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MESA 2

Modelo económico y social

ENFRENTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO: UN COMPROMISO MORAL

Daniel López Marijuán

Ecologistas en acción Andalucía

El Cambio Climático es la principal amenaza ambiental a la que se enfrenta la humanidad en este siglo y uno de los principales riesgos económicos y sociales. Las conclusiones del último informe del IPCC están ahí:

- La temperatura subirá entre 1,8 y 4 ºC a finales de siglo

- El mar subirá entre 18 y 59 centímetros

- Un 20% de las especies se verán abocadas a la extinción.

La repercusión en el equilibrio y la continuidad de los sistemas naturales y sociales, es muy grave, siendo objeto de muchos cálculos y proyecciones. Desmontados los argumentos de los negacionistas”, que pretenden minimizar el problema escondiéndolo en las fluctuaciones “naturales” del clima terrestre, es imprescindible identificar bien el alcance del Cambio Climático y los compromisos que debemos asumir. Estamos todavía a tiempo de definir las medidas en el ámbito económico y social, pero también en el moral: tan incierto es que vayan a ser las medidas macroeconómicas y políticas las únicas capaces de resolver el problema, como que las actitudes ciudadanas en los sectores llamados “difusos” sean suficientes para reducir drásticamente las emisiones de los gases de efecto invernadero, con el CO2 a la cabeza. Es imperioso y urgente actuar en dos frentes: en la mitigación, es decir, en la reducción de las emisiones de estos gases de efecto invernadero, y en la adaptación, consistente en identificar la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales a los impactos del Cambio Climático, adoptando medidas para minimizar esos riesgos. No es de recibo que intentando evitar lo inmanejable (mitigación), dejemos de gestionar lo inevitable (adaptación). El dilema entre combatir el Cambio Climático o, considerando que ya es irremediable, adaptarnos a él, es una falsa disyuntiva, pues son ambos esfuerzos los que hay que emprender sin más dilaciones. También sería un error que lo necesario nos haga olvidar lo urgente, o sea, que los planes de acción por el clima sirvan de cortina de humo para eludir el cambio imperioso del modelo de producción y de estilo de vida. En el caso de los escépticos, hay que decirles que las evaluaciones del riesgo no pueden esperar a certezas para abordar soluciones.

AMBIENTALIA: EL CAMBIO CLIMÁTICO III CONGRESO ANDALUZ DE DESARROLLO SOSTENIBLE VII CONGRESO ANDALUZ DE CIENCIAS AMBIENTALES

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Que el IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) en su Cuarto Informe de Evaluación asegure que la mayoría del aumento de temperatura observada mundialmente desde mediados del siglo XX es muy probablemente debido al incremento observado de la concentración de gases de efecto invernadero, debería ser argumento suficiente para no demorar la adopción de medidas de reducción; la expresión muy probablemente implica más de un 90% de probabilidades. Nótese la progresión de los análisis de prospectiva de los científicos del Panel desde su primer Informe, en el que aceptaban una posible influencia humana en el calentamiento global, hasta el 4º y último, en el que se recoge un grupo de evidencias cada vez mayor.

Son cinco los “ámbitos de actuación” que contempla el Plan español para reducir las emisiones de GEI:

La ordenación del territorio

El ahorro y la eficiencia en el consumo de energía

El uso de las mejores tecnologías disponibles

Las medidas fiscales para reducir la contaminación

Los sistemas de gestión ambiental en los sectores afectados.

Estas actuaciones forman parte de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, expuesta el año pasado, y se concretan en 9 objetivos operativos en los que el Plan Andaluz de Acción por el Clima debería incardinarse:

-Reducción de las emisiones de GEI

-Fomentar el uso de mecanismos de desarrollo limpio

-Potenciar el desarrollo sostenible.

-Reducir las emisiones de los sectores difusos.

-Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al C. C.

-Sensibilizar a la población en torno a la importancia de luchar contra el C. C. y a favor de las energías limpias.

-Promover la I+D+i.

-Fomentar el abastecimiento energético basado en energías limpias y renovables.

-Impulsar un uso responsable y eficiente de la energía.

Como enfatiza el Plan Andaluz, “el problema es el Cambio Climático antropogénicamente inducido, que puede destruir los recursos naturales del mundo, cambiar los patrones de crecimiento de la vegetación y afectar la


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actividad económica y la vida animal y humana”. El compromiso del Protocolo de Kioto de llegar a una reducción del 5% en las emisiones de los GEI para el año 2012 respecto a las de 1990, se ha revelado no sólo insuficiente, sino además inalcanzable, dados los niveles de crecimiento de los países industrializados, el acceso al desarrollismo de los países emergentes (China e India a la cabeza) y los incumplimientos generalizados en la reducción del CO2. Es dramático que sean los países empobrecidos, los que menos responsabilidad tienen en estas emisiones, los que más van a sufrir las consecuencias del calentamiento global: frente a las más de 20 toneladas de CO2 que emite anualmente un norteamericano, las emisiones de un habitante de Bangla Desh están en 0,3 Tn., o las de un etíope en 0,1 Tn.

El Informe de Nicholas Stern, el economista al que Blair encargó elaborar el estudio sobre las repercusiones del C.C., precisaba que si no intervenimos las repercusiones sobre el sistema económico podrán llegar al 20% del PIB (Producto Interior Bruto) mundial. Pero al mismo tiempo que mitigamos estos efectos, tenemos que preparar los sistemas naturales, la agricultura, el turismo, el sistema económico y la salud de la población para adaptarnos a lo que va a venir.

En este sentido, sería conveniente guardar un criterio terminológico en cuanto a lo que pretende el Plan Andaluz “por” el Clima, “ante”, “frente” o “contra” el Cambio Climático”, que todas estas denominaciones han sido empleadas por la Cª de Medio Ambiente. Es evidente que las estrategias han de ser tanto “contra” como “ante” el C. C., es decir, de mitigación como de adaptación.

A esperas de la concreción del anunciado Plan Andaluz de Adaptación al C. C., falta un elemento capital también para este esfuerzo, y es la sensibilización ambiental. Nos podrá parecer que hay mucha información sobre el Calentamiento Global y el Protocolo de Kioto, pero se trata de una falsa percepción: nada menos que el 61% de los españoles desconoce ese tratado. Y es que una cosa es la información y otra es el conocimiento; la mera acumulación de datos y noticias no sirve para el imprescindible cambio de paradigma y de comportamiento que esta Estrategia exige. Como muy bien explica en su película “Una verdad incómoda” Al Gore, hay cuatro niveles en los que tenemos que actuar: el personal y familiar, el local y regional, el nacional y el internacional. Los ciudadanos son parte del problema, pero también han de erigirse en parte de la solución. Iniciativas como “CeroCO2” impulsada por la Fundación Biodiversidad o la de “Movimiento Clima” de sindicatos, ecologistas y consumidores, deben ser apoyadas intensamente. En particular, hay que desterrar tres errores conceptuales que existen sobre el C. C.:

-No hay consenso científico

-No hay soluciones


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-En el caso de que las haya, son antieconómicas.

El 20 de julio pasado el Gobierno de la nación aprobó el Plan de Medidas Urgentes contra el Cambio Climático, que contempla 198 medidas, la mayoría recogidas ya en la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. De ellas, 80 son de aplicación inmediata. Muchas de ellas se solapan o coinciden con las medidas para Andalucía, por lo que sería recomendable/exigible una mayor coordinación del gobierno central con todos los gobiernos regionales que van a contar también con planes específicos para combatir el Cambio Climático. No puede ser que haya tantos planes para combatir este problema como comunidades autónomas.

El problema del C.C. excede las posibilidades de empresas y gobiernos, porque todos en mayor o menor medida contribuimos a la emisión de CO2. Son ya 8,04 toneladas de CO2 lo que cada andaluz emite al año, haciendo una división entre gases contaminantes y población (datos de 2004), pero se convertirían en más de 10 toneladas de no adoptar medidas. El envite que introduce el Plan Andaluz de Acción por el Clima de reducir en un 19% las emisiones de GEI en Andalucía, es muy difícil de cumplir con las tendencias actuales. Bien es verdad que sólo el 40% de las emisiones de GEI están reguladas por los planes de asignación dentro de las llamadas fuentes fijas (el 50% en Andalucía), pero son el transporte en carretera y el sector doméstico los que más rápidamente están incrementando sus emisiones. En particular, el esfuerzo reductor en las emisiones del sector transporte por carretera (grupo 07), el 21% de las emisiones GEI, es inexistente: aun contemplando un escenario tendencial “con medidas”, el más riguroso, el Plan prevé que pasen de los 14,4 millones de toneladas de CO2-eq en 2005, a los 16,9 millones en 2012, un incremento colosal que revela el pequeño esfuerzo desplegado para disminuir el transporte motorizado. Tampoco el resto del sector transportes (grupo 08) adquiere compromisos netos de reducción de emisiones, pues las previsiones del Plan en el mejor de los escenarios prevé pasar de las 3,1 millones de toneladas en 2005 a 3,8 millones en 2012.

Los datos de aumento de las emisiones de CO2 equivalente en Andalucía son decepcionantes y muy preocupantes, nada menos que del 67,15% entre 1990 y 2004 , muy por encima del 15% que nos asigna Kioto. Los datos más brutales son el 300% de incremento del sector de disolventes, el 100% de aumento en el transporte por carretera o en residuos y el 80% de incremento en el sector energético. A propósito, el Plan repite hasta la náusea el sofisma de que el aluvión de centrales térmicas de gas de ciclo combinado “permitirá no solamente mejorar la eficiencia de la generación eléctrica sino que, al ser el gas natural un combustible menos contaminante que el fuel rebajará considerablemente el mix de la emisión debida a la generación eléctrica”. De una falsedad se deriva una política equivocada: Andalucía cuenta ya con 10 centrales de ciclo combinado y 4.000 megavatios de potencia, que han venido a incrementar la potencia


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eléctrica instalada, convirtiéndola en una región exportadora de electricidad y aumentando de forma neta la cantidad de emisiones. Las centrales térmicas de gas natural emitieron en 2005 6,6 millones de toneladas de CO2 equivalente, el 29% del total de emisiones de centrales eléctricas. Aquí se demuestra la falacia de la eficiencia, es decir, cómo un incremento neto de emisiones da al traste con las proclamadas bondades de una energía más limpia (el gas natural) y una tecnología más eficiente (la central térmica de ciclo combinado). Como desvela A. Ruiz de Elvira, “se instalan centrales de gas de ciclo combinado , con la idea de que cada una de ellas emite, por Kwh. producido , un poco más de la mitad que una central convencional, pero se instalan demasiadas, de manera que el resultado es el crecimiento de las emisiones, y no su reducción”. Con estos mimbres, es muy difícil conseguir lo que el Plan prevé: pasar de una emisión en el 2004 de 61,8 millones de toneladas de CO2 equivalente a 52,7 millones de toneladas en 2012.

En el caso de España, los resultados no son alentadores, superamos en un 51% las emisiones de 1990 (nuestro tope es el 15%) y después de los datos positivos de 2006 en el que las emisiones se redujeron en un 4%, en el año 2007 han vuelto a aumentar en un 3%. Las obligaciones que nos esperan son reducir las emisiones en un 9% anual cada año desde ahora hasta 2012, compromiso prácticamente imposible de cumplir. Sobre todo cuando el sector que más rápidamente crece en sus emisiones, el sector transporte, no tiene visos de contener sus emisiones de CO2.

En la Conferencia de Bali se consiguió un consenso para abrir las negociaciones en torno a un acuerdo mundial sobre el clima para después de


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2012 y clausurarlas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima que va a celebrarse en diciembre de 2009 en Copenhague. El próximo año está prevista la Conferencia de Copenhague, englobada en el marco de las Naciones Unidas, en la que se aumentarán para después de 2012 y en un 30% los objetivos comunitarios que se marcaron el año pasado para toda la Unión Europea, que consistían en reducir en un 20% las emisiones de CO2, ascender en un 20% la eficiencia energética y en otro 20% las energías renovables, todo ello hasta 2020. La UE pretende acudir a Copenhague, que sustituirá a Kioto, con sus acuerdos alcanzados y sus compromisos en marcha para servir de ejemplo a los demás Estados. El compromiso europeo, traducido en el lema “energía para un mundo en cambio”, es que los llamados sectores difusos (transporte, residencial y agricultura, principalmente), que hasta ahora no estaban cubiertos por el comercio de derechos de emisiones, tengan que reducirlas a partir de 2013 y hasta el año 2020 un 10% respecto a 2005. El Plan de Acción sobre el Clima y las Energías Renovables de la UE tendrá un coste del 0,5% del Producto Interior Bruto de toda la UE, es decir, 60.000 millones de euros de aquí a 2020: un desafío descomunal pero factible. Para la UE es fundamental que el próximo acuerdo mundial establezca el objetivo de limitar el calentamiento del planeta a un máximo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales para impedir que el Cambio Climático alcance proporciones peligrosas que provoquen alteraciones irreversibles y, quizás, catastróficas. Para mantenerse en esos límites de temperatura, es preciso reducir, antes de mitad de siglo, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero más del 50 % respecto a las registradas en 1990.

Todos estos escenarios y promesas resultan insuficientes para el movimiento ecologista. Entendemos que la única solución energética sostenible al problema del Cambio Climático, así como a los múltiples problemas ambientales causados por el actual modelo energético, se basa en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. No basta con pequeños cambios, ni con políticas que por un lado favorezcan a las energías limpias y por otro mantengan los privilegios de las energías sucias. Se precisa una auténtica “revolución energética” y el Gobierno tiene la responsabilidad histórica de ponerla en marcha y situar a España como líder mundial de la energía limpia y del ahorro energético.

Se acaba de formar entre partidos políticos y entidades ciudadanas una coalición municipal contra el Cambio Climático. Se trata de introducir en los municipios iniciativas que incluyan medidas y estrategias con el objetivo de reducir en al menos un 15% en el periodo 2008-2012 las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a las denominadas fuentes difusas. La política de residuos debe conseguir reducir su generación, favorecer la reutilización de los envases y aumentar al menos veinte puntos las tasas actuales de recogida selectiva para el aprovechamiento del vidrio, papel, envases y materia orgánica en el periodo 2008-2012. Y contribuir desde el ámbito municipal a avanzar en


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materia de energía, de ordenación del territorio, de gestión y recuperación de zonas verdes que funcionen como sumideros de carbono.

Los cambios más urgentes y necesarios deben centrarse en la planificación energética a medio y largo plazo (modificando las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos en lo que sea necesario). Deben establecerse objetivos para el ahorro de energía y la producción renovable, tales como:

-Reducción de la demanda de energía primaria en un 20% respecto a 2005 para 2020.

-Contribución de las renovables a la energía primaria del 30% en 2020 y del 80% en 2050, a la generación de electricidad del 50% en 2020 y del 100% en 2050, y a la climatización de edificios del 80% en 2050. El derecho de los ciudadanos a consumir energía limpia es ya posible desde abril: con la entrada en vigor del etiquetado eléctrico todas las compañías eléctricas tendrán que acompañar las facturas de una etiqueta, con un diseño uniforme y oficial, que indique con claridad el origen de la electricidad vendida al consumidor y el impacto ambiental producido en su generación

El Plan de Infraestructuras (PEIT) es la peor estrategia posible para atajar esta situación de creciente insostenibilidad. Es urgente replantearse el modelo de movilidad actual, empezando por establecer una moratoria a la construcción y ampliación de vías rápidas, trenes de alta velocidad y aeropuertos, y cancelar todos los proyectos no adjudicados. Deben invertirse las prioridades, destinando el grueso del gasto público a la recuperación y mejora del ferrocarril convencional (con velocidades hasta 220 km/h), al transporte público colectivo y a desarrollar una Ley de Movilidad Sostenible. Esta ley debe obligar a aplicar Planes de Movilidad regionales y metropolitanos que favorezcan los medios no motorizados, establezcan restricciones a los más insostenibles y reduzcan las necesidades de movilidad. Construir 9.000 nuevos Kms. de AVE, 6.000 Kms. de autovías y duplicar la capacidad de los aeropuertos, es insostenible y un atentado a los compromisos de reducción de los GEI.

El compromiso ciudadano contra el Cambio Climático ha resumido en una serie de medidas y estrategias lo que hay que hacer para reducir en un 15% en el periodo 2008-2012 las emisiones de gases de efecto invernadero. El impulso de certificados de productos y servicios “amigos del clima”, que garanticen mayor eficiencia y menores emisiones, así como el apoyo público a la sensibilización y concienciación de la ciudadanía de qué es el Cambio Climático, que implicaciones tendrá en nuestras vidas y cómo podemos contribuir a evitar que alcance niveles de crisis global, son dos iniciativas necesarias y urgentes. Reduciendo y moderando nuestros hábitos de consumo, persiguiendo siempre el consumo justo y eficiente, conseguiremos involucrar a todas las personas en este compromiso moral y ecológico. Un compendio de estas medidas se reproduce a continuación:


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Elaborar e impulsar una Ley contra el Cambio Climático, que establezca para España objetivos concretos, de obligado cumplimiento, partiendo de los ya acordados para el conjunto de la UE; es decir, una reducción de las emisiones de CO2 con respecto a 1990 del 30% para 2020 y del 80% para 2050.

Promover una Ley de Energías Renovables para asegurar el cumplimiento de los objetivos citados y reforzar el sistema de primas, garantizando un retorno definido y estable a las inversiones, que deben ser más atractivas que las inversiones en energía sucia. Hay que aprobar una planificación energética de medio y largo plazo que establezca objetivos concretos, de obligado cumplimiento, para el ahorro de energía y la producción renovable.

Promover una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética que acabe con el derroche de energía, imponiendo niveles obligatorios de eficiencia para el consumo energético de todos los electrodomésticos, edificios y vehículos, y dando prioridad a la gestión de la demanda frente a la generación adicional de energía.

Impulsar con carácter urgente una Ley de Movilidad Sostenible que, entre otras cuestiones, obligue a desarrollar y poner en práctica Planes de Movilidad Sostenible, con restricciones al uso excesivo del automóvil al tiempo que se fomenta el transporte público.

Desarrollar y aplicar una fiscalidad ecológica que incluya desgravaciones y bonificaciones a las inversiones en energías renovables, especialmente para la energía solar.

Aprobar una tasa ecológica sobre el consumo de carburantes de automoción que financie los Planes de Movilidad Sostenible y un impuesto similar al combustible de los aviones, y adecuar las tarifas a los costes reales que tienen para la sociedad los distintos modos de transporte, priorizando el transporte público colectivo. Cada litro de gasolina emite 2,4 Kg. de CO2; sólo aplicando una tasa de 1 cm. de € por litro, permitiría conseguir 4€ por tonelada, que serviría para financiar la transición energética.

No autorizar la construcción de nuevas refinerías de petróleo, y aplicar una moratoria de nuevas centrales térmicas a partir de combustibles fósiles, mientras no se demuestre que todas las alternativas de energía limpia (uso eficiente de la energía, gestión de la demanda, cogeneración y renovables) están agotadas o no son suficientes. Poner en marcha un plan de cierre progresivo pero urgente de las centrales nuclearesexistentes, en el horizonte de 2015; la nuclear no es la solución al Cambio Climático.

Revisar en profundidad el PEIT, condicionando y paralizando la construcción de todas las nuevas infraestructuras hasta que se realice una correcta evaluación del impacto del Plan sobre la Red Natura 2000.


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Reducir las necesidades de transporte motorizado, disminuyendo el tráfico por carretera en un 15% para 2012 respecto a 2006 y limitar las emisiones de los nuevos automóviles comercializados a partir de 2012 a 120 gramos de CO2 por km.

Modificar la actual tasa intermodal incrementando la participación del ferrocarril, tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías, hasta alcanzar un 25% del total en 2012 y frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a los niveles de 1990.

Endurecer la normativa nacional en seguridad de transporte marítimo y liderar a escala internacional la erradicación de las banderas de conveniencia.

Poner fin a todas las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, e internalizar todos sus costes externos sociales y ambientales, asegurando que el precio de la energía final refleje todos los costes según la fuente de energía utilizada. Contaminar tiene que salir caro y disuasorio.

Eliminar las ingentes subvenciones, directas e indirectas, a proyectos de I+D en tecnologías que no pueden ser la solución al Cambio Climático y sin embargo suponen graves riesgos ambientales, como son la captura y almacenamiento de carbono, la fisión nuclear, la fusión nuclear o la transformación de carbón en combustibles líquidos.

Prohibir la producción de gases de efecto invernadero como los CFCs y HCFCs, que aún se sigue realizando en nuestro país, a pesar de que su uso está prohibido en Europa. Promover a nivel de la UE la sustitución y prohibición gradual de todos los HFCs, regulados por el Protocolo de Kioto y sustitutos de los CFCs.

Más y mejores ayudas para mitigar y prevenir los efectos del Cambio Climático en los países empobrecidos. Crear un fondo de adaptación financiado por los impuestos sobre los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo, que permita desarrollar actuaciones para paliar los impactos del Cambio Climático.

Campañas de sensibilización ciudadana y educación ambiental para que cada uno contribuya en su ámbito de acción a la reducción de emisiones. La campaña “Tú controlas el Cambio Climático”, “BAJA, APAGA, RECICLA, CAMINA”, es excelente, pero no puede quedarse en un puñado de eslóganes.

Los sindicatos, asociaciones empresariales y profesionales que suscriben este pacto, se comprometen a incluir una cláusula social contra el Cambio

Climático en los convenios, acuerdos y actuaciones derivadas de sus funciones sindicales, empresariales o profesionales. En dicha cláusula se establecerá un compromiso de reducción de al menos un 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo 2008-2012 en el ámbito de la industria y de los


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servicios. Planes de movilidad sostenible para las plantillas, adecuar los horarios laborales, capacitación en buenas prácticas y agentes de sostenibilidad en comités de empresa son instrumentos básicos de dicha “cláusula social”. Y que se completará con referencias a una gestión eficiente y ahorradora de otros recursos, como el papel, envases y plásticos o agua, haciendo posible reducir nuestra demanda total de recursos, a la vez que, mediante el ecodiseño y la ecoinnovación cerraremos los ciclos, convirtiendo los residuos de unos en recursos para otros.

De todas formas, para el movimiento ecologista, sólo un cambio de paradigma servirá de verdad para controlar y revertir el Cambio Climático; no se trata solamente de poner en marcha el “desarrollo sostenible”, sino que tenemos que empezar a construir el “decrecimiento sostenible”. Somos conscientes de que reducir la producción y el consumo asusta a muchos, sobre todo en el ciclo de recesión económica que empieza en España, pero seamos sinceros, es imposible continuar con crecimientos del PIB (mercancías, servicios, bienes) explotando recursos limitados y agotando la capacidad de carga del Planeta. A los economistas clásicos les pueden salir sarpullidos, pero la bioeconomía, la biomímesis, son la única fórmula para salir del atolladero al que hemos sometido a la Tierra. La cuestión no es si se va a producir decrecimiento en la economía mundial, sino cuándo va a ocurrir y de qué forma: ¿de manera convulsa, incontrolada y nociva, u ordenada, planificada y equitativa?. Ya el Club de Roma en 1972 acuñó el término “crecimiento cero”, alertando de que no es factible un crecimiento económico continuo en un planeta limitado. En la cumbre de Río de Janeiro de 1992 se introduce el término “desarrollo sostenible”. pero hemos asistido a una adulteración de la expresión para justificar “crecimientos sostenidos” y es hora de que seamos conscientes de que desarrollo y sostenible son conceptos contradictorios, desorientadores y engañosos.

Es muy difícil en los tiempos de consumismo desaforado y obsesión por el enriquecimiento personal abogar por un modelo de desarrollo que pivote en no seguir creciendo, mantener hábitos austeros y ralentizar el ritmo asfixiante de expolio de la naturaleza. El discurso dominante nos intenta persuadir que la “ecoeficiencia”, el “desarrollo sostenible” y la innovación tecnológica pueden lograr el milagro de los panes y los peces de continuar creciendo en un planeta finito, solo a base de poner algunos frenos a la ineficiencia y al despilfarro. Es hora de que los movimientos sociales más lúcidos se den cuenta de la falacia y del error: el incremento continuado del Producto Interior Bruto, la mayor generación de bienes y servicios, la acumulación constante del capital, es una perspectiva rechazable por más que intente disfrazarse de “amigable” con el medio natural y sostenible. Como reconoce Susan George, “cada 25 años la economía mundial se duplica; hay que terminar con esa idea de crecer sin parar o acabaremos con el planeta: sencillamente este sistema es insostenible”.

Con la teoría productivista, que afirma que la cantidad de recursos naturales requerida por unidad de producto disminuye con el progreso técnico, los


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economistas proclaman una “desmaterialización” de la producción que no es cierta. La extracción de materias primas sigue imperturbable, con el petróleo como hito, y el crecimiento demográfico y la expansión del comercio hacen trizas todos los propósitos de contener la degradación de la Tierra. Por otro lado, el Calentamiento Global repercute sobre todos los países y en mayor medida en los que menos responsabilidad tienen en el incremento del efecto invernadero: los países pobres o mejor dicho “desposeídos”. El aumento general de la brecha entre pobres y ricos contradice también la dudosa teoría según la cual el crecimiento económico es capaz de reducir las desigualdades y de reforzar la cohesión social. De los 6.500 millones de personas que habitan el planeta, mil millones siguen estancadas en la miseria, el hambre y la pobreza. Son los desposeídos que no tienen nada y que sobreviven con menos de un dólar al día. Forman lo que Paul Collier llama “el club de la miseria”. Mientras que la ola expansionista de los últimos años (veremos lo que pasa en la situación de desaceleración actual) ha conseguido mejorar rentas a muchos países “en vías de desarrollo”, África y parte de Asia han sufrido el empeoramiento de sus condiciones de vida, con estados calificados como fallidos. La combinación de lo que Kormondy llamaba las tres “p”, pollution, population y poverty, es decir, contaminación, crecimiento demográfico y pobreza, ha degradado su situación social y ambiental, alejándoles de los intercambios monetarios y comerciales.

Los informes del Worlwatch Institute nos dan cuenta anualmente de que el mundo está dividido entre una minoría que disfruta de alimentos abundantes, movilidad casi ilimitada, acceso a la tecnología de vanguardia y otras facilidades, y una mayoría con pocas oportunidades de superar las preocupaciones de la supervivencia diaria. También asistimos muchas veces a un intento de culpabilizar a las víctimas, incidiendo en la explotación que estos países realizan


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de sus tierras, bosques y recursos hídricos, cuando son los ricos los que más castigan al planeta con su estilo de vida contaminante, su consumo intensivo de materiales y su despilfarro obsceno. No podemos dejar de señalar además que el imparable gasto militar agrava la pobreza, la desigualdad social y la degradación ambiental, ya que los fondos invertidos en armamento y fuerzas militares no pueden utilizarse para combatir esos males. La globalización está siendo de mercancías y capitales, pero no de conocimiento ni de personas: el sistema internacional de comercio castiga con subsidios agrícolas a los agricultores de países pobres, que no pueden competir en igualdad de condiciones con los superprotegidos productos de los países ricos.

Nos quieren hacer creer que esta situación de subdesarrollo no es un resultado de la concentración de riqueza y la acumulación de capital consustanciales con el modelo capitalista vigente (el único existente en la actualidad, salvo los pintorescos casos de Cuba y Corea del Norte), cuando sabemos que la necesidad de crecer constantemente mientras se pueda genera desequilibrios económicos, sociales y políticos, además de destrucción ambiental. El fundamentalismo financiero y el dogmatismo del crecimiento a cualquier precio va dejando víctimas en los eslabones más débiles, el medio ambiente y los países empobrecidos.

El consumismo hoy domina la mente y los corazones de millones de personas, sustituyendo a la religión, a la familia y a la política. El consumo compulsivo de bienes es la causa principal de la degradación ambiental. El cambio tecnológico nos permite producir más de lo que demandamos y ofertar más de lo que necesitamos. El consumo y el crecimiento económico sin fin es el paradigma de la nueva religión, donde el aumento del consumo es una forma de vida necesaria para mantener la actividad económica y el empleo. Adición consumista y fundamentalismo financiero son los dos pilares ideológicos que sostienen el “tinglado de la farsa” del sistema de producción y consumo imperante. Clive Hamilton, en su revelador libro “El fetiche del crecimiento”, nos desvela el dilema al que debemos enfrentarnos: potenciar una sociedad materialmente rica e infeliz o iniciar el cambio hacia una más austera pero también más plena. Y aquí viene el corolario, porque una bioeconomíasignificaría, casi con certeza, un descenso de la tasa de crecimiento económico tal como se mide en la actualidad y con el tiempo una tasa negativa. Es empezar a diseñar una sociedad post-crecimiento. Asusta tener que renunciar a muchas seguridades y certezas, pero es la única fórmula de garantizar la perdurabilidad de los sistemas naturales y el disfrute de la calidad de vida. Evidentemente no se trata de imponer la alternativa decreciente para todos, sino para los privilegiados, ese 20% de la población que explota el 80% de los recursos naturales del planeta. El otro 15-20% de desposeídos deberían crecer y desarrollarse, para lo cual la ayuda internacional, la asistencia tecnológica y la reposición de la deuda ecológica serían compromisos ineludibles. En el caso de los demás países, el compromiso de cambiar de modelo es claro para los llamados países emergentes (China, India, Brasil, ...), que están reproduciendo


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lo peor de nuestro desarrollo: tráfico motorizado creciente, urbanización incontrolada, explotación desmedida de combustibles fósiles, infraestructuras colosales, etc.

Los ingleses han llamado a este desafío downshifting, o sea, reducción de escala, ganar menos y consumir menos, compartiendo recursos. Es una utopía, sin duda, pero la única capaz de sacarnos del atolladero. La dificultad de ir contra corriente es máxima, porque la publicidad nos incita a consumir sin freno. Los gobiernos practican la esquizofrenia de exhortarnos a reducir, reutilizar y reciclar, pero no hacen nada para que las industrias sigan aumentando, desechando y vertiendo todo lo que quieren. Un ejemplo descarnado de esta contradicción lo tenemos en los premios Príncipe de Asturias, que igual reconocen el papel impagable de Al Gore contra el Cambio Climático, que recompensan a uno de los sectores de mayor responsabilidad en su agravamiento, el automovilístico, con el premio a Alonso y Schumacher.

La combinación del fetichismo del crecimiento, el consumo compulsivo y la explotación irreflexiva de la naturaleza, es la cara oculta de la globalización, nos advierte Hamilton. Frente a ello, consumir menos, trabajar menos y adoptar un ritmo más pausado, son la clave del bienestar. Si a esto le sumamos el compartir bienes y servicios, tenemos la clave de la equidad: “promover la calidad de la vida social e individual, en vez de rendirse a las demandas del mercado”.

Hoy es necesario un nuevo paradigma basado en la sostenibilidad, lo que supone satisfacer todas las necesidades básicas de todas las personas, y controlar el consumo antes de que éste nos controle. Entre las medidas más inmediatas hay que eliminar las subvenciones que perjudican el medio ambiente (un billón de dólares anuales que incentivan el consumo de agua, energía, plaguicidas, pescado, productos forestales y el uso del automóvil), realizar una profunda reforma ecológica de la fiscalidad, introducir criterios ecológicos y sociales en todas las compras de bienes y servicios de las administraciones públicas, nuevas normas y leyes encaminadas a promover la durabilidad, la reparación y la “actualización” de los productos en lugar de la obsolescencia programada, programas de etiquetado y promoción del consumo justo. Y todo ello dentro de una estrategia de “desmaterialización” de la economía, encaminada a satisfacer las necesidades sin socavar los pilares de nuestra existencia. Es la alternativa del Iº Worldwatch, a la que debemos añadir el decrecimiento económico en la línea apuntada, porque la mera “eficiencia” no nos sacará del atasco. Vivir bien con menos, según la fórmula de Jorge Riechmann. Y por delante de los intereses de empresas y gobiernos, “primero la gente”.

Una genuina sostenibilidad será la que logre transformar la economía para que pueda sostenerse a largo plazo, cumpliendo cuatro preceptos:


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1. Uso limitado de todos los recursos, a un ritmo que produzca niveles de residuos que el ecosistema pueda absorber.

2. Explotación de los recursos renovables en proporciones que no sobrepasen la capacidad del ecosistema de regenerar tales recursos.

3. Consumir los recursos no renovables en proporciones que no sobrepasen las tasas de desarrollo de recursos renovables sustitutivos.

4. Decrecimiento económico y equidad global, de manera que exista un equilibrio perdurable entre población, recursos y medio ambiente.

Tenemos que desplegar programas (no solamente campañas) que lleven a la gente el mensaje de que los costes de oportunidad nos obligan a actuar ya mismo. Y sin caer en catastrofismos , ni en verdades reveladas: el Cambio Climático no es un dogma ni un artículo de fe, sino un proceso que nosotros hemos desencadenado y que moralmente estamos obligados a revertir. Es un aprendizaje social en el que las medidas tanto de estímulo como de disuasión tienen que abordar los tres aspectos implicados en la resolución del problema:

COMPRENSIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

Hay que pasar del Cambio Climático a Cambios por el Clima.

De todas maneras, el escepticismo de la inteligencia no tiene que derivar en una parálisis de la voluntad, al contrario, el que la Administración no dé las respuestas suficientes ha de ser un acicate para informar, sensibilizar y actuar ante y contra el mayor problema ambiental y social al que nos enfrentamos en esta siglo XXI.

“Aunque encontramos muchas tendencias insostenibles, existen señales para la esperanza fundamentadas en un cambio desde la sociedad y en los procesos de buen gobierno tanto desde las administraciones nacional, autónomas y locales, como desde las empresas y los ciudadanos que apuestan por hábitos de vida más responsables y comprometidos con la sostenibilidad” .

(Observatorio de la Sostenibilidad en España. 2006).


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