JA-0626/2016-I 1

JUICIO ADMINISTRATIVO: JA-0626/2016-I. ACTOR: *******. AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORELIA Y DIVERSAS AUTORIDADES. MAGISTRAD A INSTRUCTORA: CONSUELO MURO URISTA. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: MARIO PEÑALOZA RINCÓN.

Morelia, Michoacán de Ocampo, veinticinco de octubre

de dos mil diecisiete.

VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio

administrativo número JA-0626/2016-I, interpuesto por *******

por su propio derecho, contra actos atribuidos al

COMISIONADO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE

MORELIA, MICHOACÁN y el PRESIDENTE MUNICIPAL DE

MORELIA, MICHOACÁN; y

RESULTANDO:

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PRIMERO. En escrito presentado el dieciséis de agosto

de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes de este

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,

la C. *******, por su propio derecho, formuló demanda

administrativa en contra del Comisionado Municipal de

Seguridad Pública y el Presidente Municipal ambos de

Morelia, Michoacán, señalando como acto impugnado, lo

siguiente:

“II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y, EN SU CASO, LA FECHA DE NOTIFICACIÓN O LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO. La Resolución de Negativa Ficta que se configura por el silencio administrativo de las autoridades demandadas para emitir una resolución o respuesta al escrito que le presenté al Mtro. *******, ambos de data 03 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis. Así como la separación del cargo del cual me venía desempeñando ante la oficina del comisionado de seguridad municipal como oficial de vigilancia, siendo esto el día 30 treinta de mayo de 2016 dos mil dieciséis. … V. ACCIÓN INTENTADA.- La nulidad lisa y llana de la resolución de negativa ficta, configurada por el silencio administrativo de la autoridad demandada para emitir una resolución o respuesta a mi escrito de solicitud, dirigido al comisionado municipal en su calidad de autoridad demandada que anexo a la presente demanda. Se reconozcan mis derechos adquiridos y se resuelva de fondo la presente negativa ficta con las documentales adjuntas, derivado de la omisión de la autoridad demandada. La separación del cargo del cual me venía desempeñando como elemento de seguridad municipal como oficial de vigilancia. La nulidad de los resultados y procedimiento de evaluación realizados por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y control de Confianza de los cuales manifiesto bajo protesta de decir verdad no

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tener conocimiento del resultado y procedimiento, por lo que haciendo uso de la prerrogativa del artículo 234 de código de justicia administrativa (sic) solicito les sea requerida su exhibición y así poder hacer valer mi adecuada defensa, debiendo obligar a su exhibición a la autoridad de conformidad con los artículo 6 de la Constitución General de la República, 13.1 de la convención americana de derechos humanos y 19.1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos todo esto robustecido con la observación general 31 párrafos 4 y 6 del Comité De Derechos Humanos De la ONU. (…).”

SEGUNDO. Por razón de turno, esta Instructora se

avocó al conocimiento del asunto y, en auto de diecinueve de

septiembre de dos mil dieciséis, previo requerimiento de ley,

admitió a trámite la demanda, proveyó lo conducente

respecto de las pruebas ofrecidas y ordenó emplazar a las

autoridades demandadas Comisionado Municipal de

Seguridad Pública y Presidente Municipal ambos de Morelia,

Michoacán, para que dentro del término de ley formularan la

contestación respectiva.

Asimismo, se determinó que el juicio resultaba

improcedente en contra del Director General de Centro

Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza,

y en contra del acto que le atribuyó consistente en los

resultados y procedimientos de evaluación.

Se concedió la medida cautelar consistente en la

protección de datos personales, debiendo las autoridades

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abstenerse de dar vista al Sistema Nacional de Seguridad

Pública, Plataforma México, para el registro de cualquier

cambio a la situación jurídica derivada del cargo de la

accionante.

TERCERO. Mediante acuerdo de quince de noviembre

de dos mil dieciséis se tuvo a las autoridades demandadas

Comisionado Municipal de Seguridad Pública de Morelia,

Michoacán y al Presidente Municipal, dando contestación a la

demanda, planteando causales de improcedencia y

sobreseimiento del juicio, se admitieron las pruebas ofrecidas

y se concedió a la parte actora el término de ley para que de

estimarlo procedente, ampliara su demanda.

CUARTO. A través de proveído de veinticuatro de

noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por cumplida en lo

esencial la medida cautelar concedida.

QUINTO. En proveído de cinco de diciembre de dos mil

dieciséis, se tuvo a la parte actora ampliando la demanda, se

admitieron las pruebas ofrecidas y se ordenó correr traslado a

las autoridades demandadas para que dentro del término de

ley formularan la contestación a la ampliación de la demanda.

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Respecto a los actos impugnados vía ampliación de demanda

consistentes en resultados y procedimientos de evaluación

realizados por el Centro Estatal de Certificación, Acreditación

y Control de Confianza, se le indicó al actor debía estarse a lo

acordado en auto de diecinueve de septiembre de esa misma

anualidad, en el que se declaró improcedente el juicio en

relación a esos actos.

SEXTO. En auto de doce de enero de dos mil

diecisiete, se tuvo a la autorizada del Presidente Municipal de

Morelia, Michoacán y al Comisionado Municipal de Morelia,

contestando en tiempo y forma la ampliación de demanda y

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, así

como ofreciendo pruebas, y se citó a las partes a la audiencia

de ley.

SEPTIMO. El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete,

se desahogó la audiencia de ley, en la que se hizo constar la

inasistencia de la actora y de las autoridades demandadas,

se desahogaron las pruebas ofrecidas; concluido que fue el

período de pruebas se declaró abierto el período de alegatos,

derecho que fue ejercido por la parte actora por conducto de

su autorizado y por el Presidente Municipal de Morelia,

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Michoacán, por lo que se procede a emitir la sentencia

correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Competencia. De conformidad con lo

dispuesto por los artículos 3, fracción XXXIX, 143, 144, 154,

fracciones VII y XI, 163, fracción I y 272 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo

vigente (reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado

de Michoacán el dieciocho de julio de dos mil diecisiete), ésta

Instructora es competente para conocer y resolver el presente

juicio.

SEGUNDO. Determinación de las causales de

improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el

último párrafo del artículo 205, del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, una vez

realizado el examen de las constancias que integran el

presente juicio, por tratarse de una cuestión de orden público

y estudio preferente, esta instructora analizará las causales

de improcedencia o sobreseimiento del juicio administrativo,

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ya sean planteadas por las partes o las que se adviertan de

oficio.

II. 1. Así, se tiene que las autoridades demandadas

Comisionado Municipal de Seguridad Pública y

Presidente Municipal ambos de Morelia, Michoacán, tanto

en su oficio de contestación de demanda como de

contestación a la ampliación, hicieron valer causales de

improcedencia y sobreseimiento, en donde esencialmente

adujeron que el juicio debe sobreseerse con fundamento en

los artículos 205, fracción X y 206 fracción V del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al haber

quedado sin materia el juicio, toda vez que indican se le dio

respuesta a la petición mediante oficio *******de nueve de

junio del dos mil dieciséis.

Precisado lo anterior, la suscrita Magistrada Instructora

considera que las causales de improcedencia y

sobreseimiento hechas valer por las autoridades

demandadas, deben DESESTIMARSE en razón de que al

haberse impugnado en el presente juicio una negativa ficta,

las autoridades demandadas no pueden plantear aspectos

procesales para sustentar su resolución ni este Tribunal

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puede atender a dichos aspectos para resolver, sino que

debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la

negativa para declarar su validez o invalidez.

Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.

165/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo

XXIV, diciembre de dos mil seis, página 202, cuyo rubro y

texto dicen:

“NEGATIVA FICTA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO PUEDE APOYARSE EN CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PARA RESOLVERLA. En virtud de que la litis propuesta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con motivo de la interposición del medio de defensa contra la negativa ficta a que se refiere el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, se centra en el tema de fondo relativo a la petición del particular y a su denegación tácita por parte de la autoridad, se concluye que al resolver, el mencionado Tribunal no puede atender a cuestiones procesales para desechar ese medio de defensa, sino que debe examinar los temas de fondo sobre los que versa la negativa ficta para declarar su validez o invalidez.

Del mismo modo, sirve de apoyo a la anterior

determinación, la Jurisprudencia número 2a./J. 166/2006,

de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 203,

cuyo rubro y texto dicen:

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“NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN. El artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación establece la figura jurídica de la negativa ficta, conforme a la cual el silencio de la autoridad ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido durante un plazo ininterrumpido de 3 meses, genera la presunción legal de que resolvió de manera negativa, es decir, contra los intereses del peticionario, circunstancia que provoca el derecho procesal a interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva; de ahí que el referido numeral prevé una ficción legal, en virtud de la cual la falta de resolución por el silencio de la autoridad produce la desestimación del fondo de las pretensiones del particular, lo que se traduce necesariamente en una denegación tácita del contenido material de su petición. Por otra parte, uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo del que habrá de conocer el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fíctamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad.”

Esto es, la autoridad demandada al contestar la

demanda que se instaure contra la resolución negativa ficta,

sólo puede exponer como razones para justificar su

resolución negativa ficta las relacionadas con el fondo del

asunto, por lo que no podrá fundarla en cuestiones

procesales que impidan el conocimiento de fondo respecto

de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado

fictamente por la autoridad, con el objeto de garantizar a

aquél la definición de su petición y una protección más eficaz

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respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio

de la autoridad.

Analizadas las anteriores causales, y al no advertirse la

existencia de alguna otra que impida el estudio de fondo del

presente asunto, procede efectuarse el análisis de la

negativa ficta.

TERCERO. Fijación de la litis. Conforme a los

planteamientos de las partes y al desarrollo del proceso, la

litis en el presente juicio se circunscribe a lo siguiente:

- En primer término, determinar si se configuró o no la

negativa ficta alegada por la accionante respecto del

escrito presentado el tres de junio de dos mil

dieciséis ante el Comisionado Municipal de

Seguridad de Morelia, Michoacán, y en su caso,

resolver sobre el fondo de la petición de contar con

elementos suficientes.

- Determinar la legalidad o ilegalidad de la

resolución expresa emitida por el Comisionado

Municipal de Seguridad de Morelia, Michoacán.

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- Determinar la existencia del cese o despido en

del cargo que desempeñaba la accionante.

- En su caso determinar, la legalidad o ilegalidad

del cese o separación del cese, así como la

procedencia del pago de daños y perjuicios que

reclama el actor en su escrito de demanda.

CUARTO. Estudio de la configuración de la negativa

ficta. En términos del artículo 273 del Código de Justicia

Administrativa del Estado, esta instructora procede al estudio

de las personas y acciones, que fueron materia de juicio,

realizando el análisis de los argumentos planteados por la

parte actora en los que esencialmente aduce lo siguiente:

En el concepto de impugnación “PRIMERO” del escrito inicial

de demanda aduce que se incurre en su perjuicio la figura jurídica

del silencio administrativo previsto en el artículo 27 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ya que las

autoridades debieron haber dado respuesta a su escrito de

solicitud a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la

fecha de presentación del mismo, conforme al artículo 28 del

mismo Código.

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Que se presume una respuesta en sentido negativo y

desfavorable, en términos del artículo 35 del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán.

Que ha transcurrido el término que de manera supletoria

señala el Código de Justicia Administrativa del Estado de

Michoacán, para que la autoridad emita una respuesta, lo que le

deja en estado de indefensión al no atender su solicitud y

desconocer las razones y circunstancias por las que fictamente

resuelve su escrito de solicitud.

En el “SEGUNDO” concepto señala que al configurarse la

negativa ficta, le sigue causando agravio, por no contener los

elementos de validez de todo acto administrativo, de conformidad

con el artículo 4º del Código de la materia.

Que la resolución administrativa emitida fictamente, no reúne

los elementos de validez contenidos en el artículo 7, fracción VII

del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán,

consistente en la debida fundamentación y motivación.

Que la autoridad al emitir fictamente la respuesta no precisa

el o los preceptos legales, circunstancias, razones o causas que

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consideró para darle una respuesta o resolver de manera

desfavorable su solicitud formulada en el escrito de petición.

En el concepto de impugnación “TERCERO” aduce que el

acto impugnado no consta por escrito contraviniendo lo dispuesto

en el artículo 7 fracción V del Código de Justicia Administrativa del

Estado de Michoacán, toda vez que el acto que ordena su baja,

cese o despido injustificado por los servicios prestados a las

demandadas no consta por escrito.

Que la autoridad demandada nunca emitió un documento en

el que se citara, se le informara o se le notificara decisión alguna

referente al acto impugnado, lo que le deja en estado de

indefensión, lo que significa incumplimiento a un requisito de

validez de todo acto administrativo.

En el concepto de impugnación “CUARTO”, expone que las

autoridades demandadas violan en su perjuicio lo establecido por

la fracción IX del artículo 7 del Código de Justicia Administrativa

del Estado de Michoacán, al ordenar su separación sin una

responsabilidad para esa autoridad, queriendo “obligar a firmar una

renuncia”, para poder saber los resultados de su examen C3.

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Que no se le instauró un procedimiento, ni se le otorgó la

garantía de audiencia, ni fue oído ni vencido en el respectivo

procedimiento.

Que al retener sus ingresos sin mediar un procedimiento

formal, mediante el cual se le sancione, significa omisión con las

formalidades del debido proceso que establece el artículo 14

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, al no acreditar el cumplimiento de los requisitos

substanciales y principios formales que debe cumplir toda

autoridad que traiga un acto de molestia en la esfera de los bienes

del gobernado.

Que no se respetaron los principios de legalidad y seguridad

jurídica que recoge el artículo 5º del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán.

Al respecto, el Comisionado Municipal de Seguridad

Pública de Morelia, Michoacán, al contestar la demanda

esencialmente adujo lo siguiente:

Que mediante el oficio *******de nueve de junio de dos mil

dieciséis, se dio repuesta a la actora, en cumplimiento al artículo

27 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

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Que no se encontró a persona alguna en diversos días para

que recibiera el documento, por lo que se dejó a disposición de la

actora en el Departamento de Recursos Humanos.

Que nunca existió ni ha existido un silencio administrativo

que originara la negativa ficta.

Que los actos fueron realizados conforme a derecho respecto

a la respuesta realizada por esa dependencia y por no cumplir con

los requisitos que establece la ley para el ingreso a los cuerpos

policiales, toda vez que indica solo le fue informado el resultado

del proceso de evaluación de control de confianza negándose a

recibirlo.

Que le fue informado a la promovente un resultado de

evaluación realizada por el Centro Estatal de Certificación,

Acreditación y Control de Confianza con resultado de no

aprobado, haciéndolo de su conocimiento el 26 de mayo de

2016, no así el cese a que hace referencia la actora.

Que su baja fue apegada a derecho, hecho que indica

también se informa en la respuesta que emitió contenida en el

oficio *******de nueve de junio de dos mil dieciséis.

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Que por los motivos anteriores solicita el sobreseimiento del

asunto.

Por su parte el Presidente Municipal de Morelia,

Michoacán, contestó lo siguiente:

Que los conceptos de impugnación “PRIMERO, SEGUNDO y

TERCERO”, resultan inoperantes al haberse dado respuesta en

tiempo y forma a su petición de tres de junio de dos mil dieciséis,

mediante el oficio *******de nueve de junio de dos mil dieciséis,

signado por el Lic. *******en su carácter de Comisionado Municipal

de Seguridad.

Que se precedió a notificar la respuesta, sin embargo al no

encontrarse persona alguna, se dejó en disposición del

Departamento de Recursos Humanos de la Comisión Municipal de

Seguridad, para que acudiera a verificar el seguimiento de su

petición.

Que la respuesta cuenta con todos y cada uno de los

elementos de validez que señala el artículo 7 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, siendo un acto

válido, fundado y motivado.

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Que el “CUARTO” concepto de impugnación resulta

inoperante, toda vez que evaluación realizada por el Centro Estatal

de Certificación, Acreditación y Control de Confianza, trata de un

procedimiento que se realiza en términos de los artículos 74 y 88

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los

que establecen como requisito de ingreso y permanencia aprobar

los procesos de evaluación de control de confianza.

Con relación a lo anterior, la parte actora al ampliar

la demanda, esencialmente adujo lo siguiente:

En primer término señala que nunca fue notificado sobre la

respuesta de los escritos de petición de tres de junio de dos mil

dieciséis, y que la autoridad pretende fundarlo y motivarlo en oficio

sin número, de fecha inconsistente, y al haberlo obligado a firmar

la renuncia voluntaria baja presión psicológica.

En el concepto de impugnación “PRIMERO” precisa que

insiste en todos y cada uno de los conceptos de violación

precisados en el escrito inicial de demanda.

Bajo el concepto de impugnación “SEGUNDO” expone que

la resolución administrativa emitida fictamente por la autoridad

JA-0626/2016-I 18

demandada, no reúne los elementos de validez contenido en la

fracción VIII del artículo 7 del Código de Justicia Administrativa del

Estado de Michoacán.

Que el oficio *******de nueve de junio de dos mil dieciséis,

mediante el cual “supuestamente” con fecha treinta y uno de mayo

de dos mil dieciséis se dio la baja laboral debido a la evaluación

realizada por el C3, y la baja de personal de treinta y uno de mayo

de dos mil dieciséis, por no haber aprobado el “C3”, firmada por el

Director de la Oficialía Mayor y el Comisionado Municipal de

Seguridad, no cumplen con el requisito de validez de

fundamentación y motivación.

En el “TERCER” concepto de impugnación expone que la

autoridad demandada viola en su perjuicio lo establecido en los

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, ya que del acto impugnado no se desprende la

competencia con la cual actúan.

Que lo anterior es violatorio del artículo 7, fracción I del

Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en

relación con el artículo 36, fracción IV del Código Fiscal Municipal,

el cual establece que los actos administrativos que se deban

JA-0626/2016-I 19

notificar contendrán por lo menos la firma del funcionario

competente y el nombre o nombres de las personas destinatarias.

Que de la lectura del documento impugnado no se

desprende que efectivamente las autoridades demandadas hayan

realizado sus funciones de forma adecuada, ya que no delegaron

funciones a la notificadora, por ello no se satisface la obligación

constitucional de citar de manera exhaustiva la competencia.

En el “CUARTO” concepto de impugnación expone que

previo a la emisión del acto impugnado consistente en la baja de

junio de 2016 por no haber acreditado el C3, no se le otorgó

garantía de audiencia, ni se le otorgó derecho de defensa antes de

dictar el acto de autoridad privativo de sus derechos, lo que indica

constituye una grave violación a sus derechos humanos, dejándolo

en estado de indefensión.

Que al haberse dictado un acto privativo de sus funciones, se

omitió realizar a través de un procedimiento en el que se observen

las formalidades esenciales del procedimiento conforme lo

disponen los artículos 14 y 16 de la constitución federal, a través

de las cuales se garantice una defensa previa y adecuada, en

concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Convención

Americana de los Derechos Humanos de la cual México es parte.

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Que la separación de su cargo de forma ilegal como

elemento de policía municipal, debió emanar de un procedimiento

administrativo, omisión que le afecta no sólo en su situación

laboral-administrativa, sino económica y moral.

Que al no haber un procedimiento administrativo ajustado a

derecho y revestido de los principios de legalidad, imparcialidad,

seguridad jurídica, agilidad, transparencia, eficiencia, eficacia y

buena fe, el acto acrece de los elementos de validez contenidos en

los artículos 5 y 7 fracciones II, XI, y X del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán.

Que los actos impugnados deben declararse nulos al no

habérsele otorgado la garantía de audiencia y seguridad jurídica

que le diera la oportunidad de defensa previa al acto privativo de

su derecho a continuar desempeñando el cargo del que indebida e

ilegalmente fue separado, al omitir los requisitos rectores de todo

procedimiento, encontrándose afectado de nulidad y en

consecuencia sin efectos jurídicos, atento a lo dispuesto en los

artículos 10 y 11 del Código de Justicia Administrativa del Estado

de Michoacán.

JA-0626/2016-I 21

Por su parte, la autoridad demandada Comisionado

Municipal de Seguridad Pública de Morelia, Michoacán,

en la contestación a la ampliación manifestó esencialmente lo

siguiente:

Que los conceptos, hechos y manifestaciones que señala la

actora se soslayan los hechos reales donde existió una relación

entre ******* y el Ayuntamiento de Morelia, pero que la actora

nunca fue policía al no acreditar los exámenes de control y

confianza, requerimiento sine qua non para realizar las funciones

de policía, y que estas no son condicionales para ser oficial de

vigilancia, puesto que desempeñaba la actora.

Que por lo anterior, solicita el sobreseimiento del asunto, al

no ser procedente de acuerdo al artículo 206 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

El Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, en

su contestación a la ampliación de la demanda, expuso:

En relación al “PRIMER” concepto de violación señala que

insiste en todos y cada una de las contestaciones a los conceptos

de violación del escrito de contestación demanda.

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Por lo que ve a los conceptos de impugnación “SEGUNDO y

TERCERO”, expone que resultan inoperantes al haberse dado

respuesta en tiempo y forma a su petición de tres de junio de dos

mil dieciséis, mediante el oficio *******de nueve de junio de dos mil

dieciséis, signado por el Lic. *******en su carácter de Comisionado

Municipal de Seguridad.

Que se precedió a notificar la respuesta, sin embargo al no

encontrarse persona alguna, se dejó en disposición del

Departamento de Recursos Humanos de la Comisión Municipal de

Seguridad, para que acudiera a verificar el seguimiento de su

petición.

Que la respuesta cuenta con todos y cada uno de los

elementos de validez que señala el artículo 7 del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, siendo un acto

válido, fundado y motivado.

Que la evaluación realizada por el Centro Estatal de

Certificación, Acreditación y Control de Confianza, trata de un

procedimiento que se realiza en términos de los artículos 74 y 88

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los

que establecen como requisito de ingreso y permanencia aprobar

los procesos de evaluación de control de confianza.

JA-0626/2016-I 23

Acotado lo anterior, la suscrita Magistrada Instructora

considera que en el caso concreto se encuentra

configurada la negativa ficta imputada al demandado

Comisionado Municipal de Seguridad Pública de Morelia,

Michoacán, al no haber emitido respuesta al escrito que le fue

presentado el tres de junio de dos mil dieciséis, en razón de

las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

El Código de Justicia Administrativa del Estado de

Michoacán, establece como regla general, el requisito de la

decisión previa para la procedencia de una acción ejercida

ante este Tribunal de Justicia Administrativa.

Esto es, no son admisibles pretensiones sin la

existencia de una manifestación de voluntad de la entidad

pública en relación a la cual la pretensión se formula.

Tal regla, empero, obliga a ciertas matizaciones en los

supuestos de reacción frente a actuaciones materiales o de

hecho, según que estén o no legitimadas por un acto

administrativo. Si están legitimadas por un acto

administrativo, evidentemente la pretensión procesal deberá

dirigirse contra el mismo; pero si falta el acto administrativo

JA-0626/2016-I 24

legitimador o existiendo éste no es debidamente notificado,

se estará ante una auténtica vía de hecho frente a la que se

podrá reaccionar, además de las diversas vías procesales

admitidas con carácter general, por la del proceso

administrativo.

En este último supuesto, para que el requisito de la

decisión previa no pueda utilizarse como medida para evitar o

demorar el acceso a la jurisdicción, el artículo 36, último

párrafo, del Código de Justicia Administrativa del Estado de

Michoacán, consagra la presunción de que se entenderá

denegada la petición o recurso que se hubiese formulado o

presentado ante la autoridad administrativa por el transcurso

de los plazos previstos sin haberse notificado resolución

expresa alguna.

El silencio administrativo aparece como una presunción

legal, como una ficción que la ley establece a favor del

administrado, que puede entender desestimada su petición o

recurso para el sólo efecto de poder deducir frente a la

denegación presunta la pretensión admisible. El silencio

administrativo tiene alcance procesal de dejar abierta la

JA-0626/2016-I 25

posibilidad de los particulares para poder acudir ante este

tribunal a ejercer la acción correspondiente.

Los requisitos para que se materialice o configure la

denegación presunta o negativa ficta, son los siguientes:

1. La existencia de una petición de los particulares a la

administración pública.

2. La inactividad de la administración.

3. El transcurso del plazo previsto en la ley de la

materia.

En el caso concreto, el primero de los requisitos se

encuentra satisfecho, toda vez que a fojas 19 y 20 de autos,

se observa el escrito la actora *******, dirigió y presentó al

Comisionado Municipal de Seguridad Pública de Morelia,

el tres de junio de dos mil dieciséis, como consta en el sello

de recibido, documental privada que no fue objetada por las

autoridades demandadas y a la cual se le concede valor

probatorio pleno de conformidad con los artículos 440 y 538

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de

Michoacán, de aplicación supletoria del Código de Justicia

JA-0626/2016-I 26

Administrativa del Estado de Michoacán, por disposición

expresa de su numeral 263.

Del mismo modo, el segundo y tercero de los requisitos

se encuentran satisfechos, dada la inactividad de la autoridad

demandada Comisionado Municipal de Seguridad Pública de

Morelia, Michoacán, al no haber dado respuesta dentro del

término de ley a la petición formulada por la actora el tres de

junio de dos mil dieciséis, toda vez que de ésta fecha a la de

presentación de la demanda del presente juicio administrativo

–dieciséis de agosto de dos mil dieciséis-, evidente resulta que ya

había transcurrido un plazo mayor a los treinta días de que

disponía la autoridad para resolver lo conducente (toda vez

que los treinta días transcurrieron del tres de junio de dos mil

dieciséis al catorce de julio de la misma anualidad), como lo

establece el artículo 35 en correlación con el numeral 28

primer párrafo del Código de Justicia Administrativa del

Estado de Michoacán, numerales aplicables dada la

naturaleza meramente administrativa de la petición de la

actora, consistente esencialmente en que se le informara la

situación de su cargo, en caso de que se hubiere decretado

la baja del mismo, le fuera entregada copia certificada,

JA-0626/2016-I 27

asimismo, solicitó copia certificada de las constancias que

integran su expediente personal y se le informara sobre las

compensaciones y prestaciones que tiene derecho a percibir;

como se desprende del escrito de solicitud que obra a fojas

19 y 20 de autos.

En tal virtud, al haber transcurrido en exceso el plazo

concedido por la ley para que la autoridad diera

respuesta a lo solicitado por la ahora actora, ocasiona

que se configure la negativa ficta.

Sin que sea óbice a lo anterior, que tanto el

Comisionado Municipal de Seguridad Publica de Morelia,

Michoacán como el Presidente Municipal, en su contestación

a la demanda y la correspondiente contestación a la

ampliación, manifestaran que se dio respuesta mediante el

oficio *******de nueve de junio de dos mil dieciséis, mismo

que se procedió a notificar pero que al no encontrarse

persona que recibiera “documento alguno en diversos días”,

se dejó en disposición del Departamento de Recursos

Humanos de la Comisión Municipal de Seguridad, para que la

ahora actora acudiera a verificar el seguimiento de su

petición; toda vez que no ofrecen ni exhiben prueba alguna,

JA-0626/2016-I 28

de la que se advierta que efectivamente se haya constituido

el notificador en el domicilio señalado por la actora para oír y

recibir notificaciones, que no se encontró a la actora o a

alguno de sus autorizados para recibir notificaciones, que se

hayan precisado las fechas en que se constituyó, y que en

razón de ello se hubiera ordenado se dejara el documento a

disposición de la actora en el Departamento de Recursos

Humanos para que acudiera a darle seguimiento.

Aunado a lo anterior, la actora en su escrito de

ampliación de demanda manifestó que nunca fue le fue

notificado la respuesta del escrito de petición de tres de junio

de dos mil dieciséis, sin que las autoridades hubieren

demostrado lo contrario; por tanto no se puede considerar

que la autoridad diera contestación a la petición que nos

ocupa con el oficio *******de nueve de junio de dos mil

dieciséis citado, lo cual deja en evidencia la configuración de

la negativa ficta.

Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, la

jurisprudencia número 2a./J. 81/2001, de la Segunda Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV,

JA-0626/2016-I 29

Enero de 2002, Novena Época, página 72, cuyo rubro y texto

dicen:

“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Si del análisis relacionado de los artículos 37, primer párrafo, 210, fracción I y 215 del Código Fiscal de la Federación, así como de las fracciones IV y XV y penúltimo párrafo del diverso numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se desprende que cualquier petición formulada a la autoridad fiscal que no sea contestada en un plazo de tres meses se considerará resuelta de forma negativa y, por ende, que al ser esta materia del conocimiento exclusivo del citado tribunal podrá impugnarse ante él, es indudable que la falta de contestación en el lapso indicado a la solicitud formulada para que cancele una fianza y el crédito fiscal respectivo, configura una negativa ficta que causa agravio al contribuyente, de manera que éste podrá acudir, en defensa de sus intereses, ante el citado órgano jurisdiccional administrativo. Además, a través de la impugnación de esa negativa ficta por el interesado, se podrá obligar a la autoridad a que en la contestación dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho en que sustente aquélla, esto es, si bien es cierto que la facultad de la autoridad hacendaria para cancelar o no aquellos actos es discrecional, también lo es que dicha atribución no es arbitraria, por lo que está sujeta a los requisitos de fundamentación y motivación aludidos; de lo contrario, se llegaría al extremo de dejar en estado de indefensión al particular por el simple hecho de considerar que la autoridad fiscal responsable goza de facultades discrecionales, de manera que ésta debe emitir una resolución en donde se haga del conocimiento del gobernado las causas por las cuales deniega la petición hecha en la solicitud relativa y fundar la facultad discrecional que tenga para no hacerlo.”

Del criterio jurisprudencial transcrito aplicado al caso en

particular, se colige de manera diáfana que, las autoridades

al no haber dado respuesta al escrito presentado por la parte

JA-0626/2016-I 30

actora, dentro del plazo previsto en el artículo 28, primer

párrafo del Código de Justicia Administrativa del Estado de

Michoacán, se actualiza la negativa ficta.

Establecido lo anterior y tomando en consideración que

en el caso concreto, existió de forma posterior a la

presentación de la demanda una resolución por parte de la

demandada Comisionado Municipal de Seguridad Pública de

Morelia, Michoacán, misma que fue notificada a la actora el

veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, al haberle

notificado el auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis

donde se tuvo por contestada la demanda a la autoridad,

según se observa de la foja 114 de autos, dicha resolución

será analizada como la resolución negativa expresa de la

autoridad, lo cual se hará en epígrafes subsecuentes.

Igualmente apoya la anterior determinación, la

Jurisprudencia 2a./J. 52/2010, sustentada por la Segunda

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página

839, cuyo rubro y texto dicen:

JA-0626/2016-I 31

“RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA. CUANDO LA AUTORIDAD DEMANDADA LA EMITE Y NOTIFICA AL ACTOR AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA EN UN JUICIO PRIMIGENIO INSTAURADO EN CONTRA DE UNA NEGATIVA FICTA, PUEDE SER IMPUGNADA MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UN JUICIO AUTÓNOMO O MEDIANTE AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Conforme a los artículos 16, fracción II, y 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, similares a los numerales 209 BIS, fracción II, y 210, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2005, el actor puede ampliar su demanda cuando la autoridad demandada acompañe a su contestación constancia de la resolución administrativa y de su notificación; ampliación que deberá circunscribirse al plazo de 20 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que tenga por presentada la contestación de la autoridad administrativa. Ahora bien, del estudio de los dispositivos legales señalados se advierte que cuando la autoridad demandada emite y notifica al actor una resolución negativa expresa, al contestar la demanda en un juicio instaurado contra una negativa ficta, no es viable circunscribir el derecho del gobernado para combatirla en el plazo otorgado para la ampliación de la demanda, en virtud de que tal acto es autónomo e independiente de la negativa ficta impugnada en el juicio de nulidad primigenio, aun cuando compartan los mismos antecedentes. En consecuencia, el particular conserva su derecho a promover un nuevo juicio dentro de los 45 días siguientes al en que surta efectos la notificación que de la negativa expresa se realice en términos del numeral 13, fracción I, de la Ley citada o, en su caso, a ejercer la facultad de ampliar su demanda dentro del plazo de 20 días previsto en el mencionado artículo 17, pues si se estimara que la única vía procedente para impugnar la resolución expresa es en la ampliación, se afectaría al gobernado, dejándolo en estado de indefensión.”

Una vez configurada la negativa ficta, procede entrar a

la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el

accionante en su escrito presentado el tres de junio de dos

mil dieciséis y negado fictamente por la autoridad, de forma

tal, que se resuelva la situación de incertidumbre jurídica del

JA-0626/2016-I 32

ahora actor provocada por la falta de respuesta de las

autoridades demandadas.

Establecido lo anterior, es dable señalar que uno de

los propósitos esenciales de la configuración de la negativa

ficta se refiere a la determinación de la litis sobre la que

versará el juicio administrativo, la cual no puede referirse a

otra cosa, sino a la materia de fondo de lo pretendido

expresamente por el particular y lo negado fictamente por la

autoridad con el objeto de garantizar al particular la definición

de su petición y una protección más eficaz respecto de los

problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad.

Por lo tanto, una vez actualizada ésta, la autoridad

demandada al formular su contestación de demanda, debe

dar los motivos y fundamentos en que apoyó esa negativa

para que posteriormente el impugnante esté en condiciones

de combatir la legalidad de dicha resolución. En ese sentido,

los motivos y fundamentos que la sustentan quedan

expuestos, en general, hasta que la autoridad contesta la

demanda, por ello, cuando produce su contestación se le

otorga el derecho a la parte actora para ampliar su escrito de

demanda en términos de lo dispuesto por el primer párrafo

JA-0626/2016-I 33

del artículo 238 del Código de Justicia Administrativa del

Estado de Michoacán1 con el fin de que esté en aptitud de

combatir las razones y fundamentos esgrimidos por la

autoridad demandada en la resolución negativa expresa.

De todo lo anterior se concluye que no basta que se

tenga por configurada la negativa ficta, sino que es necesario

analizar el fondo de la cuestión planteada en el escrito del

cual derivó la negativa ficta; por tanto, el estudio de las

prestaciones solicitadas en la demanda debe hacerse a la luz

de la petición planteada siempre que existan elementos para

que este Tribunal esté en condiciones de abordar el estudio

de fondo.

Al respecto resulta aplicable la tesis IV.2o.A.40 A (10a.),

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, décima época, Libro XIX, Abril de

2013, Tomo 3, registro 2003418, página 2293, que dice:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DERIVADA DE LA IMPUGNACIÓN DE UNA NEGATIVA FICTA, QUE NO

1 Artículo 238. El actor tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda, cuando se impugne una negativa ficta.

JA-0626/2016-I 34

ATIENDE A LAS CUESTIONES DE FONDO DEBATIDAS O NO RESUELVE SOBRE LOS DERECHOS SOLICITADOS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY QUE DEJA SIN DEFENSA AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD Y, POR TANTO, ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 166/2006). El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de audiencia, dentro de cuyas formalidades se encuentran las oportunidades de ser llamado, probar, alegar y obtener una resolución que dirima la cuestión debatida. Por su parte, el precepto 17 del propio ordenamiento prevé el derecho de acceso a la justicia, compuesto por el derecho a una justicia completa, consistente en emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantizar al gobernado que se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que aduce. Ahora bien, la negativa ficta consiste en estimar que el silencio de la autoridad administrativa ante una petición formulada, extendido por cierto plazo, genera la presunción legal de que se resolvió en sentido negativo, por lo que es razonable sostener que ello ocurre en cuanto al fondo de tal pretensión, por ser precisamente lo que se presume negó la autoridad omisa, de tal manera que al acudir ante los tribunales a impugnar esa determinación, el estudio de su validez sólo puede versar sobre el fondo de lo pretendido, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 166/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 203, de rubro: "NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN.", obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En tal virtud, la resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, derivada de la impugnación de una negativa ficta, que no atiende a las cuestiones de fondo debatidas o no resuelve sobre los derechos solicitados, por ejemplo, al pronunciarse sobre la excepción de prescripción de la acción hecha valer por la autoridad demandada, transgrede directa y notoriamente los derechos de audiencia y de acceso a la justicia del solicitante, por no dirimir la cuestión debatida y resolver si asiste o no la razón al gobernado sobre la legitimidad jurídica de su reclamo; de ahí que esa violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al actor en el juicio

JA-0626/2016-I 35

de nulidad, justifique suplir la queja deficiente con base en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo.

QUINTO. Estudio de la legalidad o ilegalidad de la

resolución expresa. En primer término conviene precisar el

contenido de la solicitud formulada por la parte actora al

Comisionado Municipal de Seguridad Pública de Morelia,

Michoacán, a la que recayó la resolución negativa ficta

impugnada, misma que contiene la exposición y petición que

se transcribe a continuación en la parte que nos interesa:

“MTRO. *******. COMISIONADO MUNICIPAL DE SEGURIDAD. PRESENTE.

*******, mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en calle ******* No. ******* (…)

ANTECEDENTES PRIMERO.- Ingresé a laborar en el Centro de Atención a Víctimas del Delito Municipal, conocido como Unidad Morelia el día 18 de febrero del año en curso, con puesto de oficial de vigilancia, por lo que me fue asignado el número de empleado *******, desarrollando mis actividades de forma normal bajo los principios de honradez, profesionalismo, legalidad y estricto apego a los derechos humanos. SEGUNDO. En data 31 de mayo del año en curso, fui llamada por personal del departamento de recursos humanos con la finalidad de que se pasara a recoger unos documento (sic), situación que sucedió en cuanto me fue posible por lo que una persona del sexo femenino de la cual desconozco su nombre me informó que estaba dada de baja y que ya no me presentara a laborar por instrucciones de usted.

PETICIÓN

JA-0626/2016-I 36

PRIMERO.- Se me informe por escrito, mi situación jurídica actual respecto del cargo que vengo desempeñando dentro de esa institución a su muy digno cargo. SEGUNDO.- En el supuesto de que se hubiere ordenado mi baja que trae como consecuencia la separación del cargo que venía desempeñando; solicito se me expida copia certificada de dicha baja. TERCERO.- Así mismo sirva la presente para solicitar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran mi expediente personal laboral, en el que debe de contener en contrato laboral de prestación de servicios. CUARTO.- Me informe que compensaciones y prestaciones se tiene como derecho a percibir al ser elemento de seguridad pública. (…)

De la documental transcrita, misma a la que ya se le

concedió pleno valor probatorio en epígrafes que anteceden,

se observa que la pretensión de la hoy actora ante la

autoridad administrativa, consistió esencialmente en que se le

informara por escrito la situación jurídica que tenía en ese

momento respecto del cargo que venía desempeñando, que

en el supuesto de que se hubiere ordenado su baja le fuera

expedida copia certificada de la misma, solicitó también copia

certificada de todas y cada una de las constancias que

integran su expediente personal laboral, así como que se le

informara que compensaciones y prestaciones se tiene como

derecho a percibir al ser elemento de seguridad pública.

JA-0626/2016-I 37

Al respecto, la autoridad en el oficio *******de nueve de

junio de dos mil dieciséis precisó que con fecha “treinta y uno

de mayo” la actora fue dada de baja, en virtud de los

resultados de la evaluación realizada por el Centro Estatal de

Acreditación, Certificación y Control de Confianza, señaló que

anexaba copia certificada de la baja respectiva al oficio de

referencia, y refirió que las prestaciones a las que tuvo

derecho la actora lo son las enmarcadas en la Ley Federal

del Trabajo y las establecidas en las Condiciones Generales

del Trabajo; aspectos que las autoridades demandadas

Comisionado Municipal de Seguridad Pública y Presidente

Municipal de Morelia, reiteraron en la contestación de

demanda y contestación a la ampliación, lo que evidencia la

existencia del cese del cargo del actor.

Siendo factible señalar, que en su escrito de petición la

actora manifestó que en fecha treinta y uno de mayo de dos

mil dieciséis fue llamada por personal del departamento de

recursos humanos con la finalidad de que pasara a recoger

unos documentos, y que una persona del sexo femenino de

la cual desconoce su nombre, le informó que estaba dada de

baja y que ya no se presentara a laborar por instrucciones del

JA-0626/2016-I 38

Comisionado Municipal, hecho que corrobora en su escrito de

demanda en donde precisó lo siguiente:

“el 30 treinta de mayo de esta misma anualidad fui llamada al departamento de recursos humanos dependiente de la oficina del comisionado de seguridad municipal, donde una persona del sexo masculino de la cual desconozco su nombre me notificó de forma verbal que no aprobé el supuesto examen C3, y que para entregarme el resultado tenía que firmarle una baja voluntaria que ya se encontraba hecha a mi nombre y que únicamente tenía que firmar…”

En esa tesitura, debe decirse en de manera preliminar

que, si bien la actora impugna la separación o cese verbal

del cargo que desempeñaba como oficial de vigilancia,

también debe señalarse que en la respuesta recaída a su

escrito de petición contenida en el oficio *******de nueve de

junio de dos mil dieciséis, emitida por el Comisionado

Municipal de Seguridad, informó que con fecha 31 de mayo

de dos mil dieciséis se le dio de baja “en virtud de que se

le hizo del conocimiento de los resultados de la evaluación

realizada por el Centro Estatal de Acreditación, Certificación

y Control”, de ahí que se determina que aun cuando la actora

manifestó que ocurrió un cese verbal de su cargo, lo cierto es

que sí existe una baja de su cargo de oficial de vigilancia,

que se corrobora con el formato de baja de personal de

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, visible a foja 52

JA-0626/2016-I 39

de autos exhibido por la propia autoridad demandada, mismo

que contiene el visto bueno del Comisionado Municipal de

Seguridad, del que se advierte el motivo de la baja lo fue por

no haber aprobado el examen de control de confianza, al

cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con

los artículos 440 y 538 del Código de Procedimientos Civiles

del Estado de Michoacán, de aplicación supletoria del Código

de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, por

disposición expresa de su numeral 263.

De que lo que se arriba a la conclusión de que en

autos se encuentra plenamente demostrada la existencia

de la separación del cargo de oficial de vigilancia, la cual

aconteció el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en

consecuencia, en el caso se acredita uno de los requisitos

indispensables para que el presente juicio prospere que es,

precisamente la materialización del acto combatido.

Sin que sea obstáculo para lo anterior que al contestar

la demanda el Comisionado Municipal de Seguridad de

Morelia, Michoacán haya exhibido dentro del expediente

personal de la actora (en atención al escrito de tres de junio

de dos mil dieciséis motivo de la negativa ficta), la renuncia al

JA-0626/2016-I 40

puesto de oficial de vigilancia de fecha quince de abril de dos

mil dieciséis, en virtud de que dicha documental -visible a foja 57

de autos-, si bien obra en copia certificada y se encuentra

dirigida al Mtro. *******Comisionado Municipal de Seguridad,

no contiene sello de recepción alguno, con el cual se

acreditara que la renuncia de mérito efectivamente fue

presentada por el demandante y que fue acusada de recibo

por la autoridad correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, es que prevalece la

existencia de la baja del cargo de oficial de vigilancia,

contenida en el formato de baja de personal de treinta y

uno de mayo de dos mil dieciséis, visible a foja 52 de

autos exhibido por la propia autoridad demandada, mismo

que contiene el visto bueno del Comisionado Municipal de

Seguridad, por lo que a continuación, se procederá a analizar

la legalidad o ilegalidad del mismo.

V.1 Precisado lo anterior, tomando en cuenta que al

contestar la demanda las autoridades señalaron que la

respuesta a la petición de la actora *******, se encuentra

contenida en el oficio *******de nueve de junio de dos mil

JA-0626/2016-I 41

dieciséis, emitido por el Comisionado Municipal de

Seguridad, mediante el cual precisa que con fecha 31 de

mayo de dos mil dieciséis la actora fue dada de baja, lo que

indicó se corrobora con el formato de personal de treinta y

uno de mayo de dos mil dieciséis; de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 274, segundo párrafo, del Código de

Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,

que establece que cuando se hagan valer diversas causas

de ilegalidad, se deberán examinar primero aquellas que

pueden llevar a declarar la nulidad lisa y llana, esta

Juzgadora se avoca al estudio del cuarto concepto de

violación del escrito inicial de demanda y de la ampliación de

demanda de la actora en lo que esencialmente manifestó

que las demandadas violan en su perjuicio lo establecido por

la fracción IX del artículo 7 del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán, toda vez que previo

a la emisión del acto impugnado consistente en la baja no se

le otorgó garantía de audiencia, ni se le otorgó derecho de

defensa, omitiéndose realizar a través de un procedimiento

en el que se observaran las formalidades esenciales del

procedimiento conforme lo disponen los artículos 14 y 16 de

la constitución federal,

JA-0626/2016-I 42

Al respecto las autoridades demandadas expusieron

que la evaluación se realizó en términos del artículo 74 y 88

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad

Pública.

Conceptos de impugnación que en consideración de

esta Juzgadora resultan FUNDADOS, y en consecuencia,

inoperantes las excepciones de defensa de las autoridades

demandadas, en atención a las siguientes consideraciones

de hecho y de derecho:

De manera preliminar es menester precisar que el

accionante al desempeñarse como elemento en una

institución de Seguridad Pública, le son aplicables las

disposiciones contenidas en la fracción XIII, del apartado B,

del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como las establecidas en la Ley del

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Michoacán2,

vigente en el momento de los hechos cuya nulidad demanda;

ordenamiento que establece que dichos elementos deben

cumplir con las obligaciones que dispone el artículo 140, a fin

2 Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el once de diciembre de dos mil catorce.

JA-0626/2016-I 43

de permanecer en el cargo ostentado, cuyo incumplimiento

da origen a la separación del mismo, legislación esta última

que se considera aplicable al caso concreto, tomando en

cuenta que el Comisionado Municipal de Seguridad de

Morelia, en su contestación a la demanda (foja 46 de autos),

expuso que la causa de la baja de la actora lo fue por no

aprobar el examen de control de confianza, requisito para los

integrantes de las instituciones de seguridad pública según la

citada Ley, de lo que se advierte que la propia autoridad

reconoce la calidad de policía de la ahora actora *******,

máxime que del resultado del proceso de evaluación de

control de confianza, se advierte que efectivamente

desempeñaba el cargo de policía, ya que se determina

“PUESTO: POLICÍA DE REACCIÓN.”

En el caso, la separación del cargo de los elementos de

seguridad pública es una forma de conclusión del servicio

conforme a lo dispuesto en el artículo 166, fracción I, de la

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de

Michoacán, que señala:

Artículo 166. La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:

JA-0626/2016-I 44

I. Separación: por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos; y, b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables…

Del precepto legal transcrito se desprende que la

separación constituye una causa de terminación o cesación

del cargo, que se impone al elemento de seguridad pública

que incumple con cualquiera de los requisitos de

permanencia, lo que se encuentra previsto también en el

artículo 131, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del

Estado, cuyo texto dice:

…Artículo 131. Los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes vigentes, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá la indemnización. Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente.

De lo anterior se tiene que por virtud del incumplimiento

a los requisitos de permanencia, se le impide al elemento

continuar en la corporación policiaca, concluyéndose la

relación administrativa. Por tanto, evidentemente la

determinación de separación del actor del cargo que

desempeñaba, constituye un acto privativo por el cual se

JA-0626/2016-I 45

suprimió en definitiva su derecho a permanecer en el cargo

consignado en el artículo 146, de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo3,

ordenamiento que además dispone que dicha separación

deberá llevarse a cabo sólo en los casos y a través de los

procedimiento previstos en la misma ley.

Al respecto conviene señalar que los artículos 14 y 16

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establecen la garantía de seguridad jurídica, prerrogativa que

tiene todo individuo de que su esfera jurídica no sea

modificada, sino por medio de procedimientos apegados a

derecho, a fin de que las autoridades estatales no apliquen

arbitrariamente el orden jurídico.

Ahora, la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en los numerales referidos en el párrafo que

antecede, distingue y regula dos tipos de actos4, a saber:

3 Artículo 146. Los integrantes de los cuerpos de Seguridad Pública tendrán derecho de iniciar y realizar la carrera de policía y a obtener ascensos, y no podrán ser privados del derecho de permanecer en el empleo respectivo, salvo en los casos y mediante el procedimiento previsto en esta Ley. 4 Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

JA-0626/2016-I 46

Actos de privación; y,

Actos de molestia.

Los primeros -privación- son aquellos que producen

como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva

de un derecho del gobernado; los autoriza solamente a través

del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el

artículo 14 constitucional como son, la existencia de un juicio

seguido ante un tribunal previamente establecido, que se

cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento.

En cambio, los actos de molestia que, pese a constituir

afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los

mismos efectos que los privativos, pues sólo restringen de

manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de

proteger determinados bienes jurídicos y su legalidad está

determinada, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y

cuando preceda mandamiento escrito girado por una

autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta

funde y motive la causa legal del procedimiento.

JA-0626/2016-I 47

Orienta lo anterior la jurisprudencia 40/1996 del Pleno

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y

texto se transcriben a continuación:

“ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural

JA-0626/2016-I 48

perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.”

En razón de lo anterior, como ya se señaló en el

presente caso se está ante un acto privativo emitido en

perjuicio del actor, ya que con la emisión de éste, se le

impide al elemento continuar en la corporación policiaca,

concluyéndose la relación administrativa afectando su esfera

jurídica, en virtud de lo cual debieron cumplirse los requisitos

establecidos en el artículo 14, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

De manera que, las autoridades demandadas, previo

a decretar la separación de ******* como oficial de vigilancia,

debieron seguir el procedimiento administrativo conducente

para determinar la terminación de la relación administrativa,

ya fuere por el incumplimiento de los requisitos de ingreso o

permanencia, o por virtud de alguna causa de

responsabilidad.

Sin embargo, de las constancias de autos no se

desprende que a ******* se le haya seguido procedimiento

alguno por parte de las autoridades demandadas previo a la

emisión del oficio de baja de treinta y uno de mayo de dos

mil dieciséis, en donde se respetaran las formalidades

JA-0626/2016-I 49

esenciales del procedimiento, a fin de garantizarle una

adecuada defensa antes del acto de privación, requisitos que

deben resumirse de la siguiente forma:

a) Notificación del inicio del procedimiento;

b) Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que

se finque la defensa;

c) La oportunidad de alegar; y,

d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones

debatidas.

En efecto, las autoridades demandadas en la

determinación de separar a *******, de la institución de

seguridad pública municipal, en cumplimiento al precepto

constitucional citado, debieron observar en el caso lo

dispuesto en los artículos 170 y 172 de la Ley del Sistema de

Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, que

son del tenor siguiente:

…Artículo 170. El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución, la Constitución Estatal, la presente Ley y los ordenamientos legales aplicables, y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.

Artículo 172. El procedimiento iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la unidad operativa que corresponda,

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dirigida a la unidad de asuntos internos de la Secretaría, quien realizará las diligencias necesarias, instruirá el procedimiento y propondrá a la Comisión de Honor y Justicia el proyecto de resolución que resulte. El presunto infractor tendrá derecho de audiencia en el procedimiento instaurado y podrá hacerse acompañar de persona que lo asista. Los procedimientos deberán realizarse con estricto apego a las disposiciones legales aplicables y observará en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento.

En ese sentido, se evidencia que asiste razón la

demandante cuando afirma que se violentó por parte de las

autoridades demandadas su garantía de defensa, en razón

de lo cual, al no haberse sustanciado frente a *******, un

procedimiento legal, previo al acto privativo de su derecho de

permanencia en el cargo de oficial de vigilancia, en el que se

respetaran sus garantías de audiencia y debido proceso, es

de concluirse que se violaron en perjuicio de ésta lo

preceptuado en los artículos 146, 171 y 172 de la Ley del

Sistema de Seguridad Pública del Estado, generando la

ilegalidad del acto impugnado en términos del artículo 275,

fracción III, del Código de Justicia Administrativa del Estado

de Michoacán5, y transgrediendo además las garantías de

audiencia y debido proceso consagradas en el artículo 14 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya

5 Artículo 275. Se declarará que un acto administrativo es ilegal, cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: III. Vicios del procedimiento que afecten la defensa del particular;

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que incluso la falta de claridad o precisión en la norma

respecto a las reglas del procedimiento que debe seguirse

para determinar la conclusión del servicio de los integrantes

de las instituciones de seguridad pública, no es óbice para

respetar la garantía constitucional de audiencia.

Guarda aplicación a lo anterior, en lo conducente, la

tesis de Jurisprudencia en materia administrativa, emitida por

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, con número de registro 812708, de rubro y texto

siguientes:

POLICÍAS, BAJA DE. DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Aunque la ley del acto no establezca requisitos ni formalidades que deban satisfacerse previamente a la emisión del acuerdo reclamado, la autoridad gubernativa está obligada a observar las formalidades necesarias para respetar la garantía de previa audiencia que consagra el artículo 14 constitucional. Por tanto, la circunstancia de que el artículo 28 del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal faculte al jefe de la Policía para remover libremente a los elementos de la misma, no lo exime de la obligación de oír en defensa al que vaya a ser afectado con una remoción, en el procedimiento correspondiente, ya que los miembros de tal corporación no están al margen de los efectos protectores de la Constitución, la que claramente estatuye en su artículo 14 que "nadie" podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que se oiga al que debe sufrir la privación. La garantía de audiencia rige, por consiguiente, en relación con todos los gobernados sin excepción, y su transgresión constituye una violación a la Carta Magna.

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De igual manera, guarda aplicación, la jurisprudencia

número XIX.2° J/11, con registro 196975, emitida por el

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en

Materia Administrativa, consultable en la Novena Época del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII,

del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, página

996, que en su rubro y texto indican:

GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL QUEDAN EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, SI PREVIAMENTE A LA ORDEN DE DESTITUCIÓN O CESE NO HAN SIDO OÍDOS. La sanción de destitución o cese de un agente de la Policía Judicial Federal, así como la terminación de los efectos de su nombramiento, son actos privativos de los derechos que éste genera en su favor, situación que es violatoria de la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional si no se proporciona al interesado la oportunidad de defensa antes de privarlo de sus derechos administrativos o laborales. De ahí que si la autoridad administrativa, por sí y ante sí, declara una situación de terminación del nombramiento, estimando que es un efecto emanado directamente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque al entrar en vigor el interesado no cumplía con los perfiles técnico, médico, ético y de personalidad que ella exige para su permanencia como agente de dicha corporación policial, es obvio que se deja al demandante constitucional en estado de indefensión, al no haber estado en aptitud de acreditar tales extremos, por no haber sido oído previamente.

Por lo señalado en el presente considerando, en

términos del artículo 275, fracción II, del Código de Justicia

Administrativa del Estado, procede declarar ilegal la baja de

treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis.

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SEXTO. Declaración de nulidad y sus efectos. En

mérito de lo anterior, como consecuencia del

pronunciamiento de la ilegalidad referida en el considerando

que antecede, con fundamento en lo dispuesto en el artículo

278, fracción II, del Código de Justicia Administrativa de la

Entidad, se declara la nulidad lisa y llana de la baja

realizada con fecha treinta y uno de mayo de dos mil

dieciséis, mediante el cual las autoridades demandadas

determinaron la separación del cargo de oficial de vigilancia

de *******.

En ese contexto, resulta innecesario examinar los

restantes conceptos de violación hechos valer por la parte

actora, ya que en nada alterarían el sentido de la presente

resolución.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia6 del

Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y

texto se trascribe a continuación:

CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el

6Octava Época. Registro: 220693. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. IX, Enero de 1992. Materia(s): Común. Tesis: VI. 2o. J/170. Página: 99

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amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la

misma al haber reasumido jurisdicción.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del

artículo 280 del Código de Justicia Administrativa del Estado, y

por virtud de haberse decretado en el presente fallo la nulidad la

baja del puesto de oficial de vigilancia, corresponde a esta

Instructora fijar los términos en que procede restablecer al actor

en el ejercicio de sus derechos.

Al respecto, cabe precisar que las relaciones entre los

elementos de las instituciones de seguridad pública y el Estado,

son de naturaleza administrativa y no laboral, por virtud de

disponerlo así la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 123 apartado B fracción XIII, en la que

además se determina que cuando la autoridad jurisdiccional

resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier

otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado

sólo está obligado a pagar la indemnización y demás

prestaciones a que tenga derecho conforme a las leyes en

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materia de seguridad pública y no conforme a las laborales, así

como los daños y perjuicios que acredite la parte actora haber

sufrido, como dispone el artículo 280 del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, pero que en

ningún caso procede su reincorporación o permanencia en el

servicio.

Guarda relación con lo anterior, la jurisprudencia número

200,322 perteneciente a la novena época, emitida por el pleno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, septiembre

de 1995, página 43, Tesis P./J. 24/95, de rubro y texto siguiente:

POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS

MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE

NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-

Empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero

en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de

los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha

relación equiparándola a una de carácter laboral y ha

considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin

embargo, de dicho tratamiento general se encuentran

excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los

cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio

exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden

administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los

miembros de la policía municipal o judicial del Estado de

México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están

excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en

relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y

116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera

la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado

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equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación

que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es

de naturaleza administrativa y se rige por las normas

también administrativas de la ley y reglamentos que les

correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que

dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos

de particulares, sino de una autoridad, que en el caso

particular referente a la orden de baja del servicio, hace

procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito.

Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número

2a./J. 103/2010, en materias Constitucional y Laboral, emitida

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, consultable en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta XXXII, julio 2010, página 310, que

textualmente establece:

SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE

REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS

INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA,

REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE

2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS,

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL

CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los

miembros de las instituciones policiales podrán ser separados

de sus cargos si no cumplen con los requisitos de

permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa

previsión de que si la autoridad resolviere que la

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma

de terminación del servicio fue injustificada, el Estado

sólo está obligado a pagar la indemnización y demás

prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso

proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo

anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la

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prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se

corrobora con el análisis del proceso relativo del que

deriva que el Constituyente Permanente privilegió el

interés general por el combate a la corrupción y la

seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir

el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el

pago de la indemnización respectiva, por lo que

independientemente de la razón del cese tiene preferencia la

decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las

corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se

reincorporen al servicio.

Sin embargo, se puntualiza que es mediante la

indemnización correspondiente como se salvaguarda y

restituye al accionante en el goce de su derecho

violentado con el ilegal cese controvertido, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 apartado B

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y 131 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública

del Estado de Michoacán.

Ahora, el actor exhibió en juicio el comprobante de pago

de nómina con folio 000151 por el periodo de pago del

dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (foja

18), por la cantidad de $2,572.65 (dos mil quinientos setenta

y dos pesos 65/00 M.N), con lo que se acredita el salario

quincenal que percibía el actor, documento anterior que no

fue objetado por la autoridad demandada en cuanto a su

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alcance y valor probatorio, por el contrario el Comisionado

Municipal de Seguridad en su oficio *******de nueve de junio

de dos mil dieciséis, precisó que las prestaciones a las que

tuvo derecho la actora son las enmarcadas en la Ley Federal

del Trabajo y las que establecen las condiciones generales

de trabajo del Ayuntamiento, las cuales indica, se reflejan en

los recibos de pago al firmar la nómina.

Bajo este contexto, corresponde tomar como

remuneración integral mensual del accionante, la cantidad de

$5,145.30 (cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 30/100

M.N.), y como remuneración diaria la cantidad de $171.30

(Ciento setenta y un pesos 30/100 M.N.), que resulta de

dividir entre treinta, la cantidad integral mensual que quedó

acreditada por el actor en el presente juicio.

En mérito de lo anterior, y con fundamento además en

el artículo 278 fracción IV del Código de Justicia

Administrativa del Estado de Michoacán, se condena a las

autoridades demandadas Comisionado Municipal de

Seguridad Pública de Morelia, Michoacán y al Presidente

Municipal de Morelia, Michoacán, a pagar a favor de la

accionante *******, el equivalente a tres meses de la

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remuneración que percibía, por concepto de

indemnización, por el monto total de $15,435.90 (quince mil

cuatrocientos treinta y cinco pesos 90/100 M.N.).

Guarda aplicación a lo anterior, la tesis 2a. LXIX/2011,

en materia Administrativa, emitida por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación