juicio de revisiÓn constitucional electoral...
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JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL EXPEDIENTES: SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, ACUMULADOS ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL. AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS MAGISTRADO: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ SECRETARIO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA
México, Distrito Federal a trece de julio de dos mil uno.
VISTOS para resolver los autos de los expedientes SUP-
JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-128/2001, relativos a los juicios de revisión constitucional electoral
promovidos por el Partido de la Revolución Democrática,
Partido de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional, en contra de la sentencia
de veintiséis de junio de dos mil uno, dictada por la Sala “A” del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el recurso de
revisión con número de expediente TEE/REV/013-A/2001, y
R E S U L T A N D O
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I. El quince de mayo de dos mil uno, en sesión extraordinaria, el
Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Chiapas emitió un dictamen y resolución en el que determinó
negar la solicitud de registro del convenio de coalición electoral
para la elección de diputados de mayoría relativa en los
veinticuatro distritos uninominales, denominada “Alianza por
Chiapas”, presentado por los representantes de los partidos
políticos de la Revolución Democrática, Convergencia por la
Democracia y de la Sociedad Nacionalista.
II. El diecisiete de mayo de dos mil uno, el Partido de la
Revolución Democrática, por conducto de sus representantes
propietario y suplente ante el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Chiapas, interpuso recurso de revisión en
contra del dictamen y resolución antes precisados.
III. El veintiséis de junio de dos mil uno, la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas dictó sentencia respecto del
recurso de revisión que se menciona en el resultando anterior,
cuya parte considerativa, en lo que interesa, se transcribe a
continuación: ... SEXTO.- De la lectura del documento continente de los agravios, se advierte que existe una deficiente argumentación de los agravios hechos valer, pero estos pueden ser deducidos de lo expresado; por tanto, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, se resolverá con los elementos que obran en el expediente. Por razón de método, en primer lugar abordaremos el planteamiento que el recurrente hace en el punto segundo de los agravios, que suplidos en su deficiencia en término de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Medios de Impugnación, se advierte que el impugnante hace valer la absoluta falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada.
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Pues bien, el motivo de inconformidad que ahora se examina es infundado e inoperante; infundado, porque, sin entrar al estudio del fondo del asunto, lo que se hará al examinar y responder a las otras causas de inconformidad que aduce el partido recurrente por conducto de sus representantes, se observa que la autoridad responsable en su acto cita los artículos 9°, 18, 21, 24, 25, 26, 41, 57, 73, 82, 83, 84, 85, 113 fracción I, 120 fracción XXI y 182 del Código Electoral del Estado y diversas disposiciones contenidas en los lineamientos a que se sujetarían los partidos políticos que pretendieran coaligarse para el proceso electoral del año 2001, que consideró aplicables, lo que demuestra que el acto no carece de fundamentación; asimismo a manera de motivación expone diversos razonamientos que ordena bajo el rubro: “CONSIDERANDO” y nos remite a diversos anexos que forman parte del expediente, práctica que se considera válida como una forma de motivación del acto de autoridad. Es inoperante porque al ser esta autoridad de plena jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300 del Código Electoral del Estado y 9° de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aún cuando el acto de autoridad careciera de fundamentación y motivación, procedería a ejercer con plenitud su jurisdicción para sustituir a la autoridad responsable y decidir el asunto con base a la normatividad aplicable y en el sentido que fuere procedente, en interés de una justicia pronta y expedita, ya que el reenvío solo debe actualizarse en ocasiones excepcionales (reposición de algunos procedimientos administrativos, etcétera). Situación diferente resulta cuando, en materia de amparo por ejemplo, el acto carece totalmente de fundamentación, porque en tal circunstancia lo que procede es que, sin entrar al estudio del fondo del asunto, se concede el amparo al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable dicte una nueva resolución en la que subsane la irregularidad de la anterior y funde y motive correctamente el nuevo acto. Sentado lo anterior, a continuación se abordarán los demás motivos de inconformidad que aduce el recurrente, así, supliendo la deficiencia de los agravios, esta Sala deduce que el accionante se duele en primer lugar, porque considera que el acto que reclama viola en su perjuicio el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33 de la misma Carta Magna, 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el XVI de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución particular del Estado de Chiapas, toda vez que el acto que reclama le coarta el derecho de asociación que la asiste como partido político. Los artículos 9° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen:
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(se transcribe) El artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas de 1948, establece: (se transcribe) Los artículos XXI y XXII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre disponen: (se transcribe) Los artículos 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisan: (se transcribe) Los artículos 4° y 19 de Constitución Política del Estado de Chiapas, establecen: (se transcribe) El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia: J.05/99, Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral, aprobada por unanimidad de votos con el rubro: "TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.) TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ESTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES”, sostiene que la jurisdicción para el control de la constitucionalidad de los actos y resoluciones en Materia Electoral se confirió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por tanto, como esta autoridad carece de jurisdicción no se pronunciará sobre las violaciones de los artículos 9° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Partido de la Revolución Democrática aduce. Sin embargo, soportados en los razonamientos vertidos en el considerando anterior, procederemos al análisis de los agravios, a la luz de los artículos 4° y 19, ya transcritos, de la Constitución Política del Estado de Chiapas y de los Tratados Internacionales que menciona, para determinar si con el acto recurrido, la autoridad responsable violó los derechos de asociación y de reunión políticas para coaligarse, del Partido de la Revolución Democrática tal y como este lo aduce. En el artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Chiapas, se reiteran las garantías individuales que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tanto, se debe tener por reproducido el texto del artículo 9° de nuestra Carta Magna, mismo que ya se transcribió con anterioridad. Ahora bien, en Chiapas, por lo que hace al derecho de asociación consagrado en nuestra particular Constitución
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Política este consiste en la libertad para constituir una persona moral, con personalidad propia y distinta de los asociantes y que tienden a la consecución de objetos plenamente identificados, cuya realización es constante y permanente. Así, el ejercicio de este derecho se traduce en la Constitución de Partidos Políticos locales (artículos 4° y 19 de la Constitución Política de Chiapas, numerales 5, 16, 17 fracción I, 18, 23 al 34 del Código Electoral del Estado) de sociedades y asociaciones civiles, (artículos 2643 y 2661 del Código Civil del Estado) sindicatos, fundaciones, etcétera. En cuanto a los diversos tratados internacionales que mencionan los representantes del Partido de la Revolución Democrática, ésta autoridad no puede inadvertir la Tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 11 once de mayo de 1999 mil novecientos noventa y nueve, en el Amparo en Revisión 1475/98, que en seguida se transcribe: “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (se transcribe) Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aprobó con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, Noviembre de 1999 Tesis: P.LXXVII/99 Página: 46 Así las cosas, se estima que en la sentencia que se emite, debe examinarse si se violaron los tratados internacionales que mencionan los representantes del partido político revisionista, en virtud de que están encima del derecho local y comprometen a todas las autoridades del Estado mexicano, sean federales o locales, frente a la comunidad internacional. Del análisis del dictamen y resolución impugnado, se desprende que este no violenta los preceptos de la Constitución Política del Estado de Chiapas que se han transcrito, ni los numerales de los Tratados Internacionales que se precisan, toda vez que el acto de autoridad en examen, no le niega o cancela la calidad de partido político al accionante, que se le reconoce en el
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Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 19 de la Constitución Política del Estado y 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Código Electoral del Estado, lo que no es más ni menos que el feliz resultado del derecho de asociación consagrado por la Constitución Política del Estado de Chiapas, en términos de lo dispuesto por los artículos 4° y 19 de nuestra particular Carta Política y en los Tratados Internacionales que el recurrente invoca. Asimismo, dicho acto de autoridad tampoco le coarta el derecho de reunión que en Chiapas, en la especificidad abordada, es tutelada por el artículo 4°, en relación con el 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, derecho al que se refieren también los Tratados Internacionales que cita el partido recurrente en su escrito de impugnación, pues en tratándose de la libertad para coaligarse con los partidos políticos Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y de la Sociedad Nacionalista, en ejercicio del derecho de reunión, aún cuando no crearían una entidad jurídica propia, diferente a los partidos políticos que la conformarían y que la unión de los partidos interesados en constituirla, sería temporal; así lo sostiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis de Jurisprudencia J.07/99, Tercera Época, Sala Superior. Materia Electoral. Publicada con el rubro: “COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS. SU INTEGRACIÓN NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES)”, consultable en la página 7 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1997-2000, Tomo VIII, de la Jurisprudencia y Tesis relevantes en materia electoral, la referida libertad, como todas las libertades humanas, no es absoluta y tiene sus restricciones; así, cuando dos o más partidos políticos pretenda coaligarse en ejercicio del derecho de reunión, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de Chiapas, deberán sujetarse a lo que la Ley Electoral local disponga, de tal suerte que los Partidos Políticos Nacionales, quedan sujetos al régimen Jurídico local, de tal manera que, para que la coalición pudiera ser registrada, los partidos interesados tenían que haber ajustado su constitución y registro a lo establecido en los artículos 82, 83, 84 y 85 del Código electoral del Estado, pero como quiera que sea, el hecho acreditado de que la autoridad responsable tramitó y resolvió la solicitud de constitución y registro de la coalición respectiva, demuestra que no le coartó al partido político recurrente, el derecho de unirse en coalición; incluso, en el considerando Décimo Primero de la resolución impugnada, se deja constancia de ello en los términos siguientes: “DÉCIMO PRIMERO: Que en virtud de ese Derecho Constitucional que la Ley les otorga a los institutos políticos que pretenden contender en la elección para postular candidatos a la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en los 24 Distritos Electorales Uninominales; los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista, procedieron a celebrar convenio de coalición para
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postular candidatos a la elección de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa en los 24 Distritos Electorales Uninominales, con base a todos y cada uno de los requisitos señalados para tal fin, en el artículo 83, del Código Electoral del Estado”. En este contexto, si en el acto impugnado, la autoridad responsable negó el registro del Convenio de Coalición, para la elección de diputados de Mayoría Relativa en los 24 distritos electorales uninominales, de la denominada “Alianza por Chiapas”, que presentaron el partido político impugnante y los partidos Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, y de la Sociedad Nacionalista, ello fue porque la autoridad responsable en ejercicio de la facultad resolutiva correspondiente, estimó que no se llenaron debidamente los requisitos que la ley exige, de conformidad con las razones que exponen en el considerando DÉCIMO TERCERO, del acto que se combate. El convenio celebrado entre los interesados para coaligarse, si bien constituye un acuerdo de voluntades, la existencia de dicho convenio no implica que de manera obligatoria, la autoridad electoral administrativa tuviera que aprobarlo y registrarlo como resultado de una apreciación errónea en el sentido de que si lo negara, conculcaría el derecho de reunión de los partidos políticos interesados, habida cuenta de que para que se apruebe y registre, se requiere que los partidos políticos coaligados por el convenio, hayan cumplido con todas y cada una de las exigencias de los dispositivos aplicables del Código Electoral del Estado que son de orden público, por lo que, si la autoridad lo aprueba y registra a pesar de que hubiere advertido que no se cumplieron las exigencias de algunas disposiciones del referido ordenamiento, resultaría claro que de manera deliberada atentaría en contra del orden público y por lo mismo, incumpliría todos los principios que rigen en la materia. En igual circunstancia se encontraría si a pesar de que se hubieren satisfecho debidamente todos los requisitos que el Código Electoral del Estado exige para coaligarse, por alguna animadversión, se votara desaprobando el convenio de coalición y su registro. Lo antes expresado constituye un mero ejemplo exagerado de situación hipotética, esta no tiene más que dar mayor claridad a los razonamientos que se vierten. Así, el concepto de agravio expuesto por el recurrente resulta infundado, pues el acto impugnado no le coarta los derechos de libertad de asociación y de reunión políticas. En otro orden, de la deducción que de los hechos expresados en el punto SEGUNDO de agravios, hace esta autoridad, se observa que el partido recurrente señala como causa de pedir, la circunstancia consiste en que de la literalidad del documento que contiene el acto que impugna, considera que el Consejo General, sin estar facultado para ello, emitió el dictamen en cuestión, por ende, lo hizo sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento; asimismo se duele porque fue la comisión de análisis y dictamen de las solicitudes de registro de convenios, la que el recurrente estima que es diferente a la nombrada en
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sesión del día 3 de mayo del año en curso, la que con apego en lo dispuesto en el artículo 120 fracción XXI, del Código Electoral del Estado, por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, propuso al Consejo General que, en los términos de los artículos 73, 83 y 113 fracción I, del Código Electoral del Estado, emitiera la resolución que impugna, se inconforma también porque la redacción del documento la inicia al Congreso General y la concluye una Comisión de análisis y dictamen de las solicitudes de registro de convenios cuyas funciones y facultades no fueron aprobadas, toda vez que con fecha 03 de mayo del año en curso, la que se aprobó se le denominó: de Consejeros Electorales, que se encargará del análisis, revisión, substanciación y dictamen de las solicitudes de registros de convenio de coaliciones. Los artículos 82, 85, 113, fracción XXV, y 120, fracción XXI, del Código Electoral del Estado, dispone: (se transcribe) El agravio que se deduce de los hechos expuestos por los recurrentes, es además de infundado e inoperante. En efecto, del análisis del contenido del acto de autoridad combatido en esta vía recursal, se desprende: En primer lugar, que el documento correspondiente, es continente del dictamen de la Comisión de Consejeros Electorales y de la propuesta de resolución que esta hace al Consejo General, por conducto del Secretario Ejecutivo, así como de la resolución emitida por el Consejo General; en segundo lugar, dicho documento demuestra que la Comisión de Consejeros Electorales que emitió el dictamen y propuso la resolución, es la que designó con fecha 3 de mayo del año 2001, el Consejo General para realizar los dictámenes de ley, previo análisis de los expedientes integrados con motivo de las solicitudes, misma que quedó integrada por los Ciudadanos Consejeros Electorales Licenciados: Noé Centeno Orantes, Adelín Díaz García y Maestro José Antonio Cruz Coutiño, como se hace constar en el punto DÉCIMO PRIMERO, del Capítulo denominado “ANTECEDENTES” del acto impugnado; en tercer lugar, acredita que el dictamen y propuesta de resolución fueron puestos a consideración del Consejo General por el Secretario Ejecutivo y, que el Consejo General aprobó por mayoría de votos, el dictamen de la Comisión de Consejeros Electorales y que al hacerlo, emitió la resolución que dicha comisión propuso al Consejo General por conducto del Secretario Ejecutivo. Examinado el acto impugnado, resulta necesario establecer que el texto de su encabezamiento no lo vicia, ni demuestra que el dictamen lo haya emitido el Consejo General; por el contrario, de la simple lectura del documento correspondiente, se advierte que lo emitió la Comisión de Consejeros Electorales nombrada para tal efecto, integrada por los Consejeros Electorales, Licenciados Noé Centeno Orantes, Adelín Díaz García y el
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Maestro José Antonio Cruz Coutiño. También es intrascendente la denominación que se le da a la Comisión de Consejeros Electorales en el acto reclamado, porque resulta palmario que solo es para los efectos de describir su propósito o cometido, pues es incuestionable que se trata de la misma que se nombró en la sesión de fecha 3 de mayo del 2001, como queda demostrado plenamente con la versión estenográfica respectiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el diverso 27, inciso a), de la citada Ley. Se debe establecer que el dictamen de la Comisión de Consejeros Electorales, no va más allá de ser una opinión o parecer de los miembros que la integraron; luego entonces, este no causa perjuicio a los partidos políticos, tal como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia publicada bajo el número 71, en la página 93 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Materia Electoral que enseguida se transcribe: “COMISIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. LOS INFORMES Y PROYECTOS DE DICTAMEN Y RESOLUCIÓN QUE PRESENTEN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES.” (Se transcribe…) En otro orden, si bien se demostró plenamente con la versión estenográfica de la sesión de fecha 15 quince de mayo del año que cursa, que es un documento público conforme a lo dispuesto por los artículos 19 y 21 de Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que tiene valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 27 inciso a), de la citada ley, que el Consejero Presidente del Órgano emisor del acto reclamado, sometió a votación y consideración del Pleno el sentido del dictamen correspondiente, ello no quiere decir que el Consejo General haya emitido dicho dictamen ni tampoco que como el Consejero Presidente no expresó que también sometía a votación la propuesta de resolución, deba considerarse que el Consejo General no emitió la resolución referida, solo porque el Consejero Presidente no hizo alusión expresa de la propuesta de resolución, cuando la aprobación del multicitado dictamen apareja la aprobación de la propuesta de resolución que adquirió, después de su votación y firma, el rango de resolución como una norma individualizada, heterónoma y coercible, en virtud de que el documento sometido a consideración del pleno, que es continente del acto reclamado y que hace prueba plena de conformidad con lo señalado por los artículos de la Ley de Medios de Impugnación antes citados, demuestra que encierra el dictamen de la Comisión de Consejeros Electorales; la propuesta de resolución que esta hizo al Consejo General, misma que al ser votada, por mayoría, ipso facto adquirió el rango de resolución del Consejo General, con toda la fuerza vinculatoria para las partes con interés.
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También esta autoridad advierte que en el documento continente del acto reclamado, si bien al cierre se usaron los vocablos: “ASÍ LO ACORDARON”, ello no desnaturaliza la resolución para convertirla en un acuerdo desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues es muy común que se use la expresión acuerdo, como sinónimo de resolución, pues al hacerlo no se toman en cuenta las diferencias jurídicas o técnicas que existen entre uno y otro acto de autoridad. Para una mejor comprensión del estudio que del asunto hace esta Sala, cabe precisar que este Órgano Colegiado distingue las diferencias que existen desde el punto de vista jurídico, entre un acuerdo y una resolución; los primeros los dicta el Consejo General en el ámbito de su competencia y son normas generales, abstractas, impersonales, heterónomas y coercibles, que para que surta sus efectos erga omnes, es necesario su publicación en el Periódico Oficial del Estado (los lineamientos a que se sujetarían los partidos políticos que pretendieran coaligarse, participan de esta naturaleza). Las segundas, es Consejo General los emite también en el ámbito de su competencia y en ejercicio de la facultad que la ley le otorga para resolver los asuntos sometidos a su poder de decisión. En este caso las resoluciones que emite son normas individualizadas heterónomas y coercibles, cuya fuerza vinculatoria no depende de su publicación en el Periódico Oficial, sino de la comunicación o notificación a las partes que vincula, en los términos de ley, lo que quiere decir, que en el asunto que se aborda, la publicación de la resolución combatida, en el Periódico Oficial, no le da el rango de norma general bajo la especie de acuerdo; en todo caso, esta autoridad la estima como una manifestación de la voluntad del Consejo General, de reafirmar la certeza de su acto. Esta Sala considera que, tomando en cuenta lo que dispone el artículo 294, en su inciso B), del Código Electoral del Estado, que se transcribe: “Artículo 294.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, podrán ser impuestas cuando: … B).- Incumplan con las resoluciones y acuerdos del Consejo General y de los Consejos Electorales Distritales y Municipales…”, resulta fundado tomar en cuenta para orientar el sentido de esta resolución, el criterio que sostiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en al Tesis relevante emitida en el Recurso de Apelación SUP-RAP-013/98, consultable en la compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes bajo el rubro y texto siguiente: “ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SE REQUIERE SU PUBLICACIÓN PARA TENER EFECTOS GENERALES.” (Se transcribe…) Así, y después de haber examinado el acto reclamado a la luz de los artículos antes transcritos, se considera que el dictamen lo emitió la Comisión correspondiente; que el dictamen y proyecto de resolución fueron aprobados por el Consejo General, y que este es el Órgano emisor del acto de autoridad
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recurrido, mismo que no contraviene ninguna disposición de la Constitución Política del Estado de Chiapas y del Código Electoral del Estado; porque tiene competencia para producirlo, en ejercicio de la facultad resolutiva que le confiere los artículos 85, párrafo segundo, y 113, fracción XXV, del Código Electoral del Estado, que se vuelven a transcribir para mejor comprensión del asunto: (se transcribe) De la manera antes expresada, se dan respuesta a todos los conceptos de violación expresados en los Puntos Primero y Segundo del Capítulo de “Agravios”, del escrito impugnativo. SÉPTIMO.- Sentado lo anterior, debido a su íntima relación, a continuación procederemos al estudio en su conjunto de los agravios expresados por el accionante en los puntos TERCERO, CUARTO y QUINTO del escrito correspondiente, sin que ello implique afectación alguna, tal y como lo precisa la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de Jurisprudencia, con el rubro y texto siguiente: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.” (Se transcribe…) De la lectura de los puntos TERCERO, CUARTO Y QUINTO del escrito de expresión de agravios, se desprende que el Partido recurrente, por conducto de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado, Señores Licenciado ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ y GABRIEL OLIVA RAMÍREZ, esgrimen cuestiones cuya defensa solo atañe a los partidos políticos Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista, que en el caso de la Coalición fallida, podrían hacerlo o por conducto de sus representantes ante el Consejo General, o por conducto de los representantes comunes que designaron en el Convenio de Coalición, Señores Licenciados: CARLOS EUGENIO SERRANO HERRERA y JUAN RODULFO CALDERON YÁNEZ, ya que solo así esta autoridad podría válidamente considerar que los dos partidos antes citados, se inconformaron y en consecuencia después de la negativa del registro, persiste en ellos la voluntad e intención de coaligarse; por tanto dicha voluntad e intención no se presume en el caso, como de manera equivocada aducen los representantes del Partido de la Revolución Democrática. Sentado lo anterior, al analizar el CONSIDERANDO DÉCIMO TERCERO de la resolución combatida, se advierte que la autoridad responsable estimó que ninguno de los partidos políticos interesados en coaligarse, dieron cabal cumplimiento a los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 83 del Código Electoral del Estado, de tal suerte que por esta circunstancia, resulta ocioso estudiar los motivos de
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inconformidad porque los otros partidos políticos no se inconformaron y el de la Revolución Democrática no puede representar a los otros dos para realizar a su nombre, actos que ni siquiera es posible afirmar que son en defensa de los intereses de los partidos, en virtud de que los partidos políticos Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista no se inconformaron y así, es imposible determinar si la voluntad por coaligarse, después de la negativa del registro y de su tácita conformidad con la resolución correspondiente, aún persiste en el ánimo de los partidos antes mencionados, la voluntad por alcanzar el registro de su convenio de coalición, pues es de suma importancia tener en cuneta el origen de una ubicación que en principio, se sustenta en un acuerdo de voluntades que debe ajustarse a determinados dispositivos del Código Electoral del Estado, que son de orden público; por ende, la interposición del recurso, o de consuno o a través de las personas (Carlos Eugenio Serrano Herrera o Juan Rodulfo Calderón Yánez), que son quienes de común acuerdo designaron en el convenio de coalición, resulta ser la única fórmula idónea para que esta Sala de manera fundada y acertada, pudiera considerar que después de la frustración de la coalición, por efectos de la resolución de referencia, aún persiste la voluntad de coaligarse. Con el propósito de darle a esta resolución la mayor precisión posible, cabe señalar que si la autoridad administrativa electoral hubiera considerado que solo uno de los partidos políticos que solicitaban el registro había cubierto los requisitos de Ley para coaligarse y no así los otros dos, en dicha situación si sería obligatorio examinar y responder los motivos de inconformidad del recurrente relativos a los requisitos que la Ley de la materia exige para coaligarse, porque en el caso de que llegaran a ser fundados y operantes, la coalición podría ser registrada con la unión de dos partidos, habida cuenta de lo establecido por el artículo 83 párrafo segundo del Código Electoral del Estado, que dispone que el convenio de coalición podrá celebrarse por dos o mas partidos políticos. En otro orden, si bien no hay ninguna disposición expresa en nuestra particular legislación electoral que contemple la hipótesis que se actualiza en el muy singular caso, al resolver el asunto en examen, esta Sala con fundamento en el artículo 2, de la Ley de Medios de Impugnación en el estado, se aplican los criterios jurisprudenciales cuyas voces y textos a continuación se transcriben: “COALICIÓN. REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS (LEGISLACIÓN DE COAHUILA”. (Se transcribe…) “COALICIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS SU INTEGRACIÓN NO IMPLICA LA CREACIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES” (Se transcribe…)
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Ahora bien, de la simple lectura del considerando Décimo Tercero del documento continente del acto reclamado, se arriba a la conclusión que de manera voluntaria la autoridad responsable no se pronunció en relación a las cuestiones señaladas en las fracciones III, IV y V del artículo 83 del Código Electoral del Estado, cuando tenía la obligación de examinar si en la especie, todos y cada uno de los partidos interesados en coaligarse habían cumplido los requisitos a que se refieren los artículos 83, 84 y 85 del Código Electoral del Estado, en la forma que establece los lineamientos a que se sujetarían los partidos políticos que pretendieran coaligarse para el proceso electoral del año 2001, que en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pronunciada en el expediente número SUP-JRC-029/2001, se emitieron en el acuerdo de fecha 30 del mes de abril del año 2001, que por su naturaleza jurídica, son normas instrumentales que el Consejo General dictó para hacer efectivas las disposiciones en materia de coaliciones, a fin de que pudiera cumplir con la facultad resolutiva que le confiere el artículo 113, fracción XXV, del referido ordenamiento, para resolver sobre los convenios de coaliciones. A manera de ejemplo se cita que, de conformidad con lo prescrito en el CAPÍTULO III, ARTÍCULO TERCERO inciso e), del acuerdo de fecha 26 de abril, por el que se emitieron los lineamientos a que se sujetarían los partidos políticos que pretendieran coaligarse en el proceso electoral 2001, para que los interesados llenaran el requisito señalado en el inciso e), de la fracción V, del artículo 83 del Código Electoral del Estado, que a la letra dice: EL COMPROMISO DE SOSTENER UNA PLATAFORMA ELECTORAL DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN Y ESTATUTOS ADOPTADOS POR LA COALICIÓN; el convenio de coalición debería de contener el compromiso de la coalición y sus candidatos de sostener una plataforma electoral de acuerdo con la declaración de principios, programa de acción y estatutos adoptados por la coalición, los que deberían cumplir como mínimo los requisitos contemplados en los artículos 24, 25 y 26 del Código Electoral del Estado, se observa que ningún candidato se comprometió, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado lineamiento. El citado lineamiento dispone: “CAPÍTULO III, DEL CONVENIO DE COALICIÓN.- TERCERO.- EL CONVENIO DE COALICIÓN QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 83 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: a).-…; b).-…; c).-…; d).-…; e).- EL COMPROMISO DE LA COALICIÓN Y SUS CANDIDATOS DE SOSTENER UNA PLATAFORMA ELECTORAL DE ACUERDO CON LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN Y ESTATUTOS ADOPTADOS POR LA COALICIÓN LOS QUE DEBERÁN CUMPLIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 25 (SIC) DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO; f).-…; g).-…; h).-…; i).-…; j).-…; k).-…; l).- …;”
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La autoridad responsable si bien, omitió pronunciarse sobre todos y cada uno de los puntos de las cuestiones sometidas a su conocimiento relacionadas con los requisitos para coaligarse, y por ende no cumplió con el principio de exhaustividad en su resolución, si se hubieran inconformado de consuno los tres partidos interesados en coaligarse en contra de la resolución combatida o a través de sus representantes (Carlos Eugenio Serrano Herrera o Juan Rodulfo Calderón Yánez), esta autoridad con plenitud de jurisdicción de la que está investido por disposición de la Ley, pudo substituir al emisor del acto reclamado, para resolver los puntos omitidos voluntariamente por la responsable, y así decidir lo conducente de acuerdo a la normatividad aplicable, con los medios de prueba necesarios, en virtud de que las autoridades administrativas electorales, están obligadas también a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las pretensiones sometidas a su conocimiento, y no únicamente algunos de ellos, aún cuando se crean suficientes para sustentar una resolución desestimatoria. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 305, párrafo segundo y 310, fracción I, del Código Electoral del Estado, 42 inciso f), 69, 70, 71, 72 y 74 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debiendo resolver; se;
R E S U E L V E ÚNICO: En términos de los considerandos SEXTO y SÉPTIMO del presente fallo se CONFIRMA la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha 15 quince de mayo del año en curso, mediante la cual se negó el registro de la solicitud del Convenio de Coalición denominado “Alianza por Chiapas”, celebrado por los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional y de la Sociedad Nacionalista, para postular candidatos comunes a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, para el proceso electoral del año 2001.
IV. El treinta de junio de dos mil uno, los partidos de la
Revolución Democrática, de la Sociedad Nacionalista y
Convergencia por la Democracia, por conducto de los
ciudadanos Antonio Sánchez López y Gabriel Oliva Ramírez, en
el primer caso; Arlet Ninoska Castillo Molina, en el del segundo,
así como Juan Rodulfo Calderón Yánez, en el último caso,
promovieron juicio de revisión constitucional electoral en contra
de la resolución anteriormente mencionada. En el caso del
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Partido de la Revolución Democrática, a manera de agravios,
se arguyó lo que a continuación se transcribe: La sentencia dictada por el H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue dictada por propio imperio, sin estar apegada a derecho, contraviniendo los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que se deben respetar en todo acto de autoridad, lo cual causa agravios al Partido Político que representamos, los cuales paso a formular de la manera siguiente:
A G R A V I O S PRIMERO: Lo constituye el considerando SEXTO y SÉPTIMO, así como el punto resolutivo UNÍCO de la sentencia que se impugna dictada con fecha 26 de junio del año 2001, por el H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; en virtud de que se CONFIRMA; la resolución o dictamen emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, con fecha 15 de Mayo del año en curso. Preceptos Violados.- lo constituyen los artículos 1°, 9°, 14, 16, 17 41, 99 y 116 de la Constitución General de la República . Se viola en perjuicio del Partido de la Revolución Democrática, los preceptos Constitucionales antes citados, en virtud de que la Sentencia que se impugna, carece de congruencia, violando la responsable H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, los principios de certeza, legalidad y seguridad jurídica al no hacer un análisis o estudio a fondo de los agravios esgrimidos, haciendo únicamente interpretaciones que no encuadran en el caso particular, faltando con ello a la congruencia y la debida motivación y fundamentación que deben revestir sus actos y resoluciones, como es el caso de la resolución que se recurre a través de este Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Así, la responsable al CONFIRMAR en su resolutivo único de su sentencia un acto sin estar debidamente fundado y motivado, resulta totalmente violatorio de garantías constitucionales, en este caso el de asociación (Artículo 9Constitucional), colocando a los Institutos Políticos que suscribieron el convenio de coalición denominado “Alianza por Chiapas”, en un completo estado de indefensión al no existir la motivación o fundamentación a que obligan los artículos 14 y 16 de nuestra Ley Fundamental y por ello, no existe la posibilidad de conocer las situaciones de hechos y de derecho que llegaron a vulnerar las garantías de mi representado. En consecuencia, el Tribunal responsable omite cumplir además con las formalidades esenciales del procedimiento; ya que claramente se aprecia la inconsistencia jurídica de que adolecen las argumentación efectuadas por la autoridad resolutora, en virtud de que como así lo expresa en su sentencia, esta impedida y carece de jurisdicción para pronunciarse sobre las violaciones de los artículos constitucionales anteriormente invocados; Por
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esta razón y toda vez que consideramos que la sentencia recurrida no fue debidamente ajustada a derecho se acude a esta instancia para efectos de que se estudie el caso concreto y las pruebas ofrecidas en el expediente número TEE/REV/013-A/2001, y se determine si procede o no, el registro de la Coalición denominada “Alianza por Chiapas”; debiéndose analizar la siguiente tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. (Se transcribe) Sala Superior. S3EL 007/97 En consecuencia, la autoridad señalada como responsable, viola en perjuicio del Partido Político que representamos los principios de congruencia, certeza, seguridad jurídica, acceso a la justicia y legalidad electoral que se consigna en los artículos 1°, 9°, 14, 16, 17, 41, 99 y 116 de nuestra Carta Magna; motivo suficiente por el cual esta Sala Superior en plenitud de jurisdicción se encuentra en posibilidad de REVOCAR la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emitiendo una nueva RESOLUCIÓN en la que aplicando los preceptos constitucionales y de la Ley de la Materia, decida que ha lugar al REGISTRO de la Coalición denominada “Alianza por Chiapas”, conformada por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática,. Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional y de la Sociedad Nacionalista, por haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos legales, al margen de las figuras asociativas con las que los partidos participamos en el proceso electoral local y en igualdad de circunstancias, tal y como lo disponen los principios Constitucionales y los procedimientos legales derivados de la propia Ley Suprema. SEGUNDO: Causa agravios al Partido Político que representamos, el considerando SEXTO y SÉPTIMO y Resolutivo ÚNICO de la Sentencia recurrida, toda vez que no se ajusta a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que establece el Código de la Materia y la Ley de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que hace una análisis muy superficial de los agravios expresados y no tomo en consideración todas las pruebas ofrecidas y muchos menos las valoro en su conjunto, y con las cuales se demostró en su oportunidad que los Partidos Políticos con intención y voluntad de coaligarse y antes señalados, si cumplieron en tiempo y forma con todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 82, 83 y demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas, para la integración de coaliciones los cuales se presentaron en tiempo y forma ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Es por ello que pedimos se analicen debidamente los
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agravios expresados en este escrito y en el inicial y se revoque la resolución impugnada, para todos los efectos legales a que haya lugar y se dé una interpretación lógica jurídica y armónica, sin apartarse de las normas electorales en vigencia y de esta forma acceder a la Justicia Electoral. TERCERO: También causa agravios la sentencia recurrida, toda vez que la autoridad responsable, hace una interpretación aislada y sesgada de la Constitución y sus Normas derivadas, lo que conduce a equívocos, tal y como sucedió con la resolución que se combate, ya que contrario a lo determinado por la autoridad resolutora, la interpretación del sistema normativo y constitucional debe considerarse como un cuerpo o un conjunto normativo orgánico y sistemático, en el caso de la Constitución de carácter fundacional, fundamental y supremo, que esta integrado por normas y principios racionales e inseparablemente vinculados entre sí. De esta manera, el significado de cada una de sus disposiciones debe determinarse en armonía con el de los demás, de tal forma que ninguna de sus normas sea considerada aislada ni superfluamente, sino como parte de un sistema. Así en la interpretación de las normas no se pueden contravenir otras pertenecientes al mismo sistema, ni a los principios constitucionales en los que se comprenden las garantías y prerrogativas de carácter político electoral. A este respecto, tienen aplicación las siguientes tesis de jurisprudencia que a la letra dicen: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate. Amparo directo 4471/78. Primitivo Montiel Gutiérrez. 14 de octubre de 1981.5 Votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Séptima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: 151-156 Segunda Parte Página: 56 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU AUSENCIA EN LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VIOLENTA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. (se transcribe)
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TESIS: 6/97 CUARTO: No esta demás hacer la observación, que como así lo plasma la autoridad responsable en la sentencia recurrida, ésta se basa en “apreciaciones”, las cuales consideramos subjetivas y sin ningún soporte legal, y mucho menos fundado y motivado, lo que vulnera flagrantemente lo establecido en los artículos 14 y 16 de nuestra Máxima Ley. Esto en virtud de que la autoridad responsable toma como argumento primordial, el que dicho recurso de revisión fue interpuesto únicamente por el Instituto Político que representamos, y no así por los demás Partidos Políticos coaligados, dicha apreciación resulta por demás incongruente y fuera de toda realidad jurídica, ya que si bien es cierto, el recurso de revisión únicamente fue interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, cierto es también, que independientemente de dicha circunstancia, es una obligación legal del H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, analizar de fondo si el acto de autoridad, en este caso el acuerdo o dictamen del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de fecha 15 de Mayo del año en curso, cumplió cabalmente con las formalidades para la integración de alianzas políticas y analizó debidamente las documentales exhibidas en el expediente relativo a la coalición denominada “Alianza por Chiapas”, y con las cuales se cumplieron cabalmente en tiempo y forma con los requisitos de los artículos 82, 83, 84 y demás relativos del Código Electoral del Estado de Chiapas. Tal argumentación también resulta violatoria de la garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de nuestra Máxima Ley, en virtud de que el A quo no esta administrando justicia, ya que de la resolución combatida, se puede apreciar con meridiana claridad que no se entró al fondo del asunto planteado, es decir es incompleta, causando con dicha omisión a los Partidos Políticos con intención de coaligarse (P.R.D., C.D.P.N. y P.S.N.) un daño de difícil reparación, ya que se nos esta denegando el acceso a la justicia electoral. De la misma forma, el argumento expresado por la autoridad responsable, se contrapone con la resolución dictada por la misma autoridad en el expediente número TEE/REV/016-“B/2001, el cual se encuentra pendiente de resolver en la Sala Superior del TRIFE, pidiendo se anexe a este recurso copia certificada del mismo al caso que nos ocupa y en el cual el recurso de revisión fue interpuesto por un solo partido, en este caso el de la Revolución Democrática, coaligado con el del Trabajo, y más sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, entró y estudió el fondo de la litis planteada, en ese tenor se corrobora aún más la denegación de justicia por parte de la resolutora, es por ello que se recurre a esta instancia superior, para el debido análisis del expediente número TEE/REV/013-“A”/2001, y se resuelva conforme a derecho corresponda, por considerar sin motivación y fundamentación alguna la Sentencia impugnada, siendo completamente violatorio de garantías constitucionales y excluyente, en virtud de que es voluntad expresa de los citados entes políticos, ir en coalición y ser demás, un derecho
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constitucional en cual debe prevalecer ante cualquier Ley Local, por estar protegido por el artículo 9° de la Ley Fundamental. En lo relacionado a que en el convenio de coalición denominada “Alianza por Chiapas”, se nombraron representantes comunes, siendo estos los CC. CARLOS EUGENIO SERRANO HERRERA Y JUAN RODULFO CALDERON YÁNEZ, quienes según la autoridad responsable, eran los facultados para interponer cualquiera de los recursos señalados en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral Local, dicho enfoque resulta también incongruente y fuera de toda lógica jurídica, violando los principios de certeza, legalidad, imparcialidad que debe contener toda resolución de autoridad, en virtud de que si bien es cierto que las precitadas personas, son de acuerdo a dicho convenio los representantes de dicha alianza, muy cierto es también, que el convenio de coalición no fue aprobado, ni mucho menos registrado, en esa tesitura, resulta claro e indubitable que dicho documento (convenio de coalición) no ha nacido jurídicamente, es por ello al no tener ningún sustento y fuerza legal por dicha circunstancia, dichos representantes carecen de “personalidad” para interponer recurso o promoción alguna en nombre de la referida coalición electoral, lo que leva a la certeza que los partidos políticos con intención de coaligarse son los facultados, individual o conjuntamente, para promover e interponer los medios de impugnación electoral, es por ello y al estar los argumentos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fuera de la realidad y de todo contexto legal, es evidente que viola en perjuicio de los institutos políticos interesados en coaligarse, los preceptos constitucionales citados con anterioridad, razón por demás suficiente para REVOCAR el fallo impugnado como es legal y justo. En ese tenor, la interpretación por parte de la responsable, para determinar improcedente y fallida la coalición denominada “Alianza por Chiapas”, para contender en el proceso electoral local del año 2001, es completamente violatoria de garantías constitucionales y totalmente excluyente, ya que niega su registro sin tomar en consideración que el acuerdo de voluntades de los partidos coaligados, es fundamental y de los cuales se deriva la participación de los institutos políticos en los procesos electorales respectivos, con el fin de contribuir a hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público; y ajeno a esto, la responsable concluye que no es procedente el registro en cuestión, siendo dicha actitud prohibitiva; es de hacerse notar que las formas especificas en que las leyes ordinarias determinan la participación de los Partidos Políticos no pueden en forma alguna contravenir el principio de Supremacía Constitucional previsto en el artículo 9° y 133 de la propia Carta Magna. QUINTO: Por otra parte, al tenor de los artículos 82 y 83 de la Ley Secundaria de la Materia, se contrapone a lo establecido en el artículo 41 Fracción IV de nuestra Ley Suprema, en virtud de que este último señala y garantiza el derecho político de asociación, sin ningún otro requisito que no sean el que se
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desprende del artículo 9° del mismo ordenamiento, los cuales consisten en que el objeto sea lícito y se realice de forma pacífica, a lo cual se le dio cabal cumplimiento por parte de nuestro Instituto Político, no obstante las erróneas y frívolas interpretaciones del Código Electoral Local realizado por el H. Tribunal Electoral de Chiapas, en franca disonancia con la siguiente tesis jurisprudencial: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. (Se transcribe) Sala Superior. S3ELJ 005/99 Así mismo, pedimos que al entrar al estudio de los agravios aquí expresados, se supla la deficiencia en términos de lo dispuesto por los artículos 23 Párrafo 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable al caso y se realice un análisis completo de todos y cada uno de los documentos que existen en el expediente relativo a la Coalición denominada “Alianza por Chiapas”, y se revoque la resolución o sentencia dictada por la autoridad responsable, como es legal y justo, ordenándose su respectivo registro de la citada coalición electoral. A este respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que dice: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. (se transcribe) Sala Superior. S3ELI 03/2000 Por último en razón de la exposición arriba señalada y el fundamento de nuestro actuar, pedimos a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las atribuciones que la Ley le otorga, revoque la Sentencia o resolución dictada por la responsable y en su lugar se dicte nueva resolución donde se ordene el registro correspondiente de la coalición denominada “Alianza por Chiapas)”, y de esta forma no coartar un derecho constitucional de asociación, para poder participar en el proceso electoral local del año 2001 en el Estado de Chiapas. Así mismo pedimos que se tengan por reproducidos los agravios esgrimidos en el escrito de donde emana el presente Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Por lo expuesto y fundado a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atentamente pido: PRIMERO: Tenernos por presentados con este escrito, por medio del cual en tiempo y forma promovemos JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL en contra de la Sentencia o Resolución dictada en el expediente número TEE/REV/013-“A”/2001, por el H. Tribunal Electoral del Estado
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de Chiapas, autoridad señalada como responsable; reconociéndonos la personalidad con que nos ostentamos. SEGUNDO: Se analice el expediente en que consta la documentación relativa a la coalición electoral denominada “Alianza por Chiapas”, a fin de verificar la violación en la ilegal negativa de registro de dicha alianza. TERCERO: En su momento oportuno se dicte resolución en la cual se revoque la Sentencia recurrida y se dicte nueva resolución en la cual se ordene el registro de la referida coalición en beneficio de los Partidos Políticos de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista.
Por su parte, los partidos de la Sociedad Nacionalista y
Convergencia por la Democracia sostuvieron lo siguiente: La sentencia pronunciada por el H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, fue dictada sin estar apegada a derecho, violando con esto los principios de certeza, legalidad e imparcialidad que se debe observar y respetar en todo acto de autoridad, lo cual causa agravios al Partido Político que represento, los cuales paso a formular de la manera siguiente:
A G R A V I O S Lo constituye el considerando SEXTO y SÉPTIMO, así como el punto resolutivo ÚNICO de la sentencia dictada con fecha 26 de junio del año 2001, por el H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas; en virtud de que se CONFIRMA el acuerdo o dictamen emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, con fecha 15 de Mayo del año en curso. Preceptos violados.- Lo constituyen los artículos 1º, 9º, 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución General de la República. Se violan en perjuicio del Partido de la Sociedad Nacionalista (Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional) y de aquellos partidos políticos que tienen la intención de coaligarse, los preceptos constitucionales antes citados, en virtud de que la sentencia que dictó la autoridad responsable, carece de congruencia, violando los principios de certeza, legalidad, seguridad jurídica e imparcialidad al no hacer un análisis o estudio a fondo de los documentos básicos, como son la Plataforma Electoral, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del convenio de coalición que suscribimos los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista, dando con esto cabal cumplimiento a los requisitos que establece el Código Electoral del Estado de Chiapas; así como
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el citado lineamiento acordado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, haciendo únicamente interpretaciones superficiales que no encuadran en el caso particular, faltando con ello a la congruencia y la debida motivación y fundamentación que deben revestir sus actos y resoluciones, como es el caso de la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Aunado a ello la autoridad responsable argumenta que no se violentan los preceptos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, ni los numerales de los tratados internacionales que precisa el partido recurrente, toda vez que el acto de autoridad en examen, no le niega o cancela la calidad de Partido Político al accionista. De la misma manera la responsable alude que el acuerdo de la Comisión de Verificación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, no va más allá de ser una simple opinión, luego entonces ésta no causa agravios a los partidos políticos que pretendan coaligarse. Así mismo la responsable, manifiesta que el acto recurrido, es singular y no de observancia general por no publicarse en el Periódico Oficial, sino que las emite de acuerdo al ámbito de su competencia y en ejercicio de la facultad que la ley le otorga para resolver los asuntos sometidos a su poder de decisión; de lo anterior quiero hacer notar a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la responsable únicamente atribuye el acto emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, como SINGULAR, no tomando en cuenta que el acto es de observancia GENERAL para nuestros institutos políticos con intención de coaligarse, ya que nosotros representamos un porcentaje de ciudadanos de la sociedad que está interesado en participar democráticamente en el proceso electoral próximo, por lo tanto son ellos los que resienten directamente los agravios vertidos en este escrito, por ser de orden público y por coartárseles su participación en la intención de coaligarse y no permitirles acceder a la Justicia Electoral: (Entendiéndose por JUSTICIA ELECTORAL, a todos aquellos métodos encaminados a la realización de la democracia representativa, mediante la celebración de elecciones periódicas y justas, a través del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integración de los órganos de representación política, que generalicen y fomenten la LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y EXPRESIÓN DE LAS IDEAS POLÍTICAS y el respeto al pluralismo. Así, la responsable al CONFIRMAR en su resolutivo único de su sentencia el acto recurrido por el Partido de la Revolución Democrática con relación al considerando séptimo de la misma en el que esgrime cuestiones superficiales al considerar que debieron inconformarse todos los partidos políticos que tiene la voluntad e intención de coaligarse, a través de sus legítimos representantes comunes que designaron en el convenio de coalición; es de manifestarse a este TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN que la sentencia dictada por la responsable causa los mismos agravios a los institutos políticos que se les está coartando el derecho de
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coaligarse, por lo tanto solo basta que un solo agraviado se inconforme para entenderse que persiste la voluntad de coaligarse con los demás entes públicos y así entrar al estudio de fondo del acto recurrido; sin esta observancia, coloca a los institutos políticos que suscribimos el convenio de coalición denominado “Alianza por Chiapas”, en un completo estado de indefensión al no existir la motivación o fundamentación a que obligan los artículos 14 y 16 de nuestra ley fundamental, además de omitir las formalidades esenciales del procedimiento y que claramente se aprecia la inaplicabilidad de la norma jurídica al caso concreto. Por ello, no existe la posibilidad de conocer las situaciones de hechos y de derecho que llegaron a vulnerar las garantías de los partidos políticos que tuvieron la intención de coaligarse. Por esta razón y toda vez que considero que la sentencia pronunciada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, no fue debidamente ajustada a derecho, se acude a esta instancia para efectos de que se estudie el caso concreto. Así mismo, desde este momento manifiesto a nombre de mi representado, que es y ha sido la intención de ir en coalición con los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática y Convergencia por la Democracia (y de la Sociedad Nacionalista), para contender en el proceso electoral local del 2001. Por lo expuesto y fundado a este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, atentamente pido: PRIMERO: Tenerme por presentada con este escrito, con el carácter de Tercero Interesado, en contra de la Sentencia o Resolución dictada en el expediente número TEE/REV/013-“A”/2001, por el H. Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, autoridad señalada como responsable; reconociéndome la personalidad con que me ostento. SEGUNDO. Se analice los agravios vertidos anteriormente, en el que se nos priva el derecho y la libertad de asociarse a los entes públicos que tenemos la intención de coaligarnos en la denominada coalición “Alianza por Chiapas”, a fin de verificar la violación en la ilegal aplicación de la Norma Jurídica al caso concreto. TERCERO: En su momento oportuno se dicte resolución en la cual se revoque la sentencia que me causa agravios y se dicte nueva resolución en la cual se ordene la aprobación de la coalición denominada “Alianza por Chiapas”.
V. El tres de julio de dos mil uno, en la Oficialía de Partes de
esta Sala Superior, se recibieron los oficios números
TEE/P/355/2001, TEE/P/356/2001 y TEE/P/357/2001, por los
cuales el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de
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Chiapas remitió, respecto de cada caso, entre otros
documentos: A) Los escritos de demanda de los juicios de
revisión constitucional electoral, suscritos por los
representantes de los partidos de la Revolución Democrática,
de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por la Democracia,
en contra de la resolución de veintiséis de junio de dos mil uno,
dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas en el recurso de revisión TEE/REV/013-A/2001; B) El
expediente número TEE/REV/013-A/2001, relativo al recurso de
revisión promovido por el Partido de la Revolución Democrática,
y C) Los informes circunstanciados de ley.
VI. El diez de julio del presente año, el Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
acordó que se turnaran los expedientes indicados en el rubro al
Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos
establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
VII. El doce de julio del presente año, el Magistrado Instructor
acordó: A) Tener por recibidos y radicados los expedientes
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128/2001; B) Tener como domicilios de los partidos políticos
hoy actores, para oír y recibir notificaciones, los precisados en
los escritos de demanda; C) Reconocer la personería de los
ciudadanos Antonio Sánchez López y Gabriel Oliva Ramírez,
Arlet Ninoska Castillo Molina, así como Juan Rodulfo Calderón
Yánez, como representantes de los partidos de la Revolución
Democrática, de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por la
Democracia, respectivamente; D) Tener por satisfechos, para la
sustanciación del presente juicio, los requisitos previstos en el
artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios
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de Impugnación en Materia Electoral y, por consiguiente, admitir
a trámite los medios de impugnación de referencia promovidos
por los partidos de la Revolución Democrática, de la Sociedad
Nacionalista y Convergencia por la Democracia, en contra de la
resolución dictada por la Sala “A” del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas en el recurso de revisión TTE/REV/013-
A/2001; E) Reservar el estudio de las causas de improcedencia
hechas valer por la autoridad responsable, al momento procesal
oportuno, y F) Al no existir trámite pendiente de desahogar, en
cada caso se decretó el cierre de instrucción, pasando los autos
para dictar la sentencia correspondiente, y
C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es competente para conocer y
resolver los presentes medios de impugnación en materia
electoral, con fundamento en lo establecido en los artículos 99,
párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189,
fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que
se trata de tres juicios de revisión constitucional electoral
promovidos por ciertos partidos políticos en contra de la
resolución de una autoridad electoral en una entidad federativa
competente para resolver las controversias que surjan durante
la etapa de calificación de los comicios locales.
SEGUNDO. Toda vez que existe conexidad entre los
expedientes señalados al rubro, el primero de ellos (SUP-JRC-
126/2001), presentado por el Partido de la Revolución
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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Democrática, el segundo (SUP-JRC-127/2001), por el Partido de
la Sociedad Nacionalista, y el tercero (SUP-JRC-128/2001) por
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional,
porque en todos ellos existe identidad en el acto de autoridad que
se impugna (la sentencia de veintiséis de junio de dos mil uno,
dictada en el recurso de revisión con número de expediente
TEE/REV/013-A/2001), así como en la autoridad señalada como
responsable (la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, en relación con los numerales 73, fracciones VII y IX, y
74 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los
citados juicios de revisión constitucional electoral con números de
expediente SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-
128/2001, para que sean resueltos de manera conjunta,
quedando como índice el primero de ellos, por ser el más
antiguo.
TERCERO. Previamente al estudio de fondo de la controversia
planteada, se deben analizar las causales de improcedencia
que en la especie puedan actualizarse, por ser su examen
preferente y de orden público, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 8; 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
toda vez que de actualizarse alguna de ellas sería innecesario
estudiar el fondo del presente asunto.
En este tenor, los presentes juicios de revisión constitucional se
promovieron dentro del término de cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquel en que las partes actoras tuvieron
conocimiento de la resolución impugnada, como se establece
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, si se considera que la misma
fue notificada personalmente al Partido de la Revolución
Democrática, el veintiséis de junio del año en curso, y los
respectivos escritos de demanda fueron presentados ante la
autoridad responsable el treinta del mismo mes y año, mediante
ocursos que reúnen los requisitos que establece el artículo 9 de
la ley antes citada, ya que en cada uno de ellos se hace constar
el nombre del actor; señalan domicilio para recibir notificaciones
y, en su caso, a quienes en su nombre las puedan oír y recibir;
identifican la resolución impugnada y la autoridad responsable
de la misma; se mencionan los hechos en que se basa la
impugnación, los agravios que arguyen les causa la resolución
combatida y los preceptos presuntamente violados; asimismo,
se hace constar en cada uno de ellos el nombre y firma
autógrafa del promovente.
La personería de los ciudadanos Antonio Sánchez López y
Gabriel Oliva Ramírez, así como Arlet Ninoska Castillo Molina, y
Juan Rodulfo Calderón Yánez, quienes suscriben las demandas
de los partidos de la Revolución Democrática, de la Sociedad
Nacionalista y Convergencia por la Democracia; en el primer
caso, los dos primeros en su carácter de representantes
propietario y suplente del Partido de la Revolución Democrática,
en tanto que los dos últimos como representantes propietarios
de los partidos de la Sociedad Nacionalista y Convergencia por
la Democracia, respectivamente, todos ante el Instituto Estatal
Electoral del Estado de Chiapas, por lo que tienen acreditada su
personería conforme con lo dispuesto en el artículo 88, párrafo
1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, en el caso del
Partido de la Revolución Democrática, tales representantes
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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fueron quienes, con la misma personería, interpusieron el medio
de impugnación jurisdiccional, cuya decisión constituye la
resolución reclamada, además de que la misma le fue
reconocida por la responsable, al rendir el correspondiente
informe circunstanciado.
En el caso de los partidos de la Sociedad Nacionalista y
Convergencia por la Democracia, en autos obran las
constancias que acreditan a los ciudadanos Arlet Ninoska
Castillo Molina, y Juan Rodulfo Calderón Yánez, como
representantes propietarios de dichos institutos políticos, ante el
Instituto Estatal Electoral, siendo atendible en el caso concreto
la tesis de jurisprudencia S3ELJ 02/99, publicada en Justicia
Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, suplemento número 3, páginas 19 y 20, y cuyo
rubro es PERSONERÍA, LA TIENEN LOS REPRESENTANTES
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REGISTRADOS ANTE LOS
ÓRGANOS ELECTORALES MATERIALMENTE
RESPONSABLES, AUNQUE ÉSTOS NO SEAN
FORMALMENTE AUTORIDADES RESPONSABLES NI SUS
ACTOS SEAN IMPUGNADOS DIRECTAMENTE EN EL JUICIO
DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.
No escapa a este órgano jurisdiccional el hecho de que la
autoridad responsable sostiene en su informe circunstanciado
que el Partido de la Revolución Democrática no está legitimado
para accionar en defensa del derecho de formar coaliciones de
los partidos Convergencia por la Democracia y de la Sociedad
Nacionalista, sin embargo, esto fue motivo de pronunciamiento
por parte de la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, concretamente en el considerando séptimo de la
resolución ahora impugnada, y es uno de los aspectos
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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combatidos por los partidos políticos en el presente juicio de
revisión constitucional electoral, por lo que tales argumentos
son objeto de estudio en el fondo del presente asunto, sin que
pueda realizarse pronunciamiento alguno al tratar lo relativo a la
procedencia, porque ello implicaría prejuzgar sobre una
cuestión medular materia de la controversia, que debe
resolverse, en todo caso, al emitirse la sentencia de fondo
relativa.
Por lo que respecta al requisito previsto en los incisos a) y f) del
párrafo primero, del artículo 86, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en
la carga de los actores de agotar las instancias previas,
federales o locales, en virtud de las cuales pudiera haberse
modificado, revocado o anulado el acto combatido y, en
consecuencia, la resolución adquiera definitividad y firmeza,
debe tenerse por satisfecho, en virtud de las consideraciones
que a continuación se expresan.
Esta Sala Superior estima que en los presentes juicios de
revisión constitucional electoral se cumple con la exigencia
consignada en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el
artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde
se prevé como requisito de procedibilidad que el acto o
resolución impugnado en el juicio de revisión constitucional
electoral debe ser definitivo y firme, después de haber agotado
en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas en
las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales, en
virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o
anulado, toda vez que, si bien es cierto que sólo el Partido de la
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y SUP-JRC-128/2001
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Revolución Democrática impugnó, a través del recurso de
revisión previsto en la legislación electoral en el Estado de
Chiapas, el acuerdo a través del cual se negó el registro del
convenio de coalición previamente precisado, también es
necesario destacar que en el presente juicio de revisión
constitucional electoral la resolución impugnada es
precisamente la sentencia dictada por la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, en el recurso de revisión de
mérito, y cuyo contenido se ha precisado en el resultando III de
este fallo, resolución respecto de la cual no procede medio de
impugnación local alguno, por lo que, en este sentido, dicho
acto impugnado tiene el carácter de definitivo, no siendo óbice
el hecho de que sólo un partido político hubiese interpuesto el
recurso de revisión local, toda vez que no es jurídicamente
posible dividir la continencia de la causa, porque ante la
característica indivisible de la sentencia debe estarse, también, a
la unidad de la impugnación, por lo que en el caso concreto, los
efectos de la sentencia de mérito también alcanzan a los otros
partidos políticos ahora actores.
En tal virtud, y toda vez que de la lectura del escrito de
demanda se advierte que el actor endereza argumentos
tendentes a demostrar la supuesta violación de, entre otros, los
artículos 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el presente caso, atendiendo a
las circunstancias particulares reseñadas, debe entenderse
satisfecho el principio de definitividad exigido en los artículos
99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y 86, apartado 1, incisos a) y f), de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, y en este sentido resulta inatendible la causa
de improcedencia invocada por la autoridad responsable, en el
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y SUP-JRC-128/2001
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sentido de que los partidos Convergencia por la Democracia y
de la Sociedad Nacionalista no combatieron la resolución del
Instituto Estatal Electoral mediante la cual se negó el registro
del convenio de coalición.
Por otro lado, como se advierte de la transcripción de las
demandas, en el resultando IV de este fallo, los partidos
políticos actores manifiestan que se violan, en su perjuicio,
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con lo que se cumple con el requisito de
procedencia previsto en el inciso b) del primer párrafo del
artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en la medida en que dicho
requisito debe entenderse como una exigencia formal y no
como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el
partido actor, en razón de que ello implicaría entrar al fondo del
juicio antes de su admisión y tramitación. Por consiguiente, tal
requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el
presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen
razones encaminadas a demostrar la afectación al interés
jurídico del actor, porque con ello se trata de señalar la violación
de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en
los artículos 41, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número J.2/97,
sustentada por esta Sala, consultable en las páginas 25 y 26,
del Suplemento número 1, de Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa al
año 1997, cuyo rubro dice: “JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL
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y SUP-JRC-128/2001
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ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA”.
Asimismo, se considera que en el caso se cumple con el
requisito previsto en el inciso c) del artículo 86 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, relativo a que la violación reclamada pudiera llegar a
ser determinante para el resultado final de la elección de
diputados de mayoría relativa en el Estado de Chiapas, debido
a que, de resultar fundados los agravios aducidos por los
partidos de la Revolución Democrática, Convergencia por la
Democracia y de la Sociedad Nacionalista, en los presentes
juicios de revisión constitucional electoral, ello pudiera provocar
que a través de participar coaligadamente en el proceso
electoral pudiera propiciar que obtengan un mejor resultado e
incluso resultar ganadores en los próximos comicios locales.
Tocante al requisito contemplado en los incisos d) y e) del
indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, la reparación solicitada es
material y jurídicamente posible dentro de los plazos
electorales, en virtud de que el registro de candidatos a
diputados por el principio de mayoría relativa en dicha entidad
federativa se inicia el próximo día dieciséis del mes de julio del
presente año, acorde con lo que establece el artículo 181,
fracción I, del Código Electoral del Estado de Chiapas, e
incluso, con mayor razón, al momento en que habrá de
celebrarse la jornada electoral, y en consecuencia, la
reparación solicitada es factible antes de la fecha
constitucionalmente fijada para la instalación de los órganos o
la toma de posesión de los funcionarios electos.
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y SUP-JRC-128/2001
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Así, el presente juicio de revisión constitucional electoral reúne
los requisitos de procedencia previstos por los artículos 8, 9,
párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, en
virtud de que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación tampoco advierte que, de oficio, se
actualice alguna, se procede a realizar el estudio de fondo en el
presente juicio de revisión constitucional electoral.
CUARTO. El Partido de la Revolución Democrática, en su
escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral,
manifiesta que la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas, a través de la resolución del veintiséis de junio de dos
mil uno, recaída en el recurso de revisión con número de
expediente TEE/REV/013-A/2001, viola lo dispuesto en los
artículos 1°, 9°, 14, 16, 17, 41, 99, 116 y 133, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
principios de acceso a la justicia, certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad electoral, seguridad jurídica y
supremacía constitucional, porque:
a) De los considerandos Sexto y Séptimo, así como el punto
resolutivo Único, se aprecia que la sentencia carece de
congruencia, ya que la responsable no hace un análisis o
estudio a fondo de los agravios esgrimidos, haciéndose
interpretaciones que no encuadran en el caso particular y
faltándose a la debida fundamentación y motivación que
deben revestir los actos y resoluciones de la responsable.
Así, a juicio del promovente, se violan la garantía
constitucional de asociación, por lo cual se coloca a los
institutos políticos que suscribieron el convenio de
coalición, en un completo estado de indefensión, sin que
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y SUP-JRC-128/2001
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exista la posibilidad de que conozcan la situaciones de
hecho y de derecho que llegaron a vulnerar sus garantías.
La responsable, según el actor, además, omitió cumplir
con las formalidades esenciales del procedimiento, puesto
que se aprecia la inconsistencia jurídica de que adolecen
las argumentaciones efectuadas por la autoridad
resolutora, porque, según lo expresa en su sentencia,
está impedida y carece de jurisdicción para pronunciarse
sobre las violaciones de los artículos constitucionales
invocados.
b) La responsable hizo un análisis muy superficial de los
agravios expresados y no tomó en consideración las
pruebas ofrecidas y mucho menos las valoró en su
conjunto, a pesar de que con ello oportunamente se
demostraba que los partidos políticos que tenían intención
y voluntad de coligarse, en tiempo y forma, cumplían con
todos y cada uno de los requisitos establecidos en los
artículos 82, 83 y demás relativos del Código Electoral del
Estado de Chiapas, por lo cual el promovente solicita que
se dé una interpretación lógica, jurídica y armónica.
c) La autoridad responsable, a juicio del promovente, hace
una interpretación aislada y sesgada de la Constitución
federal y sus normas derivadas, lo que conduce a
equívocos, ya que la interpretación del sistema normativo
y constitucional debe considerarse como un cuerpo o un
conjunto normativo orgánico y sistemático, en el caso de
la Constitución federal de carácter fundacional,
fundamental y supremo, que está integrada por normas y
principios racionales e inseparablemente vinculados entre
sí, por lo que el significado de cada una de sus
disposiciones debe determinarse en armonía con el de los
demás, de tal forma que ninguna de sus normas sea
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y SUP-JRC-128/2001
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considerada aislada ni superfluamente, sino como parte
de un sistema, sin contravenir otras pertenecientes al
mismo sistema, a los principios constitucionales en los
que se comprenden las garantías y prerrogativas de
carácter político electoral.
d) La autoridad responsable, según lo expone el
promovente, basa su sentencia en apreciaciones
subjetivas y sin ningún soporte legal, ya que tomó como
argumento primordial, el que el recurso de revisión fue
interpuesto únicamente por el Partido de la Revolución
Democrática y no por los demás partidos políticos
coaligados. Lo anterior, a pesar de que el Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas tenía la obligación legal
de analizar, en el fondo, si en el acto de autoridad se
cumplió cabalmente con las formalidades para la
integración de alianzas políticas, y si se analizaron
debidamente las documentales exhibidas en el
expediente relativo a la coalición denominada “Alianza por
Chiapas”. La resolución, según el mismo actor, es
excluyente, incompleta y prohibitiva, y con ella se provoca
un daño de difícil reparación a los partidos políticos que
tienen la intención de coaligarse, porque se les deniega el
acceso a la justicia electoral. Además, lo argumentado por
la responsable, sigue manifestando el promovente, se
contrapone con la resolución dictada por la misma
responsable en el expediente número TEE/REV/016-
“B”/2001, mismo en el cual, a pesar de fue interpuesto por
un solo partido político, la propia responsable lo estudió
en el fondo.
e) Es incongruente y fuera de toda lógica jurídica, el que la
autoridad responsable pretenda que los representantes
comunes que se señalan en el convenio de la coalición
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y SUP-JRC-128/2001
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sean los facultados para interponer los recursos previstos
en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral
del Estado de Chiapas, ya que dicho documento no fue
aprobado ni registrado, por lo cual no nacido
jurídicamente, por lo que dichos “representantes” carecen
de personalidad para interponer dicho recurso o
promoción alguna en nombre de la referida coalición, lo
que lleva a la certeza de que los partidos políticos con
intención de coaligarse son los facultados, individual o
conjuntamente, para promover e interponer los medios de
impugnación electoral. La responsable no toma en cuenta
que el acuerdo de voluntades de los partidos políticos que
desean coaligarse es fundamental.
f) Lo previsto en los artículos 82 y 83 del Código Electoral
del Estado de Chiapas, se contrapone con lo establecido
en el artículo 41, fracción IV, de la Constitución federal, en
virtud de que en este último se señala y garantiza el
derecho político de asociación, sin ningún otro requisito
que los previstos en el artículo 9° constitucional, los
cuales consisten en la licitud del objeto y la realización en
forma pacífica, a lo cual se dio cabal cumplimiento por el
promovente.
En apoyo de lo anterior, el promovente invoca diversas tesis
relevantes y de jurisprudencia del Poder Judicial de la
Federación.
Por su parte, los partidos políticos Convergencia por la
Democracia y de la Sociedad Nacionalista, también identifican
los mismos considerandos Sexto y Séptimo, así como punto
resolutivo Único de la sentencia como fuente de agravio, e
inclusive exponen que se violan los mismos principios
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y SUP-JRC-128/2001
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constitucionales de certeza, legalidad e imparcialidad, y
artículos constitucionales que se citan por el Partido de la
Revolución Democrática; además, hay coincidencia en cuanto a
que la sentencia carece de congruencia porque no se hace un
análisis a fondo de los documentos básicos de la coalición,
como son la plataforma electoral, declaración de principios,
programa de acción y estatutos del convenio de coalición
respectivo, con lo cual se evidenciaba que se daba cabal
cumplimiento a lo previsto en el Código Electoral del Estado de
Chiapas y a los lineamientos acordados por el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de Chiapas. Además, según lo
promoventes, la responsable únicamente atribuye al acto
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Chiapas, un carácter singular, sin tomar en cuenta que el acto
es de observancia general para los institutos que se pretenden
coaligar, ya que representan un porcentaje de ciudadanos que
está interesado en participar democráticamente en el próximo
proceso electoral, por lo que ellos los que resienten
directamente los agravios vertidos, por ser de orden público y
coartárseles su participación en la intención de coaligarse y no
permitírseles acceder a la justicia electoral. Según los dos
partidos políticos nacionales promoventes, la responsable
esgrime cuestiones superficiales cuando considera que
debieron inconformarse todos los partidos políticos que tienen
la intención de coaligarse, a través de sus legítimos
representantes comunes que se designaron en el convenio de
coalición, ya que, contrariamente a lo que sostiene la
responsable, basta que uno solo de los agraviados se
inconforme, para entender que persiste la voluntad de coligarse
con los demás entes públicos y así entrar al estudio de fondo
del acto recurrido.
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Para el estudio de los agravios resumidos en los incisos
precedentes, por razón de método y en virtud de estar
íntimamente relacionados, se agrupan de la siguiente manera:
Los agravios identificados en la última parte del inciso a), así
como los subsecuentes c) y f), se agrupan para su estudio en el
apartado A del presente considerando, mientras que los
contenidos en la primera parte del a), y los señalados como b),
d) y e), se abordarán en el apartado B del presente
considerando. Ahora bien, en la medida que los razonamientos
que expone el Partido de la Revolución Democrática y se
agrupan en el apartado B de este considerando, coinciden con
los que hacen valer los partidos Convergencia por la
Democracia y de la Sociedad Nacionalista, se analizan tales
razonamientos en dicho apartado, en forma conjunta, a fin de
evitar reiteraciones innecesarias.
Es decir, se justifica dicha ordenación, en virtud de que en los
razonamientos que, para su análisis, se agrupan en el apartado
A, el promovente plantea una cuestión de inconstitucionalidad
entre lo previsto en normas de la ley secundaria electoral local y
la Constitución federal, lo cual justifica que se dé un análisis
privilegiado y anterior a cualquier otra violación constitucional
generada en la resolución recaída al recurso de revisión
identificado como TEE/REV-013-A/2001, toda vez que para el
caso de que le asistiera la razón al ahora promovente, ello
llevaría a revocar la sentencia dictada por la responsable, al
desaplicar dichas disposiciones jurídicas secundarias tildadas
de inconstitucionales.
A. En la última parte del agravio expresado en el inciso a)
pasado y en los identificados como inciso c) y f), se puede
señalar que el partido político promovente arguye que la
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y SUP-JRC-128/2001
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autoridad responsable omitió cumplir con las formalidades
esenciales del procedimiento, siendo inconsistentes sus
argumentaciones, porque, según se expresa en su sentencia,
estaba impedida y carecía de jurisdicción para pronunciarse
sobre las violaciones a los artículos constitucionales invocados
por el entonces recurrente; además, la responsable hizo una
interpretación aislada y sesgada de la Constitución federal y sus
normas derivadas, lo cual la condujo a equívocos, según lo
expresa el promovente, en virtud de que aquélla omitió hacer
una interpretación sistemática, en la cual se atendiera a las
características de las normas constitucionales y, por último, el
mismo promovente expresa que lo previsto en los artículos 82 y
83 del Código Electoral del Estado de Chiapas, se contraponía
con lo establecido en el artículo 41, fracción IV, de la
Constitución federal, en virtud de que en este último se señala y
garantiza el derecho político de asociación, sin ningún otro
requisito que los previstos en el artículo 9° constitucional, los
cuales, sigue aduciendo el actor, consisten en la licitud del
objeto y la realización en forma pacífica, a lo cual se dio cabal
cumplimiento por el promovente, razones por las cuales solicita
el propio actor que se revoque la sentencia de la responsable, a
fin de que no se esté en disonancia con la tesis que lleva por
rubro TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA
INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO
ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES.
Como se puede apreciar de lo expuesto, en el párrafo
precedente, el partido político promovente pretende que se
inaplique lo dispuesto en los artículos 82 y 83 del Código
Electoral del Estado de Chiapas, porque se opone a las
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limitaciones previstas en el primer párrafo del artículo 9°
constitucional, en cuanto a que el derecho de asociación no
puede coartarse cuando se ejerza en forma pacífica y con un
objeto lícito.
Los agravios de mérito son infundados, en atención a lo
siguiente:
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo,
fracción I, de la Constitución federal, en el cual expresamente
se prevé: “I. Los partidos políticos son entidades de interés
público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral...”, se colige que, en
dicha disposición, su ámbito personal de validez está referido a
los partidos políticos, los cuales son sujetos propios o
exclusivos de dicha norma jurídica, sin embargo, dentro del
género partidos políticos, se admiten dos especies que serían
los partidos políticos nacionales y los partidos políticos locales o
estatales; además, se establece una cualidad para la persona
jurídica identificada como partidos políticos que es entidades de
interés público.
Inclusive, en la misma disposición objeto de análisis, se advierte
que el constituyente permanente estableció una facultad
normativa específica para el legislador ordinario federal y el
legislador ordinario local, la cual precisamente consiste en la
determinación de las formas específicas de intervención de los
partidos políticos en el proceso electoral; al propio tiempo que,
con dicho facultamiento normativo, se establece un derecho
para los partidos políticos que es el de intervenir en los
procesos electorales, también se condiciona esa intervención o
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ejercicio de dicho derecho, precisamente a las formas
específicas que se determinen legalmente.
Ciertamente, en una norma suprema, fundante y básica del
sistema jurídico mexicano (artículo 41, párrafo segundo,
fracción I, primer párrafo, de la Constitución federal), se
establece un derecho para los partidos políticos, el cual puede
catalogarse como de configuración legal, toda vez que el
legislador secundario es quien determinará las modalidades
para el ejercicio de dicho derecho. Sin embargo, esa facultad no
puede ejercerse de manera caprichosa o arbitraria por la
autoridad legislativa ordinaria, ya que, en forma alguna, implica
que se esté autorizando para prever formas, modalidades,
condiciones o requisitos arbitrarios, ilógicos o no razonables
que impidan o hagan nugatorio (fáctica y jurídicamente), el
ejercicio de dicho derecho, ya sea porque su cumplimiento sea
imposible, inútil o implique la violación de alguna disposición
jurídica, por ejemplo.
Adicionalmente a lo señalado, cabe aludir al texto del párrafo
primero del artículo 9° constitucional, en el cual efectivamente,
como lo destaca el promovente, se establece que “no se podrá
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos
políticos del país...”, ya que una lectura letrística llevaría a
concluir que la libertad de asociación o reunión, en materia
política, es un derecho fundamental absoluto; sin embargo, una
adecuada interpretación ahora sí sistemática y funcional de lo
previsto en dicho artículo, así como de las normas jurídicas
relativas, que ciertamente son las que cita el promovente, lleva
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a concluir que no se trata de un derecho absoluto, en el cual no
se reconozca limitación alguna.
En efecto, en el mismo artículo 9°, tratándose de la materia
política, se advierten sendas limitaciones y una condicionante:
Las dos primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio
sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última
circunscribe su realización a los sujetos que tengan la calidad
de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en
el artículo 33 de la propia Constitución federal. Además, si el
ejercicio de esa libertad política, se realiza a través de los
partidos políticos, debe cumplirse con “las formas específicas”
que se regulen legalmente para permitir su “intervención en el
proceso electoral”. Es decir, en la medida en que los partidos
políticos deben sujetar su actuar a las modalidades que se
precisan legalmente y toda vez que el partido político
promovente no evidencia que se hubieren establecido
condiciones arbitrarias o caprichosas para permitir el ejercicio
de ese derecho político, es claro que no le asiste la razón al
partido político promovente en cuanto a los razonamientos que
formula y esta Sala Superior ha identificado en la última parte
del inciso a) y en los incisos c) y f) del presente considerando.
En este sentido, es acertado lo que, en esencia, sostiene la
autoridad responsable en el considerando sexto de la
resolución combatida (específicamente lo que se razona en las
páginas 49 a 67), máxime cuando la resolutora sostuvo:
“...la referida libertad... (de asociación en materia política)...como todas las libertades humanas, no es absoluta y tiene sus restricciones; así, cuando dos o más partidos políticos pretendan coaligarse en ejercicio del derecho de reunión,... los partidos interesados tenían que haber ajustado su constitución y registro a lo establecido en los artículos 82,
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83, 84 y 85 del Código Electoral de Estado, pero como quiera que sea, el hecho acreditado de que la autoridad responsable tramitó y resolvió la solicitud de constitución y registro de la coalición respectiva, demuestra que no le coartó al partido o político recurrente, el derecho de unirse en coalición;...
“...se requiere que los partidos políticos coaligados por el convenio. Hayan cumplido con todas y cada una de las exigencias de los dispositivos aplicables del Código Electoral del Estado que son de orden público, por lo que, si la autoridad lo aprueba y registra a pesar de que hubiere advertido que no se cumplieron las exigencias de algunas disposiciones del referido ordenamiento, resultaría claro que de manera deliberada atentaría en contra del orden público y por lo mismo, incumpliría todos los principios que rigen en la materia...
Efectivamente, debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo
23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en virtud de lo cual se impide
que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, supla las deficiencias u omisiones en los
agravios expuestos en el juicio de revisión constitucional
electoral, contrariamente a lo que pretende el promovente en su
agravio marcado como quinto, ya que no identifica expresa ni
implícitamente qué disposiciones jurídicas de las contenidas en
los artículos 82 y 83 del Código Electoral del Estado de
Chiapas, son contraventoras de los artículos constitucionales
citados, lo cual era lógico que ocurriera, porque el actor partió
de una falsa concepción de los alcances jurídicos de lo previsto
en el artículo 9° constitucional y, por otra parte, ignoró lo
dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, ya
citado, puesto que únicamente se refirió a lo previsto en la
fracción IV de este mismo precepto jurídico, el cual es relativo al
objeto y efectos de los medios de impugnación en materia
electoral.
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Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94,
párrafo primero, y 99, párrafos primero y cuarto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 184 y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación es la máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la
Federación, correspondiéndole resolver, en forma definitiva e
inatacable, los conflictos que se sometan a su decisión y que
sean de los previstos en el artículo citado en último término. Lo
anterior, incluye la facultad para decidir el conflicto de normas
que, en su caso, se presente y determinar que los preceptos de
leyes secundarias que se invoquen o sirvan para fundar un acto
de autoridad no se apliquen al mismo acto o resolución
combatido por el medio de impugnación que corresponde a su
jurisdicción y competencia, si aquellos se oponen a cierta
disposición constitucional, siempre que no se haga una
declaración general o particular en los puntos resolutivos sobre
la inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, y
limitándose únicamente a confirmar, revocar o modificar el acto
o resolución concreto. Como consecuencia de lo anterior, es
inconcuso que no le asiste la razón al partido político
promovente, cuando pretende que la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, “atienda” a la tesis de
jurisprudencia que en seguida se transcribe, para que
desaplique lo previsto en los artículos 82 y 83 del Código
Electoral del Estado de Chiapas, porque no se atendería a la
distribución de competencias del sistema íntegro de justicia
electoral, en materia de control de constitucionalidad, que se
encomienda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en forma
exclusiva y excluyente. Es decir, el actuar de la responsable es
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acorde con lo que aquí se expone por esta Sala Superior,
cuando, en el considerando sexto de la resolución recurrida, la
responsable razona que analizaría los agravios a la luz de los
artículos 4° y 19 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, sin pronunciarse en lo relativo a los artículos 9° y 133
de la Constitución federal. Lo anterior, ciertamente, se
corrobora con el texto de la tesis que se transcribe:
TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De una interpretación teleológica, sistemática y funcional de los diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contienen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando tales preceptos se oponen a las disposiciones constitucionales; esto con el único objeto de que los actos o resoluciones impugnados en cada proceso jurisdiccional de su conocimiento se ajusten a los lineamientos de la Ley Fundamental y se aparten de cualquier norma, principio o lineamiento que se les oponga, pero sin hacer declaración general o particular en los puntos resolutivos, sobre inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino limitándose únicamente a confirmar, revocar o modificar los actos o resoluciones concretamente reclamados en el proceso jurisdiccional de que se trate. La interpretación señalada lleva a tal conclusión, pues en el proceso legislativo del que surgió el Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se pone de manifiesto la voluntad evidente del órgano revisor de la Constitución de establecer un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujetaran, invariablemente, a lo dispuesto en la Carta Magna, para lo cual se fijó una distribución competencial del contenido total de ese sistema integral de control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sistema que finalmente quedó recogido en los términos pretendidos, pues para la impugnación de leyes, como objeto único y directo de la pretensión, por considerarlas inconstitucionales, se concedió la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de
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Justicia de la Nación, en el artículo 105, fracción II, Constitucional, y respecto de los actos y resoluciones en materia electoral, la jurisdicción para el control de su constitucionalidad se confirió al Tribunal Electoral, cuando se combaten a través de los medios de impugnación de su conocimiento, como se advierte de los artículos 41 fracción IV, 99 y 116 fracción IV, de la Ley Fundamental, y en este supuesto, la única forma en que el Tribunal Electoral puede cumplir plenamente con la voluntad señalada, consiste en examinar los dos aspectos que pueden originar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones: la posible contravención de disposiciones constitucionales que las autoridades electorales apliquen o deban aplicar directamente, y el examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos o resoluciones, que deriven de que las leyes aplicadas se encuentren en oposición con las normas fundamentales. No constituye obstáculo a lo anterior, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, Constitucional, en el sentido de que "la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo", que prima facie, podría implicar una prohibición del análisis de la oposición de leyes secundarias a la Constitución, en algún proceso diverso a la acción de inconstitucionalidad, dado que esa apariencia se desvanece, si se ve el contenido del precepto en relación con los fines perseguidos con el sistema del control de la constitucionalidad que se analiza, cuyo análisis conduce a concluir, válidamente, que el verdadero alcance de la limitación en comento es otro, y se encuentra en concordancia con las demás disposiciones del ordenamiento supremo y con los fines perseguidos por éstas, a la vez que permite la plena satisfacción de los fines perseguidos con la institución, y la interpretación estriba en que el imperativo de que "la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución", sólo significa que los ordenamientos legislativos no pueden ser objeto directo de una acción de anulación en una sentencia, sino exclusivamente en la vía específica de la acción de inconstitucionalidad, lo cual no riñe con reconocerle al Tribunal Electoral la facultad de desaplicar a los actos y resoluciones combatidos, en los medios de impugnación de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las disposiciones constitucionales, en los términos y con los lineamientos conducentes para superar un conflicto de normas, como lo hace cualquier juez o tribunal cuando enfrenta un conflicto semejante en la decisión jurisdiccional de un caso concreto, y la intelección en este sentido armoniza perfectamente con todas las partes del sistema constitucional establecido. Esto se ve robustecido con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dada la distribución de competencias del sistema íntegro de justicia electoral, tocante al control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, el supuesto en que se ubica la previsión constitucional que se analiza, respecto a la hipótesis de que este tribunal sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución y que la Suprema
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Corte sostenga un criterio contrario en algún asunto de su jurisdicción y competencia, únicamente se podría presentar para que surtiera efectos la regla en el caso de que, habiéndose promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral, el Pleno la desestimara, y declarara la validez de la norma, y que, por otro lado, con motivo de la aplicación de esa norma para fundar un acto o resolución, se promoviera un medio de impugnación en el que se invocara la oposición de la misma norma a la Carta Magna, y el Tribunal Electoral considerara que sí se actualiza dicha oposición, ante lo cual cabría hacer la denuncia de contradicción de tesis prevista en el mandamiento comentado. También cobra mayor fuerza el criterio, si se toma en cuenta que el legislador ordinario comprendió cabalmente los elementos del sistema integral de control de constitucionalidad de referencia, al expedir la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no incluir en sus artículos 43 y 73 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre las autoridades a las que obligan las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues esto revela que a dicho legislador le quedó claro que el Tribunal Electoral indicado puede sostener criterios diferentes en ejercicio de sus facultades constitucionales de control de la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. Sala Superior. S3ELJ 005/99 Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/98. Partido Frente Cívico. 16 de julio de 1998. Unanimidad de 4 votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-091/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-092/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. TESIS DE JURISPRUDENCIA J.05/99. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.
Además de lo que se ha expuesto, en el presente caso es
aplicable el criterio que se sostuvo al resolver los juicios de
revisión constitucional electoral con número de expediente
SUP-JRC-040/2000 y SUP-JRC-041/2000, acumulados, ambos
por unanimidad de votos de los magistrados electorales
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integrantes de la Sala Superior, en su sesión del diez de mayo
de dos mil, el cual es en el sentido de que lo previsto en el
artículo 133 de la Constitución federal, no autoriza el control
difuso de la constitucionalidad de normas generales, ya que el
control judicial de la constitución es competencia exclusiva del
Poder Judicial de la Federación y lo previsto en dicho precepto
constitucional no es fuente de facultades para los jueces de las
entidades federativas, por lo que los tribunales locales y los
órganos jurisdiccionales locales ajenos al poder judicial de la
federación, carecen de dicha función constitucional. Ello es así,
atendiendo a la interpretación de lo previsto en los artículos 41,
fracción IV; 99; 103; 105 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es decir, a través de los medios de
defensa de la Constitución cuyo conocimiento es competencia
del poder judicial de la federación (juicio de amparo,
controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad
y medios de impugnación en materia electoral), por lo cual debe
arribarse a la conclusión de que el artículo 133 constitucional no
es fuente de facultades de control constitucional para los jueces
del orden común, así como considerando la tesis de
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación P./J.74/99, la cual resulta obligatoria en términos de lo
dispuesto en el artículo 94, párrafo octavo, de la Constitución
federal, así como 192 de la Ley de Amparo, misma que está
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo X, Agosto de 1999, página 5,
cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN. El texto expreso del artículo 133 de la Constitución Federal previene que “Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
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Constituciones o leyes de los Estados”. En dicho sentido literal llegó a pronunciarse la Suprema Corte de Justicia; sin embargo, la postura sustentada con posterioridad por este Alto Tribunal, de manera predominante, ha sido en otro sentido, tomando en cuenta una interpretación sistemática del precepto y los principios que conforman nuestra Constitución. En efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el artículo 133 constitucional, no es fuente de facultades de control constitucional para las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, respecto de actos ajenos, como son las leyes emanadas del propio Congreso, ni de sus propias actuaciones, que les permitan desconocer unos y otros, pues dicho precepto debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de Maria Alcocer vda. De Gil. 9 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz. Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Califa Matta. 19 de noviembre de 1998. unanimidad de nueves votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo. Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueves votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo directo en revisión 914/98. Magda. Perla Cueva de Califa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 74/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94,
octavo párrafo, de la Constitución federal, el constituyente
permanente dejó reservado para la ley, la fijación de los
términos en que deba resultar obligatoria la jurisprudencia que
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establecieran los tribunales del Poder Judicial de la Federación
sobre la interpretación de la Constitución federal, leyes y
reglamentos federales o locales y tratados internacionales
celebrados por el Estado Mexicano. De esta forma, en el
artículo 192 de la Ley de Amparo, se prescribió que la
jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para
éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y para los
tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de
distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de
los Estados y del Distrito Federal, así como los tribunales
administrativos y del trabajo, locales o federales. Asimismo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia
del Tribunal Electoral es obligatoria en todos los casos para sus
salas y el Instituto Federal Electoral, así como para las
autoridades electorales locales, cuando se declare en asuntos
relativos a derechos político-electorales de los ciudadanos o en
aquellos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de
esas autoridades.
Cabe señalar que conforme con los preceptos antes citados, la
autoridad responsable está obligada a acatar la jurisprudencia
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su
actuación debe tomar como mandato que no tiene facultades de
control difuso de la constitucionalidad, contrariamente a lo que
sugiere el promovente.
En este sentido, debe concluirse que la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, carece de facultades para
declarar la inaplicación de cualquier disposición normativa local,
bajo el argumento de ejercer un control difuso de la
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constitucionalidad, porque dicha función constitucional, en el
sistema jurídico mexicano, la ejercen, de forma exclusiva, los
órganos del Poder Judicial de la Federación, es decir, se trata
de un control constitucional del tipo concentrado. Dicha función
en materia electoral está reservada, por lo que se refiere a la
declaración general de inconstitucionalidad de una norma
electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía la
acción de inconstitucionalidad, y por lo que hace a los actos
concretos de aplicación de las leyes electorales por autoridades
electorales vía los medios de impugnación competencia del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para
decretar la inaplicación, con efectos particulares al caso a
resolver, de una disposición que contravenga la Constitución
federal.
Ahora bien, cabe precisar que las consideraciones anteriores, en
manera alguna significan un cambio ni mucho menos una
interrupción en el criterio que reiteradamente ha venido
sosteniendo esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación sobre las facultades que tiene como
órgano de control jurisdiccional de la constitucionalidad, el cual
integró la jurisprudencia J.05/99 publicada en Justicia Electoral.
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
año 2000, suplemento número 3, página 21, cuyo rubro es
“TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA
INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO
ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES”.
Lo anterior es así, en virtud de que este órgano jurisdiccional
considera que no ejerce un control difuso de la constitucionalidad
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derivado del artículo 133 constitucional, máxime que no se trata
de un tribunal local o del fuero común que es el supuesto al que
se refiere la invocada jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sino que, además, forma parte del Poder
Judicial de la Federación y, en este sentido, integra el sistema de
control concentrado establecido en los artículos 41, párrafo
segundo, fracción IV, y 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, como complemento de lo previsto en
los artículos 103, 105 y 107 de la propia Constitución federal.
En efecto, de acuerdo con un amplio sector de la doctrina
procesal constitucional [por ejemplo, Calamandrei, Piero, La
ilegitimità costituzionale delle leggi, Padova, Cedam, 1950, p.5,
en Id. Derecho procesal civil, tomo III, Buenos Aires, Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1986, pp. 32-33; Cappelleti, Mauro,
“La justicia constitucional”, en Estudios de Derecho Comparado,
México, UNAM, 1987, pp. 60-61; García de Enterría, Eduardo, La
constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid,
Editorial Civitas, 3ª Edición, 1991, pp. 56-57; Fix-Zamudio,
Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, México, Editorial
Porrúa-UNAM, 2ª Ed., 1999, pp. 206-208 y 210], el llamado
control difuso de la constitucionalidad de leyes y actos deriva de
una clasificación que atiende al órgano u órganos encargados
de realizar la función de control, distinguiéndose al respecto entre
los sistemas que ejercen un control difuso y un control
concentrado:
a) El “sistema difuso” o norteamericano de revisión judicial de
la constitucionalidad de leyes o actos (judicial review), en
el que la facultad de control corresponde a todos los
órganos judiciales de un ordenamiento jurídico dado, esto
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es, a todos los jueces independientemente de su
jurisdicción y jerarquía, y
b) El “sistema concentrado” o austriaco-kelseniano, en el cual
la facultad de control se deposita en un órgano
constitucional judicial o autónomo específico.
Resulta pertinente señalar que si bien es frecuente identificar el
llamado sistema “difuso” no sólo con aquel en el que se confieren
a todos los órganos del poder judicial dicha facultad de control
sino con el que prevé como efectos el de inaplicar en el caso
concreto la ley considerada contraria a la Constitución (lo cual
propiamente no atiende a la clasificación relativa al órgano sino a
la extensión de los efectos, distinguiéndolo en este sentido del
sistema donde se hace una declaración acerca de la
inconstitucionalidad de una ley con efectos generales o erga
omnes), cabe advertir que tales características no son
consustanciales, razón por la cual puede haber sistemas de
control concentrado que, en lugar de hacer declaraciones de
inconstitucionalidad con efectos erga omnes, se concreten a
emitir resoluciones con efectos particulares y, en su caso,
inaplicando sólo la norma legal presuntamente inconstitucional.
En este sentido, por ejemplo, un sistema considerado como
concentrado, como ocurre con el mexicano (en tanto que la
facultad de control sólo se encomienda a los órganos del Poder
Judicial de la Federación, si bien hay quien podría considerar que
el sistema mexicano de control, por lo que se refiere al que
ejercen los tribunales de amparo, tiene un carácter mixto o
intermedio entre el llamado difuso y el concentrado), las
sentencias de los tribunales de amparo no tienen efectos erga
omnes (característica esta última vinculada generalmente con los
sistemas concentrados), ya que aquéllas sólo se ocupan de
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individuos particulares (limitándose a ampararlos y protegerlos en
el caso especial sobre el que verse la queja) sin que se haga una
declaración general respecto de la ley que la motivare, en el
entendido de que tal circunstancia no es razón suficiente para
estimar que tales tribunales de amparo (de manera destacada,
los Tribunales Colegiados de Circuito respecto del amparo
directo) no forman parte de un específico sistema concentrado de
control de la constitucionalidad. Del mismo modo, se estima que
el hecho de que las sentencias y resoluciones del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación tengan efectos
particulares y, en su caso, al conocer de la impugnación de un
acto o resolución electoral determine en sus considerandos (mas
nunca en los resolutivos) la inaplicabilidad de alguna norma legal
que se oponga a disposiciones constitucionales, no significa ello
que dicho órgano ejerce un control difuso de la
constitucionalidad, sino que al ser explícitas y evidentes sus
facultades de control de la constitucionalidad, en términos de lo
prescrito en los artículos 41, fracción IV, y 99 de la Constitución
federal, es de entenderse que está enclavado dentro del control
concentrado conferido al Poder Judicial de la Federación.
Al efecto, es importante señalar que en México, después de las
reformas constitucionales de mil novecientos noventa y seis, el
control jurisdiccional de la constitucionalidad de leyes y actos en
materia electoral quedó a cargo del Poder Judicial de la
Federación, esto es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en forma exclusiva, mediante la declaración de
inconstitucionalidad de leyes y normas generales electorales,
con efectos erga omnes (en los casos señalados en el artículo
105, fracción II, constitucional) y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al conocer de un medio de
impugnación en contra de cierto acto o resolución electoral, a
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través de las resoluciones y sentencias que, con efectos
particulares, dicta de conformidad con lo estatuido en los
artículos 41, fracción IV, y 99 de la propia ley fundamental,
estando facultado al efecto para inaplicar una ley que se estime
contraria a la Constitución federal.
Resulta de suma importancia dejar claro que conforme con lo
que se dispone en el artículo 105, fracción II, inciso f), tercer
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes electorales federales y locales deben
promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de
que se inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y
durante el mismo no podrá haber modificaciones legales
fundamentales. Asimismo, de conformidad con lo establecido
en el segundo párrafo del inciso, fracción y artículo señalados,
la única vía para plantear directamente la no conformidad de las
leyes electorales a la Constitución es la acción de
inconstitucionalidad.
En este sentido, si un partido político considera que una ley
electoral contraviene cierta disposición constitucional, o bien,
fue promulgada y publicada dentro de los noventa días previos
al inicio del proceso electoral respectivo y, además, se ordena
su entrada en vigor y aplicación en dicho proceso electoral y,
por tanto, dicho partido político estima que no debe aplicarse en
el mismo, es menester que el instituto político ejerza la acción
de inconstitucionalidad dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma, a efecto de
que el máximo Tribunal del país determine si existe una
violación a cierta disposición constitucional o aquella otra por la
cual se prevé el cumplimiento del requisito formal de
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temporalidad que deben reunir las leyes electorales que
pretendan regir en un determinado proceso electoral.
Ahora bien, si dicha acción de inconstitucionalidad no se
promovió y, por tanto, no existe pronunciamiento alguno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la invalidez
de una norma general electoral que sea inconstitucional por
contradecir cierta norma constitucional o porque, siendo una
modificación de carácter fundamental, supuestamente no se
hubiese promulgado y publicado antes de los noventa días
previos al inicio del respectivo proceso electoral, debe
estimarse que la misma entró en vigor y que formalmente rige
las situaciones jurídicas para las que fue creada, toda vez que
existe la presunción de constitucionalidad de las leyes que
siguieron el procedimiento de creación, máxime cuando el
producto de ese procedimiento, es decir, la ley o su reforma, no
fueron cuestionados de inconstitucionales por tales motivos a
través de la referida vía de control constitucional.
Resulta importante destacar, en este sentido, que ningún
tribunal, fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
aun cuando le fuera planteado como agravio, puede determinar
que, por haber sido supuestamente promulgada y publicada
dentro de los noventa días previos al inicio del mencionado
proceso, una disposición legal electoral no debe aplicarse en un
determinado proceso electoral, toda vez que si dicha violación
no se hace valer dentro del término de treinta días naturales
siguientes a la publicación de la ley, el derecho de iniciar la
acción de inconstitucionalidad precluyó y la norma general
cuestionada entró en vigor. Por tanto, esta Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera
que la reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro a que
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se ha hecho referencia en párrafos precedentes, entró en vigor
y debe regir en el actual proceso electoral.
Por otro lado, una vez precluido el plazo para promover la
citada acción de inconstitucionalidad, para que los actos o
resoluciones que se basen en el contenido de una específica
disposición legal electoral como la que se analiza, puedan
cuestionarse por su contravención a la Constitución, es
necesario que, a través de los medios de impugnación en
materia electoral, se impugne la inconstitucionalidad del acto o
resolución de la autoridad electoral que se base en el contenido
de tal disposición legal.
En este orden de ideas, cabe concluir que no le asiste la razón
al promovente, por cuanto a que la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas debía desaplicar lo previsto en
los artículos 82 y 83 del Código Electoral del Estado de
Chiapas, porque supuestamente contravenía lo establecido en
los artículos 9° y 41, fracción IV,.de la Constitución federal,
porque, como se razonó a lo largo del presente apartado, dicha
autoridad jurisdiccional local no es la competente para
desaplicar disposiciones de las leyes secundarias que, según
se vio, no son inconstitucionales.
Ahora bien, es necesario dejar sentado que los ahora
promoventes no manifiestan inconformidad alguna en cuanto a
lo que razona la autoridad responsable en la segunda parte del
considerando sexto de la resolución impugnada (páginas 67 a
78), lo cual sirve para desestimar los agravios que se hicieron
valer por el entonces recurrente y que iban en el sentido de que
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas,
sin estar facultado para ello, emitió el dictamen sobre la
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
58
solicitud de registro de convenio de coalición de los partidos
políticos interesados, lo cual fue efectuado sin que se fundara y
motivara la causa legal del procedimiento; una supuesta
comisión de análisis y dictamen de solicitudes de registro de
convenios propuso al Consejo General que emitiera la
resolución sobre la citada solicitud de registro de convenio de
coalición, cuando la competente era la nombrada por el
Consejo General de dicho Instituto, en la sesión del tres de
mayo del año en curso, y que el texto de la resolución de
negativa de registro de convenio de coalición lo inició el
Consejo General, mientras que una diversa comisión del citado
Consejo General (denominada “de análisis y dictamen de las
solicitudes de registro de convenios”), cuyas funciones y
facultades no fueron aprobadas, fue la que concluyó dicho
texto. Por esta causa lo razonado por la responsable acerca de
dichos agravios debe considerarse como firme, sin perjuicio de
lo que más adelante se razona.
B. En los agravios resumidos en la primera parte del inciso a),
así como en los incisos b), d) y e) del presente considerando, lo
cual, en esencia, coincide con lo expuesto por los partidos
políticos Convergencia por la Democracia y de la Sociedad
Nacionalista, el Partido de la Revolución Democrática expone
que la autoridad responsable no hizo un análisis o estudio a
fondo de los agravios esgrimidos, haciendo una interpretación
que no encuadra en el caso particular y faltando a la debida
fundamentación y motivación que deben revestir los actos y
resoluciones de la responsable; asimismo, sostiene el actor, la
responsable hizo un análisis muy superficial de los agravios
expresados y no tomó en consideración las pruebas ofrecidas y
mucho menos las valoró en su conjunto, a pesar de que con
ello oportunamente se demostraba que los partidos políticos
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
59
que tenían la intención y voluntad de coaligarse, cumplían con
todos y cada uno de los requisitos legales; además, según el
promovente, la responsable basó su sentencia en apreciaciones
subjetivas y sin ningún soporte legal, cuando consideró que el
recurso de revisión fue interpuesto únicamente por el Partido de
la Revolución Democrática y no por los demás partidos políticos
coaligados, a pesar de que la responsable tenía la obligación de
analizar si se cumplía cabalmente con las formalidades para la
integración de alianzas políticas, y si se analizaron debidamente
las documentales exhibidas y, por último, el mismo promovente
sostiene que es incongruente y fuera de toda lógica jurídica el
que la responsable pretenda que los representantes comunes
que se señalan en el convenio de coalición sean los facultados
para interponer los recursos previstos en la ley adjetiva local,
puesto que, según el mismo promovente, dicho documento no
fue aprobado ni registrado, por lo cual no había nacido
jurídicamente el acto, y en esa forma los representantes
carecían de personalidad para interponer dicho recurso o
promoción alguna en nombre de la referida coalición.
En cuanto a los agravios que se resumen en la parte inicial del
inciso a), así como b), d) y e) del presente considerando, y los
relacionados con los agravios expuestos por los partidos
políticos Convergencia por la Democracia y de la Sociedad
Nacionalista, esta Sala Superior considera que son
inoperantes por lo siguiente:
En términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo
segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso
d), de la Constitución federal, se prevé que el sistema de
medios de impugnación en materia electoral tiene como objeto
garantizar que los actos y resoluciones respectivos se sujeten
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
60
invariablemente al principio de legalidad y, como efecto, dar
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales,
así como garantizar la protección de los derechos políticos de
los ciudadanos de votar, ser votado y asociación; además, se
incluye una prescripción específica que impide que la
interposición de los medios de impugnación, tanto
constitucionales y legales, produzca efectos suspensivos sobre
la resolución o el acto impugnado.
Es decir, de lo anterior se desprende que los medios de
impugnación en materia electoral (entre los cuales, desde
luego, está incluido el recurso de revisión que se prevé en el
artículo 40, párrafo 1, de la Ley de Medios de Impugnación en
Materia Electoral del Estado de Chiapas), tienen por objeto el
control de la legalidad de los actos o resoluciones que se
realicen en dicha materia (sin duda alguna, la resolución por la
que se niega el registro de convenio de coalición, cabe dentro
de la categoría jurídica señalada), así como dar definitividad a
las distintas etapas del proceso electoral. En cuanto a este
efecto de los medios de impugnación, es necesario advertir
que, en el presente caso, aún no se actualiza, ya que si se
agotó el recurso de revisión ante la instancia local y,
posteriormente, el juicio de revisión constitucional electoral ante
la Sala Superior, por extensión, es claro que la resolución por la
que se niega el registro del convenio de coalición, impidiéndose
la constitución de la llamada Alianza por Chiapas, no es
definitiva y, en esa medida, válidamente puede considerarse
que subsiste la manifestación de voluntad de los partidos
políticos solicitantes del registro del convenio, ya que es
inobjetable que dicha resolución está sub iudice. Igualmente,
cabe destacar que si bien es cierto que la presentación de los
medios de impugnación no tiene efectos suspensivos sobre los
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
61
actos o resoluciones de autoridad impugnados, también lo es
que la definitividad de la resolución ocurrirá una vez que se
decida el último de los medios de impugnación que esté
pendiente de resolución –en la especie, los presentes juicios de
revisión constitucional electoral-, ya que, en virtud de lo que
sobre estos últimos se decida, todavía cabe la posibilidad de
que se revoque la resolución de la Sala “A” del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, por la cual se confirmó la
resolución de negativa del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Chiapas, así como también es factible que se
revoque la citada negativa de registro del convenio de coalición
(como de hecho igualmente ocurría desde la instancia
impugnativa local), lo cual sólo puede ocurrir si la voluntad de
los partidos políticos solicitantes del registro del convenio de
coalición está vigente, como lo sugiere el promovente, máxime
que no hay constancia probatoria alguna en un sentido adverso.
Lo anterior, permite advertir que el Partido de la Revolución
Democrática tenía y tiene interés jurídico para impugnar el
llamado Dictamen y resolución que emite el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, relativo a la solicitud de registro del convenio de la coalición “Alianza por Chiapas” para postular a los mismos candidatos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en los veinticuatro distritos electorales uninominales, que celebran los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, y de la Sociedad Nacionalista, con el objeto de participar en el proceso electoral del año 2001,
razón por la cual también sus representantes ante el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas tenían
personería para presentar el recurso de revisión, así como los
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
62
correspondientes de los otros dos partidos políticos. Lo anterior,
independientemente de que los partidos políticos Convergencia
Nacional y de la Sociedad Nacionalista no hubieren
manifestado su disconformidad con el acuerdo de mérito, en el
recurso de revisión, pero sí en los presentes juicios de revisión
constitucional electoral.
En efecto, como lo sostiene el promovente, Partido de la
Revolución Democrática, así como los otros dos partidos
políticos nacionales, la autoridad responsable indebidamente
pretendía que sólo los representantes comunes que se
identifican en el convenio de coalición, estaban facultados para
interponer los recursos previstos en la Ley de Medios de
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas,
cuando lo cierto es que el respectivo convenio no había sido
aprobado ni se había otorgado el registro a la susodicha
coalición, razón por la cual, para el caso de que los citados
“representantes” interpusieran el recurso de revisión, se debía
concluir que carecían de personalidad para actuar en nombre
de la coalición, ya que los representantes de los partidos que
tienen intención de coaligarse, sí están facultados para
promover los medios de impugnación electoral, ya sea
individual o conjuntamente. Lo anterior es preciso, además de
lo considerado en los párrafos precedentes, porque si la
resolución primigeniamente impugnada, unitariamente
considerada, era un solo acto de autoridad por el cual se
negaba el registro del convenio de coalición suscrito por tres
partidos políticos nacionales, entonces, era inconcuso que
bastaba con que uno solo de los partidos políticos que
pretendían coaligarse lo impugnara o que, igualmente, lo
hicieran todos los solicitantes, ya que se trataba de una única
resolución que si bien, en ciertos aspectos, atañía a actos
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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individuales de los partidos políticos, lo verídico es que contenía
una pretensión unívoca y coincidente de todos ellos, la cual era
la de postular a los mismos candidatos en las elecciones en que
participarían. Además, como lo establece el promovente, si los
medios de impugnación previstos en la ley local, en principio,
tienen como objeto el control de la legalidad, se incurriría en
una denegación de justicia, si se desconociera el principio de
indivisibilidad de la continencia de la causa, al considerar que
sólo ciertas partes de un mismo acto de autoridad son
susceptible de control de jurisdiccional y otras no, bajo el
argumento de que, ante la instancia respectiva, sólo acudió uno
de los peticionarios y no todos. A lo considerado, resulta
aplicable el criterio que se sostuvo por esta Sala Superior del
Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión
constitucional electoral con el número de expediente SUP-JRC-
110/99, en su sesión del catorce de agosto de mil novecientos
noventa y nueve, por unanimidad de votos.
Aun cuando, como se determinó en los párrafos precedentes, le
asiste la razón a los partidos políticos promoventes, en cuanto a
que, indebidamente, la autoridad responsable dejó de estudiar
el resto de sus agravios, en contra de la negativa del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, a la solicitud
de registro del convenio de coalición de Alianza por Chiapas,
porque supuestamente era necesario que acudieran al recurso
de revisión los partidos políticos Convergencia por la
Democracia y de la Sociedad Nacionalista, lo cierto es que
carecería de todo objeto práctico que esta Sala Superior, en
plenitud de jurisdicción y sustitución de la responsable, se
ocupara del estudio de los agravios que, en el recurso de
revisión, dejó de analizar la Sala “A” del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas.
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
64
Es decir, carecería de sentido que esta Sala Superior
determinara si se cumplieron y acreditó la observancia de los
requisitos que el citado Consejo General se limitó a analizar, en
su acuerdo del quince de mayo de dos mil uno, porque, como
se demostrará en el apartado subsecuente, los partidos
políticos Convergencia por la Democracia y el de la Sociedad
Nacionalista, a final de cuentas, no cumplen con ciertos
requisitos legales para constituir una coalición y obtener el
registro del convenio respectivo.
Ciertamente, el Consejo General precisado, en su acuerdo de
negativa de registro de convenio, estimó que: a) El Consejo
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, en su
asamblea extraordinaria, no había aprobado los documentos
básicos de la coalición –estatutos, declaración de principios y
programa de acción-, y que había señalado que iría en coalición
con Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional,
no así con el Partido de la Sociedad Nacionalista; b) Los
delegados asistentes al Consejo Estatal y la Primera
Convención Estatal de Convergencia por la Democracia,
Partido Político Nacional, no aprobaron los documentos básicos
de la coalición -declaración de principios, programa de acción,
estatutos y plataforma electoral-; dichos asambleístas otorgaron
un voto de confianza a la dirigencia del Comité Directivo Estatal,
para ir en coalición con el Partido Auténtico de la Revolución
Democrática y el Partido del Trabajo; la citada asamblea otorgó
un voto de confianza al Comité Directivo Estatal, delegando la
facultad para el nombramiento de candidatos, sin que se
celebrara de acuerdo con los estatutos del partido político y en
presencia de la comisión de verificación o de un notario público,
y la misma asamblea no aprobó las planillas para la postulación
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
65
y registro de candidatos a diputados de mayoría relativa y de
representación proporcional; c) Era innecesario estudiar el
contenido de las declaraciones y cláusulas del convenio de
coalición electoral para la elección de diputados de mayoría
relativa en los veinticuatro distritos uninominales, denominada
“Alianza por Chiapas”, y d) En cuanto al Partido de la Sociedad
Nacionalista era innecesario analizar el contenido de su escrito
del veintisiete de abril del dos mil uno, ya que no se había
aprobado por los órganos internos de los partidos políticos de la
Revolución Democrática y Convergencia por la Democracia,
Partido Político Nacional, ir en coalición con dicho instituto
político.
Sin embargo, es inútil que esta Sala Superior, en plenitud de
jurisdicción, se sustituya en la Sala “A” del Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, para analizar el resto de los agravios que
se dejaron de estudiar en la resolución recaída al recurso de
revisión TEE/REV/013-A/2001, porque, a pesar de que le
asistiera la razón al Partido de la Revolución Democrática, en
cuanto a que fueran imprecisos e ilegales los razonamientos
que expuso el citado Consejo General, en el considerando
decimotercero de su acuerdo de negativa del registro del
convenio de coalición y que se reseñan en el párrafo
precedente, porque, a final de cuentas, tendría que negarse el
registro del convenio, aunque por distintas razones, como se
verá enseguida.
Ciertamente, aun cuando al Partido de la Revolución
Democrática le asistiera la razón respecto de que
indebidamente el Consejo Electoral del Estado de Chiapas
consideró que ese instituto político, para conformar coaliciones,
incumplía los requisitos establecidos en el artículo 83 del propio
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
66
ordenamiento legal; tampoco podrían colmarse las pretensiones
del citado instituto político, ni las de los demás promoventes,
para efectos de otorgar el registro a la coalición “Alianza por
Chiapas”, toda vez que del minucioso análisis de los requisitos
establecidos en el citado precepto, así como en los
“Lineamientos a que se sujetarán los partidos políticos que
pretendan coaligarse para el procedo electoral del año 2001”,
esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación advierte que ni Convergencia por la Democracia,
Partido Político Nacional, ni el Partido de la Sociedad
Nacionalista, acreditan que la coalición para las elecciones de
diputados hubiere sido aprobada en los términos y forma
establecidos en el propio código, por la asamblea estatal u
órgano equivalente o competente, de conformidad con los
estatutos de cada uno de esos partidos y, en consecuencia, no
queda comprobado que los órganos partidistas competentes
hubieren aprobado contender bajo la declaración de principios,
programa de acción y estatutos de la coalición, así como la
respectiva plataforma electoral y la postulación y registro de
candidatos.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y
84 del Código Electoral del Estado de Chiapas, para el registro
de una coalición para la elección de diputados, los partidos
políticos deben acreditar que la misma fue aprobada por la
asamblea estatal u órgano equivalente o competente, de
conformidad con los estatutos de cada uno de los partidos que
pretendan coaligarse, así como comprobar que dichos órganos
partidistas aprobaron contender bajo la declaración de
principios, programa de acción y estatutos que hubiere
adoptado la coalición, a la vez que aprobaron la plataforma
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y SUP-JRC-128/2001
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electoral de la coalición y la postulación y registro de
candidatos.
Asimismo, los partidos políticos que pretendan coaligarse
deben presentar el convenio de coalición con la denominación
de los partidos que la conforman; la elección que la motiva; los
apellidos y nombres completos, edad, lugar de nacimiento y
domicilio de los candidatos, así como los cargos para los que
son postulados; el emblema o emblemas, el color o colores y
siglas bajo las cuales participarán; el compromiso de sostener
una plataforma electoral de acuerdo con la declaración de
principios, programa de acción y estatutos adoptados por la
coalición; la prelación para la conservación del registro de los
partidos políticos, en el caso de que el porcentaje de la votación
obtenida por la coalición no sea equivalente al 1.5% por cada
uno de los partidos políticos coaligados; el grupo al que se
incorporarían alguno o algunos de sus candidatos a diputados
que resulten electos; la obligación de rendir un informe del uso
y destino que hayan dado a los recursos recibidos por la
coalición, así como la manifestación expresa de sujetarse a los
topes de gastos de campaña, como si se tratara de un solo
partido.
Además, los partidos políticos que se pretendan coaligar deben
entregar a la autoridad electoral la documentación con la que se
acrediten fehacientemente los requisitos contenidos en las
fracciones I a IV del artículo 83 del citado código. Para lograr lo
anterior, atendiendo a lo prescrito en el artículo 84 del
ordenamiento legal en cita, las asambleas estatal, distritales o
municipales, según corresponda, deben celebrarse en los
términos de los estatutos respectivos de cada uno de los
partidos políticos que pretendan coaligarse y en presencia de la
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y SUP-JRC-128/2001
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comisión de verificación que para tal efecto constituya el
Consejo General del Instituto Estatal Electoral, o bien, de uno o
varios notarios públicos del Estado designados por el propio
organismo electoral.
De lo antes señalado, se desprende con claridad que con las
citadas disposiciones jurídicas se regula una de las formas de
participación de los partidos políticos en las elecciones del
Estado de Chipas; sin embargo, se establecen también
requisitos que inexorablemente deben cumplir quienes
pretendan contender en un proceso electoral uniendo esfuerzos
con otros institutos políticos que les otorgue mayores
posibilidades de obtener mejores resultados electorales
mediante la conformación de una coalición.
Dentro de dichos requisitos destaca el hecho de que en las
asambleas o sesiones que los partidos políticos realicen a
efecto de aprobar el convenio de coalición, documentos
básicos, plataforma política y candidatos deben estar
plenamente acreditado:
a) Que la aprobación fue realizada por los órganos
estatutariamente facultados para ello;
b) Que dicha aprobación se realizó mediante los
procedimientos que para esos efectos prevean los propios
estatutos, y
c) Que las citadas asambleas o sesiones de aprobación de
la coalición se celebren en presencia de una comisión de
verificación formada por el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral para esos efectos, o bien, ante uno o
más notarios públicos designados por el propio consejo.
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
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El incumplimiento de cualquiera de los anteriores supuestos,
necesariamente, lleva a tener por no satisfechos los requisitos
establecidos en el multicitado artículo 83, toda vez que si un
convenio de coalición, los documentos básicos, la plataforma
electoral o los candidatos de una coalición se aprueban por un
órgano partidista no facultado para ello, mediante un
procedimiento diverso al dispuesto en los estatutos, o si en las
asambleas estatales o de los órganos equivalentes o
competentes, en que aquéllos se aprueben, no está presente (y
dé fe de los hechos) la comisión verificadora conformada por la
autoridad electoral o el notario o notarios que la misma hubiere
designado, dichos actos de aprobación carecen de una
formalidad esencial para la validez del acto; esto es, sin la
observancia de esos requisitos normativos, el acto que realicen
los partidos no pude generar consecuencias jurídicas válidas y,
por ende, no se satisfacen los extremos legales para la
obtención de un registro de una coalición.
En el caso bajo estudio, es claro que, por lo que respecta a
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, de
la lectura del instrumento notarial número cinco mil sesenta y
tres, levantado ante la fe del Notario Público número
veintinueve del Estado de Chiapas, el cual obra a fojas 468 a
470, así como el apéndice “C” del mismo instrumento, el cual
consta a fojas 474 a 476 del cuaderno accesorio número uno
del expediente en que se actúa, se advierte que la reunión del
Primer Consejo Estatal y la Primera Convención Estatal del
mencionado partido político, se llevaron a cabo sin reunirse los
requisitos que al efecto se establecen en los artículos 51 y 82
de los Estatutos de Convergencia por la Democracia, Partido
Político Nacional.
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y SUP-JRC-128/2001
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Efectivamente en los preceptos estatutarios antes citados, se
establece que los consejos estatales y de la ciudad de México
se integran, con derecho a voz y voto, por el presidente y el
secretario general del Comité Directivo de la entidad federativa
que corresponde; los presidentes de los Comités Directivos
Municipales o Delegacionales; los presidentes de los Comités
Directivos Distritales; los diputados y senadores al Congreso de
la Unión y los diputados locales del partido, así como los
consejeros electorales que elija la Asamblea Estatal o de la
Ciudad de México (que en ningún caso deben exceder del 30%
del total de los 175 miembros que como máximo puede tener el
citado órgano de dirección). Asimismo, para que el citado
consejo pueda sesionar válidamente, se requiere, como quórum
mínimo, la presencia de más de la mitad de sus miembros.
Ahora bien, conforme con lo establecido en el artículo 12 del
Código Electoral del Estado de Chiapas, dicha entidad
federativa se compone, para efectos electorales, de veinticuatro
distritos electorales uninominales y ciento dieciocho municipios,
de lo cual se deriva que los órganos directivos que, en principio,
debiera tener Convergencia por la Democracia, Partido Político
Nacional, en el Estado de Chiapas son veinticuatro a nivel
distrital y ciento dieciocho a nivel municipal, tal como se
desprende del contenido del artículo segundo transitorio de los
estatutos del propio instituto político.
Independientemente de lo anterior, a la convención estatal del
citado partido político, la cual se celebró, según se hizo constar
en el instrumento notarial al que se hizo referencia con
anterioridad, a efecto de aprobar el convenio respectivo para
conformar la coalición “Alianza por Chiapas”, se advierte que
fueron convocados cincuenta y cinco delegados, sin contar con
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y SUP-JRC-128/2001
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los tres diputados federales al Congreso de la Unión
pertenecientes a ese instituto político. No obstante, tal como se
aprecia con nitidez del apéndice “C” de tal instrumento, sólo
asistieron veintisiete miembros, los cuales se anotan a
continuación:
No. DTTO. MUNICIPIO NOMBRE CARGO FOLIO CRED. DE ELECT.
01 COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL
C. JUAN RODOLFO CALDERÓN YÁNEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES
CLYZJN60070407H000
02 C. FRANCISCO SANTILLÁN LUCIO
SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES
SNLCFR48083113H000
03 I y II TUXTLA GUTIÉRREZ
C. RAÚL OVILLA LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
04 102 TUXTLA GUTIÉRREZ
C. FÉLIX DE JESÚS RUIZ MARROQUÍN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
RZMNFL68020507H500
05 IV VENUSTIANO CARRANZA
C. FIDELIA CASTRO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
CSJMFD55080607H4000
06 028 CHIAPILLA
C. MA. CANDELARIA VÁZQUEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
VZMNCN77061907H100
07 080 SAN LUCAS C. ISIDRO GUTIÉRREZ MÉNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
GTMNIS42042907H000
08 V SAN CRISTÓBAL DE L.C.
C. OCTAVIO ZUNUN AGUILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
SNAGOCO282007H400
09 VI COMITÁN DE DOMÍNGUEZ
C. RODOLFO RAMÍREZ BLANCO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
RMBLRD42041707H800
10 099 LA TRINITARIA C. ABEL TORRES HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
TRHRAB61051507H400
11 X BOCHIL C. MANUEL RUIZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
RZLPMN550J2107H900
12 013 BOCHIL C. ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
HRHRAN69052807H200
13 082
SIMOJOVEL
C. HERNÁN I. TORRES HERRERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
TRHRHR46051507H800
14 XII PICHUCHALCO C. CARLOS HUMBERTO LUNA LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
LNLPCR72042307H402
15 068 PICHUCALCO C. BEATRIZ PÉREZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
PRLPBT740933007H200
16 048 JUÁREZ C. EMIR CALDERÓN HIDALGO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
CLHDEM53090307H000
17 073 REFORMA C. ANTONIO RODRÍGUEZ SANTIAGO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
RDSNAN53021927H100
18 061 OCOZOCOAUTLA
C. SERGIO CHANONA ROVIRA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
CHRV8R58032007H700
SUP-JRC-126/2001, SUP-JRC-127/2001
y SUP-JRC-128/2001
72
19 009 ARRIAGA C. PEDRO MARTÍNEZ SANTOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
MRSNPD570104007H600
20 XVI HUIXTLA C. MARIO IRECTA SALAZAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
IRSLMR36041407H200
21 XVIII MOTOZINTLA
C. DERLY ARMANDO PÉREZ GORDILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
PRGRDR75050307H400
22 011 BELLAVISTA
C. ROSENDO ALBINO ROBLERO VÁZQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
RBVLRS61030107H300
23 034 FRONTERA COMALAPA
C. CIRO GONZÁLEZ RIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
JMRSCR67042507H401
24 XXIII VILLAFLORES C. JONATHAN RUIZ LÓPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DISTRITAL
25 020 LA CONCORDIA
C. CORAZÓN COUTIÑO ESPINOSA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
26 III IXTAPA ROSALIO RODRÍGUEZ DÍAZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL
RDDZRS20080407H300
27 VILLANUEVA VERDI J. OLIN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL
VLVLS8070907H900
De lo anterior se colige, que al celebrase la convención estatal,
no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 82 de los Estatutos
de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional,
relativo a que, para la válida celebración de la convención, se
requería más de la mitad de los miembros, que en el caso,
aceptando que el número de delegados fueran cincuenta y
cinco, tal como lo señala el propio instituto político, es claro que,
a la convención estatal, debían haber acudido cuando menos
veintiocho delegados, sin que obste para esta conclusión el
hecho de que al final del referido apéndice se listen diversas
personas que aparentemente concurrieron a la celebración del
multicitado acto, porque no está acreditado que fueren
delegados, toda vez que tal carácter, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 51 de los Estatutos de Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional, no pueden tenerlo los
invitados, como es el caso de los ciudadanos Díaz Santiago
Rolando Jordán, Díaz Santiago Roger Abigail y Antonio Pérez
Díaz; tampoco quienes se ostentan como secretarios generales,
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sin especificar a qué municipio pertenecen, como es el caso de
los ciudadanos Javier Rodríguez Jiménez, Mercedes Aguirre
(ilegible), Jorge Raymundo Silvas, Abraham (ilegible) Rosales,
Octavio Fonseca Paniagua y Mariano (ilegible) López; menos
aún quienes anotaron su nombre en la lista de asistencia sin
señalar el cargo que ocupaban, a efecto de comparecer a la
convención, como es el caso de los ciudadanos Miguel Díaz
Mondragón, Víctor Hugo Lázaro Díaz, Alfonso Mondragón
Alegría, Rogelio Domínguez Robledo, Isidoro Ruiz Alegría,
Francisco Santillán, Antonio (ilegible) Santiago, Pascual
Saragos Pérez y Ramón López Cruz. Mención especial merece
el caso del Secretario General del Comité Directivo Distrital
número IV, María Angélica Barrientos, porque consta que la
presidenta de este comité directivo, María Candelaria Vázquez
Méndez estuvo presente como miembro del citado organismo
partidista.
Cabe destacar, además, que el notario público número
veintinueve del Estado de Chiapas, quien dio fe de los hechos
ocurridos con motivo de la celebración de la primera reunión del
Consejo Estatal y la primera Convención Estatal de
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional,
llevada a cabo el veintiuno de abril del presente año, hizo
constar lo siguiente:
...EN EL CITADO LUGAR SE ENCONTRABA PRESENTE EL CAPITÁN PILOTO AVIADOR JUAN RODULFO CALDERÓN YÁNEZ, ASIMISMO LOS QUE ME EXTERNARON LLAMARSE: LICENCIADO HÉCTOR VARGAS SANDOVAL, REPRESENTANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL, CONVERGENCIA PARA LA DEMOCRACIA; EL CONTADOR PÚBLICO FRANCISCO SANTILLÁN LUCIO, SECRETARIO EN FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, ASÍ COMO UN GRUPO DE PERSONAS QUE ME DIJO EL COMPARECIENTE ERAN CONSEJEROS DEL COMITÉ
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DIRECTIVO ESTATAL, MISMOS QUE EMPEZARON A REGISTRAR SU ASISTENCIA, UNA VEZ CONCLUIDO EL REGISTRO, SE ME ENTREGÓ COPIA FOTOSTÁTICA DE LA LISTA DE ASISTENCIA, QUE CONTIENE NÚMEROS PROGRESIVOS, MUNICIPIO, NOMBRE, CARGO, FOLIO DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR Y FIRMA, ASIMISMO SE ME HIZO ENTREGA DE LA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS CONSEJEROS QUE SE ACREDITARON, A LOS CUALES SE LES ENTREGÓ UN GAFETE PARA QUE LO PORTARAN EN UN LUGAR VISIBLE. DOCUMENTOS QUE MANDÓ A AGREGAR AL APÉNDICE Y TESTIMONIO, BAJO LAS LETRAS “C” Y “D”, RESPECTIVAMENTE. ... EL COMPARECIENTE ME ENTREGÓ UNA RELACIÓN DE REGISTRO DE CUARENTA DELEGADOS DE CINCUENTA Y CINCO QUE FUERON CONVOCADOS, SEGÚN ME EXPRESÓ... EL LICENCIADO HÉCTOR VARGAS SANDOVAL, REALIZÓ LA DECLARATORIA DE QUÓRUM REGLAMENTARIO AL CONSTATAR QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS CONSEJEROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL.
De la anterior transcripción, se advierte que al fedatario público
no le constó por medio alguno que las personas que asistían
como supuestos consejeros del Comité Directivo Estatal
tuvieran efectivamente tal calidad, ni siquiera quienes se
ostentaron como presidentes de Comités Directivos Distritales o
Municipales, sino que fue el presidente del Comité Ejecutivo
Estatal quien le mencionó que tales personas tenían la citada
calidad, por lo que esta parte del instrumento notarial en
manera alguna puede considerarse como una fe de hechos,
sino que, cuando mucho, tendría el carácter de un testimonio
aislado que en poco beneficiaría al partido político interesado,
con lo que además de que no se cumple con los estatutos del
mencionado partido político respecto del quórum para sesionar
válidamente, el Notario Público no se cercioró por sí mismo
que, quienes comparecían en las calidades con las que se
ostentaron, efectivamente tuvieran los nombramientos de sus
encargos respectivos, realizados por los órganos partidistas
competentes.
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En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional considera que
Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, no
acreditaría que la coalición hubiere sido aprobada por el órgano
estatutariamente facultado para ello (la Convención Estatal, en
términos de lo dispuesto en el artículo 31, párrafo 3, in fine, de
los estatutos ya referidos), de conformidad con la propia
normativa interna, porque dicha convención se celebró sin que
estuvieran presentes más de la mitad de los delegados y,
adicionalmente, no se acreditaría que quienes se ostentaban
con los cargo de presidentes de comités directivos distritales y
municipales, efectivamente lo fueran, para lo cual pudieron
haber presentado al fedatario público, junto con una
identificación oficial, copia de su nombramiento, para que este
funcionario pudiera cerciorase, por sí mismo, que quienes
celebraban ese acto jurídico estaban jurídicamente habilitados
para ello.
Como consecuencia de lo expuesto y toda vez que en la
referida sesión de la Convención Estatal, aparentemente se
habían aprobado los documentos básicos de la Coalición, la
plataforma electoral así como la postulación de candidatos, al
haber quedado sin validez el acto en que ello ocurrió, dicha
supuesta aprobación pierde, de igual forma, cualquier efecto
jurídico para efectos de lograr el registro de la coalición “Alianza
por Chiapas”.
Por otro lado, por lo que hace a la documentación exhibida por
el Partido de la Sociedad Nacionalista, tendente a acreditar los
requisitos legales para obtener el registro como coalición con
otros institutos políticos, esta Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que
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tampoco cumpliría con los extremos previstos en las fracciones
I a IV del artículo 83 del Código Electoral del Estado de
Chiapas, toda vez que, si bien en términos de lo dispuesto por
el artículo 14, párrafo 1, inciso c), de los Estatutos de ese
instituto político, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional
suscribir todo tipo de convenios de coalición, así como delegar
la representación para esos efectos del partido político, ello no
lo excluía de la exigencia legal contenida en el artículo 84 del
referido Código Electoral local, consistente en que la coalición,
así como sus documentos básicos, plataforma electoral y
candidatos, debieran ser aprobados por el órgano partidista
estatutariamente establecido, en presencia de la Comisión de
Verificación del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado o por el notario o notarios públicos designados por dicha
autoridad.
En el caso, a foja 572 del cuaderno accesorio número uno del
expediente que se resuelve, obra original del oficio
PSN/CEN/018/2001, del veintisiete de abril del año en curso,
por el cual el representante legal y presidente del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido de la Sociedad Nacionalista
informa al Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chiapas
que la ciudadana Arlet Ninoska Castillo Molina, en su calidad de
Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, tenía facultades para
que a nombre y representación del Comité Ejecutivo Nacional
(por acuerdo de éste) efectuara, gestionara, autorizara y firmara
convenios de coalición, aprobara la plataforma común y
programática de la coalición, así como para presentar los
convenios única y exclusivamente durante el periodo electoral
del año dos mil uno. Sin embargo, de las constancias que obran
en autos, en lugar alguno se localiza instrumento público o
privado mediante el cual se acredite que el Comité Ejecutivo
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Nacional de ese instituto político hubiere acordado delegar su
facultad para suscribir convenios de coalición a la referida
ciudadana, razón por la cual cabe concluir que no está
acreditada la delegación de la citada representación por el
órgano partidista facultado, motivo por el que se debe estimar
que no se cumpliría con el requisito legal bajo estudio. Para
robustecer la anterior conclusión, este órgano jurisdiccional
federal considera preciso destacar que a foja 665 del mismo
cuaderno accesorio se lee que para suscribir el convenio de
coalición, la ciudadana aparentemente facultada para ello, sólo
exhibió el oficio al que se hizo referencia, pero no así el acta o
acuerdo por el cual el Comité Ejecutivo Nacional facultó a la
ciudadana a actuar por representación y cuenta de su instituto
político.
Lo anterior debe ser así porque, a través de lo previsto en el
Código Electoral del Estado de Chiapas se pretende que las
asambleas que se realicen por los órganos partidistas a efecto
de celebrar convenios de coalición sean auténticas, para lo cual
se establecieron dos formas que darían certeza respecto de la
celebración de esos actos. La primera, mediante la presencia
de una comisión especial de verificación conformada por la
propia autoridad electoral y, la segunda, estando presente uno
o varios notarios autorizados para esos efectos por la propia
autoridad (al momento de estarse realizando la asamblea o
sesión de aprobación de la coalición).
Por otro lado, aun cuando se considerara que no es exigible
que el acto de delegación de atribuciones deba constar en un
instrumento público y, en ese sentido, que la delegación de
atribuciones para suscribir el convenio de coalición para la
elección de diputados en el Estado de Chiapas, se hubiere
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válidamente otorgado, el hecho es que, como se apuntó, no
existe constancia alguna, siquiera en instrumento privado.
En este orden de ideas, esta Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que, en
momento alguno, el Partido de la Sociedad Nacionalista
acredita que la conformación de la coalición se aprobó por la
asamblea estatal u órgano equivalente o competente, de
conformidad con los estatutos de ese partido y en presencia de
la comisión de verificación o de uno o varios notarios, porque tal
como se lee a fojas 577 y 578 del cuaderno accesorio número
uno del presente expediente, fue la ciudadana Arlet Ninoska
Castillo Molina quien, por sí y ante sí, aprobó la coalición total
para postular candidatos comunes, a diputados de mayoría
relativa y de representación proporcional, con el Partido de la
Revolución Democrática y Convergencia por la Democracia,
Partido Político Nacional, en los veinticuatro distritos electorales
uninominales, así como la declaración de principios, programa
de acción, estatutos y plataforma electoral, de lo que se deriva
que el citado partido político omitió cumplir con un mandamiento
legal que le obligaba a aprobar la coalición en presencia del
órgano verificador o de un fedatario público, por lo que no
puede concluirse que dicho partido, con el hecho de haber
delegado en una sola persona la posibilidad de conformar una
coalición, se exceptúe del cumplimiento de la ley, por lo que los
actos de aprobación del convenio y demás documentación no
cumplen con los extremos dispuestos en el artículo 83 del
Código Electoral del Estado de Chiapas.
Adicionalmente, como consecuencia de lo expuesto y ya que
aparentemente la ciudadana antes citada había aprobado el
convenio de coalición, los documentos básicos de la misma, la
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plataforma electoral, así como la postulación de candidatos, al
haber quedado sin validez el acto en que ello ocurrió, dicha
supuesta aprobación pierde también cualquier efecto jurídico
para efectos de lograr el registro de la Coalición “Alianza por
Chiapas”.
En mérito de lo expuesto, es que debe confirmarse la sentencia
recaída al recurso de revisión y, consecuentemente, la negativa
del registro del convenio de coalición.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1°;
184; 185; 187, y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como 2°; 6°, párrafos 1 y 3; 19; 26; 27, párrafo 6
y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se:
R E S U E L V E
PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios de revisión
constitucional electoral SUP-JRC-127/2001 y SUP-JRC-
128/2001, al diverso SUP-JRC-126/2001, quedando como índice
este último, por ser el más antiguo. En consecuencia, glósese
copia certificada de la presente sentencia en los dos primero
expedientes referidos.
SEGUNDO. Se confirma la sentencia recaída al recurso de
revisión identificado con el número de expediente
TEE/REV/013-A/2001 dictada el veintiséis de junio del dos mil
uno, por la Sala “A” del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas y, en consecuencia, la negativa del registro del
convenio de coalición de “Alianza por Chiapas”, en virtud de las
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y SUP-JRC-128/2001
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razones que se exponen en el considerando cuarto de la
presente sentencia.
NOTIFÍQUESE personalmente a Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional; Partido de la Sociedad
Nacionalista, y Partido de la Revolución Democrática, en el
inmueble marcado con el número 10 de la Avenida Reforma,
Torre del Caballito, piso 26, oficina 13, colonia Tabacalera, C.P.
06320, México, Distrito Federal; por oficio a la Sala “A” del
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y al Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de Chiapas, acompañando, en
estos dos últimos casos, copia certificada de la presente
sentencia, así como publíquese por estrados. En su
oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan a
la autoridad electoral responsable y remítanse los expedientes
al archivo jurisdiccional, como asunto total y definitivamente
concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados
que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado
Leonel Castillo González quien se encuentra desempeñando
una comisión oficial, ante el Secretario General de Acuerdos
que autoriza y da fe.
(Firmas)