U N I V E R S I D A D A L A S P E R U A N A SDireccin Universitaria de Educacin a Distancia0302-Escuela Acadmico Profesional de Ciencias Contables y Financieras.

0302-03420 | SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

2013-IDocente:FIORELLA CIOCCA SOLISNota:

Ciclo:7Mdulo I

Datos del alumno:FECHA DE ENVIO:HASTA EL DOM. 10 de Marzo 2013A las 23.59 PM

Apellidos y nombres:OVIEDO GARCIA, BERTHING DAVID

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Cdigo de matricula: 2012102064TAMAO DEL ARCHIVO:Capacidad Mxima del archivo comprimido: 4 MB

Uded de matricula: CUSCO

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3. Las actividades que se encuentran en el libro servirn para su autoaprendizaje mas no para la calificacin, por lo que no debern ser remitidas. Usted slo deber realizar y remitir obligatoriamente el Trabajo Acadmico que adjuntamos aqu.

Gua delTrabajo Acadmico4. Recuerde: NO DEBE COPIAR DEL INTERNET, el Internet es nicamente una fuente de consulta. Los trabajos copias de internet sern calificados con 00 (cero).

5. Estimado alumno:El presente trabajo acadmico tiene por finalidad medir los logros alcanzados en el desarrollo del curso.Para el examen parcial Ud. debe haber logrado desarrollar hasta la pregunta N 4 y para el examen final debe haber desarrollado el trabajo completo.

Criterios de evaluacin del trabajo acadmico:

1Presentacin adecuada del trabajoConsidera la evaluacin de la redaccin, ortografa, y presentacin del trabajo en este formato. Valor: 2 ptos

2Investigacin bibliogrfica:Considera la consulta de libros virtuales, a travs de la Biblioteca virtual DUED UAP, entre otras fuentes. Valor: 3 ptos

3Situacin problemtica o caso prctico:Considera el anlisis de casos o la solucin de situaciones problematizadoras por parte del alumno. Valor: 5 ptos

4Otros contenidos considerando los niveles cognitivos de orden superior:Valor: 10 ptos

1- TA030220131DUED

33- TA030220131DUED

1. Presentacin adecuada del trabajo (redaccin, ortografa, formato): (2 puntos)

2. Segn lo explicado en la primera unidad haga una sntesis sobre los derechos humanos en el Per. Asimismo investigue sobre el cdigo Hammurabi y explique brevemente de que se trata. (2 puntos)

Para una gua prctica puede consultar del siguiente Link Fundacin Accin Pro Derechos Humanos.

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm?gclid=CPipopeO1a4CFUhl7Aodzwd5fgLOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERA travs de la historia de las constituciones puede verse el siguiente anlisis: En La Constitucin de 1823, dictada por Ley de 12 de noviembre de 1823, en su ordenamiento positivo, sanciona dicho texto En el nombre de Dios, por cuyo poder se instituyen todas las sociedades y cuya sabidura inspira justicia a los legisladores. El mismo que en su Seccin primera. De la Nacin , en el Captulo primero. De la Nacin peruana. Artculo 4.- Si la nacin no conserva o protege los derechos legtimos de todos los individuos que la componen, ataca el pacto social: as como se extrae de la salvaguardia de este pacto cualquiera que viole alguna de las leyes fundamentales. Esto hace prever que en su afn proteccionista legislativo, trata de fundar la razn del estado y gobierno en el respeto de las personas, que debi ser entendida como implcita y por ende con total reconocimiento de la libertad y justicia que a cada persona como ser humano le es inherente. En el Artculo 5.- La nacin no tiene facultad para decretar leyes que atienten a los derechos individuales.- garantiza de alguna manera sin entrar en detalle o la forma de proteccin de los derechos personales, por tanto, dogmticamente se encuentra reconocidos todos los derechos humanos.Asimismo en la Constitucin de 1920, Dictada por la Asamblea Nacional de 1919 por el Entonces presidente AUGUSTO B. LEGUA. En su Ttulo III. Respecto a las Garantas individuales.- afirma en su Artculo 22.- No hay ni puede haber esclavos en la Repblica. Nadie podr ser obligado a prestar trabajo personal sin su libre consentimiento y sin la debida retribucin. La ley no reconoce pacto ni disposicin alguna que prive de la libertad individual. Esto nos da a entender que muy a pesar de la dacin de una carta magna dictada primigeniamente brindando todos los derechos y libertades, pueda se objet de una modificacin y aberracin en cuanto a la abolicin de la esclavitud. Que se estimaba exista en ese entonces.Esto por citar algunas constituciones que trascendieron en dicho ordenamiento internacional.Empero, los derechos humanos fueron reconocidos y aprobados por el gobierno peruano, mediante tres pactos incorporados al derecho interno Peruano sobre Derechos Humanos son:a) La CADH (Convencin Americana sobre Derechos Humanos). Cuyo prembulo establece: "Los estados americanos signatarios de la presente Convencin, reafirmando se propsito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democrticas, un rgimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre."Este tratado reconoce en el art. 2 la competencia de la Comisin Interamericana de derechos humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de derechos humanos.Reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razn por la cual justifican una proteccin internacional.La Convencin Americana sobre Derechos Humanos, es considerado como el Pacto de San Jos de Costa Rica, que fue Suscrita en San Jos, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entrada en vigor el 18 de julio de 1978, conforme al artculo 74.2 de la Convencin.Aprobada por Decreto Ley N 22231 del 11 de julio de 1978. Bajo la Presidencia del General de Divisin EP, Francisco Morales Bermdez Cerruti. Ratificada por la Dcimo Sexta Disposicin Final y Transitoria de la Constitucin Poltica de 1979. El Instrumento de Ratificacin por el Per fue de 1978. Reiterado en 1980 y vigente para el Per desde 1981.El Protocolo Adicional a la Convencin Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", que se suscribi adems en la ciudad de San Salvador el 17 de noviembre de 1988 en el Dcimo Octavo Perodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.- Aprobado mediante Resolucin Legislativa N 26448, cuyo PREAMBULO afirma:Los Estados Partes en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San Jos de Costa Rica";Reafirmando su propsito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democrticas un rgimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre;Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razn por la cual justifican una proteccin internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;Considerando la estrecha relacin que existe entre la vigencia de los derechos econmicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y polticos, por cuanto las diferentes categoras de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promocin permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jams pueda justificarse la violacin de unos en aras de la realizacin de otros;Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperacin entre los Estados y de las relaciones internacionales;Recordando que, con arreglo a la Declaracin Universal de los Derechos Humanos y a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, slo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos econmicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y polticos;Teniendo presente que si bien los derechos econmicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de mbito universal como regional, resulta de tanta importancia que stos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en funcin de consolidar en Amrica, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el rgimen democrtico representativo de gobierno, as como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinacin y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales; y,Considerando que la Convencin Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideracin de los Estados Partes reunidos con ocasin de la Asamblea General de la Organizacin de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convencin con la finalidad de incluir progresivamente en el rgimen de proteccin de la misma otros derechos y libertades;Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador".b) El PIDCP (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos), Los estados partes en el presente pacto, tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables. Reconoce que estos derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana.El Pacto Internacional originado en la ONU, fue aprobado por Decreto Ley N 22128, por el Gobierno Revolucionario del General de Divisin E.P. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, Presidente de la Repblica. En Lima, 28 de marzo de 1978.c) El PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales). Este tratado tambin reconoce los derechos como inherentes a la persona humana.El Pacto Internacional originado en la ONU, es aprobado, por Decreto Ley N 22129, durante el Gobierno Revolucionario, del General de Divisin E.P. FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, como Presidente de la Repblica. En Lima, 28 de marzo de 1978.Asimismo, "En Per, el mecanismo de proteccin de las comunicaciones o peticiones individuales, adquiri rango constitucional en la Norma Fundamental de 1979 y se mantiene en la de 1993".Por estos considerandos se puede establecer que hoy en da los derechos humanos tienen garanta y proteccin tanto en el derecho interno, al otorgarles el rango implcito de derecho constitucional, por el modo de interpretacin y la cuarta disposicin transitoria y final de la constitucin, adems de los organismos internacionales ya referidos.Los Derechos Humanos garantizan el principio "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado", que concuerda con el actual artculo primero de nuestra Constitucin que dice "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado", los cuales son un gran paso en la proteccin de los derechos humanos, que ms tarde signific el proceso de su internacionalizacin, pues los derechos consagrados en los ordenamientos internos dejaron de ser asuntos domsticos para adquirir una dimensin internacional, los cuales son una misma idea perteneciente a un sistema dogmtico.En tiempos pasados los dogmatismos generados entre los siglos XVIII y XX tuvieron diferente suerte. Todos conocen del Marxismo y el Nazismo que acabaron en catstrofes; tambin saben del anarquismo que casi lo logra, algunos recuerdan el Positivismo Sociolgico o al Socialismo Utpico que no tuvieron la oportunidad de gobernar como quisieron, pero pocos recuerdan que en nombre de la Autonoma de la Voluntad y del Derecho Natural se gener un dogmatismo que tuvo su auge en el siglo XIX y sirvi para fundar la ciencia jurdica dogmtica o tambin llamada conceptualista o formalista, inspiro a las constituciones y codificaciones, encauso a la prctica judicial, es decir, realiz toda una revolucin, en este entender, los principios bsicos del derecho sea iusnaturalista y el derecho positivo consagrado a travs de la historia, debe tomar de base para este respeto fundamental.En el presente trabajo, nos orientaremos al origen de ese principio y su derecho positivo previsto que garantiza libertades y principios desde su formacin como Declaracin Universal y como ingreso a nuestra legislacin, as como intentar establecer cules son sus lmites y como sirvi para intentar crear un orden nuevo admitiendo, como todo dogmatismo, que existen algunos cuantos millones de personas que pueden ser sacrificadas para realizar los ideales y que en todo caso su sacrificio era un libre ejercicio de su libre voluntad y nadie tena porque inmiscuirse, por ello se reconoce el significado histrico que tuvo y que debe servir de base para esclarecer y fundamentar sus principios.Adems se avocar respecto al tema de la disciplina en desarrollo, cual es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en estrecha relacin con el derecho constitucional, pues la Constitucin como norma fundamental, contiene la parte dogmtica, que se dedica exclusivamente a los derechos de las personas.DERECHOS HUMANOS EN LA LEGISLACIN PERUANAPROBLEMA DE LEGISLACIN EN LOS DERECHOS HUMANOSEn primer lugar, el Per a travs de los aos a sufrido de no tener una tcnica legislativa propia, o tener principios propios, por ser de concepcin sui generis y adaptacin de otros ordenamientos jurdicos a nivel mundial, es as que no indica cuando se deben usar expresiones abstractas y cuando no, cuando es bueno ejemplificar, cuando se debe resumir y cuando se debe extender, cuando es bueno utilizar imperativos, rdenes y cuando es mejor usar descripciones, pues todo lo puesto en una ley cobra una vida independiente y muchas veces las cosas se van por caminos inesperados.Es as que a lo largo de los aos, se ha olvidado como teora finalista los principios rectores de la convivencia social, as como no se ha avanzado mucho en el conocimiento de cmo legislar porque aun predomina la doctrina racionalista impuesta desde el siglo XVIII que basada en la idea de la divisin de poderes exiga que solo el Legislador promulgue leyes redactadas con frmulas sucintas, breves y abstractas casi como frmulas matemticas, para ser aplicadas a todos los casos. Prometiendo as certeza, predictibilidad y seguridad pues los otros poderes solo se limitaran a cumplir las leyes generales,Con ese ideal se redactaron las constituciones, las leyes y reglamentos. Ahora sabemos que no son suficientes las expresiones breves y generales; la mayora de leyes son completadas y hasta corregidas por directivas, circulares, resoluciones administrativas, sentencias, doctrinas que solo son accesibles a entendidos y sin las cuales nada funciona, es decir la ley ya no sirve para ser aplicada necesita siempre ser completada y a veces distancindose de lo dictado por el legislador, de modo que una batera de burcratas puede cambiar todo lo previsto en la ley.Por otro lado durante el siglo XX uno de los temas centrales de la Filosofa fue el lenguaje y a esto se sumo el desarrollo de la Lingstica, la Semitica, las Ciencias de las Comunicacin y decenas de tcnicas como el marketing comunicacional, manejo audiovisual, etc. permitindose conocer aspectos insospechados del lenguaje humano y la comunicacin. La totalidad de siclogos, lingistas, antroplogos, comunicadores saben que el lenguaje tiene una dinmica especfica y est recin est siendo comprendida.Lamentablemente la mayora de legisladores conservan una concepcin ingenua del lenguaje, creen que las cosas ocurrirn como ellos proponen o "dicen" en cada norma.Analizando este primer artculo constitucional, denota la existencia de dos expresiones diferentes, la primera es una proposicin descriptiva (la persona humana es el fin de...) y la otra es una proposicin normativa (Todos tienen el deber de respetarla.....)Con las proposiciones descriptivas narramos lo que las cosas son, las propiedades que tienen y conforme a eso la proposicin puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo: El fin del estado es la persona humana, El fin del estado es la defensa de la persona humana, El fin de la cocina es calentar los alimentos, El fin de la silla es servir de reposo, El derecho es un sistema, El acceso al servicio de justicia es gratuito.Con las proposiciones normativas establecemos una conducta futura que puede ser realizable o no, realizada o no valida o invalida. Por ejemplo: No matars, El derecho debe ser un sistema, La persona debe ser el fin de la sociedad y el estado, Qu diferencia existe entre decir "X es un fin" o "X debe ser un fin"?. O "X tienen como fin proteger a B" o "X debe proteger a B" Al expresar una norma como proposicin descriptiva estamos afirmando que lo predicado ocurre con independencia a la voluntad de las personas. As pareciera que el nico modo de existencia de la sociedad y el estado es que estas traten como fines a las personas, cuando eso es un deseo no un hecho que ocurra. El Estado puede, y muchas veces lo hace, triturar a las personas, servir a un grupo o llevar al descalabro a la sociedad entera.Kant, de quien se tom prestada la idea de tratarnos como fines, para evitar esta confusin formula sus preceptos morales utilizando una forma de proposiciones normativas, los llamados imperativos, as formula su famoso imperativo: "obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio".Aqu est el antecedente del artculo primero de la constitucin. Pero en l no dice "Los seres humanos se imponen tratar a sus prjimos como fines" etc., porque simplemente eso es lo que deseamos que ocurra y depende de la voluntad de las personas, pueden hacerlo como no, por eso redacta la formula usando una forma normativa, no descriptiva como hizo nuestro legislador.Ocurre lo mismo con una expresin tan usual como la contenida en "el derecho es un sistema de normas", la cual como proposicin descriptiva es totalmente falsa pues en realidad si existe un orden legal es el resultado de una serie de normas que tratan con desigual xito de darle un orden a la masa legal para su uso el cual an no ha sido descrito cientficamente, en cambio como expresin normativa "el derecho debe ser un sistema de normas" la expresin exige que tratemos de darle un orden a las normas sin decirnos como, pudiera agregarse "que sea en forma piramidal, que nada contradiga a la constitucin, la cual debe estar en la cspide, etc., "lo cual muestra que estamos postulando ciertas regla para que las personas las cumplan al manejar las leyes.Por tanto en una expresin del tipo "El derecho es un sistema de normas en forma piramidal, etc.", "La persona es el fin del estado", "El juez interpreta la ley para obtener la sentencia" "el proceso civil es gratuito" estamos diciendo no lo que las cosas son o como ocurren sino como quisiramos que sean las cosas o como quisiramos que ocurran. Recuperando la perspectiva normativa de esas ideas recuperamos el juicio crtico pues como normas podemos preguntarnos si es posible de llevarlas a cabo, si no existe un modo ms funcional, si es costoso hacerlo o no, si todos han comprendido bien la regla, etc.El dogmatismo jurdico gusta de esconder las normas narrndolas como si fueran descripciones de la realidad, pues es ms cmodo de ese modo asimilar todos los contraejemplos y fracasos, Por ello ante el ejemplo afirmar que el artculo 1ero. es falso al constar que el estado maltrata a cientos de miles de personas, pero el dogmtico le dir que la verdad del principio no queda cuestionada por los contraejemplos sino que en cambio demuestran su necesidad. De ese nodo la realidad es un mal ejemplo de la descripcin idealizada. Del modo contrario como regla, como norma podemos averiguar cmo ha sido usada, que problemas lleva al ser usada y si nos conviene intentarlo de nuevo.Por ello debe quedar entendida que la realidad se debi haber escrito lo siguiente: La persona humana debe ser el Fin de la sociedad y el estado, o la La sociedad y el estado deben tratar a cada persona como un fin en si mismo.Si El Estado y la sociedad tienen como fin servir a la persona, contrario sensu, la persona tiene como fin servir al Estado y a la Sociedad.Por eso Kant para su imperativo coloca en los trminos sujeto y objeto al individuo, para que no exista esta contradiccin, Muchos creen que con la forma La persona es el fin del estado y la sociedad, existe un avance en el reconocimiento de la dignidad humana, pero eso no es as all lo que existe es una loa al Estado, pues el papel de la persona humana es secundario ya que se da por sentado que por naturaleza el Estado cumple el fin descrito tal como decimos que el estado tienen la propiedad de tener un territorio tambin tienen la propiedad de servir a las personas, reduciendo el juicio practico.Asi visto se puede establecer que el lenguaje cuanto ms abstracto menos dice aunque abarque ms. As imagnese todo lo que hay que hacer para que esta proposicin sea verdadera: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".Como se entiende solo ser verdad si el estado acta en defensa de la persona, eso nos exige hacer un programa. En cambio la siguiente formula es ms sencilla de verificar, basta con que el estado deje a las personas con vida: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado"En ese entender el Estado trata a las personas como fines, los individuos particulares tienen el deber de hacer lo mismo que el Estado, es decir tratar como fines a las personas o lo que es lo mismo, respetarlas, protegerlas, etc. Todo esto crea la idea que nuestro ingreso a la sociedad es teniendo deberes (eso es muy kantiano) y luego por eso se nos asignan derechos.En tanto que en el mundo moderno se magnifica la idea de reconocer Los Derechos Humanos los cuales deben corresponden a cada ser humano sin estar condicionados a que estos cumplan deberes. Esto es una doctrina antigua que sigue vigente. Cuando los franceses hicieron la Declaracin de los derechos del Hombre y del ciudadano, unos postularon que tambin se incluyera, en el texto de la declaracin, la lista de deberes del hombre y del ciudadano. La asamblea descarta la posicin pues consideraban que tantos siglos de opresin haban sido suficientes para adiestrar en el tema de deberes y lo que se quera en la declaracin era instruir a los seres humanos sobre sus derechos, sus libertadas y cualquier mencin a lmites que fuera excesiva poda hacer creer que estaban condicionados. Tambin los redactores de la constitucin norteamericana en su breve prembulo no quisieron complicar las cosas, con su gusto matemtico, les dijeron en pocas proposiciones lo que era necesario para que las personas supieran sobre su dignidad, libertad y las caractersticas del gobierno.CONCLUSINESDesde la independencia, el tema central de nuestras constituciones fue la Nacin. En el siglo XX esta es desplazada por la Persona Humana y hoy en da aparece un tercer tema que desplaza o reinventa a los otros dos: Los Derechos Humanos.Legislar sobre Derechos Humanos, incorporarlos en nuestro orden constitucional no es tarea fcil si tomamos en cuenta que en los ltimos 50 aos han aumentado su contenido y se corre el riesgo de disminuir su valor o agregarle conceptos que perturben su uso.Al legislar los constitucionalistas deben tener en cuenta que el texto constitucional ser el texto legal ms ledo en nuestra sociedad y llevara un mensaje acerca de lo que esperamos que nuestra sociedad sea, y que mantiene el respeto por la vida y la sociedad.Que, la Constitucin, as como los pactos internacionales, deben realizarse con el objeto de establecer distintos puntos con respecto del aseguramiento de los respectivos intereses de los miembros de una comunidad social entre los cuales podemos mencionar las funciones de los poderes del Estado, su actividad, as como los derecho individuales y las garantas constitucionales que se le deben reconocer a los ciudadanos.La evolucin constante de la sociedad, que devienen en cambios legales deben ser estudiados de acuerdo a su adecuacin y necesidad y la cultura histrica reinante, pero sin dejar de lado los principios fundamentales que propician el otorgamiento de libertades y derechos, y conforme a reiterada doctrina, los derechos adquiridos en un tiempo y espacio no pueden ser objeto de restriccin.El derecho peruano, desde su formacin histrica y los cambios legislativos reiterados, por la constante variacin de gobernantes y tipo de gobierno a sido slo preocupacin momentnea, sin tener un rumbo al cual seguir, por ello, hace poco tiempo fue tomado en cuenta la fundamentacin del derecho en el respeto irrestricto de la persona humana como fin supremo de la sociedad, en todo nivel, sustentado bsicamente en los derechos internacionales. El presente trabajo infiere en el contenido bsico, histrico y positivo del mbito de los Derechos Humanos en la legislacin Peruana.EL CODIGO HAMMURABICdigo de Hammurabi, compilacin de leyes y edictos auspiciada por Hammurabi, rey de Babilonia, que constituye el primer cdigo conocido de la historia. Una copia del mismo, esculpida en un bloque de piedra negra de dos metros de alto, fue encontrada por un equipo de arquelogos franceses en Susa (Irn) en el invierno de 1901-1902. El bloque, roto en tres pedazos, ha sido restaurado y se encuentra hoy en el Museo del Louvre de Pars.El origen divino del Derecho escrito se representa en la piedra por un bajo relieve en el que el rey aparece recibiendo el cdigo del dios Sol, Shamash (o Samas), divinidad asociada en la tradicin local con la idea de justicia. El Cdigo est compuesto por columnas horizontales en escritura cuneiforme: 16 columnas en el anverso y 28 en el reverso. El texto comienza con un prlogo que explica los cultos religiosos de Babilonia y Asiria. Ms que un cdigo en el estricto sentido, parece que los 28 pargrafos de que consta el Cdigo de Hammurabi componen una serie de enmiendas al Derecho comn de Babilonia.Comienza con una gua de procedimientos legales, imposicin de penas por acusaciones injustificadas, falso testimonio y errores judiciales. A continuacin se recogen disposiciones sobre el derecho de propiedad, prstamos, depsitos, deudas, propiedad domstica y derechos familiares. Los artculos sobre daos personales indican que ya en aquellos tiempos existan penas por prctica mdica incorrecta, as como por daos causados por negligencia en actividades diversas. Asimismo, en el cdigo se fijan los precios de diferentes tipos de servicios en no pocas ramas del comercio.El Cdigo de Hammurabi no contiene normas jurdicas acerca de temas religiosos. Las bases del Derecho penal derivan del principio, comn entre los pueblos semitas, del ojo por ojo. La proteccin del Cdigo se ofrece a todas las clases sociales babilnicas: el Derecho protege a dbiles y menesterosos, mujeres, nios o esclavos contra la injusticia de ricos y poderosos.Sorprende la consideracin que recibe el individuo en el Cdigo, teniendo en cuenta la poca en que fue promulgado, y constituye un documento excepcional para conocer cmo era la justicia en tiempos de Hammurabi. Finaliza con un eplogo que glorifica la ingente labor realizada por Hammurabi para conseguir la paz, con una explcita referencia a que el monarca fue llamado por los dioses para que la causa de la justicia prevalezca en el mundo, para destruir al malvado y al perverso. Describe adems las leyes como medio para que la tierra disfrute de un gobierno estable y buenas reglas, que se dicen escritas en un pilar para que el fuerte no pueda oprimir al dbil, y la justicia acompae a la viuda y al hurfano. Hammurabi aconseja al oprimido con estas enrgicas y sonoras palabras: que el oprimido que tenga una causa verdadera venga a presencia de mi estatua, a m como rey de la justicia, y que lea en voz alta la inscripcin y escuche mis preciosas palabras para que le lleven claridad y entendimiento a su causa, para que su corazn encuentre alivio.Cdigo de Hammurabi es el primer cuerpo legal conocido de la historia. Tras un prlogo, en el que este rey de Babilonia justifica su accin legisladora (ha recibido tal encargo del dios Marduk para fomentar el bienestar entre las gentes), se enumera el conjunto de leyes promulgadas.

En el siguiente fragmento se recogen las primeras treinta.1. Si un seor acusa a (otro) seor y presenta contra l denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador ser castigado con la muerte.2. Si un seor imputa a (otro) seor prcticas de brujera, pero no las puede probar, el acusado de brujera ir al ro (y) deber arrojarse al ro. Si el ro (logra) arrastrarlo, su acusador le arrebatar su hacienda. (Pero) si este seor ha sido purificado por el ro saliendo (de l) sano y salvo, el que le imput de maniobras de brujera ser castigado con la muerte (y) el que se arroj al ro arrebatar la hacienda de su acusador.3. Si un seor aparece en un proceso para (presentar) un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital tal seor ser castigado con la muerte.4. Si se presenta para testimoniar (en falso, en un proceso) de grano o plata, sufrir en su totalidad la pena de este proceso.5. Si un juez ha juzgado una causa, pronunciado sentencia (y) depositado el documento sellado, si, a continuacin, cambia su decisin, se le probar que el juez cambi la sentencia que haba dictado y pagar hasta doce veces la cuanta de lo que motiv la causa. Adems, pblicamente, se le har levantar de su asiento de justicia (y) no volver ms. Nunca ms podr sentarse con los jueces en un proceso.6. Si un seor roba la propiedad religiosa o estatal, ese seor ser castigado con la muerte. Adems el que recibi de sus manos los bienes robados ser (tambin) castigado con la muerte.7. Si, de la mano del hijo de un seor o del esclavo de un particular, un seor ha adquirido o recibido en custodia plata u oro, un esclavo o una esclava, un buey o una oveja o un asno, o cualquier cosa que sea, sin testigos ni contrato, tal seor es un ladrn: (en esos casos) ser castigado con la muerte.8. Si un seor roba un buey, un cordero, un asno, un cerdo o una barca, si (lo robado pertenece) a la religin (o) si (pertenece) al estado, restituir hasta treinta voces (su valor); si (pertenece) a un subalterno lo restituir hasta diez veces. Si el ladrn no tiene con qu restituir, ser castigado con la muerte.9. Si un seor, habindosele extraviado un objeto, encuentra su objeto extraviado en posesin de (otro) seor; (si) el seor en cuya posesin se hall el objeto extraviado declara: Me lo vendi un vendedor, lo compr en presencia de testigos; (si) de otra parte, el propietario del objeto extraviado declara: Presentar testigos que testimonien sobre mi objeto extraviado; (si) el comprador presenta al vendedor que se lo ha vendido y a los testigos en cuya presencia lo compr; (si), por otra parte, el propietario del objeto perdido presenta los testigos que den testimonio del objeto perdido, (en ese caso) los jueces considerarn las pruebas, y los testigos, en cuya presencia se efectu la compra, juntamente con los testigos que testimonian sobre el objeto perdido, declararn lo que sepan delante del dios. (Y puesto que) el vendedor fue el ladrn ser castigado con la muerte. El propietario del objeto perdido recobrar su objeto perdido. El comprador recobrar de la hacienda del vendedor la plata que haba pesado.10. Si el comprador no ha presentado al vendedor que le vendi (el objeto) ni los testigos en cuya presencia se efectu la compra, y el dueo de la cosa perdida presenta testigos que testimonien sobre su cosa perdida, el comprador fue el ladrn: ser castigado con la muerte. El propietario de la cosa perdida recobrar su propiedad perdida.11. Si el propietario de la cosa perdida no presenta testigos que testimonien sobre el objeto perdido, es un estafador, (y puesto que) dio curso a una denuncia falsa ser castigado con la muerte.12. Si el vendedor ha muerto, el comprador tomar de la casa del vendedor hasta cinco veces (el valor) de lo que haba reclamado en este proceso.13. Si los testigos de tal seor no estuviesen a mano, los jueces le sealarn un plazo de seis meses. Y si al (trmino del) sexto mes, no presenta sus testigos, este seor es un falsario. Sufrir en su totalidad la pena de este proceso.14. Si un seor roba el nio menor de (otro) seor, recibir la muerte.15. Si un seor ayuda a escapar por la gran puerta (de la ciudad) a un esclavo estatal o a una esclava estatal o a un esclavo de un subalterno o a una esclava de un subalterno recibir la muerte.16. Si un seor dio refugio en su casa a un esclavo o a una esclava fugitivos, perteneciente al estado o a un subalterno y si no lo entreg a la llamada del pregonero el dueo de la casa recibir la muerte.17. Si un seor prende en campo abierto a un esclavo o esclava fugitivos y (si) lo devuelve a su dueo, el dueo del esclavo le dar dos siclos de plata.18. Si este esclavo no ha querido mencionar el nombre de su dueo, le llevar al palacio; (all) se realizar una investigacin y se lo devolvern a su dueo.19. Si retiene al esclavo en su casa (y si) despus el esclavo es hallado en su posesin, el seor recibir la muerte.20. Si el esclavo huye de la casa de aquel que lo prendi, este hombre lo jurar (as) por el dios al dueo del esclavo y se marchar libre.21. Si un seor abre brecha en una casa, delante de la brecha se le matar y se le colgar.22.- Si uno ejerci el bandidaje y es atrapado, recibir la muerte. 23.- Si el bandido no fue apresado, el hombre despojado prestar juramento de todo lo que ha sido despojado, y la ciudad y el jeque en cuyos lmites fue el despojo, le devolvern todo lo que perdi. 24.- Si se trata de una persona, la ciudad y el jeque pagarn una mina de plata. 25.- Si se incendi la casa de uno, y otro que fue para extinguirlo se ha apoderado de algn bien del dueo de la casa, ser arrojado en el mismo fuego. 26.- Si un oficial o soldado que recibi orden de marchar en una expedicin oficial, no march, aunque hubiese enviado un mercenario y ste hubiera ido, este oficial o soldado recibir la muerte y su reemplazante tomar su casa. 27.- Si un oficial o soldado es convocado a las fortalezas reales (o es tomado prisionero en la derrota del rey), se darn sus campos y su huerto a otro que ejerza la gestin. Cuando regrese se le devolvern sus campos y huerta, y ejercer su gestin por s mismo. 28.- Si un oficial o soldado convocado a las fortalezas reales (o prisionero en la derrota del rey) tiene un hijo capaz de ejercer su gestin, se le dar a ste campo y huerta y ejercer la gestin por su padre. 29.- Si el hijo es menor y no puede cuidar la gestin de los negocios de su padre, un tercio del campo y de la huerta se dar a la madre, y la madre lo educar. 30.- Si el oficial o soldado, desde el comienzo de su gestin ha descuidado y abandonado su campo, huerto y casa, y otro despus ha cuidado su campo, huerto y casa, y durante tres aos ha ejercido su gestin, cuando aqul vuelva y pida su campo, huerto y casa, el atron se los dar; el que los cuid y administr, continuar explotndolos. 3. Investigue las amenazas internas y externas en la ciudad donde Ud. reside. Adems sugiera cual podra ser la probable solucin a esos problemas.(2 puntos )Puede tomar en cuenta el siguiente Link tomado del Ministerio de defensa.

http://www.defensaidl.org.pe/peru/libro_blanco_defensa_nacional/03.pdf

AMENAZAS INTERNAS

Carencia de polticas de nivel central que aseguren la seguridad ciudadana. La crisis econmica induce a la proliferacin de violencia contra la humanidad de los pobladores. Inadecuado marco legal de tratamiento a delincuentes. Insuficiente apoyo para una propuesta integral del Estado para la erradicacin y prevencin de la delincuencia. Depredacin de nuestros recursos y deterioro ambiental. Limitadas inversiones en acciones de conservacin y aprovechamiento de recursos naturales, as como surgimiento de conflictos diversos por ausencia de reglas claras y polticas estables. Poltica centralista. Grupos polticos con intereses particulares. Medios de comunicacin e informacin sumisos a intereses particulares. Informacin de internet propicia riesgos en la salud mental de los jvenes. Poltica econmica nacional y regional incompatible con el desarrollo humano.

AMENAZAS EXTERNAS

Factores climticos adversos (lluvia, granizada, helada) Procesos mundiales de desertificacin, calentamiento global y erosin de los recursos genticos. Polticas dbiles frente a la contaminacin, destruccin de recursos y control de riesgos. La globalizacin afecta los valores patrimoniales vivos de la ciudad. El gobierno central carece de polticas que incentiven el refuerzo de las identidades. Conflicto social. Polticas centralistas equivocadas. Polticos incompetentes a nivel nacional y regional. Clientelismo poltico a nivel general. Poder manipulador de transnacionales. Grupos polticos con intereses particulares. Grupos econmicos con intereses particulares.

SOLUCIONES

Posibilidad de concertacin entre autoridades locales y regionales para mejorar la proteccin ciudadana. Avances tecnolgicos en materia de seguridad. Sistemas de seguridad altamente sofisticados existentes en los mercados nacionales e internacionales. Cambios en la orientacin y polticas de los programas sociales. Existencia de instituciones involucradas en la gestin del medio ambiente. Existencia de una amplia legislacin en trminos de conservacin del medio ambiente. Extraordinario potencial del pas en recursos naturales, diversidad biolgica, recursos genticos y variedad de ecosistemas. Existencia de demanda nacional y externa de productos artesanales. Impulso a las exportaciones de productos artesanales por el gobierno nacional. Tendencia global para mejorar la calidad de vida: ingresos, condiciones de habitabilidad, empleo y calidad ambiental. Entidades de cooperacin internacional para financiar proyectos medioambientales. El Sistema Nacional de Inversin Pblica establece realizacin de estudio de impacto ambiental en la formulacin de proyectos. El gobierno local est empeado en la proteccin del patrimonio material e inmaterial de la ciudad y es respetuoso de su integridad. Proceso de descentralizacin. Gobierno regional ms cercano a la realidad (subsidiariedad). Globalizacin de la informacin. Apoyo de la cooperacin internacional. Presencia de instituciones externas especialistas en participacin ciudadana.

4. Investigue sobre el conflicto interno que se desarrollo en forma sostenida en los aos ochenta y principios de los noventa.Haga un breve resumen. (4 puntos )

Puede guiarse del siguiente Link bibliogrfico :

http://books.google.com.pe/books?id=IvaMYpBduSEC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

EL CONFLICTO ARMADO INTERNOEl conflicto armado interno vivido por el Per entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duracin, el de impacto ms extenso sobre el territorio nacional y el de ms elevados costos humanos y econmicos de toda nuestra historia republicana. El nmero de muertes que ocasion este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de prdidas humanas sufridas en la guerra de la independencia y la guerra con Chile los mayores conflictos en que se ha visto involucrada la Nacin.Si bien la CVR ha recibido reportes de 23 969 peruanos muertos o desaparecidos, los clculos y las estimaciones estadsticas realizadas nos permiten afirmar que la cifra total de vctimas fatales del conflicto armado interno super en 2,9 veces esa cantidad.Aplicando una metodologa llamada Estimacin de mltiples sistemas, la CVR ha estimado que el nmero ms probable de peruanos muertos o desaparecidos en el conflicto armado interno es de 69 280 personas.Con esta metodologa estadstica, la CVR ha estimado que 26,259 personas murieron o desaparecieron a consecuencia del conflicto armado interno en el departamento de Ayacucho entre 1980 y 2000. Si la proporcin de vctimas estimadas para Ayacucho respecto de su poblacin en 1993 hubiera sido la misma en todo el pas, el conflicto armado interno habra causado cerca de 1,2 millones de vctimas fatales en todo el Per, de las cuales aproximadamente 340 mil habran ocurrido en la ciudad de LimaMetropolitana, el equivalente a la proyeccin al ao 2000 de la poblacin total de los distritos limeos de San Isidro, Miraflores, San Borja y La Molina. As, conjuntamente con las brechas socioeconmicas,el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de ndole tnico-cultural que an prevalecen en el pas, ya que la violencia impact desigualmente diferentes espacios geogrficos y diferentes estratos de la poblacin.Una tragedia humana de estas proporciones puede resultar inverosmil; no obstante, es la que sufrieron las poblaciones del Per rural, andino y selvtico, quechua y ashninka, campesino, pobre y poco educado, sin que el resto del pas la sintiera y asumiera como propia.Los perodos del conflicto armado internoLa Comisin de la Verdad y Reconciliacin ha estudiado los veinte aos y seis meses del conflicto armado interno peruano (mayo de 1980-noviembre de 2000) a partir de la lgica interna de los acontecimientos y siguiendo las estrategias de los actores directos implicados en el proceso, as como las diversas posiciones frente al mismo asumidas por otros actores polticos y sociales. En dicha explicacin, se reconstruyen los contextos de las principales acciones y decisiones, y se consideran las distintas opciones al alcance de los actores para evitar anacronismos al interpretar hechos del pasado a partir de un conocimiento no disponible en el momento de su ocurrencia.La CVR sostiene que el conflicto armado interno se puede organizar en cinco etapas definidas por puntos de inflexin que no coinciden con las fechas de inicio y culminacin de los gobiernos que tuvo el pas entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.6 En efecto, el proceso analizado no siempre sufri modificaciones sustanciales al producirse los relevos presidenciales, mientras que en varias oportunidades, las decisiones adoptadas por alguna administracin en materia de contra subversin tuvieron consecuencias que abarcaron a los siguientes perodos presidenciales.Asimismo, al tratarse de un conflicto armado no convencional, las principales acciones estudiadas por la CVR en funcin de su mandato transcurrieron usualmente fuera de los escenarios pblicos del pas y sin un seguimiento continuo por los medios de comunicacin nacionales. Por ello, al utilizar una periodizacin original del proceso 1980-2000, la CVR ofrece una interpretacin del conflicto mismo, de las estrategias de los actores, de las vctimas y de las consecuencias, tomando siempre en cuenta el contexto en que el que se desenvolvieron las acciones. Al obrar de esta manera, la CVR ha buscado apartarse de las historias oficiales de la violencia, como las construidas por el PCP-SL para justificar su guerra popular o por el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori para consolidar su programa poltico en contra de los que denominaba partidos tradicionales.Si bien todo esfuerzo de organizacin temporal supone un grado de arbitrariedad en la seleccin de los criterios para definir las etapas, la CVR ha optado por construir una periodizacin que refleje lo ocurrido como parte de un proceso nacional y recupere la secuencia de acontecimientos basados en sus propios hallazgos e investigaciones. De esta manera, se han establecido los siguientes perodos: El inicio de la violencia armada (mayo de 1980-diciembre de 1982): comprende desde el primer acto de violencia cometido por el Partido Comunista del Per Sendero Luminoso en Chuschi, Cangallo, el 17 de mayo de 1980 hasta la disposicin presidencial del 29 de diciembre de 1982 que establece el ingreso de las Fuerzas Armadas en la lucha contrasubversiva en Ayacucho. La militarizacin del conflicto (enero de 1983-junio de 1986): abarca desde la instalacin, el 1 de enero de 1983, del Comando Poltico-Militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente Noel Moral, hasta la matanza de los penales del 18-19 de junio de 1986. El despliegue nacional de la violencia (junio de 1986-marzo de 1989): se desarrolla desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista, con el apoyo de narcotraficantes, al puesto policial de Uchiza en el departamento de San Martn. La crisis extrema: ofensiva subversiva y contraofensiva estatal (marzo de 1989-setiembre de 1992): se inicia inmediatamente despus del asalto senderista al puesto de Uchiza y concluye el 12 de septiembre de 1992 con la captura en 97 Lima de Abimael Guzmn Reinoso y algunos de los principales dirigentes de su organizacin por parte del GEIN. Declive de la accin subversiva, autoritarismo y corrupcin (septiembre de 1992-noviembre de 2000): comienza con la captura de Abimael Guzmn y otros lderes senderistas, y se extiende hasta el abandono del pas del ingeniero Alberto Fujimori.Primer perodo: el inicio de la violencia armada (mayo de 1980-diciembre de 1982)El conflicto armado interno que padeci el Per se inici con la decisin del PCP-SL de declarar la guerra al Estado peruano. La accin simblica que marc el comienzo de la lucha armada fue la quema pblica de las nforas electorales en el distrito de Chuschi (Cangallo, Ayacucho) el 17 de mayo de 1980, con ocasin de las elecciones generales. Con ello, el PCP-SL se auto margin del proceso democrtico abierto con los comicios celebrados ese da, luego de diecisiete aos, y dio inicio a una violenta campaa para destruir el Estado peruano y someter a la sociedad peruana a un rgimen autoritario y totalitario bajo su conduccin.Esta etapa finaliz cuando, a fines de 1982, las Fuerzas Armadas fueron encargadas de la lucha contrasubversiva.En un principio, el PCP-SL realiz atentados espordicos contra la propiedad pblica y privada, y acciones de propaganda armada.La gravedad de sus actos aument continuamente, hasta llegar al asesinato sistemtico y a los ataques contra las fuerzas policiales para provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su contra; su objetivo era que se definiese una situacin de conflicto armado interno.Este conflicto fue percibido inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinacin de subestimacin y desconcierto que permiti el crecimiento de la presencia senderista en ciertas reas del departamento de Ayacucho y Huancavelica. El PCPSL no apareci de inmediato en los medios de comunicacin nacional como el nico responsable de las acciones, sino cuando se le atribuy directamente la responsabilidad de las mismas. Aun as, se trataba de una agrupacin muy pequea dentro de un conglomerado de organizaciones radicales de izquierda difciles de identificar por alguien que no estuviese familiarizado con ellas.Los temas vinculados a la transferencia de poder a los civiles despus de doce aos de dictadura militar atrajeron mayor atencin de la opinin pblica; pero, al mismo tiempo, despertaron suspicacias entre los crculos de izquierda que atribuyeron a las fuerzas del orden la autora de los atentados, al igual que en otros pases de Amrica Latina.Aunque en aos anteriores no se descartaba el alzamiento en armas de algunos grupos radicales de izquierda, el fenmeno particular iniciado por el PCP-SL desconcert a las fuerzas del orden.En general, stas hubieran esperado la repeticin de un proceso guerrillero similar al ocurrido en 1965. La formacin contrasubversiva que haban recibido distintas unidades las preparaba nicamente para fenmenos de este tipo o, en el mejor de los casos, para enfrentar a grupos armados semejantes a los que por esos aos actuaban en otros pases de Amrica Latina. Al no poder definir con claridad el tipo de adversario que enfrentaban, los trabajos de inteligencia del perodo previo e inicial estuvieron errneamente dirigidos. Las posibilidades de evitar el curso de los acontecimientos a partir de este tipo de trabajo fueron escasas debido al muy reducido tamao de la organizacin, a su similitud con muchas otras agrupaciones de izquierda radical que postulaban la lucha armada y a su mnimo equipamiento militar antes de 1980.Sin embargo, las posiciones frente a la importancia de la falta de inteligencia son todava fuertes en el momento de la elaboracin de este Informe. Para representantes del gobierno de Accin Popular, la responsabilidad mayor recay en el anterior gobierno del general Francisco Morales Bermdez: Lo grave es que no solamente se sustraen de la responsabilidad de haber descubierto y combatido con anterioridad a este movimiento, sino que en la hora crtica del problema tampoco lo afrontan. Dejan desmantelado al Ministerio del Interior. No s si al interior de las Fuerzas Armadas reservaron documentacin.La respuesta de Morales Bermdez es elocuente:Fueron detectados determinados elementos de Sendero como personas de cierta tendencia, pero en ningn momento hubo [en 1979 y en 1980] una informacin de Inteligencia que dijera cuidado, aqu ya tenemos un problema. Eso nunca, nunca hubo eso, en la vida. [] Entonces s haba ese sistema [de Inteligencia] as montado y los comandantes generales que me haban servido a m fueron comandantes generales de Belaunde, cmo el gobierno poda no disponer de la Inteligencia para acabar el problema? Era imposible. Yo a Belaunde lo llamo, a los tres comandantes generales y su servicio de Inteligencia no tiene esta informacin. Caramba! Todos los servicios de Inteligencia tienen sus informaciones porque eran informaciones cruzadas.En los dos aos y medio que dur la fase inicial del conflicto estudiado por la CVR, el PCP-SL tuvo un terreno inmejorable para desarrollar sus planes y corregir sus errores. El tratamiento exclusivamente policial que dio el presidente Belaunde a las primeras acciones senderistas corresponda, en buena medida, a la respuesta de un gobierno civil que no poda delegar inmediatamente el problema a las Fuerzas Armadas sin dar una imagen de debilidad y sin ceder prerrogativas constitucionales propias de un rgimen democrtico.Las primeras acciones: un problema menor para el pasEl PCP-SL inici su autodenominada guerra popular contra el Estado peruano mediante una serie de atentados con explosivos contra instalaciones pblicas en diversas partes del pas, aunque desplegando ms recursos en Ayacucho. Si bien la quema de nforas en Chuschi sera vista como un hecho aislado, debe precisarse que hubo acciones menores en otras partes del pas como Lima y La Oroya.En las semanas que siguieron al ataque del 17 de mayo de 1980, grupos de senderistas arrojaron bombas incendiarias contra la tumba del general Velasco y contra el local de la municipalidad de SanMartn de Porres. Hasta el 28 de julio, da del cambio de gobierno, hubo diversas acciones de propaganda, robo de cartuchos de dinamita y armas. No hubo, en ese lapso, una respuesta estatal directa contra el PCP-SL de parte del gobierno militar. El mismo da de la juramentacin de Fernando Belaunde Terry en su cargo de presidente se produjo un apagn parcial por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local de Accin Popular en Pasco. En general, los medios de comunicacin cubrieron escasamente las primeras acciones de propaganda armada senderista, prcticamente irrelevantes ante la trascendencia de los debates propios de la transferencia del poder a los civiles.El Presidente entrante encontr un pas radicalmente distinto al que dej. El nuevo escenario le exigi lidiar con nuevos actores polticos y sociales. Entre los primeros, el gobierno de Accin Popularya no tuvo que enfrentar una oposicin parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO en su primera administracin (1963-1968), sino una de izquierda sin precedentes por su radicalismo y su tamao. En el plano social, Belaunde enfrentaba, por primera vez, fuertes organizaciones gremiales y sindicales con presencia nacional, tales como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educacin del Per (SUTEP), la Confederacin General de Trabajadores del Per (CGTP), la Confederacin Campesina del Per (CCP) o la Federacin Minera, que venan de la experiencia reciente de las luchas contra el gobierno militar y mantenan estrechos lazos con la izquierda parlamentaria, y una amplia cobertura en medios opositores.En cuanto a la respuesta a la lucha armada, el gobierno de Accin Popular, al igual que la mayora de actores en el pas, no termin de comprender lo que implicaba el desafo planteado al Estado por el PCP-SL y su guerra popular. Durante varios aos, el tema no ocup un lugar prioritario en la agenda estatal ni entre las preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Fue tratado como un problema de delincuencia comn susceptible de ser resuelto mediante la neutralizacin de individuos (los delincuentes terroristas). En ese momento, sin embargo, factores ajenos a la guerra interna afectaban el desempeo policial. Entre los ms importantes, estaban la extensin de la corrupcin vinculada al narcotrfico y las disputas y tensiones entre institutos policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Polica de Investigaciones del Per), propiciadas por arraigadas y contrapuestas identidades corporativas. A lo largo del quinquenio, adems, se insisti en la vinculacin entre el PCP-SL y parte de la izquierda legal, al punto de que el gobierno se resisti a liberar a militantes de IU encarcelados por acusaciones de terrorismo.Al margen de las discusiones en la escena oficial, el PCP-SL utiliz consistentemente todos los espacios polticos a su disposicin, construyendo su organizacin prcticamente sin alteraciones significativas de sus planes originales. Las respuestas del Estado y de la sociedad estuvieron mediatizadas por razones ajenas al proceso subversivo mismo. Para algunos sectores, era imposible aislar al PCP-SL del resto de la izquierda radical, mientras que, para otros, la guerra sucia era inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Polica de Investigaciones del Per logr xitos en los medios urbanos al capturar a cientos de miembros del PCPSL, mientras que en el campo el avance policial fue nfimo, en parte, por la insuficiencia de sus agentes y la precariedad de los puestos rurales. No obstante, la presencia del PCP-SL no se limit a algunas provincias del departamento de Ayacucho. Desde un inicio, dio gran importancia a su trabajo en Lima. En palabras de Abimael Guzmn:Nosotros lo hemos visto as: el trabajo en Lima lo hemos ido ponderando, tiene importancia Lima? Tiene importancia. Razn: Nosotros decimos, Ayacucho es la cuna, Lima la catapulta . El Partido por diversas instancias, en un par de aos, salta a trabajar en Lima, al centrar en Lima se encuentra en una gran ciudad con gente de diversas provincias de todo el pas. Al trabajar ah trabajas en todo el pas, por eso se convierte en catapulta.Pero no poda ser una ciudad conquistada al comienzo, sino en la parte final.La principal fuerza de oposicin en el sistema poltico, el Partido Aprista Peruano (PAP), tambin subestim la gravedad del surgimiento y el desarrollo de la guerra popular senderista. Durante el quinquenio 1980-1985 el PAP no present una opcin alternativa para la lucha contrasubversiva; sin embargo, fueron duros crticos de la poltica del gobierno. No obstante, las crticas del PAP no se tradujeron en una confrontacin directa con las Fuerzas Armadas. Conscientes de la tradicional rivalidad entre el PAP y el estamento militar, los dirigentes de ese partido obraron con discrecin en estas circunstancias para evitar un enfrentamiento con el sector castrense.El PCP-SL alcanza una repercusin nacional Dos eventos asociados al PCP-SL proporcionaron una nueva dimensin al conflicto. En marzo de 1982, en una operacin indita hasta el momento y planeada por su direccin central, un comando senderista asalt el centro penitenciario de Huamanga y rescat a sus presos; lograron escapar sin que hubiese una adecuada respuesta de las fuerzas policiales y sin que los miembros del Ejrcito acantonados en el cuartel de la ciudad interviniesen por no contar con rdenes de Lima para hacerlo. El asalto a la crcel de Huamanga oblig a distintos observadores a considerar al PCPSL como una amenaza mayor de la que sugeran los atentados terroristas o los asesinatos aislados iniciales. Para algunos generales del Ejrcito, como Sinesio Jarama, a partir de ese momento la situacin se volva seria; entre tanto, el general Noel empez a desarrollar una labor de inteligencia en el terreno desde su base en Huancayo. En la orilla opuesta, izquierdistas radicales, que posteriormente habran de constituir el MRTA, sealaron a la CVR que el asalto a dicho penal los convenci de que se haba producido un avance del conflicto del que ya no haba marcha atrs.Horas despus de consumado el ataque y la liberacin de los internos senderistas, un grupo de miembros de la Guardia Republicana (la institucin policial hasta entonces encargada de la custodia de los establecimientos penales) ingres al hospital de Huamanga y, en represalia, ejecut a tres presos senderistas que estaban heridos y bajo custodia policial.10 La combinacin de ambas acciones, el ataque al penal y la ejecucin de miembros del PCP-SL hospitalizados, proporcion una primera victoria meditica al PCP-SL, pues fue presentado por los medios de prensa nacionales, aun si lo condenaban, como una fuerza guerrillera y vctima a la vez de la inocultable brutalidad policial.Precisamente, el tema de los abusos cometidos por las fuerzas policiales destacadas en Ayacucho para las operaciones contrasubversivas fue capitalizado por el PCP-SL en circunstancias particulares meses despus. En septiembre, a raz de la muerte de Edith Lagos (una de las senderistas evadidas del penal de Huamanga) en un choque con miembros policiales, hubo manifestaciones masivas de respaldo que incluyeron una misa de cuerpo presente celebrada por el obispo de Ayacucho, adems de un entierro multitudinario en el que no faltaron smbolos senderistas.Luego de su muerte, Edith Lagos fue convertida por la opinin pblica en la figura ms conocida del senderismo y, si bien nunca fue una dirigente partidaria importante, su imagen de joven rebelde (muri a los 19 aos) dio un rostro al desconocido PCP-SL. As, hubo congresos de la juventud aprista ayacuchana que llevaron su nombre y dirigentes connotados del PAP, como Armando Villanueva del Campo, recibieron muy fuertes crticas en la prensa a fines de los ochenta por haber visitado supuestamente su tumba en el cementerio huamanguino. Desde esta etapa inicial del conflicto, el tema de las violaciones de los derechos humanos fue considerado en la discusin poltica nacional. Uno de los primeros debates al respecto fue motivado por la protesta de prominentes miembros de la Iglesia Catlica que denunciaban torturas sufridas por Edmundo Cox Beuzeville en manos de la polica despus de su captura, realizada el 6 de julio de 1981 en Cusco. Cox, miembro del PCP-SL era sobrino de un respetado obispo de entonces que denunci los hechos por lo que recibi fuertes crticas de los representantes del gobierno que reclamaron a los obispos no haber protestado de igual modo durante la dictadura militar. Dos puntos quedaron muy claros a raz de dichos eventos. El primero fue que los miembros del PCP-SL preservaron al mximo la clandestinidad de su organizacin al negar su militancia (su llamada regla de oro) y, al mismo tiempo, aprovecharon espacios democrticos en los que no crean, como el de la defensa de los derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de orden. El segundo, que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos seran vistas como parte de una estrategia de la oposicin y no como un problema que el gobierno deba encarar.A lo largo de 1982 se hizo patente que las fuerzas policiales eran incapaces de controlar la expansin del Plan estratgico de inicio del PCP-SL en las zonas rurales de Ayacucho y de corregir su mala imagen pblica. Todo ello se tradujo en una demanda constante al gobierno de turno para que actuase con mayor rigor ante el avance y las provocaciones del PCP-SL. El 27 de diciembre de 1982, el presidente Belaunde dio un ultimtum de 72 horas al PCPSL para que depusiera las armas. El 30 de diciembre el gobierno entreg a las Fuerzas Armadas el control de la zona de emergencia de Ayacucho. El general de brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien haba sido Prefecto de Lima en 1979 y jefe del SIE dos aos despus, asumi la jefatura del nuevo comando poltico-militar. El general Noel recuerda as los trminos del encargo recibido:En el Consejo de Defensa Nacional, el Presidente del Comando Conjunto, le manifest al Presidente de la Repblica que su orden se haba cumplido. Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo de la Repblica, Presidente de la Nacin; artculo 118 de la Constitucin del Estado. El general presidente del Comando Conjunto, le indic al Presidente de la Repblica que para no omitir ninguna cosa que pudiera constreir los planes, le peda que el Comandante General de la 2.a Divisin de Infantera, expusiera al Consejo y yo expuse al Consejo. A las cinco de la tarde, el Presidente de la Repblica decide clausurar el evento, pero en el evento me dicen General, sus planes son aprobados, pero usted va a actuar con el apoyo de las fuerzas policiales. Entonces yo le digo, pregnteme. Presidente del Comando Conjunto, yo le digo, Qu pasa? Y como nadie habla, prendo el micro y digo Seor presidente, perdn, quiero hacerle una pregunta, usted me ha cambiado la misin. Voy o no voy a combatir?. El presidente Belaunde me dice, General, usted combata con toda energa y tiene el apoyo del Gobierno Constitucional. Desde entonces, la violencia del PCP-SL estuvo dirigida contra los representantes y partidarios del antiguo orden en las reas iniciales del conflicto armado (Ayacucho y Apurmac, principalmente).Segundo perodo: la militarizacin del conflicto(enero de 1983-junio de 1986)A partir del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha directa contra el PCP-SL, el conflicto entr en un nuevo curso. La presencia militar en varias regiones del pas durara ms de quince aos; el giro adoptado signific la militarizacin del conflicto. En ningn momento anterior del siglo veinte se haba producido un fenmeno similar de constitucin de instancias poltico-militares de conduccin de la respuesta estatal al fenmeno subversivo. Asimismo, en esta etapa el PCP-SL cre su autodenominado Ejrcito Guerrillero Popular y realiz acciones guerrilleras como ataques a puestos policiales y emboscadas a patrullas militares, sin abandonar su actividad terrorista expresada en asesinatos selectivos y atentados con explosivos.El aumento de la violenciaEl asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay, cuatro semanas despus del ingreso de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el PCP-SL, produjo un quiebre en el conflicto al difundirse ampliamente en los medios de comunicacin nacionales imgenes terribles de la violencia que se estaba produciendo en la sierra de Ayacucho y los departamentos vecinos. En los meses siguientes, al consolidarse el predominio de la lgica de las acciones armadas no convencionales, las cifras de vctimas y de violaciones de derechos humanos crecieron exponencialmente; ste fue el perodo con la mayor cantidad de vctimas del conflicto.Al ingresar en la lucha contrasubversiva, las Fuerzas Armadas no contaban con una adecuada comprensin del PCP-SL y de su estrategia; vieron a esta organizacin como parte de una gran conspiracin comunista que atacaba al pas. Segn esta concepcin, todos los izquierdistas eran igualmente responsables de las acciones del PCP-SL y no haba mayor diferencia a partir de alineamientos internacionales. De esta manera, por ejemplo, el general EP Noel pudo sealar, en una entrevista con la CVR en el ao 2003, que veinte aos atrs haba desbaratado un plan de ataque senderista preparado para el 26 de julio de 1983 en homenaje al trigsimo aniversario del asalto al cuartel de Moncada en Cuba.sta era una accin impensable para una organizacin como el PCP-SL que jams celebr dicha fecha y no conceda un carcter revolucionario a la experiencia cubana.El general Noel tuvo serias disputas con los medios de comunicacin, en especial despus de los sucesos de Uchuraccay, a los que reprochaba el que hicieran crticas a las Fuerzas Armadas y de ese modo segn su interpretacin alentaran a la subversin.De otro lado, el sucesor de Noel, el general EP Adrin Huamn Centeno, fue destituido en agosto de 1984, el ao en que se registr el mayor nmero de vctimas del perodo 1980-2000. Su destitucin, sin embargo, no obedeci a este ltimo dato, sino a las crticas del general Huamn al gobierno por lo que l consideraba falta de apoyo a la lucha contrasubversiva. El general Huamn, quechuablante y de origen comunero campesino, lleg a la jefatura del comando poltico-militar con un enfoque que enfatizaba la promocin social de la poblacin campesina como medio para dejar sin espacio a la subversin. Sus crticas a las autoridades civiles por no atender esas demandas fueron respaldadas por la oposicin poltica. Un alto funcionario del gobierno, el ex ministro Luis Percvich Roca, coment a la CVR lo siguiente sobre aquella destitucin quiere rebasar a la autoridad civil []. Quiere manejar l solo las cosas de acuerdo con su criterio. No obedece, o da la impresin de que quiere decir lo que el gobierno estaba sealando y lo que el gobierno civil estaba haciendo. Incluso llega en un momento a hacer apreciaciones orientadas a desprestigiar al gobierno civil.En esta fase de militarizacin, se produjeron casos violaciones masivas de los derechos humanos atribuidos a las fuerzas del orden como los de Socos (sinchis de la ex GC, noviembre 1983), Pucayacu (infantes de Marina, agosto de 1984) y Accomarca (infantera del Ejrcito, agosto de 1985). Por el lado del PCP-SL, los casos principales de este tipo son los de Lucanamarca y Huancasancos (abril de 1983).Finalmente, el Movimiento Revolucionario Tpac Amaru (MRTA) inici sus acciones armadas formalmente en 1984 presentndose como parte de la izquierda peruana y haciendo explcitas sus diferencias con el PCP-SL (uso de uniformes, campamentos guerrilleros, reivindicacin de acciones, etc.). Esta organizacin, constituida en 1982 a partir de la unin de dos pequeas agrupaciones de izquierda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria El Militante (MIR-EM) y el Partido Socialista Revolucionario-Marxista Leninista (PSR-ML), haba optado dos aos despus por prepararse para la lucha armada.

El nfasis social en la lucha contrasubversivaAl ser elegido presidente Alan Garca Prez, del PAP, cambi el discurso oficial sobre la guerra interna. Se criticaba por primera vez desde el gobierno las violaciones de los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas; se cre, adems, una Comisin de Paz. Se intent cambiar el esquema nicamente militar para enfrentar a la subversin. El punto ms difcil en este terreno fue la destitucin del jefe de la segunda regin militar, general de divisin Sinesio Jarama, y del jefe del comando poltico-militar de Ayacucho Wilfredo Mori, a raz del caso de Accomarca. A pesar de las crticas a la situacin imperante, Garca no derog el decreto legislativo 24150, promulgado por Belaunde en junio de 1985, el cual regulaba (y aumentaba) las atribuciones de los comandos poltico-militares que hasta entonces haban funcionado sin un sustento constitucional.Alan Garca defini las posiciones de su gobierno en los siguientes trminos:Nosotros hemos tenido dos etapas en el anlisis sobre Sendero Luminoso. La primera muy borrosa en el gobierno de Fernando Belaunde, donde sin conocer siquiera lo que podra ser esto, los alcances de lo que podra sobrevenir, pensbamos en una explicacin de tipo sociolgica, estmulo, impulso de la miseria, y naturalmente ramos un poco concesivos y tolerantes en la explicacin. Y tal vez en los trminos actuales un poco paternalistas en el sentido de decir pobre gente que ha sido abandonada tantos siglos reacciona de esta manera, de manera que la sociedad centralista y blanca tiene que entenderla, darle una solucin. A partir del 28 de julio no es que la perspectiva cambia o la actitud, sino la necesidad ya de administrar. Se cuenta con que la gente le est pidiendo que no haya apagones en Lima, que no le maten ms gente, que no traigan malas noticias los Diarios.La idea central del gobierno de Garca era derrotar a la subversin sustrayndole el posible apoyo campesino mediante el desarrollo de polticas dirigidas a este sector y a zonas de extendida pobreza. El gobierno aprista entendi con exagerado optimismo que el crecimiento econmico de sus dos primeros aos haba terminado con el PCP-SL, al registrarse un descenso de sus acciones entre 1985 y 1986. Por ltimo, asumi que el carcter popular del PAP cerrara los espacios sociales para un eventual crecimiento del PCP-SL. Inicialmente, esta poltica pudo parecer exitosa por el repliegue del PCP-SL tras la ofensiva de las Fuerzas Armadas de 1983 y 1984, y por la tregua unilateral que le dio el MRTA al gobierno aprista.Las relaciones con las Fuerzas Armadas fueron tirantes al principio, pero este impulso inicial qued relegado ante casos posteriores en los que las denuncias de violaciones de los derechos humanos no encontraron igual eco. Este fue el caso de la muerte de internos en el motn del penal de Lurigancho, ocurrido en octubre de 1985 en Lima, en el que el gobierno aprista no asumi responsabilidad alguna. El punto culminante de este proceso fue la masacre de los penales (18 y 19 de junio de 1986) que marc considerablemente a todos los actores del conflicto, y trajo a Lima las imgenes de matanzas hasta entonces lejanas. En trminos prcticos, con esta matanza terminaron los intentos del gobierno aprista por desarrollar una poltica propia de seguridad interior.El despliegue nacional de la violencia(junio de 1986-marzo de 1989)Luego del proceso de militarizacin creado por el incremento de las acciones del PCP-SL, el ingreso de las Fuerzas Armadas al combate contra la subversin y el inicio de acciones del MRTA, se cre un contexto de actores armados que desarrollaban sus propias estrategias en el terreno. A partir de 1986, sin embargo, fue evidente que el conflicto armado interno haba salido de los departamentos iniciales en los que se produjeron las acciones de los primeros aos y haba alcanzado una extensin nacional.La apertura de nuevos frentesLuego de la matanza de los penales, el PCP-SL increment gradualmente sus acciones, acentuando su presencia en distintos frentes fuera de Ayacucho como Puno, Junn y el valle del Huallaga. Se encontraba en la fase de desarrollar la guerra de guerrillas y conquistar bases de apoyo en las reas rurales para expandir su guerra popular. En las zonas urbanas, principalmente Lima, el PCPSL opt por una poltica de asesinatos selectivos de autoridades para sembrar terror y debilitar al Estado. Un atentado de singular importancia ocurri en Lima en 1985 contra Domingo Garca Rada, presidente del JNE, cuando se preparaba la segunda vuelta electoral.Ms adelante, el PCP-SL orient sus ataques contra dirigentes del partido de gobierno. El primero de estos casos, tambin en Lima, fue el de Rodrigo Franco en 1987, para obstruir la consolidacin del modelo burocrtico del fascismo aprista.El MRTA suspendi la tregua concedida a Garca y abri un frente guerrillero en el departamento de San Martn en 1987. Esto se hizo con un gran despliegue publicitario a escasos tres meses del intento de estatizacin de la banca que haba generado una fuerte oposicin contra el gobierno. La cobertura televisiva proporcionada a la campaa del MRTA fue enorme, ya que se aprovech la lnea de oposicin de muchos medios contra el gobierno. Asimismo, el jefe guerrillero Vctor Polay, Rolando, un ex aprista cercano a Alan Garca en los setenta, se convirti en una figura conocida por los medios; sin embargo, su campaa tuvo ms efectos propagandsticos que militares, ya que fue rpidamente dispersada por el Ejrcito.Protagonismo del PCP-SL:el congreso y la entrevista del sigloEl PCP-SL realiz en tres partes, entre febrero de 1988 y junio de 1989, su primer congreso partidario. Entre estas sesiones apareci en El Diario una entrevista a su lder Abimael Guzmn, quien ofreci la exposicin directa ms completa conocida hasta el momento acerca de su organizacin y sus fines. Con ello, adems, disip las dudas sobre su supuesto fallecimiento, anunciado peridicamente por las autoridades y la prensa a lo largo de los aos.Desde 1985, aunque motivado por razones externas al conflicto armado, estuvo en curso el proceso de reorganizacin de las fuerzas policiales que se inici con un fuerte debate sobre el retiro de numerosos oficiales. Varios de los cambios propiciados por el Ministerio del Interior dentro de este proceso contribuyeron a una mejor coordinacin de acciones para la lucha contrasubversiva. Destacan, en especial, la unificacin del comando en la Direccin General y Regiones Policiales; la mediacin directa en la resolucin de conflictos entre institutos policiales; el reforzamiento de la direccin y seguimiento de sus labores desde el Ministerio; y la fusin de las distintas unidades especializadas operativas en la Direccin de Operaciones Especiales (DOES). Sin embargo, dadas estas prioridades (incluyendo la creacin de la Direccin General de Inteligencia del Ministerio del Interior, DIGIMIN), el sector no atendi ni reforz lo suficiente a la DIRCOTE, unidad que haba adquirido experiencia a partir de su trabajo concentrado en Lima desde su creacin como divisin en la Direccin de Seguridad del Estado de la PIP (DIRSEG-PIP) en 1981.Por estos aos, miembros de algunas unidades especiales de las Fuerzas Policiales, como el Grupo Delta de la DOES, fueron sealados individualmente por la prensa como personal vinculado con el mal llamado Comando Rodrigo Franco (CRF). En 1988, por primera vez durante la guerra interna, se haba registrado la accin de un supuesto grupo paramilitar, el Comando Rodrigo Franco al que se atribuy el asesinato de Manuel Febres Flores, abogado del dirigente senderista Osmn Morote, capturado poco antes por la DIRCOTE. Diversas fuentes vincularon su aparicin y sus acciones con el PAP y con miembros de la polica, bajo el control de Agustn Mantilla, la figura ms fuerte del Ministerio del Interior durante el quinquenio del gobierno aprista. La CVR considera que el Comando Rodrigo Franco puede haber sido, antes que una organizacin centralizada, un membrete que diversos actores, no necesariamente articulados entre s, utilizaron para sus actividades criminales.Por otro lado, la creacin del Ministerio de Defensa en 1987 tuvo serios tropiezos en su funcionamiento y, a pesar de haberse puesto en marcha, no logr ubicarse por encima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni implic un recorte en las atribuciones en materia de defensa nacional con las que contaban los institutos armados.Avance subversivo, crisis econmica y campaas electoralesDurante 1989 se produjo un nuevo giro en la guerra interna debido, principalmente, a las decisiones y acciones de dos de los principales actores.En primer lugar, el PCP-SL, durante su Primer Congreso, defini como nuevo objetivo de su plan de guerra popular que el equilibrio estratgico remeciera todo el pas. Para ello, plante considerar, como eje de accin, acentuar su ofensiva en las zonas urbanas, principalmente en Lima. As, el PCP-SL increment notablemente sus ataques y actos terroristas, endureciendo su relacin con la poblacin en la sierra rural y en la selva, por un lado, y movilizando sus bases urbanas hacia la realizacin de ataques y atentados ms violentos, frecuentes y visibles, por otro. Con esta decisin se iniciaba el segundo pico estadstico de vctimas en la guerra interna.Paralelamente, las Fuerzas Armadas empezaron a aplicar su nueva estrategia integral, que implicaba la comisin de violaciones de los derechos humanos menos numerosas pero ms premeditadas.Esta nueva estrategia orienta a la directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior (DVA 017 CCFFAA-PE-DI), firmada en diciembre de 1989 por el general Artemio Palomino Toledo, en la que se toman dos grandes decisiones estratgicas sobre la actividad militar durante el resto del conflicto. Primero, la organizacin de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior en zonas y subzonas de seguridad nacional se cambia por una organizacin en frentes contrasubversivos, los cuales no se derivan de las regiones militares sino de una zonificacin especial obtenida mediante el anlisis del despliegue y de la actividad del PCP-SL. Segundo, en los frentes donde se da el narcotrfico se establece como misin separar a la subversin del narcotrfico y combatir a los narcotraficantes que apoyen a la subversin o reciban proteccin de ella.Derivada de esto, la decisin de fomentar y apoyar la formacin de comits de autodefensa en las zonas rurales serranas, donde la poblacin empezaba a desafiar el control del PCP-SL, defini el inicio de la etapa final del conflicto. Por otro lado, al enfocar las Fuerzas Armadas a los departamentos de Junn y Pasco como el centro de gravedad de sus operaciones contrasubversivas, la guerra se desplaz notoriamente hacia el frente Mantaro desde 1989. En esta zona central se aplic intensamente la nueva estrategia de eliminacin selectiva, especialmente durante el ao 1990, no slo contra los comits populares sino tambin contra los organismos alojados en universidades y asentamientos humanos urbanos.Por otro lado, el MRTA qued atrapado en una espiral de violencia de la cual no logr salir fcilmente. En abril de 1989, un mes despus del ataque senderista contra el puesto de Uchiza, el MRTA decidi realizar una operacin militar de grandes proporciones en la sierra central: la toma de una ciudad importante para efectos de propaganda armada de repercusin nacional. La zona central del pas era decisiva para los objetivos militares del MRTA; pero, adems, la urgencia de una muestra de fuerza semejante vino de la necesidad de responder al fuerte golpe que represent la captura de su lder Vctor Polay en Huancayo a comienzos del ao.Para realizar la toma de Tarma, que era la ciudad elegida en esta oportunidad, el MRTA traslad a la zona a varios de sus mejores miembros militares en una fallida operacin que concluy en la matanza de Molinos. El repase de guerrilleros rendidos que hizo el Ejrcito demostr al MRTA que las fuerzas del orden no hacan distingos entre los organismos subversivos. Todos reciban el mismo trato. La represalia de la organizacin lleg meses despus a travs del condenable asesinato del general Enrique Lpez Albjar en Lima.Al ser 1989 un ao de elecciones municipales y regionales, y en buena medida el inicio de la eleccin presidencial del ao siguiente, se produjo una sorprendente movilizacin de fuerzas polticas que revelaron los lmites reales de las amenazas planteadas al Estado por el PCP-SL y el MRTA. Las elecciones se celebraron en todo el pas, un xito si se tiene en cuenta la crtica situacin existente; los miembros del PCP-SL fracasaron en su intento de boicotearlas.En marzo de 1990, mientras las elecciones generales estaban en su mximo punto de confrontacin, se form el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la Direccin contra el Terrorismo (DIRCOTE). Mientras que los grupos operativos Delta de la DIRCOTE continuaban abocados a la tarea legal de investigacin de atentados y acciones terroristas en Lima, el GEIN se dedic a trabajar exclusivamente en el desarrollo de operaciones encubiertas de inteligencia (seguimientos y vigilancia) para la captura de los principales lderes subversivos. Antes del cambio de gobierno, el primero de junio, el GEIN dio su primer y gran golpe al allanar una casa donde hasta pocos das antes se alojaba Abimael Guzmn y donde encontraron informacin que resultara muy valiosa. La intervencin signific para muchos el principio del fin del PCP-SL.Los inicios del gobierno de Alberto Fujimori y la subversinEn sentido estricto, el nuevo gobierno no ide una nueva estrategia contrasubversiva. Ms bien, Alberto Fujimori mantuvo la estrategia integral de las Fuerzas Armadas e impuls iniciativas legales para complementarla. Haba asumido tambin el plan poltico-militar de un sector de las Fuerzas Armadas y, con ello, la necesidad de instalar un sistema de democracia dirigida que se ajustase a las necesidades de la contrasubversin.El PCP-SL, muy golpeado en las reas rurales, creci sorprendentemente en Lima en medio de la crisis existente. El MRTA intent un dilogo con el gobierno, luego de la fuga de sus dirigentes del penal Castro Castro en junio de 1990, mediante el secuestro de un diputado fujimorista pero fue rechazado. En 1991, ms de la mitad de la poblacin peruana viva en estado de emergencia. Ese mismo ao se da una ofensiva del MRTA en diversas zonas del pas, con lo que consigui dar una imagen de recomposicin luego de la fuga. En noviembre, el Ejecutivo promulg un paquete de decretos legislativos que motiv su debate en el Congreso; con ello se inici la cuenta regresiva para la justificacin del prximo golpe de Estado.El 5 de abril de 1992, mediante el golpe de Estado que quebr el orden constitucional, el gobierno de Fujimori promulg una serie de disposiciones que endurecieron la legislacin antiterrorista (decretos legislativos 25475, 25499, 25659, 25744) sin contemplar el respeto de garantas mnimas al debido proceso. Asimismo, se encarg de extender, a travs de la promulgacin de varios decretos ley, las prerrogativas militares, ampliando su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. De este modo, se ampli la discrecionalidad de las fuerzas del orden, en una evidente disminucin de los controles democrticos de sus acciones contrasubversivas. Simultneamente, continuaron las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por diversos agentes estatales, entre ellos, el escuadrn de la muerte denominado Grupo Colina (Barrios Altos, La Cantuta, etc.) en operaciones realizadas desde inicios de los noventa. Aprovechando las amplias atribuciones permitidas por la ley, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) empez a planear y ejecutar operaciones especiales de inteligencia por cuenta propia, utilizando para ello personal de unidades operativas de las Fuerzas Armadas como si fuera personal a su disposicin.El asesinato de la dirigente popular Mara Elena Moyano perpetrado por el PCP-SL represent una situacin lmite. De un lado, refrend el grado de crueldad de que era capaz el PCP-SL; de otro lado, puso en evidencia la vulnerabilidad de las organizaciones populares que se enfrentaban al senderismo en los aos 90. La organizacin de Guzmn Reinoso intensific su ofensiva contara la capital con numerosos atentados terroristas, el ms grave de los cuales fue la explosin de un coche bomba de alto poder destructivo en el jirn Tarata, en el distrito de Miraflores, en julio de 1992.Al profundizar su actividad terrorista, la direccin del PCP-SL consideraba la posibilidad de una intervencin de los Estados Unidos y la consiguiente transformacin del conflicto en una guerra de liberacin nacional.En este contexto de crisis extrema, los policas de los grupos especiales de la DINCOTE sorprendieron al pas con la sucesin de una serie de capturas de altos dirigentes subversivos que constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratgica de la subversin y el terrorismo. Entre ellas, destacan la captura de Vctor Polay Campos por la Brigada Especial de Detectives (BREDET) y la de Abimael Guzmn Reinoso por el GEIN.Declive de la accin subversiva, autoritarismo y corrupcin(septiembre de 1992-noviembre de 2000)Derrota estratgica de la subversinEl escenario posterior a la captura de Abimael Guzmn y de otros importantes dirigentes estuvo marcado por la derrota del PCP-SL, iniciada tres aos antes cuando fue expulsado de varias de sus zonas de tradicional influencia por la accin de las fuerzas del orden y de los comits de autodefensa. La falta de una conduccin nacional que cubriera el vaco provocado por la captura de Guzmn se hizo evidente en la disminucin de acciones terroristas.El principal objetivo de la organizacin en esta fase fue, inicialmente, presentar la imagen de no haber sido afectados mientras que se concentraban en campaas como la de salvar la vida del presidente Gonzalo.

Pacificacin y amnistaEn octubre de 1993, desde su prisin en la base naval del Callao y luego de conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por el gobierno de Alberto Fujimori, Abimael Guzmn propuso un Acuerdo de Paz al Estado que no se concret, pero sirvi de propaganda al rgimen de Fujimori en vsperas del referndum para aprobar la Constitucin de 1993. De ah en adelante, la nueva posicin del jefe senderista se convirti en mayoritaria, por encima de las facciones disidentes que planteaban proseguir la guerra popular; sin embargo, el gobierno de Fujimori no busc una salida definitiva de paz ni respondi a las propuestas de Guzmn. En la prctica, se haba producido una divisin del PCP-SL, ya que una parte de la direccin senderista rechaz la propuesta del Acuerdo de Paz de Guzmn.Por su parte, el MRTA continu las acciones militares en zonas como San Martn y la ceja de selva central. Bajo la direccin de Nstor Cerpa, luego de la cada de Polay, tomaron ciudades importantes como Moyobamba e intentaron desarrollar ncleos de guerrilla urbana. Aun cuando parecan menos golpeados que el PCP-SL, no pudieron recuperarse de las graves disputas internas, la inexperiencia de sus cuadros18 y los efectos de la ley de arrepentimiento.Externamente, la organizacin fue afectada por el debilitamiento de la izquierda, y la ofensiva estatal y meditica contra las organizaciones subversivas. En ese escenario concluyeron que su prioridad organizativa deba ser la de recomponer su direccin nacional mediante la liberacin de los dirigentes presos.Al no poder replicar la experiencia del tnel del penal Canto Grande, optaron por preparar alguna accin de toma de rehenes para exigir luego un canje de prisioneros.Paralelamente, el gobierno de Fujimori continu resaltando su imagen de rgimen de mano dura que no realizaba ninguna concesin a la subversin mediante el nuevo marco legal aprobado que, a su vez, destacaba su estrecha relacin con las Fuerzas Armadas.A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial, el rgimen no disminuy el nmero de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversin sin subversin.En trminos estrictos, la poltica de pacificacin consisti en mantener en prisin a la mayor cantidad posible de subversivos bajo condiciones extremas en penales de mxima seguridad y en aislar a los ncleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmn y la dirigencia senderista brind rditos polticos a Fujimori y rebaj la tensin en los penales, pero no liquid a la organizacin. Vladimiro Montesinos tuvo a su cargo la conduccin personal de las conversaciones y tratos con Guzmn, Iparraguirre y dems dirigentes senderistas en tanto interlocutor acadmico . Estas conversaciones, enmarcadas por intereses polticos circunstanciales, se interrumpieron hacia 1995. Debe recalcarse que ni Fujimori, ni el general Hermoza Ros (entonces la figura de mayor poder en las Fuerzas Armadas) se reunieron con los jefes senderistas. Tampoco se promovi reunin alguna con miembros de la DINCOTE, en buena parte desarticulada despus de la captura de Guzmn, o con expertos de inteligencia del Ejrcito que trabajaban en el SIN, como el general Eduardo Fournier.Las incansables denuncias sobre violaciones de los derechos humanos tuvieron un nuevo impulso a partir del hallazgo de las fosas donde se encontraban los restos de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta en julio de 1993. El gobierno de Fujimori no asumi responsabilidades; por el contrario, opt por la descalificacin de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hostigamiento. Teniendo al SIN como su principal aparato poltico, el gobierno continu con una serie de cambios intencionales de la legislacin que supuso la eliminacin prctica de la independencia de poderes con la finalidad de garantizar la impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de los derechos humanos. As, la existencia de una mayora de representantes oficialistas en el Congreso Constituyente

Democrtico permiti la utilizacin de diversos voceros para salir al frente de las denuncias y, sobre todo, para aprobar en 1995 una ley de amnista para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden que garantizara una completa impunidad.

5. Investigue y analice acerca del diferendo martimo entre Per-Chile. (2 puntos )

CONTROVERSIA EN DELIMITACIN MARTIMA ENTRE CHILE Y EL PERLas Repblicas del Per y Chile sostienen un diferendo diplomtico sobre la soberana de una zona martima de aproximadamente 37,900 kms2 en el Ocano Pacfico. Para Chile no existen temas limtrofes pendientes con el Per, ya que los lmites martimos han sido definidos en 1952 y 1954 cuando ambos pases suscribieron Convenios de pesca donde se especificaban claramente las fronteras martimas.Para el Per, el lmite martimo con su vecino del sur no est definido ya que nunca se ha firmado un Tratado que establezca dicho lmite.Para Chile, la frontera martima con el Per es la lnea del paralelo (lnea azul), lo que deja sin mar a las provincias peruanas.El Per, considera que le correspondera seguir una prolongacin de sus co