revista probidad...carlos a. manfroni abogado presidente de la fundación Ética pública, en la...

Revista Probidadhttp://www.probidad.org.sv

Por la transparencia en la gestión pública y una nueva cultura política que sea participativa, democrática y moral

Edición No. 11

noviembre−diciembre2000

Revista Probidad No. 11 * noviembre−diciembre/2000 Pag. 1

Indicador

Dirección postalApartado postal No. 1648,

Centro de Gobierno, San Salvador,El Salvador, C.A.

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Editores

Linda HembyJaime López

Aclaración

Uno de los propósitos de la Revista Probidad es abrir un espacio para la expresión de diferentesideas y análisis sobre los numerosos temas relacionados con los obstáculos a lademocratización y el combate de la corrupción. Entre ellos se encuentran la cultura política, esdecir, la participación, la democratización, los principios éticos, la espiritualidad y la identidadnacional, así como las reformas de leyes y procedimientos. Para generar debate e ideas sobreestos y otros temas, la Revista Probidad publica artículos y comentarios de los lectores y puedeproporcionar una columna permanente, aunque sus autores no compartan la misma perspectivadel Equipo Facilitador.

Por esta razón, aclaramos a los lectores de la Revista Probidad que los artículos escritos porpersonas e instituciones que no pertenecen al Equipo Facilitador reflejan los pensamientos desus respectivos y estimados autores y no de la Revista Probidad.

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Nota

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CONTENIDO

EDITORIAL:Mostrando buenos ejemplos ... 12

En ediciones anteriores nos hemos referido a los diversas manifestaciones de la corrupción, lanecesidad de conceptos propios para entenderla y el papel que debemos asumir paraenfrentarla. En esta ocasión, queremos destacar los buenos ejemplos que están surgiendo en laregión.

ARGENTINA: Corrupción, ética y filosofía ... 14Dr. Angel Rodriguez Kauth Profesor de Psicología Social yDirector del Proyecto de Investigación "Psicología Política"en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis

El autor se ha propuesto buscar el entramado perverso existente entre la corrupción con lafilosofía y la ética. Disciplinas estas últimas que no son tenidas muy cuenta a la hora de losanálisis de los hechos corruptos que azotan a nuestra América Latina.

ARGENTINA: FORO DE MUJERE CONTRA LA CORRUPCIÓN ... anexoInforme de Monique Altschul y Ema CibottiCon la colaboración de Amalia Mattio, Carola Diamondstein, Inés Arribillaga, Cristina Casey y Blanca Kaschapava

¿Por qué mujeres contra la corrupción? Porque en este momento de nuestra historia percibimosque innumerables mujeres de todo el país, de ciudades grandes, pequeñas y de medios ruralescreen en valores éticos y quieren participar para lograr cambios. A menudo no sabemos cómohacerlo ni a dónde recurrir. Por eso hoy, a lo largo de esta intensa jornada, les proponemos queanalicemos juntas y juntos las formas en las que se presenta la corrupción y sobre todo quémecanismos existen para prevenirla. Y si esos mecanismos no nos satisfacen, inventemosherramientas y recursos!

Somos un foro porque queremos la continuidad y porque seguiremos incluyendo a todas lasorganizaciones que se interesen en estos temas y formas de acción. Trabajaremos para que elForo se multiplique en provincias y municipios, en cada caso con el modelo que elijan. Haremostalleres para abordar temas que no hayamos podido tratar hoy. Continuaremos con un ForoGlobal de Mujeres contra la Corrupción en el 2001, al que se agregarán mujeres de lasAméricas, de Europa, Asia, Africa. Y aun estaremos en los comienzos. Porque la lucha contra lacorrupción no termina nunca. Cuanto más exitosas seamos, más quedará por hacer. Nuestroobjetivo del día de hoy es no quedarnos en las denuncias. A partir de los casos queconozcamos, imaginemos medios y recursos para contrarrestarlos y para ir destejiendo el


complejo entramado de la corrupción. Seamos creativas y dinámicas, para construir un futuromejor con la energía de todas.

ARGENTINA: Ética y Globalización ... 24Carlos A. ManfroniAbogadoPresidente de la Fundación Ética Pública, en la República ArgentinaConsultor en temas de Derecho Público y políticas institucionalespara organismos gubernamentales e instituciones privadasConsultor internacional de la OEA para la aplicación de laConvención Interamericana Contra la Corrupción en Panamá, Nicaragua y GuatemalaDirector del sitio web "Políticas Mundiales"

Hay un refrán popular que sostiene que "en el pecado está la penitencia". El Estado del siglo XXimpuso condiciones clandestinas a los capitales por medio de la corrupción. Esa corrupción,sumada a las aventuras bélicas, llevaron a la quiebra a los Estados, los cuales se vieron ante lanecesidad de acudir al financiamiento externo. Hoy, los capitales ponen condiciones a losEstados, pero no son ya las condiciones clandestinas de la corrupción, sino condicionesinstitucionales. Paradójicamente, esas condiciones no son tan malas como creen losmanifestantes de Seattle.

Ellas consisten en transparencia, ética pública, equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y respeto alos derechos humanos. ¿Es malo todo eso?

ARGENTINACarlos A. SortinoRedactor y editor de la revista En Marcha y docente de la cátedra Periodismo de Investigaciónen la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata

Libertad de prensa y orden jurídico en Argentina ... 29

Es abundante en Argentina la jurisprudencia de sus tribunales sobre casos relacionadoscon la libertad de prensa. En este trabajo se recorre esta jurisprudencia y también lalegislación que se estudia en el Congreso para dejarla firme. La conveniencia práctica deconocer −y comprender− el razonamiento jurídico dominante −que no es tan críptico nireaccionario como se presume, al menos en materia de libertad de prensa− es que nosevitará caer en las garras de los sospechosos que podamos identificar en nuestrasinvestigaciones, que siempre cuentan con abogados expertos en el arte de convertir alvictimario en víctima y viceversa. Por otra parte, ese razonamiento no tiene, enArgentina, mayores discrepancias con lo que, desde el campo académico, habitualmenteconcebimos como "periodismo bien hecho": no sólo decir la verdad, sino,fundamentalmente, demostrarla.


Soborno: la trama pública ... 46

Fue noticia en todos los medios el escándalo que se desató en el Congreso argentinopor un presunto pago de sobornos a senadores para obtener su voto favorable a la leyde reforma laboral impulsada por el gobierno. Lo curioso del caso es que recién ahoralas sospechas de soborno se transformen en una crisis política, si tenemos en cuenta−algo que nadie ha hecho por el momento− que hasta principios de 1999 empresariosde varios países europeos deducían de impuestos las coimas que pagaban afuncionarios de países extranjeros, consideradas como un gasto más en sus negocios, yque, al mismo tiempo, la legislación norteamericana permitía a los empresarios losllamados "pagos de facilitamiento". Porque la privatización de casi todas las empresaspúblicas argentinas fue contemporánea con aquellas prácticas, hoy clasificadas comocorruptas y entonces silenciadas. La corrupción no es sólo un problema ético o jurídico:su contenido es, fundamentalmente, político.

Libro: La Mordida ... anexo

El juego clandestino en Argentina es un mecanismo histórico que no sólo permite elenriquecimiento ilícito de particulares. Sus efectos sociales son demasiados: el lavadode dinero proveniente de ese enriquecimiento ilícito; la corrupción de funcionariospúblicos que, a su vez, deben también ingresar al sistema de lavado de dinero; lamerma en la recaudación de los juegos de azar oficiales, cuyo producto en Argentina sedestina a educación y salud pública; el necesario enlace de las delictivas operaciones delavado de dinero con el circuito negro de la economía (narcotráfico y contrabando, porejemplo); y la necesaria complicidad de los cuerpos de policía (primeros eslabones en lacadena de corrupción que genera el juego clandestino) con cualquier delito que deba serencubierto o cometido a favor de algún representante de aquel circuito negro de laeconomía.

¿Por qué, entonces, no se ataca el juego clandestino? Fundamentalmente, porque no sepuede: en el ordenamiento jurídico argentino la promoción del juego clandestino no esun delito. Es una simple contravención, que generalmente debe prevenir o reprimir lapolicía, su socio primario.

Por esto, este libro sobre la investigación judicial iniciada en la ciudad de La Plata,capital de la provincia de Buenos Aires (la provincia más importante del país, queconcentra casi la mitad de su población), fue tan importante. Por primera vez se calificóel juego clandestino como un delito: defraudación a la administración pública. Lainvestigación (conocida como "la causa 1707") ocupó todo el año 1997 y la mitad de1998. Durante la investigación se procesó a 250 personas, entre capitalistas de juego,"pasadores", suboficiales y oficiales de la Policía Bonaerense. La competencia territorialdel entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional Nro.16 de La Plata llegó a abarcartoda la provincia de Buenos Aires. Durante la investigación, la recaudación de la quinielaoficial aumentó más del 40%: un millón de pesos diarios que habitualmente se "movían"en la clandestinidad.


ARGENTINA: Las normas sobre ética pública en la Argentina ... 61José Luis TesoroInvestigador del Instituto Nacional de la Administración PúblicaMiembro del Centro de Estudios en Administración y Economía (CEAE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos AiresInvestigador del Área Sector Público del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias EconómicasProfesor de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Argentina"Santa María de los Buenos Aires"

En un ensayo en la Octava Edición de este jornal se desarrolló una aproximación conceptual a ladenominada "ética pública". Este nuevo ensayo tiene los siguientes objetivos: a) delinearalgunas perspectivas sobre la ética, a fin de encuadrar conceptualmente los códigos de "éticapública", b) presentar una síntesis de la normativa sobre "ética pública" vigente en el Estadoargentino, y c) bosquejar algunas características de la problemática subyacente a la referidanormativa.

ARGENTINA: Problemas actuales de la justicia: ... 72Democracia, necesidad de independencia de poderesDra. Amalia Mattio de MascíasAbogada Directora Ejecutiva de Asociación FISCALES SIN FRONTERASCo−organizadora del Foro de Mujeres contra la CorrupciónEx funcionaria gubernamental

El problema que enfrenta hoy el mundo en general y Latinoamérica en particular, es la creaciónde una democracia que sea a la vez posible e históricamente realizable, siendo esencial para lamisma la división e independencia de poderes, con la consiguiente credibilidad de la ciudadaníaen cada uno de ellos.

La justicia padece actualmente una profunda crisis de credibilidad dentro de la sociedad. Estafalta de credibilidad genera en la población opiniones negativas que apuntan, principalmente, ala excesiva lentitud o demora en la resolución de las causas y a su creciente politización. A losojos de la población la justicia deja entonces de cumplir su función esencial: deja de ser justa yequitativa. A su vez, este deterioro provoca una marcada sensación de desprotección.

Hoy para muchos argentinos, la justicia se caracteriza por ser lenta, burocrática, injusta yparcial. Es imprescindible proponer soluciones para que las clases populares puedan superar, ylogren tener acceso a la justicia, aceptando que el problema es económico, social y cultural. Eneste trabajo analiza algunas de las causas de la falta de credibilidad de la Justicia en laArgentina y propone algunas mejoras al sistema.


CANADA/SUIZA/FRANCIA: La Corrupción: Compromisos nacionales y conexiones internacionales ... 79Jean−Claude UsunierProfesor a la Universidad Louis−Pasteur (Strasbourg, Francia) y a la Escuela de Altas Estudios Comerciales (Universidad deLausanne, Suiza), es un especialista en marketing internacional y enmanagement comparativo y cross−culturalyGérard VernaProfesor a la Universidad Laval (Québec, Canada) y directorde Carrefour Amérique latine (http://focal.fsa.ulaval.ca/) es unespecialista de gestion internacional de empresas y de ética en los negocios

La corrupción: si bastara con denunciarla para eliminarla y mostrarla para hacerla intolerable,sería sencillo. Para reducirla hay que investigar cómo se produce, quiénes están implicados,cuáles son sus motivaciones y sus debilidades.

Así pues, a lo largo de este artículo, veremos la relación que tiene la corrupción con losmercados de grandes equipos, hablaremos de la «flexibilidad» de la burocracia francesa,presentaremos alguno trucos contables, hablaremos acerca de la mejor manera en la que undictador puede ser «propietario» de su país, etc. y concluiremos formulando la siguientepregunta: Quién gana y quién pierde en este juego?

CHILE: Corrupción de acuerdo a las Normas ... 101Patricio Orellana VargasProfesor de Ética de la Universidad Central de ChileDirector del Instituto Probidad

Un gran escándalo ha conmovido a Chile, un país que se preciaba de ser el más probo deAmérica Latina y que al menos está resultando ser −probablemente− sólo el menos corrupto.Los ejecutivos de las empresas estatales habían construido todo un sistema que les permitíatener altas remuneraciones y privilegios muy superiores que el resto de los trabajadores. Ellímite que hizo explotar este escándalo es el sistema de indemnizaciones que les permitía cobrardecenas o centenares de miles de dólares al renuncias, ser despedidos o simplementecambiarse de unidad. Todo este sistema se mantenía oculto, cubierto con la teoría del GerentePúblico que exigía autonomía y discrecionalidad para que estos ejecutivos pudieran dirigireficientemente a sus empresas. Sin embargo, un sindicato de trabajadores denunció estoshechos y se obligó a dar a conocer estas situaciones que han mostrado la bajeza moral de estosindividuos que accedían al servicio público para enriquecerse, ocultando estos hechos bajo laexcusa de que el mercado y la competencia exigía mantener e estricto secreto los sistemas deremuneraciones de los ejecutivos o bien que saberlos era una violación a su privacidad.

La superioridad ética de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobierna Chile se havisto tremendamente debilitada cuando se ha demostrado que sus políticos que tenían undiscurso en favor de los más pobres y por la necesidad de reducir las desigualdades era merademagogia porque utilizaban los recursos públicos para pagarse remuneraciones que superabanhasta las que pagan las transnacionales a sus ejecutivos.


Las rectificaciones adoptadas no han sido ejecutadas ágilmente. La promesa presidencial deentregar toda la verdad ha sido dificultada por estos ejecutivos que han dificultado la entrega deinformación a la Comisión Parlamentaria que investiga.

Este escándalo tendrá profundas consecuencias en la vida política del país.

CHILE: La Voracidad de las Piraña ... 115Rodrigo QuintanaPeriodista

Las pequeñas y medianas empresas en Chile dan trabajo a casi 5 millones de personas. Hoy seencuentran al borde de la quiebra por razones de índole ética. Una serie de ilícitos pueblan susrelaciones comerciales, generando una absorción de capital hacia las grandes cadenascomerciales y grandes conglomerados empresariales que no trepidan en actitudes matonescasfrente a sus proveedores.

COSTA RICA: Relación de la Defensoría de los Habitantes dela República de Costa Rica con los Medios de Comunicación Colectiva: Alianza Estratégica para Combatir la Corrupción ... 124Max Alberto Esquivel FaerronAbogadoDefensor Adjunto de los HabitantesRepública de Costa Rica

La prensa, en el ejercicio responsable de su función, tiene la legitimación suficiente para actuarcomo formadora de opinión. Los medios de comunicación informan a la opinión pública, y a loshabitantes en general, sobre el trabajo que realiza la institución, y más específicamente acercade las investigaciones que realiza la Defensoría en relación con el tema de la corrupción y losprivilegios en el sector público.

Es una especie de alianza entre ambos medios de control que le permite a la Defensoría, pormedio del seguimiento diario de las noticias, determinar cuáles asuntos ameritan su intervenciónde oficio. En efecto, serias investigaciones de medios de comunicación han propiciado, en másde una ocasión, una intervención de la Defensoría de los Habitantes en virtud de la gravedad delos actos de corrupción que se denuncian. Esto fomenta la participación social en los asuntos deinterés de la colectividad; se deja de lado la indiferencia para pedir cuentas de cuanto se hace:es la nueva democracia participativa.


EL SALVADOR: El papel del poder judicialfrente a la corrupción: el caso italiano ... 133Rafael Benítez GiraltAbogado Salvadoreño

En la actualidad es urgente fortalecer las instituciones del Estado para que respondan a lasexigencias constitucionales y legales que impone todo estado de derecho. La ley tiene queocupar el lugar que no ha tenido en estos tiempos. Los retos a los que se enfrentan lasinstituciones democráticas son grandes, ya que al final de siglo los valores que se proclaman enlas constituciones cada vez son más distantes a la realidad, por lo que urge que un poderjudicial, tanto en su organización, su función de administrar justicia, su rol político, se adecue alas exigencias de los nuevos tiempos, pero sobre todo que su labor tome en cuenta los grandesmales que han aquejado a la sociedad, entre las que se encuentran la corrupción y la impunidad.

EL SALVADOR: Las iniciativas virtuales en el combate de la corrupción ... 145Jaime LópezEspecialista en Informática y Control GubernamentalCo−editor, Revista Probidad

Esta ponencia fue parte del Panel "Nuevas organizaciones en la lucha contra la corrupción" delV Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública,que fue celebrado en la República Dominicana en Octubre 2000. Aborda el uso innovador de lasnuevas tecnologías de Internet en la lucha contra la corrupción. En muy poco tiempo han surgidoproyectos novedosos y sumamente interesantes que prometen llevar la causa de laanticorrupción hacia fronteras nunca antes imaginables. La mayoría de ellos cuentan conresultados muy positivos y sobresalientes, y muestran que Internet está favoreciendo elacercamiento y entendimiento entre los actores anticorrupción de la región, expertos en lamateria y los organismos nacionales e internacionales dedicados a su combate.

También señala las fortalezas y debilidades de las organizaciones virtuales y propone nuevosusos de la tecnología en la anticorrupción que no están siendo aprovechados en la actualidad,por ejemplo las bases de datos para facilitar un mejor monitoreo del sector público y mayorcobertura de la corrupción y medidas anticorrupción en los medios de comunicación. Asimismoexplora las posibilidades que existen de integrar a los gobiernos, empresas, la prensa y sociedadcivil en organizaciones virtuales donde puedan ampliar la comunicación entre estos sectores,compartir recursos y diseñar mejores estrategias para combatir la corrupción.


HONDURAS: Ética, Probidad, Transparencia y Desarrollo Sostenible ... 163Mario RiettiEconomistaCoordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) y del Consejo Consultivo de Transparencia Honduras

Sin ética, probidad y transparencia es imposible fomentar el buen gobierno y la libre empresa,puesto que un mercado cautivo y controlado por unos pocos, siempre se recurre a la corrupciónpara mantener el sistema de privilegios. La Modernización del Estado y especialmente delsistema de justicia, no funciona sin reformas electorales, en el control y la rendición de cuentas,en la descentralización y en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La ética y lacorrupción, son polos aspectos de una misma realidad en Centro América desde tiempos de lacolonia. La lucha contra la corrupción y la promoción de la ética, no solo a nivel personal, sino enla dimensión familiar, empresarial y estatal, son aspectos integrales del desarrollo sostenible,que requieren para su solución de estrategias concertadas, mediante la participación delgobierno, la empresa privada y la sociedad civil.

Este ensayo describa el trabajo anticorrupción del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible(CONADES), en alianza estratégica con Transparencia Honduras, para promover la ética, laprobidad y la transparencia como bases fundamentales del desarrollo sostenible, estableciendoun sistema nacional de integridad, que haga de la corrupción un alto riesgo, con una baja tasade retorno.

MÉXICO: La transición económica y política del Estado mexicanoen el umbral del siglo XXI: del Estado empresario al Estado de empresarios ... 189José G. Vargas−Hernández

Profesor investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara; delInstituto Tecnológico de Cd. Guzmán (ciencias económico administrativas); del InstitutoTecnológico de Colima; del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,Campus Colima; de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto PolitécnicoNacional y la Universidad de Colima; profesor investigador invitado de la School of PublicAdministration, Carleton University, Canadá

Este trabajo tiene como propósito analizar los más recientes cambios económicos y políticos delEstado Mexicano, los cuales muestran una clara tendencia transicional de un Estado Empresarioa un Estado de los Empresarios que cubre las siguientes etapas: el Estado−EmpresarioMexicano PRI−presidencialista con énfasis en el modelo del Estado de Bienestar; seguido por elperiodo marcado por la transición del Estado Mexicano con un enfoque en la reestructuraciónneoliberal PRI−presidencialista como resultado del impacto económico y político de laglobalización económica y sus efectos perniciosos en la injusta distribución del ingreso, unagobernabilidad débil, inestabilidad política y falta de seguridad de la propiedad, la vinculación deestos problemas con la corrupción, así como la interfase de las nuevas relaciones entre elgobierno y las empresas. Finalmente, la transición del régimen con el cambio de partido en elpoder abre la etapa del Estado Mexicano de los empresarios en el nuevo período PAN−presidencialista.


PARAGUAY: Equilibrio del periodista ante denuncias de corrupción y mayor riesgo de recrear juicios sumarios mediante los nuevos medios real−time ... 218Carlos Monterodirector de LA SINTESIS ECONOMICA MERCOSURy editor de http://www.REgionAL−TIME.com

Los nuevos medios tecnológicos de información real−time exigen mayor equilibrio del periodistaante denuncias sobre personas públicas, pues − sus eventuales malos antecedentes −aumentan la recreación de juicios sumarios, perjuicio del derecho a la intimidad y a un juiciojusto. Desbordes preexistentes pueden agravarse con nuevos actores en Internet que publicanfugazmente y pueden borrar lo dicho en la web sin que quede registro del error en su sitio, dadala carencia de instrumentos del internauta para evaluar a quienes le informan, sin estarprevenido de su procedencia o conflictos de interés. Este análisis plantea el temor que hasta losmás rigurosos cuidados de la calidad de la fuente, en los libros de estilo de diarios y agenciasserios, se transformen en formalidades burocráticas antes de llegar a los públicos. Larealimentación cotidiana de las noticias entre medios devoradores de novedades nos carga delpesado desafío de no actuar como empleado público que sella expedientes.

PARAGUAY: El Problema de la Corrupción en el Paraguay ... 227Rafael Filizzola Serra Diputado Nacional yProf. de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica

A once años del golpe militar que derrocó a la dictadura del gral. Alfredo Stroessner, el Paraguayha logrado una transición exitosa en materia de democracia, libertades y vigencia de losderechos humanos. Sin embargo, estos años no han sido suficientes para combatir lacorrupción, uno de los peores legados de la larga dictadura stronista. El problema es máscomplicado de lo que aparenta. La corrupción está en el centro del sistema mismo, por un ladoapoya y sostiene el esquema del poder y por el otro, es protegida e incentivada desde lasesferas más altas del gobierno.


Editorial

Mostrando buenos ejemplos

En ediciones anteriores nos hemos referido a los diversas manifestaciones de la corrupción, lanecesidad de conceptos propios para entenderla y el papel que debemos asumir paraenfrentarla. En esta ocasión, queremos destacar los buenos ejemplos que están surgiendo en laregión.

Mujeres contra la Corrupción. En septiembre se congregaron en Buenos Aires más de 300mujeres representantes de diferentes sectores de la sociedad argentina. El propósito, analizarlas distintas formas de la corrupción en relación a: los gobiernos, medios de comunicación,ejercicio de las profesiones, sindicalismo, salud, mundo empresarial, derechos ciudadanos,justicia y medio ambiente. Está iniciativa ha sido denominada el Foro de Mujeres Contra laCorrupción, que pretende ser un esfuerzo continuo para agrupar a todas las mujeres quequieran hacer algo para enfrentar la corrupción.

El Foro constituye una innovación en la perspectiva de genero y en la anticorrupción.Ciertamente, las mujeres junto a los niños son los sufren la peor parte de la corrupción,manifestada en desigualdad, marginación, inseguridad y maltrato. Enfrentando a la corrupción,las mujeres pueden cambiar las reglas con las cuales les niegan sus derechos y las excluyen delas oportunidades y tener una papel determinante en la solución de los problemas sociales,económicos y ambientales generados y agravados por la corrupción.

Iniciativas gubernamentales. Hay pocas iniciativas gubernamentales que pueden serpresentadas como buenos ejemplos de un compromiso genuino con la anticorrupción. Lo comúnes que las instituciones llamadas a combatir la corrupción, como las contralorías, fiscalías y lostribunales de justicia, funcionen en sentido inverso, es decir para encubrir y perpetuar lacorrupción. También estas instituciones han bloqueado o entorpecido los esfuerzosanticorrupción de otros sectores, como las ONGs y de los periodistas que dan cobertura a lacorrupción.

Diametralmente opuesto es el caso de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, dondehay una alianza implícita con los medios de comunicación. Con el monitoreo de las noticiasdiarias esta oficina va determinando que casos de corrupción ameritan atención, hace lonecesario para abrir las fuentes de información y desarrolla sus propias investigaciones, enforma independiente al procesamiento que le den al caso los entes fiscalizadores tradicionales, yluego comparte sus resultados con los periodistas.

Además, ya que el producto de las investigaciones de la Defensoría son recomendaciones, conel apoyo los medios de comunicación logran que las mismas constituyan verdaderas sancionesmorales, con una oportunidad y efectividad que nunca se obtendrá a través de los escabrososprocesos judiciales.

Siempre detrás de las buenas iniciativas anticorrupción gubernamentales hay funcionarioshonestos, comprometidos con la transparencia y la respondabilidad y entregados a servir a supaís, como el caso del diputado paraguayo Rafael Filizzola, quien además de compartirnos su


perspectiva sobre la corrupción en su país, nos ha enviado para publicar en la página web deProbidad dos propuestas de ley sobre: a) Transparencia Administrativa y Libre Acceso a laInformación; y b) Control de Gastos Reservados. Dichas propuestas fueron elaboradas enconsulta con Gestión Local, una respetada ONG que promueve la trasparencia en Paraguay.

Además del mérito de trabajar en propuestas de leyes anticorrupción tomando en cuenta a lasociedad civil, es muy valioso el hecho de publicar a través de Internet dichas propuestas,porque esto hace posible una participación abierta en la discusión de los proyectos.

En esta edición también está incluida una presentación de los programas de ética ytransparencia que está impulsando el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible deHonduras (CONADES), en alianza con la ONG Transparencia Honduras. Dichos programasestán sustentados en el Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sosteniblesuscrito por representantes de diversos sectores en 1998.

En la presentación de CONADES destacan la integración la lucha contra la corrupción comoparte del concepto y estrategias de desarrollo sostenible para Honduras y la notable inspiracióncristiana en sus programas, basándose en la Declaración Ética contra la Corrupción del ConsejoEpiscopal Latinoamericano (CELAM).

Periodistas frente a la corrupción. Típicamente, los gobiernos latinoamericanos se hanmanejado bajo secretos e ineficiencia deliberada y no con transparencia y capacidad. Esta faltade transparencia no es casual sino sistematizada tras los siglos como la forma y la norma paraadministrar las instituciones y manejar los recursos públicos. A la luz de este escenario, losmedios de comunicación deberían asumir con mucho más compromiso sus papeles de tribunapública y de fiscalizador de los entes gubernamentales, respondiendo con más y mejoresinvestigaciones y reportajes sobre los casos de corrupción y del tratamiento que reciben de partedel gobierno.

Periodistas Frente a la Corrupción (PFC) es una iniciativa que surgió en agosto 2000 parapromover y facilitar más atención a la corrupción por la prensa latinoamericana. Uno de losmúltiples resultados es la identificación de periodistas de investigación de calidad, como elargentino Carlos Sortino, quien participa en esta edición con dos artículos y un libro que cuentala historia de un difícil proceso judicial que trató un caso de corrupción.

Finalmente queremos agradecer a todos los estimados autores que están participando en estanueva edición de la Revista Probidad: Angel Rodriguez Kauth (Argentina), Rafael BenítezGiralt (El Salvador), Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible/CONADES (Honduras), MaxAlberto Esquivel Faerron (Costa Rica), Rafael Filizzola Serra (Paraguay), Foro de MujeresContra la Corrupción (Argentina), Carlos Manfroni (Argentina),), Amalia Mattio de Mascías(Argentina), Carlos Montero (Paraguay), Patricio Orellana Vargas (Chile), Rodrigo Quintana(Chile), José Luis Tesoro (Argentina), Jean−Claude Usunier (Suiza/Francia) y Gérard Verna(Québec, Canada), y José G. Vargas−Hernández (México). A través de sus análisis abordandodiversos aspectos de la corrupción y sus manifestaciones, están contribuyendo a un mayorentendimiento del problema y de las mejores formas de enfrentarlo.


ARGENTINA

CORRUPCION, ETICA Y FILOSOFIA

Dr. Angel Rodriguez KauthProfesor de Psicología Social y

Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política"en la Facultad de Ciencias Humanas

de la Universidad Nacional de San Luis, [email protected]

El autor se ha propuesto buscar el entramado perverso existente entre la corrupcióncon la filosofía y la ética. Disciplinas estas últimas que no son tenidas muy cuenta a lahora de los análisis de los hechos corruptos que azotan a nuestra América Latina.

1−FILOSOFIA DE LA PRACTICA, ETICA Y POLITICA:

Mucho se ha hablado de corrupción e impunidad desde una lectura jurídica, política ypsicosocial, pero esto no puede alejarnos de echar un vistazo a lo que dice la filosofía políticarespecto al tema de la corrupción, es decir, los estudios de filosofía de la práctica, que tratan−para este caso− de aquellas cuestiones que ya están −de acuerdo al cariz que toman las cosasdel manejo político− pasadas de moda, como son la ética y la moral; a las que debe agregársele−últimamente− la filosofía no en el sentido dado irónicamente por Marx (1847) para su análisisde los valores, sino en el sentido de que los valores no económicos y no transables que handejado de valer. Por ejemplo, el principio ético de utilidad propuesto por J. S. Mill (1863) de que"... las acciones son justas en la medida que tienden a fomentar la felicidad" parece ser unprincipio que mantiene toda su vigencia, aunque con una pequeña particularidad que lo convierteen inmoral. Ahora se lo entiende como la felicidad de los gobernantes y de los que los rodeanpolíticamente. Este principio original fue la regla de oro para más de un estadistalatinoamericano, hasta no hace más de medio siglo; sin embargo, el mismo hoy se ha tornado enuso común en su segunda acepción, lo cual lo hace caer en un estado perverso, a través deacciones corruptas que apuntan a la satisfacción de necesidades personales y no a felicidad delpueblo que le ha sido encargado de gobernar. En este sentido debo coincidir con Oppenheim(1975) cuando dice que "El lenguaje de la ética puede incluir no solamente juicios moralesacerca de cuáles son las acciones justas, sino también juicios de valor en relación con cuálesson las cosas buenas". Siguiendo este criterio, debo advertir que pese a que en el lenguaje delas ciencias no se acostumbra a abrir juicios de valor, a hablar de "bueno" o "malo" y a que elfuncionalismo sociológico nos ha acostumbrado a referirnos a los hechos sociales sin adjetivos yjuzgarlos solamente como funcionales o disfuncionales, sin embargo entiendo que es unaobligación social cuando se tratan temas políticos o psicopolíticos abrir tales juicios de valor.

Para el caso valga un ejemplo, tomado de entre tantos, cuando S. M. Lipset (1960) dice que "...la democracia es... la propia sociedad justa en funcionamiento"; entonces el lector se encuentra


frente a un enunciado que pretende ser éticamente neutral, pero que del mismo modo en queguarda celosamente la neutralidad del científico, tampoco dice algo en concreto acerca de lascaracterísticas de la democracia; me atrevo a considerar a este tipo de afirmaciones como deltipo asépticamente científicas. En el tema de la corrupción prefiero utilizar el lenguaje de la éticay considerar, como lo hace el pueblo llano que no tiene veleidades científicas, encuadrarlo en lacategoría de malo. Este último juicio me ubica en una posición −y no precisamente intermedia−entre los estudiosos de la ciencia política que afirman la necesidad de la investigación "libre devalores", es decir objetiva, con respecto a aquéllos otros que niegan tal posibilidad.Particularmente estimo que en el campo de la investigación política es muy difícil, por no decirimposible, estar por afuera o por encima de "los valores" o de los juicios morales, salvo que elinvestigador pretenda ser solamente un descriptor de hechos, pero aún así me queda la duda deporqué se dedicó a describir sobre unos hechos y no lo hizo sobre otros, dentro del granespectro de fenómenos políticos que están a su alcance. Me parece que esto se debeprecisamente a que hay una inclinación por favorecer o rechazar cierto y determinado estado decosas, que son aquellas que lo inquietan, aunque se reserve para sí −por una cuestión deasepsia científica− la emisión de juicios valorativos. Es, por tal razón, que prefiero "ir de frente" yconfesar públicamente que los temas de la corrupción y la impunidad con que esta se asocia, meatraen debido a que los considero perversos y que atentan contra la "salud pública". Al respecto,creo que vale la pena traer a cuento un anónimo anarquista que deambula por ahí ensuciandoparedes y que dice así: "Las niñas buenas van al Cielo; las malas a todas partes".

Sobre esto de la neutralidad es necesario extenderme en algunas consideraciones. Al científicosocial le interesa la neutralidad en el análisis riguroso de los datos obtenidos en susinvestigaciones. Una cosa es la orientación axiológica que lo conduce a tratar o estudiar tal ocual tipo de cuestiones y otra muy distinta es la "... neutralidad valorativa en el planteamiento desu estudio, ejecución y presentación de resultados" (Giner y Pérez Yruela, 1996). Esto último eslo que permite a quien se dedica a estudiar científicamente la conducta política, diferenciarse dequien especula por afuera de este quehacer riguroso en el tratamiento de los datos recogidos, yasea en investigaciones de campo o en estudios bibliográficos.

E. Carpintero (1996) señala con claridad que "En nuestra época, hay una ideología noexplicitada que se esconde detrás de la supuesta objetividad de las leyes del mercado. Suresultado es el miedo ... que se transforma, en muchas oportunidades, en cinismo y que sedescribe...", pasando e repetir una frase contundente de A. Grande (1996) como "... la doblemoral de la cultura no oculta los ensueños revolucionarios por miedo, sino por vergüenza. Lavergüenza de haber sida y el dolor de ya no ser. La vergüenza del eunuco que se sientecastrado por una economía de mercado que lo ha degradado de ciudadano a consumidor, deconsumidor a contribuyente". Y no quiero caer en esa degradación de ser un consumidor de"neutralidad" y tampoco llegar a ser un contribuyente de la misma. Es por eso que utilizaré, acontrapelo de lo que se acostumbra en textos serios y donde escriben colegas científicamenterigurosos, a llamar a tales procesos vergonzantes, que agobian a nuestra latinoamericana y elcaribe, con todos los adjetivos calificativos1 desdeñosos y agraviantes a los actos de corrupcióne impunidad que están lastimando y desgarrando las entrañas de mi pueblo. Es cierto, meanticipo a las críticas que van a llegar, acerca que me involucro demasiado afectivamente con elobjeto de estudio. Y tendrán razón, pero no encuentro otra forma que llamar a las cosas que nosea por su nombre, el nombre que usa mi pueblo a diario para protestar por lo que le sucede;que hasta hoy son palabras, sumadas a algunos hechos confusos y difusos de rebeldía, peroque llegará la hora en que truene el escarmiento y los culpables de tanta infamia tendrán quepagar con la cárcel y en efectivo lo que nos han estado robando. El pueblo venezolano marcó uncamino cuando echo a patadas al Presidente Carlos Andrés Pérez, en Mayo de 1996 la justiciade su país lo condenó a veintiocho meses de prisión y a pagar un resarcimiento económico. Esees el camino2 y por alguno de ellos se debe transitar para terminar con tanta ignominia y afrenta.


2−POLITICA Y ETICA, O ETICA Y POLITICA:

Si bien es cierto los principios de la ética política están sujetos a los vaivenes de la historiasocial, económica y política de cada pueblo en particular y, al respecto, no pueden establecersetales principios como verdades únicas y valederas para todos los sistemas políticos en cualquiertiempo y lugar, sin embargo, entiendo que se puede rescatar un principio que en la actualidadpuede ser utilizado como un universal categórico, cuando se trata de estos temas. Es el quemarcó J. Locke (1698) cuando escribió hace más de tres siglos lo siguiente: "Quienquiera quetenga el poder legislativo o supremo de cualquier comunidad está obligado a gobernar ciñéndosea las leyes vigentes, promulgadas y conocidas y no por medio de decretos extemporáneos... ytodo esto debe estar dirigido únicamente a los fines de la paz, la seguridad y el bien público".Esta pequeña oferta de salubridad gubernamental no es exclusivamente deontológica, en elsentido de adscribir a lo que ya está escrito en el Derecho Positivo, sino que también esteleológica, en cuanto apunta al fin de la moralidad del quehacer político. El propio Lockeagregaba, más adelante, que "El fin del gobierno es el bien de la humanidad". Obsérvese quecon esta afirmación ya se está saliendo del ámbito restringido de una Nación/Estado, para entraren el campo de lo universal; entiendo que esta sentencia de Locke, leída en el hoy, más quenunca, debe ser tenida en cuenta cuando se está frente a acciones políticas que apuntan a ladestrucción ecológica, como así también a la de la propia humanidad que ocupa un lugar en elamplio nicho ecológico que nos cobija a todos por igual (Rodriguez Kauth, 1995).

Es preciso, para continuar con el tema, que se recuerde que el término ética es sinónimo defilosofía de la práctica (Carpio y Morgado, 1952) y que ya en la remota antigüedad de lacivilización occidental, el propio Aristóteles (1981) incluyó dentro de los alcances de la ética a laeconomía y a la política. En este caso me interesa particularmente hacer referencia a la filosofíaanalítica, tal como la utilizara Moore (1903) y el "primer" Wittgenstein (1945), es decir, ésafilosofía que posee un cierto aire de familia, que pretende mantenerse dentro de los límites delsentido común. Al respecto valga una disgresión; no siempre el sentido común es el mejor de lossentidos, si así lo fuera el Sol −para nuestros sentidos y el sentido común de aquellos quesupuestamente debieran tener− es el que se mueve alrededor de la Tierra, lo cual es unsoberano disparate desde que la astronomía facilitó a la filosofía la posibilidad de perder lacosmovisión antropocéntrica, a partir de explicar que la Tierra no es el centro del Universo. Perolo que me interesa de la ética que se desprende de la filosofía analítica, es su sentido de que laespeculación filosófica se hace sobre la realidad que atrapa a quienes hacen talesespeculaciones.

Para el caso que nos convoca, es preciso que traiga a cuento que ya en la filosofía idealistaalemana, el propio Kant (1790) distinguió los conceptos de moralidad y legalidad. Para él, elprimero de los conceptos atiende a la intención de la conducta, se refiere al deseo de hacer algo,aunque ese algo contravenga las normas prescriptas de la ética. El segundo concepto−legalidad− se queda clavado en la conformidad de hecho y de Derecho con la ley, es decir,resulta ser absolutamente formal y no tiene en cuenta el sentido de la intención del actomoralmente positivo o negativo. Esta distinción en el discurso deberá ser tenida presente enadelante, ya que como se verá, en más de una ocasión los protagonistas de actos de corrupción,o de protección a la impunidad de los corruptos −que también debe ser interpretada como unaforma de corrupción− se esconden detrás de argucias legales para evitar la sanción penalcorrespondiente.


Al hablar de ética política, o de filosofía de la práctica, necesariamente se incursiona por loscaminos de la axiología; el valor, los valores, llevan consigo una suerte de exigencia, deimperativo categórico (Frondizi, 1965; Rodriguez Kauth y Quintana, 1992b) que apunta al centrode lo que está bien y de lo que está mal. No siempre, ni hay necesariedad de que así sea, elorden de lo estrictamente legal −leído desde el Derecho Positivo− tiene porqué coincidir con loque moralmente es juzgado como correcto o incorrecto. Por ejemplo, la ley nada dice ni pena algobernante que coloca como el Jefe de la Aduana de su país a un pariente y que además ésteno sabe hablar el castellano3, pero esto que venimos de citar como ejemplo de sillón, ocurrióbajo la administración del Presidente Menem y es una prueba −otra más− del sentidoplutocrático que se instaló durante su Gobierno. Legalmente no está mal, pero moralmentetampoco está bien, y así lo entendió el pueblo −cuya representación fue asumida por elperiodismo− que, en su momento, condenó tal situación injuriante para el sentido republicano.

En el caso de la corrupción nos encontramos no solamente frente a un tema tan antiguo queexiste desde la época de la institucionalización del Poder, sino que creo prudente enfocarlodesde el punto de vista de M. Weber (1929), cuando habla de la Verantwortungsethik, que enbuen romancero criollo puede ser traducido como "ética de la responsabilidad". No he de dedicarespacio a lo que se podría llamar la "lógica política" en cuanto hace a las decisiones que elestadista debe tomar frente a estos resultados que podamos ofrecer. En todo caso nos interesa,junto con Berger y Luckman (1966), hacer una contribución intelectual sobre cuanto "... lasciencias sociales pueden hacer en favor de la acción moralmente responsable en el ámbitopolítico". Como ya lo he comentado más arriba, si bien es cierto desde el positivismo se hapretendido por largo tiempo hacer aparecer a la ciencia −y particularmente la del quehacersocial− como éticamente exenta de valores, sin embargo no solamente discrepo en general deese enfoque disociador, sino que en este caso especial de la corrupción lo rechazo con mayorénfasis, debido al alto contenido de enfermedad que genera sobre la salud social que el mismoimplica. Si bien es cierto siempre en ciencias sociales estamos trabajando con significados de larealidad que deben ser interpretados y que, tal interpretación necesariamente se hace desdealgún lugar, desde algún discurso en el que el intérprete se ubica con sus particulares yespeciales características. Estas pueden ser el sistema de valores, las particularidadessociohistóricas, las representaciones sociales e individuales que lo atraviesan, etc. Por lo cualentiendo que pese a mis propósitos por hacer "buena letra" no se me escapa que voy −enpáginas posteriores− a teñir las interpretaciones con mi particular óptica subjetiva de valorar unhecho social como la corrupción, que desde ya considero no saludable para la trama social deuna comunidad. Esto último dicho en el sentido que le dio la naciente Revolución Francesa en1789 cuando utilizó el término salud pública.

3−LAS POLITICAS CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD:

Dentro de la esfera de la lucha contra la corrupción, el modelo neoconservador vigente en elmundo globalizado propone −como única vía válida y exclusiva para llevar adelante tal cruzada−la de la reducción del ámbito público, es decir, lo que nuestros pueblos conocen comoachicamiento del Estado (Rodriguez Kauth, 1994), que termina siendo −con la experiencia quetenemos de tales políticas económicas− nada más y nada menos que el achicamiento de losestómagos y de la calidad de vida. El desempleo no es un fenómeno fortuito, es el producto detal achicamiento que, en algunos casos como Brasil, llegó a más del 80% de los gastos delEstado. Pero con esa medida no se terminó con el flagelo de la corrupción, ésta sigue sucamino, pero son los asalariados los que ven recortados sus ingresos con rebajas de hasta el50% y, sobre todo, ven comprometida su seguridad laboral.


En este punto no puedo evadir la tentación de marcar algunas contradicciones sobre las que seasienta el discurso4 de los talentos del libre mercado y del liberalismo económico −sosteniendoque debe hacerse la distinción entre liberalismo político y económico−, entendido éste como "leyde la selva" en los asuntos económicos y financieros. En el número 10 de 1996 de la RevistaVisión, autotitulada La Revista Latinoamericana, se escribe en las páginas 20 y 21, que "... decontinuar Venezuela viviendo aferrada a las viejas políticas estatistas del pasado, puede llegar ala catástrofe dentro de una década o menos". Luego continúa el editorialista señalando que, aposteriori de la caída del Gobierno de Carlos Andrés Pérez, el país ha pegado una vuelta detuerca en sus políticas económicas. Por todo lo cual −luego de largas consideraciones acercadel valor de los llamados planes de ajuste económico− se ve con alarma que el gobiernovenezolano haya hecho más hincapié en las políticas sociales que en las financieras de ordenfiscal, tal como imponen los mandantes del FMI. Hasta aquí, no se trata más que de un discursode neto corte neoliberal económico. Pero la contradicción se observa al leer la página 7, delmismo número, un comentario sobre la dureza financiera existente en Brasil −cuyo gobiernoaplica a rajatablas las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial−para rescatar entidades bancarias que se han quebrado por la competencia del sistemafinanciero y −fundamentalmente− por la corrupción de sus administradores. Toda esta situaciónllevó a Brasil a pasar por un estado de intranquilidad bancaria y financiera, sin mencionar elestado de deplorables condiciones de vida para buena parte de la población brasilera que, enalgunos casos, ha llegado a comer restos de carne humana tirados entre los desperdicioshospitalarios tal como oportunamente lo divulgara la televisor internacional. Del mismo modo, enla página 8 se escribe sobre la preocupación existente en los organismos internacionales por "lasdeudas galopantes" −externas− de la Argentina, aunque sin hacer alusión alguna a la "deudainterna" que los gobernantes mantienen desde hace años para con su pueblo.

¿Pero, no era que el plan de ajuste económico y persecución fiscal que viene aplicando elgobierno argentino merecía el aplauso de toda la comunidad económica "globalizada" y de losadministradores de las instituciones de Bretton Woods?. Ya Argentina abandonó hace más dediez años al "peligroso" estatismo que tanto asustaba a los banqueros internacionales más, sinembargo, parece que los mantiene asustados el nivel de endeudamiento del país, aconsecuencia del no cumplimiento con las metas fiscales y la pérdida de varios miles de millonesde dólares de recaudación tributaria; lo que, como es obvio, traerá aparejado el incumplimientode los pagos con la banca extranjera por una deuda inmoral e injusta. La verdad, no entiendo lacontradicción puesta en un mismo ejemplar de la Revista Visión; o, mejor dicho, sí la entiendo,no es una contradicción dialéctica superable por una síntesis de mayor nivel, sino simplementees la contradicción de la retórica que surge de pretender defender lo indefendible y atacar lo quelos pueblos latinoamericanos pretenden defender5.

Volviendo al pretendido achicamiento del Estado, bajo el falaz argumento de que este escorrupto, esto me trae a la memoria un episodio ocurrido en el marco de la RegionalConference−Buenos Aires: La Opinión Pública en la Década del ’90, que tuvo lugar en Agosto de1990. En dicha oportunidad sus sesudos participantes, especialmente la representante de laempresa Gallup en Argentina, demostró con información provista por encuestas, que el 90% delos empresarios argentinos consideraban que el Estado nacional participaba de actos corruptos através de sus funcionarios, es decir, estos se dejaban sobornar −o buscaban el soborno− porparte de alguien. Obviamente que ese alguien no era otro que el/los empresario/s ingenuo/s quede modo infantil caían en las redes del sobornador. Todo iba muy bien en la crítica al Estadocorrupto hasta que al que esto escribe se le ocurrió la peregrina idea de preguntar tímidamenteque era de la vida de aquellos empresarios que aceptaban el soborno y hasta ofrecían "coimas"o "mordidas" a los funcionarios de turno. Ahí se produjo la hecatombe. Resultaba ser que era tancorrupto el Estado representado por los funcionarios, como los santos y probos empresarios queaceptaban −y hasta imponían− estas leyes perversas del juego. Es que la corrupción es un


fenómeno que requiere de dos y se da en una relación dialéctica donde no existen los probos,ambos son réprobos, aunque les duela en las entrañas tener que reconocerlo.

Entre todos los actos de corrupción, particularmente es interesante la figura del clientelismo oamorralamiento político (Rodriguez Kauth, 1992). Este fenómeno es en sí mismo tan corruptocomo cualquiera de los otros actos imaginables. Salvando las distancias, la figura/acción delamorralamiento −que es preocupante− no es otra cosa que un acto mefistofélico. El personajede Goethe (1808) entrega/vende su alma al diablo; nuestro personaje de la figura delamorralamiento entrega/vende su favor electoral6 no a un partido político en exclusividad, sino adiferentes dirigentes políticos −y de distintos partidos−, a través de promesas mutuas (te voto acambio de algún favor) en un acto de naturaleza cognitivo−política, que recurriendo al latínrecuerdan lo del quid pro quo.

Pero he aquí que en la propia metáfora mefistofélica aparece la contradicción que permitirádiferenciar y calificar al episodio. Así como respecto al Fausto nadie ha intentado visualizar nicuestionar las características diabólicas del comprador, en el caso que nos ocupa sí es precisoque lo haga, ya que es lo que va a permitir registrar el carácter dialéctico de la relacióncorruptor/corrompido y entenderla con mejor criterio. Entiendo, como la mejor forma deinterpretar al amorralamiento, la necesidad de recurrir al método dialéctico, que es el que va apermitir encontrar y explicar la relación indisoluble entre los miembros del par, no sólo en larelación individual perversa que estoy analizando, sino ya en la dimensión social−institucional,que es donde se inserta la misma. Es decir, el corruptor aprovecha una situación particularmentedesgraciada de alguien para, de esa forma, corromperlo y no solamente convertirlo en uncorrupto "pasivo", sino fundamentalmente para lograr quebrarlo en su totalidad como serhumano y permitirle justificar cualquier otro acto corrupto "activo"7, a la vez que lograr que sinmayores trabas de moral interior −culpas, en términos psicoanalíticos− adhiera en el futuro aotros actos deshonestos que se le propongan. En este caso el corruptor tiene un proyectopolítico que va más allá de la compra de un favor electoral circunstancial, está dirigido a romperel entramado de las relaciones sociales a partir prácticas egoístas−individualistas y creando ladesconfianza entre los amigos, vecinos, etc., que pierden fiabilidad en quién observan −oadjudican la comisión de actos semejantes a los actuados− y de quién comienzan a sospecharfalta de fidelidad a la consigna política que los pueda convocar. El porqué de este proyectopolítico por parte del corruptor no es motivo de análisis del presente escrito, simplemente diréque esta política de clientelismo, amorralamiento, etc., de los hombres y mujeres del pueblollano, ya ha dado los frutos propuestos por sus artífices en nuestra América: han logrado quebrarla posibilidad de ser protagonistas de su vida y del sentido que pretenden darle al cambio socialque esperaban, a los latinoamericanos, en grandes y extensos espacios del continente.

Quizás una lectura rápida sobre lo que expuse en los párrafos anteriores pueda anticipar unainterpretación muy exigente de parte del autor para con los actores "pasivos" de actos corruptos.En todo caso lo que más se puede hacer es comprenderlos dentro de su dinámica económicaparticular. No es que pretenda encontrar en cada persona un "santo", en modo alguno ese es mipropósito. Simplemente que del mismo modo en que no se justifican −éticamente− ni elhomicidio, ni los asaltos sexuales, ni el robo8, del mismo modo no se puede justificar ni la máspequeña de las acciones corruptas. Si se extiende la manga de lo permitido, entonces sepodrían justificar los casos de "gatillo fácil"9 en que muere un ciudadano simplemente por elcapricho, o la desidia, de un policía. Asimismo, la fuerte recesión económica que sacude anuestros países permitiría contemporizar con los evasores de impuestos; no se trata de que lasgabelas no sean exaccivas y, en consecuencia, se justifique su acto delictivo de no pagar lo quedeben, solamente se trata −en todo caso− que den la lucha en el terreno político quecorresponde para cada caso, exigiendo a sus gobernantes la rebaja o eximición de los impuestos


o tasas hasta que mejore la situación económica general de cada país o región. Caso contrariose corre el serio riesgo en que así como se caratulan las causas de "gatillo fácil" bajo el rótulo de"exceso en la legítima defensa" −lo cual es una aberración jurídica−, mañana un podólogo que lecorte un dedo a un paciente podrá ser caratulado como "exceso en la extracción de la legítimacutícula".

La corrupción política no se da solamente en el escenario del clientelismo, también en nuestrospueblos aparece testimoniada por los reiterados casos de "fraude" electoral. Las elecciones soncontroladas −o, mejor dicho, supervisadas− por representantes de organismos internacionales.Pese a todo el fraude sigue existiendo bajo la forma del cambio de las boletas en las urnas, lapérdida de urnas completas, el voto de los muertos, la no inclusión de electores opositores en lospadrones electorales, etc.10. Esto ha llevado a que ya los pueblos no sientan en el actoeleccionario que ejecutan se están sirviendo del máximo derecho ciudadano. Saben que van aser estafados y también en este punto, el propiamente político se ha perdido la confianza. Esto,no deja de ser un panorama desolador. Cuando los pueblos, las personas, dejan de confiar en elsistema democrático, crece el sentimiento de impotencia frente a éste y comienzan a florecertodos los síndromes asociados con la desesperanza. De esta manera el entramado socialcomienza a resquebrajarse y se llega a poner de moda el tristemente célebre "sálvese quienpueda", fórmula infeliz que se refiere a la pérdida de la solidaridad social y su reemplazo por elreinado del egoísmo individualista.

NOTAS:

1. Y eso que van a faltar los calificativos escatológicos o genéticos, por causa del respetoque me merece el público lector.

2. O quizás uno de los caminos, para no resultar tan excluyente y taxativo.

3. Tratándose en este caso de un país como la Argentina.

4. Sería imposible hacerlo con todas, por una razón de espacio, para ello necesitaría algoasí como las dimensiones de la Enciclopedia Británica.

5. Por favor, no se me reproche la lectura de la Revista Visión, creo que es preciso conocerlos argumentos de los que representan los intereses del imperiocapitalismo para poderargumentar desde las contradicciones de su propio discurso.

6. La única arma política con que cree que cuenta, ya que otras se le han escamoteadohaciéndole creer en un presente fatalista (Martín−Baró).

7. Si es que el "pasivo" puede hacerlo, dadas sus particulares característicassocioeconómicas.

8. Que no sea el que cae bajo la figura de "hurto famélico", debidamente contemplado porel Derecho Penal Comparado.


9. Que en Argentina han tomado tanto auge desde que los policías tiran fácilmente contracualquier cosa que se mueva, sobre todo si se trata de morenos, melenudos, osimplemente jóvenes.

10.Un ejemplo de todo esto puede encontrarse en el proceso electoral peruano que permitióa Fujimori −en el 2000− continuar al frente del gobierno.

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__________

Dr. Angel Rodriguez Kauth: Argentino, egresado como Profesor de Pedagogía y Psicología dela Universidad Nac. de Cuyo (1965) y Licenciado en Psicología (1970). Doctor en Psicología,título otorgado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Univ. Nac. de San Luis (1995). Hacemás de 30 años que es Profesor Titular Exclusivo de Psicología Social en dicha Universidad(salvo el período de la última dictadura militar cuando hizo el exilio interior) y actualmente lo esasimismo de Psicología Política. También fue Profesor en otras Universidades Nacionales y hasido Catedrático Visitante en los cursos de doctorado en Psicología Social de la UniversidadComplutense de Madrid, desde 1996 hasta el 2000. Actualmente dirige el Proyecto deInvestigación "Psicología Política" y también la Revista IDEA de la Facultad de CienciasHumanas. Individualmente ha publicado, en 1987 "Psicología de las Actitudes y EstructurasCognitivas" (Ed. Universitaria); en 1992 "Psicología Social, Psicología Política y DerechosHumanos" (Ed. Universitaria y Ediciones Topía); en 1993 "Psicología de la Hipocresía" (Ed.Almagesto); en 1994 "Lecturas Psicopolíticas de la Realidad Nacional desde la Izquierda"(Centro Editor de América Latina); en 1996 "José Ingenieros" (Ed. Almagesto); "La Tolerancia"−en colaboración con Mabel Falcón− (Ed. Topía, 1996); "Lecturas y Estudios desde la PsicologíaSocial Crítica" (Espacio Editorial, Bs. Aires, 1997); "De la realidad que vivimos... y otras cosasmás" (Red de Ed. Universitarias, San Luis, 1997); "Temas y Lecturas de Psicología Política",(Editores de América Latina, 1998); "Aguafuertes del Fin de Siglo" (Editorial Almagesto, 1998) y"El Discurso Político (la caída del pensamiento)" (Espacio Editorial, 2000). Asimismo hapublicado tres libros en colaboración ("Psicología Social Latinoamericana" dirigida por G. Marín,Editorial Trillas, 1975; "Psicología Política Latinoamericana" dirigida por M. Montero, Ed. Panapo,Caracas, 1987; "Dominación Social y Subjetividad. Contribuciones de la Psicología Social"compilado por Teresita Cordero y otros, (Ed. de la Univ. de Costa Rica, 1996) y "PsicologíaPolítica" (compilado por Oblitas y A.R.K.), Ed. Plaza y Valdés, México, 1999. También ha


publicado más de 230 artículos en Revistas argentinas, americanas y europeas de Psicología,Sociología, Criminología, Política, Filosofía, Pedagogía, Historia, Arte y Teología. Durante ladictadura militar le fueron secuestrado de dos editoriales de Bs. Aires (De la Flor y R. Alonso,respectivamente) los originales de "Estructura y dinámica de los medios de comunicación demasas" y de "Psicología del delincuente".

A la fecha ha sido categorizado Investigador Categoría "1" en el Programa Nacional deIncentivos a la Investigación.

SAN LUIS, agosto 2000.− El presente resumen tiene valor de declaración jurada.

Domicilio: Chacabuco 446, (5700) San LuisTeléfono: 0054−2652−425346; Fax: 0054−2652−430224; e−mail: [email protected]


ARGENTINA

ÉTICA Y GLOBALIZACIÓN

Carlos A. ManfroniAbogado

Presidente de la Fundación Ética Pública, en la República ArgentinaConsultor: Derecho Público y políticas institucionales

Consultor internacional: Aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción en Panamá, Nicaragua y Guatemala

Director del sitio web "Políticas Mundiales"[email protected] http://www.worldpolicies.com

En todos los lugares y por todos los medios escuchamos hoy hablar de la globalización y de susconsecuencias. Quizá como nunca en la Historia, el hombre busca obtener el sentido de laHistoria.

Desde los más críticos a los más entusiastas, desde los manifestantes de Seatle contra el FMIhasta los operadores de Wall Street, todos parecen ser conscientes del comienzo de una eraverdaderamente novedosa. ¿Pero qué consecuencias tiene la globalización en la práctica moralde los hombres, de las instituciones y de los Estados? Al fin y al cabo, ésta es la pregunta queha sobrevivido a los siglos y una de las pocas que verdaderamente importan.

Digámoslo de una vez, sin hipocresías ni eufemismos. Sin el vertiginoso movimiento de capitalesde un país a otro que se ha desatado a partir de la más fabulosa revolución en lastelecomunicaciones de todos los tiempos, ni siquiera hubiéramos comenzado a hablar de unaConvención Interamericana Contra la Corrupción, de otra para combatir el soborno transnacionaly de tantos compromisos internacionales destinados a restringir las prácticas corruptas y apromover parámetros éticos similares para todos los países.

Entre 1984 y 1997, los flujos de capital en las naciones en desarrollo, los países en transición ylas economías recientemente industrializadas, treparon desde 15.200 millones de dólares hasta173.700 millones.1

En 1990, las inversiones extranjeras directas en los países de media y baja renta eran de 24.000millones de dólares; pero en 1996 esa magnitud había trepado a 120.000 millones.2

El total de las exportaciones mundiales era de 225.000 millones de dólares en 1968, y llegaronhasta 5.546.000 millones en 1997.3

Las comunidades del mundo de hoy no se preguntan a quién pertenecen los capitales sino enqué país se asentarán, que es lo mismo que preguntarse dónde el dinero generará fuentes detrabajo y a qué Estado pagará impuestos que puedan aumentar el nivel de vida de una nación.


Esta posibilidad de los capitales de trasladarse de un país a otro está comenzando a obligar alos gobiernos a prestar mayor atención al Derecho Internacional, a la ortodoxia económica y a lanecesidad de ofrecer cuanto menos una imagen más ética y prolija a los potenciales inversores.

Los Estados no pueden ya encerrar a los capitales dentro de sus fronteras y eso los obliga a serbuenos anfitriones antes que carceleros o reguladores arbitrarios de las libertades ajenas.

Las estrictas y engorrosas regulaciones orientadas a conseguir pedidos de excepción mediantelas peores prácticas están cediendo paso a políticas destinadas a seducir a los capitales paraque se asienten en un territorio donde se les promete respeto, estabilidad, transparencia y reglasde juego parecidas a las de los países desarrollados.

Tales circunstancias han vuelto la mirada de los gobiernos hacia el Derecho Internacional, al cualel Estado decimonónico observaba con cierto desprecio y hasta discutía su carácter de "ordenjurídico" debido a su supuesta falta de sanciones.

Hoy, las sanciones implícitas del Derecho Internacional representan el aislamiento de unanación, que es lo peor que puede ocurrirle a un país en el mundo globalizado.

La revalorización del "derecho de gentes" no se limita al terreno económico. Los derechoshumanos, la lucha internacional contra el terrorismo, contra la droga, el lavado de dinero y lacorrupción han debido ser tomadas en serio por Estados que antes se burlaban de la comunidadde naciones.

Entre 1996 y 1997, la mayor parte de las naciones de occidente y algunas de oriente firmaroncompromisos expresos contra la corrupción. En 1996 lo hicieron 22 países de América con laConvención Interamericana Contra la Corrupción. En 1997, casi toda Europa, varios países deAmérica y de Asia, firmaron la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios PúblicosExtranjeros en la Transacciones Comerciales Transnacionales.

Los cuerpos intermedios, aplastados a partir del aparato público europeo y latinoamericanonacido de la Revolución Francesa, están resurgiendo bajo la forma de organizaciones nogubernamentales. La causa de ese resurgimiento debe buscarse, precisamente, en ladisminución del papel del Estado tradicional y el mayor respeto a los derechos humanos que elnuevo orden mundial reclama a los gobernantes.

Hay un refrán popular que sostiene que "en el pecado está la penitencia". El Estado del siglo XXimpuso condiciones clandestinas a los capitales por medio de la corrupción. Esa corrupción,sumada a las aventuras bélicas, llevaron a la quiebra a los Estados, los cuales se vieron ante lanecesidad de acudir al financiamiento externo. Hoy, los capitales ponen condiciones a losEstados, pero no son ya las condiciones clandestinas de la corrupción, sino condicionesinstitucionales. Paradójicamente, esas condiciones no son tan malas como creen losmanifestantes de Seattle.

Ellas consisten en transparencia, ética pública, equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y respeto alos derechos humanos. ¿Es malo todo eso?


La ética personal

No sólo la ética pública parece haber sido revalorizada por la globalización. La ética personaltiene, al menos, una oportunidad de fortalecerse merced a la muerte de las ideologías, propiasde una etapa en la que toda actividad humana parecía demandar de manera insustituible alEstado.

La política de los siglos XIX y XX parecía no contar más que con el partido político para laparticipación de los ciudadanos en la vida comunitaria. Al menos, eso ocurría en Europa y enAmérica latina. Los partidos se formaban en torno de ideologías, verdaderas construccionesintegrales, concebidas para dar solución a la totalidad de los problemas de una nación o aún delmundo. Se trataba, nada más y nada menos, que de llevar la ideología hacia la cima del sistemapúblico y, desde allí, transformar a la totalidad de la realidad según el molde de la concepcióndominante.

Bajo tal esquema, las virtudes personales fueron relegadas a un segundo o tercer plano. Noimportaba tanto el comportamiento ético de una persona sino cuál era la ideología a la cual esapersona adhería. De tal modo, los actos más aberrantes practicados por los opositoresaparecían justificados cuando eran cometidos por los simpatizantes de una misma corriente depensamiento.

Naturalmente, un sistema semejante necesariamente debía culminar en un alto grado deconfrontación y no porque sí el siglo XX fue uno de los más sangrientos de la Historia, cuna delos mayores totalitarismos.

Hoy que las ideologías se han estrellado contra la realidad, el mundo ha comenzado a valorizarlos principios comunes a todos los pueblos, cuya parte sustancial se expresa en el derecho degentes, y el relativismo moral está perdiendo terreno a pasos agigantados.

Estas circunstancias no desarrollarán automáticamente la virtud, pero al menos generan paraella un mejor clima de crecimiento.

El renacimiento de organizaciones de la sociedad civil está mostrando otra vez al mundo que lasolidaridad se puede expresar directamente, de persona a persona, de grupo a grupo, sinesperarlo todo del Estado.

Las virtudes religiosas, absorbidas muchas veces y hasta confundido su lenguaje con el de lasideologías durante el siglo XX, están experimentando un fortalecimiento, hoy que se ha visto elfracaso de la política en su pretensión de abarcar todos los aspectos de la vida humana.

Los peligros

Frente a este panorama de optimismo, no pueden dejar de señalarse los graves peligros que lahora actual conlleva.


La droga maneja en el mundo algo así como 500.000 millones de dólares al año, según algunasestimaciones que bien podrían no haber medido el fenómeno en toda su magnitud. Ese mal estáarrasando, en sí mismo, con la juventud y su estabilidad emocional y moral. Pero además, estágenerando un monstruo capaz de arrasar con el sistema capitalista, que es el lavado de dinero.

Como se sabe, el lavado de dinero es un procedimiento destinado a dar apariencia legítima afondos que proceden del crimen organizado, en buena medida, del narcotráfico. A tal fin, eldinero del lavado adquiere negocios legítimos y simula ganancias que en realidad encubren elverdadero origen de los ingresos.

Por cierto, las empresas explotadas con tales fines no obtienen su ganancia de la propiaproducción, sino del encubrimiento de actividades ilícitas. Poco puede importar a esascompañías la ganancia obtenida por la lógica diferencia entre el costo y la venta de los bienes yservicios que producen. Antes bien, estarán en condiciones de vender por debajo de sus costos,derribar sectores enteros de la economía y adueñarse de ellos. El capitalismo real corre así elriesgo de ser desplazado por un capitalismo virtual.

El fin de este proceso dependerá fundamentalmente de dos cosas: del éxito de la acciónconcertada de las naciones en combatir el lavado de dinero y del fortalecimiento de las virtudesindividuales y familiares, que serán el mejor freno al mercado de la droga.

La pregunta, esta vez, apunta a saber quién llegará antes.

Notas:

1. Fondo Monetario Internacional, Informe Anual 1998.

2. Banco Mundial, World Development Indicator, 1998.

3. Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales.

__________

SÍNTESIS CURRICULAR: CARLOS A. MANFRONI

Abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1979

Ex miembro del grupo de trabajo que redactó, en la Organización de los Estados Americanos, elproyecto de la Convención Interamericana Contra la Corrupción

Presidente de la Fundación Ética Pública, en la República Argentina


Consultor en temas de Derecho Público y políticas institucionales para organismosgubernamentales e instituciones privadas

Consultor internacional de la OEA para la aplicación de la Convención Interamericana Contra laCorrupción en Panamá, Nicaragua y Guatemala

Director del sitio web "Políticas Mundiales", un centro de datos y documentos sobre Derecho yPolítica Internacional: www.worldpolicies.com

Miembro Honorario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado deLima

Autor de los libros: "La Convención Interamericana Contra la Corrupción − Anotada yComentada", escrito con la participación de Richard Werksman (Asesor Principal delDepartamento de Estado de los Estados Unidos en Programas Internacionales Contra laCorrupción) y publicado en 1997; "Soborno Transnacional", publicado en 1998, y "ControlPolítico en el Capitalismo Global", publicado en 1999. Las tres obras recibieron, en 1998, 1999 y2000, respectivamente, el Primer Premio al Libro Jurídico, máxima distinción que otorga laInteramerican Bar Association a libros del continente

Organizador y coordinador del programa "Ética y Negocios", que desarrolla asociado con elInstituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), desde donde impulsa la adopcióny difusión de mejores prácticas en las empresas comerciales

Fue el único invitado de la Argentina a la Primera Conferencia Mundial de Ética en el Gobierno,organizada por la Oficina de Ética Gubernamental de los Estados Unidos y la AgenciaInformativa y Cultural de los Estados Unidos, en Washington D.C., noviembre de 1994

Ha organizado y dado cursos, conferencias, seminarios y talleres en la mayor parte de lospaíses del continente, por iniciativa de los respectivos gobiernos, instituciones civiles, cámarasempresariales y la OEA

En la Argentina, impulsó la creación de un sistema para la declaración patrimonial abierta de losfuncionarios públicos y cooperó después en la redacción del código de ética y los mecanismosjurídicos para dar cumplimiento a las Medidas Preventivas de la Convención InteramericanaContra la Corrupción

Fue consultor privado de la Oficina Nacional de Ética Pública, durante la anterior gestióngubernamental en la Argentina, y fue consultor privado de la Oficina Anticorrupción, con la actualadministración; en ambos casos, para el desarrollo de sistemas de normas


Argentina

Libertad de prensa y orden jurídico en Argentina

Por Carlos A. Sortino (*)Periodista y docente universitario.

[email protected]

(*) Redactor−Editor de la revista En Marcha (La Plata, Argentina). Este trabajo fue realizadopara la cátedra "Periodismo de Investigación" de la Facultad de Periodismo y ComunicaciónSocial de la Universidad Nacional de La Plata, de la que es docente. E−Mail:[email protected]

Sumario:

1. Introducción2. El encuadre constitucional

3. Calumnias e injurias. El Código Penal4. Calumnias e injurias. El Código Civil

5. La doctrina de la real malicia6. El ABC de la noticia inocua

7. El derecho de réplica8. El derecho a la intimidad9. La reserva de la fuente

10. La cámara oculta11. El acceso a la información12. Bibliografía recomendada

1. Introducción

La conveniencia práctica de conocer −y comprender− el razonamiento jurídico dominante −queno es tan críptico ni reaccionario como se presume, al menos en materia de libertad de prensa−es que nos evitará caer en las garras de los sospechosos que podamos identificar en nuestrasinvestigaciones, que siempre cuentan con abogados expertos en el arte de convertir al victimarioen víctima y viceversa.

Por otra parte, ese razonamiento no tiene, en Argentina, mayores discrepancias con lo que,desde el campo académico, habitualmente concebimos como "periodismo bien hecho": no sólodecir la verdad, sino, fundamentalmente, demostrarla.

En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es donde se manifiestan susejes constitutivos:


� El derecho de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombresgozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin el previo contralor dela autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensacomo un medio para cometer delitos y causar daños por culpa o negligencia. LaConstitución Nacional no asegura la impunidad de la prensa. Una vez efectuada lapublicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces (delfallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de diciembre de 1984 por lacausa Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida).

� Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar lasdificultades que ofrece a la teoría del conocimiento la posibilidad de llegar a larealidad de las cosas. De ahí que si la información deseable sea la objetiva, laposible es la información que tiende a esa verdad objetiva. Esta limitaciónsubyace como herencia de la condición humana que la formula. Y marca, con elsigno del acierto o del error, la distancia que siempre existe entre el hecho y surelato. No se trata de la verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente loverdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe (del fallo de laCorte Suprema de Justicia de la Nación del 19 de noviembre de 1991 por la causaVago, J. A. c/ Ediciones de la Urraca).

� No toda conducta considerada como deshonrante o desacreditante es tal, pues laofensa deberá analizarse dentro de los valores relativos tenidos en cuenta parauna comunidad dada, en circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas a lasque son dirigidas, dentro del contexto general en que se dan, pues palabras ofrases que para una persona o en determinado lugar o tiempo histórico resultaninjuriosas, en otros no lo son (del voto del juez Adolfo Roberto Vázquez, en el fallo dela Corte Suprema de Justicia de la Nación del 12 de noviembre de 1996 por la causaGiadone, D. A. c/ Morales Solá, Joaquín).

2. El encuadre constitucional

Las siguientes son las referencias de la Constitución Nacional más relevantes en materia delibertad de prensa:

Art. 14: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme alas leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita;de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitary salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa;de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar librementesu culto; de enseñar y aprender".

Art. 32: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta oestablezcan sobre ella jurisdicción federal".

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional incorporadoa la Constitución Nacional en 1994 y contiene estas disposiciones relacionadas con la libertad deprensa:


Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Estederecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas detoda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en formaimpresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto aprevia censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estarexpresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, talescomo el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, defrecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión deinformación o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir lacomunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Art. 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en superjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan alpúblico en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión surectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidadeslegales en que se hubiese incurrido.

3. Calumnias e injurias. El Código Penal

Los delitos de calumnias e injurias cometidos por medio de la prensa están tipificados en elCódigo Penal. Son delitos de acción pública pero de instancia privada y su fundamento esla protección jurídica del honor de las personas.

El principio general en la legislación argentina es que los delitos sean de acción pública, estoes, perseguibles de oficio por el Estado, aun cuando no exista interés de los particularesvíctimas. Pero dentro de los delitos de acción pública, existen aquellos que dependen deinstancia privada. El proceso por estos delitos −calumnias e injurias entre ellos− sólo puedeiniciarse cuando el agraviado presenta su demanda en sede judicial.

Así los define el Código Penal:


Art. 109: "La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acciónpública, será reprimida con prisión de uno a tres años".

Art. 110: "El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa depesos argentinos mil a pesos argentinos cien mil o prisión de un mes a un año".

La calumnia consiste en acusar falsamente a una persona, por cualquier medio, de habercometido un delito de acción pública. A su vez, esta conducta puede ser clasificada comocontumelia (cuando la acusación se hace en presencia del acusado) o difamación (cuando laacusación se hace en su ausencia). Pero la imputación debe reunir todas las característicasdel tipo penal. Decir de alguien, genéricamente, que es "un ladrón", no constituirá calumnia sinoinjuria, porque tendrá potencialidad ofensiva para el honor. Para que sea calumnia, debedescribirse pormenorizadamente la conducta del acusado y el objeto de su delito.

En tanto, la injuria podrá acreditarse a través de la conducta de deshonrar, que remite alhonor subjetivo (la propia estima que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, el aprecio de lapropia dignidad, la autoestima), o la conducta de desacreditar, que remite al honor objetivo (lafama de que goza cada uno ante los demás, su reputación, el concepto que tiene entre losdemás). Si decimos de alguien que es "un ladrón" y no describimos su conducta para que, encaso de ser una acusación falsa, integre el concepto de calumnia, entonces, lo estaremosdesacreditando. Si decimos de una persona que es "un idiota" o un "hijo de puta", lo estaremosdeshonrando.

Los artículos que siguen completan la descripción de estos tipos penales:

Art. 111: "El acusado de injurias sólo podrá probar la verdad de la imputación en loscasos siguientes:

1.− Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interéspúblico actual;

2.− Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;

3.− Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedaráexento de pena".

Art. 112: "El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicioexplicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimo a la mitad de la penacorrespondiente a la calumnia o injuria manifiesta".

Art. 113: "El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumniasinferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate".

Art. 114: "Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, enla capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones delpresente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editoresinserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o


satisfacción".

Art. 115: "Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en losescritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad,quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes".

Art. 116: "Cuando las injurias fuesen recíprocas, el tribunal podrá, según lascircunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas".

Art. 117: "El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedaráexento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en elacto de hacerlo".

***

En estos momentos, el Congreso de la Nación estudia la supresión de estos delitos del CódigoPenal, a través del reemplazo de los artículos 111 y 113, por lo que, de convertirse en ley esteproyecto, se acabarán las querellas criminales impulsadas contra periodistas. La nuevaredacción propuesta es la que sigue:

Art. 111: "No será punible la difusión por cualquier medio, de informaciones o juiciosde valor que versaren sobre hechos de interés público referidas a funcionarios,personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucradovoluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se entiende por juicio devalor también las expresiones humorísticas.

Art. 113: "El que a sabiendas de su carácter injurioso o calumnioso reprodujere porcualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de lasinjurias o calumnias de que se trate, salvo que se dieren las circunstancias del artículo111. No serán punibles quienes reproduzcan fielmente informaciones o juicios de valorsobre hechos de interés público ya vertidas por otros medios de difusión o porautoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, o por un particular. Noserán punibles a título de los artículos 109 y 110 las manifestaciones críticas formuladasen público por cualquier persona, siempre que dichas manifestaciones tengan las demáscaracterísticas enunciadas en el artículo 111 del Código Penal".

4. Calumnias e injurias. El Código Civil

El Código Civil también protege el honor de las personas. En este caso, la demanda apunta auna indemnización por los daños y perjuicios causados, en caso de que la calumnia o lainjuria hayan sido acreditadas previamente, con sentencia firme, en los tribunales. Pero estetipo de demandas puede también iniciarse sin haber presentado el ofendido una querellacriminal.


Este es su articulado:

Art. 1089: "Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendidosólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por lacalumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de gananciaapreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de laimputación".

Art. 1090: "Si el delito fuere de acusación calumniosa, el delincuente además de laindemnización del artículo anterior, pagará al ofendido todo lo que hubiese gastado en sudefensa, y todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusacióncalumniosa, sin perjuicio de las multas o penas que el derecho criminal estableciere,tanto sobre el delito de este artículo, como sobre los demás de este capítulo".

Art. 1096: "La indemnización del daño causado por delito, sólo puede ser demandadapor acción civil independiente de la acción criminal".

Art. 1099: "Si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, comolas injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesoresuniversales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto".

***

El proyecto que estudia el Senado de la Nación, citado líneas arriba, incluye también drásticasmodificaciones al actual Código Civil. Se propone incorporar los siguientes párrafos a su artículo1089, en consonancia con los cambios que se pretenden introducir en el Código Penal:

− "Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informacionesveraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas oparticulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestionesde relevante interés público.

− "La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interéspúblico que pueda afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad sise refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos sehayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Laresponsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informacionesprueba la falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor. Sólo seentenderán reunidos esos extremos cuando quien se sintiere agraviado demostrare lafalsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al conocimientode esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la verdad.

− "La formulación o difusión por cualquier medio, de juicios de valor referidos afuncionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayaninvolucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público, estará exenta deresponsabilidad civil. Se entiende por juicios de valor también las expresioneshumorísticas.


− "Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafossegundo, tercero y cuarto se limiten a la reproducción fiel de información ya vertida porotros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquieríndole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si esta se mantuviese enreserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto de esteartículo.

5. La doctrina de la real malicia

Estos proyectos que se estudian en el Congreso se deben a la obligación que tiene Argentina decumplir con los tratados internacionales. Así como en 1993 el delito de desacato fue derogadopor el Congreso a partir de una solución amistosa propuesta por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos de la OEA, luego de una demanda planteada por el periodista HoracioVerbitsky contra el Estado argentino, los mismos protagonistas llegaron a idéntico acuerdo paradespenalizar los delitos de calumnias e injurias y acotar las demandas civiles a los casos en queel agraviado pruebe:

1. que la información es falsa;

2. que quien la difundió conocía la falsedad de la noticia o que actuó con absolutodesprecio por su veracidad.

Estos son los principios básicos de la doctrina de la "real malicia", que, promovida por laSuprema Corte de Justicia de EE. UU., fue adoptada plenamente por la Corte Suprema deJusticia de la Nación en su fallo del 12 de noviembre de 1996 −en el que absolvió al periodistaJoaquín Morales Solá del delito de injurias por el que lo había querellado Dante Ariel Giadone,tras la publicación del libro "Asalto a la ilusión"− y es definida con claridad en el voto del ministroAntonio Boggiano. Dice así:

� Esta Corte adoptó el standard jurisprudencial creado por la Suprema Corte de losEstados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (376 U.S. 255; 1964), quese ha dado en llamar la doctrina de la real malicia y cuyo objetivo es procurar unequilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales quehubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuraspúblicas y aun particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interéspúblico, objeto de la información o de la crónica. Esa doctrina se resume en laexculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmentepor daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo delos querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lofueron con conocimiento de que lo eran o con imprudente y notoriadespreocupación sobre su veracidad. El derecho de prensa no ampara losagravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni lamentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupaciónpor verificar la realidad de la información. Ampara, sí, a la prensa, cuando lainformación se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas oparticulares involucradas en ella, aun si la noticia tuviera expresiones falsas oinexactas, en cuyo caso los que se consideran afectados deben demostrar que elperiodista conocía la falsedad de la noticia y obró con real malicia con el


propósito de injuriar o calumniar.

6. El ABC de la noticia inocua

Años antes de tomar como propia la doctrina de la real malicia, la Corte Suprema de Justicia dela Nación estructuró, a través del caso "Campillay", cómo deben escribirse las noticias parano ser punibles. La causa se inició a raíz de un comunicado de la Policía Federal que imputabaa Julio Campillay, un ex agente de esa fuerza de seguridad, de diversos delitos. Tres diarios−"Clarín", "La Razón" y "Diario Popular"− publicaron casi textualmente ese comunicado, sinatribución de fuente. La demanda concluyó en una sentencia condenatoria para los medios.

El concepto central de aquella sentencia, pronunciada el 15 de mayo de 1986:

� Las noticias en cuestión aparecen plagadas de subjetividades e inexactitudes respectodel actor, quien es calificado como integrante de una asociación delictiva dedicada alrobo y al tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos y endiversiones con mujeres. Tal proceder de los diarios demandados implicó un ejercicioimprudente de su derecho de informar, toda vez que un enfoque adecuado a la seriedadque debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de laspersonas −admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud− imponepropalar la información: a) atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente,b) utilizando un tiempo de verbo potencial o c) dejando en reserva la identidad de losimplicados en el hecho ilícito.

7. El derecho de réplica

En el orden nacional no existe legislación que establezca el derecho de réplica, rectificación orespuesta. Sin embargo, en el caso Ekmekdjian c/ Sofovich, el 7 de julio de 1992, la CorteSuprema de Justicia acogió, en un fallo dividido, el derecho de réplica previsto en el Art. 14 de laConvención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), fundandosu decisión en la jurisprudencia marcada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el29 de agosto de 1986, cuando, a solicitud del gobierno de Costa Rica, emitió su OpiniónConsultiva en la materia:

� El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio delderecho de rectificación o respuesta no impide la exigibilidad, conforme alderecho internacional, de las obligaciones que aquéllos han contraído según elartículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de" respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención y de"garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a sujurisdicción..." . En consecuencia, si por cualquier circunstancia el derecho derectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por " toda persona" sujeta a lajurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención,susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos.


El 16 de abril de 1998 la Corte Suprema de Justicia, en el caso Petric Domagoj, Antonio c.diario Página/12 nuevamente invocó el derecho de réplica con base en el Pacto de San José,dando aplicación a esta figura por cuarta vez en Argentina.

Algunos conceptos de ese fallo:

� El derecho de rectificación, además de su primordial virtualidad de defensa de losderechos e intereses del rectificante, supone un complemento a la garantía de laopinión pública libre, ya que el acceso a una versión diferente de los hechospublicados favorece más que perjudica el interés colectivo en la búsqueda yrecepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege .

� Publicar una respuesta no conlleva, para el órgano, retractación alguna, nirectificación, ni implícito reconocimiento de la inexactitud de la información quedifundió, pues la contestación no consagra vencedores ni derrotados, y si loshubiera, el veredicto provendría del público en general. Por ello, la procedenciade la respuesta no exige la producción de un perjuicio cierto, sino que essuficiente que la información posea un potencial dañoso que pudiera llegar alesionar un interés jurídicamente protegido.

� El derecho de propiedad, garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional,no es absoluto, lo que implica que ni siquiera una protección en grado máximopodría ir al punto de dejar desprotegido al perjudicado por una noticia agravianteo inexacta, sin oportunidad de una defensa por el mismo medio que injustamentelo agredió. Negar la oportunidad al afectado para que ejerza su réplica, bajo laexcusa de la propiedad del medio periodístico y de que sólo sus dueños sonjueces del uso, implica negar a dicha propiedad el fin social que le esinnegablemente propio, haciendo prevalecer una posición dominante en lageneración del fenómeno informativo, que lejos está de constituir un ejercicioregular.

8. El derecho a la intimidad

La intimidad o privacidad de las personas está protegida por la Constitución Nacional en suartículo 19, que dice:

− "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a lamoral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentasde la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacerlo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe".

Entre las leyes secundarias, el Código Civil incluye este derecho como uno de los supuestos enque hay que indemnizar daños causados a terceros:

Art. 1071 bis: "El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicandoretratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres osentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un


delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y apagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con lascircunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de lasentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para unaadecuada reparación".

***

Es conocida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habitualmente se toma comoparadigma del derecho a la intimidad, pronunciada el 10 de diciembre de 1984 en el casoPonzetti de Balbín c/ Editorial Atlántida, a raíz de la publicación en tapa de la revista "Gente"de la foto de Ricardo Balbín agonizando en la sala de terapia intensiva. La foto fue obtenida sinautorización y no en una ocasión pública, por lo que la editorial fue condenada y tuvo queindemnizar a la esposa del político. En ese fallo, la Corte definió de este modo el derecho a laintimidad:

� El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculofamiliar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física delas personas, tales como la integridad corporal o la imagen, y nadie puedeinmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad nodestinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de sus familiaresautorizados para ello, y sólo por ley podrá justificarse la intromisión y siempreque medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensade la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.

***

El derecho a la intimidad o privacidad, sin embargo, sigue suscitando polémicas y conflictosjurídicos. Uno de ellos, especialmente interesante para quienes se dedican al Periodismo deInvestigación, es el que deberá resolver próximamente la Corte, originado en una publicación dela revista "Noticias" en la que se difundieron datos sobre la vida y las relaciones familiares del expresidente Carlos Menem, incluída la supuesta filiación extramatrimonial de un hijo suyo.

En el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, del 11 de marzo de 1998por esta causa, que condenó a Editorial Perfil, se pueden conocer las dos corrientes derazonamiento jurídico en pugna. El voto de la mayoría dice:

� La preservación de la intimidad de una persona pública sólo puede ceder ante el derechoa la información cuando lo difundido afecta, por su objeto o por su valor, al ámbito de lopúblico. Así, la difusión de datos sobre aquella se justifica si atiende un interés público.Sin embargo, no todo lo que interesa al público, o por lo que se siente curiosidad, puedeser catalogado como de interés público. En efecto, la vida afectiva o familiar de unfuncionario público, en tanto no se vincule con aspectos de su actividad, está al margende la curiosidad de terceros y por tanto debe ser protegida por el ordenamiento jurídico.

El voto de la minoría:

� El control de la información relativa a aspectos relacionados con la conducta y elobrar pasado o presente del primer mandatario, sean de índole privada o relativasa la gestión presidencial, tiene fuertes implicancias de orden jurídico e


institucional, pues cuando la noticia versa sobre materias que contribuyen a laformación de una opinión pública libre, como fundamento del procesodemocrático, su cercenamiento iría en contra del derecho del ciudadano a estarinformado así como de la salvaguarda del sistema político que es su funcióngarantizar. Ello así, pues la vida y la conducta moral de quien conduce la Naciónconstituye materia de interés general. Su intimidad y conducta exterior, si bienson teóricamente discriminables, se confunden en la comprensión integral deaquel. Así, la dimensión humana que se identifica con su accionar exterior en surelación con los terceros se nutre y se recrea a partir de la intensidad de su vidaíntima. En consecuencia, no resulta arbitraria la divulgación de datos de su vidaprivada si es legítimo su fin, pues permite al ciudadano emitir un juicio respectode la conducta personal de aquel.

9. La reserva de la fuente

La Constitución Nacional se refiere al derecho del periodista de mantener en reserva sus fuentesde información al instituir el habeas data en su artículo 43. Dice el tercer párrafo:

− Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos aella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, olos privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, paraexigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podráafectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

***

El Congreso no ha legislado aún sobre este derecho constitucional. La jurisprudencia no esabundante ni firme y no cuenta con resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El hecho de estar integrada esta garantía al recurso de habeas data podría suponer unainterpretación jurídica restringida exclusivamente a ese ámbito, como ya sucedió en un caso queresolvió la Cámara Federal de San Martín: el fiscal entendía que la reserva de la fuente sólocorrespondía frente a un recurso de habeas data, pero los jueces interpretaron esa garantía paratodos los supuestos en que se ponga en juego. Ese fallo del 2 de mayo de 1996 podríaseñalarse como "leading case", pero no sólo sobre la interpretación restringida o amplia de esagarantía, sino también sobre el respeto de las llamadas "fuentes reservadas".

Periodistas del programa televisivo "Edición Plus" invocaron el art. 43 de la Constitución Nacionalcuando el fiscal los citó para que reconstruyeran el recorrido realizado para acceder a laentrevista mantenida con el entonces prófugo de la justicia Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, conel objetivo de individualizar a las personas que pudieran reconocer a quienes los guiaron hasta ellugar del encuentro, en la convicción de que así podía ser capturado un grupo clandestino decarácter guerrillero bajo el mando de Gorriarán.

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Jorge Eduardo Barral,Hugo Rodolfo Fossati y Narciso Juan Lugones, confirmó el fallo del juzgado de primera instanciaque, contrario a las pretensiones del fiscal, había resuelto el archivo de las actuaciones. Estetipo de resoluciones, con todo, no es definitivo, pues, como dicen los magistrados, "el archivo es


una medida que habilita la reapertura del sumario, en caso de así resultar prudente".

Los fundamentos del fallo:

� Este Tribunal habrá de enrolarse en la posición primera, esto es, admitir la posibilidad deque el secreto profesional periodístico ceda cuando razones de orden público derelevante jerarquía así lo aconsejen y cuando ello no vulnere el derecho a no autoincriminarse ni afecte los límites previstos en el art. 28 de la CN.

� Debe tenerse sumamente en cuenta que al inicio de las presentes actuaciones, el ahoraprocesado Gorriarán Merlo se encontraba prófugo de la justicia y ello por la imputaciónde delitos de suma gravedad, como los que se cometieron en el ámbito del Regimientode Tablada en enero de 1989. Esta situación se vio esencialmente modificada con ladetención del nombrado a fines del pasado año. Por otra parte, no obran en autoselementos independientes de los testimonios de los periodistas que permitan suponer lareal existencia del grupo mencionado en el requerimiento de fs. 1 con carácter depermanencia, que habiliten pensar que actualmente se encuentra afectado un bienjurídico tutelado de jerarquía tal que pueda llevar a preterir la alegada garantíaconstitucional.

***

La ley de garantía del secreto periodístico es un proyecto del senador José Genoud quecomenzó este año a discutirse en el Senado de la Nación. Sus artículos fundamentales:

Art. 3°. El secreto periodístico comprende: a) El derecho a negarse a revelar lasinformaciones obtenidas en el ejercicio de la profesión periodística; b) El derecho anegarse a revelar la identidad del autor o autores de la información recibida en elejercicio de la profesión periodística. En ambos casos, tales derechos son reconocidos alperiodista ante los requerimientos de cualquier autoridad pública, ante los de suempleador o ante los de cualquier particular.

Art. 6°. Los derechos reconocidos en la presente ley sólo podrán ceder con laconformidad voluntaria y expresa de su titular o bien cuando se trate deinformaciones obtenidas en forma ilícita o a través de un ejercicio ilegítimo de laprofesión periodística.

10. La cámara oculta

La filmación con cámara oculta con fines periodísticos ha ido creciendo en los últimos años,sobre todo de la mano de "Telenoche Investiga", hasta el año pasado un segmento del noticierode Canal 13 "Telenoche" y desde este año transformado en programa. La necesidad periodísticade este recurso y su práctica concreta serían materia de una profunda investigación que no tienelugar en este artículo, cuyo estricto marco es su validez jurídica.

En tal sentido, la cámara oculta es considerada como una prueba más, pero de ningunamanera como única. En cuanto a su importancia como prueba de cargo, su suerte ha sido


diversa: desde su desestimación como tal dentro del conjunto de documentos probatoriosaportado hasta su valoración como prueba fundamental.

El obstáculo que sí ha salvado la cámara oculta es el recurso de nulidad que habitualmente losimputados presentan contra ella. La Cámara Federal de Buenos Aires, el 20 de abril de 1999, araíz, precisamente, de una investigación realizada por "Telenoche Investiga", fundamentó así laaprobación de esta manera de hacer periodismo:

� No es nula la filmación realizada por el equipo de producción periodística de un noticierotelevisivo en la que se deja constancia de la conversación que tuviera lugar en eldomicilio del imputado entre él, otro imputado y un integrante del equipo. Ello así entanto no se cuestiona la actuación de un agente del Estado, sino de un simple particular,al que no cabe tildar de "agente provocador", ya que no ha inducido a cometer el delitoque se investiga sino, en todo caso, a relatar la participación tenida en los hechos que seendilgan. Los simples particulares no se encuentran comprendidos por los límitesformales establecidos por la ley procesal penal y no parece razonable exigirle alperiodismo la obtención de una orden judicial para llevar a cabo una investigación ni laimposición de sus derechos al interlocutor antes de conversar con él.

La Cámara Federal, al señalar que tampoco se ha violado el derecho a la intimidad del imputado,funda su conclusión en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de diciembrede 1990, que dice así:

� El riesgo tomado a cargo por un individuo que voluntariamente propone a otro lacomisión de un delito o que voluntariamente permite a otro tomar conocimiento de talpropuesta o hechos que son relevantes para la prueba de un delito ya cometido, incluyeel riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser reproducidos ante los tribunales porquien, de esa forma, tomó conocimiento de ellos.

Como la conversación filmada con cámara oculta se había realizado en el domicilio del imputado,la Cámara volvió a citar el mismo fallo de la Corte:

� En punto a este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallocitado supra, descartó que se hubiese comprometido la garantía de inviolabilidaddel domicilio cuando al imputado nada se le ocultó porque nada indagó, no sehizo un despliegue de medios engañosos para ingresar a su morada, esta últimano fue objeto de requisa y cuando en definitiva la presencia de terceros en elhogar se debió a la forma en que discrecionalmente ejerció su derecho comotitular del domicilio.

La situación que para la Cámara quedó a la espera de la "etapa procesal pertinente" es lareferida a la preservación de la identidad del periodista como testigo de la causa:

� La determinación de la personalidad no se advierte en esta etapa como esencial para laresolución de la causa o para decidir acerca de su validez, ni se aprecia quecomprometa la preparación de la defensa o sus eventuales cursos de acción, ni laposibilidad de confrontar o de efectuar la interrogación oportuna del testigo, cuestiónsobre la que, por otra parte, los nulidicentes no se manifiestan. Lo expuesto, sin perjuiciode lo que corresponda resolver en la etapa eminentemente contradictoria del juicio.


En aquella "etapa procesal pertinente", otro tribunal, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de SanMartín, debió considerar la negativa del equipo periodístico −también de "Telenoche Investiga"−a presentar como testigo a uno de sus miembros −portador de la cámara oculta− amparándoseen la reserva de la fuente periodística y en que "la persona es muy valiosa para el equipo deproducción y de ser revelada su identidad no podrá ser utilizada nuevamente", argumento esteúltimo que el tribunal bautizó como "economía de recursos". En su fallo del 14 de febrero de esteaño, el tribunal evaluó así la conducta de los periodistas:

� Aun en el concepto más amplio imaginable de fuente, el mismo no parece alcanzar auna persona que trabaja con regularidad para los periodistas en la producción de hechosperiodísticos. Podría ser fuente de sus noticias la víctima Rocha, la familia de Rocha, losempleados o amigos de Rocha. Pero sólo un absurdo puede llevar a considerar fuente alos familiares, empleados o amigos del periodista que recibe de Rocha la fuente de susnoticias. En todo caso, lo discutible será si es o no aplicable y si justificaba la omisión dela testigo Lewin el deber de guardar secreto, cuya infracción pena como delito el artículo156 del CP. O si la testigo, que no es abogado, padeció, al negarse a contestar, de unerror de prohibición (según el lenguaje de la doctrina predominante) por el cual creíaestar amparada por un derecho constitucional cuyos alcances confundía.

� En cuanto al argumento que bauticé como de economía de recursos, no resiste el menoranálisis. Con el mismo criterio, el Estado ahorraría recursos a los contribuyentes sipudiera mantener para siempre en el anonimato a los agentes que investigan, descubreny detienen a los sospechosos de delitos.

El tribunal no sólo desoyó estos argumentos, sino que ordenó otra investigación judicial con el finde que se evalúe "la posible comisión de los delitos de desobediencia y falso testimonio poromisión", de los que serían responsables los periodistas de "Telenoche Investiga". De no habersido por las otras pruebas logradas por la investigación judicial −iniciada antes que lainvestigación periodística−, la causa no hubiera concluído con una sentencia condenatoria.

11. El acceso a la información

No existen normas específicas en Argentina que regulen el acceso periodístico a losdocumentos de información pública. Si un organismo oficial se niega a informar a los periodistassobre el contenido de un documento público, éstos están habilitados, previa acreditación delinterés legítimo y de la conducta arbitraria del gobernante, a plantear una acción deamparo tendiente a obtener una orden judicial que les permita acceder a tal documento.

El fundamento de la petición reside en la publicidad de los actos de gobierno impuesto por laforma republicana y democrática de su organización y el derecho a la información que disfrutala ciudadanía sobre temas de interés público. Claro que los tiempos de la burocracia jurídica nose compadecen con las necesidades de los periodistas y este derecho, entonces, quedasepultado bajo los expedientes que se inician para garantizarlo.

***

Una excepción es la ley 104, de acceso a la información , sancionada el 19 de noviembre de1998 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su artículo primero dice:


− Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actosde gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada yoportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central,descentralizada, de entes autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, sociedadesanónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todasaquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tengaparticipación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del PoderLegislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demásórganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

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A su vez, la Cámara de Diputados de la Nación estudia un "Proyecto de ReglamentaciónConstitucional del Derecho de Acceso a la Información", presentado por Elisa Carrió y AlfredoBravo, que ya cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Asuntos Constitucionalesy Derechos Humanos.

Dice que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órganoperteneciente a la administración central y descentralizada de los poderes del Estado" yconsidera al "silencio administrativo" como una "arbitrariedad manifiesta a los fines de losrequisitos para la interposición de un recurso de amparo", luego de transcurrido el plazo de diezdías desde el pedido de la información, plazo que puede prorrogarse por otros diez días, previanotificación. Este plazo puede acortarse a 48 horas "cuando se tratare de información quepresumiblemente obre en poder del Estado y la demora en acceder a la información tornarainconducente la solicitud a los fines de evitar daños para el interés público".

Pero las excepciones al ejercicio de este derecho lo hacen casi inocuo: "Cuando se trate deinformación expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del Presidente de laNación por razones de defensa o política exterior" y "cuando una ley del Congreso de la Nacióndeclare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior esclasificada como reservada e inaccesible al público, o bien establezca un procedimiento especialpara acceder a ella".

La clasificación de información como "reservada e inaccesible al público" podrá aplicarse ainformación relativa a:

1. Planes y operaciones militares o sistemas armamentísticos;

2. Información confidencial de gobiernos extranjeros o relaciones exteriores confidenciales;

3. Actividades de inteligencia vinculadas a la defensa nacional y la política exterior;

4. Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridadnacional;

5. Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos quetrabajan con estos materiales;

6. Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas, instalaciones, proyectos o planesrelacionados con la seguridad nacional.


También los ejes centrales de política económica estarán vedados al público:

a. Cuando se trate de información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamientodel sistema financiero o bancario;

b. Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos otécnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valorsustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique lacompetitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad deconducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de lainformación;

c. Cuando comprometiere los derechos o intereses legítimos de un tercero, cuando setratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicossuministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados.También se entenderá que compromete los derechos de un tercero la información cuyarevelación sin fundamento en la defensa del interés público provoque como resultadoimportantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas ointerferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interésvinculado a la salud y seguridad públicas y a la protección del medio ambiente seaclaramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros queestuvieren en juego, podrá revelarse la información;

d. Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administracióndedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros paraser utilizados por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de susistema de operación o condición de funcionamiento;

e. Cuando se trate de información que obre en poder de la Unidad de InformaciónFinanciera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente ala prevención e investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos;

Para completar la inocuidad del derecho de acceso a la información, el proyecto establecetambién que serán reservadas las siguientes informaciones:

1. Notas cuyo contenido presentara propuestas al titular del Poder Ejecutivo o a losmiembros de su gabinete;

2. Los papeles de trabajo de dichos mandatarios que tuvieran por finalidad, formularanálisis de problemas u opciones políticas para su consideración por los diferentesministerios;

3. La agenda de las reuniones del gabinete nacional y las actas de los mismos;

4. Los archivos que contengan o reflejen las comunicaciones o conversaciones entre elPresidente de la República con su gabinete o de los ministros entre sí sobre cuestionesque hacen a la toma de decisiones o la formulación de la política de gobierno;

5. Los documentos con la información destinada al uso del Presidente de la República o desus ministros relativa a cuestiones para ser tratadas en las reuniones previstas en el


párrafo anterior;

6. Consejos o recomendaciones efectuadas a un organismo o ente estatal por parte delPresidente de la República o sus ministros;

7. El resumen de las consultas y deliberaciones que involucren a funcionarios o empleadosde un organismo o ente de la Administración, a ministros del Poder Ejecutivo o a susasesores;

8. Las actas de las deliberaciones de las sesiones secretas del Congreso Nacional.

En síntesis, nada cambiará para los periodistas que nos dedicamos a la investigación, porque,precisamente, la información que el proyecto considera reservada es la única que nos puedeinteresar.

12. Bibliografía recomendada

� Teoría jurídico política de la Comunicación, Eduardo Luis Duhalde y Luis HipólitoAlén, Eudeba, 1999.

� Un mundo sin periodistas, Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, 1997.

Libertad de prensa y orden jurídico en Argentina

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Carlos A. Sortino

Entre otros medios gráficos, fue redactor y editor de los diarios El Día (1980−1986) y Página/12(1990−1994) y columnista del semanario El Atajo (1996). En televisión, fue productor y directordel ciclo El Juego de las Reglas (dime qué justicia tienes y te diré cómo te comportas),emitido por Dardo Rocha Cable Visión de La Plata (1994−1996). Desde 1997, es redactor yeditor de la revista En Marcha y docente de la cátedra Periodismo de Investigación, en laFacultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.


Argentina

SOBORNO: LA TRAMA PUBLICAun ensayo políticamente incorrecto

CARLOS A. SORTINOPeriodista y docente universitario.

[email protected]

"Si no se pudiera robar,¿qué fin habría en hacer gobierno?"(Roberto Arlt)

"El estado es impersonal. El argentino sólo concibe una relación personal.

Por eso, para él, robar dineros públicos no es un crimen". (Jorge Luis Borges)

INTRODUCCION

Fue noticia en todos los medios el escándalo que se desató en el Congreso argentino por unpresunto pago de sobornos a senadores para obtener su voto favorable a la ley de reformalaboral impulsada por el gobierno. Lo curioso del caso es que recién ahora las sospechas desoborno se transformen en una crisis política.

Curioso porque hasta principios de 1999 empresarios de varios países europeos deducían deimpuestos las coimas que pagaban a funcionarios públicos de países extranjeros, consideradascomo un gasto más en sus negocios. Curioso porque, al mismo tiempo, la legislaciónnorteamericana permitía a los empresarios los llamados "pagos de facilitamiento" a funcionariospúblicos de países extranjeros. Curioso porque la privatización de casi todas las empresaspúblicas argentinas fue contemporánea con aquellas prácticas, hoy clasificadas como corruptasy entonces silenciadas.

Será que eran tiempos aquellos en que el dinero invertido en corrupción no era un costoimproductivo. Será que la corrupción no es sólo un problema ético o jurídico: su contenido es,fundamentalmente, político.


LA POLITICA MAS ANTIGUA DEL MUNDO

No fue noticia en ningún medio que el miércoles 23 de agosto, en pleno escándalo por elsupuesto pago de sobornos a cambio de votos y horas antes de que el ministro Flamarique sepresentara "espontáneamente" en el Senado para increpar a los senadores más que para darexplicaciones (ver Información para extranjeros), el cuerpo había aprobado la media sanciónde la ley por la que Argentina ratificará su adhesión a la Convención sobre la Lucha contra laCorrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales(1), impulsada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

La paradoja había iniciado su curso el 24 de febrero, cuando la ratificación de este tratadointernacional tuvo dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto delSenado −que preside Eduardo Menem (2)−, el mismo día en que la Cámara de Diputadosaprobaba la versión original de la ley de reforma laboral y comenzaban las negociaciones(¿políticas o económicas?) tendientes a que la mayoría opositora de la llamada "cámara alta"completara el "círculo virtuoso" de la legislación hoy vigente.

No fue noticia en ningún medio porque nunca fue noticia que el soborno era deducible deimpuestos en Europa al mismo tiempo que aquí se privatizaba todo lo que se encontraba conuna celeridad nunca vista. No fue noticia en ningún medio porque nunca fue noticia que los"pagos de facilitamiento" eran permitidos por la legislación norteamericana al mismo tiempo queaquí las empresas públicas eran rematadas sin el más mínimo pudor.

El escándalo de hoy debería ser que el presunto pago de sobornos en el Congreso recién ahorase convierta en escándalo. Porque el pago de sobornos es tan añejo y efectivo como elmismísimo sistema capitalista. Tan añejo y efectivo que podría ser considerado como una de suspolíticas fundamentales. Tan añejo es el pago de sobornos que la expresión francesa que lonombra, pots de vins (literalmente, "jarros de vino"), tuvo su origen en los mercados de la altaedad media para designar la suma tributada al intermediario en una transacción (3). Tanefectivos resultaron estos pots de vins en Argentina que recién ahora promueven el escándalo,cuando ya no hay más nada por privatizar y sus efectos han quedado resguardados por laseguridad jurídica que afirma la irretroactividad de las leyes.

***

Pero no hace falta retroceder tanto en la historia. Basta recorrer los últimos diez años, fijar laatención en el proceso de privatización de empresas públicas argentinas y relacionarlo con lasprácticas empresarias alentadas por los ordenamientos jurídicos de Europa y de EstadosUnidos.

Entre 1990 y el primer semestre de 1998, la inversión extranjera por privatizaciones de empresaspúblicas argentinas fue de 10.440 millones de dólares, que representan el 57,4% del total (envalor). De ese monto, el 78% ya había sido desembolsado hacia fines de 1993 (4), cuando eldiscurso sobre la lucha contra la corrupción no ocupaba aún un lugar importante en la agenda delos organismos internacionales. Quizás porque aún quedaban muchos negocios por hacer conlas "economías emergentes".

Los países que permitían a sus empresarios deducir impuestos de los sobornos que pagaban,para concretar negocios, a funcionarios públicos extranjeros participaron del proceso privatizador


con una inversión de 948 millones de dólares (el 9,1% del total de la inversión extranjera). Sonellos Francia, Suiza, Australia, Bélgica y Holanda, en ese orden de importancia (5). Si losempresarios de estos países estaban legalmente habilitados para sobornar a funcionariosextranjeros, ¿por qué no lo habrían de hacer en Argentina?

***

El presidente y fundador de la organización no gubernamental Transparency International, PeterEigen −ex funcionario del Banco Mundial−, dejó escrito: "La magnitud de los sobornos pagadospor corporaciones internacionales en los países en desarrollo es a gran escala. Las accionesemprendidas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados para luchar contra lacorrupción internacional son modestas. Los resultados se traducen en mayor pobreza en lospaíses pobres, un persistente socavamiento de las instituciones democráticas y cada vez másdistorsiones en el comercio internacional honesto" (6).

***

En este proceso, el principal inversor en privatizaciones fue Estados Unidos, que colocó enArgentina 4.914 millones de dólares (el 47,1% del total de la inversión extranjera). Fueprecisamente Estados Unidos quien impulsó en la OCDE la Convención anti corrupción y fuetambién el primer país que penalizó el soborno a funcionarios públicos de otros países (7) con lasanción, en 1977, de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas eninglés). Pero Estados Unidos sólo pudo aplicar esa ley en apenas una docena de casos, puessus empresarios alegaban "competencia desleal" por parte de sus pares europeos, que no sólono tenían prohibida esa práctica sino que eran alentados a sobornar por sus mismos gobiernosque les deducían de sus impuestos aquellos sobornos.

Así es que, si bien nunca fueron deducibles de impuestos en su país, los empresariosnorteamericanos no fueron tan perseguidos por corromper a funcionarios extranjeros y, además,encontraban en la FCPA una "escapatoria legal" en su tolerancia ante los "pagos defacilitamiento" para la obtención o el mantenimiento de los negocios, con el argumento de queesos pagos meramente "facilitan" el desenvolvimiento de las tareas que los funcionarios ya estánobligados a realizar. Esos "pagos de facilitamiento" no tenían nada que ver con el soborno, quees el dinero que se ofrece al funcionario para que "actúe o se abstenga de actuar en relación conel ejercicio de funciones oficiales con el fin de conseguir o de conservar un contrato u otrobeneficio irregular en la realización de actividades económicas internacionales", según lo definela Convención anti corrupción de la OCDE.

¿Por qué los empresarios norteamericanos no habrían de hacer "pagos de facilitamiento"(difícilmente escindible este concepto de lo que el sentido común percibe por soborno) paracompetir en igualdad de condiciones con sus pares europeos en el proceso privatizadorargentino?

***

Un estudio realizado por Transparency International describe: "De cada cien mil dólares, lacomisión comprometerá a un alto funcionario pero no de rango máximo. De cada millón dedólares, interesará a los directores generales. De cada diez millones de dólares, interesará a unministro y sus principales colaboradores. De cada cien millones de dólares, puede despertar laseria atención de un jefe de Estado" (8). Léase "soborno" por "comisión" y agréguense


legisladores y magistrados a la lista de posibles "interesados".

***

Otra "escapatoria legal" es la que tienen los empresarios ingleses: si bien el Reino Unido noadmitió nunca la deducción impositiva del soborno, dado que es un delito, su "ley de prevenciónde la corrupción" se aplica a sobornos de funcionarios públicos extranjeros sólo si ese delito ouna parte de él es cometido en territorio inglés. Esto significa que podían hacerlo en territorioargentino. Gran Bretaña invirtió en el proceso privatizador 800 millones de dólares (el 7,7% deltotal de la inversión extranjera).

En este contexto, ¿por qué no agregar a Italia? Entre 1992 y 1994 los italianos se vieroninmersos en el recordado proceso llamado "Mani Pulite" o "Tangentópolis", que descubrió ycastigó una extensa red de corrupción política y económica, identificándola como la principalestrategia negociadora de sus empresarios y políticos. Italia invirtió en el proceso privatizador879 millones de dólares (el 8,4% del total de la inversión extranjera).

Los inversores extranjeros que se colocaron inmediatamente detrás de Estados Unidos en ordende importancia en el proceso de privatización de empresas públicas argentinas −siempre en elperíodo comprendido entre 1990 y el primer semestre de 1998− fueron España y Chile, elprimero con 1.182 millones de dólares (el 11,3% del total de la inversión extranjera) y el segundocon 1.161 millones de dólares (el 11,1% del total de la inversión extranjera).

Ninguno de ellos contemplaba en su legislación la deducción impositiva de sobornos pagados afuncionarios públicos extranjeros, pero tampoco la penalizaban. Recién con la Ley Orgánica3/2000, del 11 de enero de este año, España incluyó en su Código Penal el delito de soborno defuncionarios públicos extranjeros (ya estaba YPF en manos de REPSOL) para ratificar suadhesión a la Convención anti corrupción de la OCDE. En cuanto a los empresarios chilenos,¿cómo habrían podido sortear indemnes semejante campo minado?

***

Esto es sólo una pequeña parte de una gran masa de información que siempre ha sido pública,aunque casi nunca publicada por los grandes medios. De las noticias que sí estos grandesmedios se ocuparon fue de aquellas que dieron cuenta de "irregularidades" durante el procesode privatización de empresas públicas argentinas. Cualquier fiscal que se precie, cualquier juezque se precie, hubiese podido iniciar una investigación de oficio −para lo que estánexpresamente facultados− relacionando esas denuncias periodísticas con aquella informaciónpública no publicada −información que, como este artículo prueba, puede ser encontradafácilmente si se tiene la intención de buscarla− para llegar a resultados concretos. Esto es:comprobar el hecho ilícito, identificar a los autores, determinar sus responsabilidades y juzgar enconsecuencia. Si no se hizo, es porque no se quiso hacer. Y ahora se escandalizan.

INFORMACION PARA EXTRANJEROS

Para comprender más acabadamente esta historia es necesario describir desde su origen lapiedra del escándalo. El 10 de diciembre de 1999, luego de diez años de gobierno peronistaencabezado por Carlos Menem, comenzó a gobernar en Argentina una coalición de partidos


políticos denominada Alianza, integrada por la Unión Cívica Radical y el Frepaso (liderado por ungrupo de extracción peronista, escindido de ese partido en los primeros años del gobiernoanterior). Sin embargo, el gobierno de la Alianza (con Fernando De la Rúa −UCR− comopresidente y Carlos Alvarez −Frepaso− como vicepresidente) no cuenta con total poder político,dado que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pero no en la Cámara de Senadores. LaAlianza colocó en el eje de su campaña electoral la "transparencia" y la "lucha contra lacorrupción" en su futura (hoy actual) gestión. Puestos ya en situación, pasemos a los hechos:

Todo comenzó con la cuestión de privilegio planteada por el senador peronista Antonio Cafieroen la última sesión de julio del Senado, a raíz de un párrafo incluído en el artículo "Carencias ydefectos del Gobierno", publicado en el diario "La Nación" del 25 de junio y firmado por elperiodista Joaquín Morales Solá. Ese párrafo decía: "Habrían existido favores personales deenvergadura a los senadores peronistas −para sorpresa de algunos−, después de que estosaprobaran la reforma laboral; esas concesiones fueron conversadas y entregadas por doshombres prominentes del gobierno nacional (9). La puerta que se abrió es un precedentearriesgado, en el que el intercambio de favores reemplazaría a la política".

Para el senador Cafiero, "son afirmaciones muy graves las que vierte este periodista, quien debejustificar públicamente y ante este Honorable Senado las pruebas en que las fundamenta. Dadoque siento que ellas perjudican mi tarea legislativa y que invaden mis fueros de legislador,planteo esta cuestión de privilegio. Y si este expediente pasara a la Comisión de AsuntosConstitucionales, solicito que ella convoque a este señor periodista y procure esclarecer almáximo la verosimilitud de sus afirmaciones". Cafiero tenía buenas razones para sentirseafectado: referente histórico del peronismo, con más de 50 años de protagonismo político, habíadado su voto favorable a la ley de reforma laboral sin estar de acuerdo con ella (ver Lareconversión discursiva).

En el artículo de Morales Solá, la alusión a los "favores personales" (sobornos) sólo ocupó esaspocas líneas y de ningún modo se presentaba como el eje del relato. Sin embargo −y en clarocontraste con centenas de artículos periodísticos de los últimos diez años que sí establecían susejes en las sospechas de soborno−, el escándalo se desató, al punto que el 22 de agosto seinició la investigación judicial, a cargo del juez federal Carlos Liporaci, a su vez investigado por elConsejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito. Pero esta es otra historia.

A los pocos días, Liporaci pidió el desafuero de once senadores tras investigar sus patrimonios yrecoger declaraciones testimoniales de otros senadores, entre ellos Antonio Cafiero, que afirmósaber que los sobornos existieron y dio pistas firmes para la investigación (10), acasocorroborando otro artículo de Morales Solá, publicado por "La Nación" el 27 de agosto, en el queafirmó: "Carlos Alvarez y Antonio Cafiero cuentan, cada uno por su lado, con más información dela que están dispuestos a mostrar. En rigor, ninguna información periodística, por sí sola, hubieradesencadenado el escándalo que sucedió, por la causa de presuntos sobornos a senadores, siaquellos dos no hubiesen destrabado las investigaciones con sus palabras y con sus actitudespúblicas". Carlos Alvarez es el vicepresidente de la Nación y, como tal, presidente del Senado.Fue el principal impulsor de la investigación sobre los sobornos −él mismo se presentó en sedejudicial como denunciante−, cuando el presidente Fernando De la Rúa afirmaba que esasversiones eran "absurdas".

Hasta este episodio, nadie parecía haberse percatado de la frase que disparó meses antes elgremialista Hugo Moyano en pleno debate público por el proyecto de ley de reforma laboral,luego de su aprobación por la Cámara de Diputados y antes de su tratamiento en el Senado:"Para los senadores tengo la Banelco" (importante tarjeta de crédito en Argentina), afirmó


Moyano que le había dicho el ministro de Trabajo Alberto Flamarique, ante otros gremialistascomo testigos, para refutar su convicción de que la ley no sería aprobada en la llamada "cámaraalta", dado que allí había mayoría opositora. Los gremialistas presentes en aquella reuniónratificaron en sede judicial lo que habían manifestado públicamente mucho antes de esteescándalo y el ministro aún no fue citado a declarar, aunque se ocupó de desmentir por losmedios la frase que le endilgaron.

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La ley de reforma laboral fue aprobada en una conflictiva sesión del Senado el 26 de abril.Muchos senadores (11) se quejaron de no haber visto siquiera el dictamen de comisión, es decir,de no conocer lo que estaban a punto de votar, por lo que la presidencia de la Cámara tuvo queordenar que se hicieran fotocopias del dictamen para que los senadores pudieran leerlo, en unademostración palmaria de la poca seriedad y mucha celeridad con que se quería aprobar la leyque desde entonces afecta a todos los trabajadores argentinos. Una semana antes, el "debate"de la ley había sido postergado luego de varios disturbios callejeros, dada la gravedad de larepresión policial desplegada, que había culminado con un gremialista herido de bala.

Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley de reforma laboral?

Las modificaciones introducidas al proyecto votado en la Cámara de Diputados "resguardan losintereses de los trabajadores", argumentaron los senadores que la aprobaron. Sin embargo, elanálisis que hace Horacio Schik, coordinador general de la Asociación Latinoamericana deAbogados Laboralistas, no es tan optimista. Para Schick, la "garantía salarial" no es tal, "ya queen el Senado sólo se estipuló que los salarios básicos iniciales de cada categoría (que alcanzanapenas al 30% del sueldo de bolsillo) no podrán ser inferiores a los convenidos en un conveniode ámbito mayor".

Respecto de la norma más favorable al trabajador −también "garantizada" por el Senado−,Schick sostiene que "la prevalencia del convenio colectivo de ámbito menor sobre el de ámbitomayor significa una derogación lisa y llana de la norma más favorable. La negociación prevalentede ámbito menor no solamente perjudica a los trabajadores, sino también a las pequeñas ymedianas empresas, pues tiende al mismo tiempo a beneficiar y favorecer los intereses de lasgrandes empresas y los grupos económicos, que cuentan con un poder negocial que no revistenaquellos. Es evidente que habrá peores condiciones para cada trabajador con relación avacaciones, jornada de trabajo, suspensiones, movilidad funcional, salarios variables vinculadosa productividad, presentismo y circunstancia de mercado, régimen de despido y otros. Una vezmás se produce un desentendimiento del legislador de la ostensible debilidad negocial queafecta al sector obrero, como consecuencia del alto desempleo estructural que aqueja a nuestropaís. La apuntada debilidad se acentúa a nivel de empresa y en el interior del país, donde lanecesidad de conservar puestos condiciona a legitimar la pérdida de derechos preexistentes".

Para Schick, "la renovación de los convenios colectivos sin que los trabajadores pierdan susderechos", otra de las "modificaciones" del Senado, significa "la caída de la ultraactividad de losConvenios Colectivos de Trabajo (CCT). Y la amenaza de un ulterior arbitraje, aunque voluntario,inhibe la posibilidad de que el sindicato pueda defender las conquistas adquiridas en losconvenios vigentes y condiciona también al sector obrero a negociar bajo la espada deDamocles de perderlo todo. En efecto, vencido el período de negociación de dos años a partir dela convocatoria oficial, si no hay acuerdo entre sindicato y empresa, el CCT caduca y loscontratos de trabajo se rigen sólo por la Ley de Contrato de Trabajo y los usos y costumbres deempresa. El escenario previsible es que los CCT que se suscribirán, lejos de constituir un


instrumento mejorativo y solidario con condiciones mínimas homogéneas, favorables al sectormás débil, serán un simple instrumento de gestión de los recursos humanos, en claro favorpatronal".

El argumento de haber "transformado la flexibilización laboral no en un sistema para degradar yprecarizar el trabajo sino para que el trabajador se inserte de una forma moderna y funcional enla actividad de la empresa", es también rebatido por Shick: "la nueva legitimación de ladisponibilidad colectiva de los derechos legales preexistentes violenta el principio deirrenunciabilidad, ya que el CCT fue concebido para mejorar, especializar o reglamentar underecho consagrado por la ley, no como instrumento derogatorio de los mejores derechoslegales o de los anteriores CCT. En definitiva, la ley de orden público pasa a ser disponible por lanegociación colectiva y el orden público laboral se convierte en el orden económico, que no esotro que la política económica del gobierno de turno".

Pocas semanas debieron transcurrir para que esta ley de reforma laboral se hiciera sentir: el 29de mayo, el gobierno decidió por decreto rebajar de un 12% a un 15% los salarios de losempleados públicos que superen los 1.000 dólares. Y a los pocos días de esta decisión,empresas privadas comenzaron a rebajar los salarios de sus trabajadores.

LA RECONVERSION DISCURSIVA

Sin dejar de remitir a la precarización del empleo y a la desocupación, méritos del gobiernoanterior, la reforma laboral amerita con este gobierno una nueva significación: la flexibilidad de ladialéctica progresista. "Hay que darle al gobernante las leyes que pide para gobernar", gritan acoro Carlos Ruckauf −gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, la más importantedel país− y Fernando De la Rúa −presidente radical de la República Argentina−, aunque todosperciban que esas leyes sólo servirán para profundizar la conflictividad social.

El perverso concepto militar de obediencia debida (12) se hizo carne en los políticos, que losostienen aun "con náuseas" (provocadas por el olor a mierda, uno supone), célebre argumentoesgrimido por Federico Storani −hoy ministro del Interior−, allá por 1987, cuando, siendodiputado, avaló con su voto la impunidad del terrorismo de Estado. El mismo Federico Storanique el 5 de mayo apeló a la turbia dualidad "amigo/enemigo" −igual que Menem− cuando definióa los gremialistas que convocaron al paro: "Esto está demostrando dos formas de concebir cómodebe construirse un país: entre quienes creen que tienen más derecho que la inmensa mayoríade los argentinos que eligió un gobierno, para imponer medidas de fuerza e intentar hacerlascumplir por la fuerza, y quienes creemos en la legitimidad de un gobierno elegido por el pueblo,que tiene derecho a gobernar y que, por lo tanto, tiene derecho a desarrollar un programa".

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El idioma tiene tal riqueza discursiva que permite, sin vergüenzas, la reconversión del conceptocastrense de obediencia debida en su análogo político de disciplina partidaria. En ella fundó elsenador Antonio Cafiero su argumento para aprobar la ley de reforma laboral, aun cuando paraél sea "un acto de gran ingenuidad política", porque, desde 1991, "esta es la sexta vez que elParlamento argentino trata una iniciativa de la llamada reforma laboral" y "los resultadosobtenidos en materia de empleo han sido manifiestamente negativos". Dijo Cafiero en el Senado:"En 1991 el desempleo abierto llegaba al 6,5 por ciento. Hoy es del 13,8 por ciento, luego de


haber llegado hasta el 18 y el 20 por ciento. Según una revista del Colegio de Graduados enCiencias Económicas, entre 1994 y 1999 se perdieron 145 mil empleos, aun cuando durante eselapso las cargas sociales se rebajaron a la mitad, los salarios cayeron más del 20 por ciento, sefirmaron numerosos convenios flexibles y se redujo drásticamente la indemnización poraccidentes de trabajo".

Pero no sólo reconoció Cafiero gruesos errores instrumentales, sino que los vinculó alpensamiento que los proyecta cuando impugnó la reforma laboral votada en Diputados porquetenía "un poderoso impulso o prejuicio hacia la baja de los salarios, al pasar los convenios deámbito menor a tener supremacía sobre los de ámbito mayor". Explicó este "impulso o prejuicio"como "una suerte de convencimiento o de sabiduría convencional que afirma que si se lograreducir el nivel de salarios se asegura una respuesta válida a la competitividad de la economía,el desarrollo y el crecimiento económicos y el nivel de empleo". Cafiero se dio cuenta de esta"falacia" al observar que "en la década del noventa el país que más aumentó la productividad deltrabajo fue la Argentina. Creció a un ritmo del 6, 7 y 8 por ciento anual. Se supone que cuandoaumenta la productividad del trabajo, aumentan los salarios o bajan los precios. Porque,obviamente, el empresario se está beneficiando con un desempeño mucho más eficiente deltrabajador. En la Argentina no sucedió nada de esto. Lo dice, con dolor, un justicialista. Durantenuestro gobierno la productividad creció de forma gigantesca, pero no bajaron los precios niaumentaron los salarios; a lo sumo se mantuvieron los precios".

Se deduce entonces que por disciplina partidaria consintió también Cafiero −aunque"críticamente", diría, y no "con náuseas"− el proceso político y económico de los últimos diezaños, cuyos efectos sociales explicó con claridad y precisión, incluyendo su matriz intelectual. Yque su tardía autocrítica lo impulsó a acompañar las modificaciones al proyecto que venía deDiputados porque esas modificaciones, según su interpretación, eliminaron el riesgo salarial ygarantizaron los derechos de los trabajadores.

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Así como allí donde la oposición podía abortar le ley de reforma laboral porque le daban losnúmeros para eso −la Cámara de Senadores−, y, sin embargo, acompañó al oficialismo, le dio la"herramienta" que les estaba pidiendo, allí donde el oficialismo es mayoría −la Cámara deDiputados−, el gobierno corrió serio peligro de quedarse sin aquella "herramienta" por laindisciplina partidaria de varios de sus propios legisladores.

Entre los indisciplinados de la Alianza, el diputado Enrique Martínez apuntó directamente alcorazón de la reforma: "Este es un proyecto que intenta generar empleo. Lo que sucede es quenadie genera empleo reduciendo los salarios. Ese objetivo −reducir los salarios− no podíaquedar explícito en el texto, no para contrabandear la idea, sino porque era absolutamenteimpráctico generar condiciones que permitieran la negociación del convenio colectivo hacia labaja y hacer explícito que ése era un objetivo de superior política económica. En realidad, eseobjetivo ha sido confundido, hasta por los propios actores, con un proceso de democratizaciónde las relaciones sindicales, descentralización geográfica y máxima participación. Pero si esteproyecto es sancionado y aplicado en estos términos, el resultado concreto para los millones deinvolucrados será la reducción de sus salarios".

El indisciplinado Martínez no tardó en vincular el proyecto de su gobierno con la filosofía delBanco Mundial. Leyó fragmentos textuales de uno de sus documentos fundamentales,relacionado con el lema bancario "Nuestro sueño: un mundo sin pobreza". Dice el documento:"El mercado laboral formal en Argentina es uno de los más rígidos y regulados de los países en


vías de desarrollo, lo cual impide que tengan lugar ajustes salariales con relativa facilidad. Habríaque facilitar un funcionamiento más ordenado del mercado laboral mediante algunas reformas:eliminar las negociaciones colectivas o sectoriales de trabajo, que hoy son extensivas a todos lostrabajadores de un sector y que tienen validez incluso después de haber expirado. Bajar el costode la mano de obra, reduciendo los beneficios extra y las indemnizaciones por despido, eintroduciendo un sistema de seguro de desempleo basado en cuentas individuales. Permitirempleos temporarios que no estén sujetos a impuestos sobre nómina, como las modalidadespromovidas, pero que cuenten con beneficios sociales de salud y jubilación" (13).

Reflexionó Martínez: "La tesis es la siguiente: mejor un mal trabajo que ningún trabajo. Habríasido más valioso que la hubiéramos puesto sobre la mesa desde el principio, que hubiésemosdiscutido la vigencia del pensamiento único en la Argentina, su utilidad para resolver nuestrosproblemas de desarrollo y así hubiéramos dado un salto cualitativo monumental hacia adelante".Y dijo Martínez para concluir: "Estamos descubriendo que el pensamiento único nos tieneatenazados y que no tenemos capacidad para reemplazarlo, aunque estamos obligados apensar en cómo hacerlo porque, de lo contrario, terminaremos apoyando cuestionesaparentemente técnicas, discutiendo cómo manipular o ´muñequear´ un acuerdo o cómointroducirnos en la interna de la central de los trabajadores para tratar de conseguir algún votomás a favor nuestro, pero no entenderemos el camino del desarrollo argentino".

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A las dos razones de Cafiero ya citadas como fundamento de su voto favorable a la ley dereforma laboral ("la disciplina partidaria" y "el resguardo de los intereses de los trabajadores"), sesuma una tercera: "hemos hecho un saludable ejercicio de consenso". Razón que conectadirectamente con las diatribas del díscolo diputado Martínez. Es precisamente este "consenso"la nueva reconversión dialéctica de los tiempos globales: significa "pensamiento único". Tambiénse le llama, por estos pagos, "política de Estado". Esa "política de Estado" a la que apelanpolíticos de uno y otro color partidario ante cualquier situación crítica, como si las políticas deEstado alguna vez hubieran nacido del consenso y no del disenso, su impulso natural. Tal comoocurrió en el siglo XIX con la ley 1420 de educación pública: fue impuesta primero y luego eltranscurso del tiempo y su inserción social la convirtieron en una política de Estado inalterable.

Pero no hay que irse tan lejos para encontrar otro claro ejemplo: la reforma del Estado que inicióCarlos Menem apenas llegado al gobierno. Esa iniciativa no contó con el consenso del espectropolítico argentino. Fue la imposición de un grupo sobre otros y hoy es una política de Estado quetambién se mantiene inalterable bajo otras banderas partidarias. Las mismas que antaño seenarbolaban al son de su repudio.

Consenso, política de Estado, pensamiento único: "Lo justo no se plantea como efecto delconflicto y del reconocimiento de la diferencia de intereses y puntos de vista, se identifica máscon la ´cooperación de todos´, con la adhesión colectiva y solidaria al proyecto común, con laparticipación en los valores del grupo. La promoción de los referentes éticos en la empresa seconstituye, al menos en parte, en la denegación del principio democrático de multiplicidad, en elobjetivo de una comunidad homogénea sin discordancias" (14). Cámbiese la palabra "empresa"por la palabra "política" y veremos cómo una nueva estrategia argumentativa fundada parasostener procesos económicos se "reconvierte" en fundamento de una política que "celebra launanimidad en detrimento de la diversidad, la cohesión social en detrimento de la oposición, lalegitimidad consensual en detrimento de la legitimidad conflictiva" (15).


Para decirlo sin vueltas: "Disimule sus intenciones: desconcierte a la gente y manténgala en lamayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tienen la menoridea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa.Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y veráque, cuando al fin caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tardepara ellos" (16).

Se cierra el círculo: en nombre de la legitimidad storanista es que hay que darle al gobernantelas leyes que pide para gobernar. Los que así no lo hagan, serán sediciosos. Obediencia debidao disciplina partidaria. Pensamiento único o política de Estado. En la "otra forma de hacerpolítica" (17) estos términos no se admiten como intercambiables. Pero remiten a conductas queson inalterables.

CONCLUSIONES

La gran falla de los programas gubernamentales o no gubernamentales de "lucha contra lacorrupción" −sean ellos locales, regionales, nacionales o internacionales− es que no aceptanllamar a las cosas por su nombre. Creen sus actores −o dicen creer− que la corrupción es unproblema ético, como si políticos y empresarios actuasen estimulados por imperativos morales yno por conveniencia práctica, para sí y/o para sus representados. Creen sus actores −o dicencreer− que la corrupción puede ser atacada eficazmente con "políticas de transparencia","convenciones anti corrupción" y "códigos de buenas prácticas comerciales", como si quienesdeben aplicar tales normativas y quienes deben ajustarse a ellas no fueran aquellos mismospolíticos y empresarios.

¿Por qué no llamar a las cosas por su nombre? Quizás porque habría que decir que lacorrupción es una política fundamental de la economía de mercado, una estrategia dedominación y control que ya no es políticamente correcto denunciar. Se corre el grave riesgo deperder "sponsors", en el caso de las organizaciones no guberrnamentales, o inversores, en elcaso de los gobiernos. Pero, ¿de qué otra manera se podría comprender esta economía demercado que obliga a la mitad de la población a sobrevivir con menos de dos dólares por día,según datos del Banco Mundial, cuyos funcionarios no abrevan, precisamente, en el cántaroideológico del marxismo?

El caso argentino −que involucra a las principales economías de mercado desarrolladas−demuestra claramente aquella política. ¿Por qué el senador Cafiero, si no cobró sobornos−como se deduce de su virulenta denuncia−, dio su voto afirmativo a una ley que califica comoinútil? Sus tres motivos ("disciplina partidaria", "resguardo de los intereses de los trabajadores","saludable ejercicio de consenso") no arrojan luz sobre este interrogante. Sólo podría hacerse laluz ensayando la respuesta que calla Cafiero y que encierra el contenido político de lacorrupción:

Cafiero sabe −pero no dice una palabra− que Argentina tiene ya su lugar en el mundo asignadoen los tratados internacionales que ha firmado y ratificado, sobre todo en el tratado que lo ata alas políticas neoliberales de la Organización Mundial del Comercio. Sabe también Cafiero −perono dice una palabra− que a ellos se deben los sostenidos cantos de sirena del gobiernoargentino −del anterior y del actual− para atraer inversiones extranjeras: porque aquellostratados internacionales −que en Argentina tienen jerarquía superior a las leyes de la Nación− le


impiden aplicar una política económica soberana. Cafiero sabe también −pero no dice unapalabra− que los inversores extranjeros no pondrán un solo dólar en cualquier condición, porqueno se caracterizan por su filantropía: exigen reglas de juego convenientes para ellos. Y sabetambién Cafiero −pero no dice una palabra− que los políticos argentinos −él incluído− sonincapaces de imaginar otra cosa más que aceptarlas.

La Plata, República Argentina, 20 de setiembre de 2000.

Notas:

(1) La Convención anti corrupción fue adoptada por la Organización de Cooperación y DesarrolloEconómico (OCDE) en diciembre de 1997 y su vigencia comenzó el 15 de febrero de 1999,cuando, tal como había sido acordado, los primeros doce países ratificaron su adhesión. Al 31de julio de este año ya sumaban 23 los países que habían depositado sus instrumentos deratificación, luego de haber modificado sus respectivas legislaciones: Alemania, Australia,Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Corea, Estados Unidos, España, Finlandia, Francia, GranBretaña, Grecia, Hungría, Islandia, Japón, México, Noruega, República Checa, Eslovaquia,Suecia, Suiza y Turquía. Esta Convención penaliza el soborno de funcionarios públicosextranjeros y prohíbe a los Estados deducir impuestos de esa práctica. El primer paso fue dadoel 11 de abril de 1996, cuando, en sus "Recomendaciones sobre la deductibilidad fiscal de lossobornos entregados a agentes públicos extranjeros", el Consejo de la OCDE reconoció que "lacorrupción es un fenómeno muy expandido en las transacciones comerciales internacionales,comprendiendo los intercambios y las inversiones, lo cual suscita graves preocupacionesmorales y políticas y falsea las condiciones internacionales de competencia" y encargó a susmiembros que "aquellos que no deroguen la deductibilidad de los sobornos entregados aagentes públicos extranjeros reexaminen ese tratamiento, tendiendo a derogar esadeductibilidad. Tal acción puede ser facilitada por la tendencia a considerar como ilegales lossobornos entregados a agentes públicos extranjeros". La Recomendación fue ratificada por laOCDE el 23 de mayo de 1997, al tiempo que apuraba los plazos para la adopción de laConvención. La OCDE es calificada frecuentemente como "laboratorio de ideas", "centro deobservación", "club de países ricos", "universidad informal". En su sitio oficial en Internet sepuede leer que "cada una de estas designaciones encierra una parte de verdad, pero ninguna dacuenta de aquello que es verdaderamente", para agregar que "la OCDE une 29 países miembrosen el seno de una organización que, ante todo, ofrece a los gobiernos un ámbito para examinar,elaborar y perfeccionar las políticas económicas y sociales". Y explica que la OCDE "es un clubde ricos en el sentido de que sus miembros producen los dos tercios de los bienes y servicios delmundo, pero no es un club privado. De hecho, la exigencia esencial para convertirse en miembroes que un país se atenga a los principios de la economía de mercado y de la democraciapluralista". Su núcleo de origen lo constituyeron países de Europa y América del Norte, cuandoen 1961 sucedió a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que había sidocreada para administrar la ayuda de Estados Unidos y Canadá en el marco del Plan Marshall,destinado a acompañar la reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial. Desdeentonces, la OCDE tiene como misión "reforzar la economía de sus países miembros, mejorarsu eficacia, promover la economía de mercado, desarrollar el libre intercambio y contribuir alcrecimiento, tanto de los países industrializados como de aquellos en desarrollo". Los Estadosmiembros de la OCDE son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca,Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Corea,Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia,


Suiza, Turquía, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero a la Convención pueden adherir todos lospaíses que así lo dispongan.

(2) En los fundamentos para la ratificación de la Convención, el senador Menem dijo, en lasesión del 23 de agosto: "El fenómeno de la corrupción es de carácter universal y se remonta alos orígenes de la humanidad, afectando en mayor o menor medida a todas las sociedades sindistinción de raza, ubicación geográfica, sistema político o grado de desarrollo económico ycultural. La corrupción es la acción y el efecto de corromper o corromperse. Y corromper esdañar, depravar, echar a perder, pudrir, sobornar. Puede verificarse tanto en la actividad públicacomo en la privada y puede afectar la propiedad, la libertad, el honor, la igualdad, entre otrosderechos constitutivos de la dignidad humana". Y agregó: "Según lo afirmado en el X Congresode las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en un estudiodel Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de másde 60 naciones en desarrollo calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que suspaíses se desarrollaran y crecieran económicamente. Las prácticas corruptas vacían las arcasde los Estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversores. El Banco Mundial estimaque la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1% por año. Segúnlas investigaciones del FMI, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en lospaíses relativamente exentos de corrupción. Según la agencia de calificación de valoresStandard and Poor’s, hay una probabilidad de entre un 50% y un 100% de que los inversorespierdan todas sus inversiones en un plazo de cinco años en países con diversos grados decorrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo −la que más beneficia a un país− seapeligrosa e improbable".

(3) Al discutirse en la Asamblea Nacional de Francia la ratificación de la Convención de laOCDE, el 4 de mayo de 1999, el diputado Pierre Brana (en representación de la Comisión deAsuntos Extranjeros, presidida por Jack Lang) fue clarísimo. Dijo entonces: "Durante los años´60, para desarrollar los grandes contratos, nuestro país ha instituído un procedimiento llamadoconfesional, que venía a legalizar la corrupción internacional. Cuando una empresa teníanecesidad de entregar una comisión no justificada por un trabajo real correspondiente a esasuma, podía a priori pedir el acuerdo del Ministerio de Finanzas para que dicha comisión fueradeducible de impuestos. Tras una explicación signada por el beneficiario −de carácterconfidencial− y la verificación de que la comisión era de una suma razonable, que no dejabapresumir un retorno de una parte a connacionales, el acuerdo era conseguido". Reconoció eldiputado Brana que Francia tardaba en ratificar la Convención, pero que "ya ha adoptado unalegislación interna que prohíbe la deductibilidad fiscal de los pots de vins a partir de la entrada envigor de la Convención. Dicha disposición legislativa ha entrado en vigor el 15 de febrero de1999". Cabe aclarar que la legislación francesa ha previsto que los pots de vins (sobornos)prometidos antes de su puesta en vigencia seguirán siendo deducibles de impuestos.

(4) "La inversión extranjera en la Argentina de los años ´90. Tendencias y Perspectivas".Publicación del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía de la Nación.Octubre de 1999.

(5) La lista de los países que deducían de impuestos los pagos de soborno de sus empresarios afuncionarios públicos extranjeros se completa con Austria, Alemania, Dinamarca, Islandia,Luxemburgo, Nueva Zelandia y Suecia.

(6) "Estudio de las Fuentes de Soborno". Enero de 2000 (www.transparency.org).


(7) En el debate que precedió a la sanción de la FCPA en el Congreso de Estados Unidos sedescribió así la fuerza corruptora de los empresarios norteamericanos: "Más de 400 empresasadmitieron hacer pagos cuestionables o ilegales. Las compañías, en su mayoríavoluntariamente, han reportado pagos de 300 millones de dólares a agentes de gobiernosextranjeros, políticos y partidos políticos. Entre dichas corporaciones se incluyen algunas de lasmás grandes y reconocidas en los Estados Unidos y 117 de ellas están ubicadas en el topfortune de las 500 empresas. Los abusos revelados abarcan desde el soborno a altos agentesextranjeros con la finalidad de asegurar algún tipo de acción favorable hasta los así llamadospagos de facilitamiento, hechos, según se alega, para asegurar que los funcionariosgubernamentales cumplan con sus deberes". Pero la preocupación excedía el plano de la ética yla legalidad para los congresistas norteamericanos: "El soborno empresario también creaseveros problemas de política exterior para Estados Unidos. La revelación de pagos impropios,invariablemente, tiende a avergonzar a los gobiernos amigos, baja la estima por los EstadosUnidos entre los ciudadanos extranjeros y da pábulo a las sospechas urdidas por oponentesforáneos acerca de que las empresas americanas ejercen una influencia corruptora en losprocesos políticos de sus naciones. Por Ejemplo, en 1976 el escándalo de la Lockheed sacudióal gobierno japonés y le dio a los opositores a estrechar lazos entre EE.UU. y Japón un armapara meter una cuña entre las dos naciones. En otra instancia, el príncipe Bernhardt de Holandafue forzado a renunciar a su posición oficial como resultado de una investigación relativa adenuncias de que había recibido un millón de la Lockheed. En Italia, supuestos pagos deLockheed, Exxon, Mobil Oil y otras empresas a agentes del gobierno italiano erosionaron elconsenso para dicho gobierno y pusieron en peligro la política exterior de los Estados Unidos nosólo con respecto a Italia y el área mediterránea, sino con respecto a la alianza atlántica". Lacompañía de aviación Lockheed (la misma que se instaló en Córdoba hace unos años) fuecitada como un caso emblemático de corrupción internacional: sobornó para concretar negociosa altos funcionarios de Irán, Filipinas, Indonesia, Holanda, Italia y Japón. Así como el casoWatergate derivó en la renuncia de Richard Nixon, el caso Lockheed derivó en la ForeignCorrupt Practices Act (FCPA).

(8) "Etica y Corrupción. Estudio de Casos". Informe final del proyecto "Etica y Corrupción",financiado por el Banco Mundial y realizado por Napoleón Saltos Galarza, ex congresistaecuatoriano. Como presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Ecuador en1997, Saltos Galarza condujo las investigaciones oficiales y las audiencias referentes a losescándalos de la administración del ex presidente Abdalá Bucaram, destituído en febrero de eseaño.

(9) Los que cargan con todas las sospechas son Fernando De Santibáñes, jefe de la Secretaríade Inteligencia de Estado (SIDE), y Alberto Flamarique, ministro de Trabajo. De este último,estrecho colaborador de Carlos Alvarez en el Frepaso, dicen los allegados al vicepresidente que"no tiene nada que ver" y que "a lo sumo pudo haber estado al tanto de la operación, pero nuncahaber participado de ella" (lo cual lo convierte en encubridor). Del jefe de la SIDE −uno de losdueños del Banco de Crédito Argentino hasta hace un par de años, cuando lo vendió al Bancode Bilbao Vizcaya− se podría rescatar una de sus primeras "incursiones" en la vida públicanacional, contemporánea a los sucesos del Senado. El gerente de marketing de un importantebanco privado de capitales extranjeros instalado en Buenos Aires contó en una reunión social ala que asistí por casualidad: "Me llamó la secretaria de De Santibáñes para sugerirme quepautara la publicidad de nuestros créditos hipotecarios no en el día que teníamos previsto, sinounos días antes, porque iba a salir publicado un artículo que elogiaba la política del gobierno enmateria de créditos hipotecarios. Después, me llegó la misma orden ´desde arriba´. Les preguntéa mis colegas de otros bancos y me respondieron que les había ocurrido lo mismo". A los pocosdías de aquella reunión abrí el importante diario que mencionó el narrador y ví un grandespliegue de grandes avisos de distintos bancos que anunciaban sus nuevos planes de créditos


hipotecarios. Acompañaban a un generoso artículo anunciando el retorno de los créditos graciasa la políticas públicas de la Alianza. Los créditos anunciados sólo fueron parte de una granoperación de marketing para cargar de oxígeno al gobierno: nada cambió para nadie −exceptopara gente de altos recursos− y hoy forman parte del olvido.

(10) El expediente judicial sobre los sobornos en el Senado puede encontrarse en el sitiowww.ambitofinanciero.com, "ediciones anteriores", "8 de setiembre", "sumario del soborno".

(11) Los debates completos de diputados y senadores por la ley de reforma laboral puedenubicarse en los siguientes sitios: www.diputados.gov.ar, "Bases de Datos", "Versióntaquigráfica", "Archivos de texto", "Período 117", "4ª Sesión extraordinaria (24 de febrero)" ywww.senado.gov.ar, "Versión taquigráfica", "26 de abril". El texto completo de la ley de reformalaboral y su decreto reglamentario se puede recuperar del sitio www.infoleg.mecon.gov.ar, "Deactualidad", "Leyes".

(12) El 5 de junio de 1987 el Congreso sancionó la ley 23.521, llamada de "Obediencia Debida",que fue promulgada el 8 de junio por el Poder Ejecutivo y avalada por la Corte Suprema deJusticia de la Nación el 22 de junio (sólo uno de los cinco jueces que componían aquella Corte laconsideró inconstitucional). La ley de "obediencia debida" dejó fuera de castigo a quienesobedecieron órdenes, aun cuando hubieran cometido los delitos de tortura, asesinato ydesaparición forzada de personas. Sólo tres conductas delictivas podrían ser penadas de allí enmás: el robo, la violación y la apropiación de hijos de desaparecidos. La Ley 23.521 estableceque las personas en ella mencionadas actuaron en un estado de coerción y en la imposibilidadde inspeccionar las órdenes recibidas, vedándoles a los jueces de la Constitución todaposibilidad de acreditar si esas circunstancias existieron o no en realidad. Es decir: impone a losjueces una determinada interpretación de cada caso particular sometido a su conocimiento,estableciendo una presunción absoluta respecto de la existencia de aquellas circunstancias. Estaley posibilitó que 430 procesos judiciales contra militares acusados de violaciones a los derechoshumanos quedaran sin efecto y se sumaran a los 750 que ya habían corrido la misma suertegracias a la ley 23.492, llamada de "Punto Final", sancionada el 23 de diciembre de 1986. Laimpunidad iniciada por el gobierno de Raúl Alfonsín se completó en Argentina con los decretosde indulto a procesados (octubre de 1989) y condenados (diciembre de 1990) dictados por elgobierno de Carlos Menem, que dejaron en libertad a muchos militares de alto rango que aúnestaban bajo proceso y a los únicos 20 condenados (sobre 1.200 acusados) por violaciones a losderechos humanos durante la dictadura cívico−militar que cultivó el terrorismo de Estado entre1976 y 1983. Una dictadura que provocó la desaparición de 30.000 personas.

(13) Dejó escrito el Ministerio de Economía en el punto 23 de su Memorando de PolíticaEconómica dirigido al Fondo Monetario Internacional, fechado en febrero: "En lo que se refiere almercado laboral, el Gobierno considera necesario modificar el marco legal y reglamentario parafomentar una fácil adaptación de este mercado a los nuevos perfiles de demanda y producción, ycrear incentivos para reducir la informalidad y la precariedad del empleo. Para ese propósito, elGobierno envió recientemente al Congreso un nuevo proyecto de reforma de la legislaciónlaboral en el que propone: a) la eliminación gradual en un plazo de dos años de la cláusula de"ultractividad" que extiende indefinidamente los convenios colectivos de trabajo después de suvencimiento si las partes no acuerdan un nuevo convenio; b) la descentralización de lasnegociaciones laborales, con lo que se daría predominio jurídico a los contratos a nivel deempresas y no a los convenios celebrados a nivel sectorial; c) la creación de servicios dearbitraje y mediación; d) la posibilidad de negociar la modificación de los convenios laborales enlos casos en que se vea comprometida la estabilidad económica de la empresa; e) la ampliacióna seis meses del período de prueba de los empleados de reciente ingreso, y f) medidas para


reducir la informalidad en el mercado laboral mediante la simplificación de los procedimientos deregistro laboral y la modificación del sistema actual de tributación de base presuntiva para lasmicroempresas, a efectos de ampliarlo a sectores (como los trabajadores autónomos de bajoingreso y los empleados domésticos), que se caracterizan actualmente por un alto grado deinformalidad". Estos son los puntos que aprobó la Cámara de Diputados pocos días después deesta carta de intención, el 24 de febrero, y que dos meses más tarde, el 26 de abril, la Cámarade Senadores aprobó "con modificaciones". Puede apreciarse que, por más esfuerzosdialécticos que hagan los senadores, la ley de reforma laboral no tiene diferencias sustancialescon la política económica del gobierno que aprobó el FMI.

(14) "El crepúsculo del deber". Gilles Lipovetsky, Ed. Anagrama, 1994.

(15) Ibídem.

(16) "Las cuarenta y ocho leyes del poder". Robert Greene. Citado por el senador peronistaCarlos Sergnese al fundamentar su voto negativo a la ley de reforma laboral.

(17) "Otra forma de hacer política": una frase repetida hasta el hartazgo por Carlos Alvarez,desde mucho antes de integrar la Alianza, cuando aún era diputado nacional. Así se diferenciabade los "políticos tradicionales" y construía la imagen pública que lo llevó a la vicepresidencia dela Nación. Habría que decir en su favor que siempre se refirió a la "forma", pero nunca al"contenido".

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Carlos A. SortinoEntre otros medios gráficos, fue redactor y editor de los diarios El Día (1980−1986) y Página/12(1990−1994) y columnista del semanario El Atajo (1996). En televisión, fue productor y directordel ciclo El Juego de las Reglas (dime qué justicia tienes y te diré cómo te comportas),emitido por Dardo Rocha Cable Visión de La Plata (1994−1996). Desde 1997, es redactor yeditor de la revista En Marcha y docente de la cátedra Periodismo de Investigación, en laFacultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.


ARGENTINA

LAS NORMAS SOBRE ÉTICA PÚBLICA EN LAARGENTINA

José Luis TESOROInvestigador del Instituto Nacional de la Administración Pública

Miembro del Centro de Estudios en Administración y Economía (CEAE)de la Facultad de Ciencias Económicas

de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos AiresInvestigador del Área Sector Público

del Centro de Estudios Científicos y Técnicosde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

Profesor de Posgradode la Pontificia Universidad Católica Argentina

"Santa María de los Buenos Aires"[email protected]

En un ensayo en la Octava Edición de este jornal (1) se desarrolló una aproximaciónconceptual a la denominada "ética pública". Este nuevo ensayo tiene los siguientesobjetivos: a) delinear algunas perspectivas sobre la ética, a fin de encuadrarconceptualmente los códigos de "ética pública", b) presentar una síntesis de lanormativa sobre "ética pública" vigente en el Estado argentino, y c) bosquejar algunascaracterísticas de la problemática subyacente a la referida normativa.

1.− LAS VERTIENTES Y ORIENTACIONES DE LA ÉTICA

En las aproximaciones conceptuales a la ética se distinguen, en general, dos vertientes: a) lareflexiva, y b) la normativa.

La vertiente reflexiva considera a la ética como una cuestión de visión, de discernimiento y dejuicio ponderado, más que de decisión. Sostiene que antes de decidir cómo resolver unadeterminada opción o dilema ético, es necesario dilucidar su naturaleza e interpretar lascircunstancias en función de los valores, los deberes y derechos de las distintas partes, a fin deacordar criterios y desarrollar juicios fundados. En caso contrario, se suscitarían inconsistenciasinconciliables atinentes a perspectivas, visiones y valores .

La vertiente normativa pretende proporcionar lineamientos y especificaciones para decidir quéhacer frente a opciones o dilemas éticos, a través de dos orientaciones: i) la teleológica, y ii) ladeontológica.

La orientación "teleológica" denominada también "ética de la responsabilidad", o


"consecuencialista", atiende −ante todo− los fines perseguidos, los propósitos buscados y lasconsecuencias (resultados e impactos) previsibles de las opciones en juego. La orientación"teleológica" es típica de los políticos, los empresarios, los médicos, los militares y, en general,de quienes deben pensar pragmáticamente en las consecuencias de sus decisiones prácticas.Pero la posibilidad de corrupción subyace y acecha tras cada decisión que deja de lado losprincipios en favor de presuntas consecuencias. Algunos de los enfoques dentro de estaorientación son el "egoísmo", elegir la opción que más nos beneficie a nosotros, o el"utilitarismo", seleccionar la opción que beneficie en mayor medida a la mayor cantidad depersonas.

La orientación "deontológica", denominada también "ética de la convicción" o "principista", noatiende a las consecuencias, sino a los deberes y los derechos, a lo que es debido y correcto enfunción de los valores vigentes en el momento de la decisión, por encima y con prescindencia delos eventuales fines y resultados previsibles. Sostiene que, frente a una opción o dilema ético, nodebemos considerar nuestros fines ni los eventuales resultados −si ganamos o perdemos− sinolo que es moralmente correcto. El mayor expositor de la orientación deontológica (o de laconvicción) es Emanuel Kant con sus "imperativos categóticos" ("la persona humana como finúltimo", "hacer justicia aunque el mundo perezca"). Esta orientación es propia de los religiosos,los filósofos, los artistas, los periodistas y, en general, de quienes por no estar directamenteinvolucrados en deberes prácticos, pueden adherir y permanecer "rigoristas" e "incorruptibles"respecto de los principios.

La combinación de las referidas vertientes y orientaciones provee diferentes modelos y criteriospara tomar en cuenta un amplio rango de factores atinentes a una opción o dilema particular,previniendo eventuales actitudes reduccionistas o simplistas.

2.− LOS FUNDAMENTOS DE LA "ÉTICA PÚBLICA"

En los sistemas capitalistas, cuya fuerza reside en la fertilidad y el potencial de la motivaciónindividual, la ética de la función pública se funda en el principio de garantizar a las personas elderecho a buscar su propio beneficio en tanto no violen el derecho de las demás a hacer lomismo. Para ello es necesario que una minoría de personas, que denominaremos aquí "agentespúblicos" −políticos, legisladores, jueces o gobernantes− garantice a las demás el ejercicio desus derechos individuales, guiando sus propias conductas por motivaciones públicas del interésgeneral y del bien común, más que por motivaciones personales. Cabe presumir que el ejerciciode sus funciones estará sustentado en una ética con orientación teleológica y enfoque"utilitarista", seleccionando las opciones que beneficien en mayor medida a la mayor cantidad depersonas.

Se supone que el valor que los "agentes públicos" asignan a los beneficios materiales es inferioral valor promedio que les asignan los demás integrantes de la sociedad. La motivacióndominante en ellos residiría en un factor no económico que podría denominarse "vocación",asociada a ciertos ideales sociales. Aun cuando tales ideales pueden estar también presentesentre los integrantes de la sociedad privada, resultan insustituibles en los servidores del Estado.Cuando los intereses particulares ocupan el lugar central en la conducta de los "agentespúblicos", emerge la corrupción, al anteponerse −desde el Estado− los intereses individuales,grupales o familiares al interés público.


Las cuestiones básicas de la denominada "ética pública" son entonces: a) cómo asegurar quelos "agentes públicos" experimenten y mantengan realmente una vocación por los interesesgenerales y por el bien común más que por intereses materiales particulares, y b) cómo asegurarque, experimentando tal vocación, reúnan la independencia y la idoneidad para ejercer susfunciones de manera eficaz y eficiente.

La noción de "ética pública" tiene, como "piso", la honestidad personal y colectiva de losfuncionarios, junto a su disposición, capacidad e idoneidad para ejercer −de manera eficaz yeficiente− las responsabilidades de legislar, gobernar e impartir justicia. No puede haber unsistema estable de gobierno si prevalece el descreimiento acerca de la honestidad, la idoneidady la capacidad de quienes lo integran. Una vez cubiertas las condiciones "piso" −honestidad,vocación, capacidad, eficacia, eficiencia y calidad− podría ascenderse en la escala de cuestionesde la denominada "macroética pública", a las que se hizo referencia en la nota anterior.

En caso de no estar cubiertas dichas condiciones "piso", cabe suponer que algunos individuossólo acudirán a la función pública por resultarles más beneficiosa que la actividad privada. Lanecesidad de normatizar y codificar la "ética pública" surgiría entonces al decaer o al no existir elideal social vinculado al interés general. Las principales ventajas de las normas y códigos de"ética pública" son esencialmente las siguientes: a) proveen "pisos" y "cotas" explícitas alcomportamiento de los agentes, b) disponen mecanismos punitivos por eventual incumplimiento.

En la siguiente sección se sintetizan los componentes de la estructura normativa sobre "éticapública" en el Estado Nacional.

3.− LA ESTRUCTURA NORMATIVA

La evolución reciente de la estructura normativa en el Estado Nacional puede caracterizarse porla sucesión de las siguientes normas e instituciones: a) la Constitución Nacional, b) la ratificaciónde la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), c) Oficina Nacional de ÉticaPública, d) Código de Ética de la Función Pública, y e) Ley Nacional de Ética Pública.

En esta sección se resume libremente el contenido de las referidas normas, con el propósito deproporcionar un panorama general de sus alcances.

3.1.− Constitución Nacional y ratificación CICC

La Constitución Nacional reformada en 1994 establece, en su artículo 36, que "el Congresosancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función".

Por su parte, el documento final de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC)−que la Argentina ratificó por Ley N° 24.759, incluye en su Artículo III ("Medidas Preventivas") unconjunto de aspectos a crear, mantener y fortalecer en los sistemas institucionales de los países.Entre dichos aspectos se destacan, a los fines de esta nota, los siguientes: 1) normas deconducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de funciones públicas, 2)mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas, 3) instrucciones al personalde las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y


las normas éticas que rigen sus actividades, y 4) sistemas para la declaración de los ingresos,activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas.

Una interpretación general de la CICC puede hallarse en Manfroni y Werksman (1997).

La "infraestructura normativa" de la ética pública en el Estado argentino parece haber tenido elpropósito central de dar cumplimiento formal a los referidos aspectos de la CICC.

3.2.− Oficina Nacional de Ética Pública

En el marco de la CICC y en respuesta a distintas demandas internas y externas, por Decreto N°152 del 14/2/1997 (BO N° 28.590 del 20/2/1997) se dispuso la creación, en el ámbito de laPresidencia de la Nación, de la Oficina Nacional de Ética Pública, dependiente directamente delPresidente de la Nación, con las siguientes funciones centrales: a) elaborar un ReglamentoNacional de Ética Pública, b) crear y desarrollar un programa de control y seguimiento de lasituación patrimonial y financiera de todos los agentes de la Administración Pública Nacional, apartir de declaraciones juradas, c) Instrumentar la participación de ONG, organizacionesempresarias, sindicales, universitarias, académicas y demás organizaciones sociales yespecíficas en la elaboración consensuada del Reglamento Nacional de Ética Pública.

Escudada en su dependencia para sustentar una supuesta inimputabilidad, y en sus limitadasatribuciones para justificar su escaso dinamismo, la Oficina Nacional de Ética Pública, exhibiódurante toda su existencia actitudes netamente pasivas ante los sucesivos reclamos de distintosactores acerca de conductas relativamente opacas y de presuntas violaciones a los principios ynormas de ética pública.

Por Decreto N° 878/1997 se creó el Consejo Asesor de Ética Publica conformado porrepresentantes de organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresarias, sindicales,universitarias, académicas y demás organizaciones sociales, con el fin de colaborar en laelaboración del Reglamento Nacional de Ética Pública y en toda otra temática que le fuerarequerida.

Tanto la Oficina Nacional de Ética Pública como el Consejo Asesor de Ética Publica fueronsuprimidos por el Decreto N° 102/1999, que crea la Oficina Anticorrupción.

3.3.− Código de Ética de la Función Pública

El producto central de la Oficina Nacional de Ética Pública fue el "Código de Ética de la FunciónPública aprobado por Decreto N° 41/1999 del 27/1/1999 (B.O. 3/2/99), que aborda cuestionestan variadas como el bien común, el fin de la función pública, las definiciones, alcances,principios generales y particulares, régimen de regalos y otros beneficios externos y entrefuncionarios, régimen de las declaraciones juradas patrimoniales y financieras. Seguidamente sedelinea una síntesis de sus disposiciones.


3.3.1.− Fines y deberes

Establece que el fin de la función pública es el bien común, ordenado por las disposiciones de laConstitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y las normasdestinadas a su regulación, y que el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con supaís a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculacionescon personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.

3.3.2.− Principios generales

Establece los siguientes principios generales para los funcionarios: a) probidad: actuar conrectitud y honradez, procurar la satisfacción del interés general, desechar todo provecho oventaja personal, y exteriorizar una conducta honesta (art. 8), b) prudencia: actuar con plenoconocimiento de las materias pertinentes, inspirar confianza en la comunidad y evitar accionesque puedan poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o laimagen de sus servidores (art. 9), c) justicia: tener permanente disposición para el cumplimientode sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido (art. 10), d) templanza: desarrollarlas funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas y los medios a su cargoúnicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes y evitar cualquier posibleostentación (art. 11), e) idoneidad: aptitud técnica, legal y moral, como condición esencial para elacceso y ejercicio de la función pública (art. 12), y f) responsabilidad: esfuerzo honesto paracumplir con sus deberes (art.13).

3.3.3.− Principios particulares

Establece los siguientes principios particulares: a) aptitud e idoneidad: ninguna persona debeaceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud (art. 14), b) capacitación para elmejor desempeño de las funciones (art. 15), c) legalidad: conocer y cumplir la ConstituciónNacional, las leyes y los reglamentos que regulan su actividad y observar conductasirreprochables (art. 16), d) evaluación de los antecedentes, motivos y consecuencias de losactos a su cargo (art. 17), e) veracidad en sus relaciones funcionales con particulares,superiores y subordinados, y contribuir al esclarecimiento de la verdad (art. 18), f) discreción:guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenga conocimiento por elejercicio de sus funciones (art. 19), g) transparencia: ajustar su conducta al derecho que tiene lasociedad de estar informada sobre la actividad de la Administración (art. 20), h) declaraciónjurada patrimonial y financiera (art. 21), i) obediencia: cumplir órdenes del superior jerárquicocompetente vinculadas con las funciones a su cargo, salvo el supuesto de arbitrariedad oilegalidad manifiestas (art. 22), j) independencia de criterio: no involucrarse en situaciones,actividades o intereses incompatibles con sus funciones, o que puedan afectar su independenciade criterio para el desempeño de las funciones (art. 23), k) equidad de acuerdo a los finesperseguidos por las leyes (art. 24), l) igualdad de trato: no realizar actos discriminatorios yotorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones (art. 25), m) ejercicioadecuado del cargo, sin obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros,ni adoptar represalia de ningún tipo (art. 26), n) uso adecuado de los bienes del estado: protegery conservar los bienes del Estado y utilizar de manera racional los que le fueran asignados parael desempeño de sus funciones, evitando su abuso, derroche, desaprovechamiento, su empleopara fines particulares o para propósitos ajenos a su función (art. 27), ñ) uso adecuado deltiempo de trabajo, para cumplir con sus quehaceres de manera eficiente y eficaz, y velar paraque sus subordinados actúen de la misma manera (art. 28), o) colaboración: ante situacionesextraordinarias realizar las tareas necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades,aun cuando no sean las estrictamente inherentes a su cargo (art. 29), p) uso de información:


abstenerse de difundir información reservada o secreta y de utilizar, en beneficio propio o deterceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento por el ejerciciode sus funciones y que no esté destinada al público en general (art. 30), q) obligación dedenunciar actos que pudieran causar perjuicio al Estado, constituir un delito o violar lasdisposiciones del código (art. 31), r) dignidad y decoro en la conducta, actuando con sobriedad,moderación, respeto y corrección (art. 32), s) honor: facilitar la investigación cuando se le imputela comisión de un delito de acción pública, e implementar las medidas administrativas y judicialesnecesarias para esclarecer la situación a fin de preservar su honra y la dignidad de su cargo (art.33), t) tolerancia frente a las críticas del público y de la prensa (art. 34), y u) equilibrio: actuar ensus funciones con sentido práctico y buen juicio (art. 35).

3.3.4.− Parte Especial

La parte especial (artículos 36 a 40) se refiere al régimen de regalos y otros beneficios de origenexterno y entre funcionarios. Los art. 41 a 44 a los conflictos de intereses, al nepotismo, alfavoritismo y a la acumulación de cargos, los artículos 45 y 46 a la declaración jurada deactividades y al período de carencia, los artículos 47 a 48 a las sanciones, procedimiento yregistro, mientras que los artículos. 50 a 66 se refieren al régimen de las declaraciones juradaspatrimoniales y financieras.

3.4.− Ley Nacional de Ética Pública

La Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece un conjunto de deberes,prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en lafunción pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elecciónpopular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose suaplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.

3.4.1.− Estructura general

La Ley 25.188 incluye 11 capítulos y 48 artículos. El Capítulo I se refiere al objeto y sujetos, elCapítulo II (arts. 2 y 3), se refiere a los deberes y pautas de comportamiento ético, el Capítulo III(arts. 4 a 11) al régimen de declaraciones juradas, el Capítulo IV (art. 12) a los antecedentes, elCapítulo V (arts. 13 a 17) a las incompatibilidades y conflictos de intereses, el Capítulo VI (art.18) se refiere al régimen de obsequios a funcionarios públicos, el Capítulo VII (arts. 19 a 22) a laprevención sumaria, el Capítulo VIII (arts. 23 a 25) a la Comisión Nacional de Etica Pública, elCapítulo IX (arts. 26 a 39) a las reformas del Código Penal, el Capítulo X (arts. 40 a 42) a lapublicidad y la divulgación, el Capítulo XI (arts. 43 a 48) a la vigencia y disposiciones transitoriasy en el art. 46 se dispone la derogación del Decreto 494/95 relativo al régimen de declaracionesjuradas patrimoniales y de requerimiento de justificación de incrementos patrimoniales.

3.4.2.− Definiciones y pautas éticas

La función pública es aquí entendida como toda actividad temporal o permanente, remunerada uhonoraria realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de susentidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.


Los deberes y pautas de comportamiento ético son: a) cumplir y hacer cumplir estrictamente laConstitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defenderel sistema republicano y democrático de gobierno, b) observar y respetar los principios y pautaséticas establecidas en la ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana,c) velar en todos sus actos por los intereses del Estado orientados a la satisfacción del bienestargeneral, d) no recibir ningún beneficio personal indebido, e) fundar sus actos y mostrar la mayortransparencia en las decisiones adoptadas, f) proteger y conservar la propiedad del Estado ysólo emplear sus bienes con los fines autorizados, g) abstenerse de utilizar las instalaciones delEstado para su beneficio particular o el de sus familiares, h) observar en los procedimientos decontrataciones públicas los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad, i)abstenerse de intervenir en todo asunto respecto del cual se encuentre comprendido en algunade las causas de excusación. Sin perjuicio de los principios "éticos" citados, la mayor parte de laley se refiere a las declaraciones juradas (arts. 4 a 11), las incompatibilidades y conflictos deintereses (arts. 13 a 17), y el régimen de obsequios (art. 18).

3.4.3.− Comisión Nacional de Ética Pública

El artículo 23 dispone la creación de la Comisión Nacional de Ética Pública en el ámbito delCongreso de la Nación, que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomíafuncional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la ley. La Comisión estará integradapor once miembros que serán designados: a) uno por la Corte Suprema de Justicia, b) uno por elPoder Ejecutivo de la Nación, c) uno por el Procurador General de la Nación, y d) ochodesignados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso.

Las funciones de la Comisión son: a) recibir las denuncias de personas o de entidadesintermedias respecto de conductas de funcionarios o agentes de la Administración contrarias a laética pública, b) recibir las quejas por falta de actuación de los organismos de aplicación, frente alas denuncias ante ellos incoadas, c) redactar el Reglamento de Ética Pública del Congreso de laNación, d) recibir y en su caso exigir de los organismos de aplicación copias de las declaracionesjuradas de los funcionarios, e) garantizar la publicación del listado de declaraciones juradas en elBoletín Oficial y la prohibición del uso ilegal de las declaraciones juradas, f) registrar con carácterpúblico las sanciones administrativas y judiciales aplicadas por violaciones a la ley, g) asesorar yevacuar consultas no vinculantes en la interpretación de situaciones comprendidas en la ley, h)diseñar y promover programas de capacitación y divulgación del contenido de la ley para elpersonal comprendido en ella, i) requerir colaboración de las distintas dependencias del EstadoNacional para obtener informes necesarios para el desempeño de sus funciones, j) dictar supropio reglamento y elegir sus autoridades, k) elaborar un informe anual de carácter públicodando cuenta de su labor y asegurar su difusión, l) requerir, cuando lo crea pertinente, lapresentación de las declaraciones juradas a los directores y administradores de las entidadessometidas a control externo del Congreso de la Nación.

3.4.4.− Oficina Anticorrupción

Por el Decreto N° 102/1999 (B.O 29/12/1999) se crea, en el ámbito del Ministerio de Justicia yDerechos Humanos, la Oficina Anticorrupción con el cometido de elaborar y coordinar programasde lucha contra la corrupción y ejercer las competencias y atribuciones establecidas en la LeyOrgánica del Ministerio Público 24.946, en el art. 26 (requerimientos de colaboración pararealizar diligencias y citar a personas), art. 45 (sobre los deberes y facultades del Fiscal de laNación) y art. 50 (sobre las competencias especiales y las facultades de la Fiscalía deInvestigaciones Administrativas). Con este decreto quedan derogados los Decretos 152/1997(Oficina Nacional de Ética Pública) y 878/1997 (Consejo Asesor de Ética Pública).


Esta Oficina debe velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro delámbito fijado por la reglamentación del Decreto 120/1999 se consideren comprendidas en laConvención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley 24.759. Está a cargo de unFiscal de Control Administrativo del que dependen la Dirección de Investigaciones y la Direcciónde Planificación de Políticas de Transparencia.

El ámbito de aplicación de las funciones de la Oficina comprende a la Administración PúblicaNacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público oprivado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporteestatal.

La Oficina Anticorrupción tiene las siguientes competencias: a) recibir denuncias que serelacionen con su objeto, b) investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya lacomisión de alguno de los hechos, c) denunciar ante la justicia competente los hechos quepudieren constituir delitos, d) constituirse en parte querellante en los procesos en que seencuentre afectado el patrimonio del Estado, e) llevar el registro de las declaraciones juradas delos agentes públicos, g) evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas, h) elaborarprogramas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestiónpública. y I) asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programaspreventivos de hechos de corrupción. La Oficina debe elevar al Ministro de Justicia y DerechosHumanos un informe final de cada investigación que realice.

Los criterios de intervención de la Oficina Anticorrupción se basan en el principio de oportunidada partir de criterios de significación institucional, social y económica. En las actuaciones en queel Fiscal de Control Administrativo considere pertinente, la Oficina podrá ser tenida como parteacusadora con facultades de ofrecer, producir o incorporar pruebas, así como la de recurrir todaresolución adversa a sus pretensiones.

3.4.5.− Reglamentación de la Ley para el PEN

El Decreto 164/1999 del 28/12/1999 (B.O. 7/1/2000) reglamenta la aplicación de la Ley 25.188en el ámbito de la Administración Pública Nacional, en lo relativo a la declaración juradapatrimonial integral, al régimen de obsequios y al régimen de incompatibilidades y conflictos deintereses de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

4.− SUGERENCIAS PRESIDENCIALES

Sin perjuicio del Código de Ética Pública y de la Ley Nacional de Ética Pública, el presidente dela Nación, Dr. Fernando de la Rúa, difundió el 21/1/2000 un conjunto de principios comocompromiso personal en el ejercicio de su función y como recomendaciones a los funcionariosdel gobierno nacional. A continuación se sintetizan libremente dichas recomendaciones: a)cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, sin excepciones ni privilegios, b) ejercer lafunción pública con dignidad y honradez, como servicio a la Nación y al pueblo, c) desempeñar elcargo con sencillez, alegría y generosidad, recordando que no es una prerrogativa ni unprivilegio, sino un deber y una misión, d) ejercer el manejo presupuestario y patrimonial delEstado con máxima austeridad, generando con el ejemplo la cultura del ahorro, e) defender elinterés de la Nación y el bienestar de los ciudadanos por encima de intereses personales o degrupo, f) observar los principios de honestidad, probidad, rectitud y buena fe, ejercer adecuados


controles internos, ser implacables con la corrupción, denunciar judicialmente, previa verificación,cualquier delito, presión o intento de retribución ilegal, preservar el prestigio y el nombre antecualquier imputación, haciendo inmediata presentación judicial, g) entender la gestión públicacomo el logro de objetivos sociales, crear más empleo, mejorar la educación, elevar la calidad devida y promover el crecimiento equitativo del país y la defensa de los más humildes, h) atender ala gente, oír sus reclamos y preocupaciones, escapar a los entornos, rechazar las lisonjas ytener clara comprensión de la realidad, i) estudiar con profundidad cada proyecto de ley, decretoo resolución, verificando que sea compatible con la Constitución y que dé solución justa a losproblemas de que trate, j) trabajar dentro de las competencias y encarar la acción de gobiernocon rapidez y eficiencia, k) ejercer el diálogo, la tolerancia y la comprensión como principiospermanentes de la gestión, l) defender la libertad de prensa, informar con claridad los actos ydecisiones de gobierno, y basarse exclusivamente en la verdad y la transparencia, m) convocar yelegir colaboradores por idoneidad y capacidad, y no por amistad, parentesco o partidismo, y nopermitir irregularidades, ausentismos o abusos, n) asumir la plena responsabilidad por elejercicio del cargo y las decisiones adoptadas, ñ) no utilizar ni divulgar información conocida porla función para beneficio personal, de terceros o de un grupo, o contra el bien común, o)planificar la acción con base en objetivos, prioridades y plazos concretos, de manera que puedanmedirse resultados, verificar logros y desvíos, p) en el área de cada competencia todo esimportante y no hay asuntos pequeños o prescindibles; si no hay tiempo, hay que saberorganizar y delegar, q) preservar la lealtad y solidaridad interior dentro del gobierno y el sentidode amistad y cooperación entre todos sus integrantes; resolver las diferencias en el ámbitocorrespondiente, y defender como propias las decisiones tomadas, r) visitar con máximafrecuencia el interior del país, tomando contacto con las realidades provinciales y atendiendo demodo preferente a sus necesidades y problemas, y s) responder sin demora los pedidos deinformes del Congreso y concurrir con igual diligencia a sus citaciones, suministrando toda lainformación requerida.

5− CONCLUSIONES

A través de un análisis del contenido de las normas sobre "ética pública" del Estado argentino, yde indicios empíricos relativos a su aplicación, se verifican nítidamente los siguientesfenómenos: a) el conjunto de normas aparece escindido en microcosmos fragmentados ysuperpuestos, reflejando intereses y motivaciones parciales y divergentes entre y dentro de lospoderes del Estado, b) el Estado argentino parece atascado en un estadio que podría calificarse−de acuerdo con los supuestos y la perspectiva con que se lo contemple− como "pre−ético","retro−ético" o de la "ética pos−decadente", con primacía de referencias a la corrupción y unamanifiesta desatención al desarrollo ético, c) la atención burocrática tiende a concentrarse en losrituales atinentes a las declaraciones juradas patrimoniales y financieras, d) en el plano fáctico,las declaraciones juradas de legisladores, jueces y funcionarios suelen motivar estupor, hilaridado perplejidad, según el estado de ánimo del receptor, al exhibir niveles de vida y patrimonios que−aun subvaluados− resultan netamente desproporcionados con relación a los ingresosdeclarados, e) la normativa sobre "ética pública" no parece haber contribuido a modificar pautasculturales de "oligarquía" −el gobierno de unos pocos al servicio de si mismos− en la "clase"político−burocrática. a través de la preservación de inmunidades, prebendas y privilegios, conaparente prescindencia de elementales pautas éticas.

La confluencia de los efectos "cascada", "vasos comunicantes" y "escalada" se manifesta através de crecientes síntomas y signos de disipación ética en distintos estratos de la burocraciaestatal, donde aun agentes con antecedentes de moderación y probidad pueden manifestar


apetencias y empeños éticamente deleznables ("¿por qué no yo también?").

En el referido marco de disipación, resulta preocupante que la Oficina Anticorrupción hayadebido encarar la elaboración de un "mapa del Estado corrupto", con base en una encuestaencargada a una relevante firma consultora, para acceder a datos −parciales, agrestes, difusos y"light"− sobre percepciones y apreciaciones con escaso valor informativo, cuya significaciónfáctica se conoce desde antaño. El referido estudio habría intentado explicar por qué el "sistema"permite que diversas conductas corruptas sean percibidas como "prácticas usuales" en unentorno de "corrupción por inercia" (ver Young, 2000). Las conclusiones del mismo sugieren que"la costumbre" determinaría −en alto grado− la continuidad de falencias básicas en el sistema,tales como la ejecución descontrolada del presupuesto, el abuso de contrataciones directas, laselección "digitada" de personal, la utilización de fondos públicos para fines personales opartidistas, la virtual inexistencia de mecanismos de fiscalización y la ausencia de premios ycastigos.

Más que como un intento de obtener información sistemática, la realización de dicho estudiopodría aparecer como un síntoma de perplejidad frente al arraigo de múltiples mecanismos deimpunidad que traban el accionar de la Oficina. De acuerdo con sus funciones y atribuciones,orientadas a erradicar la impunidad de la corrupción, cabría esperar que la Oficina Anticorrupción−que quizás debería denominarse Oficina Antiimpunidad− se manejara más con evidencias quecon "encuestas de opinión". Aun cuando no sea responsabilidad primaria del sistema políticocorregir la propensión a la inmoralidad (lo que más bien corresponde a la familia y a lasinstituciones educativas, culturales y religiosas), la política no puede permitir, tolerar, estimular ypromover la inmoralidad.

Al igual que en otros aspectos de la realidad argentina, hoy se manifiesta en la "ética pública" unestado de desorganización anómica emergente de: a) el aparente menosprecio por lanormatividad por parte de una proporción significativa de dirigentes y representantes, b) latendencia a sancionar normas por mera formalidad, apariencia, compromiso o convenienciapersonal, con plena conciencia de que en nada contribuirán al interés general, o no seráncumplidas, c) la carencia de mecanismos efectivos de prevención, detección y sanción deconductas corruptas, y d) cierto consentimiento o solidaridad social implícita −cuando noexplícita− con quienes infringen las normas.

Dado que la misión de la ley es pautar y hacer explícita una necesidad social propia del biencomún, su sanción sólo debería legitimar lo que previamente la Sociedad ha reconocido comoindispensable, De acuerdo con Aristóteles (en "La Política"), la ley no es tal cuando se la publicaoficialmente, sino cuando se integra al hábito cotidiano de los ciudadanos. Por eso, agrega, ellegislador ha de asegurar, antes de sancionarla, que la misma será cumplida por los gobernados;de lo contrario, más vale que no se la sancione. Si la ley aprobada da lugar al incumplimiento, nosólo el legislador no habrá alcanzado su objetivo, sino que además habrá debilitado el prestigiode la ley en cuanto tal. Ya en los tiempos modernos, los legisladores acuñaron la palabra"enforcement" (ejecución o aplicación de la ley) para nombrar la imprescindible transformaciónde la ley formal en el hábito colectivo al que se refería Aristóteles (Grondona, 2000).

A través de su accidentado devenir, la Argentina fue precursora en proyectos de regulación ylegislación "de avanzada" sobre diversas cuestiones y sectores (por ejemplo: educativo, laboral,previsional, ambiental, aerocomercial, atómico, espacial, energético, documental, archivístico ydigital, entre muchos otros), pero −en contraste− exhibió tradicionalmente una posición marginalen cuanto al cumplimiento de las normas. Sin embargo, cada vez que se enfrenta localmente unproblema, lo primero que surge en la discusión colectiva es la necesidad de sancionar o reformar


alguna ley o "plexo" legal, ya sea laboral, arancelario, impositivo, penal, comercial, productivo ode "ética pública". Pero una vez aprobadas las nuevas disposiciones, el comportamiento socialhalla las vías y los resquicios para eludirlas o evadirlas impunemente, contando con lainoperancia, la debilidad o la condescendencia de los mecanismos de control. La tarea prioritariay urgente en nuestro medio no parece ser la de crear o cambiar leyes, sino lograr que ellas secumplan, adecuando sus contenidos para que resulten aplicables, y los mecanismos de controlpara que puedan detectarse, ponderarse y sancionarse las infracciones.

Con base en las características del caso presentado, cabe reiterar que los "códigos de éticapública" se constituyen en meros rituales cuando sus reglas no están: a) sustentadas en un"entorno ético" que promueva una auténtica integridad, b) consolidadas culturalmente a travésdel ejemplo cotidiano, y c) respaldadas por mecanismos eficaces para detectar, ponderar ysancionar los desvíos. Cuando no se presentan dichas condiciones, se incurre inevitablementeen el ridículo; que hoy representa −en nuestros países− una seria amenaza a la calidad de lavida republicana y a la gobernabilidad democrática.

REFERENCIAS

(1) "Los códigos de conducta en la función pública: fortalezas y debilidades", Revista Probidad,N° 8, Septiembre−Octubre 2000.

BIBLIOGRAFÍA

Argentina. Ley N° 24.759 (17/1/1997) − Ratificación de la Convención Interamericana Contra laCorrupción (CICC) suscrita por la Argentina el 29/3/1996, y depositó en la OEA el 9/10/1997

Argentina. Decreto N° 152 del 14/2/1997 (BO N° 28.590 del 20/2/1997) creación de la OficinaNacional de Ética Pública.

Argentina. Decreto N° 41/1999 del 27/1/1999 (B.O. 3/2/1999): Código de Etica de la FunciónPública.

Argentina. Ley No. 25188 del 29/9/1999: Ética en el Ejercicio de la Función Pública (B.O.1/11/1999)

Argentina. Decreto 102/1999 (B.O 29/12/1999) Oficina Anticorrupción

Argentina. Decreto 164/1999 28/12/1999 (B.O. 7/1/2000) Reglamentación de la Ley para el PEN.

Grondona, Mariano: "El mal latino", La Nación, 14/3/1993, p. 10; "No importan las leyes, sino laley", La Nación, 12/3/2000, p. 27.

Manfroni, Carlos A.; Werksman, Richard S. (1997): La Convención Interamericana Contra laCorrupción: anotada y comentada, Buenos Aires, Abeledo−Perrot.


Tesoro, José Luis (1999): Transparencia pública y tecnologías de gestión: la viabilidad desistemas con transparencia inmanente en la Administración Pública, Dirección de Estudios eInvestigaciones (Serie Estado y Sociedad, 33), Instituto Nacional de la Administración Pública,Buenos Aires, 1999.

Young, Gerardo (2000): "Las puertas abiertas que el Estado le deja a la corrupción" (informeespecial), Clarín, 1/10/2000, pp. 12−13.

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JOSE LUIS TESORO

Licenciado en Administración (UBA). Investigador del Instituto Nacional de la AdministraciónPública (Argentina). Miembro del Centro de Estudios en Administración y Economía (CEAE) dela Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia deBuenos Aires. Investigador del Área Sector Público del Centro de Estudios Científicos y Técnicosde la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, 1998−2000.Profesor de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de losBuenos Aires".


ARGENTINA

PROBLEMAS ACTUALES DE LA JUSTICIA:DEMOCRACIA, NECESIDAD DE INDEPENDENCIA DE

PODERES

Dra. Amalia Mattio de MascíasAbogada

Directora Ejecutiva de Asociación FISCALES SIN FRONTERASCoorganizadora del Foro de Mujeres contra la Corrupción

Ex funcionaria [email protected]

Desde comienzo de la década de los noventa, a escala mundial se ha percibido un proceso decambio y transformación de los sistemas políticos.

La democracia como forma de Estado y de vida ha contado con la adhesión y la voluntad de lospueblos latinoamericanos.

Si bien la democracia es ante todo una forma de vida, necesita tener demócratas. Todos y cadauno deben aprender el significado del concepto de democracia. El aprendizaje comienza en lafamilia, continúa en las escuelas y universidades y deriva en la necesidad de un permanentetrabajo de formación política. Depende del consenso permanente y voluntario de los ciudadanosy de la coincidencia de valores, ideas e instituciones que pueda generarse a partir del mismo.

Democracia significa participación y no abstención necesitando el abierto compromiso delciudadano con su Estado y su constitución.

La democracia como sistema político y forma de vida sólo es estable y efectiva si generaidentidad cultural, estabilidad económica, justicia social y consenso político. Un factorsignificativo en el apoyo político es un Estado de derecho eficaz.

El problema que enfrenta hoy el mundo en general y Latinoamérica en particular, es la creaciónde una democracia que sea a la vez posible e históricamente realizable. En otras palabras, ungobierno que funcione y que sea el mejor posible en las circunstancias modernas, siendoesencial para la misma la división e independencia de poderes, con la consiguiente credibilidadde la ciudadanía en cada uno de ellos.

Esta credibilidad se logra mediante actos cotidianos que demuestren vocación de servicio enquienes ejercen la función pública, transparencia en su accionar y responsabilidad por lasdecisiones tomadas.


Asistimos diariamente a declaraciones de principios por parte de políticos, pero cuando estosllegan a sus cargos se "olvidan" de ellos y así el respeto a las Instituciones y a la independenciade poderes, con cuya invocación convencieron a la ciudadanía para tener acceso a la función, sedejan de lado sin escrúpulo alguno.

Todos los días salen a la palestra "supuestos defensores de la democracia" que proclamanJUSTICIA, TRANSPARENCIA, VERACIDAD, TOLERANCIA, IGUALDAD, SOLIDARIDAD, perocuando se trata de juzgarlos por incumplimiento de sus deberes o por actos de corrupción seconsideran victimas de persecución política, denunciando INJUSTICIA, FALTA DEINDEPENDENCIA EN LOS PODERES etc.

Es más conveniente para aquellos políticos que son denunciados o citados por el Poder Judicialhablar de "corrupción en la justicia", logrando lamentablemente, que la ciudadanía dude de lamisma.

Lo afirmado no significa que no existan casos de corrupción en la justicia, pues cotidianamenteasistimos a conductas que parecieran inocuas, pero que en el fondo son corruptas, como losvicios procesales que concluyen modificando de hecho las reglas del procedimiento, vulgo "jurisprudencia de mesa de entradas ".

Por ello hemos considerado hacer un pequeño análisis del sistema judicial.

EL SISTEMA JUDICIAL

Credibilidad

La Justicia durante mucho tiempo ha sido considerada como el último garante de los derechosde las personas gozando de respeto y consideración.

Pero según un estudio realizado en 1994 por el Instituto Gallup de Argentina "La justicia padeceactualmente una profunda crisis de credibilidad dentro de la sociedad. Esta falta de credibilidadgenera en la población opiniones negativas que apuntan, principalmente, a la excesiva lentitud odemora en la resolución de las causas y a su creciente politización. A los ojos de la población lajusticia deja entonces de cumplir su función esencial: deja de ser justa y equitativa. A su vez,este deterioro provoca una marcada sensación de desprotección. La gran mayoría de la gente sesiente poco o nada amparada por la justicia y sostiene que ésta no salvaguarda sus derechossino que sólo favorece a los más ricos y poderosos".

En lugar de mejorar la imagen en los años que han transcurrido desde 1994, en encuestaspublicadas por el Diario La Nación, en junio de 2000, dan cuenta de otro estudio realizado por lafirma Gallup, en el que la opinión de los ciudadanos ubica a la justicia en un plano históricamentemás bajo de credibilidad y confianza, dado que sólo 11 a 14% de las personas confían en ella.Para muchos argentinos esta falta de credibilidad se debe a la gran crisis en que se halla sumidala justicia que conlleva al desprestigio de la misma.

La suerte de la Administración de Justicia se encuentra unida a la independencia de los poderesdel Estado y al funcionamiento de cada uno de ellos, como así también a la sociedad quenecesita saber y comprobar que sus derechos serán respetados y amparados.


Todos los sectores de la sociedad concuerdan mayoritariamente que algo debe hacerse parasolucionar este problema, pero no coinciden en un plan de reformas para lograrlo. Por otra partese debe tener en cuenta que para solucionar el problema deben coincidir: el gobierno, losmiembros del Poder Judicial, las Asociaciones de Magistrados y Funcionarios, Colegios deAbogados, Uniones de Empleados, Instituciones gubernamentales, ONGs dedicadas al tema, yla sociedad en general ya que la respuesta al problema no se puede encontrar en formaindependiente sino todos los sectores involucrados.

Lentitud de los Procesos

Hoy para muchos argentinos, la justicia se caracteriza por ser lenta, burocrática, injusta y parcial.

Hace pocos años se han creado en la Justicia Nacional Argentina los Tribunales Orales paracausas penales, que se suponen la agilizarían los procesos , no ocurriendo así en la práctica porla falta de infraestructura mínima necesaria y consecuente cantidad de Tribunales para atenderel incremento de las causas.

Los juicios civiles, comerciales y laborales siguen siendo escritos, por lo que pueden durar deuno a cuatro, cinco años o más.

Se han reformado algunas normas procesales que en algunos casos pueden agilizar losprocesos, pero la celeridad depende del juez de la causa.

Por medio del art.360 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación el juez debecitar a las partes al abrir la causa a prueba para evaluar la ofrecida y determinar la admisible.Pero si bien en la practica muchos jueces lo hacen y acortan los procesos, hay otros que nisiquiera se "molestan" en estar presente en la audiencia pertinente, siendo tomada por unempleado el que en la mayoría de los casos hace lugar a medidas de prueba inconducentes,alargando así el proceso innecesariamente, ya sea que el letrado apele o no lo decidido.

La informatización en la justicia no es realmente eficiente por falta de capacitación de losempleados judiciales y en los casos de Juzgados que han tratado de implementarlo por sucuenta se les ha impedido hacerlo, pese a que ello no provocaba erogación alguna ya que eraaportado del propio peculio de Jueces y funcionarios.

De la labor interna de los Juzgados es importante señalar que año tras año se van acumulandotareas y que los intentos cíclicos de "aliviar" y "acelerar" el trámite de los expedientes judicialesresulta infructuoso.

Mayoritariamente el contacto diario del público se efectúa a través de los empleados de lasmesas de entradas. Estos pueden clasificarse, en forma de diferentes sub−grupos, desdecuando incide en su conducta, en forma positiva o negativa la valoración individual de su labor yel interés personal que conlleva. Una nueva subclase la conforman los "meritorios", es decirempleados "no permanentes" ad honorem, pero a quienes se considera como miembros de lafamilia judicial Es decir que el hecho de que el empleado posea el nombramiento respectivo ocarezca del mismo hará variar su actitud y forma de atención.

La actitud y eficiencia en la atención difiere, también, según el control a que pueden versesometidos los empleados por sus superiores.


Esto nos lleva a un tema crucial en la justicia como es el de quienes se desempeñan en ella.

El Poder Judicial y sus miembros

En Argentina en los últimos años se han incrementado los casos de jueces cuestionados que obien terminaron renunciando a sus cargos o fueron sometidos a juicio político.

La designación de los jueces hasta la reforma constitucional de 1994 se hacia por el Presidentede la Nación con acuerdo del Senado, lo que en algunos casos se llegó a considerar que habíansido designados por "amistad" y no por capacidad e idoneidad. La reforma constitucional del 94introduce, en el artículo 114, la creación del Consejo de la Magistratura, el que recién tuvo suLey Reglamentaria en diciembre de 1997.

El Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de Selección de Magistrados, es ahora elencargado de seleccionar los candidatos a ejercer la judicatura mediante el llamado a concursopúblico de oposición y antecedentes. Una vez efectuados los mismos, y conforme al puntajeobtenido por los candidatos, debe elegir una terna, la cual es remitida al Presidente de la Nación,quien elige a uno de ellos y lo envía al Senado para su aprobación.

Si bien esta forma de selección tiene a su favor el que él o los elegidos a ocupar los cargospuedan estar más capacitados y no influenciados por lazos de amistad, también trae aparejadola lentitud en ocupar las vacantes. No se nombran nuevos jueces, el retraso en losnombramientos es cada vez más grande. Existen actualmente alrededor de 120 cargosvacantes.

Recién hace unos meses se eligió la primera terna para ocupar el cargo de juez Federal enComodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, se envió la misma al Presidente y éste se tomó 40días para elegir el candidato. Al día de hoy se han enviado tres ternas. Los demás cargos que seencuentran vacantes siguen igual, se están realizando los concursos, y los justiciables siguenesperando inmediación y celeridad.

Esto trae aparejado cada vez mayor lentitud en los procesos, pues los Juzgados vacantesquedan a cargo interinamente por jueces a cargo de otros Juzgados.

Vemos así que el recargo propio de tareas de todo Juzgado se ve incrementado con el tramitedel Juzgado vacante, lo que produce mayor entorpecimiento en el procedimiento y errores detodas clases, recargando las tareas a su vez de los Tribunales de Segunda Instancia a quieneslas partes acuden en revisión de las resoluciones que consideran equivocadas.

Al paso que vamos no sabemos a ciencia cierta cuando se cubrirán las vacantes existentes y lasque se van produciendo día a día ya sea por renuncia, jubilación, muerte etc. sin contar que elcrecimiento de la población e incremento de la litigiosidad de los argentinos va en aumento sinque crezca el Poder Judicial.

ACCESO A LA JUSTICIA

El acceso a la Justicia se entendió tradicionalmente como "un Derecho Natural".


Pero si lo analizamos vemos que existe una ruptura entre la declaración formal de un derecho ysu alcance real.

Al presente los problemas detectados son:

1. alto costo del proceso;

2. duración;

3. ventajas particulares de algunos litigantes;

4. gastos procesales;

5. conocimiento del derecho;

6. modos de defensa.

La sociología investiga sistemática y empíricamente los obstáculos que se presentan paraobtener un acceso a la justicia por parte de la totalidad de la ciudadanía.

Es imprescindible proponer soluciones para que las clases populares puedan superar, aceptandoque el problema es económico, social y cultural. Quienes tienen menos recursos habitualmenteno pueden concurrir a la consulta de un abogado particular, debiendo recurrir a los consultoriosgratuitos, lo que trae aparejado la indiferencia del letrado o en todo caso el poco interés en latramitación del juicio por la baja remuneración.

No nos extenderemos en los problemas enumerados más arriba pues creemos que pueden serobjeto de un trabajo exhaustivo, pero si podemos enunciar como algunos de esosinconvenientes: las costas de los juicios, los gastos de pericias, en algunos casos la necesidadde una caución previa, según la medida que se solicite, la larga extensión del juicio, el previopago de la Tasa de Justicia como requisito "sine qua non " para iniciar el proceso, etc.

QUE SE DEBE MEJORAR

Conducta de las partes

Si bien hicimos mención al comportamiento de los jueces en el procedimiento, consideramos queel problema de la justicia involucra a todos, es decir tanto a los magistrados, a los empleados delPoder Judicial como a los abogados.

La formación de valores incumbe a todos, el respeto, la solidaridad, la tolerancia deben ejercersecontinuamente. Así como los jueces deben conocer a las partes, por un principio de inmediatez,también es preciso que atiendan a los letrados de la misma manera. A diario vemos que hayabogados que son atendidos en algunos Juzgados de forma preferencial, surgiendo así unaconducta discriminatoria que puede señalarse como una practica corrupta.


Algunas veces hemos oído que algunos abogados, como fundamento para incrementar suhonorario, manifiestan a sus clientes que deben afrontar un costo "extra" destinado a obtener unresultado favorable en su demanda judicial, hecho que puede ser cierto o no, ya que laresolución favorable puede ya existir.

De una forma u otra tal practica corrupta solo conduce a la perdida de confianza en el ordenjurídico y en el sistema que lo sostiene. Conocemos muchos casos en los que se han perdidocédulas de notificación, o escritos judiciales, pudiendo llegarse a perder incluso el expedienteíntegro. Esta es otra de las formas de corrupción en la justicia, mediante actos que ya no soncometidos por los jueces ni los funcionarios judiciales sino por los propios litigantes ya sean losmismos interesados o sus abogados.

Tal deterioro se extiende a la practica de la abogacía ya que la falta de respeto entre los letradosestá a la orden del día, existe una mala fe y falta de probidad generalizada con presentación deescritos inoficiosos, demandas claramente temerarias, con abusos de prácticas dilatorias quellevan al ciudadano común a temer a ejercer sus derechos ante los Tribunales de Justicia.

Cambiar los procesos y la legislación

Los expedientes escritos forman montañas imposibles de leer, el sistema va quedando obsoleto,este procedimiento provoca retardo en la justicia. Por ello se deben reformar los códigos deprocedimientos teniendo en cuenta que los principios que deben regir son los de equidad,inmediatez, transparencia, publicidad, competencia, celeridad y legitimidad.

Se deben sancionar nuevas leyes orgánicas para la Justicia.

Enfatizar el concepto de responsabilidad de los funcionarios públicos.

Incrementar la actividad de los tribunales de ética profesionales de todos los involucrados en elsistema judicial: abogados, peritos, contadores, ingenieros, calígrafos, escribanos, etc., con unreal contralor de las profesiones y convocar a los ciudadanos a denunciar las practicas corruptasde las que puedan tomar conocimiento.

Replantear la formación de los profesionales del derecho, con un control más estricto de lossistemas de estudio de las Universidades, tratando de que exista una formación profesionaleficaz para la sociedad, moral y humanista y con un examen habilitante antes de entregar lamatrícula.

Recursos

En este tema podemos destacar:

Recursos humanos:

La creación de nuevos juzgados diferenciando las causas.

De esta forma cada uno en su especialidad, y con menor cantidad de causas podría acelerar lostrámites.


La creación de una Escuela Judicial eficiente y eficaz, evitaría la designación de personas noinvolucradas con la tarea judicial.

Recursos materiales:

El problema edilicio que enfrentan hoy los Tribunales Nacionales de Buenos Aires, es tremendo.

Desde hace años se ha hablado de una "ciudad judicial", pero siempre hay quienes se oponen altema, no sabemos si es por el simple hecho de oponerse o por intereses creados. Lo cierto esque no existen edificios hábiles para el funcionamiento de los Tribunales.

La falta de tecnología es otro de los graves problemas.

La informatización debe ser completa, real y eficaz.

CONCLUSION

Estos son algunos de los problemas y posibles soluciones al acuciante tema de la JUSTICIA.

Es imprescindible, que todos los involucrados: funcionarios, abogados, profesionales que sedesempeñan dentro del Poder Judicial, las Asociaciones de Magistrados, de Abogados, losmiembros de la Sociedad Civil y los representantes del Gobierno, esencialmente del Ministeriode Justicia, aúnen criterios, dejando sus intereses de lado, para solucionar aunque más no seaen parte el problema.

Si todos se involucraran para mejorar el ámbito y el hábitat de la justicia, habremos solucionado,en parte un problema que nos incumbe a nosotros y a la ciudadanía en general.

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Dra. Amalia Mattio de Mascías, abogada, es miembro diversas instituciones relacionadas conla Justicia, coorganizadora del Foro de Mujeres contra la Corrupción, Voluntaria de diversasONGs. y directora Ejecutiva de Asociación FISCALES SIN FRONTERAS. Ha dictado y diseñadocursos de Técnicas Organizacionales, Participación Ciudadana y Formación de Dirigentes. Haparticipado en seminarios nacionales e internacionales y workshops sobre Marketing Político,siendo el último "Globalización y Políticas Públicas" en la Universidad de Georgetown (USA). Seha desempeñado como Subdirectora de la Oficina Nacional de Ética Publica −Presidencia de laNación, ha dictado cursos y conferencias sobre Ética en el Sector Público y Privado, tienetrabajos publicados sobre el tema (en Castellano y Portugués) ha expuesto en diversos paísesde Latinoamérica.


Canadá/Francia/Suiza

La Corrupción:Compromisos nacionales y conexiones internacionales1

Jean−Claude UsunierProfesor a la Universidad Louis−Pasteur (Strasbourg,

Francia) y a la Escuela de Altas Estudios Comerciales (Universidad deLausanne, Suiza), es un especialista en marketing internacional y en

management comparativo y cross−cultural

y

Gérard VernaProfesor a la Universidad Laval (Québec, Canada) y director

de Carrefour Amérique latine (http://focal.fsa.ulaval.ca/) es unespecialista de gestion internacional de empresas y de ética en los negocios

[email protected] http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/EH/E/corrupcion.htm

La corrupción: Si bastara con denunciarla para eliminarla y mostrarla para hacerlaintolerable, sería sencillo. Para reducirla hay que investigar cómo se produce, quiénesestán implicados, cuáles son sus motivaciones y sus debilidades.

Así pues, a lo largo de este artículo, veremos la relación que tiene la corrupción conlos mercados de grandes equipos, hablaremos de la «flexibilidad» de la burocraciafrancesa, presentaremos alguno trucos contables, hablaremos acerca de la mejormanera en la que un dicatador puede ser «propietario» de su país, etc. y concluiremosformulando la siguiente pregunta: Quién gana y quién pierde en este juego?

Prefacio

Desde la redacción , en marzo −abril de 1994 del siguiente artículo, las cosas han mejorado perono de manera sustancial. Este artículo muestra que la corrupción es un fenómeno sistemáticoque se alimenta tanto de su relación con las esferas locales de poder ( en donde se toman lasgrandes decisiones), como de los nexos que mantiene con las redes internacionales gracias alas cuantiosas cantidades de dinero que posee.

Sin embargo, no es posible que los gobiernos permanezcan indiferentes frente a una situaciónque se deteriora cada vez más, hasta el punto en que grandes cantidades de dinero reciclablesalcanzan montos extraordinarios : a decir, varios centernares de miles de millones de dólares


cada año. La reinyección de tales sumas de dinero en la economía pueden tener consecuenciasdifíciles de estimar . Lo que es aún más grave, el poder que otorga su control supone unproblema político grave a escala mundial, ya que permite suponer que la cantidad de accionesreales de algunas multinacionales no está debidamente repartida como se pretendió hacer creeralgunos años atrás.

Ahora bien, todas aquellas sumas de dinero provenientes de diversas actividades ligadas altráfico, se caracterizan por ser el fruto directo o indirecto, visible o invisible de la corrupción.

La corrupción va desde el agente aduanal que se « hace el ciego », de la firma de un documentofalso por un funcionario de la embajada, un joven ejecutivo financiero que se le convence pararealizar inversiones de dudosa finalidad, hasta el banquero que acepta hacer depósitos cuyosorígenes aparenta desconocer.

Sería imperativo reaccionar, tanto para salvar la economía como la moral. Es así que la OCDE (Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico), se ha responsabilizado y hallevado a cabo dicha tarea mejor que cuando intentó imponer sutilimente al AMI ( AcuerdoMultilateral para la Inversión).

Con la entrada en vigor en 1998 de la conveción para la lucha contra la corrupción defuncionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, los paísesmiembros de la OCDE, han dado un paso importante en la lucha contra la corrupción ; lasprincipales potencias económicas han entablado una ofensiva contra la corrupción dentro deaquel terreno donde se encuentra más arraigada y más tolerada, el de los intercambioscomerciales.

Introducción

Del más pequeño al más grande, de grumete a comandante... 2

En Septiembre 1993, en Nigeria, el décimo exportador mundial de petróleo, los automovilistastenían que hacer hasta 6 horas de cola para conseguir gasolina. El gas de cocina era tan difícilde encontrar que la gente se veía obligada a utilizar madera o a calentar el agua con hervidoreseléctricos, si es tan cierto que el agua no se cortaba y que la electricidad funcionaba. La riquezade Nigeria ha estado literalmente saqueada por el presidente Ibrahim Babangida, que dirige elpais desde 1985 con mano de hierro. La corrupción, endémica después de 30 años deindependencia, ha provocado pérdida y desviación de recursos. La Nigeria del generalBabangida ha dividido el país de manera cínica, institucionalizando la corrupción y avivando larivalidad entre los tres principales grupos étnicos, los Yorubas, los Ibos y los Hausa−Fulani.Como lo subraya el lider sindicalista Didi Adodo: "Los colonialistas no han hecho tanto mal alalma nigeriana que el que le ha hecho Babangida.3 Sin embargo, los militares ya habían tomadoel poder en 1983 por el tema de la lucha contra la corrupción, lanzando una campaña tituladaWAI "War Against Indiscipline", la guerra contra la indisciplina social.

Allá como en otros lugares, la realidad parece simple. Pero, de hecho no lo es. Se admite lacorrupción sin el ser: generalizada a todos los niveles de la sociedad,, es un cáncer con el cualhay que vivir, pero con el cual cada uno sabe morir a plazos. Si fuera suficiente denunciarlo para


eliminarlo, de mostrarlo para volverse intolerable, todo sería simple. En fin, la corrupción tiene unvalor sistemático. Uno no puede estar más golpeado por su perpetuidad. Aunque sea ilegal, noes menos económico. Tiene un sentido, aunque no sea socialmente deseable. Tratar dereducirla supone investigar cómo se produce, qué personajes une, cuáles son sus motivacionesy temores.

La relación con los mercados de grandes equipos

Los negocios de corrupción están frecuentemente ligados a la venta de grandes proyectosinternacionales: fábricas llave en mano, centrales nucleares, aviones, sistemas de armas, etc).De esta manera, suponemos que para obtener el mercado de la construcción de la Universidadde Riad, Bouygues debe girar a cada uno de sus dos intermediarios, el Príncipe Saoud, hijo delPríncipe Fahd y el Príncipe Ahmed Ben Abdulhaziz, vice−ministro del Interior, el 15% delmercado o sea 900 millones de dólares.4 Si las ventas de material militar dan lugar a lacorrupción, no se trata sólo de armamento. Es más bien el poder de pasar por los mercadoscombinado al sentimiento que uno puede casi libremente y sin riesgos sacar partido de esederecho que han creado los corruptos. Los corruptores potenciales se sienten en competencia ysuponen tener el derecho práctico de agregar "una cereza más al pastel" Los consorciosinternacionales que venden los grandes proyectos de equipo y de fábricas llave en mano sepelean por obtener los contratos. Cada vez hay más postores potenciales frente a una solapersona que toma la decisión. Esta persona para estar definitivamente convencida desea nosolamente seleccionar la mejor oferta en el plan técnico y económico, sino también que el felizvencedor "escupa dinero" un cierto poorcentaje del monto del mercado. Este porcentaje es muyvariable según el país, los sectores industriales y las circunstancias. En paises como Venezuelay México, durante los años ochenta, el responsable de un grupo multinacional americanoestimaba que las comisiones tenían una tendencia a establecerse alrededor del 10% ó 15%.Algunos paises, como Uruguay y Paraguay podían esperar un tercio del total del mercado juntocon un poco de dinero por debajo de la mesa. De hecho mientras más "político" sea el pedido,más elevado es el porcentaje, el punto extremo está en el caso en el cual el contrato no es másque el pretexto de una extorsión, de una malversación de fondos hacia el extranjero encabezadapor un dirigente que utiliza la sociedad extranjera para transferir su dinero a Suiza.

El gran desarrollo ha sido el pretexto de un importante incremento de los grandes contratos y dela corrupción. En los Estados recientemente descolonizados, la cultura del servicio público, elsentido del Estado, los sistemas de control de cuentas públicas son más bien las fachadas quelas realides ya establecidas. De ahí la tendencia frecuente de dirigentes autócratas de confundirsu caja privada con la de su país. Probablemente, este fenómeno ha alcanzado su puntoculminante a final de los años setenta y a principio de los años ochenta. Pero mantiene suimportancia ya que algunos dirigentes de los más corruptos están siempre en el poder. Fue asícomo el presidente Bongo fue "reelegido" en la primera vuelta a finales del año 1993, sin que sehaya culminado con el escrutinio de votos. Del mismo modo el presidente Mobutu ha sabidoaplastar con sangre la oposición y las rebeliones populares para mantenerse en el poder. Lospaíses son soberanos, para lo mejor y lo peor...


La flexibilidad de la burocracia francesa

Los casos donde las administraciones públicas facilitan y fomentan la corrupción no son rarosdentro del campo del comercio internacional. La pequeña historia descrita a continuación,totalmente auténtica y que se remonta al año 1982, ilustra bien esta "anomalía".5

Helen y Robert dirigían desde hace algunos años una pequeña empresa de negociacionescomerciales en Africa que, poco a poco, se había transformado en una empresa de ingeniería ymantenía dos oficinas permanentes, en Africa del Oeste y en Africa del Este. Sus negocios ibancada vez mejor hasta que cierta dificultad se volvió escandalosa: Cómo financiar, desde Paris,las crecientes necesidades de dinero en efectivo necesario para mantener toda una pequeñaclientela de informadores e intermediarios diversos que, localmente, les permitía obtener y llevara cabo sus contratos. En efecto, el problema era doble en 1982: primero, sacar el dinero deFrancia con todo el control de cambios existente, y, segundo, poder gastar el dinero sin tenerque presentar los documentos o las facturas que justificaran dicho gasto. Helene y Robert, cadauno por su lado, estaban conscientes de su problema y, un día Helene recibió una llamada de unconocido del negocio que trabajaba dentro de los medios bancarios diciéndole que ella quizáspodría encontrar una solución llamando a cierto número que él le daría. No había nada queperder llamando. Helene reconsideró la sugerencia y fue atendida por una voz masculina muyfría. El corresponsal, sin presentarse ni indicar su función preguntó a Helene de dónde habíaobtenido ese número y cuál era el motivo de su llamada. Helene comenzó a explicar suproblema y casi inmediatamente le cortó la palabra para decirle: "Vaya tal día a las 14 horas alnúmero "X" de la calle de Rivoli, oficina número tal". A la hora citada, Helene, Robert y el Sr. T.,su abogado, llegaron a la oficina indicada, situada en un lugar un poco retirado y sin ningunaindicación de nombre o función sobre la puerta. Ellos tocaron y, luego de ser invitados, entraronen una oficina que parecía más bien una oficina de paso que otra cosa y donde fueron recibidospor un señor de más de cincuenta años que no se presentó. Helene y Robert sí se presentaron.El "Señor" intervino entonces para decir "y él, quién es?" señalando al Sr. T. Robert trató deexplicar que se trataba del abogado de la compañía que los había acompañado por azar, y el"Señor" parecía muy molesto y dijo, duramente, algo así "O él o yo". El Sr. T. comprendióinmediatamente que ése no era su día y se retiró del lugar sin hacer mayor comentario. El"Señor" tomó la palabra, como si conociera ya el caso de la empresa y dijo a Helene y Robert:"Uds. necesitan dinero para que puedan funcionar sus dos oficinas en Africa, pero no puedenjustificar la utilización de la partida de gastos?" Helene y Robert indicaron que temían que lespreguntaran por qué necesitaban esa cantidad, ya que esos fondos injustificables contablementeeran aquellos que correspodían a la pequeña corrupción regular que deben mantener parasubsistir6 Pero esa pregunta no viene al caso. Al contrario¡ "Cuánto?" "Perdón?" "Cuántonecesita por año para funcionar ?" Un poco desconcertados, Helene y Robert se consultaron alrespecto y uno de ellos dijo tímidamente "Un millón?" "de acuerdo! Si ese monto no es suficientelo veremos más adelante. Cuál es vuestro intermediario encargado?7 "La BFCE"8. El "Señor" selevantó diciendo "Bien. Vayan a este lugar mañana y visiten al gerente encargado de su cuenta"Para él, el negocio había concluído. Helene y Robert querían saber más al respecto , pues todoaquello parecía un poco irreal, pero su invitado les indicó la puerta y se despidió de ellos. No lovolvieron a ver nunca más, ni nunca conocieron ni su nombre ni sus funciones.

A la mañana del día siguiente, alrededor de las 11 horas, la persona que se ocupa habitualmentede sus negocios en la BFCE los recibió diciéndoles "Buenos días, todo está listo!" "Qué es lo queestá listo" "Su nueva cuenta! Sólo necesito sus firmas para registrarlas. Efectivamente, todoestaba listo. Helene y Robert no hicieron más preguntas. Nunca necesitaron quejarse por algúnmotivo! De hecho, ellos utilizaron enseguida esa cuenta durante muchos años. Nunca


sobrepasaron el monto anual de un millón, ni jamás tuvieron el menor problema de girar contraesa cuenta las sumas que necesitaban, las cuales, inmediatamente eran libremente convertiblesy gracias a ello, pudieron continuar a entregar los fondos a la caja b de sus oficinas extranjerassin tener la preocupación de buscar pequeñas excusas para retirar el dinero. Evidentemente, ypor añadidura, ellos podían luego declarar esas sumas como "Gastos de funcionamiento de susoficinas extranjeras", sin dar mayor explicación, y aquellos gastos se agregaron a los gastosnormales de explotación, eludiendo así el impuesto. Hacer las cosas "Legalmente" es tanagradable!

Hay, en efecto, un circuito oficial de la corrupción. La comisión de la prevención formada porPierre Bérégovoy en 1992 planteó claramente la pregunta: "Es necesario reordenar elprocedimiento confidencial que permite a las empresas obtener la deducción fiscal de sus"comisiones" giradas dentro del marco de los contratos de exportación de armamentos o de otrotipo de mercaderías? La mayor parte de las personalidades que se dirigieron a la Comisión hanconsiderado que dar este reconocimiento oficial a los actos de corrupción denota un mal auguriorespecto a la voluntad real del gobierno de luchar contra esa plaga. A fin de cuentas, tal pareceque este procedimiento no es utilizado por la mayoría de nuestros competidores europeos queno exportan menos." (Informe de la Comisión sobre prevención de la corrupción, remitido alPrimer ministro en Junio 1992)

"Para aprovechar la tenencia de los mecanismos oficiales de la corrupción, nos dirigimos en elQ.G. de operaciones: el ministerio de Finanzas, Dirección de relaciones económicas exteriores,DREE. Aquí uno se convence de que la corrupción es la única bota imparable que permite ganarlos mercados. Esta oficina recibe en nombre del interés nacional a los representantes de losgrandes grupos exportadores franceses: Dassault, Thomson, Matra, o Bouygues, Elf, Spie−Batignolles, Alsthom....y también algunas PYME. Para obtener algún mercado, deben girar los"gastos comerciales excepcionales" (FCE) al facilitador. La DREE, "sindicato" natural de losexportadores, escucha atentamente y defiende estos casos ante la oficina de negociosinternacionales de la dirección de impuestos. Hay en realidad dos problemas: hacer llegar eldinero al destinatario e incluir estos FCE dentro de los gastos de la empresa para disminuir elimpuesto correspondiente sobre los beneficios..."(Agir ici, octubre 1992).9

El segundo problema, el del impuesto, es relativamente fácil de resolver teniendo en cuenta todala normatividad legal progresivamente establecida por el Gobierno francés. Las autorizacionesde deducciones son fáciles de obtener a pesar de las afirmaciones de un comunicado de prensadel ministerio del Presupuesto del 8 de Enero de 1993 según el cual: "De ahora en adelante, lassumas giradas por las empresas serán objeto de un examen minucioso por los servicios de ladirección de impuestos dentro del marco de Control fiscal respecto a las condiciones legales dela deducción de gastos." De hecho, el cambio de gobierno que siguió no trajo consigo cambio deprácticas y todo este negocio recae bajo una sombra que muchos desean que no desaparezcajamás...

El primer problema, hacer llegar el dinero a los "facilitadores" puede traer algunas dificultades.No nos imaginamos a nuestros empresarios partir de Roissy con las valijas llenas de billetes(aunque...) para hacer de Papa Noél en las regiones exóticas. Ellos necesitan de losintermediarios. Hablamos mucho respecto a las sociedades situadas en los paraísos fiscales delCaribe: ésta es no sólo a veces, sino frecuentemente complicada y costosa. Hay soluciones mássimples. Robert, a quien ya hemos citado anteriormente junto con su socia Helene, tienen muchotiempo practicando esta actividad fuera de la dirección de su sociedad. Robert era agenteexclusivo, para algunos países de Africa, de una sociedad de exportación francesa actuando élmismo como agente para grandes constructores franceses de "material sensible" El percibía un


sueldo como agente y tenía comisiones en las que el monto era periódicamente objeto delcontrato que suscribía con la organización que representaba. Le pagaban sus comisiones comocorrespondía, es decir, un porcentaje de los pagos recibidos de los clientes. Pero una de susatribuciones también era la transferencia de sus FCE, trabajo sucio para el cual su organizaciónse apoyaba completamente en él. A decir verdad, para sus jefes Robert tenía una cualidadinestimable: él era desde hace mucho tiempo residente fiscal en un país que no había firmado unacuerdo fiscal con Francia. Era entonces imposible seguir el rastro del dinero que le enviabandesde el momento en que obtenían la autorización por la transferencia! De hecho, Robertdisponía de cuentas bancarias de tránsito en Suiza con las cuales cobraba las sumas deseadaslegalmente. A cuánto ascendían?

La negociación del monto de los FCE eran siempre un ejercicio delicado pues sólo Robert sabíaexactamente lo que iba a transferir y a quién, pero otros empleados de la organización estabanigualmente en contacto con las personas correspondientes y podían entonces confirmar talesafirmaciones. De otro lado, cada uno sabía bien que la corrupción de un funcionario no eranunca un acto puntual y aislado sino más bien una serie ininterrumpida de pequeños servicios,marcados, con motivo de cada contrato importante, de algunos giros considerables. Entonces,era necesario determinar el costo total de tales acciones para fijar el porcentaje adecuado.

Además, los márgenes de maniobra diferían de un contrato a otro pues la DREE, por medio delconsejero comercial del país referido y la COFACE10, por intermedio de su comisión de garantía,eran las partes que tomaban la decisión. Así, un consejero comercial ya sea por el hecho de lasprácticas utilizadas en el país donde él ejercía podía encontrar anormal un porcentaje de FCEsobre un contrato11. La COFACE, tomaba nota del monto garantizado por ella ( este porcentajedel contrato podía llegar al 90%) y rechazaba, la mayoría de las veces, garantizar lo quellamaban "la parte exógena" del contrato, es decir, el porcentaje del precio de venta querepresentaba la suma de las compras realizadas en el extranjero para cumplir el contrato con lasuma de los FCE. Así, para un contrato de venta de helicóptero "cofacé"12 a 85% sobre el cualla Aeroespacial debía comprar en Gran Bretaña los equipos de radio por un total querepresentara el 8% del precio de venta, el monto máximo admisible de FCE era de (100−85−8)=7%. Reconocemos ahí el rigor cartesiano de los Franceses... Las sumas recibidas por Robert opor otro intermediario eran seguidamente redistribuidas a los destinatarios según diversasmodalidades y de acuerdo a las circunstancias.

Pequeñas y grandes astucias contables

La corrupción no opera de forma directa, pasando una suma de billetes de una mano a otra, sinopor pequeños montos. Aquél que suele hacerlo por montos considerables se expone a seriascontrariedades, no sólo en lo que respecta a su seguridad personal sino también a la de sus"beneficiarios". Además, toda operación importante efectuada directamente en dinero en efectivosupone una gran confianza, pues ésta puede tornarse peligrosa (el compromiso es manifiesto) eineficaz (una vez remitidos los billetes no hay huella y el corrupto puede coger al corruptor en supropia trampa).

En realidad, los manejos contables permiten asegurar que se efectuarán todos los pagos de losrecursos discretos. La creación de cajas b sirven para alimentar los pequeños pagos, quepueden incluso efectuarse mediante cheque, bajo el pretexto de remuneración de servicios. Asíes como la compañía americana Braniff ha vendido más de 3500 billetes de avión en América


Latina por un valor de 900.000 dólares sin efectuar el registro oficial contable13. Las sumasgeneradas de esta manera servían para alimentar una cuenta bancaria secreta que no semencionaban ni dentro de las cuentas de la casa matriz, ni dentro de sus filiales. Servía paragirar las comisiones ilícitas a los organizadores y agentes de viaje, compradores mayoristas debilletes de avión, en violación del "Acuerdo Federal de Aviación".

Gérard Verna ha estudiado el comportamiento de más de 20 empresas extranjeras presentadasen Guinea entre 1975 y 1984 y demuestra que la imaginación no tiene límite cuando se trata dealimentar cajas b, las cuales estaban además destinadas a la compra de divisas locales encotización paralela. Además de la venta de billetes de avión, podemos observar los servicios dehotelería, de transporte, de alquiler de vehículos y máquinas, de venta de alcohol y de productosalimenticios, de construcción de casas, de enseñanza (matrículas en la escuela francesa), etc.14

La distribución de comisiones se hace frecuentemente por la sociedad intermediaria. Estasociedad que tiene su sede en Luxemburgo, en Liechtenstein o dentro de otro paraíso fiscal,puede tener por ejemplo, por objeto la realización de estudios. Esta sociedad de estudios estáfrecuentemente involucrada desde la fase de la preparación de la licitación para un proyectollave en mano. Imaginemos que una personalidad local influyente, que puede actuarampliamente para lograr que le atribuyan un contrato a una compañia exterior, cuenta con undespacho de estudios en su país. Esta persona podrá entonces, por el precio de sus servicios,sugerir a sus interlocutores extranjeros la conveniencia de que su sociedad se encargue de losestudios técnicos preliminares, evidentemente, ficticios. El monto de estos estudioscorresponderá esencialmente a la comisión. Luego de sub contratar estos estudios a la sociedadintermediaria de Luxemburgo o del exterior, y pagándole por este trabajo ficticio podrá depositarsu dinero en un lugar seguro.

Otros montajes consisten en ofrecer empleos ficticios a funcionarios influyentes, bajo el pretextode su capacidad en determinado campo en estas compañías fantasma. Sin tener quedesplazarse en el país donde se encuentran estas compañías, sin que el contrato de trabajoaparezca ni por asomo en su país de origen, este funcionario recibirá cada mes un sueldoconsiderable, que le será girado, por discreción y comodidad, en una cuenta abierta en un paístan discreto como Suiza por ejemplo. Cuando se vaya de vacaciones con su familia para hacerdeporte de invierno, él podrá aprovechar sus ingresos ilícitos sin tener necesidad de repatriarlosa su país de origen. Las sociedades fantasma son difícilmente localizables, pues, con ciertaastucia, constituyen fachadas "lisas" con las cuales no es fácil atraparlas. Las acciones sonsuscritas al portador. Los accionistas no pueden ser conocidos. Los administradores no exigenninguna garantía, lo cual les evita firmar cualquier documento oficial y, por lo mismo, de hacerseconocer. Por último, los "delegados" locales, en el paraíso fiscal donde se ha creado la sociedadfantasma proceden a efectuar todas las operaciones necesarias para dar cuenta a losverdaderos propietarios ubicados en el extranjero, cuyos nombres permanecen desconocidos.Dos soluciones contables son frecuentemente utilizadas: la sobrevaloración de ciertastransacciones, gastos e ingresos, y el registro de transacciones ficticias. Así la compañiaAmerican Hospital Supply, tuvo que pagar una comisión de 10% por obtener el contrato de unhospital en Arabia Saudita, incrementando el precio del contrato, y después registrando unacomisión por gastos de consulta, cuando, en realidad, no se había prestado ningún servicio deese tipo. Esto permite a la comisión del 10% de convertirse en gasto (casi) legítimo y, sobretodo, deducirla de la base de cálculo del impuesto a las sociedades.

De una manera general, todos los sistemas de falsas facturaciones pueden ser utilizadas paracrear estas cajas b, que servirán luego para pagar las comisiones. Por ejemplo, una empresasub factura sistemáticamente sus exportaciones con destino a su filial suiza, la cual pone la


diferencia entre un precio real y el precio pagado en una cuenta destinada a pagar algunos"falsos gastos" por todo el mundo. De hecho, una serie de motivaciones, no ligadas directamentea la corrupción, pueden conducir a manipular los precios de los productos exportados oimportados, por el camino de la sobre o sub facturación. En primer lugar, cuando un paísrepresenta un alto grado de riesgo político, como es el caso de los paises en vías de desarrollo,los empresarios locales desean dejar una parte de su fortuna en el extranjero, pues su confianzaestá limitada en cuanto a la seguridad de sus bienes y derechos personales en su país deorigen. En segundo lugar, un empresario local puede desear sacar dinero, por medio de la subfacturación, simplemente porque necesita tener dinero para comprar en el exterior un productoprohibido (o muy difícil de obtener) de importar en su pais, y que necesita para mantener suindustria.

De hecho, la no convertibilidad de la moneda se encuentra en el origen de las falsasfacturaciones, desventaja que las restricciones cuantitativas15 derivarán en contrabando. Y sieste fenómeno se generaliza, es donde una quincena de países pueden entrar en la categoríade paises con moneda totalmente convertible, es decir, donde los tenedores pueden hacerabsolutamente lo que quieren16.

Los mercados negros de divisas aparecen espontáneamente dentro de todos los países dondela moneda no es convertible. Las cotizaciones paralelas de monedas pueden estar muy lejos delas cotizaciones oficiales. El récord en este campo parece haber sido ganado por Corea del nortea fin de los años 80 donde el informe entre las dos cotizaciones había subido hasta 35! Elexportador local, que se ve obligado a ceder las divisas ganadas en la venta de sus productos alextranjero al tipo de cambio oficial de su país, pierde entonces el valor real de su transacción. Enla medida en que la diferencia entre las dos cotizaciones no sea demasiado grande, tendráentonces interés de efectuar una sub−facturación de sus exportaciones, por medio de la cual sucliente extranjero, en calidad de cómplice activo, le girará la diferencia en una cuenta en monedaconvertible abierta en un país con poco riesgo político17.

En la importación también podemos observar igualmente todo un conjunto interesante dediversos tráficos en países con moneda no convertible que practican casi obligatoriamente elsistema de licencias de importación. Una licencia es una autorización para importar que elgobierno otorga a un comerciante o industrial local, por un conjunto de bienes donde el gobiernose compromete a pagar al proveedor extranjero en divisas convertibles a cambio del reembolsoen moneda local para el importador. Obtener tal licencia es una ganga en la que el beneficiariova a tratar de beneficiarse al máximo, en particular, solicitando a su proveedor extranjerosobrefacturar las mercaderías para luego girar la diferencia de precio en una cuenta "segura" enel extranjero. Las licencias de importación también pueden ser transferibles, es decir, que eltitular de una licencia podrá cederla a otro comerciante. Estas son, en este caso, el objeto de unverdadero comercio y a veces de licitaciones. Lo han constatado a tal punto que ciertosgobiernos organizan ellos mismos sus licitaciones 18

En los sistemas donde el control de cambios es muy riguroso, donde reinan las tasas de cambiomúltiples, la complejidad del trámite "legal" impide hacer operaciones perfectamente legítimas,como, por ejemplo, de importar una máquina herramienta del extranjero para aumentar susremesas de exportación. Las cartas son revueltas pues la manipulación de los precios tanto en laexportación como en la importación son casi sistemáticas. La corrupción encuentra ahí un mediodiscreto de transferir sus comisiones, aún cuando las falsas facturaciones no tienen por motivoexclusivo la creación de cajas b destinadas a pagar comisiones.


Ser propietario de su país

Los dictadores convierte a menudo a su país en una verdadera propiedad personal. Ellos puedenintentar con cierto éxito transferir este derecho de propiedad a sus herederos como "Papa Doc"Duvalier ha sabido hacerlo en Haiti con su hijo Jean−Claude llamado "Baby Doc", que fue, sinembargo, echado al cabo de algunos años, no sin antes retener algunas centenas de millones dedólares, millones gracias a los cuales él vive actualmente días felices en Francia en las afuerasde Grasse.19

La evaluación de los saqueos efectuados por dirigentes autócratas en su propio país provocavértigo, tanto así que un doble discurso sistemático viene a negar la realidad que los pueblospueden, sin embargo, observar con sus propios ojos. En 1984 uno de los autores no podía creerlo que oía cuando escuchó en directo en la television de la Costa de Marfil un discurso todavíacélebre, del difunto presidente Houphouet−Boigny, en el que reveló el problema de la confusiónentre el bien público y la fortuna privada del dirigente absoluto de un país.

"Yo, tengo bienes en el extranjero, en Suiza, pero no son bienes de la Costa de Marfil. Son losbienes que he ganado como propietario de una plantación en mi villa natal de Yamossoukro.Además, Uds. saben que yo siempre he sido rico. Yo fuí el primero en tener un coche en laCosta de Marfil. Posteriormente, yo traje un gran cadillac blanco, mucho más bello que el cochedel gobernador de esa época. Sí, tengo bienes en Suiza, pero hoy en día con todo lo que pasaen el mundo, qué hombre serio no va a dejar una parte de sus bienes para garantizar laseguridad de sus hijos? Es la banca del mundo entero. ...Aquellos que viajan conocen Nairobi, lacapital de Kenya. Ellos saben que las viudas de Jomo Kenyatta son las más ricas del país.Jamás vemos a persona alguna que lo critique".20

No es raro ver a un dirigente destituído casi asombrado de que se le reproche el haberacumulado sumas impresionantes de dinero a través de remuneraciones ocultas. De hecho setrata de un reflejo casi sistemático, cuya motivación inicial es, con frecuencia, el poder financiarun eventual exilio en el futuro. Así, desde su llegada al poder en 1962, Sékou Touré21 enviabainmediatamente a Suiza todo el dinero del partido que él dirigía, el PDG (Partido Democrático deGuinea), oficina del RDA en Guinea (Agrupación Democrática Africana) y pedía a los Guineanosque se arremangaran las mangas de la camisa, pues, como él decía, los Franceses se llevantodo cuando se van.22 La fortuna del general Mobutu Sese Séko, ubicada fuera de Zaire, esequivalente a toda la deuda externa oficial de ese país. Sin embargo, sus dirigentes seasombran de la ingratitud de su pueblo. Como Houphouet−Boigny quien un poco más lejos en undiscurso teñido de bondad populista, diría: "Mi amigo, mi hermano menor Yacé, me ha cedidouno de los edificios de su familia. Yo lo he habilitado para acoger a los mendigos. Yo no los voya ver. Yo quiero que ellos sepan que yo me ocupo de ellos. Yo los alimento, los visto. Cuandoellos quieran regresar yo pago"

Después de la devoción a su pueblo, el hombre generoso y desinteresado que dominaba supaís, acababa finalmente viendo la ingratitud de su pueblo o de ciertos ciudadanos. Al final de sudiscurso podemos encontrar frases reveladoras como "Uds. que no tienen nada, a quienes mipolítica les ha permitido salir del hoyo, son los que ahora me tratan de ladrón?" Propietario,explotador, el dirigente corrupto se siente benefactor, como Pablo Escobar, gran asesino ante elPadre Eterno quien en "su buena ciudad" de Medellin, Colombia, había financiado numerososalojamientos sociales, y sobre todo, dado "trabajo"23 a muchos jóvenes. Sus obsequios fueronmotivo de un gran fervor popular, difícilmente comprensible para un observador extranjero.


Inconscientemente, muchos dirigentes terminan convencidos que el Estado les pertenece y,evidentemente, a su familia. Por lo menos ellos creen totalmente normal que un hombre queposee el poder, puede utilizar su influencia para enriquecerse personalmente. Uno de los másarduos problemas para estos dirigentes es con frecuencia el de su familia que es todavía másambiciosa que el mismo dirigente. Así el presidente sirio Hafez El Assad emprendió en 1977 unagran operación de limpieza, dictando sanciones más severas contra los delitos de corrupción yarrestando a muchos dirigentes de las sociedades públicas. El descontento de la población y lasublevación de los hermanos musulmanes se reflejó en una serie de atentados que fueron elorigen de un fortalecimiento de la lucha contra la corrupción que ha sido el tema central delSéptimo congreso del partido único en Baas en 1980. Pero fue sólo en 1984 que Hafez decidióforzar a su propio hermano Rifaat, jefe de las brigadas de defensa, famosas por su barbarie ypor sus intervenciones en el tráfico de estupefacientes a dejar los cultivos de marihuana y deamapola en la ciudad libanesa de Bekaa. Alejar de su propio hermano, era una prueba para elpueblo. Rifaat El Asaad se fue a vivir a Francia donde posee muchos apartamentos ypropiedades.

Es claro que el pueblo está al corriente de las malversaciones y que éstas lo resienten de formaextremadamente negativa. Aunque no tenga derecho a hablar, no deja de pensar. Losmovimientos subterráneos en Arabia Saudita critican la monarquía y a sus principalesrepresentantes. El ejemplo de la toma de la mezquita de la Meca por los beduinos de Hedjaz,dirigidos por Mohammed Abdallah El Oteiba en noviembre de 1979 es revelador de la lecturaque tenemos de esos hechos. Para los franceses un grupo de iluminados fue a atacar un lugarsanto de Islam y Francia, amigo de Arabia Saudita envió un comando del GIGN, dirigido por elfamoso capitan barril, por llevar a cabo locos sacrilegios y blasfemias, amenazando a losperegrinos en un lugar santo. En realidad uno se puede preguntar si no existían interesescomunes entre los que decidieron llevar a cabo esas "locuras" que habían arengado la locurapara denunciar la corrupción del régimen y la degradación moral y social en Arabia Saudita.

Pero cuando el dirigente busca aclarar demasiado las cosas, éstas se pueden volver contra él. Elejemplo del Shah de Irán es revelador. En 1975 su régimen de amigo de Estados Unidos quecolabora con los investigadores americanos en relación con los negocios de las "comisiones"giradas por las sociedades americanas para obtener mercados en Irán. Su propia hermana fueacusada de la venta de un Boeing 747 de la TWA, después el Shah mismo fue sospechoso dehaber cobrado una comisión de la sociedad Grumman por una venta de aviones miltares. Elhecho de que los investigadores americanos saquen a la luz esos negocios, logró la rendicióndel Shah en su preocupación por la lucha, al menos oficial, contra la corrupción, obligando a losministros y altos funcionarios a declarar sus ingresos de origen privado. Ante la acusación de supropio cuñado, jefe de las fuerzas aéras, el Shah solicitó en 1978 a su primer ministro Hoveida,que prepare un código de buena conducta para los miembros de la familia imperial. De hecho, élperdió una considerable estabilidad por esta operación "manos propias" en el seno de su propiopartido y finalmente, se exilió a principios de 1979.

Dónde descubrimos que en realidad (casi) todo el mundo se aprovecha....

Cuando los funcionarios están mal pagados, pero disponen de un poder real, por ejemplo unpolicía, un aduanero, un controlador de impuestos, en uno u otro país donde el Estado no sabecómo asumir el cargo de las finanzas públicas, puede entenderse implícitamente que ellospueden "completar" sus ingresos a cambio del hecho de asumir un cargo público poco atractivoen el plan remunerativo. Así el paso por la aduana, la obtención de un formulario fiscal (para unadeclaración obligatoria) necesitará un poco de "engrase en la cartera" . En su legislación contrala corrupción los americanos llaman a este tipo de pago "lubrication payments", pagos de


lubricación. Estos están autorizados por la FCPA, el "Foreign Corrupt Practices Act" de 197724

(Acta de Prácticas de Corrupción Extranjera) revisada posteriormente. En realidad, estos pagospueden ser prácticamente asimilados a un salario implícito, en la medida en la que lasautoridades estén perfectamente al corriente de tales prácticas y consideren justificado esesalario implícito debido a la extrema modestia de las remuneraciones de los funcionarios. Lacomplejidad de las reglamentaciones, las dudas respecto a la manera cómo llenar losdocumentos, la obtención de un sello, de una firma son muchas de las razones para "sobornar".

Así en Perú la burocracia está particularmente desarrollada y no es fácil crear una sociedad. ElInstituto "Libertad y Democracia", dirigido por el economista Hernando de Soto, trata deestablecer las bases de los estatutos de una sociedad sin tener que recurrir al más mínimosoborno. Un jurista y tres asistentes trabajaron 301 días a tiempo completo y pasaron por lomenos por 11 oficinas distintas antes de conseguir todos los formularios y justificativos quedebían completar. Si medimos los documentos exigidos de un extremo a otro éstos alcanzabanlos 31 metros de largo. Y todo el mundo sabe bien que en Perú es difícil rechazar la compra deun billete de lotería a un policía que te lo ofrece, aún cuando sospechen que ese billete no serájamás sorteado. Las mordidas mejicanas son también célebres y no es raro ser detenido por lospolicías por una infracción no cometida. El único medio de llegar a un acuerdo es pagando.

La necesidad crea la corrupción en los pequeños funcionarios que deben dejarse sobornar parasobrevivir. Pero la burocracia tambíen puede crear la corrupción. La necesidad absoluta deintermediarios comerciales o de intercesores políticos puede dar origen a tráficos, sobre todo si aésta le agregamos el deseo de imitar y la bendición (relativa) dada por el "gran jefe". Toda estapequeña corrupción cotidiana tiene en Zaire la denominación de "Artículo 15", nombre dado a lapequeña corrupción generalizada, en particular a la de los funcionarios públicos. Esta práctica hasido alentada por el Presidente Mobutu en un discurso de 1976: "Si desean robar, roben poco einteligentemente, de una buena manera. Si roban tanto que se vuelven ricos en una sola noche,serán atrapados" Podemos ver claramente la amenaza que sigue al fomento de la corrupción. Sefijan los límites.

Quiénes son los perdedores?

El gran perdedor del sistema de sobornos es el país receptor en su conjunto. En realidad es elpaís el que paga siempre de manera indirecta las comisiones que se pagan a los dirigentes o adiversos intermediarios por la firma de contratos importantes. Suele suceder que una parte delos fondos regresan al país de origen de los corruptores. Creemos así que la suma de losdepósitos realizados ilegalmente por los ciudadanos mexicanos en los bancos extranjerosrepresentan aproximadamente el monto de la deuda exterior de México.... Tal parece que eldinero regresa también en parte a las arcas de los partidos políticos que están en el poder en losdiferentes países desarrollados que han realizado algunas maniobras de corrupción. Lasconsecuencias más desastrozas no son únicamente financieras, sino también económicas ymorales. Lo primero es adaptarse a un país del Tercer Mundo.

Como dicen Eric Fottorino, Christophe Guillemein y Erik Orsenna, en su libro "Besoind’Afrique"25: "Los buenos proyectos no necesitan de sobornos para salvar los obstáculos. Eldinero negro no sirve sino para escoger mal. proyectos de gran envergadura, 195 funcionan maly 79 están simple y llanament Conocemos el nombre de los elefantes blancos en Africa. Unestudio realizado en 1985 muestra que de 343 e paralizados.26 No tomemos a los expertos,


negros y blancos, por imbéciles: la mayoría sabe que esos cruces (de autorutas) a diferentesniveles son inútiles, esas fábricas sobredimensionadas, esas universidades vacías o casi vacías,construidas en pleno desierto (como el de Saint−Louis en Senegal) las llevarán a la ruina. Perola diosa de la Corrupción vigila que se firme el contrato."27 Podemos también citar el caso de lasdos fábricas de caminos que se enfrentaron a la salida de Caracas, en Venezuela. Siendo muyparecidas, ellas exageraron su informe relacionado con las necesidades reales del mercado. Lascomisiones eran, aparentemente, tan interesantes que sólo pudimos seleccionar uno de los dosproyectos. El monumento supremo levantado a la diosa de la Corrupción se encuentra, sin lugara dudas, en Lima, Perú, el mismo que está ubicado a todo lo largo de la Avenida Aviación, dondeobservaremos varios pilares de hormigón de los cuales sale un rollo de varillas metálicas enespera de la instalación de un tablero hipotético sobre el cual podrá circular también un metrohipotético. Este se levanta sobre varios kilómetros como si observáramos muchos brazoslevantados ante una plegaria inútil. Otra consecuencia muy lamentable para el ambiente socialde los países donde la corrupción castiga el estado endémico es desalentar a las élites localesde ejercer su oficio en base a su capacidad y de fomentar el chanchullo y el cinismo sistemáticoen el comportamiento político. Muchos ejecutivos competentes, ingenieros, administradores,médicos, consideran justamente que sus conocimientos están mal pagados. Ellos se desanimanal comparar sus salarios con los ingresos de aquellos que tienen acceso al poder político,cobrando una parte gracias a la corrupción. Entonces se desmotivan respecto al ejercicio normalde sus capacidades. Cansados de tal situación, terminan, a veces, por decidirse a emigrar o acomenzar a hacer política, a participar en los juegos del poder y acceder así a las esferas dondelas remuneraciones les permite enriquecerse a nivel personal.

Durante un coloquio realizado en Fribourg acerca de "la corrupción, lo opuesto de los derechosdel hombre",28 uno de los puntos más interesantes de la presentación del juez Colombo, juezinstructor en Milán, fuertemente comprometido en la operación "mani pulitte" con el juez Di Pietroha sido ciertamente su insistencia en el hecho de que el mayor perjuicio causado por lacorrupcicón generalizada a las empresas italianas es que éstas pierden poco a poco sucapacidad profesional y están, hoy en día, en un mercado que es nuevamente libre, gracias asus competidores europeos.

Lo mismo sucede en Africa. En un informe del grupo de trabajo del "Institut de l’Entreprise"podemos observar que "de 343 proyectos evaluados, 274 no están funcionando de los cuales 79han sido totalmente paralizados. Sólo el 20% utiliza su capacidad de producción por encima delnivel considerado satisfactorio. Esto no significa que este 20% constituyan negocios florecientes:algunos de esos proyectos que funcionan a plena capacidad tienen grandes dificultadesfinancieras y son de hecho negocios no rentables, que apenas se sostienen gracias a lospoderes públicos y, a través de ellos, por la financiación de los organismos internacionales... Elaparato productivo africano constituye más una carga para los Estados (reembolso depréstamos contratados para la construcción, sueldos de la planta de funcionarios) que unaherramienta que genere valor agregado y de desarrollo integrado."

Todos iguales ante la corrupción

Sin embargo, la corrupción no es un privilegio de los paises en vías de desarrollo. Existe tambiénen los países desarrollados. La financiación de los partidos políticos está directamenterelacionada con la corrupción. El costo cada vez más elevado de las campañas eelctorales, frutode la legitimidad cada vez más fuerte del marketing político ha traido como consecuenciacrecientes necesidades financieras de parte de los (quizás) futuros candidatos electos. Todos los


fondos que llegan a las cajas de los partidos políticos no llegan de manera clara y pública.Naturalmente todo enriquecimiento personal se sitúa muy cerca del financiamiento oculto de lospartidos. Ahí donde las transacciones no son muy claras, la tentación de malversar una parte deesos fondos es muy grande. Es claro que todo el monto de los sobornos no terminó en la caja bde los partidos políticos en el escándalo de las ventas de aviones militares americanos Lockheedque había efectuado el partido liberal demócrata en Japón, la democracia cristiana en AlemaniaFederal y el Príncipe Bernhardt de los Países Bajos. De ahí viene la desgracia del PríncipeBernhardt.

En Japón, no pasa ni una semana sin que se descubra, luego de muchos años, un nuevoescándalo de corrupción. Shin Kanemaru uno de los líderes el partido liberal demócrata, quienestuvo en el poder desde hace 40 años, estuvo implicado en el mayor escándalo de sobornosrelacionado con la construcción y con trabajos públicos. Kanemaru, quien ahora tiene 78 años,es un viejo ministro encargado de la compra de equipo, quien habría obtenido comisiones entre1% y 3% sobre el monto total de los contratos suscritos por las 20 compañías más grandes deconstrucción. De esta manera, habría acumulado, a título personal, el equivalente a 31 millonesde dólares en valores mobiliarios, más 960,000 dólares en oro y 391.000 dólares en efectivoencontrados en su domicilio luego de una pesquiza: Una verdadera fortuna equivalente a casi190 millones de francos.29 Al mismo tiempo, habría defraudado al fisco por lo menos con 8.8millones de dólares entre 1987 y 1989.

Kanemaru tenía un problema específico ya que se le conocían otros escándalos de sobornos enel partido liberal demócrata, pero jamás de montos tan altos. No ha sido fácil acorralar aKanemaru, un personaje muy poderoso que por mucho tiempo fue considerado como un"Hacedor de reyes" en su partido. En Octubre de 1992, fue acusado de haber aceptadocomisiones de cuatro millones de dólares de una compañía de transporte terrestre, pero sólo fuecondenado a pagar la modesta multa de 1670 dólares. Por el contrario, la exasperación de laopinión pública japonesa lo forzó a dimitir de su cargo de diputado. Finalmente, en 1993, dosempeñosos investigadores, Norio Igarashi y Tatsuhiro Ishikawa, avanzaron aún más ydescubirieron la compra de obligaciones al portador muy importantes que permitián a Kanemarudefraudar al Fisco. Ellos sólo informaron a los oficiales del ministerio de justicia dos horas antesdel arresto de Kanemaru para evitar una última maniobra de su parte. Estamos prácticamente enun escenario italiano. Las 580 firmas implicadas en la circunscripción de Kanemaru porpequeñas comisiones electorales y las 20 más grandes compañías de Tokyo y de Osaka nopodrían hacer mucho para luchar contra estas prácticas. Aparentemente aquellas grandesempresas que rechazaban el pago de las comisiones, se encontraban sin adjudicaciones demercados públicos, los cuales representan casi un tercio de todos los contratos. La competenciaera tan severa para obtener tales mercados que la corrupción se institucionalizó.

Esto se parece mucho a los alegatos de Carlo De Benedetti que pretendía que se anulara laventa de sus ordenadores a los PTT italianos por haber rechazado el pago de sobornos y queretomaron posteriormente cuando su grupo aceptó entrar en ese juego.

Justamente en Italia: al igual que Japón que fue su aliado en el pasado, sufrió consecuenciasmuy severas de parte de la corrupción generalizada que ha gangrenado toda la sociedad. Losjueces de Milán decidieron limpiar la sociedad italiana de ese mal endémico. Para hacerlolanzaron operaciones de gran envergadura, las cuales han ocasionado el encarcelamiento depolíticos o el suicidio de algunos empresarios, como Raúl Gardini, el jefe del poderoso grupoFeruzzi. El Alcalde de Milán, Paolo Pilliteri, acusado por su cuñado, el lider socialista BettinoCraxi, tuvo que dimitir a fines de 1991 debido a los consecutivos escándalos inmobiliarios. Susecretaria particular fue luego encarcelada. La práctica exagerada de sobornos desbarataron los


proyectos de la ciudad de Milán durante su realización. La obra del RER que debió haberseconcluido en 1994 fue simplemente paralizada luego de haber comenzado en 1983. El nuevoaeropuerto internacional estará listo el próximo siglo luego de mucha demora en laconstrucción.30

Venezuela tuvo como presidente a Andrés Pérez durante cuatro años. Hombre con muchaexperiencia política que resistió dos golpes de estado. Con ocasión del segundo golpe ennoviembre de 1992, el palacio presidencial fue bombardeado por las fuerzas armadas y AndrésPérez se vió forzado a refugiarse en las cuevas. Finalmente, la corrupción lo venció. Gracias a laterquedad de los periodistas se consiguieron las pruebas de la corrupción. La Corte Supremadecidió demandarlo por malversación de fondos públicos, al igual que a dos miembros de sugabinete. Finalmente, dimitió en 1993.

Kuwait ha realizado investigaciones sucesivas por malversaciones efectuadas en un fondo dereserva, la Oficina de Inversión de Kuwait,(Kuwait Investment Office "KIO"), con motivo de laguerra del Golfo, las cuales ascendieron a 65 mil millones de dólares. La KIO había sidoconstituida desde los años sesenta en base a la deducción del 10% que se efectuaba sobre losingresos petroleros con el objeto de contar con reservas suficientes cuando se agotaran losyacimientos. Estos fondos se utilizaron para reembolsar una parte de los gastos de guerra de losamericanos en la guerra del Golfo (16 mil millones), o de los aliados, entre los cuales Francia (6mil millones), la reconstrucción de la industria petrolera (10 mil millones), la infraestructura (6 milmillones) y la ayuda a los exiliados de Kuwait (7 mil millones), es decir, un total de casi 45 milmillones de dólares. Cuatro meses después de comenzar la guerra, tres eminentes dirigentes deKIO enviaron una carta al príncipe heredero, el Cheikh Saad Al−Abdullah Al−Sabah,advirtiéndole respecto al hecho de que se habían gastado miles de millones y que el ministro definanzas responsable de KIO no había hecho nada por detener esa situación. En realidad, sehabían hecho inversiones dudosas, en particular, dentro de un gran programa de inversionesinmobiliarias en España. Debido a incompetencias y malversaciones diversas, ese programacostó cinco mil millones de dólares de pérdidas a KIO. El nuevo parlamento de Kuwait sometió elproyecto a una comisión de investigación. Veintidos antiguos dirigentes de KIO fueronperseguidos en Londres por mala gestión. En Kuwait los bienes de cuarenta personas fueroncongelados por el procurador general esperando la justificación del origen de los fondos de quedisponían.31

Finalmente en Brazil, después de la dimisión forzada del presidente Collor de Mello pormalversación de fondos públicos, el presidente de la cámara de diputados estuvo a la vezimplicado en un asunto de corrupción, aún cuando él mismo había dirigido la acción contra elpresidente Collor. El fue acusado de haber percibido 51000 dólares por concepto de pagosdudosos que él mismo fue incapaz de justificar. Luego de la investigación muchos miembros delgobierno fueron también obligados a dimitir a mediados de octubre de 1993, así como losparlamentarios y tres gobernadores de Estados de Brazil. El escándalo llegó a su puntoculminante cuando la policía encontró más de un millón de dólares en efectivo en una caja fuertedel domicilio de José Carlos dos Santos, ministro del Presupuesto del gobierno de Collor.Presionado, dos Santos confesó que se trataba de una parte del botín de una red de corrupciónrelacionado con el ministro del Presupuesto brasileño, dirigido por Joao Alves, miembro desdehace treinta años de la cámara de diputados y presidente del comité presupuestario común paraambas cámaras del Parlamento.

La investigación mostró que Alves había acumulado un patrimonio personal de cinco millones dedólares, difícilmente justificable para un sueldo de 54000 dólares al año. Alves pretendió decirque había tenido un poco de suerte en la lotería, habiendo ganado aparentemente 56 veces en


1993 y más de 200 veces en los últimos cinco años. Esto nos hace recordar a los apostadoresimpenitentes, excepto cuando sabemos que uno de los medios privilegiados utilizados en Brazilpara disimular el origen dudoso del dinero consiste en la recompra de los números ganadores.32

Además, los tirajes no se hacen al azar! Alves y los otros políticos implicados en este chanchulloempleaban tres métodos principales para sacar el dinero.

El primero consistía en crear asociaciones caritativas que controlaban clandestinamente y queeran financiadas por el Estado brasileño con decisiones de financiamiento que tomaban ellosmismos , ya que ellos controlaban el presupuesto del Estado.33 El segundo método es másclásico: se tratan de comisiones sobre los contratos públicos que podían llegar hasta el 20% delmonto de las transacciones. El tercer método es una forma de tráfico de influencia. Lasautoridades territoriales que buscan el apoyo financiero del Estado estaban obligadas a girar undiezmo a la "mafia presupuestaria". Hasta fines de 1993, ninguno de estos políticos estaba enprisión, ni siquiera el ex presidente Collor. Ahora podemos entender más fácilmente las dudasque tienen muchos brasileños del funcionamiento de su democracia. 34

Conexiones internacionales

En casi todos los negocios , las conexiones internacionales son esenciales. Toda operación quesobrepase las fronteras de un país se vuelve mucho más difícil de cerrar, las autoridades notienen verdadera autoridad más que sobre sus nacionales cuando son al mismo tiemporesidentes y operan exclusivamente sobre el territorio nacional. Así, luego de muchos debatesconsecutivos relacionados con una propuesta de ley del diputado de Génova, el polémico JeanZiegler, no fue posible obtener la penalización por el pago de sobornos a funcionarios extranjerosen Suiza y esas sumas continúan siendo legalmente deducibles de los ingresos de las empresasque los han efectuado.

En Francia, el caso Pelat es muy típico de esta realidad. Se produjeron hechos muy curiosos enel momento de la conclusión del convenio para la construcción de un hotel de lujo en PyongYang, la capital de Korea del Norte, por la sociedad francesa CBC.35 En esa época, Korea delNorte tenía ya un atraso en el pago a Francia de mil millones de francos y representaba unriesgo político importante. Todo nuevo contrato de exportación hacia ese país tenía a priori muypocas oportunidades de que la Comisión de Garantía de la Coface lo acepte. Ahora bien, laautoridad tutelar de Coface, en este caso el Ministerío de Economía y Finanzas, parecía tenerinfluenciada su decisión a favor de la operación CBC/Korea sin que por eso se pueda establecerclaramente que hubo intervención personal del ministro de entonces Pierre Beregovoy. Inclusiveparece que este último aconsejó que no era necesario el establecimiento de una garantía, sinoúnicamente una carta del Primer ministro Laurent Fabius del 4 de diciembre de 1984. Luegosupimos que en esa ocasión y por ese motivo, Roger Patrice Pelat, un empresario amigo delPresidente Mitterand y fundador de la sociedad Vibrachoc había cobrado una bonita comisión de25 millones de francos. ¿Qué fue lo que pasó? Las conexiones de Roger Patrice Pelat con lamás alta cumbre del Estado, al parecer, le facilitó igualmente la venta de su sociedad Vibrachoc,a un precio muy favorable de 110 millones de francos, cuando los servicios financieros delcomprador, Alsthom, no se valorizaban a más de 60 ó 65 millones de francos. El pago se hizobajo condiciones también favorables y a menudo discutibles. Así, 43.5 millones de francos fuerongirada a Arfina, sociedad fantasma establecida en Luxemburgo!


También encontramos estas conexiones internacionales en el caso Boucheron, ese antiguoalcalde de Angulema que luego de haber efectuado malversaciones de fondos, delitos de nointervención, y de haber prácticamente arruinado esa ciudad, se fue a refugiar a Argentina,donde tiene actualmente un restaurante. No obstante, una intervención de la cancillería trató dedetener la demanda contra Jean−Michel Boucheron, el director adjunto de asuntos criminaleshabía escrito al Procurador General de Bordeaux para enjuiciarlo por encasillar este asunto sindarle curso cuando los cargos eran abrumadores.36 También notamos conexionessorprendentes entre Claude Bez, antiguo dirigente del Club de Girondins, y una cuenta en lasIslas Cayman, en la acusación por malversación de fondos y delitos de no intervención por loscuales el Tribunal Correccional de Bordeaux lo condenó el 26 de enero de 1994 a 3 años deprisión y dos millones de francos.

El juego de la tentación

Uno de los principales problemas de aquellos que tienen un poder real y ven pasar mucho dineroentre sus manos es la tentación de apropiarse, discretamente y, en parte, de "gravarlo" dealguna forma. "Gravar" no consiste de otro lado únicamente en obtener directamente el dinero,sino también en gastarlo por cuenta de otros. La práctica de regalos obligatorios, grandes opequeños, es una de las formas privilegiadas del gravamen. Con frecuencia los clientes estimanque cuando son invitados a negociar por un proveedor ellos pueden irse de juerga a su costa. Eldirector internacional de un gran grupo industrial francés dice así "El director del despacho o elresponsable político a quien le reservamos un hotel en Paris por 15 días, prestamos un coche delujo para su uso durante su estancia, y que, usualmente, cada año se olvida de devolver";Asimismo, el jefe de una sociedad de ingeniería precisa: "Sus estadías en Europa no son nada,pero si le agregas todos los gastos adjuntos: recepciones, restaurantes, y, sobre todo,alegresacompañantes de una noche, tú no calculas menos de 5000 a 6000 francos franceses por día!Un secretario de Estado acaba de anunciar su llegada. Hemos dado un respiro de alivio cuandonos dijo que vendría con su esposa! Un responsable de Nigeria nos ha dejado una cuenta de120000 francos franceses por una estadía de 12 días."

La tentación puede ser concebida como el derecho que siente todo individuo, investido de algúnpoder, de aprovecharse de una manera u otra. Nosotros estamos con frecuencia entre los dosextremos de la legalidad y lo legítimo. No es ilegal ser bien tratado por un proveedor, si este tratose limita a recepciones normales. Pero nosotros podemos notar cuándo algo se vuelverápidamente injustificable: aquél que deja que le ofrezcan vacaciones dentro del presupuesto degastos de recepción de su proveedor entra en una zona de ilegitimidad. Los aparatos legalestratan a veces de arreglar la situación de aquellos que pueden ser el blanco privilegiado de lacorrupción, más allá de la simple prohibición y represión más o menos severa que puedaaplicarse. Podríamos incluir en este rubro a los ingenieros de puentes y carreteras a quienes laley de Francia asigna un porcentaje mínimo de mercados de trabajos que ellos sub contratan aempresas privadas. Así podemos observar el inicio de un reconocimiento de un derecho depropiedad sobre el tránsito de los mercados, destinado probablemente a evitar la corrupción deesos funcionarios por las empresas prestatarias. Asimismo, los agentes contables y lostesoreros pagadores generales, que toman las decisiones de pago correspondientes al gastopúblico disponen de comisiones sobre ciertas operaciones o sobre las colocaciones del productoque realicen en una situación de "incorruptibilidad dorada". La gestión financiera del dinero delEstado en Francia es extremadamente pesada y burocrática, teniendo en cuenta las reglas muyestrictas de la contabilidad pública y de las verificaciones regulares de la inspección de lasFinanzas y del Tribunal de Cuentas. Pero es honesta. Estas situaciones privilegiadas que


resultan de la legalización de primas para los funcionarios del Estado cuyas actividades puedengenerar problemas de corrupción, no debe hacernos olvidar a todos aquellos que ven pasarmucho dinero entre sus manos y que están muy mal pagados. El ejemplo más palpable es el delos cajeros de los supermercados que manejan sumas enormes de dinero en efectivo u otrasformas de pago y pueden ser el blanco de intentos de corrupción. Pueden haber colusionesentre ellos y los amigos o conocidos, incitándolos a no anotar los artículos a su precio real pararepartir luego los beneficios a costas de la tienda. No obstante, la tentación es más y másreducida debido a la generalización de la marcación de datos óptica o scanner, la presencia deotros clientes o de vigilantes en la tienda que pueden darse cuenta de la superchería. Sepresentan una serie de problemas para quienes son objeto de un intento de corrupción, tantocomo corruptor activo como corrupto: la cuestión del umbral, el problema del realismo y,finalmente, el nivel de implicación personal. La cuestión del umbral es delicada: ¿ Dónde sedetiene el simple regalo de negocios y dónde comienza la corrupción? Es tan delicado quealgunas culturas hagan del regalo un punto de tránsito obligatorio en el establecimiento de unarelación. Y su rechazo, en el mejor de los casos es un signo negativo en cuanto a la calidadhumana de la relación y en el peor de los casos una grave ofensa que puede terminar muy mal.Cada uno es libre de apreciar, pero es preferible hacerse unas cuantas preguntas más bienantes que después. La segunda pregunta es aquella del supuesto "realismo" que nos hace decir"no puedo hacer otra cosa". Con frecuencia escuchamos estos argumentos: si nosotros no lohacemos, serán nuestros competidores los que pagarán las comisiones. De hecho ese realismoes con frecuencia un "brote del crimen". Los ambientes de gran "realismo" degeneran fácilmenteen una corrupción generalizada. No olvidemos que el realismo puede también consistir enrechazar el comprometerse con determinado sistema, aún cuando se compruebe que es costosoa corto plazo.

La última pregunta es la de la implicación personal. El empresario que por lealtad a su empresa ,o por interés personal (comisión sobre la venta, un ascenso....) corre el riesgo de proponer a sucliente un soborno se expone a dos riesgos: de una parte, implicar a su empresa en un asuntode corrupción y el de estar él mismo implicado, inculpado, encarcelado y finalmente condenado apena de prisión. Esto presenta el problema de las relaciones entre el negociador de los grandescontratos y sus representantes, la empresa de ingeniería o el grupo de empresas que le hanconfiado la responsabilidad de negociar. A veces, por no haber hablado abiertamente de estosasuntos, no se definen claramente la delegación específica de poderes y la autorización paraasumir riesgos. Así podemos ver que los ingenieros de negocios que venden fábricas o equiposllave en mano van con frecuencia a la hoguera sin haber concertado anticipadamente y sincontar con una base seria. Pierre Beaudeux cita así el caso de un ingeniero de negociosbritánico que negoció en Algeria un contrato de cincuenta millones de dólares: "Yo sabía que laoferta de mis competidores estaba alrededor de los cuarenta millones de dólares y yo "remé"durante muchas semanas para convencer al comprador que, a pesar de todo, yo tenía el preciomás bajo, pero, me volví loco de rabia y me embargó un miedo maldito (ustedes saben lo que lehacen a los corruptores en Algeria) cuando a mi retorno me enteré que mi sede había negociadopor encima de mi cabeza y que el precio exacto era de cuarenta millones. Los diez millones dediferencia era el soborno que tuvimos que pagar para ganar el pedido."

Extra territorialidad: Jesucristo o Poncio Pilatos?

Más allá del aspecto de la responsabilidad individual es seguro que la corrupción es un asuntosocial que debe ser tratado como tal. Un país que se preocupa mucho de los problemas de éticaen los negocios que presentan casos de soborno es Estados Unidos. A mediados de los años


setenta la investigación efectuada por un procurador especial sobre el asunto de Watergate lepermitió descubrir pagos dudosos hechos a hombres públicos extranjeros por grandescompañías aéreas. A éste podemos agregar los escándalos de Lockheed, Northtrop, Gulf Oil oITT y en 1977, el FCPA (Foreign Corrupt Practices Act "Acta de Prácticas de CorrupciónExtranjera") que convirtió en ilegal el hecho de que las empresas traten de influenciar a losfuncionarios extranjeros a través de pagos personales o de sumas remitidas a agrupacionespolíticas. Esta ley obliga a las firmas a instaurar un control interno en su contabilidad y losconduce a promulgar códigos de ética en lo que respecta a los regalos y otros pagos afuncionarios. El FCPA es muy amplio al definir los actos de corrupción, excluyendo los pequeñospagos de comisiones, examinados anteriormente en este capítulo. Prevée penas que lleganhasta los cinco años de prisión y multas que pueden llegar hasta los cinco millones de dólares.Es así como en el salón aeronaútico de Bourget, los pequeños paneles señalan a las empresasamericanas que están en regla con la ley y hacen gala de un tipo de "etiqueta contra lacorrupción". Es cierto que las cámaras americanas se movilizan fuertemente para anular esta leycontra la corrupción insistiendo en el hecho de que esta ley pone a las empresas americanas enuna posición de desventaja competitiva en relación a sus competidores europeos o japoneses.37

Los americanos señalan así la gran flexiibilidad de las autoridades francesas y alemanas enrelación a la deducción fiscal de las "comisiones".

Así tenemos que mientras en Alemania los sobornos girados a ciudadanos alemanes no sondeducibles, sí pueden ser deducibles de la base de cálculo del impuesto a las sociedadesaquellos pagos que se hacen a los funcionarios extranjeros.38 Esto ha llegado a tal extremo quela presidencia americana ha creado una comisión especial encargada de estudiar si es posibleconciliar la moral y los negocios. "Gran programa!" como hubiera dicho el General De Gaulle. Laconclusión de la comisión ha sido que esta ley es sin duda incómoda para el comercio exterioramericano pero que no cuesta más de mil millones al año a la economía americana.39 A fines de1981, el Congreso suavizó algunas modalidades de la ley, pero sin cambiar su espítitu. Así lasempresas americanas habrían estado obligadas a reducir sustancialmente tales prácticasdurante los años ochenta, abandonando algunas corrientes de exportación, y convirtiendo a susantiguos agentes en sociedades que compran y venden bajo su propia responsabilidad; oabandonando su función tradicional directriz y actuando única y simplemente comosubcontratista de compañías alemanas, francesas, coreanas o japonesas.40

Una característica importante de FCPA, que ha tenido fuerza, es su aplicación extra−territorial.Como otras legislaciones americanas, el FCPA se aplica a aquellos actos realizados poramericanos aún cuando son cometidos fuera del territorio de Estados Unidos. Lo que, enprincipio, no sucede nunca en Francia, ya que la legislación no es de aplicación extra territorial.Reconocemos que el carácter extra territorial de las leyes es muy importante para luchar contrala corrupción internacional. Algunos aprovechan el hecho de que las leyes de un Estado no seextiendan más allá de sus fronteras, para escapar del control de las autoridades. Pero el asuntono es tan simple y es claro que existe un problema de conflicto de extraterritorialidad con losprincipios de soberanía del Estado y de no intervención en los asuntos de otro Estado. De estamanera, Estados Unidos hizo persecuciones por hechos ocurridos en terceros estados querevelan el día señalado de los hechos que ellos hubieran preferido mantener secreto.

Una crítica frecuentemente hecha a FCPA ha sido la de desestabilizar los regímenes políticosamigos de los Estados Unidos, obligando a veces a a los dirigentes de estos países a hacerrevelaciones comprometedoras. Sin embargo, Kate Gillespie, retrocedió 10 años e hizo elanálisis de más de 60 casos de corrupción en Oriente Medio donde habían muchas empresasextranjeras involucradas. De hecho, el FCPA no parece haber tenido una influencia superior:diversos regímenes se mantienen estables a pesar de los importantes escándalos (Turquia,


Egipto, Arabia Saudita), otros se derrumban por razones más profundas, como el caso del Shahde Irán por ejemplo. De otro lado, el estudio de las algunas partes del mercado de EstadosUnidos en la exportación no muestra consecuencias negativas para los países de OrienteMedio.42

Otros países aplican algunas de sus leyes de manera extraterritorial. Así tenemos por ejemplo,el artículo 465 del código Penal canadiense que permite al juez (en teoría al menos) de extendersu competencia más allá de sus fronteras. El hecho de preparar un acto ilegal en Canadá o en elextranjero es en sí un acto criminal por el cual pueden ejercerse las persecuciones en Canadá.Es decir, imaginemos fácilmente que tales disposiciones no son fáciles de implantar. Podemosentonces preguntarnos si la aplicación extra territorial de las legislaciones contra la corrupción esverdaderamente una solución satisfactoria. Claro que existen casos donde ésta se manifiesta.En un campo ligeramente distinto, el de los tráficos de menores con países de Asia del SudEste, donde los actos de pedofilia y de abuso sexual de menores fueron cometidos incluso aquí,en territorio de países bastante laxistas, por nacionales de diferentes países de la UniónEuropea. Estos delitos no fueron reprimidos. Debido a la presión de los medios de comunicaciónque descubrieron los circuitos de prostitución infantil organizados desde Europa Occidental haciaTailandia y Filipinas principalmente, y luego por la presión de la opinión pública, diversos paíseseuropeos como Francia adoptaron al respecto una legislación que será, excepcionalmente, deaplicación extra territorial.

Pero en términos generales podemos decir que la aplicación extra territorial de las leyes contrala corrupción es más bien de inspiración "Poncio Pilatos". El país donde ocurrió el delito y que seve acusado por las autoridades de un Estado extranjero, reacciona con frecuenciaargumentando el tema de la intervención extranjera, del orgullo nacional, etc. El controldefensivo es entonces desarrollado sobre el tema "Nosotros no somos peores que ustedes" y deuna manera que deja poca oportunidad de cooperar verdaderamente contra la corrupción. Lasolución estaría más bien en la cooperación internacional, donde cada país mantuviera lacompetencia en su territorio, más que por el hecho de que el Estado del corruptor venga a daruna lección de moral al Estado del corrupto.

Notas:

1. Fuente : Jean−Claude Usunier & Gérard Verna : La grande triche (Éthique, corruption etaffaires internationales) (capítulo 2), Éditions La Découverte, Paris, nov. de 1994.

2. "Cuando uno es marinero", vieja canción popular francesa

3. Time, 6 de Septiembre de 1993

4. L’argent noir, Pierre Péan, Fayard, página 68.

5. Por razones evidentes, los nombres de los actores han sido cambiados, pero se trata deun testimonio real por el cual los autores, podrían, si es necesario, proporcionar todas losdatos.

6. la gran corrupción, pasa por otras vías que explicaremos cuando hablemos de los FCE:"frais commerciaux exceptionnels" (Gastos comerciales excepcionales)

7. Intermediario acordado: Establecimiento bancario con el cual una persona física o moral


realiza operaciones bancarias internacionales reglamentadas, el establecimiento debevelar por el cumplimiento de dichos reglamentos y señalar o prohibir las operaciones noconformes.

8. Banque Francaise du Commerce Exterieur

9. Echanges Nord−Sud avec ou sans corruption? (Intercambio Norte−Sur con o sincorrupción? Folleto editado por la asociación "Agir ici", 17 place de l’Argonne, 75019Paris. Agir ici es una red de ciudadanos que cuenta actualmente con 4800 miembros,que tiene por objetivo llevar las campañas para interpelar a los dirigentes políticos yeconómicos franceses y europeos que toman las decisiones sobre asuntos que tratan delas relaciones Norte−Sur.

10.Compagnie Francaise d’Assurance du Commerce Extérieur

11.En efecto, en los formularios de solicitud de cobertura COFACE sometidos al Consejerocomercial o al Jefe de expansión económica para su opinión previa, existe una rúbricallamada "Comisiones a pagarse en el extranjero" que da el monto total de las FCEprevistas

12.Es decir asegurado por COFACE

13.Daniels, J.D., E.W. Ogram& L.H. Radebaugh: International Business: Environments andOperations, Addison Wesley, Mass. 1982

14.Gérard Verna, "Comment se comporter dans les pays à monnaies non−convertibles ?",Revue française de gestion, N79, verano 1990, Paris

15.Tales como las prohibiciones de importación, las cuotas por origen, etc.

16.Que no es el caso del dólar americano cuyos movimientos de más de 10000 unidadesen efectivo deben justificarse dentro del convenio de la lucha contra el blanqueo dedinero proveniente de la droga.

17.Gérard Verna en "Fausses Facturations et Commerce International, Harvard−L’Expansion, Nº 52, Primavera 1989, describe detalladamente las diferentes operacionesde falsas facturaciones posibles en el comercio con paises de moneda no convertible, enfunción de la importancia de los tipos de cambio paralelos.

18.Verna, op. cit. Página 115

19.Quizás bajo el marco de la defensa de la francofonía?

20.Texto transcrito de memoria

21.Quien basará toda su reputación política interior sobre su desinterés material y sumanera de vivir extremadamente modesta.


22.Uno de los autores conoce muy bien este apartamento de Ginebra ubicado cerca de unaestación terrestre que algunos reconocerán fácilmente y donde llegaron el 20 desetiembre de 1962, algunos baúles llenos de francos CFA transportados por don C.,futuro ministro, que no sabía dónde depositarlos ni cómo vaciarlos... Según otra fuentefidedigna, en este caso, uno de estos franceses que fue ministro por un corto tiempo enlos Estados recientemente emancipados y por diversos conductos, este mismo autorpiensa que los baúles contenían aproximadamente 2.000 millones CFA.

23.Muy a menudo de sicario, es decir, de asesino

24.Ley sobre las prácticas de corrupción en el extranjero

25."Necesidad de Africa" (Fayard, 1992)

26.En Jean−Francois Bayart : L’État en Afrique, la politique du ventre, Fayard, Paris, 1989(que cita el informe del centro Norte−Sur del "Institut de l’entreprise)

27.En Echanges nord−Sud; avec ou sans corruption?, anteriormente citado.

28.Centro Interdisciplinario de ética y de los derechos del hombre, Universidad de Fribourg,del 3 al 5 de febrero de 1994.

29.Time, 5 de abril de 1993

30.Le Point, 30 de marzo de 1992

31.Time, 5 de julio de 1993

32.Método al parecer conocido en Francia donde los servicios de policía están al acecho deltráfico de billetes ganadores de PMU y de loto.

33.Nosotros estamos bastante cerca de las técnicas utilizadas en el asunto de la Plataformade desarrollo, en Francia.

34.Time, 22 de Noviembre 1993

35.Los hechos que siguen son relatados en Le Point del 24 de diciembre de 1993, en basea un informe de investigación del juez Thierry Jean−Pierre.

36.Le Point del 27 de junio de 1992

37.Kate Gillespie, "Middle East Response to the US Foreign Corrupt Practices Act",California Management Review, Vol. XXIX, Nº.4, Verano 1987

38.Kaikati, J.G. y W.A. Label "American Bribery Legislation: An obstacle to Internationalmarketing" Journal of Marketing, Vol. 44, Invierno 1988

39.Kaikati, J:G: "The Phenomenon of International Bribery", Business Horizons, feb. 1977


40.Lo que representaría aproximadamente mil millones de francos para la economíafrancesa, mientras que según las estimaciones de la asociación Agir Ici, la corrupciónsólo por los intercambios con los países del sur ha costado un total de 20 mil millones ala sociedad francesa.

41.Jacoby, N:H., P. Nehemkis & R. Eells "Naïveté: Foreign Payoffs Law" CaliforniaManagement Review, Vol.XXII, NO.1, Invierno 1979

42.Kate Gillespie, ya citada anteriormente y John Graham, "Foregin Corrupt Practices Act:A manager’s guide" Columbia Journal of World Business, Winter 1983, 18/3


CHILE

CORRUPCIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS

Patricio Orellana VargasProfesor de Ética de la Universidad Central de Chile

Director del Instituto Probidadex profesor de la Universidad de Chile,

Universidad Católica de Chile y otras universidadesex funcionario de Naciones Unidas (ILPES)

y consultor del Banco [email protected]

Un gran escándalo ha conmovido a Chile, un país que se preciaba de ser el más probode América Latina y que al menos está resultando ser −probablemente− sólo el menoscorrupto. Los ejecutivos de las empresas estatales habían construido todo un sistemaque les permitía tener altas remuneraciones y privilegios muy superiores que el restode los trabajadores. El límite que hizo explotar este escándalo es el sistema deindemnizaciones que les permitía cobrar decenas o centenares de miles de dólares alrenuncias, ser despedidos o simplemente cambiarse de unidad. Todo este sistema semantenía oculto, cubierto con la teoría del Gerente Público que exigía autonomía ydiscrecionalidad para que estos ejecutivos pudieran dirigir eficientemente a susempresas. Sin embargo, un sindicato de trabajadores denunció estos hechos y seobligó a dar a conocer estas situaciones que han mostrado la bajeza moral de estosindividuos que accedían al servicio público para enriquecerse, ocultando estos hechosbajo la excusa de que el mercado y la competencia exigía mantener e estricto secretolos sistemas de remuneraciones de los ejecutivos o bien que saberlos era unaviolación a su privacidad.

La superioridad ética de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobiernaChile se ha visto tremendamente debilitada cuando se ha demostrado que sus políticosque tenían un discurso en favor de los más pobres y por la necesidad de reducir lasdesigualdades era mera demagogia porque utilizaban los recursos públicos parapagarse remuneraciones que superaban hasta las que pagan las transnacionales a susejecutivos.

Las rectificaciones adoptadas no han sido ejecutadas ágilmente. La promesapresidencial de entregar toda la verdad ha sido dificultada por estos ejecutivos que handificultado la entrega de información a la Comisión Parlamentaria que investiga.

Este escándalo tendrá profundas consecuencias en la vida política del país.


En julio de este año 2000, los dirigentes sindicales de la Empresa de Correos de Chiledenunciaron las indemnizaciones que recibían los altos ejecutivos al abandonar la empresa. Estadenuncia no fue un proceso fácil, se argumentó que se trataba de hechos confidenciales, que sudivulgación dañaría a la Empresa, que el mercado de ejecutivos exigía que estos pagos fueronsecretos, por último se exigió lealtad con la empresa. Sin embargo, los dirigentes sindicalesoptaron por denunciar los hechos y echaron un haz de luz a una maniobra que sólo habíafructificado en la oscuridad. No fue fácil dar a conocer la denuncia, ya que ella se perdía en loslaberintos burocráticos y no llegaba a las altas autoridades. Al autor de estas notas lecorrespondió asistir una reunión del Sindicato de Correos donde se preparaba un encuentronacional y se discutían estas materias y fue posible observar como los directivos de Correospresionaban para impedir este debate, exigiendo "lealtad para con la Empresa".

Esta denuncia fue divulgada ampliamente por la prensa. La oposición encontró la oportunidad decuestionar el principal capital de la coalición de gobierno: su ética. Esta coalición había logradorestablecer la democracia cuestionando los valores anti éticos de la dictadura militar y exigiendoel respeto a los derechos fundamentales.

Los partidarios del gobierno trataron de contraatacar sosteniendo que durante la dictadura militarla corrupción fue generalizada. Sin embargo, este tipo de defensa no tenía validez porque nuncase puede justificar la corrupción de unos con la corrupción de los otros.

Una bola de nieve negra

Esta denuncia generó múltiples denuncias similares que afectaban a casi todas las empresas delEstado. Se demostró que en ellas los ejecutivos, que gozan de gran autonomía, modificaban losreglamentos y los contratos de trabajo para conseguir ingresos exorbitantes acompañados deuna larga lista de privilegios desconocidos para el resto de los trabajadores del país yespecialmente para los trabajadores de las empresas cuestionadas.

A tal extremo llegó esta situación que el Presidente de la República declaró que toda lainformación sobre el tema se pondría a disposición de la ciudadanía y señaló que losresponsables de estos actos que estuvieran actualmente en funciones debían restituir estasindemnizaciones indebidas o abandonar la Administración Pública. Sólo 10 ejecutivos lo hicierony otros 6 prefirieron renunciar y quedarse con el dinero de las indemnizaciones sosteniendo queno tenían ninguna obligación legal de hacerlo.

Esta solución corresponde al enfoque de la "justicia dentro de lo posible", ética de laresponsabilidad defendida en su oportunidad por Mas Beber y que es la ha inspirado a estosgobiernos.

El desvío judicial

Naturalmente que la oposición y posiblemente la opinión pública exige que todos los ejecutivosque han cobrado estas indemnizaciones sean procesados judicialmente, pero se trata de casosque es casi imposible que hayan signifiquen infracciones a la ley, ya que ellos tenían la potestadlegal de fijar las condiciones de los contratos de trabajo, recurriendo a contadores o funcionarios


subordinados que figuraban como los que redactaban el contrato que ellos mismos habíanmodificado.

He aquí un caso de corrupción conforme a las normas, donde la legitimidad queda entrampadaen la legalidad, aunque aún existen posibilidades de descubrir alguna forma de procesarlos oque al menos se exija la renuncia de todos los indemnizados por carecer de autoridad moral.

A todos los directivos de Correos les fue exigida la renuncia, aunque intentaron establecer queellos habían denunciado estos hechos y no el sindicato de trabajadores.

Mientras tanto la Cámara de Diputados resolvió que la Comisión de Economía actuaría comoComisión investigadora frente a este caso. Constitucionalmente, el Parlamento sólo tieneatribuciones para investigar hechos ocurridos durante la democracia, de manera que los hechosde corrupción ocurridos durante la dictadura quedaron de nuevo en la impunidad. Sin embargo,el hecho de enfrentar este tipo de corrupción durante un período tiene inmensa significación parael país.

Los hechos

Las denuncias en la prensa y lo revelado en las sesiones de la Comisión investigadora señalaque unos 245 ejecutivos de estas empresas estatales recibieron un total de 24 millones dedólares en los últimos años por concepto de indemnizaciones (estimación con datos parciales),es decir un promedio cercano a los 100.000 dólares cada uno. Estas sumas son exorbitantes enun país como Chile donde lo normal es que estas indemnizaciones sean de unos 3 a 8 mildólares (en casos excepcionales).

Durante sus mandatos estos ejecutivos habían mantenido o mejorado las condiciones de susindemnizaciones. Lo establecido en el Derecho del Trabajo chileno es que la indemnización debeser de un mes de sueldo por cada año trabajado, generalmente hasta de 11 meses y unacantidad tope. Esta disposición puede mejorarse porque se considera como la mínima, pero esla que generalmente se aplica y sólo procede en caso de despidos. Sin embargo los ejecutivosse habían fijado indemnizaciones de 10 o mas sueldos por año, regía para cualquier evento(despido o renuncia voluntaria) y hasta era aplicable por lo que se llama "por cambio deescritorio", es decir cuando no había ni despido ni renuncia, sino que simplemente el ejecutivo secambiaba de una a otra filial de la misma empresa. Además, en el momento que surgía laposibilidad del pago de la indemnización se aumentaban el sueldo en un 30 o 40%, porque laindemnización era según el monto del último sueldo percibido.

Estos privilegios eran para un círculo reducido de ejecutivos, generalmente miembros de lospartidos gobernantes o parientes de estos miembros. (La Directora de Correos es esposa delVicepresidente de uno de los partidos gobernantes). No correspondía a derechos de todos lostrabajadores.

La empresa estatal CODELCO, la mayor productora de cobre, se había negado desde hacía 10años a entregar información sobre las remuneraciones de sus ejecutivos alegando que erapolítica de todas las empresas del mundo no entregar esta información y una exigencia de lascondiciones de competencia en que se desarrollan.


La información entregada finalmente por CODELCO reconoce que los ejecutivos ganan entre 30y 18 mil dólares mensuales, en un país donde el sueldo mínimo en la Administración Pública esde unos 200 dólares mensuales y el ingreso per cápita mensual de la población es de unos 420dólares mensuales.i

Sin embargo, esto es la punta del iceberg, además tienen bonos y beneficios adicionales que leaumentan el sueldo en un 30%, tienen 25 días de vacaciones (lo normal es 15), seguro deaccidentes del trabajo, enfermedades profesionales (remuneración igual por una año), segurosde vida, de accidentes no laborales, becas universitarias para cada hijo por más de mil dólaresmensuales y otras de 300 dólares para los niños menores. Hay casos en la Empresa Nacionalde Minería que se pagaron bonos de producción cuando había una gran crisis minera y se pagóa ejecutivos "en comisión de servicio" (que trabajan en otras instituciones, generalmenteadministrativas o políticas y que no trabajaban efectivamente en el área minera y no afectaban ala mayor o menos productividad minera), de todas maneras se les pagaba el bono. Otra pagababonos de producción a pesar de tener pérdidas.

Los casos son innumerables y cada uno de ellos es más escandaloso.

Todos sabían lo que nadie sabía

Estos hechos eran conocidos por todos. Fueron denunciados por políticos y catedráticos, perolos datos precisos no eran entregados a la opinión pública.

Los Ministros y Ejecutivos de las empresas públicas se negaban a dar estos datos porque elmercado exige que esta información sea secreta.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994−2000), este Presidente creó un sistemade auditoría ministerial que funcionaba en un despacho contiguo al presidencial y sería elencargado de combatir la corrupción. Este sistema fue cuestionado por catedráticos y expertosporque eran unidades dependientes del ministro o del jefe del servicio respectivo, ahora se hademostrado su total ineficiencia. A pesar de que los dirigentes sindicales de Correos presentaronlas denuncias sobre las indemnizaciones a esta Auditoría, simplemente no las procesaron, yaque el Presidente Frei ha declarado que no tenía antecedentes de estos hechos. Por su parte laContraloría General de la República, que ha sido descrita como un paquidermo que dormita juntoal palacio presidencial, y que también recibió las denuncias de los dirigentes sindicales tampocodivulgó estos hechos.

Sin embargo, cuando fue requerida por la Comisión investigadora de la Cámara, presentóabundante información, recalcando que las atribuciones de control de la Contraloría eranmenguadas y que en 1979 (durante la dictadura militar) se le habían quitado las atribuciones decontrol en las empresas públicas. Esta institución −como todas las instituciones burocráticas−pide permanentemente más atribuciones y más recursos . Pero hasta ahora, los grandes casosde corrupción han sido descubiertos por acciones de la sociedad civil y la Contraloría, que tieneinspectores en todo el país, simplemente las procesa para llevarlas a un desvío sin destino,excepto en algunos casos minúsculos de uso indebido de vehículos públicos, en lo que se haespecializado.


La ideología de la gerencia pública

La clase política latinoamericana ha sido descrita por un cientista político alemán como aquellaclase que tiene derecho a entrar a un supermercado y no pasar por las cajas (LA TERCERA,2000). Este cientista creía que la excepción era Chile. Pero ello no es así. Lo que ocurre es queesta clase va al supermercado en la noche, cuando no hay gente y saca todo lo que quiere,llevando a sus parientes para que le ayuden a acarrear tanta carga. La corrupción chilena eshipócrita e ideologizada, "conforme a las normas".

Todo el discurso político que habían mantenido durante años estos políticos progresistas, en elsentido de que el mercado producía iniquidades y que el Estado debía reducir estas injusticias,son olvidados en el momento de la "real politik". Hay un abismo entre el discurso y el disfrutepráctico de las prebendas que el mercado "les entregaba".

Para justificarse argumentaban que los ejecutivos públicos eran mal remunerados encomparación con las empresas privadas y si se sabían los sueldos, habría una emigraciónmasiva hacia las empresas privadas. (Ahora que se saben esa emigración no ocurrió). Era otrasimple excusa.

Los estudios de Price Waterhouse demuestran que los grandes ejecutivos privados ganan enChile unos 142.000 dólares al año (se trata muchas veces de empresas transnacionales), En lasempresas del Estado los sueldos superan esta cantidad y hay que sumarles todas las prebendasadicionales. La consultora Deloitte & Touche en un estudio señala que el gerente comercial de lagran empresa privada gana 7 millones de pesos mensuales bruto, en empresas del Estado estasuma se duplica o triplica fácilmente. Otros estudios de Prime y Waterhouse confirman estasdiferencias al registrar entre 70 y 100 millones anuales para gerentes corporativos, mientras queen CODELCO se paga a lo menos entre 120 y 204 millones de pesos, sin considerar todas lasotras remuneraciones adicionales. (EL MERCURIO, 2000B).

El aporte de la teoría administrativa

Conviene ver este caso de las indemnizaciones indebidas desde un punto de vistaadministrativo, para ello es de utilidad la teoría administrativa y en especial la Ética Pública.

La burocracia, según el sentido tradicional de Max Weber es un sistema de dominación, muchomás que un sistema de organización que busque la eficiencia. La pirámide burocrática secaracteriza por un proceso de concentración del poder en los altos niveles y la realización de lastareas por los niveles inferiores. Los niveles superiores configuran un grupo especial que aquídenominamos como "mandarines", dado que son los que manipulan el poder desde sus altossitiales, aunque ellos se designan al modo empresarial como "ejecutivos", lo que no es muyapropiado en el sector público, ya que no se caracterizan por "ejecutar", sino por disfrutar delpoder cuando se carece de principios éticos.

La burocracia normalmente generará procesos de burocratización, entendiendo por tal laexacerbación en esta tendencia a concentrar el poder. Ello es lo que determina que hay unabúsqueda por construir y practicar nuevos sistemas administrativos que superen a la burocracia.Estados Unidos marcha a la cabeza de estos esfuerzos teóricos y prácticos, gran parte de sus


pensadores están empeñados en esta búsqueda que significa la aplicación de técnicas talescomo reinvención, reinvención permanente, reingeniería, achicamiento, desestructuración ,desjerarquización, aplanamiento, organización en redes, desarrollo organizacional, empresa queaprende, gerencia participativa, benchmarking, outsourcing, centralización en el cliente o elusuario, valoración del conocimiento y la información, etc. Una buena síntesis de estospensamientos está en las publicaciones de la Fundación Drucker y en la escuela REGO y enotras, las que contienen un resumen del pensamiento de un centenar de estos innovadores(Fundación Drucker, 1996, 1998, 1999; World Business Academy, 1993; Osborne y Gaebler,1994). El avance norteamericano en estas áreas explica en parte el auge impresionante de laeconomía norteamericana en la última década. Estos cambios también se manifiestan en elsector público, con la aplicación de estas técnicas y enfoques, cuya expresión concreta es elNational Perfomance Review (Gore, 1994), que es el programa de modernización de la gestiónpública federal norteamericana o la experiencia de Minnesota en cambiar la administraciónestadual burocrática ( Barzelay y Armajani, 1988). El avance en ética pública en laadministración pública norteamericana es también notable y se ha basado en la capacitación y elestablecimiento de un sistema de control fundado en la transparencia.

El rol de la Ética Pública

La corrupción administrativa se configura cuando un funcionario público actúa en contra de losestándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares, desviando los recursosque están destinados a satisfacer necesidades públicas y que terminan en bolsillos de algúnparticular ajeno a esas necesidades, que puede ser el mismo funcionarios o algunas personasfavorecidas arbitrariamente por éste.

Pero la corrupción es mucho más compleja que lo que se indica.

En realidad puede asumir varias formas. De acuerdo con Transparency International hay doscategorías muy diferentes de corrupción administrativa: Los actos corruptos cometidos "encontra de las reglas" y aquellos que se cometen "de acuerdo a las reglas" (TransparencyInternational, 1998).

Así por ejemplo, un simple ejercicio aritmético nos permite comprobar que el efecto en el serviciopúblico será el mismo cualquiera sea la forma que asuma la corrupción

Servicio Ingresos parafinanciar gasto

corrupción gasto (serviciootorgado)

A. Con probidad $1.000.− − 1B. Con corrupcióncontra las reglas

$1.000.−200 800

C. Con corrupciónconforme reglas

$1.000.−200 800

En los casos B y C la situación resultante es exactamente la misma. En el caso B se puedereferir a una situación de desfalco (algún funcionario público se apropió de parte de los recursosdestinados a los usuarios). En el caso C, parte de los recursos destinados a los usuarios sedesviaron y terminaron siendo apropiados por algunos funcionarios que lograron modificar o


interpretar las disposiciones, en función del poder de que disponían, para logra suenriquecimiento personal, restando recursos al fin del servicio. Esta práctica es típica del grupoque hemos designado como "mandarines".

La corrupción conforme a las reglas es lo que ocurre con las indemnizaciones indebidas pagadasa altos funcionarios de las empresas del Estado.

¿Cómo puede ocurrir esto?

Ocurre porque el modelo burocrático imperante, en su desarrollo ha producido tal concentraciónde poder en los niveles ejecutivos o mandarines, que pueden disponer a su amaño de losrecursos de la empresa. Es una consecuencia inevitable del modelo que se mantiene incólumeen Chile, agravado por factores ideológicos que han creado toda una superestructura argumentaly teórica que propicia y justifica la imprescindible autonomía que requiere la gestión de lasempresas y servicios públicos. Esta ideología tiene sus raíces en el hedonismo y en elneoliberalismo que exalta el consumismo y el éxito material.

La austeridad que caracterizó a Chile, cuyas últimas expresiones fueron los gobiernos de JorgeAlessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, (1958−73), fueron anegadas en lavaloración del exitismo económico y el neoliberalismo, que se impuso durante la dictadura military que la democracia ha asumido como expresión de modernidad, sin ser capaz de revisar sucontenido anti ético.

En segundo lugar, gran parte de estos ejecutivos provienen de escuelas de ingeniería yeconomía, en las cuales, habitualmente no existen cátedras de Ética y menos de Ética Pública,sus valores están impregnados del hedonismo y utilitarismo que fundamenta la teoría económicamoderna y que acepta como inevitables las normas del mercado.

Los gerentes públicos

En efecto, desde hace unos 20 años, se ha ido legitimando la idea de que es necesario aplicarlos criterios empresariales en el sector público. No corresponde por tanto a una orientaciónpartidaria específica, sino que es el "signo de los tiempos". Los mandarines del sector públicoclaman por autonomía, flexibilidad, criterios de mercado, etc.

Su expresión concreta es la teoría de la Gerencia Pública, aplicada no solamente a las empresasdel Estado, sino que a toda la Administración Pública. Es evidente que los jefes de los serviciospúblicos miran con envidia a sus pares de las empresas estatales y tratan de conseguir losmismos privilegios. Hasta ahora no lo han logrado y es probable que ya no lo conseguirán. Peromientras pudieron, esta teoría fue oficial e indiscutible. Los académicos que nos opusimos a ellano encontramos ningún apoyo ni tribuna.

Esta teoría (o reivindicación de los mandarines) sostiene que lo esencial para lograr unaadministración pública eficiente es conseguir directivos capacitados que tengan gran autonomíaen todos los ámbitos, se llega hasta requerir flexibilidad presupuestaria, supresión de controles,libertad para contratar y despedir personal, facultades para comprar y vender en las condiciones


"competitivas de mercado" y especialmente insisten en la necesidad de "salarios competitivoscon el mercado" para estos gerentes (Orrego, 1998). Por su parte, destacados técnicos de laoposición aplauden la teoría del gerente público como lo hacen Larroulet y Flores en la revistaLIBERTAD Y DESARROLLO.

En los últimos años, esta ideología empresarial ha sido liderada por el Comité Interministerial deModernización de la Gestión Pública. Ha sido una campaña en el que las técnicas del marketingpúblico se han utilizado masivamente: Seminarios Internacionales (IV Encuentro Internacionalsobre Modernización del Estado, Santiago, 1998), viajes de estudio a países con este modelo,publicación de folletos y hasta organización de escuelas formadoras de estos gerentes. Estemarketing público− el primero realizado al estilo publicitario comercial− ha sido muy exitoso eincluye páginas WEB y publicaciones periódicas a todo color y en excelente papel (Comité,1998B), así como libros de calidad formal (Comité, 1998 A,B,C,D,E,F) La casi unanimidadalcanzada es realmente convincente. Este Comité la presenta como "el modelo" de lamodernización y la considera "un nuevo modelo de liderazgo" (Comité, 1998B). Su mayor éxitofue la decisión del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle de "impulsar en lo que resta de sumandato el diseño y habilitación de un sistema de gerencia pública en nuestro país" (Orrego,1998B).

Sin embargo, la teoría del gerente público no es sino el mismo sistema de dominaciónburocrático, ya que lo que pretende, en última instancia, es dotar a los mandarines de más ymás poder, agudizando la pirámide burocrática y negando toda participación y valoración delconocimiento y la información como las partes sustanciales de la administración, como loseñalan repetidamente las modernas tendencias de la Administración.

Esta teoría se ha fundado en las experiencias del Reino Unido y de Nueva Zelandia (Comité,1998C). Sin embargo, su éxito es muy discutible, en primer lugar porque ambos gobiernos que lapropiciaron perdieron el apoyo popular y en segundo lugar, porque en esos países no sedescuidaron los aspectos éticos y de control. El modelo de gerencia pública chileno tiene comogran ausente el aspecto ético, de allí que los mandarines actuales tienen una terrible confusiónentre sus salarios y el bien común. Como todo grupo que manipula el poder en condiciones deineficiente control y carencia de principios éticos, el resultado no puede ser otro que el desarrollopropio del modelo burocrático: la concentración del poder y el uso del poder para premiar losméritos reales o imaginarios de los que tienen el poder burocrático.

Margaret Thatcher, la gran inspiradora de esta teoría, parece no simpatizar con la interpretaciónque se aplica en Chile. Según uno de sus colaboradores directos, Geoffrey Morgan, lo primeroque hizo cuando asumió el poder fue darle "una arenga de una hora sobre cuansobrerremunerados y subempleados estaban los funcionarios públicos . Me dio instrucciones derebajar los sueldos." (Morgan, 1998).

Los estudios realizados en Chile que fundamentan la gerencia pública (y financiados por elEstado) han llegado a las siguientes conclusiones:

Cargo renta promedio en pesosSector Público

renta promedio en pesosSector Privado

Jefe o director de Servicio $1.289.079 $ 3.053.915

Jefe de Administración yFinanzas

1.054.900 3.053.915


Cargo renta promedio en pesosSector Público

renta promedio en pesosSector Privado

Jefe de Informática 1.061.804 1.865.742Fuente . Comité, 1998E.

Estos datos son un verdadero pliego de peticiones falseado porque, no consideran los sueldosque se pagan en las empresas del Estado y todos los sobresueldos en bonos, sobretiemposfalsos, libertad horaria, honorarios, viajes, pluriempleo y horas de clases sobrepuestas, a los queahora hay que sumar la sólida expectativa de obtener indemnizaciones que son inconcebibleshasta en el sector privado de las grandes empresas.

Como puede observarse lo que se sugiere es (para 1998):

Cargo renta promedio aumento sugerido renta gerencialapetecida

Jefe o director deServicio

$1.289.079 1.764.836 $ 3.053.915

Jefe deAdministración yFinanzas

1.054.900 1.999.015 3.053.915

Jefe de Informática 1.061.804 793.938 1.865.742

De manera que además de las indemnizaciones, que ahora se conocen, pretendían aumentosde sus sueldos al doble o el triple mientras que para el resto de los trabajadores sugerían lacongelación salarial (como ocurrió en Correos).

La crisis ética

La situación en Chile es muy delicada, se trata de una crisis administrativa seria y profunda, dela cual sólo se ha descubierto lo más extremo, pero existen otra serie de vicios que aplican losmandarines para mejorar sus rentas: honorarios, horas extraordinarias no cumplidas,participación en directorios de otras empresas, incumplimientos horarios y realización de otrasactividades rentadas simultáneas, como clases en las universidades (sin reposición del tiempo),nepotismo, amiguismo, etc. Estos mandarines no aceptan controles horarios y han entretejidotodo un sistema de prebendas que solo existen en virtud del manto de oscuridad que las cubre,bajo el pretexto de la autonomía, flexibilidad, discreción, competitividad y otros principioslevantados para mantener este manto protector.

El ejemplo dado por los mandarines tendrá efectos perversos en todo el país. Cada sector socialse preguntará ¿Por qué ellos? Faltan recursos para tener una salud pública aceptable, paramodernizar la educación o para construir viviendas y sobran los recursos para pagarindemnizaciones acordadas a espaldas del país. Los profesores y los médicos concluirán que nose les reconocen sus méritos profesionales, mientras que a otros se les premia. Los camionerosno podrán entender que tienen que pagar impuestos que van a financiar las indemnizaciones


millonarias de los ejecutivos de la ENAP, los mineros no podrán entender la falta de apoyo de laENAMI, cuando sobran los millones para indemnizar.

La política deliberada de los mandarines está haciendo agua, ello se debe simplemente a quesus maniobras ocultas salieron a la luz. La conclusión evidente es que la base de la probidad esla transparencia, cuando se hace toda clase de esfuerzos para ocultar algo público, es porque lopúblico se ha desnaturalizado.

La solución evidente es establecer el principio de la transparencia y eliminar la llamada Ley deProbidad y Transparencia, porque lo que hace es, precisamente santificar el secretismoadministrativo y proponer que, la información "privada" sólo puede conocerse después de unproceso judicial que culminan en la Corte Suprema y que puede demorar décadas. Esta Ley esotro engendro de los mandarines y es una ley que contó con el respaldo de gobierno y oposición,aunque derrumba principios consagrados, tal como la prohibición de que los funcionariospúblicos reciban regalos de los usuarios. Ahora sí se pueden recibir si "corresponden a donativosoficiales y protocolares, y aquellos que autorice la costumbre como manifestaciones de cortesíay buena educación" (Ministerio secretaría General de la Presidencia, 1999). Lo queprácticamente abre anchas puertas para institucionalizar la coima o soborno.

Hay que enfrentar radicalmente esta situación y reconocer que la Contraloría es un ente que nocumple su función. El sistema de control no funciona y el sistema de auditoría recién creadohabía sido el que ocultaba las denuncias, según los dirigentes de Correos. Es una crisis terminal.Hay que abrir nuevos caminos y apoyarse efectivamente en las técnicas administrativasprobadas: fortalecer la fiscalización parlamentaria, crear el Ombudsman y establecer el controlsocial, dándole participación a las asociaciones de funcionarios, a los colegios profesionales y alas universidades.

La última trinchera de los mandarines es que ellos han realizado una labor excelente. Sinembargo esta excelencia nunca ha sido medida, ni es objetiva, es simplemente la justificaciónque inventan para mantener sus prebendas y algunas empresas públicas siguen negándose adar información, no recurriendo a la excusa del mercado. Ahora lo hacen para proteger "elderecho a la intimidad", resultando que el gasto público pasa ser íntimo. Esta excusa lamantienen las empresas estatales Banco del Estado y Televisión Nacional, mientras otras sólohan dado datos desde 1996 (y no desde 1990 como es la exigencia parlamentaria), alegandoque ese año cambiaron los sistemas de indemnizaciones (CODELCO).

Las experiencias de estos hechos

La principal experiencia de este caso es que sólo la sociedad civil es la capaz de erradicar lacorrupción. Esta crisis se descubre porque un sindicato se atrevió a denunciar hechos ocultos.

La segunda conclusión es que la transparencia es la condición para evitar la corrupción. Losmandarines habían tendido un manto tupido para ocultar estos hechos y los trabajadores lorajaron y destruyeron.

La tercera conclusión es que los mandarines y la clase política se ampara detrás de teoríascomo el gerente público para cometer sus fechorías. Aquí las universidades tienen que intervenirpara destruir esas ideologías corporativas disfrazadas de ciencia. Ya hay algunos pasos


positivos, en el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado desapareció el proyecto deGerencia Pública, ahora se denomina Dirección Pública. Hay que velar porque no seameramente un cambio de nombre, sino que de contenido.

La cuarta conclusión es el fracaso de la Contraloría y el sistema de auditorías ministeriales. Elcontrol formal y ritual es inútil.

La quinta conclusión es que las órdenes del Presidente de la República en el sentido de entregartoda la información, sigue siendo cumplida con cuentagotas, alegando toda clase deimposibilidades. La orden presidencial de que todos los contratos de ejecutivos de todas lasempresas públicas debe regirse por las disposiciones igualitarias del Código del Trabajo sólo seaplicará si los sindicatos y la sociedad civil tiene acceso efectivo a la información.

La sexta conclusión es que los conservadores neoliberales han ganado una gran batalla ypretenden explotarla para insistir en privatizar todas las empresas del Estado. Los defensores deestas empresas aparecerán como los que amparan los vicios que en ellas se practican.

Finalmente, estos hechos deben exaltar la importancia de la Ética Pública, que ya no es uncapital de la coalición de gobierno y ahora es su principal debilidad, pero la internalización de losprincipios de la ética pública por la sociedad chilena en su conjunto puede ser el efecto positivode esta corrupción de acuerdo con las normas, reconociendo que la Democracia debe exaltar laprobidad y perseguir sin miramientos a los corruptos, cualquiera sea su posición o influencia. Nohay democracia sin Ética Pública. La corrupción es el torpedo que ha hundido a muchasdemocracias sin necesidad de golpes militares.

El Presidente Lagos ha sostenido que al servicio público se va a servir y no a servirse. Esto esincomprensible para los mandarines que desconocen totalmente la ética pública, porque sóloconocen la eticidad de su bolsillo. Lo que hay que eliminar no es a las empresas del Estado sinoque a los mandarines que las utilizaron para su provecho personal.

REFERENCIAS

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PATRICIO ORELLANA VARGAS E−MAIL [email protected] Administrador Público, estudios de post grado en Inglaterra, Holanda y España. Profesor deÉtica de la Universidad Central de Chile y Director del Instituto Probidad, ex profesor de laUniversidad de Chile, Universidad Católica de Chile y otras universidades; ex funcionario deNaciones Unidas (ILPES) y consultor del Banco Mundial. Ex Director de la ENA (EscuelaNacional de Adiestramiento para Funcionarios Públicos). Durante la dictadura militar de Pinochetcolaboró en la Vicaría de la Solidaridad y en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, de lacual fue su jefe de Estudios. Autor de cinco libros y un centenar de artículos sobreAdministración, Ética, Derechos Humanos e Información.


Irregularidades que son corrupción en el sector privado chileno :

La voracidad de las pirañas

Rodrigo QuintanaPeriodista

Chile

"Vacíos legales, mercaderías y capitales desaparecidos, abogados pordoquier, cesantía laboral, nula tribuna a la hora de la denuncia y soledadgremial son algunos de los ingredientes de esta historia en que el pequeñoempresario chileno, por injusticias, inmediatismo o fatalidad, culmina derodillas ante los monopolios."

El poeta surrealista chileno Teófilo Cid manifestó cierta vez, en la década del cuarenta, que sibien en todas partes se "cuecen habas" en Chile se cocinan siempre a un 20% más. Chiledestaca en el concierto latinoamericano por el orden de sus arcas fiscales, bajos índices decorrupción administrativa, (lugar 18 en el mundo según Transparencia Internacional), y por unapaz ciudadana que lo convierten en un atractivo destino para las inversiones extranjeras. Pero, laprobidad en el mundo privado deja mucho que desear.

Se podría afirmar que, el nuestro, es una especie de eficiente invernadero donde creceprodigiosa la flor de la economía social de mercado. Los surrealistas pudieron constatar ladesproporción de su movimiento, los demócratas cristianos, en los sesenta, la ingenuidad de suproceso denominado "revolución en libertad" y la izquierda, a principios de los setenta, la suigeneris aventura de un socialismo "a la chilena", durante el mandato interrumpido de SalvadorAllende. Entonces, ¿Por qué la revolución armada de derecha, comandada durante 17 años porPinochet, que instauró un modelo económico ajeno a la tradición de nuestro país, no puedehaber pecado también de esa soberbia y ortodoxia, propia de esta idiosincrasia que siempre hadeseado ser la vanguardia de la vanguardia aunque nadie sepa dónde estamos en el mapa?.

En esta copia feliz del libre mercado, las buenas maneras son las primeras en sucumbir cuandoen el sector privado aparece la sombra de la corrupción disfrazada de irregularidad. Ni las reglasdel derecho comercial o el marco en que se basan las relaciones entre las grandes empresas ylas pequeñas, pueden impedir que mediante vacíos legales la enfermiza carrera por maximizar elcapital, por parte de las primeras, genere un circuito fatal en que se asfixia hasta la muerte a lassegundas.

Tal vez, Chile sea un lugar muy atractivo para hacer negocios. Siempre y cuando usted sea ungran empresario, ante el cual, se postre una corte de proveedores de mediana o pequeña escalaque poseen escasas alternativas de colocar sus productos en un país donde avanza laconcentración de capital y los monopolios. Si consideramos que las pequeñas y medianasempresas (PYMES) son la base para la generación del empleo en toda sociedad de libremercado, parece ridículo que se les encuentre en tal indefensión y desigualdad frente a las


grandes cadenas de distribución y manifestando, desde hace un par de años, unos índices demortandad que habrían hecho palidecer a las autoridades de la acorralada ciudad que Camusnos describiera en "la Peste".

Pobre, de aquel cortesano que ose alzar su voz para denunciar las irregularidades impuestasdesde arriba por el señor feudal. De inmediato podrá constatar cómo se le margina del circuitocomercial mediante listas negras, cómo sus iguales le dan la espalda inmovilizados por el temor,cómo la justicia le advierte que su fallo será dilatado a raíz de la interminable caravana derecursos legales que los abogados del señor interpondrán, y para colmo observará atónito cómosus bienes rematados dan paso a la cesantía y a una deuda previsional con sus operarios, losmás débiles entre los débiles en esta vorágine depredatoria.

Tamar en la corte del rey DYS

En esta historia, el primer cortesano en atreverse a reclamar por las funestas condiciones deabuso fue un pequeño empresario que hace un año vio cómo todo su esfuerzo, forjado en 1988,se iba en picada. DYS una todopoderosa empresa propietaria de tres mega redes desupermercados en Chile, golpe tras golpe, culminó por liquidar a su pequeña empresa fabricantede artículos de dormitorio, que daba empleo a veinte personas.

El caso de la empresa de Adolfo Kirshbom, es emblemático para ir conociendo los mecanismosmediante los cuales las grandes cadenas consolidan una apropiación de capital a costa de lainversión de cientos de Pymes. La imposición de las condiciones abusivas se inicia cuando, enlos inicios de la relación, los alcances comerciales y de distribución de las grandes empresasterminan por seducir al proveedor. El mecanismo es bastante atractivo cuando se ingresa alnegocio, sin embargo sobre la marcha las tratativas van metamorfoseándose a favor del pezmás gordo. En síntesis, condiciones abusivas de pago que se caracterizan por el descuentoreiterado de sumas mediante conceptos inventados, que jamás se verificaron.

Al primer día de la relación, todo marcha a las mil maravillas por cuanto se le factura al Pyme porun 100% de la mercadería. Mas, a las dos semanas se les empieza a realizar recortes porambiguos conceptos de publicidad, basados en términos y denominaciones como "ubicaciónpreferente", que a la larga no tardan en sumarse a nuevos descuentos por productos ensupuesto mal estado. Al ser las condiciones pactadas de manera verbal, el pequeño empresariove en Chile cómo las actitudes matonescas lo arrastran a terminar vendiendo sus productos aprecios mucho más bajos que los contemplados originalmente. En suma, regalando su trabajo yel de sus trabajadores. A la postre, a pacto verbal imposición sobre la marcha.

Tamar tuvo que ver cómo DYS le sumió en una especie de "auto crédito" en su provecho, ya quesus mercaderías fueron canceladas mediante plazos que fluctuaron entre los 60 y los 180 días.Es decir, DYS pudo disfrutar, crecer, proyectarse o incluso desbancar a su competencia, graciasa los recursos y capitales que Tamar hasta el día de hoy lamenta en su ausencia.

Diez millones de pesos (18.000 dólares) por vagos gastos de publicidad, devoluciones falsas deproductos por treinta millones más. Tamar, al igual que cientos de Pymes, fue viendo cómo losejecutivos de la cadena DYS emitían guías de despacho, ni recibidas ni recepcionadas por lafirma del señor Kirshbom, en las cuales lucían ampulosas las rúbricas de gerentes y personalresponsable, más los timbres de rigor. Así hasta consolidar, al fin y al cabo, el excelso arte de


devolverse a sí mismo productos por la nada despreciable suma de 24 millones de pesos(45.000 dólares) a cuenta de un proveedor para quien dicho capital significa su supervivencia yla de toda una planta de operarios.

El señor Kirshbom no sólo destaca hoy en Chile, desde un anonimato, por ser uno de los pocos,por no decir el único, que en una actitud un tanto suicida alza la voz en los tribunales de justiciacontra los matones del barrio. Se destaca además porque, fruto de estos mazazos propinadospor DYS que le llevaron a la quiebra, tras liquidar y rematar sus maquinarias cumplió con lacancelación de sueldos, los desahucios y las imposiciones previsionales de sus trabajadores.Esto parecería el mínimo ético, sin embargo tal deber es totalmente evadido por la mayoría delos pequeños empresarios a la hora de bajar el telón, lo cual tiene en pie de guerra alsindicalismo chileno a raíz de la abismante deuda impositiva nacional de 800 millones dedólares.

El camino de la justicia

Tras la golpiza final propinada en la esquina del barrio, la víctima contempla cómo su constantevenia ante cada abuso culminó por destruir un sueño y años de trabajo. Es ese momento en elque paradojalmente los afectados prefieren no reaccionar y se abstienen de llevar adelanteacciones legales, por que todavía sueñan con que el dueño de la finca les restituya su lóbregorol de proveedor.

En medio de este pésimo feudalismo, la demanda legal que el señor Kirshbom desarrolla pareceun intento suicida pues significa que las puertas se cerrarán de ahora en adelante en todos lossupermercados.

Para David Dueñas, abogado del señor Kirshbom, el tema jurídico se circunscribe a que estaanormalidad debe establecerse como política legislada. El gran tema ético implícito aquí para él,es ver la soberbia actitud de los grandes empresarios quienes denostan la legitimidad de susproveedores, sabiendo que el afectado depende mucho más del capital en juego, sin el cual noexiste para él colchón que amortigüe la caída.

"En el fondo es un chantaje y eso entre personas que se dedican a un mismo rubro me parecebastante cuestionable", afirma Dueñas al mismo tiempo que se manifiesta reacio a que el Estadoasuma toda la responsabilidad de lanzar al frente a un ejército de pymes que demuestran, másque temor, un individualismo funesto si se considera que este tema también pasa por elautofortalecimiento de los gremios. "Si hubiéramos hecho una gran demanda de cinco o sieteempresarios hubiera sido muy distinto el escenario actual", señala.

Dueñas, es un profesional que también ha podido constatar el gran caudal de recursos que losequipos jurídicos de estas grandes empresas lucen en los pasillos de nuestra Corte deApelaciones y Corte Suprema. Las tiendas cuestionadas tienen a su servicio grandes estudiosde abogados que poseen una "fácil llegada" en estas instancias. Sin poder aseverar que cuentancon "santos en la corte", el abogado prefiere centrar la desventaja en el tema recursos, "hastapara pagar las notificaciones nos cuesta reunir los dineros", afirma. Tras el primer arduo rounden esta larguísima batalla judicial junto a Kirshbom, ya Dueñas concluye que los grandesempresarios no creen, sino que sienten cómo todo el sistema funciona en su beneficio.


Pese a todos estos molinos, el abogado insiste en que quién en nuestro país sufra semejantevejamen debe saber que a corto plazo debe formalizar una demanda ante los tribunales asabiendas del costo. Perder clientela, posibilidades comerciales son no menos oscuroslaberintos a sortear, mas siempre teniendo como Norte la legítima defensa de sus derechos."Cuando se agotan las posibilidades de negociación, cuando las fuerzas no son iguales, cuandolos más grandes imponen condiciones abusivas, no queda más remedio que los tribunales y yocomo abogado tengo que creer que los tribunales hacen justicia", sostiene señalando el únicocamino a seguir.

Hacer un gol con la mano porque el arbitro no te vio

¿El único camino a seguir, el jurídico?. Se supone que antes de los tribunales dos agenteseconómicos deberían hacer negocios bajo el alero de una demarcación legal, esa es labor de losparlamentarios.

Bueno, don Jaime Moulet es un parlamentario demócrata cristiano (DC) oficialista y el señorEugenio Tuma, un socialdemócrata camarada de gobierno con el primero. Ambos están enantecedentes sobre estos ilícitos en el mundo privado y saben que este desmadre, hoyrepercute en un tema clave de la coyuntura política en Chile, la cesantía.

Cuando Moulet inicia el diálogo evita usar la palabra "probidad" porque lo principal para él es el"abuso" que las grandes cadenas cometen. Nos aclara que de acuerdo a la situación actual, nose registran ilícitos porque esta es una situación acorde con la legalidad vigente en nuestro país.

Para él, el pequeño empresario no posee alternativas donde distribuir y cuando se sufre unatropello lo único que posee al alcance de la mano es una comisión preventiva o los organismosantimonopolios reinantes en nuestro país. Da la mala suerte, que el radio de acción de estosestamentos son limitados y lentos, por cuanto no son permanentes. "De hecho la comisiónresolutiva está integrada por personas que pertenecen al mundo académico, ajenos al mundoempresarial. En buenas cuentas no hay justicia de la libre competencia hoy día", nos aclara.

El diputado DC es presidente de la Comisión de Minería, Ciencia y Energía de la Cámara deDiputados y lidera además una comisión parlamentaria de la pequeña y mediana empresa. En talrol, dice no poder hablar aún de corrupción, sino de "abusos". Tampoco reconoce la existenciade listas negras y aclara que todo aquellos es fruto de la incapacidad de poder recolectarpruebas sobre estas supuestas prácticas matonescas.

"Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario", parece ser la fórmula deldiputado respecto al tema, y nos señala que con un grupo de parlamentarios intenta propiciar lacreación de "tribunales de la libre competencia". Una iniciativa que, al parecer, sigue la tradiciónde estos últimos diez años de democracia, en que los legados disfuncionales de la dictadurarecién son detectados e intentados domar una vez que ya han arrasado con los derechos demuchos.

Más enérgico parece el socialdemócrata Eugenio Tuma, para quien el modelo económicovigente en Chile impide la transparencia del mercado y ésto a quienes más afecta, luego de lostrabajadores, es al mundo de las pymes. En el parlamentario no cabe vacilación si el términoapropiado es ilícito o abuso, " si a través de lícitos se van quedando las grandes empresas con


el capital de las pequeñas, con mayor razón mediante acciones ilícitas", indica.

Nos señala que los pymes están obligados a cancelar el impuesto al valor agregado (IVA) alfisco en plazo no superior de treinta días, sin embargo las grandes empresas, fruto de lainexistencia de un marco regulador, les cancelan a los primeros, con suerte, a los 180 días. Diceestar abocado a la detección de los ilícitos mediante el seguimiento judicial, sin embargo poco eslo que puede hacer si no existe transparencia en el mercado. " Ya tenemos una situacióndetectada y se la he comunicado al ministro de Economía, al de Hacienda, etc. , y espero que enlos próximos días acojan la iniciativa de obligar a todos los compradores a cancelar la factura, oal menos el IVA dentro de treinta días", sostiene Tuma.

Para el socialdemócrata, los únicos que pueden plantear en Chile este tema son losparlamentarios, en vista de la existencia de listas negras con que los grandes empresarioscastigan a quien alce la voz. En su opinión, el Estado está recién conociendo el tema y al mismotiempo confiesa que a los chilenos se nos ha vendido un sueño, "el sueño de que hay unaeconomía competitiva. Aquí no hay libre mercado y el Estado tiene que establecer regulacionespara la transparencia".

El diputado denuncia, además, las aristas comunicacionales de este tema. Ha podido constatarcómo toda vez que se ha acercado a los medios de comunicación para informar sobre esteescabroso tema, las cámaras dejan de grabar. Sabe que éstos se encuentran en una situacióncomplicada, pues mediante el avisaje publicitario se les impide decir la verdad. Así de sencillo, "cuando esto significa una denuncia a la falta de ética, los medios de comunicación lo callanporque todos están hipotecados con la contratación de publicidad".

Chile no sólo estaría sufriendo este tema sino que además, para variar, sería líder endesigualdad o corrupción privada. Ello, se desprende de las palabras del diputado que vaticinaque en el tercer mundo, en algún momento,"van a llegar a la etapa nuestra". Para él, nuestropaís ha avanzado en las facilidades para que unos pocos controlen el mercado, "la nuestra esuna de las realidades más abusivas de Latinoamérica".

CONAPYMES y CONUPYAS

La indefensión en la que se encuentran los pequeños empresarios no es causa sólo de unasentidades gremiales que no pueden hacer frente a los estudios jurídicos de los peces gordos,que antes de cualquier pleito ofrecen al pyme montos ridículos para frenar las demandas yamenazan con toda la artillería legal cuando no consiguen dicho objetivo. También, tienen quever con la escasa afiliación gremial y con la actitud de recurrir a éstos sólo cuando hayproblemas.

Los representantes gremiales de los pymes son Rafael Cumsille y Germán Dastres. Elprimero, preside una entidad denominada Confederación Nacional de la Pequeña y MedianaEmpresa (CONAPYME). El segundo es el líder de la Confederación Nacional Unitaria de laPequeña Empresa y Artesanado (CONUPYA), organización que junto a transportistas,exportadores de manufacturas y comerciantes detallistas, dan vida al primer ente yadenominado.


Frente al tema en cuestión no manifiestan amplias distancias, sin embargo Cumsille consideraque el sector privado chileno es de los más probos con relación a otras realidadesLatinoamericanas. "Aquí hay mucha responsabilidad, mucha conciencia en cuanto a cumplir loscompromisos que se contraen. Aquí el cheque sigue siendo un documento importante", señala elpresidente de la Conapyme. Dastres, por su parte, (sin saber si es por el contrario), denunciaque "en nuestro país está todo hecho para favorecer a las grandes empresas".

Respecto a los ilícitos el señor Cumsille prefiere la palabra "irregularidades", mientras su parestá consciente que frente a estos abusos el principal escollo es el temor y el individualismo delos pymes, a tal punto que "desgraciadamente nuestra gente ni siquiera desea hacer unadenuncia pública. Nadie se atreve".

El interés de las autoridades por tomar cartas en el asunto para poder ahora legislar al respecto,mantiene al señor Cumsille tranquilo, pues además considera que "El Estado debe fortalecer alos gremios para que cuenten con los recursos suficientes para acceder a profesionalesidóneos", sin embargo consultado Dastres, éste fuera de aceptar que nuestro sistema esmalísimo, insiste en que aquí "hay culpas compartidas, pues los chicos se dejan esquilmar".

Ambos coinciden en el asunto del temor. A pesar de que el señor Conapyme acepta el clima depavor entre los pequeños empresarios, porque cualquier denuncia culmina en una marginacióndel circuito, evita usar el término "listas negras". Mas, su colega Conupya no sólo reconoce estarealidad con nombre y apellido, sino que también sabe que la timidez empresarial va de la manocon la nula ayuda legal concreta con que el gremio puede prestar a un afiliado en apuros, estoes, dinero para realizar denuncias grupales.

"Cuando los canales en Chile se monopolizan, cuando tu tienes cada vez menos alternativaspara vender tus productos, cuando los grandes te devuelven usando un ilícito, la gente piensapara qué reclamar si queda la esperanza de seguir siendo proveedor, él sabe que si siguereclamando ingresará a las listas negras", sentencia Dastres.

Un panorama no muy alentador para quien lo perdió todo y observa como sus entes agremiadosaparecen tibios o sin el apoyo de sus camaradas para enfrentar a los oligopolios y sólo puedenacompañarlos en la hora de las denuncias a través de medios de comunicación, más fríos otemerosos, éstos últimos, que los primeros. "Cuando hicimos la denuncia junto a unparlamentario no salió nada y me explicaron que cuesta porque los canales de televisión tienencompromisos comerciales, aquí también hay una complicidad, no sacas nada con hacer ladenuncia si al final los grandes se salen con la suya", afirma Dastres, dirigente que haacompañado al señor Kirshbom en su quijotesca denuncia.

¿Y los trabajadores?, ¿Y las imposiciones?

El tema de la absorción de capital, vía ilícitos, no puede tener ausente a los trabajadoresrepresentados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sencillamente porque son éstos losmás perjudicados: cesantía, nulo pago de imposiciones y de desahucios.

Para José Ortiz, secretario general de la CUT, existe un pésimo hábito entre los privados dequedarse con dineros que no les pertenecen, un asunto que tiene que ver con "la deformaciónde la deshonestidad más mínima". La apropiación que las grandes tiendas hacen en desmedro


de los pymes requiere una fiscalización y un estatuto nacional claros y rigurosos, algo que,señala diferencie al sector privado de una selva. "Ni en la selva los animales son tan crueles. Yolo asimilo a la voracidad de las pirañas".

Ya cansados de reclamar ante autoridades y gremios por la deuda previsional (800 millones dedólares), en la CUT saben que el tema es de corte ético. Para Ortiz, los privados handemostrado que no pueden autorregularse y que esta absorción o robo de capitales a las pymes,debiera considerarse un delito económico grave.

La CUT se ha acercado a la Conupya de Germán Dastres para intercambiar información yconcretar acciones en conjunto. Sin embrago, Ortiz sabe que si en Chile las prácticasantisindicales son pan nuestro de cada día, las actitudes matonescas de las grandes empresasplantea el difícil tema de cómo probarlas o denunciarlas, si todo es un asunto que gira en torno altemor y la venia de los pymes para con los grandes.

La fórmula parece sencilla, es decir, armar un frente común, un "comando de defensa delempleo y la empresa" como indica el secretario general. Sin embargo, señala además Ortiz, quese topan con la comodidad y temor de los pymes cuando señalan "ustedes son muy radicales", oformulan, " sí, vamos, pero yo no puedo aparecer en cámara". El asunto va para él por el ladocultural además, ya que el poder que posee el gran empresario es abismante y seductor, pues"cuando alguien se hace delincuente y le gusta esa vida, para regenerarlo hay que hacerle unlargo tratamiento".

¿Y el señor Kirshbom?

Tras recorrer las aristas de esta historia, inevitablemente debemos llegar al señor Kirshbom, yaque es él, quien, a parte de haber visto cómo el capital de su empresa fue absorbido por la granDYS, pudo constatar cómo las puertas que hay que golpear son tibias, no tienen lasherramientas para batallar o simplemente se cierran.

Si bien en el momento en que DYS le asestó el último golpe Adolfo Kirshbom, éste no seencontraba afiliado a ninguna de las gremiales expuestas aquí, su solitario esfuerzo pordenunciar estos ilícitos podrían sumar con creces puntos a su favor. Ello, si recordamos que ennuestro país los pymes prefieren recibir en silencio golpe tras el golpe hasta inmolarse y llevar ala cesantía a miles de trabajadores. El tema aparece como de gran importancia, pues son cercade 600 mil PYMES que dan empleo a casi 5 millones de personas.

Ha constatado que su caso no es aislado, incluso dice haber sido respaldado, y recibido porcuanta autoridad gremial y política hay inmersa en este marasmo. Una de estas personalidades,Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Manufacturas(ASEXMA) y miembro de la mentada CONAPYME, le planteó con tono fatalista de que a pesarde ser el único dispuesto a abrir la boca, de poco sirve el esfuerzo, pues el resto siempre va acarecer de interés o coraje, ya que las grandes cadenas saben que tratan con empresariossencillamente dispuestos a ser absorbidos poco a poco. Total, los golpes lo pagan lostrabajadores mediante el no pago de las imposiciones, habría que agregar para completar eldiagnóstico del presidente de Asexma.


El largo round legal, que todo pyme deberá soportar, si algún día se enfrenta con los grandes,podría ser amortiguado, a criterio de Kirshbom, por las instituciones financieras. "Yo dejéambaucado al banco. Sin embargo ellos podrían haber comprado ese activo para luego haberencarado este problema con las grandes empresas. Ellos poseen un equipo jurídico que podríahaberme ayudado. Es sencillamente un procedimiento que no toman por alguna razón muysospechosa", afirma Kirshbom.

En los pasillos de los tribunales el afectado dio pasos seguros. Junto a su abogado consiguióuna confesión por parte de DYS respecto a los ilícitos denunciados, mas recién tras un año deastutas dilaciones, propias de un estudio al servicio de una mega empresa, ésta aceptó el "error"cometido. Es decir, ganaron todo ese tiempo para invertir el dinero del señor Kirshbom y nisiquiera así tuvieron la decencia de averiguar el monto real del perjuicio de la empresa Tamar.

Esto último, a tal punto de la desfachatez que le ofrecieron escuálidos 5 millones de pesos (9 mildólares), versus los 80 millones (150 mil dólares) que en la actualidad son los montos por losdaños, para que cesara en su demanda. La amenaza fue clara, o los 5 millones o un extensoconvoy de recursos legales por cinco años más. Sabemos que saltándose toda regla opronóstico Kirshbom optó por la vía judicial.

No satisfecho con la indefensión que lo rodeaba, incursionó hacia alguna tribuna para que elresto del país supiera de esta historia. Así, se entrevistó con el DC Jaime Moulet y segúnKirshbom fue muy bien recibido a tal punto que de la conversación surgió la idea de realizar unamanifestación pública frente a las oficinas de DYS. La única condición era que Kirshbom debía"conseguir gente" para montar la protesta, labor que el empresario logró.

Sin embargo, inmensa fe la sorpresa del diputado DC, Moulet, cuando Kirshbom consiguió elapoyo requerido en la CUT, multisindical preocupada por la cesantía y deudas que este temagenera a los trabajadores. "Bueno, a Jaime le cambió de inmediato la cara cuando escuchó lapalabra CUT y dijo: si va la CUT yo no voy", sostiene Adolfo Kirshbom.

Su caso empezó a circular, dentro de lo posible, en algunos medios de comunicación. Tanto asíque se contactó con él una diputada de derecha llamada Lily Pérez. Kirshbom, conocedor de lospersoneros ligados a los grandes capitales que rodean a la diputada, le aseveró de buenas aprimeras: " este atado es contra gente de derecha y si la derecha financia tu partido debes saberque esto va hasta las últimas consecuencias". Hasta hoy, camino hacia las últimasconsecuencias, nada se sabe de la diputada Pérez.

Qué hablar del mundo del periodismo. Han sido innúmeras las balaustradas que el afectado agolpeado. En compañía de dirigentes, como Germán Dastres, vio cómo tras la realización deuna conferencia de prensa nada se dufundió, ni nota o seguimiento a la noticia. La publicidad, yasabemos. "En definitiva, ¿Quién le pone el cascabel al gato?, ¿Qué hago?, ¿Me caso con elenemigo o con el enemigo de mi enemigo?", se pregunta Kirshbom frente al laberinto.

Pues bien, para no culminar esta historia con una sapidez amarga, debemos asimilar elentramado y tortuoso asunto de la absorción ilícita de las grandes empresas en desmedro de laspequeñas en Chile, delfín del libre mercado, con una interesante noticia: El infatigable señorKirshbom, consiguió que la radioemisora capitalina de amplitud modulada "Nuevo Mundo"creyera en su idea de generar un espacio denominado, transitoriamente," La hora de lasPymes", cuyo fin será informar sobre la actualidad de este ilícito e ir envalentonando a sus paresfrente a los abusos. Por estos días, se encuentra en plena faena para grabar un programa pilotocon el cual ir en busca del financiamiento requerido con el cual sacar al aire esta iniciativa.


Los gremios y la gente que dice estar contra la corrupción, podrá decir que no poseen dineroscon los cuales enfrentar a los estudios jurídicos de las grandes empresas, pero ¿Qué van aproferir ahora, cuando Adolfo Kirshbom vuelva a golpear sus puertas con una radio bajo el brazo,dispuesta a enfrentar el temor y una lista de pequeños empresarios ahora capaces de irderritiendo el glacial del desasosiego?.

Esta última instancia, tal vez se convierta en toda una innovación en Latinoamérica respecto a lalucha contra la corrupción, en este caso privada. Nada extraño para un país que siempre haquerido tener el surrealismo más radical del mundo en los cuarenta, la tercera vía, ya en lossesenta, un socialismo revolucionario, a través del camino parlamentario de Salvador Allende yuna "super, mega, ultra economía de libre mercado" en los ochenta con Pinochet, donde elmítico emprendedor es arrojado a un lago de pirañas.

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Rodrigo Quintana

− Realización y entrega de Tesis "Análisis Discursivo del Descontento en SuplementoTemas del diario La Epoca" . Profesora guía: Doctora en Literatura Sra. Haydee Ahumada.1999.− Título profesional de Periodista. Grado Académico de Licenciado en Ciencias de laComunicación. Octubre 1999.

Seminarios Especialización:

− "Periodismo, Comunicación y Cultura". Dra. en Literatura. agosto − diciembre 1998− "Periodismo Político". Profesor Juan Andrés Lagos. agosto − diciembre 1998− "Patrimonio Fotográfico de Chile". Profesor Jorge Leiva. agosto − diciembre 1998


Costa Rica

Relación de la Defensoría de los Habitantesde la República de Costa Rica con los

medios de comunicación colectiva: alianzaestratégica para combatir la corrupción

Max Alberto Esquivel FaerronDefensor Adjunto de los Habitantes

Costa [email protected]

http://www.crnet.cr/~defensor

I. Introducción: hacia un nuevo concepto de gobernabilidad democrática

Toda forma de poder exige la existencia de controles efectivos. Los tiempos en que elgobernante actuaba sin restricción alguna pasaron a engrosar las páginas de la historia y lossistemas democráticos adoptaron la teoría del poder diseñada por Montesquieu de frenos, pesosy contrapesos que implica la división de las funciones del Estado.

Sin embargo, tal concepción también ha sido superada hoy con otro elemento más deimportancia que es la participación de los habitantes en las decisiones, en la rendición decuentas de los funcionarios y en el derecho de los ciudadanos de pedirlas. Es la publicidad y latransparencia en el ejercicio de la función pública que debe imperar en todo sistemademocrático.

En efecto, la transparencia en el ejercicio de la función pública se presenta como premisafundamental para el buen funcionamiento de los poderes públicos, elemento esencial para lalegitimidad del sistema. En Costa Rica, su fundamento se encuentra en la Constitución Políticade la República y se basa en tres componentes fundamentales: el respeto a la legalidad, lagarantía de acceso a información fehaciente y en condiciones de igualdad para los habitantes yla sujeción a los mecanismos de control de la Administración.

El respeto a la legalidad tiene sustento en el principio de legalidad constitucional; la garantía deacceso a la información también encuentra respaldo en la Carta Magna; y la transparencia serelaciona con la sujeción de la Administración a los mecanismos de control establecidos en elordenamiento jurídico.

En ese sentido, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica estima que laaspiración por alcanzar la gobernabilidad democrática se debe apoyar, de manera importante, enel sometimiento de los órganos de la Administración a todas aquellas instancias que tienen porfunción el control del ejercicio del poder y la protección de los derechos fundamentales de la


población.

Precisamente en este año 2000 se produjo una reforma constitucional en Costa Rica que obligaa todos los funcionarios de la Administración Pública a evaluar sus resultados y rendir cuentascon la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de susdeberes.

Al respecto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en su voto n.°5061−94 indicó:

"Nuestro legislador quiso dar en relación con los que se desempeñan en la funciónpública, un trato diferente frente al acordado para los particulares. Así, no sólo estableciódelitos especiales y penas más severas para quienes en ejercicio de un cargocometieren un delito, sino atendiendo a los fines de la función pública y al necesariorespeto que debe existir para aquellos que trabajan en el cumplimiento de los fijes delEstado, les ha pretendido proteger con un trato especial de respeto a la investidurapública que ostentan. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad,y la acción para exigirles responsabilidad penal por hechos cometidos en el ejercicio delcargo, es de acción pública, según lo que dispone el artículo 11 de la ConstituciónPolítica; quien ha escogido la función pública se encuentra, en virtud de la citadadisposición constitucional, bajo la vigilancia constante del conglomerado social, enrelación con su vida pública y en algunos casos de la privada, sin poder alegar que esaesfera de su persona debe ser sustraída de esa vigilancia o fiscalización, lo que sípuede alegar en su favor el particular, quien en protección de su ámbito de intimidad,goza de un mayor espacio de actividad sustraída de la injerencia de las autoridades y delos particulares. Si se escoge la función pública como fuente de trabajo, se debenpermitir ciertas injerencias en el reservado círculo de acción, en interés de una sanaadministración, injerencia que, como ya se anotó, no está permitida en relación con losparticulares."

En ese sentido, hoy valoramos un nuevo concepto del ejercicio del poder en el contexto de unademocracia que se quiere renovar, una democracia participativa a la que aspiramos todos y queconlleva un salto cualitativo hacia nuevas formas de interacción social que implica nuevosequilibrios, nuevas relaciones y nuevos actores dentro de una ecuación que supera la formalidadclásica de los frenos, pesos y contrapesos entre las diversas instancias del Estado paraincorporar, inevitablemente, a la sociedad civil, a los habitantes como factor indispensable en elquehacer cotidiano de la convivencia democrática y a los medios de comunicación como unaforma de control social que, dadas sus funciones de información y formación de opinión, hansido calificados por muchos como el cuarto poder dentro de la división tripartita tradicional de lasfunciones del Estado.

Asimismo, la nueva concepción de democracia debe darle el lugar que corresponde a laeducación que prepara a los ciudadanos para una participación responsable en las institucionesdemocráticas y en la sociedad civil, constituyéndose, de esa manera, en herramienta esencialpara lograr una cultura de derechos humanos.

En ese orden de ideas, resulta fundamental que los habitantes comprendan la responsabilidadque les corresponde en la exigibilidad de sus derechos; un habitante informado y consciente deque atravesamos un momento histórico que nos obliga a una clara conciencia, ya no sólo denuestros deberes ciudadanos y del firme propósito de cumplirlos, sino también de nuestraresponsabilidad de asumir creativamente los retos de un futuro que, en esta oportunidad,


querámoslo o no, nos ha impuesto ya las reglas del juego. Después de todo el mejor defensor desus derechos es el habitante mismo

Un derecho fundamental para los habitantes, en este contexto, es su derecho a la verdad el cuales consubstancial a la libertad en la medida que el conocimiento y difusión de la verdadcontribuyen al desarrollo de las sociedades, permitiéndoles conocer su historia y su realidad enel tiempo, especialmente cuando se han cometido graves violaciones a los derechosfundamentales.

El autor Louis Jonet define el derecho a la verdad de la siguiente forma:

"Cada pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la verdad acerca de losacontecimientos sucedidos así como sobre las circunstancias y los motivos que llevaron,mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetraciónde crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencialpara evitar que en el futuro se repitan las violaciones."

El derecho a la verdad asegura que la sociedad pueda identificar las causas de las restriccionesa su libertad y que las pueda prevenir en el futuro. Por esa misma razón es consubstancial a lademocracia y también a la paz. Pero el derecho a la verdad trasciende aún más allá de la paz;es el seguro que la sociedad tiene para conocer los abusos de poder cometidos en contra de losciudadanos y adoptar las medidas que prevengan la repetición de tales hechos y, si éstosocurren, sancionarlos adecuadamente.

El derecho a la verdad tiene como principal contraparte al Estado en su obligación de garantizar,por un lado, el acceso a las fuentes de información y la libertad de expresión; pero por el otro,también en la obligación de investigar denuncias sobre violaciones a los derechos de la persona,a la ley y al código de moral. También son contraparte los medios de comunicación en cuanto ala publicidad de los hechos que llegan a su conocimiento. No puede dejar de mencionarse elpropio control ejercido por el receptor de la información y la credibilidad de la cual depende eléxito o el fracaso del medio.

Es inalienable el derecho a la verdad en cuanto que la persona, víctima de violación a susderechos fundamentales, o sus familiares, no pueden ser vedados en el conocimiento de loshechos que los afectaron o afectan. Aún más, ese derecho pertenece a la sociedad pues sepresentan situaciones en las cuales se han producido violaciones masivas que no dejansobrevivientes y la muerte de las víctimas no es razón para que se ignore lo sucedido.

Ahora bien, en punto a los controles del ejercicio del poder que dentro de todo Estado dederecho deben existir, se manifiestan a través de diversas formas.

En primer término, el poder sin controles propicia los abusos y la corrupción por lo que hoy sehan creado, además, instituciones de control del ejercicio del poder, y así, encontramos ennuestros países, por ejemplo, la Contraloría General de la República en materia de HaciendaPública, y la Defensoría de los Habitantes −o Procuraduría de Derechos Humanos− que protegelos Derechos Humanos de todos los habitantes sin distingos de ninguna índole.

Lo anterior se refiere a instancias en el orden institucional, pero también debemos hacerreferencia a los medios de comunicación colectiva como medios de control social que nopertenecen a la estructura del Estado pero que, por su naturaleza, constituyen formas de control


fundamental.

La existencia de los órganos de control se explica porque las instituciones no cumplen con lafunción que les corresponde por lo que la misión de fiscalización del poder y de garante derespeto de los derechos fundamentales es indispensable. Además, la sociedad en su conjuntodesea más compromiso, más control.

El control sobre los poderes públicos tiene antecedentes en las formas políticas más antiguas;sin embargo, después de un cierto declive reaparece en la organización medieval y se desarrollacon el Estado moderno.

El concepto de control conlleva al de limitación del ejercicio del poder. Es la fiscalización delpoder para evitar los abusos, lo cual garantiza el concepto de soberanía popular al evitar, con losmecanismos de control, el absolutismo.

El autor Manuel Aragón en su obra "Constitución y control del poder"1 expone acertadamente alrespecto:

"El delicado equilibrio de poderes que caracteriza al Estado constitucional no se apoyasólo en la compleja red de limitaciones que presta singularidad a esta forma política?,sino también en la existencia de múltiples controles a través de los cuales laslimitaciones se articulan. Limitación y control se presentan, pues, como dos términosfuertemente implicados, en cuanto que el segundo viene a garantizar, precisamente, lavigencia del primero.

Poder limitado es, en consecuencia, poder controlado, pues limitación sin controlsignifica, sencillamente, un contrasentido, es decir, una limitación inefectiva oirrealizable.

Limitación y control son términos interrelacionados, pero no idénticos, ni siemprecoincidentes. En el control social su propio carácter difuso y su condición genéricaoriginan que unas veces el agente que limita sea su vez el que controla y otras que elagente del control garantice limitaciones producidas por terceros e incluso limitacionesestablecidas en abstracto."

En ese sentido, existen limitaciones del poder no institucionalizadas como tambiéninstitucionalizadas, clasificación que corresponde al igual con la sistematización de los tipos decontrol, como por ejemplo los controles sociales dentro de los cuales se encuentra la prensa, taly como se acaba de indicar.

II. La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica comocontralor del poder público

En el contexto relacionado, es necesario hacer referencia al papel que juega el ombudsman−como se le denomina a la Procuraduría de Derechos Humanos o Defensoría de losHabitantes− en cuanto órgano de control del poder público.


El ombudsman representa un paso sumamente importante hacia la consolidación del EstadoDemocrático de Derecho y en la adopción de esa nueva forma de democracia a la que se hizoreferencia anteriormente, pues conforme el ámbito de acción del poder público ha ido creciendo,los mecanismos de control actúan con procedimientos bastante lentos y formalistas que a lalarga no satisfacen las expectativas de los habitantes quienes buscan soluciones más queformalismos innecesarios. Ello plantea la necesidad de concebir una alternativa de justiciainformal accesible a todos y con resultados palpables sin pretender con ello la sustitución de losactos, actuaciones materiales u omisiones de la Administración activa. Se trata de buscar unaopción que privilegie las acciones de tutela por encima de los procedimientos sin irrespetar enningún momento el derecho de defensa de los funcionarios denunciados.

De conformidad con su ley de creación, a la Defensoría de los Habitantes de la República deCosta Rica el legislador le asignó en 1992 el cumplimiento de una serie de tareas de primerorden en materia de derechos humanos. La creación de este órgano obedeció a la necesidad deproteger los derechos e intereses de los habitantes frente a las amenazas, restricciones oviolaciones provocadas por acciones u omisiones provenientes de los órganos o funcionarios delsector público.

La otra función esencial de la Defensoría de los Habitantes consiste en ejercer un control delegalidad, de justicia y de moralidad sobre la forma en que los órganos del sector público ejercenel poder que les ha sido delegado. Dicho control lo ejercita a través de acciones correctivas−frente a los abusos del poder público− y preventivas −a través de la promoción y la divulgaciónde los derechos humanos−.

Es decir, de manera novedosa se introducen las variables moralidad y justicia como parámetrosde control además de la jurídica, con lo cual la función de este órgano permite un examen globalde las actuaciones administrativas. Quedaron atrás los criterios tradicionales que sostenían laexistencia de una brecha insalvable entre moralidad y legalidad. Esto significa un insumoimportante en materia de conocimiento de casos relacionados con corrupción, por lo que en estamateria tan delicada y de acuerdo con la competencia que el legislador le asignó, la Defensoríade los Habitantes ha estimado que el abordaje integral del problema de la corrupción en elejercicio de la función pública debe considerar una serie de supuestos.

La moral en el ejercicio de la función pública puede entenderse como el conjunto de principiosderivados de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Estado y que establecen lasnormas de conducta inherentes a los deberes y responsabilidades de quienes ejercen unafunción pública. En este campo, los conceptos de moralidad y legalidad se complementan yconjugan para establecer parámetros de control de la actividad administrativa.

Este abordaje integral del problema de la corrupción en el ejercicio de la función pública requiere,además, el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas −concepto al que se hizo referenciacon anterioridad− entre los funcionarios y responsables políticos de las instituciones, así comode la participación activa de los habitantes en el ejercicio del control social que les corresponde.

La Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica ha insistido en el cumplimientomoral y legal de las responsabilidades que se derivan del ejercicio de determinado cargo en elsector público y, correlativo a ello, el deber de rendir cuentas en relación con la gestión como unmecanismo efectivo para lograr que los gobernantes informen a quienes se deben en eldesempeño de sus delicadas tareas. Pero además ha instado a la sociedad civil a ejercer suderecho de exigir cuentas a los funcionarios públicos. De este modo, se logrará la transparencianecesaria en la función pública.


Visto su marco de acción, es obvia la importancia que dentro del régimen político tiene lainstitución. En este sentido, el control del poder público exige de una absoluta independencia eimparcialidad. En efecto, la independencia de la Defensoría de los Habitantes constituye lapiedra angular sobre la cual descansa su labor como órgano de control de la actividad del sectorpúblico.

El ombudsman es una forma de control no coercitiva del poder y la Defensoría de los Habitantesde Costa Rica se convirtió en la primera expresión de una forma de control que no sefundamenta en el poder sancionatorio sino en el ejercicio de una magistratura de influencia,entendida ésta como una posición social y jurídicamente legitimada para controlar el ejercicio delpoder público; es decir, la autoridad de sus resoluciones −que pueden ser advertencias,recomendaciones o recordatorios de deberes legales y sugerencias para la rectificacióncorrespondiente o la adopción de nuevas medidas− emana de la fuerza moral que caracterizalas actuaciones de la institución; de la credibilidad, prestigio y confianza que logre obtener ante lasociedad civil.

El ejercicio de una magistratura de influencia exige un ombudsman eficiente, con la capacidadnecesaria para reconocer el momento histórico y responder a sus exigencias. Resultafundamental, entonces, entender que estamos ante la construcción de una nueva cultura delejercicio del poder con lo cual debemos aprovechar la flexibilidad y dinamismo que caracteriza aeste tipo de institución para interpretar, a la luz de la realidad, el papel que habrá de desempeñaren ese contexto particular.

Es decir, el ejercicio de una magistratura de influencia apareja un cúmulo importante deresponsabilidades estrechamente ligadas a la naturaleza misma del control que ejerce con locual la credibilidad de los habitantes constituye la principal fuente de legitimación de lainstitución, y desde esa perspectiva, en punto de partida para el trabajo de la institución. Sin ella,no habría base para el ejercicio de una magistratura de influencia. ¿Qué fuerza tendrían lasrecomendaciones de la Defensoría sin la confianza y el respaldo permanente de los habitantes?

III. La Prensa como medio de control social

Anteriormente se indicó que existen medios de control institucionalizados y noinstitucionalizados. Respecto de estos últimos, uno de ellos es la prensa como forma de controldel poder y de denuncia de arbitrariedades que se cometen en su ejercicio. Sin embargo, debetenerse claro que los medios de comunicación colectiva constituyen, a su vez, una forma depoder, de poder social, tanto, que como se indicó al inicio algunos le denominan el cuarto poder.No es un poder como el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial: es, en relación con éstos, uncontrapoder.

Son una forma de poder dentro de un esquema democrático dentro del cual cada día más estedenominado cuarto poder adquiere una relevancia que no tiene precedentes en la historia. Elloimplica, necesariamente, que la indiferencia que muchas veces carcome la conducta ciudadanase va dinamizando al grado de crear y fomentar opinión pública que requiere formas deexpresión auténticas que influyan en las decisiones del poder. Es la democracia participativa quelucha por ser una realidad. Para que ello ocurra, el ejercicio del periodismo debe ser respetuoso,serio y responsable.


El ejercicio responsable de la libertad de expresión y, consecuentemente de la libertad deprensa, es pilar fundamental del régimen democrático y la satisfacción de las personas que seconsideran agraviadas por las acciones, omisiones y actitudes de la prensa, es también unelemento fundamental.

En un sistema verdaderamente democrático es un hecho que los medios de comunicacióninciden en su funcionamiento; tienen proyección institucional. Pero también tienen un influjodirecto en la colectividad como instrumentos de participación social.

Una prensa verdaderamente libre debe ser el espejo de cuanto sucede en la sociedad, enespecial cuando el Estado renuncia, o parece renunciar al cumplimiento de sus obligaciones.

La libertad de pensamiento, una libertad que pertenece a nuestro exclusivo ámbito interno,carecería de trascendencia si no tuviéramos la posibilidad de materializarla libremente: es lalibertad de expresarnos. Sin embargo, la libertad de expresión, a su vez, resultaría ociosa sicarecemos de la libertad de información, la cual refiere la posibilidad de diseminar informacionespara la formación de la opinión. La cadena llega a la libertad de prensa que se materializa en losmedios de comunicación. Un pueblo verdaderamente libre requiere ser verazmente informado.

En el derecho internacional de los derechos humanos se encuentran instrumentos como laDeclaración Universal de Derechos Humanos la cual reconoce este derecho humanofundamental cuando indica que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y deexpresión, incluyendo este derecho el de no ser molestado a causa de las opiniones emitidas, elde investigar y recibir informaciones y opiniones así como el de difundirlas sin limitación defronteras por cualquier medio de expresión.

Sin embargo, ya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 refería elconcepto cuando se puede leer en su articulado que "La libre comunicación de los pensamientosy las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre; cada ciudadano puedeentonces hablar, escribir e imprimir libremente, salvo para responder por el abuso de estalibertad en los casos establecidos por la ley."

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José,señala, por su parte, que todo ser humano, sin ninguna distinción, tiene derecho a la libertad depensamiento y de expresión, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundirinformaciones e ideas de toda índole y que no puede estar sujeto a la censura previa sino aulteriores responsabilidades expresamente fijadas por la ley que aseguren el respeto de losderechos y reputación de los demás; así como la protección de la seguridad nacional, el ordenpúblico o la salud o moral públicas.

Todos los habitantes tenemos un legítimo derecho de que se nos informe con veracidad y losmedios tienen una obligación para con la sociedad de hacerlo. Es el derecho a la verdad al quese hizo referencia anteriormente, lo que implica transparencia en el ejercicio de la información.

En ese sentido, la Declaración de Chapultepec señaló que "La credibilidad de la prensa estáligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a laclara diferenciación entre los mensajes periodísticos y comerciales."

El derecho a la información y a la publicidad de los actos públicos es un derecho de todos. Es elcontraste entre lo bueno que tiene el poder y que debe ser utilizado para el bien de la


colectividad, y la oscuridad que también puede tener el poder si se ejerce de manerainadecuada: La metáfora de las luces, como señalaba Norberto Bobbio.

Estas breves consideraciones en relación con la libertad de expresión obedecen a que resultaobvio que en los casos de corrupción, en los cuales están involucrados funcionarios públicos,políticos o personas cercanas al poder, algunos opinan que este tipo de denuncia genera uncierto grado de condena de tipo social que es difícil levantar cuando un tribunal absuelve alacusado. Sin embargo, dada la trascendencia de la temática denunciada, debe tenerse muyclaro lo que significa la condena social, que es un reproche de índole moral, de la condena legalque surge de un proceso judicial; son sanciones de naturaleza diferente.

La Prensa es un órgano de control del poder que se deriva de la existencia de una estructurasocial en la que el derecho a la información es ejercido en nombre de todos por parte de losperiodistas y de las empresas periodísticas.

La exactitud de las noticias, el derecho de respuesta, la protección a la integridad personal, elcuidado en el uso de las fotografías, la importancia de escuchar a todas las partes involucradas,el debido cuidado en la publicación de los nombres, la integridad del periodista, los medios parala obtención de la información y la protección de la verdad; todos ellos son elementosfundamentales que debe tener en consideración un periodismo responsable al fortalecer elejercicio de una prensa libre e independiente que pueda denunciar los actos de corrupción quese cometen en el poder público.

Es decir, la prensa resulta indispensable para la denuncia de tales actos de corrupción, de losprivilegios que se presentan y de otras situaciones que rozan con la legalidad, la moralidad y lajusticia.

El rol de los medios de comunicación en este contexto resulta de marcada importancia.Probablemente, sin la existencia de una prensa independiente los recurrentes actos decorrupción que se cometen en distintas esferas del Estado no serían conocidos por toda lapoblación.

De ahí que se requiera un periodismo serio y responsable que no tenga como norte mantener unrécord de ventas sino contribuir sinceramente en la lucha por una democracia más participativaque conlleva la erradicación de los actos de corrupción y los privilegios en el sector público.

El respeto por los medios de comunicación como medios de control social que son, se basa ensu autoridad moral, que implica la objetividad respecto de toda actividad, sin obedecer aintereses de grupo que hacen peligrar el ejercicio del periodismo independiente. En otraspalabras, la ética siempre debe estar presente mas no el acoso en la búsqueda de información.

IV. Relación de la Defensoría de los Habitantes de la República de CostaRica con los medios de comunicación colectiva: alianza estratégica paracombatir la corrupción

Tanto la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica como la Prensa actúancomo medios de control del poder, cada uno con sus diferencias pero con un fin que les permite


converger en cuanto tales.

Para el cumplimiento de sus respectivas labores y la consecución de fines coincidentes, larelación estrecha que debe existir entre la Defensoría y la Prensa es fundamental.

En ese sentido, el trabajo entre ambos medios de poder debe ser fluido y para el cumplimientode este objetivo se requiere del respeto mutuo entre ambos, lo cual redunda en fructíferosresultados en la denuncia de casos de corrupción y de privilegios.

"Ustedes, con su trabajo, han tenido la habilidad de crear noticias." Director de un medio.

"Ustedes, con su trabajo, y nosotros con el nuestro, somos, como dijo Martí de Cuba yPuerto Rico, de un pájaro las dos alas." Director de un medio.

La prensa, en el ejercicio responsable de su función, tiene la legitimación suficiente para actuarcomo formadora de opinión. Los medios de comunicación informan a la opinión pública, y a loshabitantes en general, sobre el trabajo que realiza la institución, y más específicamente acercade las investigaciones que realiza la Defensoría en relación con el tema de la corrupción y losprivilegios en el sector público.

Es una especie de alianza entre ambos medios de control que le permite a la Defensoría, pormedio del seguimiento diario de las noticias, determinar cuáles asuntos ameritan su intervenciónde oficio. En efecto, serias investigaciones de medios de comunicación han propiciado, en másde una ocasión, una intervención de la Defensoría de los Habitantes en virtud de la gravedad delos actos de corrupción que se denuncian. Esto fomenta la participación social en los asuntos deinterés de la colectividad; se deja de lado la indiferencia para pedir cuentas de cuanto se hace:es la nueva democracia participativa.

La Defensoría requiere de la participación e interés de los medios para facilitar su comunicacióncon los habitantes. Para los medios, la Defensoría de los Habitantes es fuente de importanteinformación. Así se ha comprendido por unos y otros y ello ha cimentado la relación de trabajo.

En efecto, la Defensoría proporciona constantemente información periodística a los medios decomunicación colectiva y ofrece investigaciones técnicas y objetivas; la prensa, coberturaprivilegiada y constante.

La Defensoría pone al alcance de la prensa los casos que investiga con el fin de que ésta les déla publicidad que requieren, en especial cuando se trata de denunciar actos de corrupción oprivilegios en el ejercicio de la función pública.

Usualmente se difunden dos tipos básicos de información a la prensa originados en laDefensoría de los Habitantes. El primero, de carácter general, proporciona la información deigual manera a todos los medios sin guardar ningún sistema de premisa informativa oexclusividad a los periodistas. El segundo, de índole específico, consiste en evacuar aquellasconsultas concretas que sistemáticamente hacen los periodistas.

El comunicado de prensa −como también el boletín− es la técnica más utilizada para canalizar eltipo de información que llega a todas las fuentes por igual.


Otra de las técnicas que se utiliza para ofrecer información general a un mismo tiempo es laconferencia de prensa para conversar determinadas situaciones, en especial cuando el caso quese tratará es de trascendencia nacional, como ocurre con los privilegios y los actos decorrupción, o bien, cuando se trata de informar y dar a conocer las acciones que ha emprendidola Defensoría de los Habitantes sobre algún asunto específico.

El mismo informe anual de la Defensoría es un medio de aproximar a la prensa a lasposibilidades de expresión y difusión periodísticas; pero así como ese informe es una fuente deinformación para los periodistas, las noticias lo son para la Defensoría en cuanto propician, enmuchos casos, la apertura de investigaciones.

En síntesis, la Defensoría encuentra en el quehacer diario de los medios de comunicación elmejor aliado para que los habitantes de la República conozcan sus acciones. La prensa ha dadoa conocer la labor de la Defensoría, sus intervenciones y sus recomendaciones en materia deactos de corrupción y privilegios, casos de interés público que afectan los derechos e interesesde la colectividad.

Notas:

1. Ediciones Ciudad Argentina, Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos,Buenos Aires, 1995.


EL SALVADOR

El papel del poder judicial frentea la corrupción: el caso italiano

Rafael Benítez GiraltAbogado Salvadoreñ[email protected]

En la actualidad es urgente fortalecer las instituciones del Estado para que respondana las exigencias constitucionales y legales que impone todo estado de derecho. La leytiene que ocupar el lugar que no ha tenido en estos tiempos. Los retos a los que seenfrentan las instituciones democráticas son grandes, ya que al final de siglo losvalores que se proclaman en las constituciones cada vez son más distantes a larealidad, por lo que urge que un poder judicial, tanto en su organización, su función deadministrar justicia, su rol político, se adecúe a las exigencias de los nuevos tiempos,pero sobre todo que su labor tome en cuenta los grandes males que han aquejado a lasociedad, entre las que se encuentran la corrupción y la impunidad.

Introducción

En El Salvador como en la mayoría de países latinoamericanos el problema de la corrupción esgrave y necesita ser controlado. No solo existe corrupción a nivel macro, es decir a nivelesestatales en la toma de decisiones o actos u omisiones que benefician económicamente a ungrupo o grupos sociales o de personas y familias determinadas, sino que la sociedad misma seacomoda (lo cual es grave) a esta forma de vida.

No obstante la opinión pública en general no está de acuerdo con la corrupción (esto locomprueban las encuestas de opinión), y se percibe además de que se estaría de acuerdo enque hay que aplicar mano dura al estilo de Maximiliano Hernández Martínez [N.E. Un ex−dictador salvadoreño] para que se resuelvan este problema y otros más que aquejan a lasociedad.

El peligro de nuestros procesos hacia la democracia es que se deje de caminar hacia lademocracia. En el camino, como en todo caminar, surgen desilusiones y faltas de esperanza(recuérdese los problemas que tuvo que enfrentar Moisés con el pueblo judío en el camino haciala tierra prometida luego de ser liberados de la esclavitud en Egipto); el problema es que sevuelva hacia atrás, es decir, que la sensación de impotencia de las personas frente a los gravesproblemas que se afrontan en la transición (el camino) hacia la democracia hacen que suparadigma (la vivencia autoritaria de muchos años) encuentre respuestas conocidas (en estecaso generalmente personas que no sufrieron la injusticia directa del autoritarismo o quesufriéndola creen conscientemente que es un precio que tuvieron que pagar por su "libertad", y


lo digo entre comillas) que se dieron en el pasado (en el autoritarismo), cuando en realidad en elpasado hubo también estos males sociales (corrupción, violencia, delincuencia, ... etc.) loscuales fueron, entre otras, las causas de la guerra de doce años. Bien dice Guillermo O´donnell,en su obra "Las transiciones desde un gobierno autoritario" que uno de los problemas es que deregímenes autoritarios puede surgir cualquier régimen, dependerá del tipo de transición que setenga así será el régimen que surja.

Lo que quiero destacar es que caigamos en la cuenta de lo siguiente y lo formulo comopregunta: ¿no serán nuestras sociedades las que se han corrompido?, ¿qué valores hay enjuego en nuestra sociedad?, ¿funcionan nuestras instituciones?, ¿de dónde provienen nuestrospolíticos, militares, policías, jueces, fiscales, no es de la sociedad misma?, ¿no es la corrupciónun problema social en donde todos tenemos alguna responsabilidad?. Estas y muchas preguntaspueden hacerse ahora.

Por lo tanto, el problema es un problema difuso y complejo. Por tal razón me referiré en estepequeño ensayo a la función que el derecho, el estado y el poder judicial juegan en esteentramado tan confuso. Mi exposición será sobre un factor de la estructura social como es elpapel o el rol que juega el poder judicial frente a la corrupción. Mi idea es que el cumplimiento delas funciones de las instituciones judiciales en un estado democrático y constitucional dederecho, son suficientes para resolver o dirimir algunos problemas, entre otros el de lacorrupción. Para demostrar tal idea, definiré lo que entenderemos por democracia y estado dederecho, y al mismo tiempo el papel que juega el poder judicial dentro de estos conceptos.Además utilizaré el ejemplo de Italia, refiriéndome exclusivamente al rol que han jugado algunosjueces italianos, en la investigación de la corrupción, específicamente las seguidas en Milándenominada operación "mani pulite" (Manos limpias).

Democracia y Estado de Derecho

Para comprender mejor la realidad del derecho es fundamental tener claro que ésta puede serabordada desde tres dimensiones básicas que no se deben perder de vista. El elementonormativo (lo propiamente jurídico positivo, es decir la validez), lo social (el problema de laeficacia del derecho), y el fenómeno valorativo (de justicia del derecho). Cada uno de estoselementos tiene significación propia e independiente, pero se interrelacionan entre sí. En talsentido debemos tomar en cuenta esta tríada de elementos desde los cuales podemos conocerel fenómeno jurídico. Como nos enseña Norberto Bobbio, el derecho como tal y en un planoideal debería realizarce en estas tres dimensiones: jurídicamente válido, socialmente eficaz yjusto. En la realidad el derecho, siguiendo a Bobbio, en muchos casos puede ser eficaz sin serjusto, válido sin ser eficaz, eficaz sin ser válido, válido sin ser justo, justo sin ser eficaz, justo sinser válido. Entre estos fenómenos se mueven valores, hechos de la realidad y normas, loscuales no coinciden necesariamente tal como hemos visto.

Cuando se alude a que el derecho no sirve para resolver los problemas sociales es porque noencontramos una correspondencia entre norma y realidad, es decir, cuestionamos la eficacia dedichas normas, por lo que no sería un problema propiamente jurídico normativo (de validez yseguramente de justicia) sino un problema político sociológico. De aquí es que se alude muchasveces a que el derecho no funciona porque no resuelve los problemas de la realidad social.

Esta tridimensionalidad del derecho nos permite tener parámetros para abordar de mejor manerael problema jurídico. En el caso antes señalado cabría la pregunta ¿es cuestionable la validez o


la justicia de las normas porque no resuelven los problemas sociales?, ¿o son otros los factoresen juego?, por ejemplo, ¿políticos o sociales?. Muchas veces se cree que reformando la leyes ola constitución, y en algunos casos es válido hacerlo, es como se van a resolver los problemas.En muchos casos el efecto o la eficacia de tales reformas sigue siendo la misma. Surge unanueva pregunta dentro de la eficacia ¿serán las instituciones encargadas de aplicarlas las quefallan?.

Otro problema es cuando se recurre a la frase "no hay derecho", queriendo aludir al problema deque no hay justicia. Este fenómeno es aún más complejo porque entramos en el mundo de losvalores. Este aspecto solo se menciona porque no pretendo desarrollar una teoría sobre lajusticia, sino establecer sobre qué valores es que se sustentan las lógicas o la lógica social en laactualidad. Es necesario, por tanto, mencionar que no se debe confundir la eficacia de lasnormas (el problema sociológico del derecho) con el de la justicia (problema filosófico).Recordemos que una norma jurídica puede ser eficaz sin ser justa o justa sin ser eficaz.

Es necesario desarrollar la idea de conjunto que juegan el estado de derecho y la democracia,como medios para conseguir la validez de las normas, su eficacia y su justicia.

Entremos en materia. Un estado democrático no puede ser concebido sino como estadoconstitucional. En otras palabras, no podemos concebir una constitución si no es democrática, yviceversa, no podemos tener una democracia sin constitución (sea escrita o no). Esto es, lavoluntad de la mayoría sometida a la constitución en el respeto de los derechos fundamentalesde las minorías.

Democracia no significa como diría Geovanni Sartori, "la dictadura de la mayoría" o en otrostérminos "la tiranía de la mayoría", sino todo lo contrario, el respeto de la voluntad de lasmayorías dentro del marco de la legalidad y la constitucionalidad. En el que los poderes delEstado y sus miembros están sometidos a la ley. No se trata de la omnipotencia de la mayoría.

Dicho en palabras de Luigi Ferrajoli, si la democracia se basara en la voluntad omnipotente de lamayoría "si así fuera, sería difícil negar el carácter democrático de regímenes totalitarios como elfascismo, el nazismo o el stalinismo, que probablemente gozaron, al menos en algún momento,de consensos ampliamente mayoritarios". Pero precisamente, nos sigue diciendo Luigi Ferrajoli,"los horrores de estos regímenes han enseñado que la democracia no consiste de ningún modoen el despotismo de la mayoría, sino que es un sistema frágil y complejo de separaciones yequilibrios entre poderes, de límites y vínculos a su ejercicio, de garantías establecidas para latutela de los derechos fundamentales, de técnicas de control y reparación frente a susviolaciones; y que tales equilibrios se rompen, y se ponen en peligro la democracia cada vez quelos poderes, sean económicos o políticos, se acumulan o, peor aún, se confunden en formasabsolutas".

Seguimos con Ferrajoli, "este complejo sistema de vínculos y equilibrios no es otra cosa que elDerecho, y más precisamente la Constitución, que debe ser, pues, reconocida como la principalgarantía de la democracia: no sólo desde el punto de vista formal, o sea, como conjunto deprocedimientos y de controles estipulados en garantía de la representación y del principio demayoría; sino también desde el punto de vista sustancial, en cuanto sistema de derechosfundamentales estipulados contra cualquier tentación absolutista, en garantía de la igualdad y delas necesidades vitales de todos. Este papel del Derecho como sistema de garantías tanto de lasformas como de los contenidos de la democracia se funda en una característica estructuralpropia del actual Estado constitucional de Derecho: la sujeción al Derecho, según el viejoesquema positivista, no sólo es producido por fuentes y en formas cuyo carácter democrático −


representativo es posible garantizar, sino que está también programado en sus contenidos porprincipios constitucionales que limitan y vinculan a los poderes normativos, finalizándolos alrespeto y a la satisfacción de los derechos fundamentales".

En este sentido podemos hablar de dos características básicas del derecho como son −el ser yel deber ser−, su realidad ontológica y la deontológica. Es en estas dos realidades jurídicas enlas que se articulan o se deberían articular todas las Constituciones. El aspecto normativo de lasconstituciones en su conjunto están intergradas por: las normas formales sobre la organizacióndel poder, y en particular sobre el principio de mayoría y sobre la división de poderes, y lassustanciales expresadas por los principios y los derechos fundamentales. Cabe distinguir, portanto, dos dimensiones de la democracia: la dimensión formal, que hace referencia a lascondiciones de la vigencia o legitimidad formal aseguradas por el respeto de los principios de lademocracia política (régimen democrático basado en la libertad, igualdad y el pluralismo), y laque bien podría llamarse sustancial (o de contenido material), y que se refiere a las condicionesde la validez aseguradas por la observancia de los derechos fundamentales. En efecto, mientraslos principios de la democracia política regulan las <<formas>> (el quién y el cómo) de lasdecisiones garantizando la expresión de la voluntad de la mayoría, los derechos fundamentalesmiran a su <<sustancia>> o <<contenido>> (el qué cosa no se debe o se debe decidir) más alláy acaso contra la voluntad de la mayoría: tanto si se trata de derechos de libertad que imponenprohibiciones, como si se trata de derechos sociales que imponen obligaciones al legislador.

El marco constitucional, legal y democrático del poder judicial

El estado está organizado para lograr los fines del estado constitucional y democrático dederecho. En este entramado se encuentra el poder judicial cuyo papel entre otros es garantizarjurisdiccionalmente el estado de derecho: (a) la supremacía constitucional; (b) la sujeción de lospoderes públicos a la ley; (c) la división de poderes; y (ch) el reconocimiento de los derechosfundamentales, y la articulación de cauces idóneos para garantizar la vigencia efectiva de éstos.

Existe una interacción entre el poder judicial y la democracia, y es en dos sentidos: por un ladolas exigencias que el mismo estado democrático de derecho hace al poder judicial, y por el otro,el rol que juega la judicatura en la conservación y garantía del estado democrático de derecho.No puede por tanto definirse a un estado como estado de derecho si el poder judicial no cumplecon su papel de controlador de la legalidad y de garantizador de los derechos fundamentales,como tampoco puede hablarse de democrático un estado si no está basado en una constituciónque cumpla con los elementos formales y sustanciales que la caracterizan .

En palabras de Luigi Ferrajoli, "de aquí se deriva un papel central de la jurisdicción y suindependencia como instrumento de control de la legalidad del poder y de garantía frente a susdesviaciones: de la jurisdicción constitucional sobre la validez de las leyes, de la administrativasobre la validez de los actos de la administración, de la penal frente a los abusos y lasarbitrariedades delictivas de los titulares de los poderes públicos"... "De este modo la relaciónentre Estado de Derecho y principio de mayoría (democracia), o, dicho de forma más simple,entre Derecho y Política, aparce invertida si se la compara con las imágenes politicistas de lademocracia, porque el Derecho ya no puede ser concebido como instrumento de la Política, sinoque, por el contrario, es la Política la que tiene que ser asumida como instrumento para laactuación del Derecho". Por un lado, el derecho regulando el quehacer político a través delsometimiento a las normas jurídicas, y por el otro, la política como uno de los instrumentos parahacer eficaz el derecho.


En un estado de derecho los poderes, como ya se apuntó ampliamente, deben estar sometidosal derecho, la obligación de los jueces y en parte su legitimidad es la sumisión a la ley. El juez,siguiendo a Vicente Gimeno Sendra, "está sometido a la ley y su función es aplicarla", porsupuesto con todo lo que esto implica. El mandato deviene de la ley, y por tanto, su función estádeterminada por la misma y la constitución.

En el caso salvadoreño, el juez tiene la función constitucional de juzgar y hacer ejecutar losjuzgado en base a las leyes, posee además, la potestad constitucional de inaplicar aquellasnormas secundarias que contradigan el contenido formal y sustancial de la constitución (controldifuso art. 185 Cn), su función no es la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes. Lainconstitucionalidad de las leyes únicamente la puede hacer la sala de lo constitucional de laCorte Suprema de Justicia a través del proceso de inconstitucionalidad (control concentrado art.183 Cn). Lo que implica, y lo cerramos entre comillas, "un gran poder del juez en el control de lafunción legislativa de la asamblea".

La supremacía constitucional obliga a los jueces a realizar una interpretación conforme a laconstitución, es decir, que los casos concretos conocidos por los jueces, deben ser analizados ala luz de la ley, pero sin perder de vista el contenido sustancial y material de los preceptosconstitucionales(art. 246 Cn). En definitiva, reiterando, el juez se debe tanto a la ley como a laconstitución.

De lo anterior se parte para conocer de donde viene el mandato de los jueces. Si a losparlamentarios y a los del ejecutivo su mandato como representantes del pueblo en unademocracia deviene directamente de las mayorías, pero circunscritas en los términosconstitucionales y legales, el mandato de los jueces procede de la constitución y de la ley.

Valores, sistema político y criminalidad

Referirse a una crisis de valores, en mi lógica, no solo significa pérdida sino confrontación entrevalores aceptados o no por una colectividad. No solo vivimos una crisis de valores o entrevalores sino también se vive una fase de crisis de los sistemas políticos democráticos,manifestado en su incapacidad de representar a la sociedad y de realizar la voluntad de lamayoría; por otro lado la falta de sujeción a la ley de los poderes públicos, el control de legalidadde sus actuaciones y su funcionalización a la tutela y a la satisfacción de los derechosconstitucionalmente garantizados.

Un ejemplo con respecto a la crisis de los sistemas políticos, en los que los dos principalespresupuestos del principio de representación han hecho crisis a lo largo de los años: el papel delos partidos como instrumentos de mediación política entre sociedad e instituciones está siendoseriamente cuestionada, por los incumplimientos traducidos en falsas promesas, y por losconocidos de la corrupción; y por otro lado el de la canalización de las necesidades y de lavoluntad de los electores que ha sido frustrada, por lo que la base social tal como se ha venidoexpresando, durante más de un siglo, ha ido perdiendo la confianza en el mecanismo políticoelectoral.

Tal como lo señala Luigi Ferrajoli, "con ello parece haberse olvidado la existencia ... como entodos los sistemas jurídicos, de principios generales del derecho tales como el deberconstitucional de <<imparcialidad>> de la administración pública, sometida a la <<unidad de


dirección política y administrativa del presidente del Gobierno>>; la obligación por parte de éstede <<ejercer sus funciones en interés exclusivo de la nación>>, sancionada con el juramentoconstitucional; el principio de igualdad, que no permite la existencia de privilegios odiscriminaciones fundadas en intereses particulares". Lo cual diríamos nosotros, redunda lacorrupción.

Con respecto a la crisis y conflicto entre valores que circundan las democracias actuales y elejercicio gubernamental, Luigi Ferrajoli lo describe de la siguiente forma, refiriéndose a que en laactualidad el mercado es el que determina los valores supremos que subsistente en el quehacerde los estados, textualmente: "la libertad económica, desregulada y salvaje, se ha convertido deeste modo en el valor básico de la cultura del Gobierno, que hoy forma un todo con la culturaempresarial, en perfecta sintonía con la confusión de intereses públicos y privados personificadapor el presidente del Gobierno". Esto lo hace en alusión al caso Italiano, pero interesante es ircomparando estos criterios o puntos de vista con lo que sucede en El Salvador.

En la actualidad es el mercado el que ha mercantilizado la vida en sociedad. Es el mercado elque dispone de la lógica del desarrollo social, y esto no solo choca con los principios y valores dela constitución sino que está afectando directamente la paz social. El flujo de riqueza de unanación a otra, las transacciones multinacionales que van sin control sobre todo en aquellospaíses del tercer mundo, unido a las políticas de ajuste estructural que posibilitan aún más lafacilidad en el manejo de las mercancías que el mercado dispone para el consumo de cada vezmenos personas. Frente a lo anterior, se estima que los movimientos especulativos de capitalesson cada día de sesenta a cien veces más importantes que los movimientos de capitalescorrespondientes a transacciones económicas reales. La libertad del mercado y sus valores es loque se está imponiendo y defendiendo aún acosta del sacrificio de grandes mayoríasempobrecidas y marginadas de los beneficios sociales y económicos.

En este ambiente hay que agregar el factor criminógeno que se beneficia por la lógica delmercado. Crimen que como se dijo en un principio va acompañado de corrupción e impunidad.Lo cual hace pensar que el crimen paga. Al hablar de crimen nos referimos, entre muchos otros,al asesinato, al secuestro, a la extorsión, a la trata de blancas, a la explotación de menores, alnarcotráfico, al lavado de dinero, a los delitos informáticos, al fraude financiero, y en general a lacorrupción, etc.

Tampoco el crimen reconoce fronteras nacionales. En el mundo de la informática, del desarrollode la tecnología, y la globalización en general, la criminalidad aprovecha estos medios paralograr sus fines por lo que las fronteras ya no son un obstáculo para estos. Como lo diceClemente Auger Liñán, "es curioso que la presencia de fronteras no ha conseguido obstaculizarel desarrollo de la criminalidad organizada moderna. La caída de las barreras aduaneras, de jureo de facto, no terminará de hacer atractivo el territorio extranjero. En efecto, la línea dedemarcación entre los territorios de los Estados seguirá marcando el principio de la diferencia.Diferencia de lengua, de cultura, de régimen político, de organización estatal, de reglamentaciónde la actividad económica, de estructura y funcionamiento de la justicia".

En materia legislativa y de cooperación para la investigación del crimen con respecto a lasdiferencias, Auger Liñán nos sigue diciendo: "Diferencia de leyes, de procedimientos y deprácticas judiciales y policiales. Diferencia para la criminalidad internacional significa aumento delas posibilidades de acción y de las posibilidades de clandestinidad. Diferencia significa tambiéndesconfianza: desconfianza del juez, del funcionario y del operador económico respecto de suscorrespondientes en el extranjero. La actividad del juez extranjero está siempre y aún sometidaal control del juez nacional. Es el principio que inspira todavía el régimen de cooperación judicial


y policial internacional".

El papel que juega el poder judicial frente a la realidad

En el marco anteriormente descrito es en el que debemos acostumbrarnos a entender al poderjudicial en el que debe abandonar el anonimato en el que le permite vivir su esencia burocráticapara empezar a ocupar un lugar, efectiva y no sólo nominalmente, en el juego de poderes ycontrapoderes que caracterizan la vida de una democracia. Al respecto son claras las palabrasde Cristina García Pascual, en su obra "Legitimidad Democrática y Poder Judicial" que en estesentido nos dice: "el poder judicial, en la medida que no puede o no debe tolerar la ilegalidad nila contravención al ideal normativo que constituye la Constitución (y ello a pesar de que talesilegalidades o contravenciones vengan desde la más altas cimas del poder económico o delEstado), se ha convertido" ... "en un poder que bien podemos calificar de incómodo para laAdministración y para el resto de poderes del Estado, incluídos los poderes fácticos", seaneconómicos, políticos o sociales. "Es curiosamente en la capacidad para <<incomodar>> a losdemás poderes o para frenar posibles actividades ilegales de los mismos donde radica suesencia democrática".

Pues no parece suficiente en el marco del Estado Constitucional seguir afirmando que lalegitimidad de la función de los jueces reside solamente en la estricta aplicación de la ley. Eneste sentido pensamos como Cristina García Pacual que "para el poder judicial en Democraciasólo cabe una justificación de tipo racional y legal". La racional en cuanto a la capacidad quedebe tener el juez para el análisis del caso, que va acompañada de la interpretación de lasnormas ha aplicar.

Nos sigue diciendo, "al igual que la misma Democracia, la jurisdicción debe tener dos fuentes dejustificación: una formal y otra material. La fuente de legitimidad material deriva de la vinculaciónde los jueces a los principios, valores y normas, tanto morales como jurídicos, que forman elordenamiento jurídico, principalmente de la constitución. A tal fuente de legitimidad correspondeuna concepción de la función judicial como valedora de los derechos del individuo y de laconstitucionalidad de las normas. La fuente de legitimidad formal deriva, a su vez, de la sujecióndel juez a la ley, pero sobre todo a la ley procesal, es decir al conjunto de normas que limitan yencauzan la función judicial y que no permiten la discrecionalidad de los jueces en susactuaciones (la obligación de argumentar o motivar sus decisiones, su imparcialidad, el caráctercontradictorio del proceso o el hecho de que la potestad jurisdiccional no pueda ponerse enfuncionamiento por la propia iniciativa del juez)".

Debe por tanto ser un juez, que defienda la legalidad frente a la arbitrariedad, haga respetar losderechos fundamentales, garantice la división de los poderes, pero como se dijo antes,incomodar a los poderes oficiales y fácticos.

El caso italiano

Para poner un ejemplo he escogido el caso italiano que describe como un grupo de jueces deMilán han combatido la corrupción desde su función y en cumplimiento de su papel. Paradescribir mejor esta experiencia me baso en algunas partes del artículo de Pier Luigi Zanchetta,


jurista Italiano, que considero oportunas para nuestros efectos y que recomiendo su lecturacompleta. El artículo se titula "Tangentópoli entre perspectivas políticas y soluciones judiciales"en "Corrupción y Estado de Derecho, el papel de la jurisdicción", editado por Perfecto AndrésIbañez, editorial Trotta.

A continuación se describen algunos acontecimientos judiciales que causaron un gran impactoen la vida política y social en Italia: "El 17 de febrero de 1992 fue arrestado Mario Chiesa <<conlas manos en la masa>>: se le incautaron siete millones de liras provenientes de una tangente(que es como se llama en Italia al beneficio de la corrupción; de aquí la etiqueta periodística deTangentópoli alusiva al conjunto de la investigaciones en curso sobre aquélla)."

Respecto al conjunto de las investigaciones milanesas, que se abren con el caso Chiesa yparalelamente con los acontecimientos políticos (elecciones anticipadas, transformacionespolíticas, etc ) en italia, "después de dos años, las personas implicadas son cerca de milquinientas; de éstas, unas ochenta son paralamentarios, tres ex presidentes del Consejo deMinistros, varias ex ministras o ministros, todos los últimos secretarios de los partidos deGobierno; ex alcaldes de las grandes ciudades, etc. El total de aquellos para los que se solicitael envío a juicio es, en la primavera de 1994, de en torno a quinientos. En muchos casos, losprocesos se han visto ya en primer grado (sobre todo por el cauce de procedimientosalternativos). En un caso hay ya sentencia de segundo grado."

"De los delitos contra la Administración pública el que se imputa con más frecuencia es el decorrupción; más raramente el de cohecho. Es bastante frecuente la acusación de financiaciónilegal a partidos, porque en muchas ocasiones el producto de la corrupción estaba destinado −entodo o en parte− a los partidos; y también el de falsedad en balance, necesario para constituirfondos ocultos destinados a la corrupción."

"Pero con Tangentópoli se alude a un fenómeno político − judicial extendido por toda Italia. Sonpoquísimas las áreas del país donde no hay en curso alguna investigación judicial por cuestionesde corrupción."

"Entre tantas, vale la pena recordar dos. La primera tiene que ver con el servicio sanitarionacional. Se desarrolla en Nápoles y ha llevado a la cárcel, entre otros, al ex ministro deSanidad, Francesco De Lorenzo. A una sola persona, un altísimo funcionario del Ministerio,Duilio Poggiolini, le han sido incautados valores por más de cien mil millones de liras. Otrainvestigación, con sede en Roma, tiene por objeto gastos de miles de millones de liras nodocumentados (para decirlo con un eufemismo) realizados por el Servicio Secreto Interno, elSIDE, y ha salpicado también al actual presidente de la República como ex ministro de Interiorque fue. Un efecto de estas actuaciones los constituyen ciertos comportamientos de los políticosdesconocidos hasta la fecha. Cinco ministros han dimitido en el curso de la legislatura al verseenvueltos en investigaciones (entre ellos el de justicia, Martelli, antes vice−secretario del PSI)."

Estos casos concretos nos ayudan a tener una idea del papel que puede jugar la judicaturafrente a la corrupción, y como ejemplos el caso italiano en mención, en el cual se ha llegado aniveles muy altos de la representación política y funcionarial Italiana. Lo mismo ha sucedido enFrancia, se han abierto investigaciones en España, Alemania, y muchos otros paísesdemocráticos.

En el mismo artículo de Zanchetta, Luigi Ferrajoli valora la labor judicial de los jueces Italianos enestos términos: "<<el mérito histórico de los magistrados de Mani pulite −más allá de los erroresy de los excesos en que pudieran haber incurrido− ha sido no sólo y no tanto haberse llevado por


delante a una clase política corrupta, cuanto, sobre todo, haber rehabilitado en nuestro país elprincipio de subordinación del poder público a la Ley, sobre el que se apoya no sólo el Estado deDerecho, sino también la democracia>>". Zanchetta añade, "una legalidad, ... que vale paratodos los poderes, públicos y privados: los intereses públicos no pueden ser vendidos por quiense halla obligado a custodiarlos, pero tampoco pueden ser adquiridos por particulares".

En este caso como en el de otros países democráticos hay que añadir la importancia que tienela organización institucional para investigar y combatir estos hechos delictivos, siguiendo conZanchetta al respecto, "la capacidad profesional y la inteligencia procesal de los magistradosinvestigadores no habría servido de nada si su acción no se hubiera visto enmarcada en elcuadro de las garantías orgánicas italianas: la completa autonomía e independencia delministerio público asegurada por el hecho de que exista un único orden judicial (compuesto dejueces y fiscales) gobernado por el Consiglio Superior della Magistratura..."

Breve conclusión

Es necesario concluir con la siguiente reflexión: en El Salvador después de la reforma de lajusticia penal y procesal penal, el peso de la investigación y de la acción penal recaeconstitucional y legalmente en manos de la Fiscalía General de la República, cuya misión esdirigir la investigación del delito en coordinación con la Policía Nacional Civil y su organismo deinvestigación. La responsabilidad política, social, y jurídica en la investigación y juzgamiento delcrimen es compartida por estas tres instituciones: la Fiscalía General, la Policía Nacional Civil, yel Poder Judicial en su función juzgadora. Con respecto a la Corte de Cuentas de la Repúblicase ha escrito bastante sobre su responsabilidad y la necesidad que existe de su reforma yfortalecimiento. Mi tarea en este breve ensayo ha sido discurrir entre democracia, estado dederecho y poder judicial. En otra ocasión analizaré el papel de la Fiscalía General de laRepública y de la Policía Nacional Civil en el combate de la Corrupción, y añadiría otrainstitución, el papel que juega en todo esto el Consejo Nacional de la Judicatura como partes delsistema de justicia.

Con respecto al poder judicial en El Salvador, no se tiene un caso que haya causado unprecedente histórico en el juzgamiento de altos representantes de la vida política salvadoreña,no porque no haya existido corrupción, sería irresponsable e ingenuo pensar esto, muchos sonlos factores y causas. Por tal razón es necesario volver la mirada al poder judicial de hoy.

Son muchos los retos y dificultades que se presentan, ya que el fenómeno como se dijo en elprincipio nos atañe a todos, pero en esto la responsabilidad del poder judicial frente a la sociedades grande, ya que al cumplir con su labor (descrita en las páginas que anteceden) la cual valepara cualquier otro poder judicial, estaría contribuyendo a la moralización, pacificación yeducación de la sociedad, al menos se pondría orden, por supuesto, siguiendo las reglas delestado democrático y constitucional de derecho. Pero esto requiere fortalecer el sistema dejusticia. Estamos con la reflexión que hace Cristina García Pascual, en su obra "LegitimidadDemocrática y Poder Judicial", en la que nos dice: "Sin duda el poder judicial y los problemas alos que se enfrenta requieren una seria reflexión: una reflexión que incida tanto sobre losaspectos estructurales del poder judicial (lentitud cuando no paralización de la justicia,insuficiencia de medios, etc.) como en aspectos que tienen que ver directamente con el estatutode los jueces, la mejora de su cultura, formación y selección. Parece necesario, sin duda,fomentar y añadir controles a la función jurisdiccional, regular adecuadamente la responsabilidaddisciplinaria de los jueces y magistrados, así como extremar los mecanismos que protegen la


independencia judicial tanto externa como interna. Es necesario en definitiva poner las ideas ylos medios para hacer real ... la tutela judicial efectiva. Ahora bién mantener una actitud críticaante determinadas actuaciones judiciales o más en general frente a los lastres tradicionales delpoder judicial no puede ser la coartada que desde instancias políticas se esgrima frente a lasacusaciones de ilegalidad políticas, no puede ser un discurso coyuntural que se está dispuestoabandonar en el preciso momento en que la tensión política se apacigue."

Epílogo

Ahora nos toca a nosotros seguir trabajando y luchando por construir una sociedad democrática,en la cual se respete el derecho y se hagan cumplir los mandatos constitucionales. Nos toca darun paso, a cada uno de nosotros, ser responsables y no perder la esperanza de algún día veruna patria mejor, tal como la quisieron personas que con sus vidas nos mostraron el camino ycon su sacrificio de muerte nos han dado la dignidad por la cual ofrendaron sus vidas, me refieropues, a los ejemplos de mártires como Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y de muchos otros queen el anonimato lucharon y siguen luchando por estos ideales.

Bibliografía utilizada

Antonio Manuel Peña Freire, "La garantía en el Estado constitucional de derecho", editorialTrotta 1997.

Cristina García Pascual, "Legitimidad Democrática y Poder Judicial". Edicions Alfons ElMagnánim. Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1996.

Héctor Samour, "Curso de Filosofía del Derecho". UCA Editores, 1999.

Luigi Ferrajoli, "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal". Perfecto Andrés Ibáñez, AlfonsoRuiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco, y Rocío Cantarero Bandrés(trad.), Trotta, Madrid, 1995.

Miguel Angel Aparicio Pérez, "Prólogo" a Dieter SIMON, "La independencia del juez". CarlosXiménez Carrillo (trad.), Ariel, Barcelona, 1985

Norberto Bobbio, "El futuro de la democracia". Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 1985.

Perfecto Andrés Ibañez y otros autores, "Corrupción y Estado de Derecho, el papel de lajurisdicción". Perfecto Andrés Ibáñez editor, editorial Trotta 1996.

__________


Rafael Benítez Giralt: Nacido el 19 de enero de 1969, hijo de padres maestros jubilados. Miformación académica se ha desarrollado en el Colegio Externado de San José; la UniversidadCentroamericana, UCA obteniendo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas en 1994;actualmente doctorando en la en Justicia y Derecho en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla,España; realizando mi investigación doctoral en la Universidad Carlos III de Madrid; especialistaen justicia constitucional por la Unión Europea; actualmente cursando mi especialización enCiencias Políticas y Constitucionales en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales enMadrid, España. Profesionalmente he sido colaborador ad−honorem del Instituto de DerechosHumanos de la UCA, IDHUCA (hasta la fecha), profesor de Filosofía del Derecho en la UCA, yDirector del Centro de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.


EL SALVADOR

Ponencia del Panel "Nuevas organizaciones en la lucha contra la corrupción" del V Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración PúblicaRepública DominicanaOctubre 2000

Las iniciativas virtualesen el combate de la corrupción

Jaime Alberto LópezCo−editor

Revista Probidadwww.probidad.org.sv

[email protected]

Introducción

Internet está cambiando nuestras sociedades. Aunque aún es un recurso privilegiado en AméricaLatina, disponible únicamente para pequeños sectores, cada día más iniciativas anticorrupción,especialmente las de la sociedad civil, están encontrando formas creativas y útiles de cómoaprovechar los recursos de Internet para mejorar su incidencia y desarrollar estrategias másefectivas.

Muchas organizaciones latinoamericanas están ocupando Internet para proporcionar servicios yllevar a cabo actividades que por razones presupuestarias y políticas, difícilmente puedenofrecer eficazmente a través de otros medios. Unos o todos sus componentes anticorrupciónproveen o utilizan redes nacionales y regionales; investigaciones y reportajes periodísticos;programas de transparencia y participación ciudadana; capacitación y formación de valores ytécnicas de investigación; recepción y seguimiento de denuncias; monitoreo de las institucionesgubernamentales encargadas de prevenir, investigar y sancionar la corrupción; foros y espaciosde reflexión; entre otros proyectos virtuales.

Durante esta ponencia, abordaré la importancia que tiene Internet para el movimientoanticorrupción, presentaré ejemplos de experiencias buenas y malas e identificaré susdebilidades y limitaciones, con el propósito de mostrar que en estos momentos Internet es unherramienta fundamental y necesaria para la lucha exitosa contra la corrupción en nuestraregión.


Usos de Internet en el combate de la corrupción

Para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre algunos usos anticorrupción potenciales deInternet en los sectores gubernamental, empresarial, en las asociaciones profesionales, lasociedad civil y los medios de comunicación.

Ocupando los recursos de Internet, las instituciones gubernamentales pueden mantener lapoblación informada sobre sus investigaciones de casos de corrupción, proporcionando datos decontacto de los investigadores, información sobre los perjuicios causados por los responsablesde las faltas y delitos, el estado de las investigaciones, el seguimiento que han recibido y lassanciones impuestas. Para evitar la discrecionalidad en las adjudicaciones de contratos, losgobiernos pueden hacer las licitaciones a través de Internet, avisando a los ciudadanos y lasempresas de los requisitos para hacer trámites públicos y facilitar formularios en línea para evitarla intermediación de funcionarios, empleados o terceros que ofrecen sus servicios a cambio desobornos. Los gobiernos pueden publicar sus estados financieros y sus informes actividadespara posibilitar la labor de monitoreo por parte de los medios de comunicación y lasorganizaciones de la sociedad civil. Se pueden poner buzones de denuncias en línea para quelos ciudadanos avisen cuando vean funcionarios usando vehículos nacionales por fines nooficiales o cuando sepan de otros abusos de los recursos del Estado. Las propuestas delegislación y otros proyectos gubernamentales pueden estar abiertos a los ciudadanos y gozarsede sus comentarios y sugerencias. Y entre otros usos, los gobiernos pueden publicar en línea loscurriculums de los candidatos o de los funcionarios electos, publicar sus declaraciones deimpuestos y patrimonio y mantener informados a los electores sobre el desempeño y gestión delos mismos.

Los empresarios pueden utilizar los recursos de Internet para mantener foros virtuales queiluminen cómo la corrupción gubernamental afecta los negocios, sube los precios y reduce lacompetitividad. También, los empresarios pueden coordinarse y formar frentes para reportar yanalizar las formas de corrupción que los enfrentan, negarse a pagar sobornos a funcionariospúblicos y acordar no hacer uso del tráfico de influencias en las licitaciones públicas. Puedenllevar bases de datos para identificar las empresas que son más favorecidas con lasadjudicaciones públicas, registrar sus nexos políticos y económicos con el gobierno y compartirestá información entre las empresas del sector para presionar por reglas de justas decompetencia. Las micro y pequeñas empresas, a través de Internet pueden montar sistemas deinformación sobre sus precios y los servicios y bienes que proporcionan, logrando que losconsumidores sepan de ellas, obteniendo así la oportunidad de competir con las grandesempresas que controlan la publicidad en los medios tradicionales, las fuentes de financiamiento,y muchas veces, a las oficinas gubernamentales encargadas de difundir información sobreprecios y servicios, regular la competencia y velar por los derechos de los consumidores.

Con Internet las asociaciones de profesionales pueden tener un papel más activo en laanticorrupción. Pueden compartir sus experiencias y difundir sus investigaciones ydocumentación técnica para evitar, detectar y perseguir el fraude, la evasión fiscal, viciosjudiciales, enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción. Pueden publicar y enriquecer susestudios de propuestas de leyes y reformas administrativas y judiciales, así como pronunciarsepúblicamente en aquellos casos que sea pertinente a su profesión. Además, pueden enterarsede ideas y estrategias y mantenerse en un proceso de actualización técnica a través de redescon otras organizaciones profesionales de su localidad y de otros países.


Una ONG anticorrupción puede, a través de Internet, recopilar noticias sobre casos decorrupción, preparar resúmenes periódicos y publicar bibliografía sobre el tema para estimularinvestigaciones universitarias y periodísticas. Estos recursos sirven también como uninstrumento para enterar y educar a la comunidad internacional sobre la corrupción local y larespuesta gubernamental, e influenciar de esta forma en la política exterior hacia su país. ConInternet, las ONGs pueden recibir denuncias de casos de corrupción e información para serinvestigados o monitorear el tratamiento gubernamental dado a las denuncias de corrupción.También, pueden denunciar casos de corrupción a través de sus redes de contactos y ganarrespaldo y seguridad para sus miembros, en caso de represalias. Entre los múltiples usos deInternet, las ONGs pueden participar en foros locales, regionales e internacionales donde sediscutan el problema de la corrupción y aportar su propia perspectiva y experiencia.

Los periodistas encuentran en Internet un espacio para difundir noticias sobre la corrupción queno son publicadas en los medios tradicionales, ya sea por su extensión o por un contenidocomprometedor que afecte los intereses de los anunciantes principales, del gobierno o delpartido político con el que simpatizan los dueños del medio o sus editores. En Internet, losperiodistas pueden obtener acceso a personas que requieran preservar su identidad para brindarinformación útil sobre casos de corrupción. Pueden consultar especialistas en el extranjero paracomplementar y sustentar sus reportajes y obtener legislación y bibliografía aplicable al tema quese esté tratando o el caso que se esté investigando. Puedan hacer comparaciones de lasrealidades de los diferentes países en materia de corrupción y medidas para exponerla,prevenirla, investigarla y sancionarla. También pueden investigar los negocios que tengan fueradel país los funcionarios de gobierno, mantener bases de datos de casos de corrupción yregistros de la forma en que votan los legisladores en elecciones de funcionarios, leyesanticorrupción y otras decisiones que tienen como resultado reducir ó al contrario, encubrir yestimular la corrupción.

En fin son muchos proyectos anticorrupción que pueden hacerse a través de Internet, algunossencillos, otros complejos. Por supuesto, hay otras ideas que no han sido mencionadas en lospárrafos anteriores por la falta de tiempo. Y cabe mencionar que en todos los casos losresultados son más efectivos en relación a los métodos tradicionales del trabajo anticorrupción.

Ahora, presentaré una breve descripción de proyectos anticorrupción en nuestra región queocupan los recursos de Internet para desarrollarse, nuevamente tomando ejemplos de oficinasgubernamentales, iniciativas empresariales, ONGs y organizaciones de periodistas.

Oficinas gubernamentales:

Departamento de Prevención de la Corrupción (DPC)República Dominicanahttp://www.procuraduria.gov.do/indice.htm

Cuando fue creado en 1997, el DPC se definió como una dependencia encargada de vigilar quelos funcionarios no se enriquecieran ilícitamente. Mantiene una página web en la que además deexplicarse el origen y función de esta oficina, tiene un buzón donde la ciudadanía puede hacerdenuncias y aportar información útil a las investigaciones de la misma. También hasta hace pocomantenía en línea los nombres de los funcionarios que no han cumplido con sus obligacioneslegales de presentar su declaración de bienes. Curiosamente la información fue retirada con elcambio del nuevo gobierno y en la página web no se brindan explicaciones del por qué se retiródicha información.


Ocupando los recursos de Internet como lo había venido haciendo el Departamento de laPrevención de la Corrupción, compartiendo con la población su trabajo y brindándole un espaciopara participar en la fiscalización de los funcionarios públicos, ofrecía un buen ejemplo de untrabajo transparente.

Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción (PPLCC)Colombiahttp://www.procuraduria.gov.do/indice.htm

La página web del PPLCC es el prototipo de lo que debe ser una página anticorrupcióngubernamental, que atrae a los visitantes con el uso creativo de gráficos y mantiene lainformación organizada en una manera sencilla que facilita su identificación, entendimiento yuso.

Brinda un mapa de las herramientas para el combate de la corrupción en Colombia, quecomprende instituciones, normas y técnicas, entre otras. El sitio contiene un directorio deoficinas de quejas y reclamos y acceso a buzones electrónicos para hacer denuncias de casosde corrupción. También cuenta con información sobre redes ciudadanas, informes de gestión yalgunas estadísticas de la percepción de la corrupción, entre otros recursos. Es un sitio quemuestra mucha creatividad en un programa anticorrupción gubernamental.

Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC)Ecuadorhttp://www.ecuanex.apc.org/anticorrupcion/index.html

Esta es una instancia gubernamental nacida como respuesta a la exigencia de la sociedad civilde tener participación en las instituciones que combaten a la corrupción en Ecuador. Estácomisión recibe denuncias, investiga los casos corrupción y presenta demandas ante lasinstancias de justicia. También desarrolla programas para estimular la participación de losciudadanos.

Su página web tiene información de contacto de las organizaciones que conforman la Red CívicaContra la Corrupción; carteleras para intercambiar ideas y recursos con los ciudadanos; datos einformes mensuales de las actividades de la CCCC; legislación anticorrupción ecuatoriana;resúmenes de noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con lacorrupción y otros importantes recursos.

Es una página web que muestra cómo el gobierno puede ofrecer espacios para la participaciónde los ciudadanos y cómo estos pueden aprovecharlos.

Organizaciones no gubernamentales:

Existen varias ONGs anticorrupción que mantienen páginas web. Una de las más nuevas es lainiciativa Colombia Honesta (http://www.colombiahonesta.com/), que tiene una página webimpactante por la manera agresiva y creativa en que están presentando el problema de lacorrupción. Hacen su presentación con la siguiente frase: "esta página ha llegado para quedarse:no nos vamos hasta que la corrupción sea erradicada del Gobierno Colombiano". Una de lassecciones más interesantes es una propuesta/declaración de 40 años de cárcel para losfuncionarios corruptos, la confiscación de los bienes y la exigencia al gobierno colombiano deinformación detallada de todos los gastos, disponible para cualquier ciudadanos que lo solicite.


También al momento de escribir este documento, tenía en construcción la sección de "los másbuscados" en la que prometen poner las fotografías e historias de funcionarios y empleadospúblicos que son prófugos de la justicia por cometer actos de corrupción.

Otra ONG nueva, la Alianza Dominicana contra la Corrupción de la República Dominicana(http://www.webdominicano.com/anticorrupcion), ocupa una página web y email para monitorearla transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos del estado; promover ladespolitización de la Cámara de Cuentas; exigir la rendición de cuentas a los funcionarios yautoridades; denunciar los actos de corrupción en las instituciones publicas; y entre otrasactividades, para fomentar los valores éticos y morales.

Otros ejemplos del uso por ONGs de una página web incluyen:

Centro de Estudios de la Sociedad Civil/CESC, Ecuador (http://www.cesc.org/): presentasus programas de fortalecimiento de las instituciones del sector público y de promociónde la participación ciudadana en el sector público.

Acción Ciudadana, Guatemala (http://www.quik.guate.com/acciongt): contieneinformación sobre sus actividades que promueven la transparencia gubernamental y laparticipación ciudadana en el sector público.

Alianza Cívica, México (http://www.laneta.apc.org/alianza): incluye información sobre losprogramas de vigilancia y defensa frente a las prácticas de compra y coacción del votoprevias a la jornada electoral.

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, México (http://www.fundar.org.mx):muestra información sobre las investigaciones, asesoría y capacitaciones que brindasobre presupuestos públicos.

Transparencia, Perú (http://www.transparencia.org.pe): contiene información sobre susprogramas de transparencia en los procesos electorales.

Participación Ciudadana, República Dominicana (http://www.participacion.org.do):contiene información sobre sus programas de transparencia en los procesos electorales,en los municipios y la participación ciudadana en la reforma judicial.

¡Basta Ya! (http://www.cib−solutions.com/mebers/basta_ya/main.htm): es un esfuerzovirtual con un enfoque regional que contiene un "boletín informativo", "un manual de lacorrupción" y una herramienta para discusiones electrónicas.

Hace poco, Poder Ciudadano, Argentina (http://www.poderciudadano.org.ar), reinició su páginaweb que contiene información y recursos útiles para los argentinos sobre la fiscalizaciónciudadana y licitaciones; monitoreo de gastos de las elecciones; un banco de datos sobre lospolíticos en el que se incluyen datos sobre sus antecedentes, curriculares y patrimoniales;encuestas mensuales sobre la corrupción; y una caja de herramientas para el control de lacorrupción.

Mención especial merece la ONG argentina Transparencia en la Administración de los Estadosque desarrolla herramientas, generalmente informáticas, para uso de los organismosgubernamentales que mejoren la transparencia, la participación y haga más eficiente su gestión.


Distribuyen gratuitamente el software Control Activo (http://www.controlactivo.com.ar) que seacopla a los sistemas de gestión de compras de las instituciones de gobierno para extraer losdatos y publicarlos en Internet en forma automática. Control Activo está siendo usado por laAdministración Federal de Ingresos Públicos, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, elMunicipio de Bahía Blanca y Municipio de Neuquen, en Argentina.

Empresarios

Hay muy pocas iniciativas de empresarios en nuestra región relacionadas con la anticorrupción,y aún menos las que están haciendo uso de Internet. Como ejemplo que merece ser emuladodeseo presentar Ética Civil Empresarial de Colombia (http://www.geocities.com/eticacivil). Estainiciativa virtual de Hernán Saldarriaga produce un formativo semanal en el que se abordandiversos temas relacionados con la ética empresarial. Es publicado en su página web y tambiénse distribuye por correo electrónico a más de 700 empresas. El formativo ha sobrepasado las145 ediciones.

El argentino Fernández de Azcárate ha organizado una empresa en base de un consorcio denegocios internacionales y legales con especialidades en comercio internacional, análisis encomercialización, derecho empresarial, penal, y derecho ambiental. Como es normal, laempresa, Estudio Fernández de Azcárate, mantiene una página web que describe sus servicios(http://www.gaafa.org). Lo que distingue el sitio de esta empresa de otros latinoamericanos esuna sección que identifica sus nexos comerciales nacionales, regionales e internacionales y lanomina de sus directivos. Aún más novedoso para un sitio empresarial latinoamericano, cuentacon la sección "Corrupción en el Estado" que promueve la denuncia contra la corrupción en elsector público. Ofrece información sobre las leyes aplicables, el proceso de denuncia, los lugaresgubernamentales y no gubernamentales donde presentarlas, y consejos útiles, como lanecesidad de dar un constante seguimiento.

Universitarios

Varias universidades latinoamericanas cuentan con unidades que estudian la corrupción.Lastimosamente, no existe una que ocupa los recursos de Internet para difundir sus analices yestrategias. Como ejemplo para ellas es Gérard Verna, Profesor de Université Laval, en Québec,Canadá, quien mantiene una sección en español el sitio web universitario llamada "Un aspectoético derivado de la hostilidad de un entorno: La corrupción". Esta página web contiene ensayosbien desarrollados sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la corrupción en losnegocios. (http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/vernag/EH/E/corrupcion.htm)

Los periodistas

El Centro de Periodistas de Investigación (http://investigacion.org.mx), Sala de Prensa(www.saladeprensa.org), Espiral−Periodismo (http://espiral−periodismo.com), todos de México,así como la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente de Argentina(www.asociacionperiodistas.org), la Asociación de Periodistas Digitales de Chile(www.periodistas.cl) y la Organización de Periodistas en Internet (www.periodistas.org), tienen elmandato de promover el periodismo de investigación y colaborar con otras organizaciones enaras del acceso a la información y la libertad de prensa. Ocupan recursos de Internet parafacilitar la solidaridad y el compañerismo entre periodistas, difundir y compartir información, ypublicar artículos. Algunos ofrecen capacitaciones sobre el uso de Internet cómo una técnica deinvestigación.


Los periodistas han encontrado en Internet un espacio libre en el que pueden difundir susinvestigaciones y reportajes sin que les afecten los compromisos partidarios o económicos de lospropietarios y editores de los medios tradicionales. Uno de los mejores ejemplos es PeriodismoIndependiente de Argentina (http://www.perin.f2s.com). Este trabajo periodístico anticorrupcióntiene un servicio de noticias, basado en sus investigaciones y reportajes sobre el problema de lacorrupción en Argentina. Difunden nuevos artículos a través de correo electrónico yrecopilaciones en una página web. Su finalidad es brindar "un periodismo puro, desprovisto detodo tinte partidario y sectorial". Lastimosamente, su director, Karl Bela, murió en septiembre yno se sabe si este buen esfuerzo continuará.

También los recursos de Internet son muy útiles al Periodismo Frente a la Corrupción (PFC).PFC es un nueva iniciativa anticorrupción regional que promueve y facilita más investigación ycobertura de la corrupción en los medios de comunicación latinoamericanos a través deproporcionar servicios a los periodistas que trabajan en este área. (www.cipe.org/pfc) Susobjetivos incluyen:

Promover mayor investigación y reportajes sobre la corrupción en los medios decomunicación latinoamericanos

Estimular y fortalecer la práctica del periodismo investigativo y el mayor uso de losrecursos de Internet

Apoyar a los periodistas que investigan la corrupción a través de asistencia, contactos yrecursos

Buscar estrategias para superar los obstáculos a la labor investigativa de los periodistasy la cobertura de la corrupción en los medios de comunicación

Promover alianzas entre los medios de comunicación, periodistas y organizaciones de lasociedad civil para buscar e implementar estrategias efectivas en el combate de lacorrupción

Coordinar esfuerzos y estimular componentes anticorrupción en las organizaciones quepromueven el periodismo investigativo.

PFC es un proyecto piloto del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), unaorganización estadounidense sin fines de lucro, afiliada a la Cámara de Comercio de los EstadosUnidos, que trabaja en la promoción de la democracia y la economía de mercado alrededor delmundo (www.cipe.org).

CIPE considera que la investigación y reportajes sobre la corrupción contribuyen a laconcientización sobre los peligros de la corrupción y estimulan acciones gubernamentales paracontrolarla y sancionarla, así como el surgimiento de iniciativas ciudadanas para combatirla.También contribuyen a otras prioridades de CIPE como la reducción de la monopolizacióneconómica y de la pobreza, y al crecimiento y estabilidad económica y democrática en AméricaLatina.

En abril/2000 la Fundación para la Américas (OEA), con el apoyo del CIPE y otras fundaciones yorganismos, realizaron un sumit centroamericano que tuvo como tema central el rol de losmedios de comunicación frente a la corrupción. Paralelamente a dicha actividad se desarrollaron


capacitaciones para periodistas centroamericanos sobre periodismo investigativo. La Fundaciónpara las Américas está organizando dos conferencias más en las regiones de los Andes (20−21/noviembre, Colombia) y el Cono Sur (2001, Argentina).

PFC es la materialización en acciones concretas de estos eventos. Provee a los periodistas queasisten a estos eventos un espacio para continuar sus discusiones, hacer redes e identificarestrategias para superar los obstáculos que enfrentan cuando tratan de investigar o reportar lacorrupción.

PFC se inició en el mes de agosto y fue desarrollado sobre la base de un sondeo virtualrealizado por la Revista Probidad en mayo 2000, en lo cual periodistas latinoamericanos quehacen reportajes sobre la corrupción, iluminaron sus necesidades y compartieron sus ideassobre potenciales componentes de PFC. El proyecto, administrado por la Revista Probidad, estácreciendo y cambiando en respuesta a la continua participación de los periodistas y con lacolaboración mutua de organizaciones que promueven el periodismo investigativo.

En términos generales, PFC desarrolla las siguientes actividades para periodistaslatinoamericanos que investigan y hacen reportajes sobre la corrupción o quieren hacerlo:

Red de comunicación: para que los periodistas pueden intercambiar experiencias einformación, enterarse de técnicas investigativas, capacitaciones y eventos, contactos yotros recursos;

Página web: un centro de enlaces que identifica los recursos en línea útiles para losperiodistas que investigan o reportan la corrupción; publicación de artículos y notasperiodísticas sobre la corrupción y las medidas para controlarla; solicitudes deinformación requerida para una investigación o reportaje sobre la corrupción; legislaciónsobre el derecho a información y protección de las fuentes y periodistas; directorios decontactos; entre otros recursos.

Asistencia y soporte: diseminación de fuentes de información, contactos y financiamientopara investigar la corrupción o asistir a capacitaciones; recomendaciones de bibliografía,normas y otros recursos; y

Foros virtuales: espacios donde los periodistas puedan discutir e intercambiar ideassobre un tema específico o consultar expertos anticorrupción y jurídicos.

Además, a través de correo electrónico PFC está estableciendo contactos y redes con y entreasociaciones de periodistas, organismos no gubernamentales con componentes anticorrupción,medios de comunicación y otros sectores de nuestras sociedades, y con organismos regionalese internacionales que promueven el periodismo investigativo. El propósito de estas redes esconcientizar a las organizaciones que las conforman a adoptar y promover componentes querespondan a las necesidades de los periodistas que dan cobertura al problema de la corrupción,forjando alianzas con ellos, proporcionándoles asesoría y respaldo legal, capacitación yasistencia técnica, compartiendo fuentes de información y otros servicios que faciliten mayor ymejor cobertura del problema de la corrupción y estrategias para frenarla.


Importancia del uso de Internet

Internet tiene muchas ventajas con respecto a otras herramientas de trabajo tradicionales. Porejemplo:

Un proyecto anticorrupción electrónico requiere pocos recursos. Por ejemplo unperiódico digital tiene costos de operación dramáticamente menores a los costos de unperiódico impreso, lo que permite que grupos u organizaciones, y hasta individuos,puedan tener su propio medio de comunicación e informativo.

Los proyectos virtuales anticorrupción estimulan y facilitan el voluntariado. Como eltrabajo se realiza en tareas concretas y no se requiere la presencia física de laspersonas, voluntarios se pueden involucrar en participar en la anticorrupción ocupandosus horas libres y haciéndolo desde sus casas y centros de estudio o trabajo.

Los recursos de Internet hacen posible el trabajo de equipo y mejora su productividad.Se puede trabajar conjuntamente en la elaboración de una propuesta de ley, en elanálisis de una denuncia, la preparación de un pronunciamiento, en la búsqueda debibliografía e información de referencia. También se pueden hacer realizar reuniones,capacitaciones, sondeos y muchas actividades más, todo en equipo y con un nivel deproductividad superior. Además cada miembro del equipo cumple sus obligaciones en eltiempo y el lugar que más le convenga.

El trabajo virtual fortalece la transparencia. El trabajo ocupando los recursos de Internetconsiste en tareas y resultados concretas, es decir que es un trabajo de hechos, no depalabras. De esa forma las personas que no aportan quedan evidenciadas fácilmente yson excluidas. El trabajo está a la vista del público que puede gozarse de sus resultadoso reconocer sus defectos. En general, un trabajo anticorrupción ocupando los recursosde Internet usualmente desanima la participación de instituciones e individuos concuestionables reputaciones, antecedentes oscuros, nexos políticos o interesesparticulares. Saben que de un momento a otro quedarán en evidencia.

El trabajo virtual supera patrones culturales que muchas veces obstaculizan la confianzaentre las personas y la credibilidad de la anticorrupción. En muchas ocasiones laspersonas que se involucran en un trabajo electrónico no se conocen personalmente y laúnica forma en que otros confíen en ellas es haciendo preguntas y respuestas directassobre los antecedentes, vínculos, fuentes de ingreso y otros aspectos básicos, y este esun ciclo constante cada vez que surgen dudas con respecto a alguien. Todos debenestar claros en lo que son y lo que quieren. También la publicación de sumariosprofesionales, académicos y personales, así como datos de contactos de los miembros,patrocinadores o dueños, ayuda a ganar la confianza del público, porque cualquierapuede obtener esa información y tener un perfil de las personas que están trabajando enla anticorrupción.

Las páginas web son casas abiertas. Cualquier puede ir allá en el momento que desee,entrar y recoger la información que necesita, sin pedir permiso o esperar autorización.Cuando ponemos algo en Internet, estamos brindado la libertad para todos puedan verloy tomarlo.


Internet permite compartir ideas, experiencias y recursos entre las iniciativasanticorrupción de los diferentes países. Antes de Internet y su uso en la anticorrupción,se sabía muy poco de las iniciativas en cada país y sus actores principales, muchasinclusive eran desconocidas. Ahora, a diario se puede estar en contacto con todas ellasy aprender de lo cada una hace, de las dificultades que enfrentan y de sus éxitos.

Quizás lo más importante es que Internet representa la oportunidad para tener una vozlatinoamericana en el discurso anticorrupción internacional. Tradicionalmente la formulación depolíticas, normas y estrategias anticorrupción ha sido dominada por extranjeros de EstadosUnidos y Europa. Muchas de ellas han sido aplicadas como "recetas en nuestros países" y hanfracaso porque no han entendido las realidades locales, la historia y cultura de la gente, y losintereses políticos y económicos. Con Internet podemos expresar nuestro pensamiento ante losorganismos y foros internacionales, enseñarles a comprender la realidad de nuestra sociedades,dar a conocer las experiencias locales y poner al descubierto a individuos y organizacionesmalas que lejos de ayudar a la anticorrupción, la utilizan para sus fines políticos y personales.

Limitaciones en el uso de Internet

Al hablar de limitaciones en el uso de Internet por la anticorrupción nos referimos a la relaciónentre lo que se puede y debe hacer y lo que efectivamente se hace. Al visitar muchas de laspáginas web y ver como se están usando los recursos de Internet se notan varios factoresnegativos que dan mala imagen y no ganan la confianza del público.

Muchas de las organizaciones que se hacen llamar anticorrupción o que tienen componentes eneste campo, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, en realidad a través de sus páginasweb aportan muy poco a la anticorrupción. La mayoría ocupan la página como un brochure quesirve únicamente para presentar formalmente la organización: sus objetivos, su ley o susestatutos, su plan de trabajo, entre otros tópicos que no tiene nada que hacer con la corrupción yla anticorrupción. Otras ocupan sus paginas para copiar ideas y perspectivas genéricas y aveces obsoletas, que no corresponden a sus realidades locales. En general hay una tendencia ausar las páginas web para decir lo que se quiere y conviene y no lo que la ciudadanía necesitapara combatir la corrupción.

Por otro lado, es común que las páginas web no son actualizadas frecuentemente. Si lainformación es vieja, ya no es útil. Por ejemplo, si una oficina gubernamental presenta datos deaños anteriores, pero no informa de lo que está haciendo en la actualidad, está mintiendo a lagente porqué está escondiendo sus resultados y evitando que se pueda evaluar oportunamentesi es efectiva o no en sus investigaciones de casos de corrupción o sentencias. Las páginas webdesactualizadas no le sirven a la anticorrupción, porqué echan por el suelo el principio de lainformación integral y oportuna, clave para la existencia de la transparencia.

También hay organizaciones y personas que no tienen la costumbre de contestar los correoselectrónicos que reciben, y si lo hacen es con tardanzas e información incompleta. Cada correoelectrónico debe ser contestado atendiendo las inquietudes concretas que se hagan, ya sea quela información pueda ser brindada en ese momento, dentro de un tiempo prudencial o dandoexplicaciones cuando por algún motivo no pueda ser entregada.


Para la anticorrupción, Internet no es un medio de publicidad, es un instrumento decomunicación y transparencia que debemos respetar. Eso implica que su uso sea bastantedinámico y que se brinde la información con oportunidad, dando un ejemplo de responsabilidad ytransparencia, y ganando así la confianza de la gente y credibilidad en la anticorrupción.

Otro factor preocupante, es que en las páginas web anticorrupción de América Latinatípicamente no se encuentra una perspectiva que sea propia, coherente con nuestra cultura ynuestros valores. En muchas de ellas se repiten conceptos elaborados por investigadoresextranjeros y organizaciones internacionales. Se hace una presentación formal del problema dela corrupción que casi siempre es muy superficial. Ni siquiera ofrecen un esfuerzo por adecuaresos conceptos a la realidad particular de cada país. Aunque los raíces de la corrupción enAmérica Latina son similares, sus manifestaciones son diferentes. Difícilmente podemos explicarel fenómeno de la corrupción en cada país sino elaboramos nuestros propios conceptos entérminos de nuestra historia, actores, idiosincrasias, costumbres y expectativas.

Los conceptos extranjeros pueden sernos útiles como premisas, pero han sido elaboradospartiendo de realidades y perspectivas totalmente diferentes. Por ejemplo, los europeos ynorteamericanos llegan a nuestros países y no comprenden en su verdadera dimensión elproblema de la politización. En sus países no es determinante si una persona es de izquierda ode derecha, si pertenece a un partido grande o un partido pequeño, si su partido está o no en elgobierno, ó si pertenece o no a un partido político. Pero en América Latina este es un factor demucho peso que condiciona lo que las personas pueden o no hacer. También, la politización ennuestros países es una causa y producto del clientelismo, nepotismo, tráfico de influencias,encubrimiento de la corrupción y la impunidad. No se puede pretender entonces definir lacorrupción y estrategias para combatirla sin hacer mención de la politización y sin llamar por suverdadero nombre a los actores y sectores que la caracterizan.

En lo particular considero que el desconocimiento y falta de entendimiento extranjero sobre lapolitización y otras realidades locales es una de las razones por las cuales las reformasanticorrupción en la última década han sido debilitadas o fracasadas. Se han aprobado cantidadde reformas y leyes administrativas y judiciales que en su implementación no han sido aplicadasrigurosamente y al final lejos de frenar la corrupción han contribuido a su persistencia. Sin duda,las reformas han llegado hasta donde los políticos y los grupos de intereses que representan lohan permitido.

Una de las principales fuentes de corrupción proviene del autoritarismo de los partidos políticos,donde las pequeñas cúpulas imponen quienes serán los candidatos y nuevos funcionarios, yestos últimos ya una vez en sus cargos son fieles a esas cúpulas que los eligieron, las que a suvez responden a los intereses de grupos de poder. Por esa razón una de las condiciones paraque las medidas anticorrupción en este nuevo siglo sean efectivas es llevar a cabo una reformapolítica que cambie los formas y estructuras de participación, representación y ejercicio del podera través de nuevas reglas electorales, mecanismos para la rendición de cuentas y procesos dedepuración continuos que expulsen a los funcionarios y empleados que comentan actos decorrupción. Cuando los políticos respondan a los votantes y a la opinión pública, y no a lascúpulas de su partido, empezaremos a ver legislación, reformas y sanciones que son aplicadas yefectivas.

El hecho de no tener nuestra propia perspectiva, una perspectiva nacional y regional delproblema de la corrupción, afecta el trabajo que hacemos porqué nos estamos auto−limitando enel entendimiento del problema y por lo tanto no sabemos como priorizar y orientar nuestraenergías, haciendo que las gastemos en esfuerzos inútiles y perecederos en el corto plazo.


También sin nuestra propia perspectiva es poco lo que podemos compartir con otros países. Nopodemos venir a un foro internacional a repetir conceptos elaborados en otras partes del mundo,si esos conceptos no son adecuados y suficientes para explicar nuestras propias realidades.

Por esa razón fue muy interesante el foro virtual que realizaron este año la organizaciones queconforman la Red Cívica Contra la Corrupción de Ecuador, a través del intercambio de correoselectrónicos. El tema central era definir un concepto de corrupción ecuatoriano. Al final hubovarios conceptos, con diferentes perspectivas y válidos para la realidad ecuatoriana.

Otra limitación de las páginas web anticorrupción latinoamericanas es que están hechas portécnicos que no entienden la anticorrupción. El valor de una página web anticorrupción no estádado por lo impresionante que parezca o por lo sofisticado de su presentación, ni por lashermosas imágenes que tenga o la música de fondo. Su valor viene de la informaciónactualizada que contenga, el ejemplo de transparencia de muestre, y la disponibilidadpermanente de sus recursos. Se necesitan páginas web que la gente pueda accesar y utilizarfácilmente para entender la corrupción y encontrar aliados para combatirla. Lo ideal es que laspáginas web sean elaboradas por los mismos actores anticorrupción que sienten y viven sulucha, que día a día enriquecen su experiencia y a cada momento tienen algo nuevo quecompartir. Internet en la anticorrupción es una actividad concreta e importante, vital para untrabajo integral y exitoso que no puede depender de técnicos ni de esquemas y mentalidadestradicionales.

Debo aprovechar esta ocasión también para hablar sobre el uso de las listas de correo, lascuales no siempre son utilizadas adecuadamente. Me refiero a los listservs, a través de loscuales muchas veces se envían mensajes a contactos anticorrupción locales, regionales einternacionales sobre reuniones administrativas o actividades locales que no tiene nada que vercon la corrupción. Como resultado, los contactos pierden el interés en los mensajes y en lainformación que difunden estas organizaciones y aún peor, dejan de abrir sus correos.

Como un ejemplo de las múltiples posibilidades de Internet en la lucha contra la corrupción,quiero ocupar la historia y experiencias de la ONG Probidad, a la cual pertenezco.

La corrupción salvadoreña y los inicios de Probidad

Probidad nació en 1994 y fue la primera ONG salvadoreña anticorrupción, en una época en laque hablar de la corrupción era un tabú en nuestra sociedad, y había muy pocas organizacionesde la sociedad civil en América Latina dedicadas a su combate. Los salvadoreños apenasdábamos nuestros pasos después de salir de un conflicto armado que golpeó con vidas,migración y pérdidas materiales a cada familia en todos los rincones del país.

Probidad surgió en medio de una sociedad excesivamente polarizada, con una cultura decorrupción institucionaliza década tras década por regímenes militares que sirvieron a losintereses de la elite económica. En El Salvador la represión y la corrupción fueron los mediosutilizados para mantener el status quo, las estructuras injustas de acceso y distribución a lariqueza, callar las voces opositoras y las ideas renovadoras, y en fin detener todo aquello queatentaba contra el sistema. Con los Acuerdos de Paz de 1992 la represión cesó, pero lacorrupción evolucionó rápidamente para mantener protegidos los intereses de los grupos depoder.


Las privatizaciones de los bancos y las empresas de servicio público, han servido paraconcentrar la riqueza en pocas manos, con una tendencia mucho más marcada y evidente queen épocas anteriores. La agricultura y la industria atraviesan una de sus peores crisis y laspolíticas gubernamentales continúan favoreciendo la especulación de los grupos financieros. Elcapital salvadoreño ha extendido su poder a los demás países de Centroamérica dondecontrolan bancos, hoteles, aerolíneas, fábricas, centros comerciales, empresas de construccióny otros negocios. Las pocas fuentes de trabajo que existen en El Salvador funcionan coninversiones volátiles que se mantienen en el país gracias a exenciones fiscales y leyes laboralesendebles. A los partidos políticos les faltan credibilidad y sus estructuras muestran síntomasgraves de descomposición en valores y responsabilidad social.

Hay una cultura de no participación y conductas negativas que favorecen el individualismo, lapreocupación primordial por la sobrevivencia económica, memoria corta y desinterés por lascosas que no produzcan soluciones a corto plazo. No existen verdaderas experienciasdemocráticas y los representantes gubernamentales continúan siendo elegidos por pequeñosgrupos en las cúpulas partidarias. Todo esto ha generado prácticas de auto−exclusión y falta decompromiso social y de acción voluntaria.

En resumen, el panorama de El Salvador presenta un desarrollo superficial, una economía quedepende completamente de las remesas de los salvadoreños en el extranjero, un sistemapolítico arcaico y excluyente, una separación entre ricos−pobres cada día más extrema, y la faltade experiencias de participación y democráticas. Y todo este sistema funciona, entre otrosfactores importantes, gracias a la corrupción extendida, tolerada y protegida en las esferasgubernamentales, y asimilada en la estructura social como algo normal, válido e imposible decambiar.

A pesar de este panorama tan difícil para el trabajo anticorrupción, la ONG Probidad impulsódiversas actividades en sus primeros años, tales como la construcción de redes entre losdistintos sectores; charlas en universidades y para asociaciones profesionales; entrevistastelevisivas y artículos; capacitaciones; estudios y asistencia técnica a diputados y a partidospolíticos sobre anteproyectos de leyes que contribuían a la anticorrupción y el primer esfuerzo de"lobby" en favor de la aprobación de reformas de administración financiera, auditoría y control enel sector público. Fue intermediaria para la recepción y distribución de documentos relacionadoscon la corrupción. También ayudó a organizar una delegación de diputados de cuatro distintospartidos políticos que visitó a congresistas y oficinas estatales estadounidenses en Washingtonpara expresar su preocupación por la corrupción salvadoreña. Probidad gestionó y ayudó acoordinar dos programas de WORLD NET (1995, 1996) en los cuales participaron Jim Wesberry,experto anticorrupción y actual director de RESPONDANET (http://www.respondanet.com/), elPresidente de la Corte de Cuentas y otros salvadoreños. Además, realizó once conferencias enlas tres zonas del país.

Para conformar Probidad se buscaron miembros que fueran profesionales, independientespolíticamente, con solvencia moral y el deseo y las habilidades de trabajar en equipo, fuera delos esquemas tradicionales autocráticos, jerárquicos, verticalistas, partidistas y oportunistas.Esto fue muy difícil considerando el panorama salvadoreño. Lastimosamente, la mayoría de losfundadores no llenaron el perfil. Aunque algunos estuvieron entusiasmados, la mayoría se unió alesfuerzo con fines oportunistas o con la esperanza que Probidad captaría fondosinternacionales, proporcionándoles un empleo bien pagado. Unos tuvieron una oscura agendapartidaria. Varios tuvieron temor de meterse en algo tan controversial como la anticorrupción.Fueron muy pocos los fundadores que en realidad entendieron y estuvieron comprometidos conla anticorrupción, dispuestos a contribuir voluntariamente, a compartir sus recursos (contactos,


materiales, infraestructura, fondos, etc.) y a trabajar en equipo para el desarrollo y éxito deProbidad.

Después de tener graves problemas con su nuevo presidente, quien ocupó la ONG para ganarimagen pública y favorecer su agenda partidaria, y para evitar que la ONG fuera apropiada porgente oportunista como él, los miembros más activos decidieron no continuar promoviendo lalegalización de la ONG y descontinuaron las actividades a finales de 1996, cerrando así uncapítulo en la historia de la anticorrupción salvadoreña.

Después de eso y hasta 1998, los actores anticorrupción salvadoreños utilizaron la causa paraaspirar a cargos públicos o ganar imagen para ellos y sus partidos políticos. Una vez más lagente que puso sus esperanzas en esta personas fueron defraudadas, trayendo desprestigio a laanticorrupción y creando condiciones más difíciles para trabajar en ella.

Para obtener más información sobre la primera Probidad y las iniciativas anticorrupciónsalvadoreñas, se pueden consultar los siguientes documentos:

Un camino difícil: las iniciativas anticorrupciónde la sociedad civil salvadoreñahttp://www.probidad.org.sv/ediciones/009/art10.html

Las iniciativas ciudadanas salvadoreñashttp://www.probidad.org.sv/iniciativas/index.html

El renacimiento de Probidad gracias a Internet

En julio de 1998 las personas más actividades que participaron en la primera Probidad sereunieron nuevamente. Linda Hemby, socióloga y polítigo, consultora anticorrupcióninternacional; Abraham Abrego, abogado, de la Fundación de Estudios para la Aplicación delDerecho; José Angel Tolentino, economista, de la Fundación Nacional para el Desarrollo; yJaime López, especialista en control gubernamental e informática. Para entonces, cada unohabía tomado sus propios caminos y estaban involucrados en otro tipos de iniciativas de trabajoy personales. Sin embargo persistía el deseo de trabajar por la anticorrupción, pero a la vez eltemor de que una nueva iniciativa fuera ensuciada por personas con fines políticos y personales.

En ese momento los retos eran más complejos que en 1994. El principal propósito era diseñaruna iniciativa que aprendiera de las lecciones del pasado, que fuera transparente para poner enevidencia a personas con fines oscuros, suficientemente creativa para llamar la atención de lossalvadoreños y recuperar su confianza y que fuera compatible con nuestros trabajos, es decir,que pudiéramos aportar en ella voluntariamente sin abandonar nuestros empleos, de los cualessubsistíamos.

La respuesta fue la Revista Probidad. Inicialmente fue concebida como un espacio donde lossalvadoreños pudieran compartir información, análisis y estudios sobre la corrupción y diseñarestrategias para combatirla efectivamente. La mejor opción fue poner la Revista Probidad enInternet ya que no contábamos con recursos para producir ejemplares impresos, ni lainfraestructura y el tiempo para producirla y distribuirla. Internet nos permitió empezar a trabajaren ella en nuestro tiempo libre, desde nuestras casas y comenzar a invitar a los salvadoreños a


escribir en ella. Linda y su servidor nos constituimos en los editores. Ella trabajando desdeCalifornia primero y Virginia después, y yo desde San Salvador, elaboramos los documentosconceptuales, buscamos contactos, fuentes de información, organizamos un modelo de trabajoen línea y adoptamos reglas de responsabilidad y transparencia con nosotros mismos. Abrahamy José Angel siempre estuvieron brindándonos su asistencia y asesoría, pero tenían limitacionesde acceso a Internet lo que redujo su involucramiento en la Revista. En marzo de 1999 laprimera edición estaba lista y fue publicada en un servicio gratuito de Internet; fue un documentoconceptual de los que se esperaba fuera la Revista Probidad y el porqué lo estábamos haciendo.

Poco a poco fuimos aprendiendo a trabajar como un equipo virtual, correos diarios, respuestasrápidas, mantener informados a los otros miembros de nuestras actividades e intereses, plantearlos conflictos personales y ayudar a resolverlos, y muy importante, ganar la confianza de lagente a pesar de la distancia y a veces el no conocerla personalmente.

Probidad tenía nuevamente vida y esta vez por un camino totalmente nuevo y diferente. Lanoticia se corrió rápidamente en toda Latinoamérica y entre los organismos internacionales. Unproyecto que inicialmente esperábamos que fuera para salvadoreños, llegó a llenar un vacío entoda la región. Comenzamos a tener participación de autores, mensajes de apoyo y consultas detodos los países de Latinoamérica. La Revista Probidad es ahora un jornal anticorrupciónlatinoamericano que es utilizada por profesores universitarios como material de referencia, pororganizaciones anticorrupción para compartir experiencias y reflexionar sobre el problema de lacorrupción, es un recurso de asesoría gratuita para investigadores y empresas de consultoríainternacional y en general un espacio donde los Latinoamericanos − representantes de lasociedad civil, funcionarios de gobierno, políticos, académicos, empresarios y periodistas −pueden expresar su perspectiva libremente y compartir su experiencia con activistasanticorrupción de la región y el mundo. Su Décima Edición (septiembre−octubre/2000) cuentacon 17 ensayos de autores representando a unos 12 países latinoamericanos.

Además de la Revista Probidad, entre octubre y diciembre de 1999, Probidad inició y coordinóestudios de propuestas legislativas en El Salvador: reformas a la Ley de Enriquecimiento Ilícitode Funcionarios y Empleados Públicas (vigente desde 1959) y observaciones al anteproyecto dela Sección de Probidad/Corte Suprema de Justicia (1999); transformación de la Corte deCuentas a una Contraloría General (1999); una Comisión de Ética Legislativa (1999); y unaComisión Anticorrupción (1999). En estas tareas, valiosa fue la ayuda de Edgardo Amaya,abogado también de FESPAD.

Probidad hizo otro estudio que resultó en un documento que identifica las leyes y reglamentossalvadoreños actuales que tienen componentes anticorrupción y en mayo preparó la propuesta"Agenda Legislativa Anticorrupción" que comenzó a distribuir con los diputados de la nuevaAsamblea Legislativa (2000−2003).

Ha gestionado y distribuido bibliografía a líderes políticos, analistas políticos, periodistas,universitarios, asociaciones profesionales, ONGs, religiosos, entre otros, para enfatizar laimportancia de combatir la corrupción y promover la participación de los receptores de libros eniniciativas anticorrupción. Ha iniciado y está dando seguimiento a contactos con varias ONGs eindividuos para formar un red cívica contra la corrupción salvadoreña. Ha proporcionadoservicios gratuitos de asesoría a varias instituciones internacionales con componentesanticorrupción, a empresas estadounidenses de consultoría, a ONGs latinoamericanas y acentros de investigación en la región y en Europa, a diputados salvadoreños, y para organizar uncapítulo salvadoreño de COORDICA, una red centroamericana contra la corrupción.


La página de Probidad, un centro de recursos

Además de la Revista Probidad y las actividades mencionadas antes, iniciamos otros proyectosa través de la página web. Uno de los más importantes, el de rescatar y conservar la memoriahistórica de los salvadoreños en el tema corrupción/anticorrupción.

Uno de los problemas de nuestro pueblo es que fácilmente olvida. La realidad está representadapor hechos aislados, en los que es difícil encontrar el hilo conductor y los factores claves que ladeterminan. La corrupción para muchos se limita a ciertos casos que han tenido ampliacobertura en los medios de comunicación, pero poco se sabe de los elementos comunes entreesos casos, las causas que los han originado, el seguimiento que recibieron de las oficinasencargadas de investigar y sancionar la corrupción. Por eso muchos funcionarios que han sidoinvolucrados en casos de corrupción, aparecen luego en otros puestos y nadie parece recordarsus antecedentes.

A través de Internet nos dimos a la tarea de recopilar la información relacionada con lacorrupción y la anticorrupción salvadoreña en su historia reciente, organizar esa información yproducir resúmenes e informes periódicos. Diariamente recopilamos las noticias aparecidas enlos principales medios de comunicación, semanalmente elaboramos un resumen de losprincipales acontecimientos y anualmente preparamos un informe de la corrupción salvadoreña.Todo ese material está en el línea y representa un valioso recurso para rescatar y conservar lamemoria histórica

También hemos venido ayudando a la formación de redes, organizando listas de contactos deindividuos y organizaciones anticorrupción. Mantenemos directorios de ONGs anticorrupciónlatinoamericanas, periodistas de investigación, proyectos de periodismo frente a la corrupción,calendarios de eventos y publicación de pronunciamientos. A nivel local mantenemos undirectorio de iniciativas anticorrupción salvadoreñas, un índice de legislación anticorrupción, unresumen de los casos de corrupción de 1999 y otros recursos. Además apoyamos lasactividades regionales de investigación a través de enlaces a bibliotecas virtuales y aorganizaciones internacionales, de gobierno, medios de comunicación y otros.

Así, la página de Probidad es un centro de recursos abierto las 24 horas del día y los 7 días dela semana para cualquier persona que desee utilizarlos. Todo es lo hemos construido gracias aInternet.

Todo el trabajo de Probidad ha sido voluntario y todos los gastos han sido financiados por susmiembros, a excepción de los gastos de viaje para eventos internacionales que han sidopagados total o parcialmente por el USAID/El Salvador, CREA Internacional, el CentroInternacional para la Empresa Privada (CIPE) y la Fundación Konrad Adenauer. Hasta la fechano ha habido tiempo para legalizar la ONG y escribir proyectos. Aún así se han tenido ofertas definanciamiento, pero en todos los casos han existido condiciones, que generalmente se traducenen respetar la línea de la organización que brinda el financiamiento y reducir la libertad de la quegozan todas las personas que contribuyen a la página web de Probidad y que escriben en eljornal, la Revista Probidad. Aunque siempre estamos abiertos a encontrar recursos económicospara mantener la Revista, que implica un esfuerzo de organización y dedicación enorme, nosmantendremos fieles a conservarla tal y como es.


Venciendo la corrupción en la anticorrupción a través de Internet

Internet es para Probidad el mecanismo para evitar ser víctima de la corrupción en laanticorrupción. Nos obliga a ser bien transparentes con todo el mundo, mucho sobre nuestravida y nuestros pensamientos están en la páginas de Probidad y frecuentemente estamosatendiendo consultas a través de correo electrónico que nos preguntan cosas más específicassobre los miembros de Probidad. Como es bien transparente, nadie puede apropiarse de ella niutilizarla para fines personales o políticos, cuando alguien lo haga, simplemente todo el mundose dará cuenta.

Aún creemos que se puede avanzar mucho en materia transparencia en las iniciativasanticorrupción. En ellas no debería existir el concepto de información confidencial o privada. Siqueremos ganar la credibilidad de la gente y ser consistentes con nuestros planteamientos,debemos empezar dando el ejemplo y poniéndonos reglas más rígidas de las que pedimos algobierno.

Conclusión

Todos nosotros, los latinoamericanos involucrados en la anticorrupción, tenemos un necesidadenorme de forjar y construir iniciativas que sean productos y que reflejen nuestra identidadnacional, además de reconocer y enfrentar los hechos históricos, las costumbres, las creencias ylas relaciones de poder político y económico que propician, protegen y favorecen la corrupción.Necesitamos una anticorrupción latinoamericana, propia, hablada en nuestro idioma, construidasobre los éxitos y fracasos de los activistas que día a día combaten la corrupción en nuestrospaíses en formas muy diversas y creativas

También necesitamos apremiantemente un compromiso genuino con la anticorrupción, basadoen una verdadera indignación por el grave perjuicio que la corrupción ocasiona en nuestrassociedades. Hay que erradicar la corrupción de la anticorrupción, señalando a los individuos yorganizaciones que ocupan la anticorrupción como una tarjeta de presentación para satisfacersus intereses políticos y personales. Hay que aplicar reglas rígidas de transparencia en lasiniciativas anticorrupción y predicar ante todo con el ejemplo de lo que es y deben serorganizaciones e individuos con conductas éticas, responsables y solidarias.

Además, sin recursos adecuados de comunicación y difusión, recopilación de información,investigaciones y monitoreo, contactos y redes nacionales y regionales, entre otros, es poco onada lo que se puede hacer para lograr golpear las estructuras de corrupción y abrir espaciospara lograr reformas verdaderas y perdurables.

En todos los casos Internet es la mejor herramienta para maximizar el impacto de laanticorrupción latinoamericana en este momento. Ojalá que esta ponencia ayude a comprenderla importancia que los recursos de Internet tiene para la anticorrupción y sirva de reflexión críticade que lo se está haciendo y lo que se puede y debe hacer.

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Reseña biográfica

Jaime López es co−editor de la Revista Probidad. con sede en El Salvador e Internet. El jornalanticorrupción latinoamericano y sus co−editores fueron nominados esté año para un Premio deIntegridad por el destacado experto anticorrupción Jim Wesberry y por el más reconocidocruzado anticorrupción en la Asamblea Legislativa salvadoreña, su ex vice presidente GersonMartínez. La nominación fue apoyada por el ex presidente de la Corte de Cuentas (1989−1998),Dr. Hernán Contreras, y por el Director del Proyecto de Administración Financiera/USAID enNicaragua, Richard Persons, quien ha conocido el trabajo anticorrupción de López y su co−editora desde que ocupaba el mismo puesto en El Salvador (1993−1995).

La Revista Probidad es un proyecto de Probidad, la primera ONG anticorrupción en El Salvadorque surgió en 1994 para abrir el debate público sobre el problema de la corrupción y promoveralianzas e iniciativas para combatirla. Las actividades de Probidad han contribuido a reportajes yeditoriales en los medios de comunicación y denuncias contra el mal uso de los fondos públicosy el tráfico de influencias. Ha organizado conferencias, proveído asesoría legislativaanticorrupción e impulsado el primer esfuerzo de "lobby" para reformar la administraciónfinanciera, auditoría y control gubernamental y la transformación de la Corte de Cuentas en unacontraloría.

La Revista Probidad es el componente regional de Probidad. Además de proporcionar una vozlatinoamericana a las discusiones internacionales sobre la corrupción en la región y medidaspara reducirla, el jornal, desde su nacimiento en 1999, ha proporcionado diversas servicios deasesoría anticorrupción sin costo a académicos, periodistas, ONGs, empresarios, al ProyectoRespondabilidad/Anticorrupción en las Américas (USAID), a la Fundación de las Américas(OEA), al Centro Internacional de la Empresa Privada (CIPE), y entre otros, a varias empresasde consultoría estadounidenses.

La Revista Probidad está administrando el proyecto regional Periodistas Frente a la Corrupción(PFC) que promueve y facilita mayor y mejor cobertura de la corrupción en los medios decomunicación latinoamericanos.

Jaime López es salvadoreño, especialista en informática y control gubernamental. Desde 1993,ha estado activo en diversas iniciativas anticorrupción en El Salvador. Es miembro del equipodirectivo de Probidad, co−editor del jornal latinoamericano anticorrupción, la Revista Probidad, yco−coordinador de Periodistas Frente a la Corrupción. Fue directivo y presidente de laAsociación de Empleados de la Corte de Cuentas de El Salvador (ADECC, 1993−1998), desdedonde propuso e hizo "lobby" para reformas constitucionales para crear una Contraloría Generaly una nueva legislación para el control gubernamental.

Agradecimientos

La participación de Jaime López en el V Congreso del CLAD en República Dominicana fuegracias a la ayuda financiera de USAID El Salvador a través de CREA Internacional.


Honduras

Ética, Probidad, Transparencia y Desarrollo Sostenible

Por el Economista Mario Rietti,Coordinador del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible y

del Consejo Consultivo de Transparencia [email protected]

INTRODUCCIÓN

Existe consenso en que el fortalecimiento de la ética, la probidad y la transparencia, sonaspectos fundamentales para lograr el desarrollo sostenible. − Asimismo, la ética y la corrupciónson polos opuestos de una misma realidad en Honduras, Centro América y América Latinadesde tiempos de la colonia.

La lucha contra la corrupción y la promoción de la ética, no solo a nivel personal, sino en ladimensión familiar, empresarial y estatal, son fenómenos de aspecto integral que abarcandiversos ámbitos del desarrollo sostenible, incluyendo aspectos culturales, económicos,ambientales, sociales, políticos e institucionales.

Tal como se apunta en las Declaraciones y Compromisos, con respecto a las acciones eficacescontra la corrupción de Lima, Perú, en 1997 y en Durban, Sudáfrica de 1999, "La corrupción esun fenómeno que constituye uno de los legados más debilitantes del siglo XX, amenaza y reta atodos los pueblos del globo terráqueo, pero recae sobre los más pobres del mundo con mayorcrueldad.− Profundiza la pobreza; rebaja los derechos humanos; degrada el medio ambiente;desvía al desarrollo, incluido el desarrollo del sector privado; puede conducir a conflictos en yentre las naciones; destruye la confianza en la democracia y en la legitimidad de los gobiernos.Rebaja la dignidad humana y es condenada universalmente por las principales religiones delmundo".

Aún cuando cada país o región, es un caso especial en lo referente a su cultura, su historia, susistema político y su grado de desarrollo económico y social, en la República de Honduras y enotros países de América Latina, los antecedentes de la corrupción, se remontan a la época de lacolonia y continúan después de la independencia.

A finales del siglo XVIII, según la publicación del BCIE EDUCA "Lecturas de la Historia deCentro América" Newson, LA, 1989, La Minería de la plata en la Honduras Colonial, "Estimar laproducción de la plata en Honduras, es extremadamente difícil debido a los numerosos fraudes eirregularidades, en los cuales cooperaban los mineros, comerciantes y funcionarios reales paraventaja mutua".


Durante la época de la República, conviene recordar que en 1885, el Estado de Honduras,presenta demanda por corrupción al Ex−Presidente Marco Aurelio Soto, accionista fundador dela empresa norteamericana, New York and Rosario Mining Company y que en 1974, se produceel famoso soborno bananero, que culmina con el suicidio del Presidente de la principal empresabananera y la caída del Gobierno Militar de esa época.

Posteriormente, en 1993, un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de losEstados Unidos de América, acusa de corrupción al Gobierno del Presidente Rafael LeonardoCallejas y lo compara con los regímenes corruptos de Mobutu Sese Seko en Zaire, África y losSandinistas en Nicaragua.

Considerando, que la corrupción socava las instituciones democráticas, debilita el Estado deDerecho y constituye una grave amenaza para la convivencia social y el desarrollo sostenible,uno de los principales objetivos políticos de la Alianza Centroamericana para el DesarrolloSostenible (ALIDES), es combatir la corrupción y la impunidad. − Por ello, Honduras y los demáspaíses de las Américas, suscriben en diciembre de 1994, durante la Cumbre de Presidentes deMiami, la declaración anticorrupción que abre el camino para la adopción el 29 de marzo de1996, en Caracas, Venezuela de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.

Para contribuir a la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción enHonduras, durante 1996, bajo el liderazgo moral de Monseñor Oscar Andrés Rodríguez,Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente en aquel entonces del Consejo EpiscopalLatinoamericano (CELAM), organizamos el Capítulo de Transparencia Internacional enHonduras, como Consultores de la Contraloría General de la República y de la OrganizaciónCentroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCEFS).

Asimismo, considerando que de acuerdo con la Doctrina Social de la Iglesia, el mejor antídotocontra la corrupción, es la evangelización en el esplendor de la verdad, en 1997, TransparenciaHonduras, inició una alianza estratégica con el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),quien convocó, entre el 19 y 22 de mayo de 1997, a un seminario sobre "Probidad o Corrupción:Un Desafío Público y Privado", en Santiago de Chile, a un grupo de Obispos para analizar conotros expertos participantes, la realidad de la corrupción en América Latina.

El principal resultado de dicho seminario lo constituyó, la Declaración Ética Contra la Corrupcióndel CELAM, que constituye un valioso documento para promover la ética, la probidad y latransparencia, a fin de lograr el desarrollo sostenible.− Por ello, dentro de una nueva cultura dela legalidad, la gobernabilidad y la buena administración en la búsqueda del resplandor de laverdad; los miembros de Transparencia Honduras, nos hemos adherido a la Declaración ÉticaContra la Corrupción del CELAM y apoyamos las bases para un proyecto de Legislación sobreProbidad Pública y Contra la Corrupción.

Una estrategia contra la corrupción, demanda la plena participación de todos los sectores de lasociedad, incluyendo la sociedad civil, la comunidad empresarial y el gobierno, puesto queningún gobierno, puede esperar enfrentar la corrupción eficazmente, sin el apoyo activo y laparticipación pública de su pueblo.− Dentro de ese contexto, Transparencia Honduras, impulsódurante 1997 y principios de 1998, la aprobación legislativa de la Convención InteramericanaContra la Corrupción, aprobada por el Congreso Nacional de la República, el 28 de abril de 1998,después de la visita que efectuamos ese mismo día, con Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, asu Presidente Profesor Rafael Pineda Ponce.


Asimismo, al ser nombrado el 13 de abril de 1998, por Acuerdo Ejecutivo No.0179−98, comoDelegado Presidencial al Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible, con carácterad−honorem y por Acuerdo No. 0180−98 como Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional deDesarrollo Sostenible (CONADES), continuamos nuestra alianza estratégica con TransparenciaHonduras, para promover la ética, la probidad y la transparencia como bases fundamentales deldesarrollo sostenible.

Para lograr la participación activa de la sociedad civil en la acción mancomunada, dentro de unacoalición global en pro de la transparencia y la eficiencia de la gestión gubernamental, seorganizó el 19 de noviembre de 1998, en el auditórium del Banco Centroamericano deIntegración Económica, el Primer Taller de Integridad Nacional, para elaborar una estrategiaintegral, para combatir la corrupción, con una moral y una ética distinta para Honduras, siguiendoel Decálogo del Presidente Carlos R. Flores, que establece en su numeral 9 "Si queremos unamoral y una ética distintas para Honduras, iniciemos dando el ejemplo. Que cada uno ensu respectiva actividad practique la ética, la moral y la honestidad. Guerra sin cuartel alos corruptos, pero igual castigo a los corruptores" .

Asimismo, para que todos empujemos en la misma dirección, trabajando mancomunadamente yapoyando a los demás, a fin de cumplir con los objetivos y funciones del Consejo Nacional deDesarrollo Sostenible (CONADES) y de Transparencia Honduras, con Monseñor Oscar AndrésRodríguez y otros destacados miembros de la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno,abrimos nuevos espacios para la participación pública, en el logro de la transparencia y lagestión gubernamental, organizando dentro de la estructura del CONADES, el respectivo Sub−consejo Nacional de Gestión de Transparencia, integrado por representantes de los sectorespúblicos y privados.

El principal objetivo del Sub−consejo Nacional de Gestión de Transparencia, que estamoscoordinando en nuestro carácter de Coordinador del CONADES y del Consejo Consultivo deTransparencia Honduras, es diseñar una estrategia de ética, probidad y transparencia paralograr el desarrollo sostenible, estableciendo un sistema nacional de integridad, que haga de lacorrupción un alto riesgo, con una baja tasa de retorno.

Para implementar el Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de unaNueva Honduras, durante 1999, iniciamos un proceso participativo, a través de talleres yseminarios, organizados en varias ciudades secundarias de Honduras y preparamos eldocumento de trabajo "Participación Pública, Transparencia y Desarrollo Sostenible, enseguimiento a la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), para laconcertación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS).

OBJETIVOS Y COMPROMISOS POLÍTICOS DE ALIDESY DE LAS CUMBRES DE LAS AMERICAS

Según la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), la democracia, comoforma básica de convivencia humana, se constituye en uno de los enfoques principales deldesarrollo sostenible, adoptado por los Presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,Honduras, Nicaragua y Panamá y el Primer Ministro de Belice en La Cumbre EcológicaCentroamericana para el Desarrollo Sostenible, en Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de1994 y en la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica de Tegucigalpa,


Honduras, el 25 de octubre de 1994.

Convencidos de que la democracia, la paz y la transparencia son indispensables para eldesarrollo sostenible, los Jefes de Estado y Gobierno, definen los principios, objetivos ycompromisos de la Alianza para el Desarrollo Sostenible, destacándose como principalesobjetivos políticos los siguientes:

1. Apoyar los procesos de paz y reconciliación de los países de la región.

2. Promover la vigencia plena de los derechos humanos.

3. Fortalecer el estado de derecho y las instituciones democráticas.

4. Combatir la corrupción y la impunidad.

5. Fortalecer la capacidad administrativa y de gestión municipal, a fin de atenderdirectamente los problemas de cada localidad.

6. Perfeccionar los mecanismos de participación política y electoral.

7. Apoyar formas diversas de organización comunitaria que preserven la identidad nacionalen el marco de su pluralidad cultural y diversidad étnica.

8. Combatir las causas que originan la violencia y la criminalidad, entre ellas el narcotráfico.

9. Modernizar las instituciones del Estado para que respondan eficientemente a susfunciones.

Posteriormente, en el Plan de Acción de la Primera Cumbre de las Américas, realizada enMiami, Florida del 9 al 11 de diciembre de 1994, la lucha contra la corrupción y otros objetivospolíticos de ALIDES, adquieren importancia fundamental en la preservación y el fortalecimientode la comunidad de democracia de las Américas y el fomento de la confianza mutua.− LaCumbre de Miami, declaró que la democracia efectiva, requiere que la corrupción sea combatidade manera integral, dedicando el punto cinco del Plan de Acción a la Lucha Contra la Corrupción,con un compromiso de adoptar medidas concretas, para desarrollar normas sobre probidad ytransparencia en los asuntos de Gobierno, a fin de promover y fortalecer el desarrollo de losmecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en elContinente.

En Miami, los mandatarios del Hemisferio, se comprometieron a promover el debate público,sobre el problema de la corrupción y al establecimiento de prioridades, que permitan:

1. Lograr transparencia y rendición de cuentas.

2. Controlar las funciones gubernamentales.

3. Facilitar el acceso del público a la información para realizar auditorías externas.

4. Establecer normas de conflicto de interés para empleados públicos.


5. Desarrollar medidas contra el enriquecimiento ilícito.

6. Articular con los gobiernos de otros países sanciones contra el soborno en transaccionesfinancieras o comerciales, realizadas por las empresas de esos países en AméricaLatina.

7. Invitar a la OEA a que se vincule con la OCED en la lucha contra el soborno entransacciones internacionales.

8. Establecer mecanismos de cooperación con los sistemas bancarios y judicial parainvestigaciones internacionales.

9. Fortalecer los procesos de recaudación de impuestos, administración de la justicia yprocesos legislativos y electorales.

10.Establecer una Convención Interamericana Anticorrupción.

Asimismo, el 10 de diciembre de 1994, en Miami, Florida, los Gobiernos de los Estados Unidos yde Centro América, reconocen la trascendencia de la participación de todos nuestros pueblospara asegurar el logro de los objetivos de ALIDES y suscriben la Declaración ConjuntaCentroamérica−USA (CONCAUSA), convirtiéndose así los Estados Unidos, en el primer socioextrarregional de la ALIDES.

Dentro de ese contexto, cumpliendo con los compromisos en materia política de ALIDES, quetienden a perfeccionar y profundizar los procesos de descentralización y desconcentración de losservicios del Estado, instando a los Consejos Nacionales para el Desarrollo Sostenible, para queintercambien experiencias y avances en esta materia, para facilitar la consolidación de diferentesformas de organización de la sociedad civil, se impulsa el compromiso de mejorar laadministración de justicia y combatir la corrupción y delincuencia, garantizando la seguridadciudadana.

Posteriormente, en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, los Estados Miembros de laOrganización de los Estados Americanos (OEA), suscriben la Convención Interamericana Contrala Corrupción, convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las institucionespúblicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollointegral de los pueblos y de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil, en laprevención y lucha contra la corrupción.

El Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas, suscrito en Santa Cruz de laSierra, Bolivia, el 8 de diciembre de 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno, elegidos de lasAméricas, convencidos con la urgente necesidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible,fortalecen la concientización social, con un amplio enfoque que promueva la participaciónpública, la integración, la cooperación hemisférica, la equidad y la justicia social, para superar losproblemas que afrontan nuestros pueblos y asegurar un nivel de vida adecuado y digno para lasgeneraciones presentes y futuras.

Dicho Plan y el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago de Chile, apoyan la integración y elfuncionamiento de los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible (CONADES), usando laexperiencia de Centro América y otros Consejos existentes en el hemisferio, promueven la ética,la participación pública y la transparencia, en la formulación, ejecución y mejoramiento de


políticas y programas de desarrollo sostenible, vinculando los objetivos económicos, sociales ypolíticos, con la protección del ambiente y los recursos naturales, dentro de una visión amplia deldesarrollo sostenible.

En ese contexto del desarrollo sostenible, como un proceso de cambio progresivo en la calidadde vida del ser humano, por medio del crecimiento económico con equidad social, ética,transparencia, equilibrio ecológico y participación ciudadana, para garantizar la calidad de vidade las futuras generaciones, fueron organizados en Honduras, el Consejo Nacional de DesarrolloSostenible (CONADES) en 1994 y el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional (TI−Honduras) en 1996, cuyos objetivos y funciones analizamos a continuación.

EL ROL DE CONADES Y TRANSPARENCIA HONDURAS

El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), es la instancia de participación mixtadel gobierno, la sociedad civil y la empresa privada, para mantener la coherencia y consistenciade los programas, políticas y proyectos de desarrollo sostenible, por mandato de la Agenda 21 yde ALIDES, con los siguientes objetivos y funciones:

� Asesorar al gobierno (o al Presidente de la República) en políticas y estrategias dedesarrollo.

� Coordinar el seguimiento de las acciones en materia de desarrollo sostenible.

� Facilitar el diálogo o crear alianzas entre los diversos sectores participantes.

� Dar seguimiento y monitorear el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Gobiernode Honduras en las diferentes Cumbres Presidenciales relacionadas con el desarrollosostenible.

� Conceptualizar, poner en práctica y dar seguimiento a la Agenda 21 y la AlianzaCentroamericana para el Desarrollo Sostenible.

� Promover reformas políticas, leyes, programas y proyectos que favorezcan el desarrollosostenible.

� Ofrecer foros para intercambio de información e influenciar a quienes toman lasdecisiones políticas.

De conformidad con su decreto de creación, el CONADES lo preside el Presidente de laRepública, y actúa como Coordinador el Delegado Presidencial al Consejo Centroamericano deDesarrollo Sostenible, quien también desempeña a medio tiempo las funciones de SecretarioEjecutivo. Está integrado por 22 miembros, de los cuales 12 son del sector público y 10 delsector privado, incluyendo la sociedad civil, ONG’s, obreros, campesinos, cooperativas,patronatos y el sector académico.

El Capítulo Nacional de Honduras de Transparencia Internacional (Transparencia Honduras), fueorganizado en 1996 como un organismos no gubernamental, independiente, sin atadura a


partido político o grupo de interés social alguno; cuya finalidad es la de prevenir y combatir lacorrupción, tanto del sector público como privado, sensibilizando a la opinión pública para hacercomprender a la ciudadanía, los daños que la misma ocasiona, comprometiéndose a llevar alpúblico la experiencia positiva de otros países.

Los Estatutos de Transparencia Honduras, fueron aprobados por el Presidente Constitucional dela República, mediante resolución No. 189−96, del 10 de septiembre de 1996 y publicados en elDiario Oficial La Gaceta de la República de Honduras el 7 de diciembre de 1996.− Los objetivosy funciones de Transparencia Honduras, tienden a fortalecer los principios éticos del país,mediante la educación pública y otros programas para proveer información sobre la corrupción;incentivar al Gobierno de la República para aplicar a normas apropiadas de conducta entransacción de negocios internacionales, promover mecanismos para hacer efectivo elcumplimiento de normas de conducta para el correcto y honorable ejercicio de la función pública,tal como se establece en la Convención Interamericana Contra la Corrupción; desarrollar eimplementar una estrategia nacional contra la corrupción, a través de coaliciones y alianzas conotras entidades interesadas en el tema y colaborar en forma creativa y crítica con el Gobierno enel desarrollo y fortalecimiento de las estrategias contra la corrupción en Honduras.

Para lograr una participación activa y responsable en la lucha contra la corrupción, el CONADESy Transparencia Honduras, han constituido una alianza estratégica con otros sectores de lasociedad civil, a fin de promover la ética, la probidad y la transparencia como basesfundamentales del desarrollo sostenible.

Asimismo, para tratar materias o asuntos específicos, relacionados con la ética, la probidad y latransparencia para el desarrollo sostenible, después del Primer Taller de Integridad Nacional,realizado el 19 de noviembre de 1998, en el auditórium del Banco Centroamericano deIntegración Económica (BCIE), se organizó el Sub−consejo Nacional de Gestión deTransparencia, que tiende a promover la implementación de políticas públicas y privadas,necesarias para combatir la corrupción y lograr la ética, la probidad y la transparencia en eldesarrollo sostenible.

Como se ha manifestado con antelación, buscando una moral y una ética distintas paraHonduras, el CONADES y Transparencia Honduras, organizaron el 19 de noviembre de 1998, elPrimer Taller de Integridad Nacional para elaborar una estrategia integral para combatir lacorrupción en el contexto de los principios y objetivos específicos de ALIDES y la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción.

En este taller, participaron como principales expositores Monseñor Oscar Andrés Rodríguez y elSr. Michel Camdessus, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienesapoyando la Declaración sobre la Alianza para el Crecimiento Sostenible de la EconomíaMundial, adoptada durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 1996,propusieron, fomentar el buen gobierno en todos sus aspectos, garantizando el imperio de la ley,velando porque el sector público sea más eficiente y rinda cuenta de sus acciones y luchandocontra la corrupción.

Participaron en dicho taller más de 200 representantes del sector público, privado y de lasociedad civil, incluyendo varios Secretarios de Estado, representantes del Congreso Nacionalde la República, la Contraloría General de la República, la Dirección de Probidad Administrativa,el Fiscal General del Estado y representantes del Consejo Ciudadano, el Consejo Hondureño dela Empresa Privada, la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras, elConsejo Nacional de la Microempresa de Honduras, la Cámara de Comercio e Industrias de


Tegucigalpa, la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación de Municipios de Honduras, elConsejo de Educación Superior, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UniversidadJosé Cecilio del Valle, la Confederación Hondureña de Cooperativas, la Oficina Gubernamentalde la Mujer, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Asociación de Organismos NoGubernamentales (ASONOG), el Colectivo Feminista Mujeres Universitarias, el Centro deInvestigación y Promoción de Derechos Humanos, la Confederación de Trabajadores deHonduras, la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras, la Fundación Democracia yDesarrollo de Honduras, la Universidad Tecnológica Centroamericana, la UniversidadPedagógica Nacional Francisco Morazán, el Consejo Empresarial Hondureño de DesarrolloSostenible, la Comisión de Desarrollo Sostenible del Congreso Nacional, el Foro Nacional deConvergencia, la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, el Colegio Médico, el Colegio de IngenierosAgrónomos, el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras, elColegio Hondureño de Economistas y de otros colegios profesionales y fundaciones para lademocracia y desarrollo de Honduras.

Después de un amplio proceso de consulta, efectuado del 19 al 26 de noviembre, losparticipantes en el taller, suscribimos el día jueves 26 de noviembre de 1998, el CompromisoNacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una Nueva Honduras, que establece loselementos de un sistema de integridad nacional, fundamentado en la ética, la probidad y latransparencia para el desarrollo sostenible.

Este Compromiso, en el contexto de ALIDES, la Agenda 21, los Planes de Acción de lasCumbres de las Américas y el proceso de consulta de la Carta de la Tierra, siguiendo elDecálogo del Presidente de Honduras Carlos R. Flores, propone una serie de medidas yacciones para:

1. La moralización del Estado y el diálogo entre los diversos sectores participantes a fin depromover los valores cívicos, éticos, morales, ambientales y tributarios en formatransparente dentro de un sistema educativo orientado hacia el trabajo y la vida.

2. Promover la participación ciudadana en políticas y estrategias de desarrollo sostenible,creando mecanismos eficaces que le den credibilidad a los partidos políticos sustentadosen principios éticos y morales.

3. Fortalecimiento de las instituciones y mecanismo para la prevención y control de lacorrupción, adoptando las bases para un proyecto de legislación sobre probidad pública,y contra la corrupción, elaboradas por el CELAM y Transparencia Honduras.

4. La promoción de la familia como base de la sociedad hondureña y la integración de laspolíticas económicas, sociales y culturales en las iglesias, los centros de enseñanza, losmedios de comunicación, la sociedad civil, los partidos políticos y el gobierno de laRepública.

5. La conservación y el uso de la biodiversidad para el desarrollo sostenible dentro de losobjetivos de ALIDES, la Agenda 21 y el proceso de consulta de la Carta de la Tierra.

6. La promoción de la transparencia en programas y proyectos que favorezcan el desarrollohumano sostenible mediante campañas educativas, sistemas de administraciónfinanciera integrada, evaluación y control de resultados, participación ciudadana, a fin depromover una moral y una ética distinta para Honduras.


7. La lucha contra la pobreza y el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de losacuerdos suscritos por el gobierno de Honduras, promoviendo la transparencia como laregla de oro de una cultura de la legalidad y la buena administración.

8. La concertación de un proyecto de país mediante la implementación y seguimiento delCompromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una NuevaHonduras, a través del CONADES, Transparencia Honduras y el Foro Nacional deConvergencia.

9. La formulación y ejecución de políticas relativas al desarrollo sostenible dentro de losobjetivos e instrumentos de ALIDES, la Agenda 21 y los Acuerdos de las Cumbres delos Presidentes de América en Miami, Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile,promoviendo la participación pública en forma transparente, efectiva y responsable en latoma de decisiones de acuerdo con las experiencias exitosas de la EstrategiaInteramericana de Participación Pública de la OEA y de los sistemas de integridad delBanco Mundial y Transparencia Internacional.

10.Fomentar condiciones que fortalezcan permanentemente la capacidad y participación dela sociedad para mejorar la calidad de vida presente y futura, transmitiendo con nuestrafe en Dios y en el futuro de una nueva Honduras la coherencia y consistencia de laspolíticas, programas y proyectos con la estrategia concertada de un futuro sostenible.

Convencidos de que sólo la concertación, la tolerancia, la transparencia y la justicia puedenhacer sostenible la democracia en Honduras, así como suscribimos, en noviembre de 1998, elCompromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una Nueva Honduras,hemos continuado trabajando bajo el liderazgo moral de Monseñor Oscar Andrés Rodríguez y elapoyo de varios Colegios Profesionales Universitarios, en el fortalecimiento de las institucionesdemocráticas, a fin de garantizar las libertades fundamentales y la participación creativa de lasociedad civil en la gestión de desarrollo sostenible que integre a sectores tradicionalmenteexcluidos de sus beneficios como son los pobres.

Asimismo, en la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS), conCriterios e Indicadores de Sostenibilidad, a fin de revertir para el 2015 la pérdida de los recursosecológicos, hemos comprobado que son los pobres quienes más sufren por la corrupción, lacontaminación de la atmósfera y el agua y las prácticas insostenibles de producción, por no tenernuestra generación la valentía de cumplir los compromisos internacionales para el desarrollosostenible, adoptados en varias conferencias de las Naciones Unidas y de la Organización de losEstados Americanos (OEA).

COMPROMISO NACIONAL DE INTEGRIDAD PARA ELDESARROLLO SOSTENIBLE DE UNA NUEVA HONDURAS

Por considerarlo de interés para los lectores de la Revista Probidad, que representa unainnovación en el campo de las publicaciones, para promover la ética, la probidad y latransparencia para el desarrollo sostenible, presentamos a continuación los diez puntoscompletos del Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una NuevaHonduras.


1. Para construir un Estado que sea eminentemente democrático y participativo, fuerte yeficaz, legitimo en su origen, ético en su conducta y eficiente en su Administración, elGobierno de la República, dentro de la independencia de los tres Poderes del Estado,debe asumir el compromiso de la moralización del Estado, proponiéndose las siguientesmedidas:

1.1. Impulsar por medio de la Secretaría de Educación, la incorporación obligatoria, a losplanes de estudio en todos los niveles, de cursos de enseñanza que promuevan losvalores cívicos, éticos, morales, ambientales y tributarios dentro de un sistema educativoorientado hacia el trabajo y la vida; con principios de equidad de género, mejorando lacalidad de incentivos a los maestros.

1.2. Exigir a todos los funcionarios públicos el respeto irrestricto al principio de legalidady promover reformas administrativas institucionales para reducir en lo posible losconflictos de interés en la administración pública y controlar los actos de corrupción alinterior de ésta.

1.3. Establecer mecanismos de transparencia que ofrezcan a los funcionarios públicos ya la sociedad civil, medios para denunciar supuestos actos de corrupción y asegurar elcontrol independiente de los sistemas y procedimientos.

1.4. Constituir un poder judicial independiente para que sus procedimientos ydeterminaciones constituyan una barrera efectiva contra la corrupción;

1.5. Respaldar el desarrollo de mecanismos que promuevan la responsabilidad y latransparencia en los procesos democráticos, tales como la supervisión de elecciones, elcontrol de gastos de los partidos y la asignación de los recursos del Estado a éstos.

1.6. Garantizar la existencia de una prensa libre e independiente que ejerza el papel devigilante público.

1.7. Fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras del Estado (EFEs), apoyando al MinisterioPúblico y desarrollar, a través de la Dirección de Probidad Administrativa, un sistemapúblico de adquisiciones y licitaciones abierto, competitivo y transparente.

1.8. Promover una clara definición de funciones y responsabilidades, acceso del públicoa la información, transparencia en la preparación, ejecución, publicación y control delpresupuesto con una evaluación independiente que dé garantías de integridad, con unproceso de rendición de cuentas sobre la gestión pública.

1.9. Limitar, interpretar y esclarecer que la inmunidad de los Diputados correspondeúnica y exclusivamente para proteger la actividad Parlamentaria y bajo ningún puntopara fomentar la impunidad de actos administrativos y civiles, así, como de otranaturaleza ajena a la función Parlamentaria. Asimismo, que el Congreso Nacionaldeclare con formación de causa, a todas aquellas personas que tienen asuntospendientes con el Estado, independientemente de la época y momento en que actuaronen sus funciones y que hoy continúan escudándose en la inmunidad parlamentaria.

1.10. Ratificar en la presente Legislatura el Decreto 160−97 que el Soberano CongresoNacional aprobó con fecha 16 de octubre de 1997, mediante el cual se reforma elartículo 202 de la Constitución de la República, reduciendo a 80 el número de Diputadosal Congreso Nacional que actualmente es de 128. Para que este Decreto entre en


vigencia en las elecciones generales del 2001 debe ser ratificado por la actual legislaturatal como lo establece el artículo 373 de la Constitución de la República; caso contrario noentraría en vigencia sino para las elecciones del 2005.

1.11. Aprobar y ratificar las reformas constitucionales, así como de la Ley Electoral y delas Organizaciones Políticas conducentes a que las elecciones de Presidente, Diputadosy Alcaldes, sean por voto separado; a fin de lograr una mejor garantía de que losDiputados y Alcaldes representen los intereses del pueblo que los eligió y no a losgrupos de poder.

2. Dentro de un nuevo marco de convergencia entre la ética y la política, la libertad paraoptar al poder público, lleva a mejores resultados y la violencia pierde su fundamento sise mejora la participación ciudadana, creando mecanismos eficaces que le dencredibilidad a la participación política. Para ello, los partidos políticos sustentados enprincipios éticos y morales deben:

2.1. Unir los intereses de diversos grupos y articular sus demandas para contribuir a laestabilidad y paz interna al posibilitar la participación ciudadana ordenada y previsible dediversos grupos en el proceso político. No solo para darle credibilidad a la participaciónpolítica, sino en un concepto más amplio, de manera que abarque todos los campos enel contexto de un proyecto de país.

2.2. Promover la formación y capacitación en cuanto a valores éticos y morales de susmiembros.

2.3. Cumplir con su función de intermediarios entre la población y las esferas públicaspara evitar en éstas actos de corrupción.

2.4. Velar porque sus miembros en el ejercicio de las funciones públicas no cometanactos de corrupción.

2.5. Fortalecer sus consejos disciplinarios y el cumplimiento de sus códigos de ética.

2.6. Promover la transparencia en el proceso de financiamiento de sus actividades ycampañas políticas.

2.7. Servir como vínculo entre los procesos de toma de decisiones y el público engeneral, brindando una manera ordenada para la transferencia política del poder.

3. En el contexto de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la DeclaraciónÉtica contra la Corrupción del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), lasentidades y personas participantes en el Taller, recordamos que la corrupción no sóloafecta el sector público, sino también el sector privado, particularmente en lasactividades monopólicas, en el comportamiento de los gestores de las sociedadesanónimas, en la concentración del poder económico, etc. Por lo tanto, es necesariohacer cumplir la ley, para asegurar la probidad pública y combatir la corrupción y prevenirla corrupción en el sector privado, crear, fortalecer y actualizar los Códigos de Ética entodas las instituciones públicas y privadas, medios de comunicación, grupos de interés,desarrollando políticas de formación y capacitación hacia la ética y la moral para susmiembros. Para ello, nos comprometemos a:


3.1. Adoptar las bases para un proyecto de legislación sobre probidad pública y contra lacorrupción elaboradas por el CELAM y Transparencia Honduras, reduciendo laburocracia, tramitación, discrecionalidad, secreto, ejercicio simultáneo de cargos yfunciones, incompatibilidad de intereses, impunidad, etc.

3.2. Elaborar, aprobar y poner en práctica un Código de Ética del Servidor Público.

3.3. Apoyar el desarrollo de Códigos de Ética y Procedimientos por parte del sectorprivado y promover el papel de medidas disuasivas legales contra las prácticascorruptas.

3.4. Promover una economía social de mercado, competitiva en condiciones de igualdadde oportunidades, en forma descentralizada y desconcentrada, con equidad, paraincorporar a los mas postergados (indígenas, mujeres, analfabetas, los más pobres, etc),a una participación activa en el mercado.

3.5. Elaborar una adecuada legislación anti−monopólica que asegure también latransparencia de la información, que moralice la relación contractual, que evite laconcentración del poder económico, que vele por la rectitud de la gestión, que proteja losintereses de los accionistas minoritarios, que castigue la quiebra fraudulenta o culpable,el soborno privado y la estafa.

3.6. Elaborar mecanismos de cooperación en los sectores bancario y judicial para quesea posible una respuesta efectiva y rápida en las investigaciones de los casos decorrupción.

3.7. Dar prioridad al fortalecimiento de los reglamentos para las comprasgubernamentales, la recaudación de impuestos, la administración de justicia, y losprocesos electoral y legislativo.

4. Conforme a los compromisos contraídos en el marco de la ALIDES, los participantes secomprometen a "articular las políticas económicas con las sociales y culturales de formatal que, con un enfoque integral, se promueva la familia como eje alrededor del cual sepotencialicen las políticas públicas y se dirijan los programas derivados de ellos". Lafamilia es la base de la sociedad hondureña y esto debe ser reconocido:

4.1. Por las Iglesias en sus servicios religiosos, en el trabajo pastoral y en sus propiosmedios de difusión.

4.2. En los Centros de Enseñanza públicos, privados y en el hogar.

4.3. En los medios de comunicación, centros de trabajo y gobiernos locales.

4.4. En las organizaciones de la Sociedad Civil y de la organización comunitaria.

4.5. En los partidos políticos.

4.6. En el Gobierno de la República.

5. El ambiente forma parte integral de la economía. Los recursos naturales debenaprovecharse en forma eficiente y responsable como un bien común de toda la sociedadhondureña. Por lo tanto, los participantes se comprometen a respetar y cuidar de la


tierra, protegiendo y restaurando la diversidad, integridad y belleza de los ecosistemasde Honduras para el logro del desarrollo humano sostenible y compartiendoequitativamente los beneficios de los recursos naturales y la protección ambiental entrericos y pobres, hombres y mujeres y generaciones presentes y futuras.

Así, dentro de los objetivos específicos de la ALIDES, la Agenda 21 y el proceso deConsulta de la Carta de la Tierra, los participantes se comprometen a lo siguiente:

5.1. Estimular una ética de vida que promueva y fortalezca el desarrollo sostenible, comoun proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo colocacomo centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico, conequidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones deconsumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

5.2. Armonizar y modernizar las normas y parámetros ambientales, la legislación y lasinstituciones nacionales encargadas del medio ambiente y los recursos naturales.

5.3. Fortalecer la capacidad de regulación, supervisión y aplicación de normas eincentivos ambientales, así como la tipificación de los delitos ambientales.

5.4. Promover la toma de conciencia y la participación de la sociedad mediante laincorporación de los aspectos ambientales en los sistemas educativos formales y noformales y con la orientación de género.

5.5. Promover procesos de consenso para el ordenamiento territorial, tomando en cuentaaspectos étnicos y de género.

5.6. Revertir el proceso de deforestación, con programas de reforestación y protecciónforestal, especialmente en las cuencas altas de los ríos y de las fuentes de aguacomunitaria, para prevenir y mitigar futuras inundaciones y sequías.

5.7. Promover el desarrollo social y la viabilidad de los sistemas financieros aptos, paracrear y mantener medios sostenibles de subsistencia, erradicar la pobreza y fortalecerlas comunidades locales.

5.8. No infligir al medio ambiente de otros lo que no deseamos ver infligido al nuestro.

5.9. Desarrollar e implementar un marco de trabajo sobre los valores de la Carta de laTierra, como una declaración de principios éticos fundamentales hacia el desarrollosostenible.

6. Para el desarrollo humano sostenible de una nueva Honduras, es indispensable fijarprioridades, crear un clima de respeto a la ley, el cual debe ser el resultado de campañaseducativas y publicitarias que cambien la actitud del hondureño, comprometiéndonos amirar siempre adelante, con una visión de futuro. Por ello, para prevenir la corrupción ypromover la transparencia y la participación cívica, la nueva agenda de Hondurasdeberá:

6.1. Realizar campañas educativas en todos los niveles y por todos los medios paracrear la presión social en favor de la transparencia, la desconcentración y ladescentralización del Estado, especialmente de los municipios y sus estructurasorganizativas Consejos de Desarrollo Comunitarios (CODECOS) y Consejos de


Desarrollo Municipal (CODEM) entre otros, como unidades básicas, territoriales, para ellogro del desarrollo sostenible.

6.2. Señalar las normas que faltan, sobran o dificultan la tarea, entrenando personal,especialmente en sistemas de administración financiera integrada, evaluación y controlde resultados.

6.3. Promover la participación ciudadana en el desarrollo sostenible, creandomecanismos abiertos, accesibles, eficaces, expeditos que estimulen la participaciónpública y la percepción de la ciudadanía con respecto a la estrategia para promover latransparencia y la integridad en las tareas de rehabilitación y reconstrucción deHonduras.

6.4. Incorporar a los medios de comunicación social al proceso de construcción de unanueva sociedad, con ética, honestidad y transparencia, para que nunca al fragor de lacontroversia y la corrupción destruyamos aquello que buscamos alcanzar.

6.5. Para promover una moral y una ética distintas para Honduras, todos debemos dar elejemplo. Que cada uno en su respectiva actividad, practique la ética, la moral y lahonestidad. Igual castigo para los corruptos, los corruptores y los que se benefician de lacorrupción.

6.6. Para superar la corrupción, es necesario asumir un estilo de vida sencillo y austero,coherente con el evangelio en que creemos y entender toda responsabilidad pública,como un servicio a la comunidad y nunca para aprovecharse de los recursos públicos.

7. Los participantes en el Taller consideran que es necesario promover la concienciapública sobre lo que el Santo Padre Juan Pablo II define como una cultura de la legalidady la buena administración, que tiende a redoblar la lucha contra la corrupción, aportandosoluciones duraderas y medidas para acabar con la pobreza. Dentro de ese contexto,frente a la iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres fuertementeendeudados, más conocida por sus siglas en inglés, HIPC y la iniciativa del Jubileo 2000,los participantes solicitan al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al BancoInteramericano de Desarrollo (BID), la condonación de la deuda de Honduras con esasinstituciones multilaterales, haciendo por nuestra parte lo siguiente:

7.1. Promover la transparencia como la regla de oro para el desarrollo sostenible de unanueva Honduras.

7.2. Aprovechar, fomentar y movilizar la iniciativa privada, los mercados competitivos ylas fuerzas empresariales creativas, para encontrar soluciones ambientales óptimas,apoyando proyectos que aumenten directa e indirectamente la capacidad exportadora ygeneren suficientes divisas.

7.3. Definir una estrategia nacional de desarrollo sostenible con la participación, eltrabajo, la entrega y las acciones concertadas de todos los hondureños a través delConsejo Nacional de Desarrollo Sostenible y los diferentes sub−consejos organizados ypor organizar a nivel institucional, sectorial, regional y municipal.

7.4. Crear un clima favorable a las inversiones, estimulando el ahorro y la formación decapital con igualdad de oportunidades en educación, salud y vivienda para las familiasdamnificadas en particular, para la población pobre en general que representa el 80% de


la población nacional;

7.5. Ajustar a las nuevas realidades del país, los términos del ESAF y adherirse a lasNormas Especiales para la de Divulgación de Datos y al Código de Buenas Prácticaspara la Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI).

7.6. Constituir una " isla de integridad" en las licitaciones públicas nacionales einternacionales para la reconstrucción de Honduras y el desarrollo de sistemas ágiles,eficientes, eficaces y transparentes en las adquisiciones, obras públicas y elotorgamiento de concesiones del Estado o sus organismos.

7.7. Proponer que la deuda condonada se convierta en un fondo de reconstrucción ydesarrollo humano sostenible, con amplia transparencia y efectiva participación de lasociedad civil de Honduras, para asegurar que los recursos lleguen a los másnecesitados y con auditoría social supervisada por entidades financierasinternacionales.

8. Para la implementación y seguimiento de este Compromiso Nacional de Integridad parael Desarrollo Sostenible de una Nueva Honduras, el Consejo Nacional de DesarrolloSostenible (CONADES), Transparencia Honduras y el Foro Nacional de Convergencia,serán entre otros, los mecanismos para garantizar una activa participación de lasociedad civil, a través de una alianza entre los diversos sectores participantes, en elPrimer Taller de Integridad Nacional. Esta alianza debe permitir la formulación de unaestrategia de desarrollo sostenible, concertada dentro de los valores, principios yobjetivos de ALIDES y la Agenda 21, para:

8.1. Establecer como tema central de las políticas económicas el tema de la lucha contrala pobreza, particularmente contra la feminización de la pobreza.

8.2. Establecer mecanismos de definición, elaboración, seguimiento y evaluación de laspolíticas económicas con la participación activa de la ciudadanía.

8.3. Superar el sesgo urbano en la visión desarrollista que reduce las oportunidades paralo rural, promoviendo la reforma agraria tal como establece la Constitución de laRepública.

8.4. Dar cumplimiento a las convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos,tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.

8.5. Establecer como país metas de desarrollo por sector y que las mismas seandivulgadas a la población como criterios para analizar la gestión de los gobiernos.Asimismo, contar con mecanismos de control ciudadano en el caso queinjustificadamente no se cumplan las metas.

8.6. Concertar una visión de país, que se convierta en un proyecto de país y no de clase.

8.7. Asegurar mecanismos de consenso PREVIO a la discusión de propuestas de leyesque fortalezcan el carácter de representantes de los legisladores.

9. En el contexto de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), laAgenda 21 y los acuerdos de las Cumbres de los Presidentes de América en Miami,Santa Cruz de la Sierra y Santiago de Chile, se promoverá la participación pública en


forma transparente, efectiva y responsable en la toma de decisiones, y en la formulacióny ejecución de políticas relativas al desarrollo sostenible, recogiendo experienciasexitosas de la Estrategia Interamericana de Participación Pública de la Organización delos Estados Americanos (O.E.A) y de los sistemas de integridad del Banco Mundial y deTransparencia Internacional. Estos procesos de consulta y de participación pública,deben permitir:

9.1. Elevar la conciencia y promover el entendimiento de temas relevantes, para eldesarrollo sostenible.

9.2. Brindar la oportunidad de hacer contribuciones y compromisos, tanto a nivelindividual como gremial, sobre diversas perspectivas y experiencias;

9.3. Desarrollar un amplio sentido público de pertenencia con relación al proceso de laformulación de la Carta de la Tierra, en base a los valores de diversas culturas,religiones y grupos sociales.

9.4. Fomentar condiciones que fortalezcan permanentemente la capacidad yparticipación de la sociedad, para mejorar la calidad de vida, presente y futura.

9.5. Transmitir a la comunidad internacional este Compromiso de Integridad Nacionalpara el Desarrollo Sostenible de una Nueva Honduras, manteniendo la coherencia yconsistencia de las políticas, programas y proyectos, con la estrategia concertada de unfuturo sostenible.

10.Proclamando nuestra fe en Dios y en el futuro de una nueva Honduras, dentro de laAlianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), suscribimos elpresente Compromiso de Integridad Nacional, en el Banco Centroamericano deIntegración Económica (BCIE), el día jueves 26 de noviembre de mil novecientosnoventa y ocho.

IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS

Considerando los compromisos asumidos para combatir la corrupción, en ALIDES y los Planesde Acción de las Cumbres de las Américas, de 1994 en Miami y 1998 en Santiago de Chile, elConsejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), en alianza estratégica conTransparencia Honduras, el Consejo Ciudadano del Ministerio Público, la Dirección General deProbidad Administrativa y otras entidades públicas y privadas, han venido promoviendo unaestrategia anti−corrupción y un Plan Nacional de Transparencia, como parte de la EstrategiaNacional de Desarrollo Sostenible (ENDS).

Para implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS), con criterios eindicadores de sostenibilidad, el CONADES está aplicando los principios, objetivos ycompromisos de ALIDES y la Declaración de la Segunda Reunión del Grupo Consultivo para laReconstrucción y Transformación de Centro América, acordada en Estocolmo, Suecia, el 28 demayo de 1999.


A fin de reducir la vulnerabilidad ecológica y social, reconstruyendo y transformando, con unenfoque integrado con transparencia y gobernabilidad, reforzando la descentralización defunciones y facultades gubernamentales, se hace necesario abrir nuevos espacios para la activaparticipación de la sociedad civil.− Dentro de un nuevo paradigma del desarrollo sostenible, hayque combinar la lucha contra la corrupción con la promoción de la ética, la probidad y latransparencia.

En ese contexto, el Premio Nóbel de Economía 1999 Profesor Amartya Sen, restableciendo unarelación entre los valores éticos y el pensamiento económico, nos lleva de la teoría del bienestara la filosofía moral, para encontrar el desarrollo sostenible.− La necesidad de humanizar elproceso de globalización dentro de una dimensión ética con el desarrollo sostenible, es el nuevoparadigma de la ciencia económica, en la búsqueda de la verdad y la igualdad de oportunidades.

En la Honduras post−mitch, la implementación de los compromisos internacionales para eldesarrollo sostenible y de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, plantea lanecesidad de continuar el proceso participativo iniciado por el CONADES y TransparenciaHonduras, con instituciones del sector público, la empresa privada y la sociedad civil, que dieronorigen al Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una NuevaHonduras.

Este Compromiso en el contexto del Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional(PMRTN), demuestra que existe un creciente consenso sobre la necesidad de reformasinstitucionales de amplio alcance para estimular la eficiencia económica y la equidad social parael desarrollo sostenible.− Sin embargo, como lo han demostrado una serie de estudiosefectuados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las llamadasreformas de segunda generación, están destinadas al fracaso sino toman en cuenta laparticipación pública y las conexiones entre la ética, la política y el desarrollo sostenible.

Estas vinculaciones son complejas y numerosas, puesto que la política juega un rol importanteen la determinación del tamaño y la distribución de los servicios del Estado y en la creación yfuncionamiento de las instituciones públicas, que a su vez, afectan la eficiencia del Gobierno y elsector privado. − Por ello, si la política es clave para la creación y el mantenimiento de lasinstituciones, y éstas últimas son importantes para el desarrollo, la política con una dimensiónética, es a su vez fundamental para lograr el desarrollo sostenible.

La descentralización política que involucra el traslado de las responsabilidades del Gobiernocentral a los niveles sub−nacionales, así como la institucionalización de elecciones directas porseparado de alcaldes y diputados, tiene el potencial de incrementar la respuesta de políticos ygobernantes a las preferencias de las grandes mayorías del electorado.

Por ello, el Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una NuevaHonduras, que suscribimos la mayoría de los miembros del CONADES, el 26 de noviembre de1998 en una alianza con Transparencia Honduras, representantes de las iglesias, sociedad civil,empresa privada organizaciones privadas de desarrollo, universidades, sectores académicos ycolegios profesionales universitarios; constituye junto al Plan Maestro de Reconstrucción yTransformación Nacional (PMRTN), una estrategia de desarrollo sostenible a largo plazo, paraconstruir un Estado que sea eminentemente democrático y participativo; fuerte y eficaz; legítimoen su origen; ético en su conducta y eficiente en su administración, con medidas y acciones depolítica para asumir el compromiso de la moralización del Estado.


Infortunadamente el Congreso Nacional de la República, no logró aprobar y ratificar las reformasconstitucionales para reducir el número de diputados de 128 a 80 y otras reformas conducentesa limitar, interpretar y esclarecer la inmunidad de los diputados y las elecciones de diputados yalcaldes por voto separado, a fin de que los diputados representen los intereses del pueblo quelos eligió y no a los grupos de poder.

Asimismo, para constituir un poder judicial independiente, como una barrera efectiva contra lacorrupción, es importante que el nombramiento, la promoción y la duración en los cargos de losmagistrados y jueces esté libre de influencias políticas, dentro de un nuevo marco deconvergencia entre la ética, la transparencia y el desarrollo sostenible.

Los esfuerzos que se han venido haciendo, con el apoyo de la Agencia Internacional para elDesarrollo de los Estados Unidos de América (USAID) y el Banco Interamericano de Desarrollo(BID), para la reforma y fortalecimiento del sistema judicial, la modernización del Derecho y elacceso a al justicia, especialmente para aquellos con recursos limitado, deben continuarsepromoviendo la conciencia y la participación pública dentro de lo que el Santo Padre Juan PabloII, define como una cultura de la legalidad y la buena administración, que tiende a redoblar lalucha contra la corrupción, aportando soluciones duraderas para acabar con la pobreza.

La educación y la participación pública, son claves para la resolución de los problemasinherentes al manejo de asuntos públicos en un contexto democrático.− Por ello, dentro de unsistema educativo orientado hacia el trabajo y la vida, el Programa Hondureño de EducaciónComunitaria (PROHECO), contribuye a promover los valores cívicos, familiares y morales, parala descentralización del sistema educativo, permitiendo que los padres de familia sean losadministradores de los centros educativos y participen en la implementación y entendimiento detemas relevantes para el desarrollo sostenible.

Considerando, que el desarrollo sostenible es ambiente y mucho más, las estrategias dereducción de la pobreza del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, BID y otrosorganismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, están surgiendo dentro de unnuevo paradigma del desarrollo para cumplir los compromisos políticos, económicos, sociales yculturales con la participación de la sociedad civil, a través de un proceso de participaciónpública.− Esto es fundamental para que los compromisos de largo plazo trasciendan losperíodos de Gobierno y se garantice la continuidad de las estrategias de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, para implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción y elCompromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de una Nueva Honduras, ellunes 4 de septiembre de 2000, fue suscrito un Convenio de Asistencia Técnica y deCooperación Institucional entre el Ministerio Público y la Dirección Ejecutiva de Ingresospara Combatir la Corrupción, los Delitos Fiscales y las Actividades Financieras Ilícitas enHonduras.

El Convenio suscrito por el Abogado Roy Edmundo Medina, en su condición de Fiscal Generalde la República de Honduras y el Licenciado Jorge Yllescas Oliva, Director Ejecutivo deIngresos, ante la presencia como testigo de honor de Monseñor Oscar Andrés Rodríguez,Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente de Transparencia Honduras, contempla:

1. Acciones para Combatir la Corrupción

2. Acciones para Combatir los Delitos Fiscales y


3. Acciones para la Capacitación y Vigencia del Convenio.

Con la suscripción de este convenio, el Estado de Honduras como signatario de la ConvenciónInteramericana Contra la Corrupción, es uno de los primeros países en el Continente Americanoque implementa mecanismos y sistemas para hacer efectivo el cumplimiento de las normas ymecanismos de dicha Convención, para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción enHonduras.

Para ello, ambas instituciones reconocen que una manera adecuada de enfrentar la corrupciónen todas sus formas, es mediante la acción coordinada de los entes públicos responsables deejecutar las disposiciones legales orientadas a su erradicación; con la participación de todos lossectores de la sociedad especialmente la comunidad empresarial, que debe orientar susactuaciones con una concepción ética de servicio público. Para tal propósito:

1.1. La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), facilitara al Ministerio Público lainformación que requiere para sustentar sus acciones legales en los tribunales del país,relacionada con declaraciones de impuestos que consten en sus sistemas contables ode auditorias, que se requieran para casos relacionados con corrupción publica oprivada, delitos financieros y lavado de activos.

1.2. La DEI y el Ministerio Publico sin perjuicio de su mandato de secretividad en lasinvestigaciones, se permitirán acceso a sus sistemas computarizados, en relación conlas investigaciones que realicen sobre robo de vehículos o transacciones irregulares debienes de este tipo que sean conocidos por cualquiera de las partes, para asegurar lasanción de los responsables y el pago de los impuestos legales.

1.3. La DEI a solicitud del Ministerio Publico facilitara en el marco de su régimen legal,toda la información posible para identificar sociedades mercantiles y personas naturales,en relación con actividades que sean de su interés para consolidar investigaciones enproceso.

1.4. Ambas instituciones participaran en el diseño y ejecución de campanas informativaspara sensibilizar a la sociedad sobre su participación en un gran esfuerzo nacional contrala corrupción y el crimen organizado. Incluyendo seminarios, talleres o jornadas decapacitación dirigidas a la sociedad civil.

Por otra parte, según el Convenio, el Ministerio Publico y la DEI, consideran, que lasconsecuencias de los delitos fiscales o tributarios son en perjuicio del Estado y el interés publicoy social, por lo que convienen lo siguiente:

2.1. En los asuntos relacionados con delitos fiscales o tributarios que sean de suconocimiento, el Ministerio Publico lo informara a la DEI la que oportunamente facilitara aeste los resultados de las investigaciones que realice, sin perjuicio que para evitar ladesaparición de elementos o indicios probatorios y en caso de flagrancia, lo denunciaraante el tribunal competente e informara a la Procuraduría General de la Republica.

2.2. Ambas instituciones se comprometen a crear dentro de su estructura una secciónespecial de investigación de delitos fiscales con apoyo técnico y colaboración de losórganos correspondientes de la Policía Nacional.


2.3. En los delitos comunes incluidos dentro de la competencia del Ministerio Publicocometidos por funcionarios y empleados de la DEI, se facilitara a este todos los accesosnecesarios para su investigación a fin de ejecutar la acción penal correspondiente.

2.4. La DEI y el Ministerio Publico, se comprometen a brindarse cualquier otracolaboración no contemplada en el presente Convenio, relacionada con las actividadesque ambas instituciones realizan en función de su competencia.

Finalmente, ambas instituciones reconocen la urgente necesidad de ejecutar un plan conjunto decapacitación de personal sobre las áreas objeto del convenio, para facilitar su cumplimiento yplanificar acciones conjuntas para la capacitación relacionada con la lucha contra la corrupción,delitos financieros, lavado de activos, robo y hurto de vehículos.

Sin lugar a dudas para la implementación y seguimiento de la Convención Interamericana contrala Corrupción y el Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de unaNueva Honduras, este importante convenio constituye una forma de combatir la corrupción en elejercicio de las funciones publicas y privadas, que por su naturaleza pueden generar distorsionesen la economía, vicios en la gestión publica y deterioro de la moral social.

OTRAS INICIATIVAS PARA LA PROBIDAD EN LA FUNCION PÚBLICA

Considerando, que la formación de una conciencia ética y de fortalecimiento de la probidad en lafunción pública, es una necesidad para implementar la Convención Interamericana Contra laCorrupción y que el desempeño adecuado y probo de la función pública es responsabilidad detodo funcionario o empleado del Estado, como forma de servicio a la sociedad, y deberádesarrollarse asegurando la preservación y uso adecuado de los bienes a su cargo, y la eficaciae integridad en la labor, en Honduras, se ha preparado un proyecto de Ley de Probidad en laFunción Pública, que está siendo concertado a nivel interamericano en el grupo de discusión delProyecto Anti−Corrupción Sin Fronteras (ACSF), una iniciativa que tiene por objeto facilitar elintercambio de ideas y fomentar el apoyo mutuo entre Organizaciones No Gubernamentales(ONG´s) en Latino América y El Caribe.

El Proyecto de Ley, es de orden público y tiene por objeto establecer las condiciones para elejercicio honesto y adecuado de la función pública, así como salvaguardar el patrimonio delEstado, previniendo, investigando y sancionando a los servidores públicos, que se valgan de suscargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción.

Según el artículo No. 2, estarán sujetos a las disposiciones de dicha Ley:

1. Todas las personas naturales investidas de funciones públicas, permanentes otransitorias, remuneradas o ad honorem, que ejerzan su cargo por elección, pornombramiento o contrato emanado de la autoridad competente, que presten servicio ocumplan funciones en cualquiera de los Poderes del Estado, en los Municipios o enOrganismos, Dependencias, Establecimientos e Instituciones Centralizadas,Descentralizadas, Desconcentradas o de cualquier otra naturaleza que tengan comofuente recursos del aporte estatal.


2. También lo estará toda persona jurídica, natural, Organizaciones no Gubernamentales ode Desarrollo, que perciba sueldos, dietas o en cualquier forma administre fondos delEstado, maneje fondos o bienes del mismo, o que decida sobre pagos o inversiones defondos públicos.

Función pública, según dicho proyecto de ley, es toda actividad temporal o permanente,remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al serviciodel Estado o de sus entidades cualquiera sea su nivel de jerarquía. Deberá desempeñarsecumpliendo los deberes de lealtad, eficiencia, probidad, responsabilidad, veracidad,imparcialidad, iniciativa y respeto a la ciudadanía y demás funcionarios.

Las disposiciones de la Ley, se aplicarán a las personas indicadas en el artículo 2, aún cuandocumplan funciones o realicen actividades en nombre del Gobierno, fuera del territorio de laRepública, quedando obligadas a presentar Declaración Jurada de Bienes dentro de los treinta(30) días siguientes a la toma de posesión de su cargo o empleo.

Dicha declaración jurada, deberá contener una relación detallada de todos los ingresos yegresos anuales personales y del núcleo familiar, bienes o créditos que formen su patrimonio,así como una relación de su pasivo y separadamente, los de su cónyuge, compañero ocompañera de hogar, hijos bajo patria potestad y pupilos, así como los bienes ajenos queadministre, con indicación, en su caso, del pasivo que los afecte. La Dirección de ProbidadAdministrativa, tendrá facultades para hacer investigaciones sobre adquisiciones, traspasos, otransferencia de bienes o valores de cualquier naturaleza realizados por el servidor del Estadoque estuviere sujeto a una investigación, cuando éste los hubiere realizado a favor de familiaresu otras personas, en aquellos casos en que resulten indicios que dichas operaciones seanproducto de actos simulados o dolosos.

La declaración deberá al menos contener:

1. Cuando se trate de bienes inmuebles o muebles sujetos a inscripción, indicará elnúmero, folio si lo tuviere y tomo del registro correspondiente.

2. Cuando se trate de otra clase de bienes u obligaciones, indicará con claridad y precisióntodos los datos que permitan su identificación y naturaleza de los mismos.

3. Proporcionará, además, todos los datos o información que indica el Reglamento de laLey.

Juntamente con la declaración, deberán acompañarse los documentos que la justifiquen.

Según el artículo 7 del Proyecto de Ley, las personas naturales o jurídicas que ejecuten obras,suministren bienes o servicios al Estado, a los municipios, entes autónomos o desconcentrados,deberán prestar y dar acceso a toda la información y documentación pertinente para el casoespecífico, derivada de su relación con el Estado, cuando les sea exigido por la Dirección deProbidad Administrativa en el curso de sus investigaciones.

La Dirección de Probidad Administrativa exigirá la declaración jurada de bienes a los empleadosy funcionarios que intervengan en la gestión de fondos públicos; administren patrimoniospúblicos o privados por decisión del Estado; integren comisiones de adjudicación de bienes enprocesos de licitación; sean responsables de la compra o recepción de bienes o de otorgar


habilitaciones o autorizaciones, de la aplicación de disposiciones que regulan las obligaciones,procedimiento y operaciones aduaneras y cuyo salario mensual sea superior a OCHO MILLEMPIRAS.

La Dirección de Probidad Administrativa podrá exigir la declaración jurada de bienes a personasdistintas a las indicadas en el artículo 2 de ésta Ley, cuando de las investigaciones de que estáconociendo, surjan indicios de delitos contra el patrimonio público. Los requeridos deberánformularla dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fechade la notificación o requerimiento; ante la negativa de éste a brindar la información solicitada,dará lugar a exigirla por la vía judicial correspondiente.

La Declaración de bienes, contendrá autorización expresa e irrevocable del declarante,facultando a la Dirección de Probidad Administrativa para que sean investigadas sus cuentas,depósitos bancarios, bienes o negocios situados en el país o en el extranjero.

Dichas declaraciones incluirán las operaciones de cualquier naturaleza que haya realizado o estéhaciendo el investigado con cualquier persona natural o jurídica, dentro o fuera del país, y en lasque se haga uso de dinero o valores propios, o ajenos.

Ninguna institución del sistema financiero nacional, podrá negarse a brindar la informaciónrequerida directamente por la Dirección de Probidad Administrativa, bajo pretexto de secretobancario; pero la información que brinden sólo podrá ser utilizada para los fines de lainvestigación y con la reserva del caso. La contravención de esta norma, generaráresponsabilidad para los funcionarios o ejecutivos de las indicadas instituciones que se negareno dilataren la información solicitada.

Con éste Proyecto de Ley, la Directora de Probidad Administrativa, Abogada Selma Estrada deUclés, quien suscribió el 26 de noviembre, el Compromiso Nacional de Integridad para elDesarrollo Sostenible de una Nueva Honduras y que forma parte del Sub−consejo para laGestión de Transparencia del CONADES, nos reafirma su interés en promover leyes, programasy proyectos, que favorezcan la ética, la probidad y la transparencia para el desarrollo sostenible.

Como otras iniciativas para la probidad en la función pública, conviene también mencionar lainstitucionalización a través de la Contraloría General de la República de Contralorías Sociales.Estas consisten, en la participación sistemática, objetiva y voluntaria de la población organizada,para velar porque los procesos de planificación y ejecución de proyectos realizados con fondosestatales o municipales, beneficien a sus comunidades y se realicen en las condiciones decalidad, tiempo y costos convenidos; caso contrario, propiciar la aplicación de accionescorrectivas por parte de las autoridades competentes.

La Contraloría Social se rige por principios como: i) respeto y libertad de organización de lapoblación, sin distingo de clases sociales, políticas, religiosas o de cualquier otro orden; ii)Participación organizada de la comunidad, para asegurar que la inversión se destine paraalcanzar los objetivos y metas previstos en condiciones de economía, eficiencia y eficacia; iii)Corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil en general, para lograr la solución a losproblemas más agudos de las mayorías; iv) Propiciar transparencia, honestidad y eficiencia en laadministración de los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo,destinados a la inversión social.


La Contraloría Social, está asentada en un triángulo que conforman: i) La Contraloría General dela República, a través de la Unidad de Coordinación de las Acciones de la Contraloría Social querecibe y atiende las denuncias formuladas por la ciudadanía, los contralores sociales y cualquierotra persona natural o jurídica; ii) Las unidades ejecutoras de proyectos (FHIS, IMPREMA,INJUPEMP, Municipalidades y otras organizaciones públicas o privadas que ejecutan proyectoscon inversión pública), quienes designan coordinadores para mantener comunicaciónpermanente con la CGR y con las agrupaciones ciudadanas vigilantes del cumplimiento de loscontratos de ejecución de obras de beneficio social; iii) Cada agrupación popular designa unContralor Social para dirigirlos y comunicar la CGR y a los coordinadores de las unidadesejecutoras, los errores o hechos irregulares importantes originados por incumplimiento detiempo, calidad, impacto ambiental, beneficios sociales y costos de los contratos de obras deinversión estatal.

Adicionalmente, en materia de auditoría social, desde su planteamiento original presentado enEstocolmo, Suecia, el Gobierno de Honduras ha apoyado las iniciativas surgidas de la sociedadcivil y el Comisionado de los Derechos Humanos, presentó un Informe de la Auditoría Social,sobre el manejo de la ayuda internacional a consecuencia del Huracán Mitch, a fin de contribuir ygarantizar la transparencia en el manejo de los fondos donados a Honduras, en el proceso dereconstrucción y transformación.

Finalmente, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la comunidadcooperante, el Gobierno de Honduras, ha lanzado el Programa de Eficiencia y Transparencia enlas Compras y Contrataciones del Estado, que incluye el concepto y la figura de una inspectoríageneral de proyectos, teniendo como ente ejecutor a la Comisión Presidencial de Modernizacióndel Estado, adscrita al Despacho Presidencial.

El objetivo principal de éste Programa, es, promover la eficiencia y la transparencia en lascompras y contrataciones del Estado, en forma sostenible, mediante la modernización de lasinstituciones del sector público involucradas, del marco jurídico en que estos procesos sedesenvuelven y de los instrumentos operativos y organizacionales de que se valen.

Las iniciativas anteriores para la probidad en la función pública, contralorías y auditoríassociales, eficiencia y transparencia en las compras y contrataciones del Estado, representanmagníficos ejemplos del esfuerzo que estamos realizando los hondureños, para implementar losobjetivos y compromisos de la Agenda 21, ALIDES y la Convención Interamericana Contra laCorrupción, promoviendo la ética, la probidad y la transparencia, a fin de lograr un desarrollosostenible.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos hay que mejorar la imagen del país en el exterior,modernizando el sistema de administración de la justicia, sin influencias políticas de ningunaclase y promoviendo la carrera judicial, que garantice la estabilidad de jueces y magistrados;revisar el sistema de inmunidades de los empleados públicos, promover la transparencia en elfinanciamiento de las campañas políticas, proteger los intereses de los accionistas minoritariosen las empresas, crear un clima favorable a las inversiones que estimule el ahorro nacional y laformación de capital, adherirse a las Normas Especiales para la Divulgación de Datos y alCódigo de Buenas Prácticas para la Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional(FMI).


EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL UMBRAL DEL NUEVO MILENIO

En el umbral del nuevo milenio, las reflexiones sobre el desarrollo sostenible deben renunciar alos debates sobre las funciones del Estado y del mercado, y orientarse hacia la búsqueda de unmarco integral o solución global en materia de estrategias y políticas. Por ejemplo, en el caso dela política industrial, después de experimentar con los incentivos fiscales y la subvención de lasexportaciones, muchos países en desarrollo, incluyendo los Centroamericanos, han llegado a laconclusión de que los incentivos y subvenciones enriquecían a los empresarios, contribuyendopoco al desarrollo sostenible, a la trasparencia y a proporcionar fuentes de empleo.

Como se indica en el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 1999−2000, "En el Umbral del SigloXXI", el Banco Mundial ha adoptado un marco integral de desarrollo con las siguientesfinalidades: promover una búsqueda más selectiva de las grandes metas; poner de relieve elcarácter integral del proceso de formulación de políticas; destacar los factores institucionalesimprescindibles; y coordinar las iniciativas en esta esfera para lograr una mayor transparencia yla evaluación de resultados.

Como nos recordó el Presidente Václav Havel de la República Checa, en su discurso deinauguración de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo MonetarioInternacional (FMI), celebradas en Praga del 26 al 28 de septiembre de 2000, la reforma de laarquitectura financiera global y el rol de las instituciones financieras internacionales, como el FMIy el Banco Mundial, debe prestar más importancia a la necesidad de una dimensión ética yespiritual del desarrollo sostenible y al noble futuro del género humano en el planeta tierra, sinque nadie esté excluido del debate, aunque esté cien veces equivocado.

Por ello, es necesario formular estrategias nacionales de desarrollo sostenible, a fin de revertirpara el 2015, la pérdida de recursos ecológicos, dentro de un marco integral y holístico deldesarrollo, que contribuya a la globalización de la solidaridad, en el nuevo milenio; con la firmedecisión de proporcionar a la humanidad, a través del mercado y de la tecnología, la seguridadalimentaria, la reducción de la extrema pobreza y las inversiones necesarias en educación ysalud, para lograr un desarrollo humano sostenible.

A nivel mundial está surgiendo un nuevo paradigma del desarrollo sostenible y una mayorconciencia de que la globalización puede convertirse en una gran oportunidad para el progresomundial, si existe una mayor solidaridad o más bien como ha expresado Monseñor Oscar AndrésRodríguez, Arzobispo de Tegucigalpa y Presidente de Transparencia Honduras, unaglobalización de la solidaridad.

Dentro del nuevo paradigma del desarrollo sostenible, existe una progresiva humanización de losconceptos y teorías económicas, reconociéndose que los mercados pueden fracasar y que elcrecimiento económico por sí solo, no es suficiente y que incluso puede ser perjudicial para elmedio ambiente, los valores culturales y el patrimonio social de la humanidad.

La creciente brecha entre los ricos y los pobres aumenta a nivel nacional e internacional yestamos convencidos, dentro de los principios de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica,que sino ofrecemos una mayor esperanza a los pobres, la confrontación y la violencia terminaránsocavando las estructuras económicas y sociales, en detrimento del aprovechamiento de lasventajas de la globalización de la solidaridad.


El nuevo milenio despierta grandes expectativas sobre la nueva economía del desarrollosostenible.− Esto fue planteado por el Presidente William J. Clinton, en una conferencia en laCasa Blanca a principios de abril del 2000, con la participación del Presidente del Banco MundialJames D. Wolfensohn, el genio de las computadoras Bill Gates y otros distinguidos economistasy educadores.

Sin embargo, aún cuando estamos convencidos que la globalización no es la fuerza maligna quedescriben los manifestantes callejeros en Seattle, Ginebra, Bangkok, Washington y Praga, serequieren estrategias de desarrollo sostenible para aliviar y reducir la pobreza en el mundoentero con alternativas viables para mejorar los mercados y la integración de la economíamundial, con ética, probidad y transparencia.

Uno de los aspectos claves de las nuevas estrategias de desarrollo sostenible para combatir lapobreza, que están siendo estudiadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), BancoMundial y el BID, lo constituye las fórmulas para aliviar la deuda externa de los países pobresfuertemente endeudados como Honduras.

Por ello, el FMI ha reemplazado el servicio reforzado de ajuste estructural (SRAE), por elservicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP), concentrándose en la reducciónde la pobreza como un objetivo explicito de sus programas, para una globalización de lasolidaridad y un multilaterismo más vigoroso. − Asimismo, a nivel del Congreso de los EstadosUnidos de América, la Comisión Asesora de Instituciones Financieras Internacionales, presididapor el Economista Allan H. Meltzer, en marzo del 2000, presentó un informe recomendando queel FMI, el Banco Mundial y los Bancos Regionales, puedan cancelar la deuda de los paísespobres fuertemente endeudados más conocidos por sus siglas en inglés (HIPCS), queimplementen una estrategia de desarrollo económico y social, con ética, probidad ytransparencia.

Aún cuando estamos de acuerdo con algunas de las propuestas de la Comisión Meltzer y laposición del Secretario del Tesoro, Dr. Lawrence H. Summers, en la reunión del 23 de marzo del2000, del Comité de Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes delCongreso Norteamericano; discrepamos profundamente con otras que afectan a la gran mayoríade los países miembros del FMI, el Banco Mundial y el BID, que no fueron consultados,especialmente los países pobres fuertemente endeudados como Honduras.

En el contexto de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES),CONCAUSA y el Plan de Acción de la Cumbre de Santiago de Chile de Abril de 1998, los paísescentroamericanos resultarán muy afectados de eliminarse por ejemplo, el servicio para elcrecimiento sostenible y la lucha contra la pobreza y convertir al FMI exclusivamente en unprestamista de última instancia.− Para reducir la pobreza en forma duradera, se requiere de uncrecimiento económico sostenido y un marco de estabilidad macroeconómica y de mercadoseficientes. − Por ello, la solución de problemas estructurales como la reducción de la pobreza yel cumplimiento de otros compromisos del desarrollo sostenible, requieren de un largo tiempoantes de surtir frutos.

Como se planteó por algunos miembros de la Comisión y del Congreso, en la audiencia públicade la Cámara de Representantes del 23 de marzo del 2000, el FMI para mantener suresponsabilidad de apoyar la estabilización macroeconómica y la reforma estructural en sus 182países miembros, no tiene que excluir a los países de ingresos bajos, puesto que dentro de lasobligaciones del Fondo, esto resulta ilógico e injusto para un desarrollo sostenible con igualdadde oportunidades dentro de una globalización de la solidaridad.


Se requieren estrategias de desarrollo sostenible impulsadas por los países, para que el alivio dela pobreza y el combate a la corrupción ocupen un lugar central en las políticas económicas y unmayor énfasis en instituciones que respalden el funcionamiento de los mercados, incluyendoredes de protección social, eficientes y bien focalizadas y una mayor orientación del gasto parala educación, la salud, vivienda y la protección del ambiente.

La pobreza, el deterioro del medio ambiente y la corrupción, impiden el desarrollo sostenible deAmérica Latina.− Algunos de nuestros países en Centroamérica todavía sufren los dañoscausados por fenómenos como el Niño, la Niña y el Huracán Mitch, además de problemasagravados por los incendios forestales, las lluvias torrenciales, las inundaciones, etc. Por ello, enel umbral del tercer milenio, conviene realizar una valoración honesta y transparente delprogreso realizado, de las dificultades encontradas y de los desafíos que enfrentamos frente a lanecesidad de combatir el flagelo de la corrupción, para aliviar la pobreza, mejorar los derechoshumanos y avanzar democráticamente hacia una sociedad con igualdad de oportunidades.

Los Señores James D. Wolfensohn y Enrique Iglesias, Presidentes del Banco Mundial y delBanco Interamericano de Desarrollo (BID) respectivamente, han destacado que para lograr eldesarrollo sostenible en el umbral del nuevo milenio, hay que continuar con una segundageneración de reformas, a fin de pasar del Consenso de Washington al Consenso de Santiagode Chile, dentro de un diálogo continuo sobre el alivio a la pobreza, la lucha contra la corrupción,la participación ciudadana y nuevos mecanismos de financiamiento, para cumplir loscompromisos del desarrollo sostenible dentro de un mundo que sea más humano, más estable ymás justo.

Frente al umbral de la esperanza en el nuevo milenio y la necesidad de asegurar que el alivio dela deuda, en países pobres fuertemente endeudados como Honduras, contribuya efectivamentea reducir la pobreza, es importante promover nuevos espacios para la participación activa de lasociedad civil, en el logro de la ética, la probidad y la transparencia para alcanzar el desarrollosostenible y la eficiencia en las funciones del Estado.

En respuesta a los compromisos establecidos en la Agenda 21, ALIDES y los Planes de Acciónde las Cumbres de las Américas, para los países Centroamericanos, una estrategia de desarrollosostenible, especialmente después de los graves daños ocasionados por el Huracán Mitch, debefundamentarse en el ambiente y mucho más en los aspectos políticos, económicos y socio−culturales. Para ello, es importante el fortalecimiento de los instrumentos de ALIDES, que sonlos Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible (CNDS) con representación del sector públicoy de la sociedad civil y el Consejo Centroamericano para el Desarrollo Sostenible, integrado porlos Presidentes Centroamericanos y el Primer Ministro de Belice, quienes podrán delegar surepresentación.

Asimismo, para mantener la coherencia y consistencia de las políticas, programas y proyectosnacionales con las estrategias del desarrollo sostenible, es impostergable el establecimiento decriterios e indicadores de sostenibilidad, que permitan el uso eficiente y eficaz de los recursos,evitando el despilfarro y velando porque existan mecanismos que garanticen la rendición decuentas y la evaluación de resultados.

El gran Jubileo del año 2000, es un fuerte llamamiento para que prevalezca la razón y el diálogoconstructivo en la implementación de los objetivos y compromisos internacionales para eldesarrollo sostenible. − La corrupción es uno de los legados debilitantes del siglo XX y envísperas del Tercer Milenio debemos renovar la fe en Dios que nos da sentido y objeto a la vida,con un firme compromiso de promover la ética, la probidad y la transparencia como bases


fundamentales del desarrollo sostenible.

La Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible (ENDS), tiende a promover, desarrollar yfortalecer procesos generales en el ámbito político, ambiental, económico y socio−cultural, paralograr la consecución del desarrollo sostenible, destacándose los siguientes tres pilaresfundamentales:

1. Un Sistema Nacional de Integridad para combatir la corrupción en todas sus formas, deacuerdo al Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de unaNueva Honduras.

2. Un Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible, como una instancia organizativa queaglutina a todas las instituciones y organizaciones que integral al CONADES y quesuscriben el Compromiso Nacional de Integridad para el Desarrollo Sostenible de unaNueva Honduras, para formular un proyecto de país a largo plazo, dentro de un marcoestructural integral de desarrollo, impulsado por el Comprehensive DevelopmentFramework (CDF) del Banco Mundial y los United Nations Development AssitanceFrameworks (UNDAFs).

3. Una Fundación o Fondo Nacional de Desarrollo Sostenible, como un mecanismo deimplementación y financiamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible(ENDS).

Sin embargo, para combatir la pobreza y lograr el desarrollo humano sostenible, una buenaestrategia de acción trata de identificar los obstáculos, es decir, los problemas difíciles deresolver que constituyen un impedimento para el éxito. Para ello, lo primero que hay que hacerpara formular buenas estrategias es tener información confiable y necesaria con un buen análisiso diagnóstico de la situación, con adecuados indicadores de sostenibilidad.

Las lecciones aprendidas por el CONADES y Transparencia Honduras, son similares a las de laexperiencia salvadoreña de la Revista Probidad.− Sin ética, probidad y transparencia esimposible fomentar el buen gobierno y la libre empresa, puesto que un mercado cautivo ycontrolado por unos pocos, siempre se recurre a la corrupción para mantener el sistema deprivilegios.− La Modernización del Estado y especialmente del sistema de justicia, no funcionasin reformas electorales, en el control y la rendición de cuentas, en la descentralización y en elsistema de financiamiento de los partidos políticos.− La ética y la corrupción, son polos opuestosde una misma realidad en Centro América desde tiempos de la colonia. − La lucha contra lacorrupción y la promoción de la ética, no solo a nivel personal, sino en la dimensión familiar,empresarial y estatal, son aspectos integrales del desarrollo sostenible, que requieren para susolución de estrategias concertadas, mediante la participación del gobierno, la empresa privada yla sociedad civil.


MÉXICO

La transición económica y política del Estado mexicanoen el umbral del siglo XXI:

del Estado empresario al Estado de empresarios

José G. Vargas−Hernández, M.B.A.; Ph.D.Profesor investigador del Centro Universitario del Sur

de la Universidad de Guadalajara; del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán

(ciencias económico administrativas); del Instituto Tecnológico de Colima;

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Colima;

de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Colima;

profesor investigador invitado de la School of Public Administration, Carleton University, Canadá

E−mail: [email protected]

Este trabajo tiene como propósito analizar los más recientes cambios económicos ypolíticos del Estado Mexicano, los cuales muestran una clara tendencia transicional deun Estado Empresario a un Estado de los Empresarios que cubre las siguientesetapas: el Estado−Empresario Mexicano PRI−presidencialista con énfasis en elmodelo del Estado de Bienestar; seguido por el periodo marcado por la transición delEstado Mexicano con un enfoque en la reestructuración neoliberal PRI−presidencialistacomo resultado del impacto económico y político de la globalización económica y susefectos perniciosos en la injusta distribución del ingreso, una gobernabilidad débil,inestabilidad política y falta de seguridad de la propiedad, la vinculación de estosproblemas con la corrupción, así como la interfase de las nuevas relaciones entre elgobierno y las empresas. Finalmente, la transición del régimen con el cambio departido en el poder abre la etapa del Estado Mexicano de los empresarios en el nuevoperíodo PAN−presidencialista.


PREFACIO

La corrupción se define como el mal uso que se hace de la oficina pública para la gananciapersonal. Existe la percepción generalizada que los Estados federales son más corruptos que losEstados centralizados tomando en cuenta el control por el nivel de desarrollo económico.Investigación empírica reciente confirma que existe una conexión entre una percepción alta de lacorrupción y bajas inversiones y crecimiento. La corrupción ha sido condenada por las fallas parael desarrollo en ciertos países. Sin embargo, a pesar de que se argumenta que la corrupcióndebilita el crecimiento económico, en algunos países donde la corrupción campea, crecen. Perosi otros factores conducen al crecimiento y desarrollo, la corrupción es probable que disminuya.

Las diferentes teorías sobre la corrupción asocian las variaciones entre las naciones contradiciones históricas y culturales, niveles de desarrollo económico, instituciones políticas ypolíticas gubernamentales. Se argumenta en diversas investigaciones que para ciertos países ynaciones en particular, se tiene una cultura que es congénitamente conduciva a la corrupción,como el caso de Rusia. Los factores histórico−culturales de la región latinoamericana puedenexplicar los niveles de corrupción que se dan en esos países, y otros investigadores seapresuran y achacan a las tradiciones de la fe católica algunos efectos residuales de lacorrupción (Tresman,1999) aunque se requiere mayor investigación. Las tradicionesinstitucionales y culturales afectan los niveles de percepción de la corrupción mássignificativamente que las políticas del Estado. Se han sugerido una variedad de característicasnacionales de tipo económico, político, social, religioso, cultural, etc. que afectan los costos delos riesgos y beneficios esperados.

Entre los costos de los riesgos está el ser sorprendido en una conducta de corrupción ycastigado si el sistema legal es efectivo. Los países con diferentes tradiciones colonialespresentan varios niveles de corrupción y tienen diferentes culturas legales con grados diferentesde susceptibilidad a la corrupción. La tradición histórica puede afectar los costos percibidos deacciones corruptas a través de la influencia religiosa. El riesgo de exponerse es mayor en unsistema político abierto y más democrático. (Tresman, 1999). Los resultados de estasinvestigaciones sugieren que la batalla contra la corrupción en muchos países ha sido difícil. Esnecesario democratizar la sociedad y liberalizar el comercio. Hay evidencias de que los procesosde desarrollo económico reducen los niveles de corrupción por medio de la racionalización de lospapeles privados y del Estado, así como del avance educativo que no permite los abusos.

La ausencia de "governance" provoca atrofio de las economías y la escisión de las sociedades.Cuando la corrupción, el fraude y el soborno son rapantes en un país no es posible que se dé undesarrollo sostenido, por lo que se requiere de reformas institucionales. Sin embargo, en loscasos de cambio rápido aparente en el nivel de corrupción del país, puede llevar a una falsaimpresión de las oportunidades de la reforma. En este sentido, el diseño de instituciones esnecesario para reducir la corrupción influenciada por la estructura institucional existente. Esteconcepto de governance o de gobernabilidad corporativa es promovido en todos los países através de la fórmula del Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional también coloca en unaalta prioridad los aspectos económicos de la governance. Esta fórmula es para los inversionistasa escala mundial, incluyendo para las instituciones financieras y los grandes fondos depensiones, con sanciones para dar cumplimiento a las líneas de acción de gobernabilidad paraque se puedan hacer inversiones y prestamos en un país.

Los mismos organismos financieros multilaterales, tales como el Banco Mundial y el FondoMonetario Internacional, están preocupados por el crecimiento de la pobreza en los últimos años.


Reconocen que el crecimiento económico no sólo genera una mejora en la distribución delingreso, sino que también aumenta la desigualdad. Una apreciación más equilibrada del avanceglobalizador es reconocer que mientras está agravando la pobreza en algunos sectores sociales,en otros está disminuyendola. No obstante, la severidad y niveles de desigualdad que elcapitalismo globalizador está generando es injusta y la tendencia es hacia el agravamiento.Responsabilizan a "los malos gobiernos, con falta de transparencia, corrupción y crimen" comoel principal impedimento para el desarrollo y la reducción de la pobreza, y no a los desastrososresultados de las políticas económicas y sociales derivadas de la implantación de los procesosde globalización. (Delgado, 1999). Lo que se requiere con urgencia es la implementación depolíticas redistributivas del ingreso y de generación de oportunidades que estimulen laparticipación de los marginados en las actividades económicas, políticas y sociales.

El capitalismo puede ser tipificado en formas puras de capitalismo como "capitalismo clásico","capitalismo corporativo orientado al mercado", y "capitalismo corporativo orientado a losbancos". Aunque el capitalismo clásico ya no es el tipo dominante, sin embargo prevalece enpaíses menos desarrollados. El capitalismo corporativo se basa en un régimen de propiedadprivada difusa propio de las grandes corporaciones que conjuntan recursos de muchosaccionistas Además, requieren de una jerarquía interna compuesta de funcionarios y agentes(administradores) para ejercer el control de las operaciones (Screpanti, 1999), mediante eldiseño de esquemas de incentivos y recompensas que hagan no atractiva la conducta decorrupción. Sin embargo, la propiedad corporativa puede ser, además de ser difusa con uncontrol administrativo rígido, propiedad concentrada en pocos principales capitalistas y aún enotros, los trabajadores influyen fuertemente en la corporación. El capitalismo corporativo sereproduce socialmente mediante el uso de técnicas que no son ideológicamente neutrales, seasigna el control a administradores eficientes y se racionaliza el crédito mediante una tendenciaclasista.

En una encuesta realizada al sector privado en 69 países por Brunetti, Kisunko y Weder (1998a),detallan los obstáculos regionales para la realización de negocios: la corrupción es percibidaentre los tres más importantes obstáculos en todas las regiones de los países menosavanzados, con la excepción de los países asiáticos y los de la región en transición. Rubio(1999) comenta que "algunos países vieron en la privatización de empresas una nueva manerade gobernar, una nueva manera de concebir la relación entre el gobierno y la economía. Sobretodo, una manera de restaurar al sector privado, a la inversión privada y, sobre todo (sic) a laeconomía de mercado, como la mejor manera de provocar el desarrollo económico. Otrospaíses, quizás los más, incluido el nuestro, México, no acabaron de cambiar el paradigma: vieronen las privatizaciones una manera de agenciarse ingresos fiscales de corto plazo y de quitarsede encima pesados fardos y enormes fuentes de corrupción y subsidios descontrolados, pero nomás. La noción de potenciar el desarrollo a través de un mercado activo y pujante nuncaavanzó".

Los defensores de la privatización la justifican insistiendo en el supuesto de que los mercadossean esencialmente democráticos y eficientes frente a la corrupción e ineficiencia de lasempresas del Estado. Los monopolios del Estado tienen numerosos casos de corrupción, maluso del poder y los recursos e ineficiencia. Sin embargo, la corrupción es producto del monopoliodel poder y del uso discrecional que hacen de él y por lo tanto, mientras no exista una profundareforma a las instituciones, las conductas corruptas seguirán manifestándose aún en el sectorempresarial privado. La corrupción está influencias por la existente estructura del poderinstitucionalizado, por lo que se requiere de una reforma institucional para reducirla. No hay dudade que la corrupción depende positivamente del monopolio del poder y la discreción de suejercicio que tienen los miembros de cualquier organización.


Además, la sociedad que emerge de un proceso simultáneo de internacionalización ydescentralización de las instituciones públicas, no tiene límites claros y necesita de un sistemade gobierno societal multicentrado que permitan el traslado del poder económico, político ysocial. La descentralización es el arreglo más eficiente cuando las externalidades y las regionesson heterogéneos. Por otro lado, Carbonara (2000) encontró que una mayor descentralizacióntiene un impacto positivo en la corrupción y eleva las posibilidades individuales para aceptarcorruptelas a partir de la premisa de que la organización interna de las instituciones influye lapropensión de los miembros a aceptar la corrupción. Sin embargo, una descentralización conaltos niveles de monitoreo pueden ayudar a controlar la corrupción a pesar de que creaproblemas de agencia.

Una investigación de Brunetti, Kisunko y Weder (1998a) basada en una encuesta a gran escalarealizada al sector privado de América Central, que incluye a México, Costa Rica y Jamaica, queevalúa la calidad institucional de los países y determina el impacto de los 15 obstáculos parahacer negocios clasificados en seis categorías, arrojó los siguientes resultados: el mayorobstáculo es el crimen y el robo, seguido por una inadecuada oferta de infraestructura, inflación,corrupción y financiamiento.

En 1996, las inversiones pública y privada en México se mantuvieron debajo de los niveles de losaños setenta y ochenta (Glen y Sumlinski, 1998). La mayoría de los créditos gubernamentalescon grado de no inversión (caso de México), se caracterizaban por debilidades en lagobernabilidad" (Standard & Poor’s, 1997). Este estudio caracteriza como debilidades de lagobernabilidad: la corrupción oficial y privada, el tráfico de influencias, la corrupción e ineficienciade los órganos judiciales, la influencia de los carteles de las drogas, deficiencias en la seguridadinterna bajo la forma de grupos guerrilleros operando en áreas rurales y la violencia en lasgrandes ciudades. Si se controla el desarrollo social democrático y el crecimiento económico delos países latinoamericanos, éstos no son significativamente más corruptos que los países másdesarrollados. Barro (1998) llega a afirmar que el paquete de préstamos del Fondo MonetarioInternacional a México en 1995, fue una recompensa a la corrupción de los préstamos bancariosriesgosos. Mientras más presten los gobiernos de otros países a México, más seguridad tienenlos banqueros de otros países de recobrar sus créditos.

En México se inició en 1995 un Programa de Modernización de la Administración Pública conacciones enfocadas a la modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa y a laeliminación de la corrupción, la descentralización de la función pública y la reorganización de lasrelaciones intergubernamentales dentro del sistema federal. La descentralización enLatinoamérica tiene que ser un proceso que permita avanzar los procesos de democratizaciónsocial y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de la administración pública. EnLatinoamérica, los procesos de democratización se han desarrollado siguiendo un mismo patróny dinámicas similares de confrontación a los gobiernos autoritarios. El monopolio del poder y suuso discrecional que mantienen algunos miembros en las estructuras de gobierno es la principalfuente de conductas corruptas, por lo que se requiere de reformas institucionales profundas. Elprograma pretende desarrollar mecanismos para una mayor responsabilidad y rendición decuentas de las agencias de gobierno, en materia de administración de los servicios públicos, asícomo asegurar una mayor disponibilidad para establecer asociaciones con las organizaciones nogubernamentales.

La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los ingresos de los pobres nohan cambiado mucho durante el período de la globalización, que anteriormente. El análisis entrelas variables pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, y más específicamenteen México, muestran una correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el


área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al equilibriomacroeconómico. Sin embargo este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al25% durante la década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajos debido a factoresdiversos tales como la corrupción.

1. INTRODUCCIÓN

México es un país altamente centralizado en un gobierno poderoso bajo el principio de noreelección y hasta recientemente una competencia política abierta y fuerte. Desde laindependencia de México y durante los últimos dos siglos, el sistema político dominante ha sidopresidencialista autoritario. A partir de los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana (1910−17), se establece una dictadura de partido dominante que monopoliza la representación política yun presidencialismo deformante, que Krauze llamó Presidencia Imperial, la cual debilita lasfacultades del poder legislativo y somete al poder judicial. Las formas del poder patriarcalrepresentaron otro elemento del gobierno mexicano antes y después de la Revolución Mexicana.

2. EL ESTADO−EMPRESARIO MEXICANO PRI−PRESIDENCIALISTA.

El nacionalismo mexicano emergió como resultado de promover el capital mexicano privado ypúblico para evitar las inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos. El Estadomexicano se caracterizó por una desconfianza histórica al capitalismo y una creencia en lahabilidad del gobierno para intervenir y regular los asuntos económicos por un mandatoconstitucional explícito. (Grier and Grier, 2000: p. 245). Sin embargo, el modelo deindustrialización basado en la sustitución de importaciones (ISI) favoreció las inversionesmexicanas y se sobre entendió la provisión de beneficios a la población, desde los treinta y hastalos setenta. El sector público mexicano creció con la formación de corporaciones de propiedadpública. En 1982 las empresas de propiedad estatal produjeron el 14% del producto nacionalbruto, recibieron transferencias netas y subsidios iguales a 12.7 por ciento del PNB yrepresentaron el 38 por ciento de la inversión de capital fijo.

En nombre de las grandes conquistas de la Revolución Mexicana, durante los tiempos delEstado de Bienestar Mexicano, se formaron organizaciones que agruparon corporativamente alos militares, campesinos, obreros y sectores populares que evidencia el control político de laburocracia del partido de Estado en el poder y de los líderes "charros". El "charrismo" somete alos trabajadores a las reglas del partido oficial bajo presiones y amenazas de reduccionessalariales y pérdidas de empleos, crédito agrícola, tráfico de pobreza urbana y rural, etc. paragarantizar una reserva importante de votantes.

A pesar de que desde 1929 todos los presidentes mexicanos surgieron del PartidoRevolucionario Institucional (PRI), la continuidad de la política económica no siguió un patrón decomportamiento regular y coherente de formulación de políticas. Sin embargo, durante el períodode la hegemonía del PRI (1929−2000), el gobierno cultivó cierto grado de consentimiento socialpara evitar niveles altos de represión, de tal forma que ha sido denominado como la "dictaduraperfecta". En línea con los llamados poderes meta−constitucionales, el Presidente de México fuetambién la verdadera cabeza del Partido Revolucionario Institucional y tuvo como su facultad ladesignación de líderes nacionales y candidatos para la elección popular. El Presidente mexicano


tenía al mismo tiempo el poder extensivo constitucional y el poder no escrito supraconstitucionalo meta−constitucional, y el compromiso de la retención de su poder político durante su mandatoy la continuación de su poder requerido para seguir el "ritual" de elegir a quien sería su sucesor.El Presidente en turno designaba a su sucesor generando expectativas mediante fenómenosconocidos como el "tapadismo" y el "dedazo" para señalar quien sería el elegido.

Como partido político hegemónico, en el sentido de que hegemonizó la vida política del país, elPRI se mantuvo en el gobierno del ejecutivo federal por 71 años y se convirtió en el centro delsistema político mexicano mediante mecanismos de control político de las organizaciones ysectores obrero, campesino y popular, tales como el caudillismo, corporativismo, etc., ymecanismos de control institucional de los procesos electorales. El corporativismo del PRIapostó a obreros y campesinos a quienes promovió pero no los liberó garantizándoles losderechos patrimoniales y con el pretexto de institucionalizar la Revolución Mexicana, se identificómañosamente con las causas de democracia y justicia social. Sus logros en ambas asignaturasson muy pobres, aunque mantuvo la estabilidad social.

Analistas como Abascal y Macías (2000b) reconocen tres etapas en la evolución del PRI:Hegemónica, bipartidista y pluripartidista. La etapa hegemónica que va de 1929 a 1976, el PRIpredomina sobre las demás fuerzas políticas sobre las que era infinitamente superior y mantieneun control total del poder político. En la etapa bipartidista que va de 1979 a 1985, el PRImantiene un dominio sobre los partidos políticos de oposición pero pierde posiciones en losgobiernos municipales y estatales frente al PAN. En la etapa pluripartidista que va de 1988 al2000, se abre la competencia política entre el PRI, el PAN y el PRD y comparten el poder enmunicipios y gobiernos estatales.

La eficacia de la "dictadura perfecta" según Vargas Llosa, la Presidencia Imperial de acuerdocon Krauze, o de la monarquía presidencial (Ortiz Pincheti, 2000) tuvo una etapa de prosperidadque coincide con el período de desarrollo estabilizador, de 1940 a 1970 y el período dedesarrollo compartido de 1970 a 1980, en donde hubo grandes avances en materia de políticasocial, si bien no se eliminaron la pobreza y la desigualdad social, surgió una clase media fuerteque reclamaba espacios de participación política. La "dictadura perfecta" se apuntaló mediante elderramamiento de sangre de los menos favorecidos. El modelo de Estado que distribuye elpoder surgido de la Revolución Mexicana entra en crisis y genera violencia institucionalizada.

Después de 22 años de estabilidad monetaria y crecimiento sostenido en el final del período deEcheverría (1970−76), el peso se devaluó, se presentó una crisis económica y las constantestensiones con los empresarios se agudizaron, quienes fundaron el Consejo CoordinadorEmpresarial para la defensa de sus intereses frente a un Estado interventor. En 1982, elPresidente López Portillo nacionalizó la Banca en medio de una crisis económica generalizadaprovocada por la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el incremento de lastasas de interés y el país se declaró prácticamente en suspensión de pagos. Esta decisiónfracturó el pacto entre el Estado y los empresarios.

3. LA TRANSICIÓN DEL ESTADO MEXICANO:REESTRUCTURACIÓN NEOLIBERAL PRI−PRESIDENCIALISTA.

La mayor parte de Latinoamérica experimentó crisis financiera en los ochenta y la mitad de losnoventa. En México, grandes crisis económicas ocurrieron en 1976, 1982, 1987 y 1994−95. Por


lo mismo, estas crisis económicas se volvieron repetitivas y se intensificaron, con intervalos deperiodos que experimentaban rápida recuperación económica. Los mexicanos sufrimos períodosdramáticos de alta inflación, déficits en la balanza de pagos, devaluación, fuga de capitales,desempleo creciente y poder de compra declinante.

Ante las presiones de los acreedores de México para garantizar el pago de su deuda externa,desde principios de la década de los ochenta se instrumentó el denominado "Consenso deWashington" que impone la regla neoliberal infalible de libre mercado y sistema democrático conelecciones libres. Así la "agenda neoliberal" que propuso los programas de ajuste estructural yestabilidad económica se impusieron como condiciones para negociar las "crisis de la deuda"mexicana de 1982, 1987 y 1994−95 por los organismos financieros internacionales como elBanco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Así, después de la crisis de 1982, México entró en un período doloroso y controvertido dereestructuración del Estado, que implicaron la reorganización económica, apertura del mercadonacional, eliminación de barreras comerciales, eliminación de controles de precios y subsidios,privatización de las empresas públicas y propiedad del Estado, reducciones al gasto de laspolíticas sociales, libre cambio de la moneda, así como amplias reformas políticas y unamodernización administrativa. Se abandonó el modelo de sustitución de importaciones y se poneen entredicho al Estado interventor en la economía.

El principal propósito de las reformas impulsadas en México fue el de desarrollar una ampliabase competitiva del sector exportador de bienes no tradicionales. México ingresa al GATT en1986 y se convierte en un exportador de manufacturas. La reducción del tamaño del Estado, laprivatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) y la desregulación económica fueronlas estrategias adoptadas para el diseño del Estado mexicano, como lo fueron también paraotros Estados.

A partir de la implementación de estas reformas al Estado mexicano, este empieza a perder suscapacidades y funciones de Estado−nación, a pesar de que mantiene altos índices deintervencionismo para que las reformas beneficien a los dueños del capital. Estas reformas a laestructura del aparato del Estado mexicano dieron sentido a su transición y cambio de unmodelo de Estado Benefactor a un modelo de Estado Neoliberal, transición y cambio que sonentendidos en los términos de Roitman como "formas de comportamiento, pérdida de lacentralidad de la política, pérdida de la construcción de la ciudadanía plena, la transformación dela política en una técnica electoral, en un problema de mercado, en la pérdida de la ética y losprincipios como el quehacer de la política y lo político evidentemente se dieron en México a partirdel gobierno de Miguel de la Madrid, continuó en su momento con Salinas de Gortari, tambiéncon Zedillo y ahora con Fox" (Avilés y Velázquez, 2000).

Pero la crisis del 82 también fue significativa por la "crisis de hegemonía" que se presenta a lavieja alianza entre el Estado y los empresarios, representantes del capital nacional y losbeneficiarios directos de las políticas económicas basadas en el modelo de sustitución deimportaciones. La nacionalización de la banca fue el evento que provocó la ruptura del bloquepolítico y empresarial hegemónico y sus representantes, los políticos y gobernantes del partidode Estado y las fracciones del gran capital, que al decir de Fazio (2000a) vivían en un "tortuosoamasiato" de "turbios enjuages subterráneos y la tupida red de complicidades".

Con la nacionalización de la banca, los capitalistas mexicanos que se sintieron "traicionados"rompieron la alianza con la burocracia política y redefinieron la estrategia para su recomposición.Bajo el impulso de un Estado interventor pero con una fuerte orientación tecnócrata neoliberal


para beneficio de los dueños de los grandes capitalistas, se inicia la reinvención del NuevoEstado mexicano con base en un "proceso de negociación neocorporativo entre los empresariosy el gobierno, fincado en compromisos e intereses mutuos".

A. El impacto económico y político de la globalización en el Estado Méxicano.

Bajo el influjo del PRI, el Estado mexicano inició la modernización económica y su inserción enlos procesos de globalización. Como respuesta a las tendencias de la globalización económicade los mercados y la revolución tecnológica que avanzaron en las dos últimas décadas del siglopasado y con el pretexto de sanear la economía, el Estado mexicano ha privatizado empresasestratégicas del sector público, muchas de las cuales han sido adquiridas por inversionesextranjeras que han penetrado ya en todos los sectores de la economía. La alta concentracióndel capital en pocas corporaciones mediante los procesos de privatización de empresas públicasha desencadenado el fenómeno de la privatización política.

En 1987 la inflación alcanzó el 159 por ciento y un crack en la bolsa devoró a ahorradores. En elinterior del PRI, un grupo disidente forma la Corriente Democrática que luego se escinde paraformar un nuevo partido el Frente Democrático Nacional. El Presidente Miguel de la Madrid es elprimero que soporta interpelaciones en su sexto y último informe de gobierno. El 6 de julio de1988 Salinas alcanza el poder en medio de una crisis generalizada de legitimidad y el descréditototal por la caída del sistema que controlaba los resultados de la contienda electoralpresentándose irregularidades y fraude electoral.

Con Salinas se profundizan las reformas neoliberales: se liquidan las empresas paraestatales, seacelera la apertura de la economía, se firman tratados de libre comercio con Chile, EstadosUnidos y Canadá, Venezuela y Colombia, Costa Rica, Nicaragua, y Bolivia. Las reformas alArtículo 27 constitucional permitieron las inversiones en el campo mexicano. El activismo delEstado mexicano durante el salinismo permitió la transferencia de empresas públicas adeterminados grupos financieros que sostenían vinculaciones de complicidades políticas.

Los programas de privatización de las empresas paraestatales en México han sido vastos en susalcances y hasta cierto punto, exitosos en la reducción del papel de un Estado que eraintervencionista en la economía. México es el segundo privatizador de América Latina en ladécada de los noventa cuando el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millonesde dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado(EPEs) en Latinoamérica. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones dedólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones dedólares en 1992.

Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedaddel Estado. Las privatizaciones hechas en 1993 representaron dos mil 131 millones de dólares,en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó amil 526 millones de dólares, en 1997 creció a cuatro mil 496 millones y en 1998 la venta fue por999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 lasprivatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154 mil 225 millones de dólares,cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México que fue de 159 mil 959millones de dólares en 1998.

El año que más ha captado es 1991 con un total de 11 mil 289 millones de dólares, mientras queen 1998, México captó 999 millones de dólares. México planea privatizar bienes en aeropuertos,ferrocarriles y en el sector energético, la industria petrolera y eléctrica.


El beneficio de las privatizaciones no ha sido el mayor para los mexicanos a pesar de que susdefensores tratan de demostrar lo contrario. Según datos del privatizador Salinas de Gortari "lasprivatizaciones abrieron espacio presupuestal para financiar el gasto social sin recurrir a déficitfiscal". Los efectos no han sido del todo satisfactorios. Los programas de privatizaciones enMéxico han reducido el empleo a la mitad mientras que la producción se ha incrementado en un54.3% a pesar de una significativa reducción en inversiones. Un estudio anterior de Galal et al.(1992) analiza el desempeño después de la privatización de doce compañías de diferentespaíses, incluyendo México, documentando que hubo incremento del 26 % en las ganancias enonce casos e incremento de los beneficios a los trabajadores en tres casos.

El 17 de diciembre de 1993 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Tratado de LibreComercio con México. Las reacciones no se dejaron esperar. El primero de enero de 1994, fechaen que entró en vigor el Tratado, los indígenas del Estado de Chiapaz, se levantaron en armascomo el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Rencillas de grupos políticos al interior delPRI conducen a los asesinatos del candidato a la Presidencia de la República y del SecretarioGeneral del Partido. A pesar de la situación conflictiva y los graves problemas, la economía nose desquició y Salinas rinde su sexto informe en 1994 con ánimo victorioso. Zedillo arriba a laPresidencia con la mayor legitimidad democrática dada por mayor número de votos a su favor enla historia de México, 17 millones. Pero repentinamente, después de 21 días de haber tomado elpoder el presidente Zedillo, se enfrentó con la peor crisis económica en la historia de México,denominada el "error de diciembre".

Dos años después de la privatización del sistema bancario mexicano , México era forzado adevaluar su peso en diciembre de 1994, lo que repercutió en una crisis macroeconómicacaracterizada por una volatilidad creciente en la tasa de cambio, la devaluación del peso seguidapor una crisis del sector financiero y el rescate para salir del apuro. La caída de la BolsaMexicana de Valores significó la pérdida de la mitad de su valor, y los precios de las accionespara las principales compañías mexicanas que cotizan en Wall Street cayeron el 75% en pocosmeses. Sin embargo, la crisis más profunda en los mercados financieros ocurrió después de quese había resuelto la devaluación y la crisis de incumplimiento de pagos. La mayoría de loscréditos gubernamentales con grado de no inversión (caso de México), se caracterizan pordebilidades en la gobernabilidad. Si las personas de la localidad y los inversionistas extranjerostienen temor a que se devalúe el peso mexicano, convertirán pesos en dólares.

La restructuración de la deuda soberana durante la crisis mexicana de 1994−95 ha sidoampliamente estudiada para comprender la forma en que los mercados financieros, el gobierno ylas instituciones multilaterales responden a las cuestiones de gobernabilidad. La crisis mexicanadejó como enseñanza la problemática de sostener tasas de cambio fijas en un entorno demovilidad del capital internacional. México no se recobró porque su sistema financiero débil sehaya fortalecido con la interevención del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque sebenefició con el incremento de exportaciones a Estados Unidos como resultado del Tratado deLibre Comercio de América del Norte y el crecimiento acelerado de la economía vecina.

Las crisis económicas recurrentes por las que ha pasado la economía mexicana aunado a lasdebilidades institucionales para limitar los alcances en el tejido social han sido las repercusionesde la aplicación de la política económica neoliberal y los factores clave del deterioro de lagobernabilidad de la sociedad. Uno de loa más perversos y perturbadores aspectos de la crisiseconómica ha sido su efecto en los grupos de la población más vulnerables. En términosgenerales, las políticas económicas implementadas en la mayoría de los paíseslatinoamericanos presentan rasgos coincidentes aunque con algunas diferencias en el diseño delos paquetes.


Sin embargo, los motivos y circunstancias de las diferentes crisis económicas por las que hapasado México desde 1976 hasta 1994−95 difieren aunque han sido precedidas por períodos deelevado crecimiento económico que no se pudo sostener por los desequilibrios que causaron..La crisis de 1976 muestra las limitaciones del modelo económico que consideraba que elcrecimiento económico dependía de una mayor intervención del Estado. La crisis de 1982 tuvosu origen en la consideración de que el petróleo es la palanca del desarrollo económicoorientado por una política activa del Estado preparado para administrar la abundancia, lo quederivó en altos niveles de endeudamiento externo y expansión irracional del Estado.

Comparada con la crisis de la deuda de los ochenta y con la crisis mexicana de 1994−95,también llamada el "efecto tequila", ambas son consideradas tener como raíces los imbalancesfinancieros del sector público, a diferencia de la crisis posterior (Asia, Rusia, Sudáfrica, Brasil,etc.) que tiene sus raíces en imbalances financieros del sector privado y que es la primera crisisfinanciera realmente considerada como global que golpea a las economías de los mercadosemergentes. La crisis asiática explotó poco después de que las olas de la crisis del pesomexicano hayan bajado. Por lo tanto, parece que las crisis financieras ocurren másfrecuentemente en los últimos años en las economías emergentes, como el caso de México.

Si se controla el desarrollo social democrático y el crecimiento económico de las economíasemergentes, éstos no son significativamente más corruptos que los países más desarrollados. Elpaquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional a México en 1995, fue unarecompensa a la corrupción de los préstamos bancarios con más riesgos. Mientras más prestenlos gobiernos de otros países a México, más seguridad tienen los banqueros de otros países derecobrar sus créditos. En realidad la privatización de los bancos a grupos financieros surgidos "alvapor" y con complicidades entre inversionistas y políticos que aprovecharon el financiamientode los organismos internacionales destinado al rescate de la crisis de la deuda. Sin embargo,sus deficiencias en el manejo de la crisis los llevó a fuertes endeudamientos que lograrontransferir facturas con cargo a la sociedad.

En México se inició en 1995 un Programa de Modernización de la Administración Pública conacciones enfocadas a la modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa y a laeliminación de la corrupción, la descentralización de la función pública y la reorganización de lasrelaciones intergubernamentales dentro del sistema federal. El monopolio del poder y su usodiscrecional que mantienen algunos miembros en las estructuras de gobierno es la principalfuente de conductas corruptas e impunes, por lo que se requiere de reformas institucionalesprofundas.

El programa pretende desarrollar mecanismos para una mayor responsabilidad y rendición decuentas de las agencias de gobierno, en materia de administración de los servicios públicos, asícomo asegurar una mayor disponibilidad para establecer asociaciones con las organizaciones nogubernamentales. Hay que considerar que las organizaciones no gubernamentales de derechoshumanos, políticos, laborales y ciudadanos han sostenido relaciones muy pobres con losgobiernos emanados del PRI, que siempre trataron de corporativizarlos, cuando lo que deseabanes ser más independientes, la base de su credibilidad e imparcialidad ante los ciudadanos querepresentan.

En 1996, las inversiones públicas y privadas en México se mantuvieron debajo de los niveles delos años setenta y ochenta. Los resultados de los procesos de globalización en México,constatan que se ha dado casi totalmente en una dirección: la entrada de empresastransnacionales y multinacionales, ahora denominadas empresas globales o negocioscontemporáneos, las cuales en esencia, son foráneas, se han adueñado legalmente de recursos


naturales, tierras, etc. y dejan pocos beneficios. Por ejemplo, el valor de mercado de la GeneralElectric de 520 mil 250 millones de dólares es equivalente al producto interno bruto de México.23 de las más grandes corporaciones transnacionales y multinacionales tienen ventas porvalores superiores al producto interno bruto de México. Los gobiernos neoliberales handemostrado su ineptitud para reducir los daños de los procesos de integración mediantenegociaciones más favorables que permitan aprovechar las ventajas comparativas ycompetitivas.

4.− LA HERENCIA MALDITA.

Al término del período comprendido entre los años 1982 y 2000 que marca el desarrollo eimplementación del Modelo de Estado Neoliberal en México, los resultados en materia dedesarrollo económico son desastrosos. A pesar de los avances en crecimiento económico en losúltimos cuatro años, la economía mexicana muestra varios desequilibrios estructurales que seexpresan en su déficit fiscal. Como afirma Lomas (2000a), la herencia del Presidente Zedillo"también incluye la gran presión que el servicio de los pasivos del rescate financiero ejercerásobre las finanzas públicas en el mediano plazo?lamentablemente se prevé, la presenteadministración habrá heredado al próximo gobierno una gran cantidad de compromisos sobre lasfinanzas públicas y muchas insuficiencias en la atención de las demandas más sentidas de lapoblación". La herencia de Zedillo asciende a más de dos billones de pesos en deuda pública,incluyendo las deudas del malogrado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

a. Injusta distribución del ingreso

El Presidente Zedillo deja un país con grandes diferencias en la distribución del ingreso, una altaconcentración en una minoría y una mayoría en la pobreza, la cual según estimaciones de laCepal se incrementó de 40.5 a 45.5 millones de mexicanos, de los cuales 26 millones,principalmente indígenas y campesinos, viven en la miseria. Las contradicciones del crecimientose polarizan, según Boltvinik, experto en la pobreza y distribución del ingreso en México:"Cuando el modelo económico seguido hasta ahora en México logra generar crecimiento, lo haceacompañado de una creciente concentración del ingreso y un incremento de la pobreza entre losestratos más pobres?la crisis del 94 produjo un empobrecimiento brutal de la población?a partirde 1996, cuando se empieza a recuperar la economía, el ingreso se vuelve a concentrar?". Enun período como el actual, en el cual la economía mexicana atraviesa por un auge al acumular18 trimestres consecutivos de crecimiento, los beneficios van a un grupo muy reducido depersonas: "hacia abajo sólo caen las migajas" sentencia (González Amador y Castellanos,2000).

La pobreza aumentó del 36 al 38 por ciento del total de los hogares mexicanos en 1994 al 45 a47 por ciento en 1998. Con datos de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto en los Hogares(ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) Entre 1994 1998,los hogares mexicanos que viven debajo de la línea de pobreza, con un ingreso mensual nomayor a 560 pesos a valor constante de abril de 1994, aumentaron de 69 a 76 por ciento deltotal. En términos generales, los investigadores coinciden en que la pobreza aumentó en más del5 por ciento durante el sexenio de Zedillo. Esto redunda en la formación de una sociedad congrandes contrastes en la distribución del ingreso, donde 20 millones de mexicanos (20% de lapoblación total), viven en condiciones de pobreza extrema y más de 40 millones (40% de lapoblación), viven por debajo de la línea de pobreza.


En los tres últimos sexenios se ha privilegiado el control de la inflación por encima de losaumentos a los salarios mínimos contractuales, y por lo tanto, del nivel de vida de lostrabajadores El Banco Mundial presenta cifras en las que 42 millones de mexicanos tienenniveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios. Entre 1974 y el 2000, el salario real delos trabajadores tuvo un deterioro acumulado del 72%. Tan sólo durante el gobierno de Zedillo sepresentó una fuerte pérdida acumulada cercana al 50 por ciento de los salarios reales,registrándose el poder adquisitivo más bajo de los últimos 18 años. Con datos de laOrganización de las Naciones Unidas, el 64.5 de la población percibe dos salarios mínimosinsuficientes para obtener los mínimos nutricionales; 40 por ciento de los hogares mexicanos sonsostenidos por las mujeres con ingresos inferiores a los de los hombres hasta por un 20 porciento (Jiménez, 2000). Más de la mitad de mexicanos en edad de trabajar se emplea en elsector informal de la economía.

El producto interno bruto por habitante asciende a 7776 dólares anuales, con un crecimiento de3.4 por ciento en promedio anual, en el periodo 1964−1981. Sin embargo, después de que enl982 iniciara la implementación del modelo del Estado Neoliberal en México, el crecimiento delproducto interno bruto cayó. Para el período del Estado Neoliberal comprendido de 1982 al 2000,el producto interno bruto por habitante solamente creció el 0.3 por ciento en promedio anual. LaEncuesta Nacional de Ingreso−Gasto en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional deEstadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2000, reporta que la generación de lariqueza aumentó en los últimos seis años, pero la distribución de la esta riqueza se volvió másinequitativa, con niveles de deterioro alarmantes.

El 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentra 38.11 por ciento del ingresonacional. En el otro extremo, la décima parte de los más pobres percibe apenas el 1.50 porciento del total, cuando en 1996 fue de 1.79 por ciento. El ingreso mensual disponible en 10 porciento de los hogares más pobres es 26 por ciento inferior al de 1994, mientras para la décimaparte de los hogares más acomodados la reducción ha sido de 20 por ciento (González Amadory Castellanos, 2000). El coeficiente de GINI para el ingreso monetario en 1992 fue de 0.5086, en1994 fue de 0.5137 y en el 2000 de 0.4889, el cual indica una tendencia a una disminución de laconcentración de la riqueza nacional, más sin embargo sigue siendo alta.

El acelerado crecimiento económico no ha repercutido en la mejora de los niveles de vida de lapoblación, debido a la inequitativa distribución del ingreso que impide la transferencia debeneficios macroeconómicos. Las altas tasas de crecimiento que alcanzaron el cuatro por cientoen promedio del producto interno bruto entre 1996 y el 2000, no han contribuido al mejoramientodel bienestar y estándares de vida de la familia, porque contribuyen en 2.4% real del productoper capita. De acuerdo a análisis de El Financiero (2000), de cada peso que se generó en laeconomía en el primer trimestre del año, 0.07 centavos le correspondieron a la población deescasos recursos, mientras que la población con altos niveles de ingresos obtuvieron 50centavos.

El desarrollo regional también ha sido inequitativo y desequilibrado, sujeto a procesos dedesarticulación económica que han sido resultado de los procesos de integración orientadoshacia los mercados del Norte que vive el país desde 1994 en que se firmó el Tratado de LibreComercio con Norte América.. Así, los mexicanos con más bajos ingresos per capita seconcentran en siete Estados del Sureste del país que representan menos del 10 por ciento delproducto interno bruto nacional, mientras que con una población similar, seis Estados del Norte,generan el 23 por ciento de la riqueza nacional. El modelo exportador de crecimiento basado enmano de obra barata, sólo permite que un pequeño grupo de empresas se beneficien de lostratados comerciales de México con otros países.


b. Las debilidades de la gobernabilidad

La baja gobernabilidad en México, por ejemplo, tiene sus antecedentes en las debilidades de laspolíticas económicas, sociales, culturales, educativas, etc. y en las debilidades de susinstituciones a pesar de que en el pasado existía una fuerte presencia del Estado mexicano en lacreación de instituciones y de políticas públicas. Se caracterizan como debilidades de lagobernabilidad: la corrupción oficial y privada, el tráfico de influencias, la corrupción e ineficienciade los órganos judiciales, la influencia de los carteles de las drogas, deficiencias en la seguridadinterna bajo la forma de grupos guerrilleros operando en áreas rurales y la violencia en lasgrandes ciudades.

Los déficits de gobernabilidad están relacionados con la legitimidad del sistema político, loscuales tuvieron su origen en las políticas económicas erróneamente implementadas por las elitesque hicieron el diseño organizacional para la transición del Estado mexicano. México ha vividopopulismos centrados más en las expectativas de gobernantes iluminados que en propuestasconcretas de desarrollo nacional mediante un desarrollo institucional. El Estado mexicano halogrado mantener su legitimidad mediante una política de protección social parcial y promesasfuturas de mayores beneficios que favorezcan a los diversos grupos sociales.

En la actualidad, la forma en que se visualiza en México la implantación de la gobernabilidad, sereduce a lograr la normalidad política, la cual es la preocupación por subordinar la democraciaelectoral a la gobernabilidad del sistema y no necesariamente la democracia tal y como seexpresa en la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, que la define "no sólocomo una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en elconstante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo" La democracia electoral nosolamente tiene como condiciones suficientes elecciones libres y justas, pero los procesoselectorales tienden a ser más libres y justos sólo cuando es la culminación de un procesodemocrático continuado y no cuando se le subordina.

c. Inestabilidad política y seguridad de la propiedad.

Para el caso de México específicamente, un factor del riesgo político consistentemente alto(calificado como "BB", grado de no inversión, hasta que recientemente ha cambiado el status) es"la calidad de la gobernabilidad" que abarca "la calidad de las instituciones del sector público; laeficiencia de los servicios gubernamentales y la capacidad del gobierno para establecer laestabilidad macroeconómica. En un análisis de factores dinámicos, la estimación del índice deriesgo nacional mensual es determinante para las proporciones de las importaciones a lasreservas y la deuda a las exportaciones. En el riesgo nacional, la inestabilidad sociopolítica es unimportante componente.

Un aspecto importante es determinar las incertidumbres involucradas en las transferencias delos gobiernos regulares a fin de evaluar las posibles incertidumbres de la elaboración de lasleyes. Los cargos constitucionales del gobierno (como resultado de las elecciones) seacompañan usualmente por grandes cambios en las reglas y regulaciones que tienen un impactoen los negocios.

Con respecto a las incertidumbres de la aplicación de la ley, es importante determinar si lasempresas tienen confianza en las habilidades de las autoridades del Estado para proteger losderechos de propiedad y para garantizar un proceso judicial predecible. El robo y crimen sonproblemas serios que pueden substancialmente incrementar los costos de hacer negocios. No setiene confianza en que las autoridades del Estado protejan a las personas y su propiedad de


acciones criminales. La impredictibilidad de lo judicial presenta un problema mayor para lasoperaciones de los negocios. La inseguridad pública en México ha colocado al país en unasituación cercana al caos, rebasando a las instituciones que fueron los pilares de un sistema yaen descomposición, como el caso del PRI.

d. Interfase gobierno−empresas.

En México, los principales obstáculos para los empresarios son el crimen y el robo, seguido poruna inadecuada oferta de infraestructura, inflación, corrupción y financiamiento. Sin embargo,existen empresas que no pagan impuestos, o bien sus pasivos los han transferido a deudapública mediante mecanismos de rescate a los bancos acreedores, cuando éstos han tenidoproblemas financieros.

En resumen, los gobiernos priístas dejan como saldos las "heridas abiertas en la conciencianacional" por los conflictos indígenas de Chiapas, niveles crecientes de pobreza, el aumento dela economía informal, el incremento de la violencia y la inseguridad pública, corrupción eimpunidad, las condiciones precarias de la micro, pequeña, mediana y gran empresa y eldeterioro del sector agropecuario.

En suma, el problema actual de México es tener una buena macroeconomía pero una malamicroeconomía.

5. LA TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN DEL ESTADO MEXICANO:DEL ESTADO EMPRESARIO AL ESTADO DE LOS EMPRESARIOS.

El modelo de partido de Estado, y más concretamente del PRI−Estado mexicano se ha agotado.La caída del PRI del gobierno federal y su pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso de laUnión en las pasadas elecciones es un acontecimiento que constituye una nueva etapa que dalugar a la alternancia del PAN en el poder político mexicano. A diferencia de las demásalternancias en el poder que ha habido en México, ésta ha sido por la vía pacífica y en unambiente de estabilidad política, materializando la llegada de un partido contrario al quedetentaba el poder.

Durante las últimas cuatro administraciones no ha sido evidente la transferencia de poder bajocondiciones de estabilidad económica y política. Era necesario la desaparición del Estado−PRI.El último sexenio priísta coincide más con un cambio de partido que con cambios de un régimenpolítico centrado en un partido de Estado y caracterizado por la hegemonía de un partidopolítico, el PRI, que detentó el poder por un período de setenta y un años, de 1929 a 2000, y quesirvió de sustento a un sistema presidencialista con poderes meta−constitucionales, omnipotentesobre los otros poderes (legislativo y judicial) y sobre las esferas de la vida económica, política,social y cultural.

El cambio de gobierno implica reacomodos acordados y no acordados entre los interesespolíticos y económicos. En primer lugar, la renuncia del presidente a los poderes y al sistema depatronazgo establecido por el PRI a todos los presidentes que salieron de sus filas. Sin embargo,el cambio de partido en el gobierno puede mantener las mismas estructuras presidencialistas,cuyos antecedentes más remotos se encuentran en el Huei Tlatoani, o máximo señor, jefemilitar, civil y religioso entre nuestros ancestros Aztecas, que luego derivó en una cultura política.


Para un verdadero cambio de régimen político hacen falta muchas reformas y transformacionesestructurales tales como acordar reformas a la Ley de Administración Pública para cambiar lacultura política, reformas al régimen gubernamental, a fortalecer el poder Legislativo,independizar al poder Judicial y acotar al poder Ejecutivo, especialmente en sus atribuciones dejefe de gobierno y de jefe de Estado.

En las últimas dos décadas, en medio de grandes crisis financieras y con un proyecto neoliberalde política económica se detuvo el crecimiento en la década de los ochenta y lo acelera en losúltimos cuatro años de los noventa, da como resultado grandes desequilibrios ydesarticulaciones en los procesos económicos y el desmantelamiento de los mecanismos dedefensa del Estado mexicano. En la etapa decadente del sistema PRI−presidencialista aumentóla corrupción, se destruyó la cohesión social, los niveles de pobreza aumentaronalarmantemente y concentró el ingreso "a favor de una minoría que coincide en su composicióny voracidad con las elites criollas herederas y beneficiarias del sistema de castas de la épocacolonial y del sistema porfirista." Así que en parte la derrota del PRI como partido hegemónico sedebe a la repulsión colectiva a una política económica que ha aumentado los niveles de pobreza,corrupción y violencia social. El PRI perdió su capacidad de respuesta frente a una sociedad civilmás activa.

El último Presidente del PRI, Zedillo, "se cortó el dedo" que designaba a su sucesor y leheredaba el poder, para abrir la elección del candidato tricolor. Sin embargo, no logró frenar lamaquinaria de compra y coacción del voto, pero disciplinó a los más reaccionario para impedirque se volvieran a robar la elección y luego, al perder en la contienda frente a los otros partidos,para dar paso a una transición democrática que refuncionaliza el sistema. En pocas horas se hapasado de un régimen de partido hegemónico y gobierno autoritario, hacia un sistema másdemocrático, concluyendo el proceso democrático de transición, entregando el poder encondiciones de normalidad económica y sin incertidumbre acerca del cambio de gobierno o derégimen.

La transición del unipartidismo a la democracia. Sin embargo, hasta cierto punto, esta transicióndemocrática es muy cuestionada, porque lo que realmente se ha dado es un cambio de partidoen el poder. En cualquier transición, es evidente que la abdicación total de aquéllos poderes quetienen que ver con el control del proceso político, dejaron vacíos de poder cuyas consecuenciashan sido adversas. Todavía más, está por verse si el sistema democrático mejora lascondiciones de vida de los mexicanos. Ciertamente, no hay un cambio de régimen político, sinola profundización de la política económica neoliberal que ya se venía aplicando en México desdemediados de los ochenta. Termina la era de 71 años del partido hegemónico del PRI y se esperaque también termine la era del presidencialismo mexicano.

El cambio del sexenio y de partido político en el poder bajo el mismo régimen político, al igualque la forma de acceso al poder político ha sido por la vía democrática, lo que ha modificado lasexpectativas y desempeños del funcionamiento de la vida pública nacional. En parte estoscambios han sido el resultado del hartazgo creado por el partido político que venía gobernando.Sin embargo, as altamente cuestionable la forma en que se apeló al "voto útil", y no al "voto éticode los principios y los proyectos", condicionándose a los electores que en el PAN estaba elcambio y construyéndose un espacio de mercado electoral sobre una falsedad que fue aceptadaaunque han explicado porqué y que "no significaba de ningún modo un dique de contención alneoliberalismo sino sólo sacar al PRI de Los Pinos" (Rodríguez Araujo, 2000).

Para algunos críticos escépticos lo que sucede es un simple cambio en la forma de hacer lascosas, más que en el contenido de las mismas. Por todos los medios viables a lo largo de tres


años se satanizó al PRI y se vendió a la juventud despolitizada la idea de la necesidad yposibilidad de la alternancia en el poder político para crearles escenarios en donde multiplicabanoportunidades de movilidad social, educación y empleo.

El cambio de partido político en el mismo régimen representa una ruptura del viejo sistemapolítico mexicano y una continuidad en los procesos de desarrollo conforme al modelo neoliberalimpuesto por los intereses del capital transnacional. Así, el cambio puede ser significativo porquerepresenta un balance final de un régimen presidencialista y de su modelo económico neoliberal.

Con el cambio de partido en el poder termina la era del PRI, ya conocida como la era de losdinosaurios, con 22 presidentes del mismo partido que cubren un período de setenta y un años,miembros de la "familia revolucionaria", con un estilo de gobernar patrimonialista dondeinvestidura y bienes públicos atribuibles al cargo público se consideran propiedad personal, asícomo al paternalismo que facilita el control político a través de las prácticas corporativistas,clientelares y viciadas de quienes tienen menos recursos, pero amarrados a cadenas decorrupción y complicidades. Los intereses corporativos que condicionaban el voto de losciudadanos también oprimían sus derechos políticos y humanos. Resulta interesante analizar loscambios de los antecedentes de las carreras de los presidentes, siendo los primeros militares,quienes cedieron el poder a los abogados para luego dar oportunidad a los economistas yfinalmente arriba un empresario.

Al abrirse la alternancia a la Presidencia de la República, el final del último sexenio priísta hasido diferente a los últimos cuatro sexenios que dejaron como herencia crisis económicas ydeterioro político, aunque todavía persisten las evidentes expresiones de descomposiciónpolítica, violencia y corrupción. En los dos últimos sexenios, el de los Presidentes tecnócratasque privatizaron la política, Salinas (1988−94) y Zedillo (1994−2000), representaronpolíticamente a los dos grandes grupos locales de funcionarios y empresarios con poder real.Los dos presidentes tecnócratas tuvieron como característica gobernar en función de enfoquespersonales de las relaciones sociales y de poder, dando lugar a la emergencia de complicidadesentre los tecnócratas y los empresarios ampliando la relación capital−política, los hombres quedetentan el poder económico, sin respetar las reglas del sistema ni la correlación de fuerzassociales y política.

La tecnocracia mexicana ha sido insensible e indiferente a los problemas sociales. Ambos,Salinas y Zedillo pueden ser identificados más que como gobernantes, como administradores ogerentes de la política económica. La estrategia sobre la que centraron la implementación delmodelo neoliberal consistió en mantener un grupo reducido de economistas tecnócratas en unared de alianzas y complicidades con grupos capitalistas, a los que Ortíz Pinchetti (2000a)denominó la nomenklatura, con intereses financieros insaciables y que fueron los principalesbeneficiarios del modelo. En la estrategia de Salinas, a través de apoyos al PAN se apalancópolíticamente a su grupo de interés empresarial y financiero, en sus meganegociacionescupulares con el grupo de Zedillo (Soto, 2000) en la que victimaron al PRI. La descentralizacióndel poder iniciada por Salinas y profundizada por Zedillo consolidó la participación de los gruposfinancieros que forman la nomenklatura.

Salinas primero y después Zedillo, gobernaron con autoritarismo para implantar la políticaeconómica impuesta por instituciones supranacionales y fueron flexibles en la política dondeampliaron las libertades políticas con criterios pragmáticos, siempre y cuando no contravinieranla política económica. Así se cumple el principio de que toda reforma económica sin la reformapolítica es insuficiente y origina peligrosas contradicciones. El proyecto modernizador de lospresidentes tecnócratas, neoliberal y globalizador promovido por los gobiernos del PRI y que le


costó a éste el poder porque no ha sido capaz de entregar beneficios a la mayoría de lapoblación, se sustentó en un orden económico sustancialmente diferente al que orientó a losgobiernos emanados de la Revolución Mexicana.

En el sexto informe de gobierno de Zedillo, el Diputado de la oposición Batres lo acusa depretender ser un "Robin Hood al revés, toda vez que expropia a los pobres para darle a losricos?". Los gobiernos neoliberales afirma, han actuado de manera "desalmada, nada losconmueve y sus grandes obras son sus negocios, que en unos cuantos años permitieronenriquecer a unos cuantos" (Rodríguez López, 2000). Pero lo insólito fue que las mismasfracciones parlamentarias del PRI abandonaron la vieja costumbre de salir en defensa de supresidente para criticarlo reconociendo yerros e ineficiencias de su gestión. Sólo lainconformidad social puede hechar a perder el proyecto de modernización neoliberal, la cualsupone un período de medidas de ajuste de 25 años durante el cual pretenden conservar elpoder, basado en el control del ingreso del trabajador y no del capital.

Si bien se privilegió la estabilidad y la renovación del crecimiento económico con altas tasas delproducto interno bruto que alcanzaron el 7.8 por ciento en el primer trimestre del 2000, Zedillocierra el período priísta sin haber cumplido su promesa de campaña, el tan anhelado "bienestarpara sus familias" y deja también desmanteladas instituciones públicas que promovían elbienestar social. Sin embargo, es preocupante que las altas tasas de crecimiento del productointerno bruto sean transitorias y provoque una más de las crisis con altos costos a las que noshemos acostumbrado en el pasado.

La descentralización del poder iniciada por Salinas y profundizada por Zedillo, consolida unescenario de poder compartido con gobiernos divididos formado por los avances electorales departidos opositores al PRI, los cuales constituyen contrapesos reales de los gobiernos federal,estatales y municipales. La consolidación de este nuevo proyecto modernizador fortalece alPAN, el relevo natural que "sólo pretende reformas en el nivel de la administración política quedebe suponer la modernización neoliberal" de acuerdo con Montemayor (2000). Así el PANavanza el proyecto neoliberal globalizador y se da paso a una administración federal y municipalacorde con la "modernidad".

Así, el PRI sufre una involución por los procesos de ajuste del proyecto durante estos últimos 18años, entre los que destacan su propia transformación ideológica para acomodarse a losprincipios neoliberales, totalmente opuestos a la ideología revolucionaria y los cuales convierte ala etapa moderna de la Revolución Mexicana. Montemayor (2000) argumenta que el PRI apostó,por obediencia, contra sí mismo. El proyecto modernizador "socavó su estructura y, sobre todo,los valores entendidos de equilibrio de fuerzas y grupos que participaban en el anterior sistemapolítico mexicano". Para los neoliberales, las medidas de ajuste tomadas durante los últimos tresgobiernos de México son correctas y por lo mismo, los conflictos del país sólo provienen de lacorrupción e ineficiencia de los gobiernos príistas.

Otra lectura de la caída del régimen del PRI−Estado es la disfuncionalidad que alcanzó laburocracia del aparato administrativo, con altos niveles de corrupción e ineficiencia, con unaestructura autoritaria y vertical que sólo respondía a las decisiones presidencialistas peromostraba su incapacidad para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. A este tipo deorganización de la administración pública, según Barboza Rodríguez (2000) "obedece lageneración de muchas obras inútiles y un enorme dispendio. Y, no pocas veces, un sectorconstruye lo que otro destruye. Los mexicanos sólo sabemos de los "elefantes blancos" por ladanza de millones de pesos. Los beneficios tangibles son nulos o pobres cuando los hay".


El siglo XXI inicia en México con el nuevo paradigma de gobierno empresario. El PAN gana laselecciones a la Presidencia de México en el 2000 con el carismático Vicente Fox, el candidatoque con una campaña mercadotécnica orientada a enfatizar la contradicción régimen−antirégimen, se sentía llamado a sacar al PRI de Los Pinos, la residencia presidencial, dando asípor terminado el fin del régimen del PRI e iniciando un nuevo ciclo. En parte, la gente votó encontra del PRI más que a favor de Fox. Fox ha dicho que su gobierno será de transición hacia elnuevo régimen democrático. En su discurso del 2 de agosto cuando recibió su constancia dePresidente Electo, Fox sostuvo enfático: "Encabezaré un gobierno de transición plural eincluyente, capaz, con visión de Estado y con latos estándares de honradez y calidad"(Macroeconomía, 2000).

La endogamia del Partido−Estado en el poder durante 71 años había generando una estructuraperversa con grandes taras que la sociedad mexicana ya no toleraba. Fox fue el beneficiario delvoto determinante de los pobres marginados de los grandes centros urbanos y de aquéllos delas zonas rurales e indígenas rezagadas que renegaron del PRI. Sin embargo, no se cumplió elsupuesto de que el "voto verde" de las zonas rurales y marginadas decidiría las elecciones afavor del PRI, aunque este partido todavía obtuvo mayoría, pero menor que en las pasadaselecciones federales de 1994. Este comportamiento electoral no se había manifestadoanteriormente porque además los electores diferencian su voto para no otorgar todo el poder aun solo partido.

En estas elecciones del 2000, por primera vez en 71 años, el PRI pierde la presidencia de laRepública, evento trascendente para la vida política del país porque se cambia radicalmente laperspectiva política y las expectativas nacionales. Esta derrota del PRI como partido políticohegemónico en el poder, es resultado de "la destrucción progresiva de la cohesión social:aquéllas normas y pactos expresos e implícitos que nos mantenían unidos a los mexicanos. Yesto se debió a la inclinación del gobierno a favorecer a la oligarquía criolla y a la concentraciónmonopólica del capital" de acuerdo a Ortíz Pinchetti (2000).

Por su parte, Touraine (2000) argumenta que el resultado de las elecciones que acaban deponer fin al largo reinado del PRI habría podido preparar un refuerzo de la acción política y de laintervención del Estado en un país cuyo crecimiento no ha reducido la desigualdad social. Laeconomía crece pero no reparte los beneficios del crecimiento, es decir, genera riqueza perotambién genera pobreza. Se anuncia lo contrario, la reducción del peso del Estado, a pesar deque el sector público ha sido tradicionalmente débil en México. La inserción de México en laeconomía global limita las opciones del poder de cambio institucional del Estado.

Se abre y se desborda el sistema político mexicano por movimientos que orientados por elcambio dan inicio a la protesta y al debate público más que a un nuevo proyecto político, más sinembargo, este proyecto democrático sólo se entiende desde una despolitización de la política.En realidad, el proyecto político y económico de Fox da continuidad al proyecto de lostecnócratas, más que ser una transición, porque lo único que se da no es un cambio de régimenpolítico sino de alternancia de partido en el poder, aunque lo ideal hubiera sido la alternancia conalternativa, la necesaria alternancia en el sistema gubernamental, dadas las condiciones de lospartidos. En todo caso, la transición política ha sido posible gracias a que el mismo modeloneoliberal ha desarticulado a la sociedad civil y a la ciudadanía. Lo que ha pasado en México,según varios analistas es que "triunfó una democracia de tipo caudillista ante una izquierdadebilitada y en un marco de partidos políticos débiles y desestructurados que reflejan más bienelites decadentes y centralistas" (Muñoz, 2000). Sin embargo, es altamente cuestionable hastadónde se ha dado el tránsito a un régimen democrático y la sepultura de un régimenpresidencialista dictatorial.


Más que continuidad, se profundiza el modelo neoliberal con la llegada de Fox a la presidenciade México, quien representa un tercer momento de la economía neoliberal impulsada porSalinas. No obstante, los tecnócratas han sido golpeados políticamente por los empresarios, lanueva clase política que emerge de las organizaciones locales de pequeños y medianosempresarios principalmente del Norte, que han querido liberar al país de la corrupción y delclientelismo del partido de Estado. El Estado Empresario estaba siendo desmantelado desde elarribo de los economistas tecnócratas al poder y ahora con un empresario como Presidente deMéxico, el Estado mexicano se ha convertido en un Estado de Empresarios, que ven lademocracia como un buen negocio, es decir, la Coca−colaficación de México, en referencia a losantecedentes gerenciales de Fox en la transnacional.

Según un líder empresarial canadiense, para Fox, gobernar México no será lo mismo que dirigirCoca−Cola, pero su experiencia empresarial le ayudará mucho a tomar decisiones (Inclán,2000). El analista Rubio (Jiménez Lazcano, 2000) describe el perfil de Fox como "una personaevidentemente práctica, pragmática, que claramente se adapta las circunstancias; (sic) tiene unsentido muy claro de sus prioridades y tiene un sentido muy claro de cómo utilizar y para quéquiere utilizar a cada una de sus gentes, y en ese sentido lo que debemos esperar es a unapersona muy poco ideológica, muy poco dogmática y muy adaptable al entorno que se vayapresentando en cada momento."

Resulta paradójico que en un país donde más del 60% de la población es pobre, gane laselecciones un partido de derecha que postula la profundización del modelo neoliberalresponsable del aumento de la pobreza. La llegada de Fox al poder, según Fazio (2000a),"coincide con la consolidación de un proceso de concentración y oligopolización económica ycentralización política en la toma de decisiones, y expresa que las formas anteriores derepresentación clientelar y corporativa fueron desplazadas por formas de representación directaque se habían venido manifestando de manera larvada. Asistimos a un proceso de regresiónneoligárquica, en el sentido de que los grupos propietarios ejercerán directamente ladominación− aunque lo hagan por medio del Estado−, remplazando a una parte de la altaburocracia gubernamental y eliminando a la antigua mediación conciliatoria representada por la"clase política" priísta".

Con Fox el presidencialismo mexicano transita del autismo al caudillismo democrático. Lallegada de Fox a la Presidencia de México, según Krauze (citado por Fazio, 2000b) fue elresultado de "una búsqueda directa, inmediata, empresarial al poder. Vinos de nuevamercadotecnia en viejos odres de caudillismo?un caudillismo plebiscitario con ribetesmesiánicos, muy peligroso en un país al que le costó mucho la separación entre la iglesia y elEstado" No obstante el fantasma del presidencialismo no se ha alejado con Fox en lapresidencia, quien ha asumido actitudes de "caudillo" del pueblo debido a que todavía estánpresentes los patrones de comportamiento que lo alientan, solapadas en las lagunas existentesen la Constitución. Un verdadero cambio de régimen, implica una profunda Reforma del Estadocon una nueva Constitución, y en las que las diversas fuerzas políticas acote la actividadpresidencial.

Fox es el primer presidente empresario surgido de las elites locales que se revelan contra elcentro del país, representante de la opción de la "corriente electoralista" de las elitesempresariales dentro del PAN, especialmente la denominada de la fracción del Norte o "GrupoMonterrey", con el que tiene vínculos estrechos y que apoyado en la ideología de la nuevaderecha mexicana, se expresa en la corriente pragmática o neopanismo, opuesta a la doctrina ya la ortodoxia tradicionales. Según el exlíder y dos veces candidato Panista, Pablo EmilioMadero, sobrino del demócrata antirreeleccionista Francisco I. Madero, "El eventual triunfo de


Vicente Fox Quezada en la elección presidencial coronaría el acuerdo de un grupo deempresarios que en 1982 decidieron, en una reunión en Cd. Juárez, Chihuachua, infiltrar ycontrolar al Partido Acción Nacional (PAN) para obtener intereses particulares. Un virtualascenso del neopanismo al poder constituye un grave riesgo para México porque imperaría elprincipio pragmático del interés personal y no del bien común, y una vez como gobierno losvencería la tentación del autoritarismo para eliminar a opositores, lo que generaría desalientonacional " (Ruiz Meza, 2000).

La propuesta de cambio de Fox es considerada imprecisa con respecto a la propuesta panista.Según Loaeza (Rivera, 2000) "El PAN y las clases medias que se expresan en él no sonreaccionarios, por el contrario. Quieren un cambio político, les gusta la sociedad moderna, miranhacia el exterior. Aunque por otra parte, tal vez estén por una menor desigualdad social pero nopor una igualdad absoluta, porque eso no les interesa. Tienen una visión antiigualitaria de lasociedad, a ellos no les interesa la igualdad sino la libertad. Libertad con orden, eso sí?La justiciasocial no es un tema panista?"

A diferencia de la corriente doctrinaria, la ideología del neopanismo, con ciertos atisbos defascismo, defiende el "changarro" de los ataques del populismo oficial. Con un enfoque que distamucho de la política socialdemócrata, con los llamamientos al "voto útil" que no reconocendiferencias ideologías más que el simple impulso de sustraer el poder del Partido del Estado, ybajo la presentación de un "partido virtual de la unidad", la clase política se recompone con elarribo de los empresarios al poder formal. Así los empresarios arriban al poder político desde lossindicatos empresariales a los que pertenecen, principalmente del Norte del país, usados comoplataformas de lanzamiento.

No obstante, que el neopanismo combate el populismo oficial, la descomposición del sistemapolítico mexicano fue la principal causa de que con Fox surgiera un nuevo populismoantipartidos. Según Touraine (2000), esta descomposición política va de la mano del avance delos grandes conglomerados económicos mundiales, la que en el caso de México además seexpresa en una alternativa "a la mexicana" que difícilmente pueda considerarse "como una víareal para la creación de una verdadera democracia". Pero en el desbordamiento de estos marcospolíticos, al igual que es peligroso dar prioridad a la caída de un régimen ya vacío de susubstancia, también es peligroso alentar de este modo la unión ya demasiado fuerte entre unvago populismo y el liberalismo económico. La resistencia a esta tendencia populista que atacaal mismo tiempo al sistema político y a la capacidad interventora del Estado tiene queorganizarse desde los movimientos populares que tengan la capacidad para manifestar yexpresar las demandas populares de los sectores más desfavorecidos, de tal forma querealmente contribuyan a la renovación de la vida pública.

La transición al nuevo régimen no ha sido tan tersa y suave. Los caciques que detentaban elpoder político y económico no se resignan a perder. El PRI herido de muerte ha entrado endisputas internas por el poco poder que queda y los grupos políticos se lanzan a la defensa desus intereses y sus cuotas de poder con enfrentamientos violentos Sin embargo, la tersura de latransición política hace suponer que ha sido pactada por quienes mantienen el poder real.


6. EL CAMBIO DE PARTIDO EN EL PODER:EL ESTADO MEXICANO DE LOS EMPRESARIOS EN EL NUEVO PERÍODOPAN−PRESIDENCIALISTA.

El arribo de los empresarios al Estado mexicano significa el desplazamiento de los políticos delpoder formal. En otras palabras, lo que cambia es el poder formal, porque el poder realpermanece inalterable. El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios deja de ser un grupo depresión ante el poder del Estado, para convertirse en el interlocutor de los empresarios frente algobierno federal, y para determinar las decisiones económicas y políticas nacionales. Es decir, latoma directa del poder político por los grupos conservadores que detentan el poder económicohegemónico y neo−oligárquicos nacionales subordinados a los intereses del capitalismotransnacional para ejercitar una nueva estrategia de gobernabilidad que les permita el dominio ycontrol directo de los medios para el logro de sus máximos beneficios (eficiencia), sin tenernecesidad de recurrir a la intermediación de una clase política que se cobraba caro la mediaciónde los arreglos de los factores de producción, entre capital y trabajo, por ejemplo. Sin embargo,en la historia de la humanidad, el logro de la eficiencia no ha traído consigo la justicia social.

El nuevo Estado de empresarios se plantea administrar eficientemente el orden existente paragarantizar al capital globalizador transnacional las mejores condiciones para sus inversiones enMéxico. Ya el coordinador general en materia económica del equipo de transición garantizó "cerodiscriminación" para el empresariado mexicano. Por su parte, el dirigente de una de las máspoderosas organizaciones de empresarios augura que el gobierno de Fox "será más amigablecon el sector productivo, ya que tiene una visión clara de las necesidades de una empresa, paraque pueda crear riqueza y más fuentes de trabajo" (Becerril, 2000).

Fox representa la alternancia en el gobierno y ha advertido que el propósito de su administraciónpública es eficientar la tarea del gobierno hasta un grado óptimo y eliminar así todo lo que tengaque ver con errores y corrupción. "Acotaré las funciones que le restan eficacia a la gestióngubernamental en perjuicio de toda la sociedad?tenemos que ponerle fin al centralismo plítico yadministrativo y promover el fortalecimiento de nuestro federalismo para impulsar el desarrollode las regiones y la viabilidad de los municipios a partir de su vocación, de sus recursos y de lasexpectativas de sus comunidades" (Macroeconomía, 2000).

Su proyecto de reingeniería de la administración pública federal sigue más el consejo del BancoMundial basado más en el pragmatismo de cambiar la administración sin cambios en las leyes,se sustenta en estructuras más horizontales y flexibles y en criterios de eficiencia, eficacia,oportunidad, pragmatismo y calidad (Abascal y Macías, 2000a). La estructura horizontal yflexible, articulada por una planeación estratégica de alcance hasta el 20025 y que combinacriterios empresariales con experiencias del sector público, está formada por superasesores ysupergerentes que coordinen los trabajos en materia de desarrollo humano, seguridad y justicia,igualdad de oportunidad y renovación de la institución de gobierno, una coordinación general,Zares (anticorrupción y fronteras), y Secretarios de Estado en gobernación, desarrollo social,trabajo, empresas y desarrollo industrial, agricultura y hacienda.

Por su parte, los empresarios han declarado (Becerril, 2000) que están convencidos que elnuevo gobierno será "más amigable", piden opciones para la participación de la inversión privadaen el sector energético (electricidad y petroquímica secundaria), rechazan que pretenda retomarpolíticas populistas y confían en que la relación es de cercanía pero serán críticos cuando seequivoque. Queda claro pues, que Fox gobernará al Estado mexicano con un enfoque de la


Nueva Gerencia Pública, como si se tratase de la corporación "Mexico, S.A. de C.V." que pone aremate la petroquímica y el sector eléctrico a los capitales transnacionales globalizadores.

El acercamiento de Fox es franco y pragmático. Madero califica a Fox como "pragmático, unhombre dispuesto a echarse maromas, decir palabrotas, comprar votos, todo con tal de ganarlas elecciones?caía en el pragmatismo, y eso me preocupa que pudiera ser más importante eseprincipio pragmático que el principio democrático?habría que ver hasta dónde un gobiernopanista con Fox ’estaría dispuesto a respetar al pueblo de México por opiniones en contra dequienes están en el poder’?ya como gobierno podría hacer lo mismo, a sea eliminar a los que seoponen?" (Ruiz Meza, 2000). El discurso de Fox se caracteriza por su estilo abierto y por elrompimiento con protocolos rígidos. Su franqueza, estilo de hombre de negocios y su legitimidaddemocrática, son puntos a su favor. Fox tiene la intensión de hacer de su gobierno un promotordinámico del desarrollo, vigilante de los derechos humanos y un administrador pragmático de laspolíticas públicas domésticas. (Iglesias, 2000).

Como todo buen gerente, su pragmatismo para resolver los problemas es su principal activopara lograr el "consenso" al que aspira entre todos los sectores de la sociedad, pero también supunto débil en las negociaciones: trata de concretar "puntos mínimos de arranque" en dondetodos los actores políticos se pongan de acuerdo, simultáneamente, en los asuntos económicosy políticos, ya que sus propuestas podrán ser cuestionados por una sociedad civil y un poderlegislativo en el que no existe una mayoría de alguno de los partidos políticos. Será más fácil quelograr la cohabitación, construir el consenso necesario ante la falta de control absoluto de unCongreso que no será incondicional. Fox ha dicho al respecto que "mi gobierno no tomarádecisiones, sobretodo en materia económica, que atenten contra los intereses de las mayorías.Nada se hará sin consenso y mucho menos a espaldas de la voluntad de los mexicanos"(Macroeconomía, 2000). En este sentido, hay consenso entre las diversas fuerzas políticas paraacotar el poder presidencial mediante la supresión de las facultades meta−constitucionales y lacreación del servicio civil de carrera independiente a la voluntad del ejecutivo.

Pero el pragmatismo de Fox no tiene bases ideológicas, no se pueden esperar la postulación devalores liberales sino un necesario escape de la jaula priísta, como bien sentencia ReyesHeroles (2000). Fox ha declarado que su gobierno no será de rencores y lo demostró retirando lademanda interpuesta contra quienes le acusaron de recibir dinero del extranjero confirmandociertos rumores que en parte provenían del ex presidente Salinas de Gortari (Lomas M., 2000b).

El enfoque gerencialista del Estado considera a los ciudadanos como clientes a quienes hay quesatisfacer con servicios de calidad total. El presidente intercambia la palabra cliente por la deciudadano, con una visión en la que por ejemplo, resulta impropia para promover políticas dedesarrollo comunitario indígena. Irrespetuosamente, Fox les ha ofrecido "vocho, changarro ytele" como respuesta a siglos de rebeliones por las injusticias cometidas en su contra por elsistema capitalista. Para el neoliberalismo centrado en las fuerzas del mercado, los indígenas noson consumidores y por lo tanto son desechables y en el mejor de los casos una población aintegrar o asimilar en las capas más bajas de una fuerza de trabajo sin derechos y subordinadaal capital, como la propuesta para entrenarlos a ser "jardineros de los gringos" hecha por Fox encampaña. Los analistas políticos coinciden en que "sus propuestas han sido contradictorias, aveces retrógradas, a veces esperanzadoras, pero carecen todavía de la coherencia que tendríaun programa completo, tendríamos que ser críticos ante una posible nueva versión liberal conalgunas atenuaciones" (Ortíz Pinchetti, (2000b).

Así, las fracciones que integran las elites dirigentes se recomponen con los empresarios paragarantizar la continuidad del modelo económico, el dimensionamiento de una democracia


funcionalista que se aparea con la disciplina del mercado y la refuncionalización estructural delsistema que permite una mayor reproducción del capital y la profundización de los instrumentosde dominación para marcar más las diferencias e injusticias sociales. Pero esta democraciaauspiciada por un sistema autoritario de libre mercado es una ideología hegemónica de las elitesdel capitalismo transnacional globalizador que impone las decisiones en su beneficio. Sinembargo, el poder real permanece bajo el mismo control de los intereses capitalistastransnacionales.

Por otro lado, el PAN en el gobierno tendrá que afrontar el desgaste de la figura del Presidentecomo gobernante. Hay evidencias de que el estilo de gobernar de Fox será menos flexible enpolítica y más autoritario en política económica que los presidentes anteriores, aunque afirmeque son prioridades la atención a los pobres. Bajo esta nueva correlación de fuerzas diferente ycon las mismas reglas de separación de poderes que establecen su autonomía, los asuntospúblicos se manejan en forma más transparente. Los fraudes al sector público y la violencia a losconflictos ahora tienen un tratamiento más apegado al Estado de Derecho y la ciudadanía puedeexigir el derecho a la rendición de cuentas y a la transparencia. El establecimiento de lascondiciones materiales para el Estado de Derecho y el orden, será uno de los retos del gobierno.

La organización del nuevo sistema político va a condicionar la política económica.

De acuerdo al análisis de Bendesky (en Castellanos, González y Lomas, 2000) el augemacroeconómico del país en que recibe Fox y que se ha prolongado por más de cuatro años"está sostenido por factores coyunturales escondidos en la cuentas macroeconómicas como elelevado precio del petróleo, la entrada de divisas que ha abaratado el dólar, y la dinámica de laeconomía de Estados Unidos?puede cambiar su tendencia y hacer pagar los costos a toda lasociedad mexicana cuando esté en curso el gobierno de Fox.. Entre ellos estaría un ajuste deltipo de cambio, aumento en la inflación, mayor desequilibrio externo e incapacidad para resolverel tema de la pobreza". Así que el reto es mantener la estabilidad económica, incrementar elcrecimiento económico y apoyar la competitividad e incrementar la productividad de los agenteseconómicos.

La transición política vendrá aparejada a una reforma económica pero no habrá un avancesocial. Se necesitan reformas económicas estructurales para modernizar el marco regulatorio delas actividades económicas en general y el fortalecimiento de la estructura funcional del sistemafinanciero. Recortes al gasto social en los rubros de educación y salud pública para adelgazarpaulatinamente la burocracia mediante la transferencia de éstas funciones del Estado al sectorprivado. Fox a dicho que reducirá el costo de gobierno, sometiendo a una dieta rigurosa perogradual a la administración pública federal en los próximos seis años. Cambios para eliminar elcandado del 51% a la inversión nacional para dar mayor apertura a la inversión privada yextranjera y el fortalecimiento del sistema financiero.

El gobierno de Fox estará comprometido con una reforma fiscal integral y el endurecimiento de ladisciplina fiscal. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó mantener una"prudente política fiscal para asegurar la continuidad de su favorable crecimiento y evitar elriesgo de un sobrecalentamiento en su economía", (Reuters, Notimex y Afp, 2000). Una reformafiscal que erosionaría el principio de solidaridad, base del pacto federal que atiende a lasdesigualdades de desarrollo regional, sustento del desarrollo nacional.

Privatizaciones y apertura a la competencia del sector energético, especialmente a la industriaeléctrica y petroquímica, a fin de que según los mismos empresarios, "el país funcione bien?losempresarios no quieren comprar Pemex o CFE. Como sector privado lo que deseamos es que


nos dejen competir, participar en ciertos ámbitos de estas ramas productivas, para hacerlascompetitivas al nivel internacional?no hay que poner candados a la inversión extranjera para queincursione en la electricidad e hidrocarburos. Las únicas reglas para los capitales nacionales yextranjeros deben ser una economía de mercado, apertura comercial y precios fijados por lacompetencia internacional" (Becerril, 2000).

Reformas al artículo tercero de la Constitución para introducir la libertad de la enseñanza y conello la posibilidad de dar la oportunidad a la educación religiosa en las escuelas. Unaracionalización de la legislación laboral es también necesaria, una reforma al artículo 123 paraintroducir una Nueva Ley Federal del Trabajo menos proteccionista de los derechos de lostrabajadores, etc. La creación de más empleos y mejores salarios, son algunas de laspropuestas del nuevo gobierno. En suma, la profundización del modelo del libre mercado.

Bajo un enfoque de la Nueva Gerencia Pública, el gobierno de Fox se propone profundizar en ladescentralización de las decisiones mediante el fortalecimiento del federalismo, un federalismopost−PRI para transferir a los gobiernos estatales los recursos, facultades y responsabilidades.En materia económica, esta acumulación de recursos, facultades y decisiones dió lugar a lo queZaid denominó "la Economía Presidencial". El proyecto de restructuración y reingeniería delgobierno federal se orienta con un criterio eficientista al adelgazamiento paulatino de laburocracia a fin de optimizar los recursos y reducir los costos de su funcionamiento.

El proyecto del gobierno de Fox se ubica en 8 áreas estratégicas: reestructuración de laSecretaría de Gobernación, modificaciones en la procuración de justicia y seguridad pública,redefinición de funciones de la Contraloría, modernización y reformas a la industria energética(petróleo y electricidad), replanteamiento de objetivos de desarrollo social, continuidad delproyecto económico y reactivación de la política exterior (Chávez, 2000a). En términos generalesno se rectifica la política económica neoliberal prevaleciente en los últimos 18 años, sino másbien una profundización de la misma. Sin embargo, su proyecto de reestructuración de laadministración pública federal asegura que "ninguno de los actuales servidores públicos sequedará en la calle sin oportunidades de empleo" (Chávez, 2000b).

La Reforma del Estado, la descentralización de las funciones y la reorganización de la burocraciagubernamental son impostergables para mejorar la democratización, gobernabilidad,administración pública e imponer el Estado de Derecho para la legalidad y la impartición dejusticia. El desafío para organizar al gobierno consiste en estructurar un sistema deadministración matricial multisectorial de la gestión pública (Barboza, 2000), con un doblepropósito: coordinar las acciones sectoriales y distribuir en las estructuras de los gobiernoslocales, atribuciones y facultades que tengan como finalidad el restablecimiento de la solidaridady la cohesión social y que sean además incluyentes de los sectores sociales excluidos de losbeneficios del desarrollo.

7.− Algunas implicaciones.

El reto principal del nuevo gobierno será el de construir nuevas estructuras institucionales queresuelvan los problemas de la nueva realidad que enfrenta el grupo empresarial en el poder,como por ejemplo, aquéllas instituciones que impidan las prácticas monopólicas y que sustentenla gobernabilidad de la sociedad mexicana. Esta gobernabilidad debe ser considerada como unmecanismo democrático que facilita las relaciones con los poderes públicos en los procesos detoma de decisiones para la formulación e implementación de las relaciones públicas, y establecer


una relación armoniosa entre los tres poderes. En materia política, destaca consolidar lamadurez de los procesos democráticos electorales, lograr la reconciliación política entre lasdiversas fuerzas políticas, fomentar la pluralidad política e ideológica en los órganos del Estado,impulsar los procesos de descentralización, federalismo y desarrollo regional y municipal.

Las nuevas instituciones que emerjan de esta reorganización descentralizada del gobierno debenestar orientadas a satisfacer las demandas de la ciudadanía abriendo canales para encauzar laparticipación social y ampliar la democracia mediante el reconocimiento de su ámbito territorial yde estructuras propias de organización pública, la elección directa de los representantes, laasignación de facultades al gobierno municipal, la capacidad de coacción, la disponibilidad derecursos no etiquetados y la gestión directa de servicios locales.

Con una estructura fiscal débil, el financiamiento de las funciones básicas del Estado no seráposible. Otras funciones del Estado serán transferidas a la sociedad civil y al mercado. El gastosocial tendrá un margen de maniobra limitado para apoyar la política social en materia deeducación, salud, seguridad pública e infraestructura. Una educación pública, laica, gratuita ybasada en los valores y la calidad, será el eje de la política social. Fox tendrá que establecerprogramas y mecanismos que reduzcan la pobreza y logren una justa distribución del ingreso,recuperen el ingreso real y se traduzca en beneficios a las familias, mediante la generación deoportunidades de empleo, fuentes de financiamiento, capacitación, etc., para todos. Sociedadesfilantrópicas y la iglesia católica se encargarán de desarrollar algunas de las funciones antesencomendadas al Estado Benefactor, cuando precisamente existía la separación entre la Iglesiay el Estado, tales como la asistencia social a los grupos excluidos y marginados.

La propuesta del modelo capitalista democrático para las economías de mercado de los paíseslatinoamericanos necesita revisarse en función de los resultados expresados en incremento de lapobreza. Recuperar la credibilidad en el gobierno y su legitimidad son algunos de los principalesretos que tiene la próxima administración de Fox, al igual que reducir el alto índice de pobrezamediante la creación de un millón doscientos mil nuevos empleos por año, mantener elcrecimiento económico y el desarrollo económico. Se requiere la corrección de las desigualdadessociales a partir de una reorientación de la política económica. Abordar políticas públicas quecombatan la desigualdad en materia de educación, de salud e infraestructura y de vivienda, esun tema impostergable

Se requiere una acción rectora y rectificadora del Estado para corregir las desigualdades, unaeconomía que sea social, una economía humana, una política humanística en el sentidoeconómico con un alto énfasis en el combate a la desigualdad. La política económica debeorientarse a generar condiciones de vida humana y no únicamente cambiar el sesgo que da almercado una hegemonía indiscutida y orientar ciertamente sobre bases productivas, peroresponsabilizar al Estado del combate a tales desigualdades. La política económica tiene queunificarse para reducir la pobreza con medidas propuestas como el establecimiento de la BancaSocial para apoyar empresas familiares y asociativas, así como la creación de un pacto salarialgobierno− patronal− obrero, que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Se requiere un sistema político que transparente la gestión pública y se aplique frecuentementela rendición de cuentas, que permita a los gobernantes estar más cerca de sus gobernados y seabra a la participación social el diseño y la implementación de las políticas públicas. Sinembargo, el discurso conservador panista y empresarial sólo reconoce la participación social deorganizaciones no gubernamentales de asistencia privada con fines filantrópicos. No obstanteque en esta coyuntura de alternancia de partido en el poder, la sociedad civil que siempre habíamantenido una relación conflictiva con un gobierno que buscaba su control corporativo, ahora


tiene la oportunidad para participar en el diseño del proyecto de país bajo una nueva relación conel gobierno.

Sin embargo, existe una fuerte preocupación porque se han presentado ciertos signos deamenaza y peligro en los gobiernos estatales de extracción panista, como en los casos deJalisco, Chihuahua y Nuevo León. Los gobiernos panistas en estos Estados han dejadoantecedentes negativos de represión a organizaciones civiles críticas relacionadas con ladefensa de los derechos humanos, laborales, políticos y ciudadanos, y una falta de respuestainstitucional ante situaciones de violencia cuando se buscaban compromisos. Esta huella hacesuponer la existencia de un perfil amenazador del gobierno de Fox.

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JOSÉ GUADALUPE VARGAS HERNÁNDEZ, M.B.A., Ph.D.

Centro Universitario del SurUniversidad de GuadalajaraProl. Colón SNCd. Guzmán, Jalisco, 49000MéxicoTelefax: +52 341 25189, 24044.E−mail: [email protected]

Profesor investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara yprofesor del Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán en el área de ciencias económicoadministrativas. Profesor invitado del Instituto Tecnológico de Colima, del Instituto Tecnológico yde Estudios Superiores de Monterrey, Campus Colima, de la Escuela Superior de Comercio yAdministración del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Colima. Profesorinvestigador invitado de la School of Public Administration, Carleton University, Canadá.Anteriormente, profesor investigador del Centro Universitario de Investigaciones Sociales y de laFacultad de Economía de la Universidad de Colima.

Doctor en Administración Pública (Columbia States University), Doctor en Economía (KeeleUniversity, England). Otros estudios de Doctorado en Comportamiento Organizacional(Lancaster University). Maestro en Administración de Empresas con especialidad en DirecciónIndustrial (Pacific States University). Marketing Certificate (The British Institute of Marketing).Diplomado en Filosofía (Universidad Panamericana). Licenciado en Relaciones Comerciales,Instituto Politécnico Nacional.

Consultor externo independiente, ex director del Centro de Capacitación y Adiestramiento, delPatronato del Instituto Tecnológico, de Novacal S.A., del Consejo de Colaboración Ciudadana yde Comunicación Social del Ayuntamiento de Cd. Guzmán. Ha participado en eventosacadémicos internacionales y nacionales y publicado dos libros y más de 40 ensayos en revistasinternacionales (en Inglés) y nacionales.


Paraguay

Equilibrio del periodista ante denunciasde corrupción y mayor riesgo de recrear juicios

sumariosmediante los nuevos medios real−time

Carlos Monterodirector de LA SINTESIS ECONOMICA MERCOSUR

y editor de http://www.REgionAL−TIME.com/[email protected]

Dos rubios uniformados, rapados y lampiñossoldados soviéticos − entonces lo eran − habíansido detenidos por dos morochos, peludos ybarbados guerrilleros afganos de chilaba en lassierras de su país −que entonces ya no lo era−durante la invasión a cargo de la ex URSS aprincipios de los ochenta.

Las cámaras siguieron a los actores por el escenario pedregosodonde los dos de adelante caminaban con los pantalones a laaltura de los tobillos − para no escapar − y los de atrás les seguíanapuntando con fusiles de antaño, para completar el argumentodisuasivo.

Los primeros posaron para las cámaras en plano americano − sinrulo alguno de tambor como precedente− mientras los segundos −

sin que mediara diálogo (quizás infructífero por causas idiomáticas) entre los participantes −procedieron a romper el silencio al disparar y matarles. La imagen de la televisión internacional,que consumí mezclada con papas fritas en el sofá de mi living a la hora del informativo nocturno,se atragantó en mi memoria y no he logrado digerirla, conservando su impacto visual aunque yahaya huido de mis retinas.

Había asistido a mi primer juicio sumario y comprobado que la muerte no tiene suspenso nitensión por sí misma... al menos para el que la ve sin efectos de sonido ni enfoquesmetonímicos.

Pasaron dos décadas como periodista y padezco la misma ambigüedad cuando veo de cara a laParca − en vivo o en diferido, transmitida o de cuerpo presente − pues choco con lacomprobación que la instancia más dramática − de la vida a la no vida − carece de drama perse... y resulta de versiones donde arbitrariedad, ignorancia y estupidez humanas son causa.


Erich Fromm decía en "El Corazón del Hombre" (1) que la fuerza es la capacidad de transformarlo vivo en muerto, y los juicios sumarios son vía manidamente recurrida para aplicarla −entiempos de guerra armada o de contrainformación− gracias a fallos (en sus dos acepciones)determinados, sin mucho silogismo ni responsabilidad posterior, por robar comida para saciarhambre o por "robar" noticias para bien informar al público. Asisto por los cables a lasconfortables sesiones de la Sociedad Interamericana de Prensa, transmitidas desde Chile, y megolpea la constante de la última década − cifras promedio a las que somos tan afectos ennuestros reportes − :18 periodistas han muerto por año en situaciones que mucho se parecen ajuicios sumarios.

Aunque no siempre sean responsables fuerzas reconocidas por los gobiernos o guerrillas comopropias −que no monopolizan la facultad reseñada − siempre los ejecutores dependen dequienes detentan cuotas ingentes del poder real en nuestras sociedades, ligados al elenco decorruptos que ejerce, lava o protege al tráfico de droga, armas, contrabando y uso de fondospúblicos bajo conflicto de interés privado.

La denuncia de estos crímenes contra colegas −sin armas de fuego − y contra la sociedad − sinderecho garantizado a la Información −, que inflama nuestro pecho tantas veces comocomunicadores sociales, no quita la actitud ecuánime de autopreguntarnos si en nuestrodesempeño acaso ejercemos juicios sumarios, sin perder de vista la diferencia abismal de usararmas mucho más débiles y que las víctimas sean mucho más poderosas o al menos públicas.

Tan acostumbrados estamos a ver nuestro lado del "derecho del público a enterarse" y defendercada amenaza como "riesgo a la libertad de prensa", que caminamos en el pretil de pisotear elderecho "a la intimidad" y a "un juicio justo" de los que caen bajo nuestra lupa, cuando lasospecha de corrupción sobre figuras prominentes nos llega por alguna fuente.

Un periodista me confesaba una noche, tras el cierre, que la concepción que impartía el directorde su periódico − aún sin palabras − era la de un mundo conformado por montones de bolsas debasura, que sus empleados debían buscar y desenterrar, para volcar en la primera plana. Lafalta de equilibrio en el criterio editorial que juzga lo relevante de lo que le interesa a un público−no como todo lo que le puede afectar sino por todo lo que le pueda atraer− lleva a que sepriorice lo que apela a la sensación accidental de la denuncia y no sopesar también las historias−con menos culpables y efecto− que describen procesos más estructurales.

Pierre Bourdie (2), recibió varios cascotes mediáticos desde la trinchera de los periodistasfranceses, porque osó cuestionarnos esta forma de fijar la agenda informativa diaria de losciudadanos, regándola como una pista donde los obstáculos son tarros de heces. "Todos estosmecanismos se aúnan para producir un efecto global de despolitización o, más exactamente, dedesencanto de la política" nos acusa el director de la revista europea Liber, "y a adoptar unaforma espontánea de la filosofía de la sospecha que les induce a buscar las causas de las tomasde posición más desinteresadas y de las convicciones más sinceras en los intereses asociados".

A entender de este catedrático de Sociología del College de France y director de la Escuela deAltos Estudios en Ciencias Sociales, esta actitud periodística lleva a la audiencia a "una visióncínica del mundo político, visto como una especie de ruedo a merced de los manejos de unosambiciosos desprovistos de convicciones".

Temo que los desbordes preexistentes, en la vocación sincera de informar y ser contrapoder, seagraven con nuevos actores en Internet que publican fugazmente y pueden borrar lo dicho en laweb sin que quede registro del error en su sitio, bajo el anonimato irresponsable que fomenta la


existencia de 30 millones de dominios, que se duplicarán en apenas año y medio.

Tal situación se complica por carencia de instrumentos del internauta para evaluar a quienes leinforman, sin estar prevenido de su procedencia o conflictos de interés, por parte de quienes notienen sujeción alguna al autolímite deontológico profesional o responsabilidad legal heterónoma.

En consecuencia, tenemos ante nosotros un viejo problema no resuelto que se aggiorna consofisticadas armas tecnológicas para ejecutar juicios sumarios ante la opinión pública, quepuedan dar muerte − aunque más no sea muerte civil o social − a la fama y buen nombre dehonestos y corruptos, sin poseer (voluntaria o inconcientemente) las pruebas suficientes.

Cuentan de un hombre que alegaba ante la Policía defensa propia, tras matar a un extraño queentró en su jardín, al cual disparó y luego le gritó "¡Alto!" para que se identificara. El orden de losfactores sí alteró el resultado, al contrario que en las Matemáticas, porque a esa hora ya no eraposible que la argumentación del muerto surtiera efecto alguno.

El mal hábito de algunos medios que sacan una denuncia un día no es subsanado por publicar ladefensa o desmentido al otro. Ni siquiera alcanza si se publican ambas a la vez, en caso que sedemuestre que no hay respaldo suficiente a lo que dio origen a la investigación, por datossupervinientes que desarman la historia original y arruinan la expectativa, tiempo y dinerodedicado al punto.

Sin embargo, el cinismo pre−rotativa sigue brotando de editores que repiten aquello de "no dejesque la realidad te arruine una buena nota", o se conforman con la máxima de Thomas Jeffersonde un país al que no le falten periódicos, o consideraciones sobre que la necesaria inversión dela carga de la prueba en personas públicas resigna su derecho a buen nombre.

La vieja plaza pública medieval se ha reconvertido en el siglo XX en la fugaz televisión y quizásen el siglo XXI en los real−time de Internet, donde la noticia aparece y se va sin posibilidad depalimpsesto, ni tiempo para reconsiderar ni aclarar con eficacia, lo que multiplica el desafío deinformar en forma justa y permitir que − en democracia − la Justicia termine su labor.

El cogito cartesiano de "pienso, luego existo", quedó vulgarmente parafraseado en "aparezco enla pantalla, luego soy", y mientras los asesores de protagonistas públicos y privados buscan quesus jefes vivan (al menos para la pantalla), a la vez les granjean el efecto perverso que (cualboomerang) puede dejarlos encepados en la nueva plaza pública. Es verdad que ya su malaimagen es difícil de revertir, y el equilibrio resulta difícil ante el triste nombre y fama de quienesnos gobiernan o deciden el futuro económico. Pero nuestro mismo posicionamiento profesionaldebe compadecerse con el misma rigor que querríamos para quienes tuvieran en sus manosnuestro buen nombre y fama.

En marzo de 1999, nada menos que el New York Times (3) publicó una serie de artículos en losque involucraba a científicos de la central de Los Alamos por vender secretos nucleares a China,gracias a cuyos elementos fue sentenciado por espionaje y encarcelado en celda de aislamientoel científico taiwanés Wen Ho Lee.

Nueve meses más tarde un juez le liberó por falta de pruebas y la meca de los matutinos delmundo admitió que se equivocó gravemente, tras que los abogados del científicoresponsabilizaron al diario por generar en sus notas un clima caza−extranjero.


"Debimos advertir la debilidad de las acusaciones del FBI contra Lee" admitió un editorial delNYT, pues se reflejó el punto de vista de los investigadores y no se publicó un perfil de Lee, para"equilibrar" la cobertura, quien "no recibió el beneficio de la duda".

Una noticia buena: no estamos en la etapa de los juicios sumarios a la antigua usanza, gracias alos cuales Wen hubiera pasado a mejor vida antes de que tuviera tiempo de liberarle la Justicia.

Una noticia mala: ¿quién le quita a este hombre los nueve meses de aislamiento y la muerte civila que fue sometido al ser considerado traidor por la comunidad científica de sus pares?

Ni el mea culpa de un diario de amplia circulación ni el resarcimiento por daño moral dictaminadopor un juez, quitarán ese profundo surco en la peripecia vital de un ser humano, a pesar quetodos hayan actuado honestamente según su leal saber y entender.

Queda clara la magnitud del desafío, frente al cual no alcanza con golpearse el pecho paracomprenderlo recién cuando los "flashes" puedan dirigirse a nosotros y enceguecernos, para queel público mantenga el teórico "derecho de información".

El filósofo argentino Mario Bunge (4), desde la lejana Canadá, sigue creyendo en que hayverdades y leyes científicas, a la vez que critica el relativismo de quienes rebajan la investigaciónordenada al nivel de mera elucubración de especuladores que juegan a los ensayos.

Critica a cómo se dicta en las universidades las disciplinas sociales y humanas, donde nosformamos los periodistas, pues "se aprenderá que la verdad objetiva es inaccesible y que losestudios sociales no pueden ser científicos" y "se aprenderá que lo social es textual: que laacción es discurso (...). ¿Cómo salvarnos del naufragio de la razón en la marea posmoderna?".

Creo en las regularidades y desconfío de las leyes o verdades absolutas − al menos que puedanser obtenidas por la finitud de la capacidad humana del científico o el periodista −, pero por elloel informador no puede lavarse las manos, creerse un inocente espejo y asumir el merorelativismo "al estilo Pilatos", como si su cometido "consumado es" (y se realiza) sólo enreproducir versiones de las partes sobre un hecho. Allí no se agota la tarea − mucho que peseadmitirlo −, sino que recién entonces empieza el desafío de nuestra faena para no distorsionar laimagen que el público captará a través de nuestro relato sobre la realidad, que existe a pesar decorruptos y de periodistas, pero que publicado sin pruebas es otra forma de corrupción.

Como editor regional de un Real Time en Internet, que reproduce informaciones llegadas demúltiples países, me asusta que hasta los más rigurosos cuidados de la calidad de la fuente enlos libros de estilo de diarios y agencias, se transformen en formalidades dignas de la burocraciaantes de llegar a los públicos.

Contaba un tributarista y especialista en Administración Pública que muchas veces el primerfuncionario en la cadena de trámites sella y autoriza porque hay todavía 13 colegas más quehabrán de filtrar, mientras que el funcionario número 14 sella y da el visto final, porque anteshubo trece inferiores por los cuales pasó el formulario.

La realimentación cotidiana de las noticias entre medios devoradores de novedades − que unosescriben, otros reciclan por radio, más repiten por televisión y en Internet empujamos, para queel lector esté al tanto − nos carga del pesado desafío de no actuar como el empleado públiconúmero 15.


(1) Fromm, Erich, 1964. "El Corazón del Hombre", Harper & Row(2) Bourdie, Pierre, 1996. "Sobre la Televisión", Anagrama, 1997.(3) Semanario Búsqueda, Uruguay, 5 de octubre de 2000.(4) Bunge, Mario, Paraguay, diario Ultima Hora, 14 de octubre de 2000.

SINTESIS ECONOMICA MERCOSUR Portugal 1156, P.1. Tel/fax:(595−21) 42−09−48. Radiomensaje: 444−300. Código 60−918.

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Acerca del autor:

Carlos Daniel Montero Gaguine, 17 de febrero de 1964

Director de SINTERNET SRL y L@ Sintesis Económic@ Merco$ur, servicio real time deinformación regional, en Internet, radio y celular. Realiza análisis económicos diarios enel noticiero central nocturno de Canal 9, dirige informativo especializado en Radio Libre yes corresponsal vespertino de la Agencia France Press. Habitual conferencista enmedios universitarios sobre tendencias e influencia de las nuevas tecnologias endiversas profesiones y negocios.

Elegido Microempresario de Exito en la premiación 2000 de la Asociación Cristiana deDirigentes de Empresa, del 16 de marzo del 2000, por haber saltado de treinta a dos millectores electrónicos cotidianos en Paraguay, así como a cinco mil de la región.

Artículos para Inter Press Service desde 1997, informes para Radio El Espectador deUruguay desde 1996 y Radio Nederland. De 1996 a 1999 escribe una página diaria en eldiario El Día y hasta 1998 estuvo a cargo de noticias empresariales para el semanarioMercosur Gazeta Mercantil Latinoamericana desde Paraguay.

Diplomado de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico de Monterrey yUniversidad Columbia (1999), Licenciado en Ciencias de la Comunicación (1991),Técnico en Comunicación Social (1984) y profesor de inglés (1981). Dos años deFacultad de Derecho, además de numerosos cursos sobre Márketing y Reingeniería,Integración Regional, relación con la Unión Europea y Economía Política.

Autor de dos libros de investigación periodística publicados en 1988 por Puntosur y en1992 por Montesexto, además de dos ensayos sobre "Imagen de la Unión Europea en elMercosur" (1996, Irlanda) y "Efectos de la evolución tecnológica en medios decomunicación sobre la aceleración histórica de la globalización" (1998, Mendoza).

EN PARAGUAY:

TIEMPO ECONOMICO. Fundación y ampliación desde 1994 del primer semanarioeconómico−financiero del Paraguay. Es Jefe de Redacción hasta diciembre de 1995.


PRIMER TELECONFERENCIA DEL MERCOSUR El 17 de junio de 1995 dirigió eldiálogo desde 5 países, de nueve ministros y un presidente, coordinado desde Asuncióny con emisión desde la sala de negociaciones del Mercosur, en el Ayfra.

LOS 50 PARAGUAYOS DEL AÑO 2000. Organizó desde la revista Tiempo unaselección de medio centenar de paraguayos menores de 35 años en tareas de punta,bajo la tesis que el mejor impulso al cambio es destacar el buen ejemplo (diciembre,1995).

PRIMEROS INDICES DE BOLSA DE PARAGUAY. Promovió la idea ante expertosbursátiles y publicó en exclusividad los primeros y hasta ahora únicos indices deacciones en Paraguay, que se llamaron PDV y TI−ECO (Tiempo Económico).

RANKING DE 1.000 EMPRESAS Y GRUPOS ECONOMICOS. Publicó el primer ránkingde contribuyentes del Paraguay (Tiempo Económico, 1995) y generó el mapaconsolidado de grupos económicos (El Día, 1997).

PRIMER ANUARIO Y MENSUARIO DE NEGOCIOS. Realiza relevamiento de negocios−día por día−, en la primer edición anual con inducción completa del movimiento decapital y joint−ventures paraguayos (1997). En 1998 lo hizo mensual.

PRIMER INFORMATIVO ECONOMICO RADIAL E INTERNET. Por Radio Libre, A.M.Stéreo, mantiene desde 1997 por cuarto el primer resumen de noticias económicas a las7.00 para público empresario y consumidores. Hoy se extiende 20 minutos.

PRIMER REAL TIME MERCOSUR Llega con resumen matutino por e mail a 5.000profesionales y empresarios de la región.

EN URUGUAY:

Colaborador permanente desde Paraguay para el principal programa de análisis políticode Uruguay en CX 14 El Espectador (1996−2000)

Colaborador permanente en Uruguay del Servicio Latinoamericano de la BBC deLondres (1989−1994).

Instaló una agencia uruguaya de noticias económicas en Lima, Perú (1994).

Subjefe de redacción del diario La República, Montevideo. (1992−1994)

Jefe de Informativos de Radio Capital, Montevideo.(1990−1993)

Produce semanalmente "Impacto al Futuro", primer programa periodístico uruguayodedicado al Mercosur, Canal 5. (1991−1992)

Articulista semanal de las revistas Guía Financiera (1990−1991), Alternativa (1988−1990) y Jaque (1987−1998).


Conductor de programas radiales periodísticos en Radio Centenario (1978−1981), RadioTrans Mundial Cono Sur (1982−1985) y CX 4 (1985−1993).

Periodista especializado en Mercosur e integración regional desde que comenzaron susnegociaciones a fines de 1990.

ALGUNAS COBERTURAS:

2000 − Lavado de dinero de partidos alemanes en Paraguay (Radio Nederland)

1999 − Efectos de problema informatico del año 2000 en Paraguay (Cadena Worldnet)

Crisis, estallido social y cambio de gobierno en Paraguay (IPS y CX14)

Cambio de gobierno en Venezuela con asunción de Hugo Chávez (El Día e IPS)

Maxidevaluación del Real, San Pablo (Canal 9)

1998 − Ruedas de negocios en la región.

1997 − Informe desde Montevideo de crisis militar en Uruguay.

Reportes para Canal 9, diario el Día y Gazeta Mercantil Latinoamericana de las dosreuniones semestrales de presidentes del Mercosur en dicho año (junio y diciembre).

Cobertura para la agencia internacional IPS y CX 14 de los conflictos políticos enParaguay, elecciones partidarias y la reunión presidencial del Grupo de Río.

1996 − Serie de notas desde España, Irlanda y Grecia sobre la Unión Europea y larelación con el Mercosur, el Día.

Varias coberturas de ruedas de negocios en Brasil.

1995 − Reporte desde Tarija, Bolivia, entrando a la clandestinidad durante el estado desitio para entrevistar a los líderes anti gubernistas,Tiempo 14.

Dossier especial desde Ciudad del Este, elecciones argentinas, cumbre iberoamericanade Bariloche y visita de Fidel Castro a Uruguay.

Entrevista a Wasmosy, Sanguinetti y vice de Unión Europea.

1994 − Informes desde Lima, Perú, sobre Pacto Andino, y viaje a la zona franca de Ilocon entrevistas al presidente de Bolivia.

1989−1994 − Para BBC entrevistó a Boutros Boutros Ghali (cuando era secretariogeneral de la ONU), Peter Sutherland (cuando era titular del GATT) y a variospresidentes del Mercosur en Las Leñas (1992).


1992 − Informe televisivo desde Lima sobre Pacto Andino, y entrevista con el presidenteAlberto Fujimori (Canal 5).

1991−1993 − Tres coberturas especiales para la agencia alemana DPA, incluyendo notaal presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial.

1991 − Participa en la cadena Worldnet de EE.UU. entrevistando a Charles Morley sobrelavado de narcodólares.

1990−1991 − Negociaciones previas y fundación del Mercosur, para Guía Financiera yCX 4 Radio Capital.

1987−1990 − Cubre las insurreciones carapintadas desde dentro de Casa Rosada enBuenos Aires, dialoga con George Bush en su visita a Punta del Este (siendo presidentede EE.UU.). Cubre elecciones en Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile.

DETALLE DE CURSOS Y SEMINARIOS

Brindó conferencias o expuso en Paraguay (Colegio de Economistas, Universidad Nacional deAsunción, Postgraduados en Auditoría de la Universidad Católica, Cámara de Bienes yServicios,Exposición de Pymes 1998−2000), Argentina (Seminario de la Fundación Reuterssobre Periodismo de Negocios en Internet, Bs As,1999 y Congreso Internacional de Periodismo,Mendoza, 1998), Irlanda (Forum Europe, 1996) y Uruguay (Universidad Católica DámasoAntonio Larrañaga, UCA, 1992, Universidad del Trabajo, UTU, 1993, y la Feria Internacional delLibro, 1994).

Participó en los siguientes postgrados, seminarios o cursos.

Nov.99, "Periodismo de Negocios en Internet", Fundación Reuters.Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.

Ago.98−Dic.98, "Diplomado en Gestión Estratégica de Alta Dirección para el Siglo XXI",Instituto Tecnológico de Monterrey y Universidad Columbia.

Nov. 97, "Turn−Around de las Empresas", Guillermo Schmitt, Argentina. BDOInternational con Rubinsztein & Guillén consultores.

Nov.97, "Segunda Serie de Lecciones sobre Liderazgo", teleconferencia. Incluyó a Tom Peters, Peter Senge, Peter Drucker, otros. EDAN.

Oct. 97, "V Congreso Latinoamericano de Publicidad".International Advertisement Association, IAA.

Ago. 97, "Los Medios de Comunicación y la Integración Regional: Estrategias deInformación y Desafíos de Formación", Asunción.

Ago. 97, "Taller de Difusión de la XI Cumbre del Grupo de Rio".Centro Latinoamericano para Relaciones con Europa, CELARE, Chile.


Dic. 96, "Tercer Encuentro Interactivo para Periodistas", embajador Joël Fessaguet.Delegación de la Comisión Europea en Paraguay, San Bernardino.

Nov. 96, "EU and Mercosur: The Role of the Press", Dublin. Forum Europe.

Jul.96, "Construyendo un Banco mejor a través de la REINGENIERIA".Kenneth Proctor de Risk Concepts Ltd de EEUU para Bureau Negocios.

Abr. 96, "Segundo Encuentro Interactivo para Periodistas", embajador Joël Fessaguet.Delegación de la Comisión Europea en Paraguay.

Dic. 95, "Primer Encuentro Interactivo para Periodistas", embajador Joël Fessaguet.Organizó: Delegación de la Comisión Europea en Paraguay.

Nov. 95, "La Integración Regional y los Medios de Comunicación".Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR, Montevideo.

Set. 95, "Seminario de Management Profesional", Asunción. Promoser Consultores.

1994, "El Cambio del poder", Alvin Toffler, Montevideo.Fundación Banco de Boston y Cámara de Comercio Uruguay−EEUU.


Paraguay

EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN EN ELPARAGUAY

Rafael Filizzola Serra Diputado Nacional

Prof. de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica

[email protected]

A once años del golpe militar que derrocó a la dictadura del gral. Alfredo Stroessner, elParaguay ha logrado una transición exitosa en materia de democracia, libertades yvigencia de los derechos humanos. Sin embargo, estos años no han sido suficientespara combatir la corrupción, uno de los peores legados de la larga dictadura stronista.El problema es más complicado de lo que aparenta. La corrupción está en el centro delsistema mismo, por un lado apoya y sostiene el esquema del poder y por el otro, esprotegida e incentivada desde las esferas más altas del gobierno.

UNA TRANSICIÓN EXITOSA EN LO POLÍTICOPERO FRACASADA EN LO ECONÓMICO Y SOCIAL

En febrero de 1989 se iniciaba una nueva etapa en el Paraguay, el gral. Rodríguez por medio deun golpe militar derrocaba al gral. Stroessner, su consuegro, quien había gobernado con manodura el país desde el año 1954.

La dictadura de Stroessner no solamente había sido larga, también fue sumamente sanguinaria.El régimen se ensañó con quienes osaron cuestionarlo. La tortura, el crimen político, la censuraa la prensa fueron la constante durante esos treinta y cinco años y todo de tipo de críticas aldictador estuvieron terminantemente prohibidos.

El gobierno del gral. Rodríguez, de facto en sus inicios y luego de tres meses regularizado porunas elecciones de dudosa legalidad pero de innegable legitimidad política, inició un proceso deapertura democrática que tuvo como efectos inmediatos el respeto de los derechos humanos, lavigencia del estado de derecho y el irrestricto reconocimiento y la protección de las libertades deexpresión y de prensa.

A once años, este proceso de transición ha sido sin lugar a dudas exitoso en lo político. ElParaguay no conoce en su historia independiente un periodo tan largo de vigencia del estado dederecho y respeto de los derechos individuales.


Sin embargo, estos avances no han sido suficientes para lograr éxitos en lo económico y en losocial. Las condiciones de vida de la población no solo no han mejorado, sino en algunos casosse han deteriorado. La crisis económica se ha ido agudizando y la situación social de unporcentaje importante de la población es crítica.

En pocas palabras, el país no crece desde el punto de vista económico desde hace veinte años;existe un alto nivel de desigualdad social, el 10% de los que tienen más tierras tienen alrededordel 70% de las tierras productivas; la tasa de desempleo llega a alrededor del 30%; la tasa deanalfabetismo es importante y la deserción escolar llega al 30%; solo el 20% de la poblacióntiene algún tipo de seguro médico, público o privado; el 15% de la población vive por debajo dela línea de extrema pobreza y el 37% por debajo de la línea de pobreza.

LA CORRUPCIÓN COMO ELEMENTO CENTRAL EN EL ESQUEMA DEPODER

Los problemas de hoy del país tienen sus causas en el pasado y están muy vinculados alesquema de poder que construyó el gral. Stroessner para sostener su dictadura. La corrupciónestuvo vinculada desde un inicio como parte esencial de ese esquema, la dictadura logróorganizarla de tal forma que todos los que sostenían al régimen se beneficiaban con ella y enconsecuencia se constituía en un elemento de sustento del sistema por medio de la compra delealtades. A su vez el sistema sostenía la corrupción.

Con la democracia cambió algo porque al menos desde entonces hubo más información y laprensa ha desempeñado un papel muy importante en la investigación y denuncia de casos. Sinembargo los niveles escandalosos de corrupción se han mantenido y los avances desde el puntode vista institucional no han sido suficientes para combatirla exitosamente y erradicar laimpunidad.

El problema es que en el fondo los que han gobernado el país a partir del 89 son personas quehan sido parte del sistema. Se fue el dictador pero quedaron sus alumnos quienes supieronactualizarse y aprendieron del valor del dinero en campañas electorales. El dinero fácilproveniente de la corrupción ha sido en estos once años de vida democrática un factordeterminante para el éxito del partido de gobierno en las sucesivas elecciones, y un elementoque limita en gran medida la igualdad de oportunidades en los procesos electorales.

Sin embargo, es importante señalar que la consolidación de las instituciones democráticas es unhecho de trascendental importancia, sobre todo porque sienta las bases constitucionales ylegales para permitir enfrentar el problema de la corrupción con posibilidades de éxito.

AVANCES INSTITUCIONALES IMPORTANTES PERO INSUFICIENTES

Es importante resaltar algunos de los logros más significativos de nuestra transición. En el año1991, en las elecciones municipales, por primera vez en la historia, la oposición triunfó en variasciudades del país, entre ellas la capital de la República. Si bien los fraudes electorales fueron laconstante, y seguirían siendo por varios años más, el hecho de que el partido de gobiernorespete resultados electorales adversos y entregue el gobierno de varias municipalidades


importantes reafirmaba que la voluntad de democratizar el país era firme.

La Constitución de 1992 también fue un paso importante en el camino de la consolidación de lasinstituciones democráticas. La misma sentó las bases para las transformaciones que seprodujeron en los años siguientes y que tuvieron como consecuencia el afianzamiento del Estadode Derecho, por medio de varias reformas, entre ellas:

a) La consolidación del Poder Legislativo: Se consagró el sistema de representaciónproporcional con lo que se logró un Parlamento representativo y pluralista, en contraste con el dela dictadura que garantizaba una representación de las dos terceras partes de sus miembrospara el partido de gobierno. Se suprimió la cláusula que permitía al Presidente la disolución delCongreso y se disminuyó la mayoría requerida para el rechazo del veto del Poder Ejecutivo delas dos terceras partes a la mayoría absoluta. Se establecieron nuevas competencias en materiade control al Poder Ejecutivo y una participación más activa en la designación de importantesfuncionarios del Estado, antes reservada casi con exclusividad a la jefatura del Estado.

b) La independencia del Poder Judicial: Con la creación del Consejo de la Magistratura se hadado un paso muy importante en favor de la independencia del Poder Judicial al establecer unprocedimiento de selección de magistrados que limita las influencias político−partidarias y sobretodo la participación del Poder Ejecutivo. El control de la actuación de los magistrados fueincrementado con un Jurado de Enjuiciamiento, con amplias facultades para evaluar la conductade los jueces.

c) La reforma del sistema electoral: Con la Constitución del 92 se posibilitaron profundasreformas en el sistema electoral. Se suprimió el organismo administrativo que fiscalizaba laselecciones en tiempos de la dictadura y que en su conformación garantizaba al partido degobierno una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros y fue reemplazado por unfuero electoral que integra el Poder Judicial. Una vez designadas las autoridades de la JusticiaElectoral y con la vigencia de las nuevas leyes electorales se procedió a la depuración de lospadrones y a la capacitación de los nuevos funcionarios de la administración electoral. Losavances fueron sumamente importantes. Las elecciones municipales del año 96 y las generalesdel 98, fueron elogiadas internacionalmente por su corrección.

d) El fortalecimiento de los organismos de control: Además de los avances en lo referente ala independencia del Poder Judicial, se confirieron mayores facultades a la Fiscalía General de laRepública, se creó la Procuraduría General del Estado y se incluyó en la Constitución la figurade la Contraloría General de la República.

e) La subordinación militar al poder civil: Uno de los hechos más importantes para laconsolidación de la democracia fue la subordinación militar al poder civil. Los intentos deinvolucrar a militares en la vida política han fracasado en estos años. Son conocidos ellevantamiento militar del ex general Lino Oviedo en el año 96, la crisis de marzo de 1999 y elgolpe militar de mayo de este año, este último también promovido por los seguidores de Oviedo.En estos momentos cruciales para nuestra vida democrática, la mayoría de los oficiales de lasfuerzas armadas han reafirmado su subordinación al poder civil y su respeto a la Constitución.

Con la Constitución del año 92 y sucesivas reformas legislativas aprobadas posteriormente, seha pretendido fortalecer el control sobre la administración pública con la consolidacióninstitucional de los organismos constitucionales competentes. Sin embargo, a pesar de losavances institucionales, en once años de transición los resultados son escasos.


UN SISTEMA ANTICORRUPCIÓN BASADOEN LA PREVENCIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDANANA

Evidentemente la cuestión se vincula en gran parte a la honestidad y eficiencia de las personas acargo de los organismos de control, pero también al sistema mismo. Es necesario debatirmodificaciones profundas y establecer una estrategia nacional de lucha contra la corrupción quese fundamente en nuevas normas e instituciones de control y la renovación de las actuales.

Antes que nada, es importante desarrollar e incorporar a nuestro derecho positivo los nuevosconceptos establecidos en la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN(CICC).

En la misma existe un cambio radical en la forma de encarar y combatir el problema de lacorrupción. Se le presta mayor atención e importancia a los mecanismos de prevención a travésde normas reguladoras de la conducta de los funcionarios públicos y mecanismos para hacerefectivos el cumplimiento de dichas normas.

Otra innovación importante es que confiere una dimensión internacional al problema de lacorrupción y establece mecanismos de cooperación y obligaciones entre los Estados signatariosen esta materia.

La CICC también otorga mucha importancia a las reformas jurídicas e institucionales y sobretodo a la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales (ongs),como un factor decisivo.

Igualmente, se tipifican una serie de hechos punibles, a los efectos de unificar los conceptosentre los signatarios del convenio y obliga a los estados partes a incorporar a su legislacióninterna estas figuras delictivas.

Por otro lado, se establecen normas de extradición para casos de delitos de corrupción y laprohibición a cualquier Estado parte requerido de cooperación en materia de represión de delitosde corrupción contra la administración pública de invocar el secreto bancario.

Otro avance importante, es la obligación que asumen los estados partes de prohibir el sobornotransnacional. Esta forma de corrupción está permitida hasta ahora por varios países del primermundo, siempre que se realice fuera de sus fronteras.

La Convención encara los temas de mayor relevancia en materia de combate contra lacorrupción, establece nuevas definiciones, unifica la tipificación de los delitos, disponemecanismos de prevención y represión con un fuerte énfasis en la cooperación internacional ysobre todo en la participación ciudadana.

Paraguay estuvo entre los primeros países en suscribirla y fue el primero en ratificarla ydepositarla en la O.E.A., lastimosamente hemos hecho poco por implementarla y muchos paísesaún no la han ratificado. Nuestra primera tarea es incorporar sus recomendaciones a nuestroderecho positivo y aplicar efectivamente sus principios.


TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ÉTICA DEL FUNCIONARIOPÚBLICO

Una de las primeras condiciones que se debe dar para un sistema de prevención y combate a lacorrupción efectivo es la regulación de normas que garanticen con la mayor amplitud posible latransparencia de los actos de gobierno y de la administración pública.

El art. 28º de la Constitución garantiza "el derecho de las personas a recibir información veraz,responsable y ecuánime..." y dispone que "...las fuentes públicas de información son libres paratodos". Sin embargo, este precepto constitucional es muy poco conocido y no estáreglamentado, por lo que en la práctica su aplicación es relativa y depende de la voluntad decada funcionario.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Ley "DE TRANSPARENCIAADMINISTRATIVA Y LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN" , donde se establecen las normaspara el acceso a los documentos públicos, los límites al acceso a la información, la gratuidad delproceso, el procedimiento y sobre todo las sanciones para los casos de negativa arbitraria porparte de un funcionario responsable.

Otra de las condiciones fundamentales es que existan disposiciones que regulen la integridad delos funcionarios públicos. En Paraguay es fundamental la aprobación de un CÓDIGO DE ÉTICADE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Las normas previstas en el Código Penal y en la Ley de la FunciónPública son insuficientes. Es necesaria una mejor definición y reglamentación de materias comoconflictos de intereses, regalos a funcionarios públicos, transparencia de las finanzasparticulares de los funcionarios públicos, utilización de recursos del Estado, condiciones para elejercicio de la actividad política, no discriminación en el trato a los usuarios, etc. Sobre todo esimprescindible establecer sanciones administrativas y penales. En algunos casos será necesariorevisar el Código Penal.

Muy vinculado a lo anterior y a la necesidad de establecer medidas de prevención, está lacreación de una OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL. La misma debe tener la mayorautonomía posible y su responsable debe ser designado según procedimientos que garanticensu independencia.

Esta oficina debe fundamentalmente: capacitar a los funcionarios públicos en cuanto a susdeberes éticos y las consecuencias penales y administrativas de sus transgresiones; asesorarlesen casos concretos, el dictamen debe ser vinculante; mantener actualizadas las declaracionesde bienes de los funcionarios y evaluarlas en forma permanente; y tener autoridad para iniciarinvestigaciones, ordenar sumarios y aplicar sanciones administrativas o en su caso, presentarlas denuncias correspondientes a la justicia del crimen.

La CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (CICC) recomiendaigualmente mecanismos de protección a los funcionarios públicos que denuncian casos decorrupción, de tal forma que no se vean sometidos a persecuciones laborales.

Es importante que todas estas medidas se tomen de tal forma que no signifiquen un incrementode la burocracia estatal, o si se da, que sea mínimo. Actualmente existen oficinas y funcionariosque deberían cumplir esas funciones u otras similares. Se deben reestructurar esas


dependencias y entrenar a sus funcionarios, de tal forma a que se adapten a estas nuevasnecesidades, y en caso contrario, trasladarlos y reemplazarlos por otros que si puedan.

VOLUNTAD POLÍTICA, CONSENSO Y VALORES

Una metodología efectiva para combatir la corrupción no solo debe centrarse en las reformaslegales y la implementación de nuevas instituciones de control. En nuestro caso es fundamentaltambién fortalecer las que ya tenemos.

Con la sanción de la Constitución del año 92, se han dado pasos importantes para fortalecer elcontrol sobre la administración pública. Se ha consolidado el sistema de separación de poderescon amplias facultades de vigilancia a favor del Poder Legislativo y la independencia del PoderJudicial, se ha afianzado el rol del Ministerio Público y la figura del Fiscal General del Estado ydel Tribunal de Cuentas, se ha elevado a rango constitucional la Contraloría General de laRepública y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y se han creado nuevas figuras, como laDefensoría del Pueblo, que a siete años aún no se ha integrado, y la Procuraduría General de laRepública, a cargo de la defensa del patrimonio del Estado.

Sin embargo el esfuerzo no ha sido suficiente. En once años de transición no ha sido condenadopor actos de corrupción ningún funcionario público de relevancia, en contraste con lasescandalosas y constantes denuncias de hechos de corrupción.

Esto nos indica que la consolidación institucional de los organismos referidos está a mediocamino. La Fiscalía General del Estado debe reforzarse con mayor infraestructura que le permitallevar adelante la función investigadora que la nueva legislación penal fortalece.

La Contraloría General de la República ha sufrido un duro golpe en su credibilidad debido a lasserias acusaciones judiciales que pesan sobre su ex titular, el Dr. Daniel Fretes Ventre,procesado por alrededor de veinte delitos, entre ellos soborno pasivo, enriquecimiento ilícito ylavado de dinero. El nuevo Contralor debe trabajar intensamente para recuperar la confianzaciudadana.

Existen otros dos elementos fundamentales. En primer lugar es esencial un amplio y sinceroconsenso político en torno a la necesidad de combatir la corrupción. Esta voluntad no debequedarse en las palabras, debe sobre todo evidenciarse en los hechos y en medidas ejemplarescontra los funcionarios que se comporten con venalidad.

Finalmente los valores y principios deben recuperarse. La desfachatez se ha hecho común y noexisten aún costos políticos y sociales para quienes abusan de los bienes públicos. La prensa,los movimientos ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales son fundamentales parasensibilizar a la opinión pública acerca de la necesidad de que cada ciudadana y ciudadanocolabore efectivamente denunciando hechos de deshonestidad, exigiendo medidas ejemplares alas autoridades políticas y judiciales y ejerciendo sanciones morales.

La corrupción es un problema a escala mundial, afecta a países desarrollados ysubdesarrollados. La diferencia en nuestro país es que no consiste en hechos aislados sino queforma parte y sostiene al sistema mismo y por esto se la ampara y protege desde el poder.Vivimos en un país donde la corrupción es generalizada, y este hecho no solo afecta la calidad


de vida de la población sino que socava las bases mismas de la convivencia y amenaza lasupervivencia de la democracia, por la creciente falta de credibilidad y desconfianza.

Esto no nos debe desmoralizar, sino por el contrario, debe comprometernos aún más con uncamino que es difícil, pero que es el único que nos va a permitir romper el esquema tradicionaldel poder, basado en la deshonestidad y las prebendas y liberar al país de una de las grandescausas de sus problemas económicos y sociales.

Asunción, noviembre de 2000

__________

Rafael Filizzola SerraLara Castro 1040 c/Soldado ParaguayoAsunción − ParaguayTelefax: (595 21) 228616 / 450401e−mail: [email protected]

DATOS PERSONALES:

Fecha de nacimiento: 16/02/68.Lugar de nacimiento: Asunción − Paraguay.Nacionalidad: paraguaya.Estado civil: casado, con un hijo.Profesión: abogado.

ACTIVIDADES ACTUALES:

Diputado Nacional, elegido por la ciudad de Asunción para el período legislativo 1998−2003;presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales; vicepresidente de laComisión de Asuntos Constitucionales; miembro de la Comisión de Peticiones Poderes yReglamento y de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de la Educación Superior.

Miembro del Parlamento Latinoamericano en representación del Congreso de la República delParaguay y vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos.

Miembro del Consejo Impulsor del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Profesor Encargado de Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas yDiplomáticas de la Universidad Católica de la ciudad de Asunción.

Profesor del Instituto de Altos Estudios Estratégicos.


Miembro de la Coordinación Nacional, del Consejo Ejecutivo y del Comité Político del PartidoEncuentro Nacional y secretario de Relaciones Internacionales.

Miembro fundador de la corriente interna partidaria Participación Amplia Integración y Solidaridad(PAÍS) y miembro de su Conducción y Comité Político desde su fundación.

Columnista invitado del diario Última Hora.

ESTUDIOS:

Universitarios: Abogado, 1992, Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UniversidadCatólica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay.

Secundarios: Bachiller en Ciencias y Letras, 1996, Colegio Internacional (1985−1986) y ColegioSan José (1981−1984). Asunción, Paraguay.

Primarios: Colegio San José, años 1975 al 1980.

Distinciones: Beca otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en elmarco de la Convocatoria General 93−94 para realizar estudios de "Doctorado: América Latina,España, Comunidad Europea: Integración, Cooperación y Desarrollo". La beca no pudo serutilizada por problemas de índole familiar.

Alumno distinguido de la promoción 92 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de laUniversidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

FUNCIONES LEGISLATIVAS:

1998 − presente: Diputado Nacional elegido por la Ciudad de Asunción.1998 − presente: Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales.2000 − presente: Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.2000 − presente: Miembro de la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento.1999 − presente: Miembro de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de laEducación Superior. 1999 − presente: Miembro del Consejo Impulsor del Plan Nacional de Lucha contra laCorrupción.1998 − presente: Miembro del Parlamento Latinoamericano en representación del Congreso dela República del Paraguay y vicepresidente de la Comisión de Servicios Públicos.1999 − 2000: Miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales.1998 − 2000: Secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales.1998 − 1999: Vicelíder y Líder de la Bancada de Diputados del Partido Encuentro Nacional.1998 − 1999: Secretario de la Comisión de Peticiones Poderes y Reglamento.1998 − 1999: Miembro de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma del CódigoElectoral.

MISIONES PARLAMENTARIAS EN EL EXTERIOR:

Participación de la IX Reunión de la Comisión de Servicios Públicos del ParlamentoLatinoamericano, 18 de mayo de 2000, La Plata, Argentina.


Participación de la XVIII Asamblea del Ordinaria Parlamento Latinoamericano, 17 y 18 de marzode 2000. San Paulo, Brasil.

Participación en la IX reunión de la Comisión de Servicios Públicos del ParlamentoLatinoamericano, 2, 3 y 4 de diciembre de 1999, San Paulo, Brasil.

Integrante de la delegación de la Cámara de Diputados a la Ciudad de Montevideo, Uruguay, conel objeto de mantener reuniones con los candidatos presidenciales, el Vicepresidente de laRepública, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Canciller Nacional y el Presidente de laCorte Suprema de Justicia, con relación al pedido de asilo político de ex funcionarios delgobierno del ex presidente Raúl Cubas, 2 al 4 de mayo de 1999.

Integrante de la delegación de la Comisión de Relaciones Internacionales de la CámaraDiputados a la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, con el objeto de mantenerreuniones con parlamentarios y el Canciller Di Tella, con relación al asilo político concedido al Sr.Lino Oviedo, 14 al 16 de abril de 1999.

DOCENCIA EN INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR:

1998 − presente: Profesor Encargado de Cátedra de Derecho Político de la Facultad de CienciasJurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica de la ciudad de Asunción.

1999 − presente: Profesor del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, designado por decreto delPoder Ejecutivo Nº 5378 del 6/10/99.

1993 − 1998: Profesor Auxiliar de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas yDiplomáticas de la Universidad Católica de la ciudad de Asunción.

ACTIVIDADES POLÍTICAS:

Partido Encuentro Nacional:

1994 − presente: Miembro de la Coordinación Nacional.1994 − presente: Miembro del Consejo Ejecutivo.1996 − presente: Miembro del Consejo Político.1999 − presente: Secretario de Relaciones Internacionales.1996 − 1999: Secretario Político.1994 − 1996: Secretario de Asuntos Legales.1994 − 1999: Apoderado General.

Alianza Democrática entre el Partido Encuentro Nacional y el Partido Liberal Radical Auténticopara las elecciones generales y departamentales de mayo de 1998:

1998: Integrante de la Comisión Negociadora para la conformación de la alianza, miembro delComando Nacional de Campaña y Apoderado General.

Movimiento "Participación Amplia Integración y Solidaridad (PAÍS)", corriente interna del PartidoEncuentro Nacional:


1996 − presente: Miembro de la Conducción.1996 − presente: Miembro del Comité Político.1996 − 1998: Coordinador del Equipo del Interior.1995: Miembro fundador.

Movimiento Ciudadano "Asunción para Todos":

1992: Miembro del equipo jurídico.1992: Miembro fundador.

ACTIVIDADES GREMIALES UNIVERSITARIAS:

Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay (FEUP):

1990: Secretario General.1989 − 1990: Miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales.

Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la UniversidadCatólica Nuestra Señora de la Asunción:

1992: Miembro de la Comisión Organizadora de la Federación de Estudiantes de la UniversidadCatólica (FEUC).1991 − 1992: Presidente del Centro de Estudiantes.1991: Miembro en representación del estamento estudiantil del Jurado del Concurso de Cátedrapara la materia de Derecho Romano.1989 − 1990: Vicepresidente del Centro de Estudiantes.1988 − 1989: Secretario de Prensa.1988: Delegado de curso.

ACTIVIDAD GREMIAL SECUNDARIA:

Colegio San José:

1983 − 1984: Miembro de la Academia Literaria.1982 − 1983: Delegado de curso.

Colegio Internacional:

1985 − 1987: Presidente de la Academia Literaria.1985 − 1986: Secretario de Cultura del Centro de Estudiantes.

ANTECEDENTES LABORALES:

1995 − 1998: Ejercicio de la profesión de abogado en los campos del Derecho Constitucional yAdministrativo.1997 − 1998: Asesor externo de la Junta Municipal de la ciudad de Asunción, en el área jurídica.1996 − 1998: Asesor externo de la Contraloría General de la República, en el área jurídica.1986 − 1995: Financentro S.A. de Finanzas, diferentes funciones, entre ellas asesor jurídico,director y director ejecutivo.


PUBLICACIONES:

Artículos periodísticos sobre temas políticos, jurídicos e internacionales, en el diario Última Hora,desde octubre del 98 hasta la fecha; en el periódico digital Paraguay Semanal, desde octubre del2000; y en la revista "El Protagonista", en sus ediciones de julio y setiembre del 94.

Relatorio de conclusiones en el libro: "La Justicia Electoral en la consolidación democrática",edición realizada por el Servicio Editorial del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Asunción,Paraguay, año 1999.

"Nueva legislación universitaria", artículo publicado en la "Revista Jurídica" del Centro deEstudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad CatólicaNuestra Señora de la Asunción en su Número 1 del año 92.

DISERTACIONES EN SEMINARIOS Y CURSOS:

Exposición sobre la Ley de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información en elSeminario Internacional de Derecho a la Información, organizado por la Universidad del Norte yel Instituto Prensa y Libertad. Asunción, 26 y 27 de octubre.

Ponencia sobre la situación jurídica de la educación superior en el II Congreso de la Asociaciónde Estudios del Paraguay: "Desafíos y Dilemas de la Universidad en el Paraguay". 20 y 21 deoctubre de 2000, Asunción.

Expositor en el panel debate: 1954 − 1989 ¿Un país en serio? Memoria de la lucha estudiantil dela década del ´70 y ´80 en el marco del ciclo HUMANIDADES 2000, organizado por el Centro deEstudiantes de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica. 6/10/00, Asunción,Paraguay.

Conferencia sobre la Reforma del Estado, organizada por el 3er. Curso de la Facultad deCiencias Jurídicas y la Universidad Católica, sede Concepción, 26/IX/00. Concepción, Paraguay.

Exposición sobre Reforma del Estado y Descentralización, Primer foro Nacional organizado porJóvenes por la Reforma, 23/IX/00, Asunción, Paraguay.

Exposición sobre la Constitución: generalidades. Concepto. Importancia. Partes en que sedivide. El Poder Constituyente. Elaboración, reforma y enmienda. Parlamento Joven, 16/IV/00.Asunción, Paraguay.

Síntesis de las exposiciones en el "Encuentro Paraguayo−Uruguayo por la Profundización de laDemocracia". 13 y 14 de abril del 2000, Asunción, Paraguay.

Palabras de apertura en la reunión de trabajo "Carta orgánica municipal", organizada por laComisión de Asuntos Municipales y Departamentales y el CEPPRO. 12/IV/00. Asunción,Paraguay.

Exposición sobre la corrupción en el Paraguay. Parlamento Joven, 19/II/00, Asunción, Paraguay.

Palabras de presentación en el Seminario "Lineamientos Jurídicos y Económicos Para La


Descentralización", organizado por la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales, elCEPPRO y el PRODEP. 18/II/00, Asunción, Paraguay.

El principio de responsabilidad. Ponencia en el Seminario: "Transparencia y Gestión Publica",organizado por la Comisión Europea y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República delParaguay. 30/XI/99, Asunción, Paraguay.

Sistema político, ciudadanía política y educación cívica. Disertación en el panel "Realidad socialdel Paraguay", organizado por la Universidad del Cono Sur de las Américas (UCSA). 26/XI/99,Asunción, Paraguay.

Jornadas Paraguay: diez años de democracia. Intervención en la mesa: Las democracia enParaguay (20/X/99). Encuentro organizado por la Casa de América (Tribuna Americana) entrelos días 18 y 23 de octubre de 1999 y desarrollado en Madrid, España.

Foro Latinoamericano UNESCO: Educación, reforma del Estado y desarrollo Nacional. Debatesobre Educación, Estado y Desarrollo en el Mercosur y Paraguay. 24 y 25 de setiembre de 1999,Asunción, Paraguay.

El rol de la Juventud en la formulación de las políticas públicas sobre temas juveniles. Centro deEstudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Setiembre de 1999,Asunción, Paraguay.

Los efectos de la Corrupción en las Instituciones Democráticas. Teleconferencia organizada porUSIS, con la participación de panelistas de Asunción, Guatemala, Puerto Príncipe y Washington(Lynn Hammergrin, especialista en reforma del sector público del Banco Mundial, y RichardWerksman, consejero Legal Adjunto de la Agencia de Informaciones de los EE.UU. (USIA).17/VIII/99, Asunción, Paraguay.

La administración municipal en el ámbito de la administración pública y su control. Organizadopor la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay, con el apoyo de Promur y la Fundación KonradAdenauer. 7/VIII/99, Asunción, Paraguay.

El Derecho Político en el Paraguay. Disertación en el Seminario sobre "El Derecho en elParaguay", organizado por la Coordinadora de Estudiantes de Derecho UNA y realizado en elAula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. 15/VI/99, Asunción,Paraguay.

Partido Encuentro Nacional, ideología, propuestas, diagnóstico de la realidad nacional.Disertación en el Colegio Nacional de Guerra. 9/VI/99, Asunción, Paraguay.

La Justicia Electoral en la consolidación democrática. Seminario organizado por el TribunalSuperior de Justicia Electoral. 9 de abril de 1999, Asunción, Paraguay.

Exposición sobre el plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentalesdel Parlamento Nacional en el III Simposio de Gestión ambiental en gobiernos locales,Municipalidad de Itauguá, 11 y 12 de diciembre de 1998, Itauguá, Paraguay.

II, III, IV, V y VI reuniones de trabajo "Carta Orgánica del Gobierno Municipal". Organizadas porla Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales de la Cámara de Diputados y el


CEPPRO, en las ciudades de Concepción, San Juan Bautista de las Misiones, Ciudad del Este,Cnel. Oviedo y Asunción, en los días 20/XI/98, 27/XI/98, 4/XII/98, 15/XII/98 y 18/XII/98respectivamente.

Reunión de trabajo "Carta Orgánica del Gobierno Municipal", Organizado por la Comisión deAsuntos Municipales y Departamentales de la Cámara de Diputados y el CEPPRO. 28/X/98,Asunción, Paraguay.

Creciendo en comunidad hacia el nuevo siglo. Foro Cívico Asunción. Organizado por FMTrinidad con el apoyo de IFS y USAID. 27/VII/98, Asunción, Paraguay

El Rol de la Juventud en Política Nacional. Organizado por la Cámara Junior de Asunción.21/VIII/97, Asunción, Paraguay.

Partido Encuentro Nacional, ideología, propuestas, diagnóstico de la realidad nacional.Disertación en el Colegio Nacional de Guerra. 29/V/97, Asunción, Paraguay.

Justicia Electoral. Organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma deAsunción. 28/V/97, Asunción, Paraguay.

Alianza Electoral desde el punto de vista de género. Organizado por PROMUR. 20/II/97,Asunción, Paraguay.

Los partidos políticos y el proceso de inscripción electoral. Organizado por el Superior Tribunalde Justicia Electoral y el Centro de Estudios de la Realidad Paraguaya. 15/VI/96, Asunción,Paraguay.

Reforma Estatutaria del Encuentro Nacional y cuota de la Mujer. Panel organizado por laSecretaría de la Mujer del Partido Encuentro Nacional y PROMUR. Año 1995, Asunción,Paraguay.

Justicia electoral. Organizado por el Superior Tribunal de Justicia Electoral. Año 1995, Asunción,Paraguay.

Consejo de la Magistratura. Panel organizado por la Secretaría de la Juventud de laMunicipalidad de Asunción. 7/IX/94, Asunción, Paraguay.

Consejo de la Magistratura. Panel organizado por abogados del Departamento de Alto Paraná.13/VIII/94, Ciudad del Este, Paraguay.

Transición a la democracia y juventud. CIDSEP. Año1992, Ciudad del Este, Paraguay.

PARTICIPACION EN PROGRAMAS INTERNACIONALES:

Programa de capacitación para líderes políticos de la fundación Konrad Adenauer. Alemania, 2al 14 de octubre de 1999.

Programa de intercambio sobre política y partidos, invitación del Gobierno de los EE.UU. 23 deagosto al 10 de setiembre de 1999.


PARTICIPACION EN SEMINARIOS:

Seminario taller sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción y su adecuación a lalegislación paraguaya vigente, organizado por el Ministerio Público y la Organización de EstadosAmericanos, 23 y 24 de octubre de 2000, Asunción.

Seminario Internacional "Derecho a la Información en Democracia", organizado por laUniversidad Americana. 30/VIII/00, Asunción, Paraguay.

Seminario de fortalecimiento legislativo, organizado por la H. Cámara de Diputados y el InstitutoNacional Demócrata (NDI) de los EE.UU, 24/VIII/00, Asunción, Paraguay.

Seminario Internacional "Privatización en América Latina y Paraguay", organizado por la Cámarade Diputados y el CADEP. 13/VII/00, Asunción, Paraguay.

Seminario Internacional "Presupuesto Fiscal, Descentralización y Participación Ciudadana",organizado por la Cámara de Diputados y el CADEP. 1/VI/00, Asunción, Paraguay.

Conferencia de los Dres. Héctor Gross Spiell y Leandro Despouy sobre "Protección y Promociónde los Derechos Humanos en los ámbitos Universal y Regional", organizada por la CorteSuprema de Justicia y los ministerios de Relaciones Exteriores y Justicia y Trabajo. 6/12/99,Asunción, Paraguay.

III Encuentro de políticos y legisladores de América, organizado por el Consejo Pontificio para lafamilia. 3 al 5 de agosto de 1999, Buenos Aires, Argentina.

Congreso de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. 10/XI/98, LaHabana, Cuba.

Corrupción: Políticas públicas y privadas para controlarla, a cargo del Dr. Luis Moreno Ocampo.Organizada por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC). 31/X/96, Asunción, Paraguay.

Pobreza y Seguridad. Organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), el Grupode Ciencias sociales (GSC), la American University y Peitho, con el apoyo de la AgenciaInternacional para el Desarrollo (USAID). Asunción, 29/X/96.

Defensa Nacional. Organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), el Grupo deCiencias sociales (GSC), la American University y Peitho, con el apoyo de la AgenciaInternacional para el Desarrollo (USAID). 24/IX/96, Asunción, Paraguay.

Estructura Legal de las Instituciones Militares. Organizado por la Asociación de EmpresariosCristianos (ADEC), el Grupo de Ciencias Sociales (GSC), la American University y Peitho, con elapoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 27/VIII/96, Asunción, Paraguay.

Roles y misiones de las fuerzas armadas. Organizado por la Asociación de EmpresariosCristianos (ADEC), el Grupo de Ciencias Sociales (GSC), la American University y Peitho, con elapoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 30/VII/96, Asunción, Paraguay.


Seguridad y relaciones cívico−militares. Organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos(ADEC), el Grupo de Ciencias Sociales (GSC), la American University y Peitho, con el apoyo dela Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID). 26/VI/96, Asunción, Paraguay.

Primer encuentro de trabajo organizado por el Comité Asunción − Condado Metro Dade(Florida). Año 1995, Miami, EE.UU.

10º Congreso de la Federación Iberoamericana de Asociaciones Financieras. Año 1994.Asunción, Paraguay.

Derecho Laboral en el Mercosur. Organizado por el Centro Interdisciplinario de Derecho Social yEconomía Política (CIDSEP), año 1992, Asunción, Paraguay.

Política Fiscal y Económica. CEDUC − CEPPRO. Año 1992, San Bernardino, Paraguay.

La nueva legislación laboral. CEDUC − CIDSEP. Año 1992, Asunción, Paraguay.

El Mercosur. CEDUC − CIDSEP. Año 1992, Asunción, Paraguay.

La nueva Constitución Nacional. Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UC(CEDUC) y el CIDSEP. Año 1992, Asunción, Paraguay.

Reforma Constitucional. Organizado por el Poder Judicial, año 1991, Asunción.

Interpretación de la Ley, dictado por el Prof. Eugenio Buligyn. Organizado por la Facultad deCiencias Jurídicas y Diplomáticas. Año 1990, Asunción, Paraguay.

Seminario de Derecho Internacional Humanitario. Organizado por el Comité Internacional de laCruz Roja, CICR, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. CJD, año 1989, Asunción,Paraguay.

Asunción, noviembre de 2000


revista probidad...carlos a. manfroni abogado presidente de la fundación Ética pública, en la...

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