para la auditoría.
Posteriormente, una vez recabada la información y completos los papeles de
trabajo, se cierra la auditoría con una acta de presencia fiscal, en la que el
contribuyente o responsable puede argumentar sobre los potenciales reparos,
pudiendo o no firmarla de enterado o aceptación.
La información producto de la auditoría es analizada a fin de concretarla como
reparos o ajustes a las declaraciones de informaciones presentadas por el
sujeto.50
III. AUDIENCIA:
Los ajustes o reparos formulados por la Administración Tributaria se Ie hacen
saber al contribuyente o responsable, mediante el acto de notificación.
A este último respecto cabe decir que por notificación se entiende según
Menéndez Ochoa (2000), el acto procedimental, revestido de autenticidad, por
medio del cual, un servidor público al servicio de la Administración Tributaria, hace
saber a un contribuyente, responsable, solicitante o interesado, un acto emanado
de dicha administración, procediendo para ella en la forma prescrita en la ley de la
materia. EI Código Tributario ocupa toda una sección a reglar todo lo concerniente
al acto de notificación.
Dicha notificación incluye la audiencia que se confiere al contribuyente o
50
Ávila del Cid, Roberto Carlos, “Procedimiento Tributario Guatemalteco”, Instituto de Investigación Jurídica, 2001, Pág. 29
40
responsable por el plazo de 30 días hábiles, con el objeto de que presente
descargos y ofrezca los medios de prueba que justifiquen su oposición y defensa.
Si solo se imponen sanciones, la audiencia se conferirá por 10 días
improrrogables.
Para la evacuación de la audiencia el contribuyente o responsable deberá
atenerse a lo estipulado por el artículo 122 del Código Tributario, concerniente a
los requisitos de la solicitud inicial, aunque la omisión de alguno de los requisitos
no puede ser motivo para rechazar la solicitud.
Este escrito puede ser incluso firmado por un tercero a ruego del contribuyente o
responsable. Adicionalmente, puede aplicarse supletoriamente el artículo 61 del
Código Procesal Civil y Mercantil a fin de esquematizar lógicamente el memorial o
documento que contengan la evacuación de la audiencia conferida.51
IV. PERÍODO DE PRUEBA:
Si al evacuar la audiencia se hubiera solicitado apertura a prueba, se tendrá por
otorgado, sin más trámite, resolución o notificación, por el plazo de 30 días hábiles
improrrogables contados a partir del sexto día hábil siguiente posterior al día del
vencimiento del plazo conferido para evacuar la audiencia.
En el supuesto de que la audiencia haya sido conferida por la única imposición de
sanciones y al evacuarse se haya solicitado apertura a prueba, la misma será de
solo 10 días hábiles.
Cabe decir que por prueba se entiende, según Guillermo Cabanellas52, la razón,
argumento, declaración o documento u otro medio para patentizar la verdad o la
falsedad de algo.
Como se indicara anteriormente, no existiendo una enunciación taxativa en el
Código Tributario de los medios de prueba que pueden promoverse dentro del
51
Ibid, pág 33 52
Cabanellas de Torres, Guillermo,” Diccionario jurídico elemental”, 17a.ed. Argentina, Heliasta, 2005, Pág. 34
41
procedimiento administrativo, se hace necesaria la aplicación supletoria del detalle
contenido en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Sin embargo se utiliza preponderantemente la prueba documental. Los medios de
prueba que no hayan sido ofrecidos al evacuar la audiencia conferida, no serán
valorados por la Administración Tributaria en la Liquidación definitiva del
expediente (salvo que sean incorporados al proceso mediante diligencias para
mejor resolver)53.
V. MEDIDAS PARA MEJOR RESOLVER:
Una incidencia del procedimiento administrativo tributario consiste en las medidas
para mejor resolver, cuyo acuerdo es facultativo (no obligatorio) para la
Administración Tributaria. Estas pueden originarse de la petición de parte o de
oficio, teniendo por objeto proveer a la Administración Tributaria de nuevos
elementos de juicio para mejor resolver. Las medidas se practicaran dentro de un
plazo no mayor de 15 días hábiles y
Pueden consistir en:
1. Traer a la vista cualquier documento que se crea conveniente.
2. La práctica de cualquier diligencia que se considere necesaria o la ampliación
de las que ya se hubiesen hecho.
3. Traer a la vista cualquier actuación que sea pertinente54.
VI. RESOLUCION FINAL:
Una vez cumplidos los actos anteriores, la Administración Tributaria deberá dictar
la resolución que liquide definitivamente el expediente, dentro de los 30 das
hábiles siguientes. EI que no se emita la resolución en el plazo legal señalado
para el efecto, hace incurrir en responsabilidad al funcionario encargado. De
53
Ibid, pág 35 54
Loc cit.
42
hecho, la mayoría de las veces la Administración Tributaria incurre en silencio
administrativo (omisión de resolver en el plazo legal), con los efectos legales
correspondientes (presunción de resolución negativa o positiva, según el caso)55.
2.1.6 PARTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
TRIBUTARIO
Antes de entrar a desarrollar el tema en relación a quienes se consideran partes
dentro de un procedimiento administrativo, es necesario hacer una breve
recapitulación de lo que se entiende por parte dentro de un proceso.
El autor Deavis Echandía, hace las siguientes consideraciones: “cuando
estudiamos la relación jurídica procesal, vimos que son sujetos de ellas, personas
que concurren al proceso como demandantes o demandadas, entre las cuales ha
surgido el conflicto, o aquellas que sean simplemente interesadas en iniciar el
proceso…”56
Dentro de los sujetos que regula el Código Tributario encontramos los siguientes:
SUJETO ACTIVO:
El sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor
del tributo57.
SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA:
El sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea
en calidad de contribuyentes o de responsable.
55
Ibid, pág 39 56
Echandía, Deavis. Teoría General del Proceso. Buenos Aires. Editorial universidad. 1997. página 505 57
Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario, artículos 17-18
43
a) PAPEL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS:
Esta institución se crea mediante el Decreto Legislativo 1-98, como una entidad
estatal, descentralizada que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio
nacional para el cumplimiento de sus objetivos, que tendrá las atribuciones y
funciones conforme lo establece dicha ley, y que de acuerdo a su artículo 3.
Establece: “Objeto y funciones de la Superintendencia de Administración
Tributaria. El objeto de la (SAT) Superintendencia de Administración Tributaria
consiste en ejercer con exclusividad las funciones de la administración tributaria
contenidas en la legislación de la materia…”
En el artículo 6 de la ley referida se define la estructura organizacional y lo define
así:
a) El Directorio: es el órgano de dirección superior de la SAT. Le corresponde
dirigir la política de la Administración Tributaria y velar por el buen funcionamiento
y la gestión institucional de la SAT.
b) El Superintendente: es la autoridad administrativa superior y el funcionario
ejecutivo de mayor nivel jerárquico de la SAT. Tiene a su cargo la administración y
dirección general de la SAT, sin perjuicio de la competencia y atribuciones que
correspondan al Directorio.
c) Los Intendentes: son los funcionarios de mayor nivel jerárquico de las
Intendencias respectivas. Serán nombrados y removidos por el Superintendente, y
son responsables del cumplimiento y atribuciones asignadas a su respectiva
Intendencia, de conformidad con esta ley, los reglamentos internos de la SAT y las
demás leyes aplicables. Por delegación del Superintendente, ejercen la
representación legal de la SAT.
De igual manera el artículo 7 estipula las funciones del Directorio, que dice que es
el órgano de dirección superior de la Superintendencia de Administración
Tributaria, le corresponde dirigir la política de la Administración Tributaria y velar
44
por el buen funcionamiento y la gestión institucional de la Superintendencia de
Administración Tributaria Como podemos observar, el papel de la SAT, como
órgano encargado de la recaudación de impuestos es vital dentro de la propia
sociedad guatemalteca, y es a través de este órgano que se desarrolla el propio
procedimiento administrativo tributario.
Con fundamento en las funciones y estructura que vemos el ordenamiento jurídico
guatemalteco le confiere a la SAT, el rol fundamental que esta desempeña en el
proceso formativo de los actos administrativos tributarios resolutorios, pues es a la
SAT a la que no sólo compete resolver sino también instruir los procedimientos
administrativos tributarios por medio de los cuales se establece el debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, tutelando de esta manera el deber
constitucional que tenemos todos de contribuir al sostenimiento de los gastos
públicos.
b) PAPEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DENTRO DE
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Por otro lado, en lo que se refiere a la intervención de la PGN, podemos comenzar
destacando que a pesar que la Constitución le delega un papel fundamental para
la consecución de una actuación coordinada de las administraciones públicas,
lamentablemente a la fecha adolece de un marco normativo que regule su
funcionamiento. En efecto, de conformidad con la Constitución Política de la
República de Guatemala, corresponde a dicha institución, la representación del
Estado y la función de asesoría y consultoría de todos sus organismos, así como
de las entidades estatales, realizando esta función por medio de su Sección de
Consultoría.
En lo que se refiere a la función de ser Abogado del Estado, cabe resaltar la
importancia de dicho papel que juega la PGN dentro del marco jurídico
guatemalteco, pues cumple la función de ser el Abogado del Estado, tal y como lo
establece el artículo 13 de la ley orgánica de la PGN al indicar: “El ejercicio de la
personería de la Nación comprende las siguientes funciones: 1. Representar y
45
sostener los derechos de Nación en todos los juicios en que fuere parte, de
acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, y promover la oportuna ejecución de
las sentencias que se dicten en ellos; 2. Intervenir, si así lo dispusiere el Ejecutivo
y conforme a las instrucciones de éste, en los negocios en que estuviere
interesada la Nación, formalizar los actos y suscribir los contratos que sean
necesarios a tal fin; y 3. Cumplir los deberes que, en relación con esta materia,
señalen otras leyes al Ministerio Público o al Procurador General de la Nación”.
La importante función de consultoría y asesoría que desempeña la PGN, es
también puesta de manifiesto por la Constitución y la legislación ordinaria. Así
artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y
consultoría de los órganos y entidades estatales. Su organización y
funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El Procurador General de la Nación
ejerce la representación del Estado y es el Jefe de la Procuraduría General de la
Nación. Será nombrado por el Presidente de la República, quien podrá también
removerlo por causa justificada debidamente establecida. Para ser Procurador
General de la Nación se necesita ser abogado colegiado y tener las mismas
calidades correspondientes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El
Procurador General de la nación durará cuatro años en el ejercicio de sus
funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia”. El Jefe de la Procuraduría General de la Nación
es el Procurador General de la Nación, y ejerce por mandato constitucional la
representación del Estado de Guatemala.
Por su parte, la Ley Orgánica de la PGN dispone que: “ según el artículo 1:”El
Ministerio Público es una institución auxiliar de los Tribunales y de la
Administración Pública, que tiene a su cargo: 1. Ejercer la personería de la Nación
conforme lo dispone el artículo 13; 2. Representar provisionalmente a los
ausentes, menores e incapaces, mientras éstos no tengan personero legítimo
conforme el Código Civil y demás leyes; 3. Intervenir ante los Tribunales de
Justicia en todos aquellos asuntos en que esté llamado a hacerlo por ministerio de
46
la ley; 4. Promover las gestiones necesarias para obtener la recta y pronta
administración de justicia; 5. Asesorar jurídicamente a la Administración Pública en
todos los casos en que aquélla le consulte; y 6. Intervenir en todos los demás
negocios que las leyes determinen.”
En la actualidad se hace evidente de que dicha institución derivado de la
ampliación de sus funciones en materia de consultaría, y en relación a la atención
que se ha incrementado en el tema de la niñez y la adolescencia, amerita su
reestructuración, tomando como base primordialmente la necesidad de que se
cree su Ley Orgánica.
“El Procurador General de la Nación es el Jefe de un órgano público, con
funciones de asesoría, consultoría y representación exclusivamente del Estado y
no de entidades privadas, por lo que al asignarle esta última atribución, se variaría
la función diseñada por la Constitución”.
Como vemos, el ámbito competencial que la Constitución y la Ley confieren a la
PGN, permite establecer el papel trascendental que juega en la emisión de actos
administrativos tributarios resolutorios, pues su participación garantiza que
aquellos serán respetuosos de la legalidad y de los principios constitucionales de
justicia tributaria.
En virtud de lo anteriormente expuesto, consideramos que tanto la (SAT)
Superintendencia de Administración Tributaria como la (PGN) Procuraduría
General de la Nación, ejercen funciones importantes que buscan que los
procedimientos administrativos resolutorios tributarios sean válidos y dentro de las
atribuciones que la misma Constitución Política de la República de Guatemala les
ha encomendado y produzcan efectos jurídicos tanto para la administración
pública como para los ciudadanos. En lo que al tema tributario se refiere,
encontramos que la Ley establece un punto de encuentro entre SAT y PGN que
no es otro que, correspondiéndoles por ser entidades estatales, no solo el
cumplimiento de sus funciones, sino también el hecho de que ambas de alguna u
otra manera representan al Estado y están al servicio de los ciudadanos, en el
47
tema tributario se ven vinculadas en el procedimiento administrativo tributario,
particularmente en el momento en que la SAT solicita opinión de la PGN y esta se
ve obligada a emitirlo, estando interrelacionadas entre sí, cumpliendo así cada una
la función administrativa que le compete.
Como recién vimos, la PGN, es una institución pública creada para resguardar y
defender los derechos del Estado, pues su función no solamente es actuar como
asesor del mismo, sino sobre todo ser el abogado de éste. En tal sentido, en
reiteradas ocasiones la Procuraduría debe de emitir opinión dentro de los
diferentes casos que se tramitan por la vía administrativa con el fin de dar
cumplimiento a su función como abogada del Estado.
Así mismo los contribuyentes al interponer la demanda contenciosa administrativa
extemporáneamente bajo el argumento de que la PGN, no ha sido notificada no es
válido, pues el mismo es un mero acto, que de ser considerado así, tampoco
podría interponerse la demanda, pues resultaría que la resolución no ha causado
estado, requisito para poder acudir a la instancia Contenciosa Administrativa.
Ya que a través de dicha institución la PGN cumple el papel de contralor de la
juridicidad pues es a través de ella que en los actos administrativos se obtiene una
segunda opinión que puede llegar a cambiar el rumbo del expediente
administrativo. A manera de conclusión se puede decir que en los procedimientos
administrativos tributarios, la PGN cumple con su papel de consultora y asesora
del Estado, pues a través de esta emite su opinión dentro del procedimiento
administrativo pudiendo o no ser tomado en cuenta en el momento de emitir
resolución la SAT, sin que ello soslaye la importante función que creemos cumple
la PGN dentro de dicho procedimiento.
48
CAPITULO III
3. PLAZO LEGAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO
3.1 EL PLAZO
3.1.1 QUÉ ES EL PLAZO
La legislación procesal con gran frecuencia y la doctrina, se sirven como
sinónimos, soslayando sutilezas técnicas, de los vocablos plazo y término. Sin
embargo discrepan en esencia, por cuanto el plazo es comprendido de todo el
lapso para actuar; en tanto que el término integra tan solo su vencimiento o final.
De ahí que para ajustarse al léxico pasivo en no pocas especies de las insertas,
sobre los distintos plazos, se haga remisión a los respectivos términos.
La condición y el modo, como el plazo, constituyen elemento accidental de los
negocios jurídicos, pero que no afectan a su existencia, sino a su cumplimiento.
Precisamente el no contener el elemento aleatorio de la condición, la fatalidad del
plazo diferencia a este de aquella. El plazo divide los actos jurídicos en puros, los
exigibles o ejecutables desde luego, y los aplazados o a plazos, cuyo
cumplimiento depende del lapso establecido por la ley, convenio, decisión
unilateral o judicial.58
3.1.2 PLAZOS Y TÉRMINOS
Los plazos responden a razones de seguridad y certeza en el desarrollo del
trámite permitiendo obtener preclusión de las diversas etapas que se van
cumpliendo; es necesario el establecimiento de los mismos y el orden consecutivo
en que deben realizarse los distintos actos procesales, ya que de lo contrario las
partes carecerían de certidumbre acerca de las exactas oportunidades en que les
corresponde hacer valer sus alegaciones y pruebas en que sustentan sus
respectivos derechos, con desmedro de la garantía constitucional de la defensa en
58
Alsina, Hugo. “Procedimientos civiles”, México, D.F : Jurídica, 2003, Pág. 102
49
juicio que ello supone.
Como dice Hugo Alsina59, el proceso es un conjunto de actos de procedimientos
ejecutados por las partes y el juez, que cada uno determina diversos estadios de
aquél y no cabe duda que declarar la preclusión de uno de ellos requiere como
condición que el plazo sea preciso, y el momento desde el cual corre a través de
su notificación se encuentre claramente fijado.
Es decir que el Plazo Procesal es el Lapso de tiempo en que debe realizarse un
acto procesal. El Término procesal es el Límite del plazo en que tiene que
realizarse un acto procesal.
I. Carácter de los plazos y términos regulados en los artículos 64, 65 del
Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala60
Los plazos y términos señalados en este Código a las partes para realizar los
actos procésales, son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en
contrario. Vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que
corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna. Podrá pedirse,
la habilitación de días y horas inhábiles, para la realización de diligencias sin cuyo
cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho. La habilitación deberá
pedirse antes de los días o de las horas inhábiles.
II. Plazo tributario
Espacio temporal al que ha de ajustarse para no incurrir en recargos o sanciones
la realización de los trámites tributarios, declaraciones, pagos, etc., que se señalan
en la reglamentación de cada impuesto. La inobservancia de plazos por la
Administración no implica la caducidad de la acción administrativa, pero autoriza a
los sujetos pasivos para reclamar en queja61.
III. Plazos de derecho Hipotecario
59
Ibid, Pág. 112 60
Decreto Ley 107, artículos 64-65 61
Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 6-91 Código Tributario, articulo 45
50
El plazo, como periodo de tiempo dentro del cual puede tener vida un derecho o
ser ejercitado, tiene una trascendencia importante en la legislación hipotecaria,
aun cuando pueda decirse que no todos los plazos que la misma señala son
plazos preclusivos o plazos dentro de los cuales pueda realizarse un acto con
eficacia jurídica, ya que al lado del plazo preclusivo existe el que señala la posible
caducidad de un derecho o de un asiento. De esas dos clases de plazos pueden
aflorar infinidad de ejemplos dentro de la legislación hipotecaria62.
3.1.3 CÓMPUTO DEL PLAZO EN EL TIEMPO EN MATERIA TRIBUTARIA
I. Plazos en la legislación guatemalteca63
Cómputo del tiempo, en el cómputo de los plazos legales en toda clase de
procesos se observarán las reglas siguientes:
a). El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse desde la media
noche, cero horas.
b). Para los efectos legales, se entiende por noche el tiempo comprendido entre
las dieciocho horas de un día y las seis horas del día siguiente.
c). Los meses y los años se regularan por el numero de días que les corresponde
según el calendario gregoriano.
d). Terminaran los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado
a contarse.
e). En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son
inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los
sábados cuando por adopción de jornada continua de trabajo o de jornada
semanal de trabajo no menor de cuarenta (40) horas, se tengan como días de
descanso y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido
cerrado en el curso de todas las horas laborales.
62
El pequeño espasa, diccionario enciclopédico, 2a.ed. España, Espasa-Calpe, 1994. 63
Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 2-89 Ley del Organismo Judicial, articulo 45
51
f). Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la ultima
notificación, salvo el establecido o fijado por horas, que se computará como lo
establece el articulo 46 de esta ley. En materia impositiva el cómputo se hará en la
forma que determinen las leyes de la materia.
II. Horas
El plazo establecido o fijado por horas, se computará tomando en cuenta las
veinticuatro horas del día a partir del momento de la última notificación o del día
fijado para su inicio. Si se tratare de la interposición de un recurso el plazo se
computara a parir del momento en que se inicia la jornada laborable del día hábil
inmediato siguiente.64
III. Según el cómputo del plazo en nuestro Código Tributario, está regulado
de la siguiente manera65:
Los plazos legales, reglamentarios y administrativos, se contarán en la forma
siguiente:
1. En los plazos legales que se computan por días, meses y años, se observarán
las reglas siguientes:
a) El día es de 24 horas que empezara a contarse desde la media noche (cero
horas). Para los efectos legales, se entienda por noche, el tiempo comprendido
entre las dieciocho horas de un día y las seis horas del día inmediato siguiente y
es hábil para los contribuyentes y responsables y para la Administración Tributaria,
en los casos de actividades nocturnas.
b) Los plazos serán fijados en horas, días, meses o años, y se regularán según el
Calendario Gregoriano. Los años y los meses inmediatos siguientes, terminarán la
víspera de la fecha en que principiaron a contarse.
64
Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 2-89 articulo 46 65
Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 6-91 articulo 8
52
c) En los plazos designados por días, meses y años, el día en que concluyen
termina a la hora en que finalice la jornada ordinaria o extraordinaria de la
Administración Tributaria o dependencia respectiva. Si mediare notificación, los
plazos comenzarán a correr al día hábil siguiente de efectuada ésta.
d) Los plazos designados por hora se cuentan de momento a momento.
2. Se consideran inhábiles tanto los días declarados y que se declaren feriados
legalmente, como aquellos en los cuales la Administración Tributaria no hubiere
prestado servicio al público, por cualquier causa, de lo cual se llevará un riguroso
registro.
3. Para los efectos de este código se entiende por día, las horas hábiles de trabajo
en la Administración Tributaria.
4. En los plazos que se computan por días, se tomarán en cuenta únicamente los
días hábiles.
5. En todos los casos, los plazos que vencieren en día inhábil por cualquier causa,
se entienden prorrogados hasta el primer día hábil inmediato siguiente.
6. El Ministerio de Finanzas Públicas, podrá en casos excepcionales, declarar días
inhábiles en la Administra.
3.1.4 PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Según el artículo 161, del Código Tributario66, el plazo para interponer el recurso
Contencioso Administrativo será de treinta días (30) hábiles, contados a partir del
66 Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 6-91 articulo 161
53
día hábil siguiente a la fecha en que se hizo la última notificación de la resolución
del recurso de revocatoria o de reposición, en su caso.
3.1.5 REFORMAS TRIBUTARIAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO REFORMAS TRIBUTARIAS
La redacción original del artículo 159 del Código Tributario fue reformada por el
Artículo 45 del Decreto Número 58-96 del Congreso de la República de
Guatemala, el cual lo estableció de la siguiente manera:
“TRÁMITE DE RECURSOS. El Ministerio de Finanzas Públicas, al recibir las
actuaciones que motivaron el recurso de revocatoria o después de la presentación
del recurso de reposición, recabará dictamen de la unidad de Dictámenes en
Recursos Administrativos de la Dirección Superior del Ministerio o de la
dependencia a la que éste acuerde asignar las correspondientes atribuciones
técnicas, si lo estima necesario. Este dictamen deberá rendirse dentro del plazo de
quince (15) días hábiles. Con dicho dictamen o sin él, en todos los casos se dará
audiencia a la PGN, por quince (15) días hábiles.
Una vez cumplido lo anterior y dentro del plazo señalado en el artículo 157 de este
Código, el Ministerio de Finanzas Públicas resolverá el recurso respectivo,
rechazando, confirmando, revocando o anulando la resolución recurrida. También
podrá acordar diligencias para mejor resolver, para lo cual procederá conforme a
lo que establece el artículo 144 del Código Tributario”67.
La resolución por parte del Ministerio deberá ocurrir dentro de los setenta y cinco
(75) días hábiles siguientes a la fecha de que se presentó el recurso
correspondiente. Si acuerda diligencias para mejor resolver, este plazo se
ampliará conforme lo que establece el artículo 144 de este Código. En caso
contrario se impondrá la sanción correspondiente al funcionario o empleado
67
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91 Código Tributario, articulos 144, 159
54
público responsable, de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley de
Servicio Civil así: La primera vez, con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo
por quince (15) días; la segunda vez, con suspensión en el trabajo sin goce de
sueldo por treinta (30) días; y la tercera vez, con destitución justificada de su
puesto”68.
Según el artículo 3 de la Ley de los Contencioso Administrativo, que no fue
reformado en aquella ocasión, nos habla acerca de los dictámenes en los términos
siguientes:
“Artículo 3.- FORMA.- Las resoluciones administrativas serán emitidas por
autoridad competente, con cita de las normas legales o reglamentarias en que se
fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya emitido
un órgano de asesoría técnica o legal”69.
Las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente citándolos
para el efecto; o por correo que certifique la recepción de la cédula de notificación.
Para continuar el trámite deberá constar, fehacientemente, que el o los
interesados fueron debidamente notificados con referencia expresa de lugar,
forma, día y hora.”70
Como se puede observar las reformas comprendidas en este apartado responden
al principio de ultractividad, pues la aplicación de las mismas deberá de ser
aplicada a partir de la entrada en vigencia de la normativa, sin embargo, los
procesos ya iniciados permanecen vigentes y continúa siendo aplicada su
normativa anterior.
68
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91 Código Tributario, articulo 144. 69
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo, articulo 3 70
Loc cit.
55
3.2 ULTRACTIVIDAD
3.2.1 QUÉ ES LA ULTRACTIVIDAD
3.2.2 CONCEPTO
La vigencia de las leyes en el tiempo es un punto importante a considerar siempre
en materia tributaria. Una normativa, en términos generales, se encuentra vigente
mientras no haya sido derogada por una nueva ley posterior, sin embargo, existe
una excepción a la regla, debido a que se dan normativas que continúan vigentes
posteriormente a su derogatoria, pues en materia tributaria se les faculta para
continuar rigiendo por el tiempo que estuvieron vigentes y por los actos surgidos
durante dicho período, es por eso la importancia de abordar en este punto el tema
de Ultractividad de una norma. “Por lo general, una norma solamente rige hacía el
futuro, pero puede presentarse la ultractividad de la ley, es decir cuando una ley
derogada sigue produciendo efectos y sobrevive para algunos casos concretos,
como en el caso de las leyes procesales, puesto que las actuaciones y diligencias
deben regirse por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”71 En Guatemala este
concepto es aplicable a la legislación tributaria, pues las reformas que se efectúan
a las normas tributarias empiezan a regir a partir del siguiente período impositivo,
pero los derechos contraídos bajo el imperio de una ley se aplica y prevalece a
pesar de las reformas que sufran las normas, este concepto se encuentra
preceptuado en el artículo 7 del Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de
la República 72 al preceptuar Vigencia en el tiempo: La aplicación de leyes
tributarias dictadas en diferentes épocas, se decidirá conforme a las disposiciones
siguientes:
1. Las normas tributarias regirán desde la fecha en ellas establecidas, siempre que
esta sea posterior a la emisión de la norma. Si no la establecieren, empezarán a
regir después de ocho días de su publicación en el Diario Oficial.
2. Cuando por reforma de una norma tributaria se estableciere diferente cuantía o
tarifa para uno o más impuestos, éstas se aplicarán a partir del primer día hábil del
71
Ultractividad de la Ley, Disponible en: http://derecho.uc.cl/articulo/la-ultractividad-del-dfl2/Fecha de consulta 16 de enero del año 2013. 72
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91 Código Tributario., articulo 7
56
siguiente período impositivo, con al objeto de evitar duplicidad de declaraciones
del contribuyente.
3. En cuanto a infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 66
de este Código.
4. La posición jurídica constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio
de otra posterior. Las normas tributarias que modifiquen cualquier situación
respecto a los supuestos contemplados en leyes anteriores, no afectarán los
derechos adquiridos de los contribuyentes.
5. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de las actuaciones ante
la administración tributaria, prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en
que deben empezar a regir; pero los plazos que hubieren principiado a correr y las
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de
su iniciación.
6. Las situaciones no previstas, se regirán por lo dispuesto en la Ley del
Organismo Judicial, en lo que sean aplicables73.
En conclusión, como es factible observar las normas tributarias no están exentas
de la ultractividad, pues a pesar de que existen reformas a la normativa tributaria
estas no entran a regir de manera inmediata, tal es el caso de las últimas reformas
tributarias llevadas a cabo en nuestra legislación guatemalteca, debido que
cuando se entra a hablar de regímenes o cambio a los mismos estos entran a
cobrar vigencia a partir del siguiente período impositivo.74 Sin embargo, todos
aquellos procesos llevados bajo el imperio de la ley anterior el criterio a aplicar
será el de dicha ley a pesar de que ya no se encuentre vigente, sin embargo
continuará estándolo para todos aquellos procesos que se abrieron durante la
vigencia de dicha normativa, lo cual justifica que nos detengamos un momento
para analizar esta figura.
73
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91 Código Tributario., articulo 7 74
Vid. Por todas las recientes sentencias de la Corte de Constitucionalidad de fecha 18 de diciembre del 2012, dictada en el Expediente No. 2836-2012, en la que el Alto Tribunal postergó la aplicabilidad de una importante reforma al impuesto sobre la renta hasta su siguiente periodo impositivo.
57
3.2.3 DEFINICIÓN DE ULTRACTIVIDAD
Por el lado científico conviene comenzar destacando la opinión de Villegas quien
entiende que hay ultractividad cuando la acción o poder regulador de la ley se
extiende a los hechos o circunstancias acaecidos después del momento de su
derogación o cese de su vigencia”75
Asimismo se ha dicho que la aplicación “ultractiva de la norma es aquella que se
efectúa a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido
derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que ha
terminado su aplicación inmediata. Plantea la aplicación de un dispositivo
derogado”.76
Esto significa que se pospone su aplicación, la cual sigue siendo obligatoria
después de haber sido formalmente derogada para todos aquellos casos que
continúan vigentes y que se encuentran directamente relacionados con dicha
normativa, pues esta continuará siendo aplicada a pesar de que ya no se
encuentre vigente, pero únicamente para aquellos casos mencionados con
anterioridad.
Por otra parte, al igual que la retroactividad, la ultractividad es una excepción, ya
que, una ley que acaba de ser derogada, y no obstante ello, sigue produciendo
efectos para determinados casos.
Por eso cabe traer a colación el concepto de retroactividad, el mismo es señalado
por Villegas quien entiende que existe retroactividad de una ley cuando su acción
o poder regulador se extiende a hechos o circunstancias acaecidos con
anterioridad al inicio de su entrada en vigor”77
75
Robles Moreno, Carmen del Pilar “Aplicación en el tiempo de la norma tributaria”, Reflexiones sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional, editorial Dia Pucp Pag 89 76
Aplicación de la Norma Jurídica, Ruiz de Castilla Ponce de León Francisco Javier, Disponible en:http://blog.pucp.edu.pe/item/116889/aplicacion-en-el-tiempo-de-la-norma-tributaria Fecha de consulta 20 de enero del año 2013. 77
Loc cit.
58
De la misma manera se ha afirmado que “La aplicación retroactiva de la norma es
aquella que se da a los hechos, relaciones y situaciones que tuvieran lugar antes
del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación
inmediata”.78 Esta modalidad se basa en un principio jurídico en cuya virtud las
normas se proyectan hacia el pasado cuando señalan condiciones más favorables
o benignas para el sujeto.
Se trata de una excepción, ya que la nueva ley se aplica para atrás. Esto significa
que la nueva ley se aplica a los hechos ya ocurridos, más exactamente se
modifican las consecuencias ya generadas por dichos hechos”.
En cuanto a la retroactividad de las normas tributarias, que dicho sea de paso no
es tolerado por la Constitución. Se ha dicho que “Es la posibilidad de que una ley
regule situaciones anteriores a su entrada en vigor”79.
3.2.4 LA ULTRACTIVIDAD DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
La ultraactividad de las normas tributarias consiste en la posibilidad de que una
norma continúe aplicándose aún después de su derogación. Esto sucede con
frecuencia en el ámbito tributario”80
Con frecuencia la Administración Tributaria aplica este concepto, mayormente
para todos aquellos casos que son de su conveniencia como ocurría en el caso de
IEMA, cuando, a pesar de haber sido expulsado del ordenamiento legal dicha
normativa por haberse declarado Inconstitucional, para la Administración tributaria
la aplicación de esa ley era procedente para todos aquellos casos surgidos
durante la vigencia de la misma, aunque las resoluciones fueran posteriores a la
expulsión del ordenamiento legal.
78
Loc cit. 79 Retroactividad de la norma Tributaria, Disponible en http:// noticias.juridicas.com/basedatos/Admin/rdl20-2012.html - España, Fecha de consulta 26 de enero del año 2013. 80
Loc cit.
59
3.2.5 EL PRINCIPIO DE ULTRACTIVIDAD
En primer lugar conviene señalar que las leyes no pueden constituirse en forma
alguna en eternas o inmutables, y esto se debe entre otras cosas, a los cambios
sociales que se sufren dentro de un conglomerado social. Unas son sustituidas
por otras, y se marca el límite temporal a partir de que entra en vigencia y a partir
de que es derogada por otra ley.81
Se abarca también en esta materia las consecuencias que se derivan de la
retroactividad y de la ultraactividad de la ley. Se dice que la ley es retroactiva
cuando lleva su actividad sobre actos realizados o sobre hechos acaecidos, bajo
el imperio de una ley precedente, y es ultractiva cuando continua manteniendo su
actividad sobre hechos acaecidos durante su imperio, pese a que ya rige, sobre la
misma materia una ley posterior diferente82.
En materia penal que es en donde se ha establecido de mejor manera y
doctrinariamente estos conceptos, debe atenderse en todo caso, las normas que
más favorezcan al reo.
La ultractividad de las normas jurídicas, incluido las tributarias consiste en la
posibilidad de que una norma continúe aplicándose aún después de su
derogación. Esto sucede con frecuencia en el ámbito tributario, y especialmente tal
como se verá más adelante, en el caso de las modificaciones al ordenamiento
jurídico hasta el diecinueve de febrero del año dos mil doce, con respecto a los
procedimientos administrativos en materia tributaria, y las consecuencias en los
casos tramitados que aún se encuentran en los Tribunales de Justicia.
I. APLICACIÓN DE UNA LEY
Los órganos jurisdiccionales constantemente se encuentran aplicando normativas
sobre casos que han sido sometidos a su jurisdicción, sin embargo, es preciso que
81
Ultractividad de la Ley, Disponible en: http://derecho.uc.cl/articulo/la-ultractividad-del-dfl2/ Fecha de consulta 16 de enero del año 2013. 82
Loc cit.
60
dichos entes jurisdiccionales apliquen correctamente las leyes que prevalecen
sobre cada materia, pues se van a topar con casos en donde en un mismo
proceso existen normas que regulan lo mismo y que se contradicen. Aplicar la
normativa correcta es el deber de cada ente juzgador. Desde ese punto de vista
puede considerarse que las leyes han sido dictadas en forma abstracta e
impersonal para aplicarse a situaciones futuras, esto es lo que en doctrina ha sido
denominado como vinculación negativa del legislador, es decir, la emisión de
normativas que regulan conductas para regir a la sociedad y ser aplicadas en el
momento en el que sean infringidas. Cuando se concreta en una situación real lo
previsto en abstracto por el legislador, estamos en presencia de la aplicación del
derecho, y por consiguiente de la aplicación de una ley. Ésta función corresponde
al Organismo Judicial, quien debe aplicar las normas jurídicas a los casos y
situaciones concretas. Sin embargo, pese a ser impugnables, existen
procedimientos administrativos dictados por el organismo Ejecutivo y sus
dependencias en donde se aplican normas administrativas, sin embargo, cuando
la normativa es aplicada en esta instancia el órgano administrativo para siendo
juez y parte en todos los casos, situación que lleva a concluir en que la resolución
carece de ser imparcial, pues no se puede ser juez y parte dentro del mismo
proceso.83
Según los tratadistas Mouchet y Zorraquin “aplicar el derecho es someter un caso
particular al imperio de una regla del derecho”. Por su parte para Abelardo Torres
“aplicar una norma jurídica es reglar la conducta por ella aludida frente a una
determinada realidad, mediante otra norma que encuadre en la aplicada”.
Así mismo se ha sostenido que toda sentencia conlleva una aplicación práctica del
Derecho, puesto que en ella se reduce el contenido general y abstracto de una o
varias normas a una situación concreta en la cual existe uno o varios individuos,
específicamente determinados, que están obligados a cumplir una prestación.84
83
Sánchez Torres, Carlos Ariel. Acto Administrativo, Teoría General, México, Editorial Legis, 2004, 3ra Edición. Páginas 365-368 84
Ibid, página 456
61
Al realizar la función judicial, el juzgador parte de un conocimiento de los datos
jurídicos del caso concreto, valora con atención especial la justicia de ese caso y
concluye dictando una sentencia. De esa manera se enriquece el ordenamiento
jurídico, pues se crea una norma particular y específica que no existía antes.
Puesto que la norma individualizada de la sentencia o de la resolución contiene
ingredientes nuevos, que no se dan en la norma general, la función judicial tiene
necesariamente dimensiones creadoras, en tanto que aporta esos nuevos
ingredientes como valores de interpretación de la norma general.85
Se aprecia con relieve la dimensión creadora de la función judicial cuando
contemplamos casos complicados o difíciles, respecto de los cuales no se puede
formular a primera vista y de modo inmediato el fallo. Esto sucede por diversas
razones, como puede ser:86
La dificultad en la determinación de cuáles sean los hechos jurídicamente
relevantes; La determinación de cuáles sean los aspectos de esos hechos que
tengan alcance para la calificación jurídica de los mismos;
No es fácil el hallar la norma que debe considerarse como pertinente para el
problema concreto, en virtud que con frecuencia, a igual grado en la jerarquía
formal se encuentra más de una norma y la elección entre las varias normas
depende del punto de vista valorador que se adopte;87
El sentido y alcance de la norma que parezca pertinente no se presenta con toda
claridad en el texto en que ella se encuentra formulada; El caso planteado
constituye una situación que la ley no previó ni remotamente, ni pudo tenerla a la
vista, y, entonces, resulta que el empleo de una regla que en virtud de su nombre
o etiqueta pudiera erróneamente parecer como la pertinente, muestra no serlo,
después que se ha analizado la situación concreta, y se ha comprendido que esa
norma produciría consecuencias injustas, es decir, incorrectas, en el caso
85
Loc cit. 86
Loc cit. 87
Loc cit.
62
excepcional que se afronte; o,88
Por percatarse cuál es la decisión correcta a la que se deba llegar o porque el juez
se encuentre ante una notoria laguna en el orden jurídico positivo formulado
explícitamente.89
Pero lo más importante es que en todos los casos el juez tiene necesariamente
que cumplir la tarea de dar pleno sentido concreto a la norma jurídica general, que
está formulada en términos abstractos, incluso cuando esa norma jurídica general
haya tenido clara expresión. En eso precisamente se basa el valor interpretativo
del juzgador de la norma general al caso concreto.
Para poder aplicar la norma el juez debe determinar: Los hechos y su calificación;
encontrar cuál es la norma o normas abstractas que deberán aplicarse a caso
específico, escogiendo dentro de los posibles preceptos aplicables aquellos que
puedan tener relación con el caso; Individualizar a los sujetos titulares del derecho
y de la obligación; Concretar cuál será la obligación del sujeto pasivo,
especificando las prestaciones a cumplir, así como su monto y todo lo demás que
se relacione con ella; y, establecer la sanción correspondiente.
Cabe mencionar que la aplicación de una ley se encuentra, en materia tributaria,
íntimamente relacionado con la vigencia en el tiempo por lo que hay que
interpretar lo regulado por el Código Tributario dentro de sus primeros artículos
para que la norma pueda ser aplicada.
II. VIGENCIA DE UNA LEY
Llegado el momento de la aplicación de la ley puede presentarse el problema que
consiste en determinar si los preceptos que prevén el caso sometido a la
consideración del juez, están vigentes o han sido derogados.
La vigencia constituye en el proceso de formación y sanción de la ley, la última
88
Loc cit. 89
Ibid, página 465
63
etapa, por la cual la ley, obtiene obligatoriedad y surte sus efectos, después de su
publicación en el Diario Oficial90.
La vigencia se encuentra directamente relacionada con el Derecho Vigente,
buscando establecer si la observancia de un precepto tiene carácter obligatorio.
III. TIEMPO DE VIGENCIA
Con base en el ámbito temporal de validez de las normas jurídicas, éstas pueden
ser:
III.1 DE VIGENCIA DETERMINADA: cuando se fija desde su creación el término
durante el cual tendrán vigencia.91
III.2 DE VIGENCIA INDETERMINADA: Cuando su tiempo de vigencia no se ha
fijado en su creación, siendo necesario formalmente para que se pierda su
vigencia, que sea modificada o abrogada92. Esta es de uso general en nuestro
país.
III.3 DE VIGENCIA CONDICIONADA A HECHOS O ACTOS JURÍDICOS:
Cuando no se fija un tiempo determinado para su duración, sino que su vigencia
se encuentra sujeta a hechos o actos jurídicos acaecidos por el actor.93
IV. TERMINACIÓN DE LA VIGENCIA
La terminación de la vigencia de las normas jurídicas puede ser de dos formas, a
saber:
ABROGACIÓN: es la supresión o anulación total del precepto jurídico.
DEROGACIÓN: constituye la modificación parcial del precepto jurídico. Ésta a su
vez puede ser: parcial cuando modifica parcialmente algún precepto jurídico o total
cuando suprime o anula un precepto jurídico. Cabe agregar que entre los tipos de
90
Gutiérrez de Colmenares, Carmen María. Introducción al Derecho I. Primera Edición. Guatemala. Material Editado por la Universidad Rafael Landivar. 2002. pp. 57 91
Ibid, página 206 92
Loc cit. 93
Loc cit.
64
derogación encontramos: expresa que se da cuando en la nueva ley se encuentra
incluida en las disposiciones finales la derogación de la antigua ley, y tácita
cuando se infiere que la nueva ley deroga a la antigua, en virtud de que regula los
mismos aspectos.94
V. VIGENCIA DE UNA LEY IMPUGNADA:
Para que el Tribunal se pronuncie respecto de la constitucionalidad de la ley
impugnada, se precisa que la misma se encuentre integrada en el ordenamiento
jurídico vigente. En aquellos casos en que durante el trámite de una acción se
expulsa expresamente la norma impugnada, el Tribunal desestima el
planteamiento por carencia de materia sobre la cual resolver. Cuando la expulsión
de la normativa ha sido tácita, el Tribunal efectúa el examen pertinente para
constatar tal extremo y, de resultar cierto, declara también la improcedencia de la
acción.95
I. EXTRA VIGENCIA DE LA LEY
Ésta consiste en la aplicación de la ley fuera de su tiempo de vigencia, pudiendo
darse de la siguiente manera:96
II. RETROACTIVIDAD DE LA LEY: se da cuando la ley obra o tiene fuerza
sobre el pasado, es decir, que existe retroactividad de la ley cuando ésta
se puede aplicar a hechos o situaciones ocurridas anteriormente a su
vigencia.97
III. ULTRACTIVIDAD DE LA LEY: se da cuando se le reconoce a una ley un
efecto con posterioridad a su derogatoria.98
94
Aftalión, E.R; Vilanova y F, García Olano. Introducción al Derecho. Doceava Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Perrot. 1984. página 178 95
Ibid, página 188 96
Loc cit. 97
Loc cit. 98
Loc cit.
65
IV. REGULACIÓN DE LA VIGENCIA DE UNA LEY EN MATERIA
TRIBUTARIA
El artículo 7 del Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República
hace referencia a la aplicación de las leyes tributarias en el tiempo con el fin de
establecer su entrada en vigencia y la forma como cada una de las reformas debe
de entrar en vigencia dentro del régimen tributario.
El artículo citado refleja claramente la protección que brinda el Código Tributario,
tanto a los derechos como a las obligaciones adquiridas bajo la vigencia de una
ley anterior, es decir, la posición jurídica en la que se encuentra el contribuyente
ante un régimen de tributación nacido de una ley tributaria, esto con el fin de
amparar un derecho establecido en el artículo 243 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, el cual estipula el principio de la Capacidad de Pago,
contemplando la prohibición de la doble o múltiple tributación, en virtud que, si se
cambiara la posición jurídica adquirida por un contribuyente por la entrada en
vigencia de una nueva ley se pueden ver afectados los derechos de éstos por lo
que el Estado busca la protección de los mismos. Ahora bien, es preciso aclarar
que ese derecho adquirido debe ser entendido únicamente durante el período de
transición entre la entrada en vigencia de la nueva ley y la expulsión del
ordenamiento jurídico de la ley anterior, por ejemplo es pagar el 12% y este es
derogado por una ley posterior que contempla el mismo impuesto, el cual indica
que el nuevo impuesto a pagar es del 15%, debe decir, si actualmente en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado regula que el impuesto a pagar del 12%
únicamente rige para el período actual, pero para los períodos posteriores deberán
regirse por el nuevo tipo impositivo del impuesto establecido. Esto resulta lógico,
en virtud que de no ser así el Congreso de la República se vería imposibilitado de
modificar las Leyes tributarias y por ende la SAT tampoco podría aumentar la
recaudación tributaria.
66
V. INTERPRETACIÓN DE LA LEY
Interpretar es desentrañar el sentido de una expresión. Se interpretan las
expresiones, para descubrir lo que significan. La expresión es un conjunto de
signos; por ello tiene significación99.
Si aplicamos la idea anterior al caso especial de la interpretación de la ley,
podemos decir que interpretar quiere decir descubrir el sentido que encierra. La
ley aparece ante nosotros como una forma de expresión.
La hermenéutica jurídica o interpretación de la ley es aplicable a todas las normas,
no solo a las normas oscuras o contradictorias, ya que todas presentan dos zonas:
una determinada y otra indeterminada. Así, Soriano afirma que la interpretación
jurídica es una actividad necesaria y predicable de todas las normas del
ordenamiento jurídico100.
Máximo Pacheco 101 nos proporciona algunas acepciones de la interpretación
(jurídicamente):
Interpretar es determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas. Es averiguar
lo que tiene valor normativo. Es una operación del espíritu que acompaña al
proceso de creación del derecho al pasar de la norma superior a una norma
inferior. En el caso normal, el de la interpretación de una ley, se trata de saber
cómo, aplicando una norma general a un hecho concreto, el órgano judicial o
administrativo obtiene la norma individual que le incumbe establecer.102
Se podría deducir entonces que la interpretación consiste en la determinación del
significado, alcance, sentido o valor de la ley frente a las situaciones jurídicas
concretas a que dicha ley debe aplicarse. Debe tenerse presente que lo
interpretado, no es la materialidad de los signos, representativos de la ley, no es
su aspecto físico, su lenguaje escrito, sino su verdadero sentido, su alcance, su
99
Aftalión, E.R; Vilanova y F, García Olano. Op cit. Página 208 100
Ibid. Página. 210 101
Ibid. Página. 211 102
Loc cit.
67
contenido, su ámbito material, espacial, temporal y personal de validez, para
determinar si el caso concreto está comprendido en la norma legal que pretende
aplicarse.
Entonces el sentido de la ley, que es lo que se busca con el proceso de
interpretación, consiste en precisar la idea, el contenido que la norma jurídica
persigue a través del lenguaje por el cual se representa su contenido, su idea.
68
CAPITULO IV
4. ANÁLISIS DE CASOS
4.1 Análisis del plazo para interponer el Proceso Contencioso
Administrativo, antes de las Reformas Tributarias 4-2012
Previo a entrar al análisis y estudio de casos es preciso se indiqué el motivo de la
elección de los mismos, pues en la práctica existen muchos casos en los cuales el
proceso contencioso administrativo fue interpuesto por muchos contribuyentes de
manera extemporánea y en la mayoría de ocasiones la Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo fallaba a favor del contribuyente admitiendo para
su trámite dichos expedientes; sin embargo, el punto de análisis de la presente
tesis es establecer si es o no procedente la interposición extemporánea de la
demanda contenciosa administrativa por parte del contribuyente?
Por otra parte, al entrar en funcionamiento la Sala Tercera del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo esta se dio a la tarea de rechazar todas aquellas
demandas interpuestas fuera del plazo legal, situación que como vemos contrasta
con lo sustentado por la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo,
por lo que los contribuyentes se encuentran ante dos criterios totalmente distintos,
por tal motivo, para el análisis de los presentes casos se buscaron procesos
diversos para poder tener la perspectiva de cada uno de los órganos
jurisdiccionales, dichos casos los identificamos a continuación: número de
expediente 236-2008, fecha de la sentencia de amparo, 21 de noviembre de 2008
y fecha de la interposición de Amparo, 14 de marzo de 2008, caso número 10 y
14-2006, fecha de la sentencia de amparo 05 de mayo de 2008, fecha de la
interposición de Amparo 05 de enero de dos mil seis, caso número 87-2009 fecha
de la resolución contra la que se interpone 29 de enero de 2009, caso número
1008-2007, fecha de la sentencia de amparo 14 de julio de 2009, así mismo se
analizaron los siguientes casos para poder concluir con nuestra investigación 688-
2007, de fecha 29 de mayo del año 2009, de la Corte Suprema de Justicia, de la
Cámara de Amparo y Antejuicio, expediente de Amparo 236-2008, de fecha 21 de
69
noviembre de 2008, de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y
Antejuicio, expediente 340-2009, de fecha 18 de diciembre de 2009, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y Antejuicio y expediente 1241-
2010, de fecha 21 de marzo de dos mil once, de la Corte Suprema de Justicia, de
la Cámara de Amparo y Antejuicio.
4.2 CASO NÚMERO 236-2008
INTERPONENTE: Superintendencia de Administración Tributaria
ÓRGANO CONTRA EL QUE SE INTERPONE: Sala Segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo.
DEMANDANTE
SENTENCIA DE AMPARO DE FECHA: 21 de noviembre de 2008
FECHA DE INTERPOSICIÓN DE AMPARO: 14 de marzo de 2008
I. ANTECEDENTES
El amparo fue presentado el catorce de marzo del dos mil ocho, ante el Juzgado
de Paz Penal de Faltas de Turno. El acto reclamado lo comprende el auto de
fecha veintidós de enero del dos mil ocho dictado por la Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo que declaró sin lugar el recurso de reposición
interpuesto contra el auto de fecha treinta de mayo del dos mil siete que declaró
sin lugar la excepción previa de caducidad interpuesta por la postulante, dentro del
proceso contencioso administrativo promovido por la contribuyente.
Previo a entrar al análisis que nos compete es preciso indicar los antecedentes del
caso, el cual estriba en lo siguiente: el diez de agosto de mil novecientos noventa
y nueve, la Unidad de Valoración del Departamento Técnico de la Intendencia de
Aduanas emitió resolución en la que indicó que el valor declarado por el
contribuyente, no es representativo del valor para la aduana.
70
b) Una vez evacuada la audiencia, la SAT dictó resolución en la que determinó los
ajustes formulados a la entidad en mención en concepto de derechos arancelarios
a la importación Impuesto al Valor Agregado por Importación, más multa e
intereses resarcitorios;
c) Contra dicha resolución la entidad contribuyente, por no estar de acuerdo con
los ajustes realizados, interpuso recurso de revocatoria, el que se tramitó como
recurso de revisión de conformidad con la legislación aduanera, la que fue
declarada sin lugar mediante resolución de fecha veintidós de abril del dos mil
cuatro,
d) Inconforme con lo resuelto, la entidad contribuyente apeló ante el Directorio de
la SAT, quien al resolver el recurso intentado lo declaró sin lugar y confirmó los
ajustes determinados;
e) Agotada la fase administrativa, la entidad contribuyente promovió proceso
contencioso administrativo ante la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo –autoridad reclamada– contra la SAT;
f) Una vez notificada la demanda, la postulante planteó la excepción previa de
caducidad, alegando que el quince de octubre del dos mil cuatro el Directorio de la
SAT emitió resolución la cual fue notificada el dieciocho de noviembre del dos mil
cuatro y, siendo que de conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, el plazo para promover el proceso contencioso administrativo es de
tres meses a partir de la última notificación, por lo que el dieciocho de febrero del
dos mil cinco era el último día para iniciar la demanda y no el veinticinco de
febrero del dos mil cinco, como ocurrió en el caso de mérito;
g) La autoridad reclamada dictó auto de fecha treinta de mayo del dos mil siete en
el que declaró sin lugar la excepción interpuesta por considerar que: “(…) el
artículo 56 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto número 512 del
71
Congreso de la República, cuya norma se encuentra vigente y que obliga a
notificar todas las resoluciones que se dicten en las que tenga intervención la
Procuraduría General de la Nación, ya que dentro del expediente administrativo no
consta que la administración tributaria haya cumplido con dicho extremo,
notificando la resolución que concluyó el procedimiento administrativo, de ello se
advierte que la fecha de la presentación de la demanda en el Proceso
Contencioso Administrativo no tenía un plazo determinado ante el incumplimiento
de la obligada notificación a la PGN, entidad que se encontraba vinculada al
proceso (…)”.
h) Contra la resolución antes mencionada, la postulante interpuso recurso de
reposición, y, habiendo precluido las etapas procesales respectivas, la autoridad
reclamada declaró sin lugar dicho recurso en auto de fecha veintidós de enero del
dos mil ocho (acto reclamado);
i) No estando de acuerdo la SAT con dicha resolución, el 14 de marzo del 2008,
promovió acción de amparo alegando violación al derecho de defensa y debido
proceso al declarar sin lugar el recurso de reposición, toda vez que no se observó
el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque se admitió el
proceso contencioso administrativo siete días después de haber concluido el plazo
legal para su presentación, y siendo por demás interesantes sus alegatos, los
transcribimos a continuación: “(…) es necesario manifestar la existencia de error
substancial en el diligenciamiento del Proceso Contencioso Administrativo por
parte de la autoridad, debido al hecho que al admitir para su trámite la demanda
planteada por el contribuyente por la vía Contencioso Administrativa, afirma que la
misma se encuentra arreglada a DERECHO, extremo que tuvo que verificar
observando lo establecido en los artículos 19, 20, 31, 32, 33 y 35 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo, y al tener en su poder el expediente administrativo
correspondiente y determinar dentro del mismo que no se había agotado la vía
administrativa, o no se configuraban los presupuestos establecidos en la Ley, en
72
cuanto a la NOTIFICACIÓN que según la autoridad debió realizarse a la PGN,
debió haber rechazado –in limine– la demanda por prematura (…)”.
II. OPINION EMITIDA POR LA CÁMARA DE AMPARO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA AL RESOLVER EL AMPARO INTERPUESTO
La Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara de amparo manifestó que la
Procuraduría General de la Nación no puede ser considerada como “parte
interesada”, puesto que para darle referida calidad debe ostentar un interés
legítimo dentro del procedimiento, o sea que el resultado del proceso tiene que
significar un beneficio o un perjuicio para ella, lo cual no sucede en el
procedimiento administrativo, toda vez que la PGN por mandato constitucional
“tiene la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales ”, y
es únicamente en los casos en que la misma ley le da la calidad de tercero o le
exige una opinión favorable como requisito para resolver que se considera como
parte dentro del proceso, y como consecuencia de lo anterior existiría la obligación
de notificarle; por tanto, al haber causado estado la resolución, la entidad que
promovió el proceso contencioso administrativo, debió haber interpuesto el mismo
dentro del plazo que establece el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, y al no cumplirse dicha estipulación, existió una trasgresión a los
derechos señalados por la amparista los cuales no fueron subsanados por los
medios de impugnación establecidos para el efecto, razón por la cual la Corte
Suprema de Justicia decidió otorgar el presente amparo y ordenar a la autoridad
impugnada a emitir nueva resolución de conformidad con lo considerado en el
presente fallo.
4.3 CASO NÚMERO10 y 14-2006
INTERPONENTE: Superintendencia de Administración Tributaria
ORGANO CONTRA EL QUE SE INTERPONE: Sala Segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo.
73
DEMANDANTE
SENTENCIA DE AMPARO DE FECHA: 05 de mayo de 2008
FECHA DE INTERPOSICION DE AMPARO: 05 de enero de dos mil seis
I. ANTECEDENTES
La Superintendencia de Administración Tributaria emitió resolución de fecha dos
de septiembre de dos mil tres, a través de la cual se resolvió Cobrar al
contribuyente IMPUESTO SOBRE LA RENTA más multa equivalente al cien por
ciento (100%) del impuesto omitido. y MULTA POR INFRACCIÓN A LOS
DEBERES FORMALES, más intereses resarcitorios. La contribuyente, interpuso
recurso de revocatoria, el cual fue resuelto parcialmente con lugar, dicha
resolución fue notificada a la entidad el TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
CUATRO.
Los argumentos en los cuales se basa la Superintendencia de Administración
Tributaria para la interposición del Amparo son los siguientes:”De conformidad con
el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo vigente en la fecha de
notificación de la relacionada resolución, la entidad contribuyente tenía el plazo de
TRES MESES, contados a partir de la última notificación de la resolución que
concluyó el procedimiento administrativo, para plantear el correspondiente
Proceso Contencioso Administrativo, mismo que venció el día trece de julio del
año dos mil cuatro y la entidad contribuyente ingresó el memorial de demanda
SIETE meses después de concluido el plazo legal para su presentación, en
consecuencia existe CADUCIDAD de ACCIÒN. La Sala referida declaró sin lugar
la excepción previa de caducidad en resolución de fecha seis de mayo de dos mil
cinco, por lo que la postulante interpuso recurso de reposición, el cual fue
declarado sin lugar en resolución de fecha dos de diciembre de dos mil cinco; La
Sala recurrida actúa con arbitrariedad y modifica el procedimiento legalmente
prescrito en las normas citadas al considerar que no había iniciado el computo(sic)
del plazo para la presentación de la demanda, en virtud de no habérsele notificado
74
a la Procuraduría General de la Nación, la resolución del recurso de revocatoria
que puso fin y dio por agotada la vía administrativa”.
El criterio utilizado por la SALA es contrario a las disposiciones de los artículos
159 del Código Tributario y 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo puesto
que en primer término, la actuación que la Procuraduría General de la Nación
tiene dentro del proceso administrativo no es como parte interesada sino como
“ente asesor del Estado de Guatemala”. Indicó la SAT, que: “(...) la autoridad
impugnada a(sic) incurrido en notorias ilegalidades, conculcando derechos y
garantías constitucionales que asisten a la SAT, por cuanto se ha sido(sic)
probado de forma irrefutable que la entidad SERVICIOS DE APOYO
EDUCATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso el Proceso Contencioso
Administrativo el día 18 de febrero de 2005, lo que evidencia que su demanda está
totalmente fuera de tiempo. Y como se puede verificar dentro del expediente
administrativo la entidad demandante fue notificada el día 13 de abril de 2004, por
lo que dicha demanda fue presentada extemporáneamente ya que se
presentó(sic) 10 meses después de haber sido notificada la resolución del
Directorio de la SAT. Por lo que la presente demanda debe ser rechazada”;
h) PETICIÓN CONCRETA: solicitaron que: “(...) se dicte sentencia otorgando el
amparo solicitado y se deje sin efecto la resolución de fecha dos de diciembre de
dos mil cinco, proferida por la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, ordenándosele emitir la resolución que en derecho corresponde”.
II. CONCLUSIÓN DEL PROCESO
En este proceso la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia concluyó
que el amparo debe otorgarse, por cuanto se vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa de los postulantes, así como que si bien es cierto la Ley de lo
Contencioso Administrativo, regula en su artículo 12 que: “(…) Encontrándose los
antecedentes en el órgano que deba conocer de los recurso de revocatoria o
75
reposición, se correrán las siguiente audiencia: …C). A la PGN”, así también lo es
que la PGN tuvo intervención, al concedérsele audiencia en el procedimiento
administrativo, lo cual se hizo en cumplimiento del artículo antes citado, por lo que
la resolución ciento treinta – dos mil cuatro, de fecha veintiséis de febrero de dos
mil cuatro, emitida en el expediente administrativo no debió ser notificada a ésta
para que causara estado.
De esa cuenta el derecho de la contribuyente, para entablar la demanda
contenciosa administrativa caducó porque fue notificada de la resolución que
declaró parcialmente sin lugar el recurso de revocatoria, identificada con el
número ciento treinta – dos mil cuatro, de fecha veintiséis de febrero de dos mil
cuatro, el trece de abril de dicho año. Cabe agregar que si la referida notificación
fuese procedente, la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
no tendría facultad de conocer el litigio ya que la resolución impugnada no había
causado estado. Como consecuencia de lo anterior, el amparo debe otorgarse a
fin de que la violación denunciada sea reparada, debiéndose ordenar a la
autoridad impugnada emitir nueva resolución conforme a lo considerado en el
presente fallo.
En el presente caso se dio un voto disidente el cual gira en el sentido siguiente:
VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO VOCAL QUINTO DE LA
CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, CARLOS GILBERTO CHACÓN
TORREBIARTE, EN LOS AMPAROS ACUMULADOS 10 y 14-2006.
ASUNTO: Amparos solicitado por el ESTADO DE GUATEMALA y la
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA contra la SALA
SEGUNDA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Disiento de la sentencia aprobada por la mayoría de los Magistrados de la
Cámara, en virtud de lo siguiente: a) el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo, establece claramente que es obligatorio conferírsele audiencia
entre otros sujetos, a la PGN, al encontrarse los antecedentes en él órgano que
deba de conocer los recursos de revocatoria o reposición; en consecuencia
también es imperativo que se notifique la resolución que resuelve el recurso, a
76
efecto de que corra el plazo del planteamiento del contencioso administrativo,
pues de lo contrario no tendría sentido conferírsele audiencia, si no se le notifica la
resolución que resuelve tal recurso;
b) la Superintendencia de Administración Tributaria, al ser emplazada del proceso
contencioso administrativo promovido por la entidad Servicios de Apoyo
Educativo, Sociedad Anónima, planteó la excepción previa de caducidad, misma
que fue declarada sin lugar, porque “(…) no se había iniciado el cómputo del plazo
para la presentación de la demanda, en virtud de no habérsele notificado a la
PGN, la resolución del recurso de revocatoria que puso fin y dio por agotada la vía
administrativa (…)”; argumento que se encuentra ajustado a derecho de
conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que
establece que el plazo para el planteamiento del proceso contencioso, empieza a
contar a partir de la última notificación de la resolución que concluyó el
procedimiento administrativo; en consecuencia estimo que la PGN, sí debe ser
notificada para que corra el plazo del contencioso administrativo, citado en el
artículo antes invocado. Por lo tanto consideró que no se dan los presupuestos de
la ley de la materia para otorgar el amparo solicitado, debiendo haberse resuelto
denegar el mismo por notoriamente improcedente. Guatemala, cinco de mayo de
dos mil ocho.
4.3.1. ANÁLISIS DE LOS DOS CASOS QUE ANTECEDEN
Al entrar al análisis de los dos casos que anteceden encontramos un criterio
reiterado por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia al otorgar el
Amparo interpuesto por la SAT.
Pero es preciso entrar a analizar la postura de la Corte Suprema de Justicia y el
tema estriba en determinar por qué la Cámara de Amparo resuelve otorgar el
Amparo interpuesto en contra del contribuyente por lo que dicha cámara procede
de la forma siguiente: La SAT interpone el amparo ante la Cámara de Amparo de
77
la Corte Suprema de Justicia por considerar que la Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo violó o vulneró sus derechos de defensa, debido
proceso al declarar sin lugar la Excepción Previa de Caducidad y el Recurso de
Reposición interpuesto por dicho ente, por tal motivo acude a la interposición del
Amparo, para que dicha Cámara resuelva si es o no procedente que los
contribuyentes interpongan el Proceso Contencioso Administrativo de forma
extemporánea.
La Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo consideró que el
expediente no fue interpuesto de forma extemporánea, esto en virtud que la PGN
no fue notificada de la resolución del Recurso de Revocatoria, por lo que el plazo
para poder interponer la demanda Contenciosa Administrativa no había
comenzado a correr.
La Cámara de Amparo otorga el amparo correspondiente a la SAT por considerar
que la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vulneró los
derechos de defensa y debido proceso esto en virtud de estimar que la evacuación
emitido por la PGN no es vinculante, sino que es una opinión emitida por dicho
ente, por tal motivo no es requisito notificarle para que de inicio el cómputo del
plazo para la interposición de la Demanda Contenciosa Administrativa, sino
notificado el contribuyente comienza a correr el plazo para la interposición de
dicho proceso.
Se considera que la normativa es clara al indicar el plazo para la interposición de
dicho proceso, además, el dictamen emitido por la PGN, tal como hemos visto en
este estudio, es una opinión que en ningún caso vincula al proceso, esto en virtud
que dicho ente puede no emitir opinión y aún así resolver la SAT el procedimiento
administrativo, razón que lo hace no vinculante a dicho proceso, ya que, de lo
contrario, sería obligatorio que la PGN emitiera opinión y que lo que dicho ente
indicara sirviera como base para la resolución del procedimiento administrativo.
78
Por otro lado, de ser cierto el criterio sustentado por la Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo esta debió rechazar in limine la demanda
interpuesta por el contribuyente, esto debido a que debió considerar que la misma
fue interpuesta de forma prematura, ya que si la resolución que puso fin a la vía
administrativa no había sido notificada la PGN, la misma no ha causado estado y
este de conformidad con el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo
es un requisito fundamental para poder interponer el proceso Contencioso
Administrativo.
Es importante indicar que en cuanto a estas sentencias existe un voto disidente en
virtud de considerar que la demanda Contenciosa Administrativa si debió de
haberse admitido, en virtud que la PGN había sido emplazada, en relación a este
punto, de ser cierto lo aquí manifestado se estaría dando cumplimiento al párrafo
que precede.
4.4 CASACIÓN NÚMERO 87-2009
INTERPONENTE: AGROSAK, SOCIEDAD ANONIMA
ORGANO CONTRA EL QUE SE INTERPONE: Superintendencia de Administración Tributaria
RESOLUCION CONTRA LA QUE SE INTERPONE: de fecha 29 de enero de 2009, emitida por
la Sala Cuarta del Tribunal Contencioso Administrativo
I. ANTECEDENTES
El veintiséis de noviembre de dos mil ocho, la contribuyente, interpuso ante el
órgano jurisdiccional antes relacionado, demanda Contenciosa Administrativa
contra la SAT, en virtud de que dicha entidad declaró sin lugar el recurso de
revocatoria interpuesto por la recurrente. El veintinueve de enero de dos mil
nueve, la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al conocer la
demanda anteriormente relacionada y analizar la excepción de caducidad que la
SAT hizo valer, resolvió: “I) CON LUGAR la Excepción de CADUCIDAD
interpuesta por la SAT, contra la resolución de fecha ocho de diciembre de dos mil
79
ocho. II) En consecuencia, se rechaza la demanda presentada por la
contribuyente, en contra de la SAT…”.Contra la resolución anterior el recurrente
interpuso recurso de casación por motivo de fondo, invocando como caso de
procedencia el contenido en el numeral 1º del artículo 621 del Código Procesal
Civil y Mercantil, por inaplicación (omisión) del artículo 23 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo y aplicación indebida del artículo 161 del Código
Tributario.
En el escrito de interposición de casación se invoca como motivo de fondo la
inaplicación (omisión) del artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y
la aplicación indebida del artículo 161 del Código Tributario; manifestando, para la
primera de las normas citadas, que: “La inaplicación de la norma ocurre, señores
magistrados, porque el tribunal no tomó en cuenta que AGROSAK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, presente (sic) Recurso Contencioso Administrativo con base en el
artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual, de haber sido
aplicado, hubiera provocado el rechazo de la excepción previa de Caducidad”; y
para el segundo de los artículos citados como vulnerados expresó: “Esta
disposición fue indebidamente aplicada por la Honorable Sala Cuarta del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo en el auto que se impugna, toda vez que el
Código Tributario es una norma de carácter general, que no debe prevalecer sobre
una norma de carácter especial, tal como la Ley de lo Contencioso Administrativo,
Decreto 119-96 del Congreso de la República; en esa virtud de haber sido
aplicada, en forma debida, la norma contenida en el artículo 23 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo, Decreto 119-96 del Congreso de la República y el
tribunal debió rechazar la excepción previa de Caducidad pretendida por la SAT”.
II. CONCLUSIÓN DEL PROCESO
La Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso estimó
necesario resaltar dos aspectos de planteamiento relevantes: en primer lugar, no
es viable invocar para el motivo de fondo la inaplicación o aplicación indebida de
80
normas cuya naturaleza es eminente procesal, tal como ocurrió en el presente
caso, pues establece el artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo que
“El plazo para el planteamiento del proceso contencioso administrativo es de tres
meses contados a partir de la última notificación de la resolución…”; por su parte,
el artículo 161 del Código Tributario preceptúa que “…El plazo para interponer el
recurso Contencioso Administrativo será de treinta días…”. De esto se logra
colegir que la finalidad de las dos normas precitadas no está dada a establecer ni
resguardar un derecho subjetivo de quien lo invoca, que es la esencia de las
normas de carácter material susceptibles de ser invocadas a través de un motivo
de fondo, sino que la consecuencia que producirían los artículos citados, en caso
de darse su infracción, ocasionaría efectos directos sobre el concreto desarrollo
del proceso contencioso administrativo. Es decir, que el motivo de fondo está
exclusivamente orientado a incursionar en el ámbito intelectivo que realizó el Juez
al emitir su decisión. Aunado a lo anterior, no consta la exposición de las razones
por las cuales estima que la Sala impugnada infringió los artículos antes
relacionados, cómo estima que se produjo esa violación y cómo la logra
evidenciar. Por las razones anotadas, y por estimarse que los requisitos señalados
son esenciales para incursionar posteriormente al análisis fondo del recurso de
casación, no pudiendo ser subsanados de oficio por este órgano, procedente
resulta declarar el rechazo del mismo.
4.4.1. ANÁLISIS DEL CASO
En el presente caso nos encontramos ante una situación que no es común que se
de en el procedimiento Contencioso Administrativo, esto derivado de que el
contribuyente presentó Demanda Contenciosa Administrativa, y contra esta la SAT
interpuso Excepción Previa de Caducidad por considerar que la demanda había
sido presentada de forma extemporánea, argumento acogido por el órgano
jurisdiccional que finalmente declaró con lugar la Excepción Previa de Caducidad y
sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto por la contribuyente.
81
Contra dicha resolución el contribuyente decide plantear Recurso Extraordinario
de Casación por motivo de fondo invocando la inaplicación o aplicación indebida
de una norma, esto por considerar que el órgano jurisdiccional no aplicó
correctamente lo preceptuado en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Ante
tal extremo la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia procedió a rechazar el
recurso de Casación interpuesto, esto por considerar que el motivo de casación
invocado no es aplicable al presente caso, en virtud que la inaplicación o
aplicación indebida de una norma hace referencia a un derecho sustantivo y en
este caso se están invocando normativas procesales.
Se considera que el contribuyente interpuso un recurso inadecuado, esto en virtud
que si consideraba que había sido vulnerado su derecho debió de haber
interpuesto un Recurso de Reposición y posteriormente un Recurso de Amparo
para que la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia resolviera si las
resoluciones de la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
habían sido dictadas conforme a derecho o no, sin embargo, al interponer un
recurso de casación invocó una causal que en el presente caso es inaplicable,
pues se alegó la transgresión de una norma procesal, y no una norma sustantiva
que es el presupuesto para la interposición de un sub-motivo de fondo como la
inaplicación indebida de una norma dentro del Recurso de Casación, por tal
motivo se considera que la Corte Suprema de Justicia resolvió de forma apropiada
el rechazo del presente expediente sin siquiera entrar a conocer el fondo del
asunto.
4.5 CASO NÚMERO 1008-2007
INTERPONENTE: Superintendencia de Administración Tributaria
ORGANO CONTRA EL QUE SE INTERPONE: Sala Segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo.
DEMANDANTE EN PRIMERA INSTANCIA: Continental de Ediciones, Sociedad Anónima
82
SENTENCIA DE AMPARO DE FECHA: 14 de julio de 2009
I. ANTECEDENTES
La Superintendencia de Administración Tributaria, con fecha veintinueve de julio
de dos mil tres, practicó auditoría tributaria a la contribuyente Continental de
Ediciones, Sociedad Anónima, resolviendo confirmar los ajustes formulados al
débito fiscal del impuesto al valor agregado, e impuesto sobre la renta. La entidad
Continental de Ediciones, Sociedad Anónima, presentó recurso de revocatoria, el
cual fue declarado parcialmente con lugar, confirmando débito fiscal del Impuesto
al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta. La contribuyente interpuso proceso
Contencioso Administrativo, el cual fue admitido por la Sala para para su trámite, y
posteriormente la SAT interpuso excepción previa de caducidad y demanda
defectuosa, las que fueron declaradas sin lugar a través de auto de fecha
veintiocho de julio de dos mil seis; contra dicho auto, la SAT y la PGN, plantearon
recurso de reposición, el que se declaró sin lugar, en auto de fecha doce de
septiembre de dos mil siete.
Posteriormente la recurrente presento amparo contra dicha resolución y alegó al
haber resuelto el Tribunal de esa manera, le causó agravio por violar sus derechos
de defensa, debido proceso y libre acceso a tribunales ya que dicha resolución
carece de fundamento legal, el razonamiento realizado por el Tribunal, es contrario
a derecho, continua indicando que resulta evidente que la autoridad impugnada
confunde o tergiversa probablemente con mala fe la prorrogabilidad o
improrrogabilidad de un término con su carácter perentorio, toda vez que la
perentoriedad se determina en razón de que el acto procesal NO PUEDE
EJECUTARSE FUERA DEL TÉRMINO SEÑALADO POR LA LEY, porque en
virtud de la preclusión se ha producido la caducidad del derecho a ejecutar el acto
procesal, por lo que según la postulante resulta inaplicable el argumento de la
autoridad impugnada por cuanto que legalmente no existe ninguna circunstancia
que interrumpa el plazo para declarar la caducidad
83
II. CONCLUSIÓN DEL PROCESO
La Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia al resolver manifestó que
el criterio sustentado por la autoridad impugnada, es acorde a la ley y a las
constancias procesales, ya que de conformidad con el artículo 159 del Código
Tributario la administración tributaria está obligada a dar audiencia a la PGN por
quince días hábiles, y evacuada la misma es procedente resolver el recurso
interpuesto, en el presente caso la autoridad impugnada únicamente advirtió que
no se practicó dentro del expediente administrativo notificación a la PGN,
omitiendo tal disposición legal. Por tal motivo, en el presente caso no se evidencia
violación al derecho de defensa, al debido proceso y al libre acceso a tribunales,
por el contrario se observa que la Sala de mérito actuó como contralor de la
juridicidad y además garantizó el debido proceso, ello en cumplimiento a las
facultades y atribuciones que la ley le confiere, específicamente en el artículo 203
de la Constitución Política de la Republica, haciendo las declaraciones que en
derecho corresponden.
VOTO RAZONADO DISIDENTE DEL MAGISTRADO LUIS FERNÁNDEZ
MOLINA
En el expediente de amparo antes identificado planteado por la SAT, contra la
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esta Cámara denegó
el amparo, argumentando que la autoridad reclamada al emitir el auto actuó dentro
de las facultades y atribuciones que la ley le confiere. Respetando, el criterio de la
mayoría de los señores Magistrados, pero sin compartirlo, expresó su voto
disidente en el sentido de que estimo que dentro del procedimiento contencioso
administrativo no es obligatorio notificar a la PGN, ya que la misma funge
únicamente como un órgano asesor, no siendo vinculante su opinión dentro de
dicho procedimiento ya que solo ejerce una función consultora.
84
4.5.1 ANÁLISIS DEL CASO
Al entrar a estudiar el presente caso se puede apreciar un criterio muy diferente al
que se había estado analizando con anterioridad, pues aquí la Cámara de Amparo
de la Corte Suprema de Justicia decide denegar el amparo a la SAT.
La SAT interpone Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia esto
derivado de que la Contribuyente, según criterio de la SAT, interpuso el Proceso
Contencioso Administrativo de forma extemporánea, por tal motivo planteó
Excepción Previa de Caducidad y Recurso de Reposición ante la Sala Segunda de
lo Contencioso Administrativo, mismos que fueron declarados sin lugar, por tal
motivo procede a interponer Recurso de Amparo.
El recurso de amparo no fue otorgado por la Cámara de Amparo de la Corte
Suprema de Justicia en virtud de ser del criterio que la PGN debía ser notificada
de la resolución del Recurso de Revocatoria dictado por la SAT, y que por tanto no
había comenzado a correr el plazo para poder interponer el Proceso Contencioso
Administrativo, considerando dicho órgano jurisdiccional que el dictamen emitido
por la PGN, tal y como lo prescribe su normativa, es vinculante, por tanto su
normativa es clara al indicar que debe ser notificado.
La autora de la presente tesis disiente del criterio sustentado en esta oportunidad
por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de justicia, en virtud que como fue
indicado en el análisis de los primeros dos casos, la opinión emitido por la PGN no
puede ser considerado como vinculante, esto en virtud que la SAT no depende de
dicha opinión para entrar a resolver el procedimiento administrativo, más bien nos
encontramos ante un conflicto de leyes como veremos en el próximo capítulo. Por
otro lado se apoya el criterio del voto disidente por ser acorde a derecho.
85
4.6 Plazo para interponer el Proceso Contencioso Administrativo, luego de la vigencia del decreto 4-2012
Como se ha mencionado a lo largo de la presente monografía, ahora ya no es
requisito indispensable notificar a la Procuraduría General de la Nación según lo
regulado por el decreto 4-2012 del Congreso de la República de Guatemala,
debido a que el plazo para interponer la demanda es de 30 días contados a partir
de la última notificación.
86
CAPITULO V
5. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
En la presente monografía el problema estriba en analizar, el cómputo del plazo
para poder interponer el Proceso Contencioso Administrativo en materia Tributaria,
esto con el fin de determinar si es necesario notificarle a la PGN la resolución del
Recurso de Revocatoria emitida por la SAT como requisito previo para que inicie
el cómputo del plazo para la interposición del Proceso Contencioso Administrativo.
Cabe mencionar que existe una reforma contenida en el decreto 4-2012 en donde
se establece que en materia tributaria no es necesaria la notificación a la PGN
para la interposición de la demanda Contenciosa Administrativa, sin embargo, por
ser una reforma tan reciente todavía no ha sido sentada jurisprudencia al respecto,
por lo tanto, es en este punto donde juega un papel importante el hablar de la
ultractividad, pues pese a la reforma se continuará aplicando la normativa
derogada por el tiempo en que los casos surgieron. Para poder resolver esta
interrogante se inició el estudio de diversidad de procesos Contenciosos
Administrativos Tributarios en donde se había suscitado este problema, es decir,
el contribuyente, según criterio de la SAT, en los casos objeto de estudio ha
interpuesto la demanda fuera del plazo legal establecido en la legislación
tributaria, esto por considerar el contribuyente que debía notificarse a la PGN de
la Resolución del Directorio como requisito para poder dar inicio al cómputo del
tiempo para el planteamiento del Proceso Contencioso Administrativo Tributario,
por lo que de no ser notificada la PGN para el contribuyente no había dado inicio
el computo del plazo.
Se entraron a estudiar diversidad de casos, sin embargo nuestro estudio fue
enfocado en 4 casos que muestran posturas diversas dadas por los órganos
jurisdiccionales en diferentes procesos por lo que se presentarán de la siguiente
forma:
87
5.1.2 POSTURA DE LOS CONTRIBUYENTES
En los 4 casos objetos de estudio la postura de cada uno de los contribuyentes
giró en indicar que la Demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por estos
se estaba planteando dentro del plazo legal, esto en virtud que durante el
procedimiento administrativo le fue solicitada opinión a la PGN, misma que evacuó
su audiencia, y con base a lo establecido por la normativa legal que rige a la PGN
la misma debe ser notificada de toda resolución dentro de cualquier procedimiento
en donde se haya emitido opinión por parte de dicho órgano jurisdiccional, por tal
motivo, al no notificarle de la resolución del Directorio la SAT a la PGN incumplió
la Administración Tributaria lo estipulado en la legislación, por lo que el plazo para
interponer dicho proceso no había comenzado a computarse, motivo que faculta al
contribuyente a interponer la demanda después de transcurrido dicho plazo en
virtud de que éste no ha comenzado a correr.
5.1.3 POSTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En el desarrollo del caso objeto de estudio se estableció que la intervención de la
SAT da inicio en el momento en que se le notifica y emplaza por la demanda
contencioso administrativa presentada por el Contribuyente, procediendo la
Administración Tributaria a interponer la Excepción Previa de Caducidad. El
argumento de dicha institución estriba en considerar que el Contribuyente
interpuso la demanda fuera del plazo legal, razón por la cual, según dicho ente el
órgano jurisdiccional debió de haber rechazado la demanda in limine y no admitirla
para su trámite.
Indica dicho ente que con la admisión de la demanda el órgano jurisdiccional
vulnera su derecho de defensa y debido proceso, pues no es cierto que no haya
dado inicio el cómputo del tiempo al no haberle notificado a la PGN, pues de ser
una opinión vinculante el emitido por dicha institución obligaría a la Administración
Tributaria a notificarle y de no efectuar dicha notificación la resolución emitida por
el Directorio no causaría estado, debido a que no se encuentra firme, motivo por el
88
cual el órgano jurisdiccional debió de haber rechazado la demanda interpuesta por
el contribuyente en virtud de no encontrarse firme.
5.1.4 RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
El criterio sustentado por la Sala Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo
da vida al estudio de la presente Tesis, pues según el argumento vertido por dicho
órgano en la resolución de 3 de los 4 expedientes objeto de estudio, en reiteradas
ocasiones sostuvo la admisión extemporánea de la demanda contenciosa
administrativa por parte del contribuyente, bajo el argumento que en efecto la
PGN, debía de ser notificada de la resolución emitida por el Directorio de la SAT y
que sin eso el plazo para interponer dicha demanda no había comenzado a correr.
Dicho argumento lo sustenta el órgano jurisdiccional al tomar en cuenta el
contenido de la normativa que rige la ley de la PGN (anteriormente del Ministerio
Público), pues según dicha normativa la PGN debe ser notificada de toda
resolución en donde haya emitido opinión, siendo este la base del argumento de
la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, volviendo dicha
opinión vinculante al expediente.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia diciente del argumento vertido por la
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, considerando que la
demanda debió de haber sido rechazada, pues la normativa es clara al otorgar un
plazo al contribuyente para la interposición de la demanda.
El presente análisis se llevó a cabo según los expedientes identificados en el
capítulo anterior, identificados a continuación: número 236-2008, fecha de la
sentencia de amparo, 21 de noviembre de 2008 y fecha de la interposición de
Amparo, 14 de marzo de 2008, caso número 10 y 14-2006, fecha de la sentencia
de amparo 05 de mayo de 2008, fecha de la interposición de Amparo 05 de enero
de dos mil seis, caso número 87-2009 fecha de la resolución contra la que se
interpone 29 de enero de 2009, caso número 1008-2007, fecha de la sentencia de
89
amparo 14 de julio de 2009, así mismo se analizaron los siguientes casos 688-
2007, de fecha 29 de mayo del año 2009, de la Corte Suprema de Justicia, de la
Cámara de Amparo y Antejuicio, expediente de Amparo 236-2008, de fecha 21 de
noviembre de 2008, de la Corte Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y
Antejuicio, expediente 340-2009, de fecha 18 de diciembre de 2009, de la Corte
Suprema de Justicia, de la Cámara de Amparo y Antejuicio y expediente 1241-
2010, de fecha 21 de marzo de dos mil once, de la Corte Suprema de Justicia, de
la Cámara de Amparo y Antejuicio.
5.1.5. Análisis y discusión
En el presente caso objeto de estudio el análisis estriba en determinar, si es
procedente que el contribuyente interponga la demanda de forma extemporánea y
la misma sea admitida por el órgano jurisdiccional bajo el argumento que el plazo
no ha dado inicio por lo que la misma podría ser interpuesta en cualquier
momento.
Esto nos lleva a considerar que el órgano jurisdiccional concluye estimando que la
evacuación emitida por la PGN es vinculante porque su normativa así lo establece
al regular que dicha institución tiene que ser notificada de cualquier resolución en
donde éste ente haya emitido opinión.
Con relación al argumento sustentado por la Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo, se considera que nos encontramos ante un conflicto
de leyes o normativas encontradas, pues el problema estriba en que por un lado la
Ley del Ministerio Público, Decreto 512 del Congreso de la República regula que la
PGN debe ser notificada de toda resolución en donde se haya emitido opinión,
mientras que en contraposición el Código Tributario y más recientemente las
nuevas reformas tributarias regulan que no es necesario que sea notificada la
PGN para dar inicio al cómputo del plazo para interponer la demanda.
El problema estriba en que antes de las reformas tributarias reguladas en el
decreto 4-2012, la normativa tributaria no exponía ningún argumento sobre si se
90
debiese o no notificar a la PGN de las resoluciones emitidas por la SAT,
argumento que era utilizado a favor del contribuyente para interponer la demanda
de forma extemporánea.
Pero entonces ¿Es requisito para poder plantear la demanda Contenciosa
Administrativa Tributaria que la PGN sea notificada de la resolución emitida por el
Directorio de la SAT?
Desde el punto de vista de la autora de esta tesis, no es requisito notificar la
resolución a la PGN para que de inicio el cómputo del plazo para el planteamiento
del Proceso Contencioso Administrativo, pues de lo contrario, de ser cierto y
considerar que dicha institución debe ser notificada entonces el órgano
jurisdiccional debía haber rechazado in limine la demanda contenciosa
administrativa, pues esto significaría que la misma no ha causado estado, siendo
este requisito para poder proceder al planteamiento de dicho proceso,
concluyendo que al resolver de esta forma el tribunal contencioso administrativo
está vulnerando los derechos de la SAT de defensa y al debido proceso, por lo
que esta autora coincide con el argumento de la Cámara de Amparo de la Corte
Suprema de Justicia al otorgar el amparo a la Administración Tributaria.
En cuanto al conflicto de leyes que existe actualmente con la nueva legislación
habrá que tomar en cuenta lo preceptuado por el Código Tributario y darle
preeminencia a la normativa que rige la materia que se estudia, es decir, lo
preceptuado a través de las reformas tributarias, prevaleciendo el argumento que
regula que no es necesario que se notifique a la PGN para que empiece a
computarse el plazo.
A manera de conclusión, podemos agregar que ni antes de las reformas
tributarias, ni después de las mismas era necesaria la notificación de la PGN para
que el cómputo del plazo comenzara a correr, por lo que el órgano jurisdiccional
actuaba de forma arbitraria al admitir para su trámite una demanda que, desde
cualquier punto de vista, era interpuesta de forma extemporánea, esto debido a
91
que la normativa es clara al estipular el plazo para la interposición de la misma y
los requisitos para que esta pueda interponerse, evidenciando el Tribunal
Contencioso Administrativo una postura parcial al favorecer al contribuyente en su
admisión de demanda y rechazo de excepción previa y recursos por parte de la
SAT.
92
5.2 CONCLUSIONES
1.- La ultractividad de una normativa en materia tributaria aplica para todos
aquellos casos que han nacido bajo el imperio de dicha ley, y aunque con
posterioridad la misma sea derogada, debe seguir aplicándose en todos aquellos
casos que nacieron durante su vigencia.
2.- El argumento esgrimido por el órgano jurisdiccional para la admisión
extemporánea de la Demanda Contenciosa administrativa Tributaria al indicar que
es necesaria la notificación a la PGN para dar inicio al cómputo del tiempo vulnera
los derechos de la SAT, en virtud que bajo dicho criterio se admite una demanda
sin cumplir con un requisito para su admisión, que es el que haya causado estado.
3.- Pese a que pueda considerarse la existencia de conflictos entre normativas
tributarias y normativas administrativas, según lo establecido por la legislación
tributaria prevalece la ley de la materia, por lo que no es necesaria la notificación a
la Procuraduría General de la Nación para que de inicio el cómputo del plazo para
la interposición de la demanda contenciosa administrativa tributaria.
4.- Los principales argumentos esgrimidos por la SAT para la interposición de
excepción previa de caducidad, y amparo se encuentran con fundamentación legal
que sustente tal pretensión pues la misma considera que de ser cierto el
argumento del Contribuyente la demanda debe ser rechazada por no haber
causado Estado.
93
5.3 RECOMENDACIONES
1.- Es necesario regular normativa tributaria basada en un estudio profundo de la
intervención de terceros dentro del procedimiento administrativo, para determinar
si las opiniones emitidas por dichas instituciones son determinantes dentro del
procedimiento, esto en virtud de la seguridad jurídica y la falta de un Código
Administrativo.
2.- Documentar la interpretación jurídica que le han dado los órganos
jurisdiccionales a la aplicación del presente criterio, describiendo
pormenorizadamente la correcta o incorrecta interpretación de la ley; elementos a
tomar en consideración, así como instrumentos normativos que podría ser objeto
de análisis para establecer la procedencia o no de la interposición extemporánea
de la demanda Contenciosa Administrativa Tributaria, con el fin que le sirva de
observancia a la SAT, contribuyentes y órganos jurisdiccionales en la formulación
de resoluciones sobre la materia analizada. Consideramos que lo recién
analizado, podría alcanzarse vía el recurso de casación, ya que el mismo
constituye el cauce procesal por el que debe uniformarse la interpretación judicial
que realizan los distintos órganos jurisdiccionales del país.
94
5.4 REFERENCIAS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Calderón Morales, Hugo Haroldo. Derecho Administrativo II, Guatemala,
Tomo II, Editorial Estudiantil Fénix, 2004
Osorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticos y Sociales,
Buenos Aires, Argentina, editorial Heliasta, S.A, 1987.
Gordillo Agustín, Derecho Administrativo, Tomo I, Parte General, Buenos
Aires, editorial Fundación de Derecho Administrativo, 1998, Quinta Edición.
De Enterría Eduardo García y Tomas Ramón Fernández “Curso de
Derecho Administrativo”, 4ta edición, Editorial Civitas S.A., Madrid 1984,
Aftalión, E.R; Vilanova y F, García Olano. Introducción al Derecho. Doceava
Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Perrot. 1984.
Villatoro Berganza, José Adolfo. Bases para la promulgación de una Ley
orgánica de la Procuraduría General de la Nación.
Gutiérrez de Colmenares, Carmen María. Introducción al Derecho I.
Primera Edición. Guatemala. Material Editado por la Universidad Rafael
Landivar. 2002.
Sierra Gonzáles, José Arturo; Derecho Constitucional Guatemalteco;
Guatemala, Centro Impresor Piedra Santa, 2000.
Castillo González, Jorge Mario, Derecho Procesal Administrativo, Volumen
II, Guatemala, 2006,15va, edición
Garrido Falla, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo parte general,
Madrid, editorial Tecnos,1987, 8va. Edición.
Laubadure Adre De. Manual de Derecho Administrativo, Bogota, editorial
Temis, 1984.
Meza Duarte, Eric Manual de Derecho Administrativo, Guatemala, 2004,
1era Edición.
Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho
Público General, Tomo I, Madrid, editorial Thonson Civitas, 2004.
95
Sánchez Torres, Carlos Ariel. Acto Administrativo, Teoría General, México,
Editorial Legis, 2004, 3ra Edición.
Serra Rojas Andrés, Derecho Administrativo, México D.F, Editorial Porrúa,
1992.
Soto Salazar, Victor Manual Análisis crítico al procedimiento Contencioso
Administrativo, Guatemala, 1968.
Reyes Ponce, Agustín, Administración de Empresas, Teoría y Práctica,
Parte I, México, Editorial Lumusa,1980.
REFERENCIAS NORMATIVAS
Asamblea Nacional Constituyente, 1985 Constitución Política de la
República de Guatemala.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 119-96 Ley de
lo Contencioso Administrativo (y Reformas).
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 512 Ley
Orgánica del Ministerio Publico. (Que rige a la Procuraduría General de la
Nación).
Congreso de la República de Guatemala Decreto número 2-89 Ley del
Organismo Judicial.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 107 Código
Procesal Civil y Mercantil.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 1-98, Ley
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Superintendencia de Administración Tributaria, Acuerdo 2-981, Reglamento
Interno de Superintendencia de Administración Tributaria. Diario Oficial de
Centro América, 1999.
Congreso de la República de Guatemala, Decreto Número 6-91 Código
Tributario.
Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto
1-98.
96
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
Ultractividad de la Ley, Disponible en: http://derecho.uc.cl/articulo/la-
ultractividad-del-dfl2/ Fecha de consulta 16 de enero del año 2013.
Superintendencia de Administración Tributaria, Guatemala 2011. http//
www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/.../SAT.HTM Consultado el 13 de
marzo del 2011.
Biblioteca Jurídica Virtual. México, 2007. http// www.bibliojuridica.org/ libros/
2/636/pl636.htm. Consultado el 13 de marzo del 2011.
Organismo Judicial de la República de Guatemala. Guatemala, 2011. http//
www.oj.gob.gt Consultado el 13 de marzo del 2011.
García Gallont, Fritz; “Los Sistemas de Administración Territorial y la
Recaudación de Impuestos Municipales”, Honduras, 2004. http//
www.pnudguatemala.org. Consultado el 16 de marzo del 2011.
Baltazar, Jiménez, Arriaza del Carmen, Codificación del Derecho
Administrativo, México, 2000. http// www.universidadabierta.edu.mx,.
Consultado el 16 de marzo del 2011.
OTRAS REFERENCIAS
Gaceta No. 52 Pág. 21, Expediente 688-2009, Sentencia 29-05-2009, de la
Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.
Gaceta No. 66 Pág. 25, Expediente 236-2008, Sentencia 21-11-2008, de la
Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.
Gaceta No. 70 Pág. 22, Expediente 964-99, Sentencia 23-03-2000, de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Gaceta No. 72 Pág. 18, Expediente 159-89, Sentencia 19-01-1990, de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala
Gaceta No. 59 Pág. 24 Expediente 933-2000, Sentencia 24-01-2001, de la
Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
Gaceta No. 59 Pág. 25 Expediente 933-2000 Sentencia del 24-01-2001 de
la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
97
5.5 ANEXOS
Superintendencia de Administración Tributaria y Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo.
Tribunal que conoció: Corte Suprema de Justicia.
No. de expediente: 236-2008, fecha de sentencia 21 de noviembre de 2008
Garantía Constitucional de que se trata: Amparo
Síntesis del Caso y Argumentos de la Superintendencia de Administración
Tributaria: El amparo fue interpuesto contra un Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo. El acto reclamado lo comprende el auto de fecha
veintidós de enero del dos mil ocho dictado por la Sala Segunda del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo que declaró sin lugar el recurso de reposición
interpuesto contra el auto de fecha treinta de mayo del dos mil siete que declaró
sin lugar la excepción previa de caducidad interpuesta por la postulante, dentro del
proceso contencioso administrativo promovido por la entidad Exportadora,
Importadora y Procesadora Buena, Sociedad Anónima.
Consideraciones del Tribunal:
"...AI respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de amparo
manifestó que la Procuraduría General de la Nación no puede ser considerada
como “parte interesada”, puesto que para darle referida calidad debe ostentar un
interés legítimo dentro del procedimiento, o sea que el resultado del proceso tiene
que significar un beneficio o un perjuicio para ella, lo cual no sucede en el
procedimiento administrativo, toda vez que la Procuraduría General de la Nación
por mandato constitucional “tiene la función de asesoría y consultoría de los
órganos y entidades estatales ”, y es únicamente en los casos en que la misma ley
le da la calidad de tercero o le exige una opinión favorable como requisito para
resolver que se considera como parte dentro del proceso, y como consecuencia
de lo anterior existiría la obligación de notificarle; por tanto, al haber causado
Continuación hoja de cotejo anterior…
98
estado la resolución, la entidad que promovió el proceso contencioso
administrativo, debió haber interpuesto el mismo dentro del plazo que establece el
artículo 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, y al no cumplirse dicha
estipulación, existió una trasgresión a los derechos señalados por la amparista los
cuales no fueron subsanados por los medios de impugnación establecidos para el
efecto, razón por la cual la Corte Suprema de Justicia decidió otorgar el presente
amparo y ordenar a la autoridad impugnada a emitir nueva resolución de
conformidad con lo considerado en el presente fallo…”.
Sentido de la resolución: Se OTORGA el amparo solicitado contra la Sala
Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia: a) deja
en suspenso en definitiva en cuanto a la reclamante, la resolución dictada por la
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha veintidós
de enero del dos mil ocho, dentro del expediente identificado con el número SCA-
dos mil cinco – setenta y cinco (SCA-2005-75); b) restituye a la postulante en la
situación jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a la autoridad impugnada
resolver conforme a derecho, respetando los derechos y garantías de la
postulante.
Observaciones: Se considera que la normativa es clara al indicar el plazo para la
interposición de dicho proceso, además, el dictamen emitido por la Procuraduría
General de la Nación es una opinión que en ningún caso lo vincula al proceso,
esto en virtud que dicho ente puede no emitir opinión y aún así resolver la
Superintendencia de Administración Tributaria el procedimiento administrativo,
razón que lo hace no vinculante a dicho proceso, ya que, de lo contrario, sería
obligatorio que la Procuraduría General de la Nación emitiera opinión y que lo que
dicho ente indicara sirviera como base para la determinación del procedimiento
administrativo.
Superintendencia de Administración Tributaria y Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo.
99
Tribunal que conoció: Corte Suprema de Justicia.
No. de expediente: 10 y 14-2006, 05 de mayo de 2008
Garantía Constitucional de que se trata: Amparo
Síntesis del Caso y Argumentos de la Superintendencia de Administración
Tributaria: El amparo fue interpuesto contra un Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo. El acto reclamado lo comprende la resolución de
fecha dos de diciembre de dos mil cinco, emitida por la Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, por medio de la cual declaró sin lugar el recurso
de reposición, interpuesto contra la resolución de fecha seis de mayo de dos mil
cinco, que declaró sin lugar la excepción previa de caducidad promovida por la
Superintendencia de Administración Tributaria.
Consideraciones del Tribunal:
"...AI respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de amparo
manifestó que el amparo debe otorgarse, por cuanto se vulnera el debido proceso
y el derecho de defensa de los postulantes, a lo anterior cabe agregar que si bien
es cierto la Ley de lo Contencioso Administrativo, regula en su artículo 12 que:
“(…) Encontrándose los antecedentes en el órgano que deba conocer de los
recurso de revocatoria o reposición, se correrán las siguiente audiencia: …C). A la
Procuraduría General de la Nación”, así también lo es que la Procuraduría General
de la Nación tuvo intervención, al concedérsele audiencia en el procedimiento
administrativo, lo cual se hizo en cumplimiento del artículo antes citado, por lo que
la resolución ciento treinta – dos mil cuatro, de fecha veintiséis de febrero de dos
mil cuatro, emitida en el expediente administrativo no debió ser notificada a ésta
para que causara estado. …”.
Sentido de la resolución: Se OTORGA el amparo solicitado contra la Sala
Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia: a) deja
en suspenso en definitiva en cuanto a los reclamantes, la resolución dictada por la
Continuación hoja de cotejo anterior…
100
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con fecha dos de
diciembre de dos mil cinco, dentro del expediente identificado con el número SCA-
dos mil cinco – cuatrocientos cuarenta y ocho (SCA-2005-48); b) restituye al
postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a la
autoridad impugnada resolver conforme a derecho, respetando los derechos y
garantías de los postulantes, bajo apercibimiento de imponer una multa de
quinientos quetzales a cada uno de los Magistrados, en caso de no acatar lo
resuelto dentro del plazo de tres días de haber recibido los antecedentes, sin
perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes.
Observaciones: Se considera que la normativa es clara al indicar el plazo para la
interposición de dicho proceso, además, el dictamen emitido por la Procuraduría
General de la Nación es una opinión que en ningún caso lo vincula al proceso,
esto en virtud que dicho ente puede no emitir opinión y aún así resolver la
Superintendencia de Administración Tributaria el procedimiento administrativo,
razón que lo hace no vinculante a dicho proceso, ya que, de lo contrario, sería
obligatorio que la Procuraduría General de la Nación emitiera opinión y que lo que
dicho ente indicara sirviera como base para la determinación del procedimiento
administrativo.
Agrosak, Sociedad Anónima y Superintendencia de Administración
Tributaria
Tribunal que conoció: Corte Suprema de Justicia.
No. de expediente: 87-2009 , 19 de mayo de 2009
Garantía Constitucional de que se trata: Casación
Síntesis del Caso y Argumentos de la Superintendencia de Administración
Tributaria: Lo comprende la resolución que declaró sin lugar el recurso de
Continuación hoja de cotejo anterior…
101
revocatoria interpuesto por la recurrente y como consecuencia, no se procedió a la
devolución de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado que oportunamente
había solicitado, por un monto de diecinueve mil veintinueve quetzales con
sesenta y tres centavos (Q19,029.63), más los intereses por mora respectivos.
Consideraciones del Tribunal:
"...AI respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de amparo
manifestó que es necesario resaltar dos aspectos de planteamiento relevantes: en
primer lugar, no es viable invocar para el motivo de fondo la inaplicación o
aplicación indebida de normas cuya naturaleza es eminente procesal, tal como
ocurrió en el presente caso, pues establece el artículo 23 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo que “El plazo para el planteamiento del proceso
contencioso administrativo es de tres meses contados a partir de la última
notificación de la resolución…”; por su parte, el artículo 161 del Código Tributario
preceptúa que “…El plazo para interponer el recurso Contencioso Administrativo
será de treinta días…”. De esto se logra colegir que la finalidad de las dos normas
precitadas no está dada a establecer ni resguardar un derecho subjetivo de quien
lo invoca, que es la esencia de las normas de carácter material susceptibles de ser
invocadas a través de un motivo de fondo, sino que la consecuencia que
producirían los artículos citados, en caso de darse su infracción, ocasionaría
efectos directos sobre el concreto desarrollo del proceso contencioso
administrativo. Es decir, que el motivo de fondo está exclusivamente orientado a
incursionar en el ámbito intelectivo que realizó el Juez al emitir su decisión.
Aunado a lo anterior, no consta la exposición de las razones por las cuales estima
que la Sala impugnada infringió los artículos antes relacionados, cómo estima que
se produjo esa violación y cómo la logra evidenciar. Por las razones anotadas, y
por estimarse que los requisitos señalados son esenciales para incursionar
posteriormente al análisis fondo del recurso de casación, no pudiendo ser
subsanados de oficio por este órgano, procedente resulta declarar el rechazo del
mismo…”.
Continuación hoja de cotejo anterior…
102
Sentido de la resolución: Se RECHAZA de plano el recurso de casación por
motivo de fondo, contra la resolución de fecha veintinueve de enero de dos mil
nueve emitida por la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Observaciones: Se considera que el contribuyente interpuso un recurso
inadecuado, esto en virtud que si consideraba que había sido vulnerado su
derecho debió de haber interpuesto un Recurso de Reposición y posteriormente
un Recurso de Amparo para que la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de
Justicia resolviera si las resoluciones de la Sala Cuarta del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo habían sido dictadas conforme a derecho o no, sin
embargo, al interponer un recurso de casación invoca una causal que en el
presente caso es inaplicable, pues se está invocando la trasgresión de una norma
procesal, y no una norma sustantiva como es lo que ampara la inaplicación
indebida de una norma dentro del Recurso de Casación, por tal motivo se
considera que la Corte Suprema de Justicia resolvió de forma apropiada el
rechazo del presente expediente sin siquiera entrar a conocer el fondo del asunto .
Superintendencia de Administración Tributaria y Sala Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo.
Tribunal que conoció: Corte Suprema de Justicia.
No. de expediente: 1008-2007, 14 de julio de 2009
Garantía Constitucional de que se trata: Amparo
Síntesis del Caso y Argumentos de la Superintendencia de Administración
Tributaria: El amparo fue interpuesto contra de la Superintendencia de
Administración Tributaria. El acto reclamado lo comprende el auto de fecha doce
de septiembre de dos mil siete, emitido por la Sala Segunda del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, que declaró: sin lugar los recursos de reposición
presentados contra el auto de fecha veintiocho de julio de dos mil seis, que
Continuación hoja de cotejo anterior…
103
declaró sin lugar las excepciones previas de caducidad y de demanda defectuosa,
interpuestas por la Superintendencia de Administración Tributaria, en el proceso
contencioso administrativo que promoviera en su contra la entidad Continental de
Ediciones, Sociedad Anónima.
Consideraciones del Tribunal:
"...AI respecto, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de amparo
manifestó que al resolver que el criterio sustentado por la autoridad impugnada, es
acorde a la ley y a las constancias procesales, ya que de conformidad con el
artículo 159 del Código Tributario la administración tributaria está obligada a dar
audiencia a la Procuraduría General de la Nación por quince días hábiles, y
evacuada la misma es procedente resolver el recurso interpuesto, en el presente
caso la autoridad impugnada únicamente advirtió que no se practicó dentro del
expediente administrativo notificación a la Procuraduría General de la Nación,
omitiendo tal disposición legal. Por tal motivo, en el presente caso no se evidencia
violación al derecho de defensa, al debido proceso y al libre acceso a tribunales,
por el contrario se observa que la Sala de mérito actuó como contralor de la
juridicidad y además garantizó el debido proceso, ello en cumplimiento a las
facultades y atribuciones que la ley le confiere, específicamente en el artículo 203
de la Constitución Política de la Republica …”.
Sentido de la resolución: Se DENIEGA por notoriamente improcedente el
amparo, en contra de la Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y en consecuencia: a) no condena en costas a la solicitante, ni
impone multa a la abogada patrocinante; b) oportunamente, remítase a la Corte de
Constitucionalidad copia certificada del presente fallo, para los efectos contenidos
en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad.
Observaciones: Se disiente del criterio sustentado en esta oportunidad por la
Cámara de Amparo de la Corte Suprema de justicia, en virtud que el dictamen
emitido por la Procuraduría General de la Nación no puede ser considerado como
104
vinculante, esto en virtud que la Superintendencia de Administración Tributaria no
depende de dicha opinión para entrar a resolver el procedimiento administrativo,
más bien nos encontramos ante un conflicto de leyes.