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La Paz - Bolivia
VI Foro Nacionalde Organizaciones Sociales
Memoria
Rol y agenda de
las organizaciones
sociales en el contexto actual
“Libres para pensar, libres para decidir”.
Cochabamba, 13 y 14 de octubre de 2012
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MEMORIA
VI FORO NACIONAL DE ORGANIZACIONES
SOCIALES
“Rol y agenda de las organizaciones sociales en el contexto actual”
“Libres para pensar, libres para decidir”
UNITAS PROGRAMA NINA
PROGRAMA URBANOPROGRAMA DESARROLLO CON EQUIDAD
PROGRAMA DTIOCPLATAFORMA BOLIVIANA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Cochabamba, 13 y 14 de octubre de 2012
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VI FORO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES
Memoria 2012
Directora Ejecutiva UNITAS Susana Eróstegui Revilla
Coordinador Nacional del Programa NINAWalter Limache Orellana
Coordinador Nacional del Programa UrbanoCarlos Revilla Herrero
Coordinador Programa Derechos Territoriales IOC (DTIOC)
David Birbuet Díaz
Secretaría Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC)
Teresa Hosse Sahonero
Coordinadora Programa Equidad para el Desarrollo
Iris Baptista Gutiérrez
Sistematización de la informaciónNorah Miranda Melgar
Diseño de tapaRoberto Mikihiro Gonzalez
www.redunitas.org
Calle Luis Crespo No 2532, SopocachiTell. 2420512-2417218Fax 2420457La Paz-Bolivia
Primera edición 2000 ejemplares
La Paz-Bolivia, julio de 2013
Diagramación e impresión Preview Gráfica
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AgradecimientosPresentaciónI. IntroducciónII. Metodología de trabajoIII. Mesas de trabajo1. Mesa 1: Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria
1.1. Metodología de trabajo1.2. Exposición de temas
TEMA I: Soberanía, seguridad alimentaria y políticas de desarrollo TEMA II: Situación y tendencias del desarrollo del sector agrícola TEMA III: Territorios indígenas originarios campesinos y sus perspectivas TEMA IV: Desafíos en la distribución y redistribución de tierras TEMA V, PROPUESTA: Una alimentación y nutrición temporánea dual digna para Vivir Bien
1.3. Conclusiones generales de la mesa
2. Mesa 2: Recursos Naturales y extractivismo2.1. Metodología de trabajo2.2. Exposición de temas
TEMA I: Políticas de desarrollo TEMA II: Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas: Derecho a Consulta libre, previa e informada y a la AutodeterminaciónTEMA III: Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros
2.3. Conclusiones generales de la mesa
3. Mesa 3: Redistribución de la riqueza3.1. Metodología de trabajo3.2. Exposición de temas
TEMA I: Redistribución de la riqueza, apuntes para el debate TEMA II: Referencias sobre emprendimientos productivosTEMA III: Desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza
3.3. Conclusiones generales de la mesa
4. Mesa 4: Gestión Pública y Demanda Social4.1. Metodología de trabajo4.2. Exposición de temas
TEMA I: Situación de la participación y el control social4.3. Conclusiones generales de la mesa
IV. Conclusiones del foro en plenaria generalMESA 1MESA 2MESA 3MESA 4
V. Anexos Tabla 1. Participación por sexoTabla 2. Participación área territorialTabla 3. Participación por departamentoTabla 4. Listado de Organizaciones e Instituciones participantes
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AgradecimientosDesde el año 2007, ininterrumpidamente, hemos realizado seis Foros Nacionales de Organizaciones Sociales de manera conjunta entre UNITAS, el Pro-grama NINA, el Programa Urbano (antes Programa de Desarrollo del Poder Local) y el Programa de De-sarrollo con Equidad. Acciones desarrolladas con el apoyo y la participación activa de las diversas orga-nizaciones sociales indígenas, originarias, campesi-nas, interculturales, afrodescendientes, sindicales, estudiantiles y territoriales. Así como juntas vecina-les y asociaciones/organizaciones de mujeres, de jó-venes, de discapacitados y de distintas instituciones asociadas a UNITAS y pluralidades sociales de los ámbitos urbano y rural, a quienes expresamos nues-tro profundo reconocimiento.
Por otro lado, manifestamos nuestro agradecimiento a todas las a las agencias de cooperación que a través de la confianza depositada en nosotros, hacen posi-ble que el Foro tenga continuidad cada año: Cafod, Trocaire, Christian Aid, Icco Cooperación, Secours Catholique – Caritas France, Broederlijk Delen, Co-mité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo –Tierra Solidaria (CCFD), Ayuda Popular Noruega (APN) y Diakonia.
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Presentación
El VI Foro Nacional de Organizaciones Sociales se realiza en medio de una situación política, social y económica que reclama un proceso de evaluación, a seis años –también- de que Evo Morales asumió la Presidencia y de que se ini-ció la implementación del Proceso de Cambio. En este sentido, las organizaciones sociales concurrentes realizaron un análisis coyuntu-ral presente y retrospectivo a partir de cuatro temas esenciales, que tienen que ver con: so-beranía y seguridad alimentaria, políticas de desarrollo, recursos naturales, extractivismo, redistribución de riquezas, gestión pública y demanda social, entre otras.
Aunque estos temas no llegan a abarcar la to-talidad de los distintos ángulos desde los que la realidad puede ser analizada, representan las más urgentes y recurrentes en las distintas re-giones y localidades del país.
Una realidad que se caracteriza por la diversi-dad de matices que han adoptado altos niveles de conflictividad. Se observa una agudización de los problemas sociales relacionada con el descontento de varios sectores y se reflejan en detonantes manifestaciones de malestar y que provocan al mismo tiempo otro tipo de moles-tia en la población expuesta a bloqueos urbanos,
interprovinciales, interdepartamentales, esca-ses de productos, huelgas y una serie de mani-festaciones sociales; aunque aparentemente se vive cierta paz social.
Si bien la situación política no se caracteriza por su estabilidad, los reportes económicos, tanto gubernamentales como internacionales, indican que la gestión de este nuevo gobierno puso en orden las cuentas nacionales y condujo a Bolivia hacia la estabilidad financiera.
En este tiempo de plazo intermedio, después de más de cinco años de gestión, es pertinen-te realizar una evaluación de medidas como la nacionalización, el proceso de implementación del Proceso de Cambio y el cumplimiento de la nueva Constitución del Estado en esta Bolivia diversa pero también marcada por las desigual-dades y el incumplimiento de las demandas agendadas por la pluralidad de sectores que le dijeron sí al Presidente.
En razón de compartir las preocupaciones al-rededor de las temáticas abordadas en el pre-sente VI Foro, ponemos a su consideración el documento sistematizado de las reflexiones y pensamientos profundos de las organizaciones sociales que anualmente participan de estos es-pacios que Unitas tiene el placer de abrir.
Gumercindo Benavides Presidente del Directorio de UNITAS
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I. IntroducciónEl VI Foro Nacional de Organizaciones Socia-les de Bolivia denominado “Rol y agenda de las organizaciones sociales en el contexto actual” se realizó entre los días 13 y 14 de octubre de 2012, en el Centro de Convenciones Scouts, en la ciudad de Cochabamba. Este año, el en-foque principal fue analizar las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que ha experimentado el recientemente instaurado Estado Plurinacional en los últimos años y los retos que en-frentan las organizaciones de la sociedad civil para reafirmar su rol y sus agendas, amparando siempre su independencia y autonomía, y, haciendo valer su capacidad propositiva.
Con el objetivo principal de “promover el debate sobre el contenido y el sentido transformador del cambio, demandado históricamente por las organi-zaciones sociales urbanas y rurales de Bolivia, para articular esfuerzos de participación e incidencia na-cional” los cerca de 500 asistentes representantes de diversas organizaciones urbanas y rurales, abor-daron principalmente cuatro temas eje a través de mesas temáticas.
El desarrollo del mundo rural, visto desde las pro-blemáticas que enfrentan los campesinos de dis-tintas zonas del país fueron abordadas a partir de los temas: tierra y territorio, políticas de desarrollo agrícola y las acciones dirigidas al logro de sobera-nía y seguridad alimentaria, en la mesa Sobera-nía, seguridad alimentaria y problemática agraria.
Después de la VIII marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas del oriente boliviano, de la brutal re-presión que sufrieron en septiembre de 2011 y fren-te a una agenda petitoria totalmente desatendida; temas reivindicativos como: derechos colectivos de los pueblos indígenas, derecho a la Consulta y a la libre autodeterminación, impactos sociales y am-bientales del uso y explotación de recursos naturales
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(hídricos, maderables y mineros, entre otros) y las políticas de “desarrollo sostenible” aplicadas por el Estado y empresas privadas, fueron algunos de los asuntos pendientes tratados por los propios actores sociales en la mesa Extractivismo y Recursos Naturales.
El tema referido al tratamiento de la economía es-tatal también fue considerado en la mesa Redistri-bución de la riqueza, en la que contenidos recu-rrentes como las fuentes de generación de ingresos (políticas macro económicas, inversiones extran-jeras, recursos naturales estratégicos, impuestos y exportaciones); además del Presupuesto Nacional (que incluye a la distribución de los recursos y a las cuentas estatales correspondientes); las políticas de inversión pública para la superación de la pobreza y las condiciones de desigualdad (transferencias con-dicionadas, entre otros) fueron analizados desde las distintas miradas que congregó el evento.
Finalmente, en la mesa de Gestión pública y de-manda social fueron debatidos temas referidos a las reformas institucionales y las capacidades exis-tentes en las instituciones públicas para atender las demandas sociales. Aspectos como el acceso y cali-dad de los servicios públicos (referidos más específi-camente a información sobre servicios de educación, salud, empleo y mejoramiento de ingresos); la inclu-sión de indígenas, mujeres y pobres en los procesos de toma de decisiones; el derecho de libre asociación y expresión y, por último, el tema de control so-cial, transparencia y rendición de cuentas fueron parte del debate en este espacio.
En base a los temas planteados de manera previa, en cada una de los recintos temáticos, se buscó también:
• Aportar con información y análisis sobre la coyun-tura y las políticas de desarrollo en Bolivia.
• Analizar las perspectivas del cambio y sus efectos en la democracia participativa y la dinámica or-ganizativa urbana y rural.
• Profundizar la reflexión sobre la implementación del proceso de construcción del Estado Plurina-cional a partir del análisis de problemáticas espe-cíficas que permitan identificar y definir acciones estratégicas regionales y nacionales.
• Promover la construcción de visiones conjuntas campo-ciudad y la articulación de agendas para el fortalecimiento del movimiento popular nacional.
• Hacer de las prácticas de transparencia y rendi-ción de cuentas, cuestiones públicas en lo que res-pecta a las acciones y resultados de desarrollo que generan las organizaciones de la sociedad civil.
De esta manera, a casi tres años de este periodo gubernamental, cabe preguntarse (y cuestionar a las autoridades pertinentes) si se ha privilegiado la atención coyuntural de los asuntos significati-vos y postergado el cumplimiento de los objetivos y el mandato del proceso de cambio; si lo urgente ha prevalecido sobre lo importante; si la atención y resolución de los conflictos sociales, que en los úl-timos años han constituido los principales asuntos de la agenda nacional, tiene como contrapunto la realización de inversiones de desarrollo productivo que permitan generar empleos permanentes, inicia-tivas sostenibles y que estén orientados a objetivos importantes como la seguridad y soberanía alimen-taria, o el desarrollo tecnológico nacional.
La implementación de la Constitución Política del Estado, el desarrollo del proceso autonómico, la transformación de la matriz productiva y la industrialización constituyen importantes desafíos que aún no se han concretado. El avasallamiento de minas y el extractivismo, cada vez más contaminante, que va en contrasentido a los objetivos de transformación productiva para superar la condición de proveedores de materias primas que ha caracterizado nuestra economía, provoca enfrentamientos, violencia y daños socio ambientales permanentes e irresueltos.
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El conflicto del TIPNIS ha evidenciado la incongruen-cia entre discurso y práctica con temas específicos vinculados con el derecho a la consulta y participa-ción de los pueblos indígenas; la obligación estatal de respetar y proteger su identidad y su derecho a au-todeterminarse, a resguardar y conservar sus territo-rios indígenas, a más de que en su mayoría son cata-logados como áreas protegidas, y dar cumplimiento a mandatos constitucionales y de otras normas, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Bajo la premisa de que toda democracia necesita de una sociedad civil fuerte, organizada y contestataria para generar cambios positivos en la sociedad y para cumplir con su papel de vigilante de las decisiones públicas, el Foro está pensado como un espacio plu-ral en visiones, contenidos y participantes.
Propone el encuentro de diversas organizaciones y sectores de todo el país: campesinos, originarios, in-dígenas, vecinos, sindicatos, obreros, fabriles, maes-tros, académicos, estudiantes y otros. Se constituye
en el espacio anual de análisis, reflexión y delibera-ción abierto sobre temas de actualidad e interés de las organizaciones, movimientos sociales y de la so-ciedad boliviana en general.
Como en años pasados, la función de este foro es di-señar una hoja de ruta que recoja los temas que más inquietan a los representantes de las organizaciones e instituciones participantes y, así también, dar se-guimiento a las acciones que las distintas instancias gubernamentales ejecutan y la manera en que son aplicadas, con el propósito de establecer mecanis-mos sobre cómo articular esfuerzos de participación e incidencia en las reformas del Estado.
En esta versión, aunque no se ha destinado una mesa específica dirigida al abordaje de la temática de género; se ha transversalizado este enfoque y se ha considerado la importancia de que las mujeres participen en los debates de temas de interés nacio-nal, planteando sus propias posiciones y reflexiones en estos espacios mixtos y plurales.
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II. Metodología de trabajoEl encuentro anual estuvo dividido en tres grandes momentos:
a) Plenaria inaugural, permitió situar a los parti-cipantes en el contexto actual y reflexionar colec-tivamente sobre la realidad nacional.
b) Sesiones o mesas temáticas, fueron confor-madas con el propósito de profundizar el análisis y arribar a conclusiones que alimenten las estra-tegias y planes a determinar en áreas específicas de acción.
c) Plenaria, permitió debatir los temas y conclu-siones del trabajo de grupo; para posteriormente establecer acciones colectivas.
Las y los asistentes, al momento de inscribirse, de-finieron su participación en las sesiones o mesas de trabajo incluidas en la agenda de actividades, en función a sus inquietudes, actividades y motiva-ciones. El abordaje de cada una de las temáticas se efectuó desde una perspectiva global, pero también local y orgánica. De esta manera también se motivó a las organizaciones sociales a recapacitar sobre su rol social y, especialmente en este contexto, su in-dependencia orgánica. Es decir que, en las mesas se cuestionó el papel que asumen las organizaciones frente a las problemáticas analizadas y los desafíos-perspectivas de acción e incidencia política para pro-mover y lograr su superación.
Durante la primera mañana, del día 13 de octubre, luego del registro, se realizó el análisis y debate sobre la realidad nacional y el rol que jue-gan las organizaciones sociales. Una prime-ra intervención presentó el estado de situación del país y sus tendencias; en un segundo mo-mento se refirió al análisis del rol que tienen las organizaciones sociales en la actualidad y sus perspectivas de incidencia en el destino del
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1. Soberanía, seguridad alimentaria y problemáti-ca agraria,
2. Extractivismo y recursos naturales,
3. Redistribución de la riqueza,
4. Gestión pública y demanda social.
En cada recinto temático se utilizó una metodolo-gía que tuvo por fin la elaboración de un documen-to conclusivo, que además de contener el aborda-je del tema principal incluyó un cuestionamiento constante referido a rol que juegan las organiza-ciones y a sus acciones de incidencia. Posterior-mente, cada mesa hizo la presentación/exposición del tema a través de un/a relator/a para provocar la reflexión y el análisis en plenaria, tomando en cuenta tres puntos: síntesis del análisis del tema, el rol de las organizaciones sociales frente a la pro-blemática analizada, perspectivas y desafíos.
En la segunda jornada, del día 14 de octubre, se realizó la plenaria en la que relatores de cada mesa expusieron sus conclusiones, pro-puestas y recomendaciones. Cada delegado de mesa presentó los resultados de su trabajo grupal, que dio inicio a un espacio para el intercambio de criterios, la complementación de ideas y las con-clusiones generales, que consideraron los puntos concluyentes y los acuerdos a los que arribaron en relación a los temas tratados.
país; en la tercera presentación se analizó la situación en materia de igualdad y equidad de género. La conducción de este espacio estuvo a cargo de Walter Limache (Programa NINA), Alfredo Cahuaya (Programa Urbano) e Iris Baptista (Programa Desarrollo con Equidad) con el apoyo de panelistas invitados y otros miembros del equipo para organizar las inter-venciones y recoger las ideas fuerza del deba-te. Luego se realizó una ronda de intervencio-nes con la participación de representantes de los distintos sectores y ámbitos organizativos presentes.
La lectura del contexto reflejó aspectos del análisis social, político y económico que se tomaron en cuen-ta durante el foro: se hizo una evaluación crítica de las políticas vigentes, del proceso de descentraliza-ción, de la participación ciudadana como condición indispensable para articular procesos, proyectos territoriales y sistemas sociales desde perspectivas integrales y asociadas al diálogo intercultural, la construcción de sujetos colectivos, la potenciación de los vínculos entre lo local, lo regional y lo nacio-nal y su repolitización.
El trabajo de las organizaciones, a través de sus representantes líderes y dirigentes, se centró en el análisis de situación del país, de las políticas de de-sarrollo, el estado de la democracia, los avances en la superación de la pobreza y las condiciones de des-igualdad. También en identificar las debilidades de las políticas de agricultura y seguridad alimentaria, la explotación y uso de recursos naturales, proble-máticas medioambientales, gestión pública, y otras, desde sus propias miradas y experiencias.
La reflexión estuvo permeada por la autocrítica res-pecto a su papel como agentes de transformación, ge-neradores de formas organizativas transformadoras para retomar la perspectiva política de las luchas de los movimientos sociales, sus agendas y la arti-culación con sus pares, su sentido de pertenencia y la construcción de una nueva relación Estado-sociedad.
En la tarde, los asistentes se dividieron y se instalaron en cada una de las mesas temáti-cas, para ahondar en las áreas de su interés:
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III. Mesas de Trabajo del Foro
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1. Mesa 1: Soberanía, seguridad alimentaria y problemática agraria
Este espacio incluyó en la mesa de debate los si-guientes tópicos: desarrollo rural, soberanía y segu-ridad alimentaria, tierra y territorio y a las políticas de desarrollo agrícola utilizadas en el ámbito rural.
1.1. Metodología de trabajoEmma Lazcano, Directora de CENDA, facilitó la mesa de trabajo. Inició con la presentación del Foro, de los objetivos que persigue, la metodología de tra-bajo y, para romper el hielo y motivar la participa-ción de los asistentes, resaltó la pregunta constante en el evento: ¿cuál es el rol que juegan las organiza-ciones en relación al abordaje y tratamiento de los temas y a las acciones de incidencia desarrolladas o por desarrollar por las organizaciones sociales?
Posteriormente, hizo una breve presentación de los temas que serían expuestos por cada uno de los in-vitados/as, quienes abordaron las temáticas en un máximo de 15 minutos. Terminadas las exposi-ciones se realizaron rondas de preguntas y respues-tas por aproximadamente 30 minutos.
Cada mesa eligió a un relator para dar a conocer el trabajo realizado en el grupo ante la plenaria gene-ral. Este trabajo debió estar estructurado en base a tres puntos específicos:
a. Síntesis del análisis de los temas,
b. Rol de las organizaciones sociales frente a la pro-blemática analizada,
c. Perspectivas y desafíos.
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El Plan Nacional de Desarrollo
El modelo de desarrollo que postula el Plan Nacional de Desarrollo (PND) ha sido diseñado para revertir la inhumana exclusión que oprime a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de origen indígena campesina. El PND sostiene que: “Este objetivo central requiere del cambio del patrón de desarrollo primario exportador, que se caracteriza por la explotación y exportación de recursos natu-rales sin valor agregado, y de la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, que consiste en la agregación de valor y la industria-lización de los recursos naturales renovables y no renovables (…)”
La visión de construir un nuevo Estado a través de este modelo de explotación de los recursos naturales y la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, determinó quienes son los actores clave en este proceso. Esto puede visualizar-se en base a dos aspectos básicos: los privilegios que se otorgan a la agroindustria y la ganadería, espe-cialmente los relacionados a la flexibilización de la Función Económica Social (FES) y desbosques de grandes extensiones de tierras o selvas y, también, el modelo agroindustrial consistente con una base económica indígena campesina originaria.
Según la experiencia internacional, la práctica de estas medidas muestran resultados contrarios a los esperados: Francia en tres décadas perdió 54% de sus pequeños productores; en Estados Unidos, cuna de transgénicos, dos millones de pequeñas propie-dades productivas han desaparecido; mientras que en la cercana Argentina, desde el 1988 hasta el 2002 desaparecieron el 21% de las unidades productivas. (Fuente: Vía Campesina).
A nivel discursivo, se puede apreciar que existen tendencias divergentes. El Vicepresidente reafirma la alianza con el sector agroindustrial. Muestra que no hay una visión clara en el enfoque del modelo. Esto nos lleva a cuestionarnos ¿este modelo agroin-dustrial, es complementario a la base campesino indígena? ¿La entrada de la agroindustria, provoca un retroceso para la pequeña agricultura y el sector campesino?
Expositores
1. Marcos Nordgren —CIPCA— Soberanía, seguri-dad alimentaria y políticas de desarrollo.
2. Nilton Ramírez —CEDLA— Situación y tenden-cias del desarrollo agrario.
3. Oscar Sánchez —CENDA— Territorios Indígenas Originarios Campesinos y sus perspectivas.
4. Alejandro Almaraz — Desafíos en la distribución y redistribución de tierras.
Equipo de apoyo
Urbano Arispe – INDICEP
Shirley Lara – CENDA
Sergio Vásquez - CENDA
Hynnia Sanchez – CIPCA
David Birbuet – Programa DTIOC
1.2. Exposición de temas
Tema I: Soberanía, Seguridad Alimentaria y Políticas de Desarrollo
Marcos Nordgren - CIPCA
El expositor dio inicio a su exposición refiriéndose a la problemática de la ausencia de políticas de desa-rrollo, especialmente en el ámbito agrícola y el Plan de Desarrollo que el Estado Plurinacional de Bolivia está poniendo en marcha.
Se afirmó que, aún se sigue discutiendo sobre la visión desarrollo y en la actualidad existen dos en-foques en la mesa de discusión: la visión agrarista, es decir la que promueve la agricultura y ganadería extensiva, en oposición a la visión de desarrollo in-tegral sustentable y con justicia social, con el que se busca proteger a bosques, agua y los recursos reno-vables y no renovables en general. En este sentido cabe preguntarse ¿Qué está en juego?, dentro de un contexto global complejo y de crisis múltiple: ali-mentaria, económica, ambiental y energética.
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Crisis alimentaria
Para afirmar que existe una crisis alimentaria basta observar que los niveles de producción no tienen el mismo ritmo que la demanda de alimentos y pro-ductos agrícolas. Para esto se pueden mencionar al-gunos aspectos:
• La FAO Advierte sobre la situación crítica de dis-ponibilidad de alimentos en la próxima década: maíz 23%, trigo 19% relacionados al alza registra-da el 2012 por aspectos como el clima, el escaso margen productivo y el crecimiento poblacional.
• La Producción de cereales es 3% menor en 2012 que en 2011.
• La importación de alimentos en el país no ha dis-minuido y somos dependientes. El precio de esos alimentos fue a mayor costo y la tendencia es as-cendente.
• Bolivia sigue importando alimentos y tan sólo ex-porta soya y girasol; la política de desarrollo rural durante los últimos años muestra los siguientes datos: Bolivia importó el año 2011, 200.000 to-neladas métricas (TM) de harina trigo, 45.000 TM de azúcar blanca y 80.000 TM de maíz duro. Y exportó ese mismo año 1.343 millones de TM de soya y sub productos soyeros y 193.000 TM de girasol y sus subproductos.
Importaciones de alimentos y bebidas — BoliviaPeriodo 2009 -2012
¿Qué hacer frente a esta situación? El PND ha emitido resoluciones y ha diseñado estrategias que han deli-neado el camino a seguir para revertir la desigualdad. Así lo afirma este plan gubernamental: “El cambio del patrón primario exportador es, por lo tanto, una condición imprescindible para revertir la desigual-dad y la exclusión de la población indígena, urbana y rural; erradicar la pobreza en el país y desmontar ta-les dispositivos. Este cambio del patrón de desarrollo y de los dispositivos de dominación requieren de la intervención del Estado como promotor y protago-nista del desarrollo nacional ( ) que proteja y aliente la innovación y la expansión de la producción en el resto de los sectores productivos, en los cuales los pequeños productores son los mayores gene-radores de empleo e ingresos y requieren del apoyo estatal para modificar su productivi-dad e introducirse ventajosamente en los mercados internos y externos a fin de que el empleo y los ingre-sos sean estables y dignos.”
“Para nosotros como pueblos indígenas es muy importante la seguridad y soberanía alimentaria y eso no se toma en cuenta. El proceso de cambio nace de las organizacio-nes sociales. Es importante buscar la coordi-nación con las trillizas. Hay que ver cuánto se han industrializado nuestros recursos na-turales y las tierras fiscales se siguen mante-niendo al viejo estilo del patronaje” (María Sarabia, Pando, CENAMID).
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Volumen Valor
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Volumen en KgValor en Dólares americanosFuente: INE/IBCE
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En La Cumbre Social Plurinacional, realizada en enero de 2012, se estableció que se debe “fomentar la producción agropecuaria de alimentos priorizan-do a pequeñas y medianas unidades productivas y fortaleciendo la agricultura familiar”. El aporte de la economía Indígena Originaria Campesina (IOC) disminuye cada año. Se deben revertir las políticas y apostar por una economía indígena.
“¿Como podríamos solucionar la seguridad alimentaria en nuestra zona? ya que hay distintas comunidades que el gobierno y los municipios ayudaron en poca escala para que éstas produzcan, pero no hay mercado y no hay caminos para sacar nuestros pro-ductos” (Mario Sanjinés, representante de FSUTRMD).
La situación en la región amazónica de Bolivia es aún más preocupante. La Revolución Forestal en el PDN propone pasar de una visión agrarista a un mo-delo de manejo sostenible y diversificado del bosque beneficiando a campesinos indígenas. Sin embargo, se pone en duda el hecho de que realmente sea apli-cable pues existe un descrédito sobre esta “revolu-ción” y en la relevancia para su implementación.
El año 2006, en el PND se incluyen ya políticas de manejo de bosque desde la comunidad, con una fo-restería comunitaria. El planteamiento sobre el uso y aprovechamiento de bosques fue:
a. Política 1. Transformación Productiva del Sector Forestal. Basada en la industrialización de productos maderables y no maderables y la ex-pansión de la explotación sostenible del bosque.
- Estrategia de institucionalización de la Fores-tería Comunitaria:
• Ampliación de bosques y reforestación, 75 millones $us.
• Promoción de forestería comunitaria, 7 millones $us.
- Estrategia de priorización de la aptitud forestal del país y transformación productiva del sector:
• Complejos productivos forestales y valor agregado, 500 mil $us.
• Programa de Prevención, Seguimiento y Monitoreo de Incendios, financiamiento para territorios campesinos indígenas y gestión de RRNN en sus territorios.
b. Política 2: Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad.
- Estrategia de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, investigación y capacidades de organizaciones sociales, 35 millones $us.
- Estrategia producción, transformación y co-mercialización en apoyo a las comunidades organizadas en asociaciones (OECAS), 16.5 millones $us.
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En total se precisaron más de 135 millones de $us, entre 2006 y 2010. La inversión dirigida a la revolu-ción forestal fue de 16 millones y no se implementó lo propuesto al inicio del plan, creándose iniciativas superficiales que no tuvieron impacto en las organi-zaciones campesinas e indígenas. Para el fortaleci-miento de la producción agroforestal de las comuni-dades campesinas e indígenas de los departamentos de Pando y Beni se ha establecido la necesidad de invertir 1.5 millones de dólares.
“El bosque es una oportunidad, puede generar economías de emergencia, pese a la ausencia del Estado. El majo, la pupuña y el azai, por ejemplo, son productos agrícolas que podrían contribuir a la seguridad alimentaria de tie-rras altas. Ahora no hay un mercado porque no hay condiciones productivas para su in-dustrialización. El sistema agroforestal puede conformar parte de la dieta boliviana en térmi-nos de la economía” (Oscar Sánchez, CENDA).
En abril de 2012 se anuncia una ventana de financia-miento dirigido al Manejo Integral de Bosques, con una cartera de 17 millones de dólares para créditos sectoriales, entre ellos el manejo de bosque.
Por su parte, la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) contribuyó en mejorar la comercialización y precios de la región y no en transformar e industria-lizar la producción en productos acabados; tan sólo se dedica a la compra y venta de la castaña. Para la comercialización de castaña, entre el 2008 y el 2010, el PND presupuestó de 10 millones de dólares, de los cuales se ejecutaron solamente entre el 50 y 60%.
Contradictoriamente, no se le apuesta a la economía indígena originaria campesina pero si se invierte y apuesta por el proyecto de la Hidroeléctrica Ca-chuela Esperanza, con altos costos para la economía nacional y ambiental. Queda preguntarse entonces, ¿a quién beneficia este proyecto? ¿Qué ha hecho el PND? Se sabe que en abril de 2012 se anunció una ventana de financiamiento dirigida al manejo inte-gral de bosques, con una cartera de 17 millones de dólares para créditos sectoriales, entre los que se in-cluyó el manejo de bosques. En total menos de 15 millones de dólares han sido invertidos, comparados con 135 millones establecidos de inicio.
Proyecto Hidroeléctrico Cachuela Esperanza
• Planta hidroeléctrica de 990 MW de Potencia Instalada (PI)
• Proveerá de energía para vender energía al Brasil
• Reservorio de 690 KM2
• Inversión de 2.465 millones de dólares
Tomando en cuenta estos datos resulta pertinente preguntar ¿Para quién? y ¿Para qué se está ejecu-tando este proyecto?, pues con solo un 5% de este monto se puede financiar la Revolución Forestal planteada por el PND.
El Artículo 392, en su parágrafo I, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “El Estado implementará políticas especiales en beneficio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de la región para generar las condiciones necesarias para la reactivación, incentivo, industrialización, comercialización, protección y conservación de los productos extractivos tradicionales”.
Nordgren terminó su alocución con una llamada de atención sobre el peligro que se corre respecto a las acciones que se están tomando en detrimento de los intereses nacionales, de la población boliviana y de los recursos naturales: “La insuficiencia del mode-lo de desarrollo hacia adentro y la liquidación de la Revolución Nacional condujeron al agotamiento del capitalismo de Estado; la crisis de la deuda externa y la hiperinflación contribuyeron a su colapso final. Así, el modelo neoliberal se impuso como la opción resolutoria a la crisis del Estado de bienestar. De esta manera, el Estado fue sustituido por el mercado (…)”
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“La construcción de la planta hidroeléctrica Cachuela Esperanza nos afecta a dos departa-mentos: tanto Beni como Pando. Va a haber un impacto ambiental y no solamente para los que viven en Riberalta o Guayaramerin, sino para los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cabineños, Chácobos que viven en esa tierra. Yo pido acá a este Foro que por favor nos ayuden a velar por nuestros recursos naturales del medio am-biente y biodiversidad” (Bernardo Marupa Villamor, representante Norte Amazónico).
Tema II: Situación y tendencias del desarrollo del sector agrícola
Nilton Ramírez – CEDLA
Nuevo Patrón de Desarrollo Agrario
El gobierno considera que las políticas neolibera-les, aplicadas especialmente entre las décadas de los años 80 y 90:
• Aumentaron las desigualdades en el campo,
• La agricultura de exportación terminó concentran-do la riqueza en pequeños grupos de élites agrarias,
• La agricultura de exportación terminó discrimi-nando a las economías, campesinas, comunita-rias y asociativas que dependen de la agricultura,
• Agravaron, por tanto, la dependencia alimentaria.
Es frente a esta situación que el gobierno plantea Construir “otro patrón de desarrollo agrario” que alcance la soberanía alimentaria, a través del desa-rrollo de una economía rural “plural y diversa” para la “coexistencia de las economías estatales, comuni-tarias, asociativas y empresariales”.
“La soberanía alimentaria debe empezar des-de adentro, como bolivianos no consumimos lo que producimos. Damos lugar a la ropa americana y no compramos lo que produci-mos. Debemos revalorizar nuestros alimentos en tierras bajas y altas” (Representante del departamento de Oruro).
Dentro de lo planteado en este escenario, las polí-ticas estatales se proponen “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina, indígena y origi-naria con base comunitaria” para “promover el in-cremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos”. En este sentido, el comportamiento de la producción agrícola, según el Estado ha tendido avances en los siguientes puntos:
a. Se comprueba un crecimiento gradual de la pro-ducción agrícola,
b. Sin embargo, este comportamiento obedece fun-damentalmente al crecimiento de cuatro culti-vos: caña, soya, maíz y sorgo en grano,
c. Si no se contemplan estos cuatros cultivos, el res-to de la producción agrícola muestra una tenden-cia hacia el estancamiento (ver cuadro abajo),
Bolivia: Producción de los volumenes de producción (en toneladas métricas)
Periodos 1989/1990 - 2010/2011
16.000.000
14.000.000
12.000.000
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8.000.000
6.000.000
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2001
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2003
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0420
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2005
2005
- 20
0620
06 -
2007
2007
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(p)
6.083.883
12.141.881
13.679.134
2.389.224
Total cultivos Total (Sin caña, sojya, maiz y sorgo en grano)
3.505.579 3.7711.945
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
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d. Contrariamente a lo que afirma el gobierno, son los cultivos industriales o “agronegocios” los que tienden a concentrar la mayor parte de la produc-ción agrícola durante el gobierno del MAS,
e. Los cultivos que generalmente pueden ser con-sumidos sin procesamiento industrial y en los cuales la producción campesina sigue siendo im-portante (es decir frutales, hortalizas, tubérculos, forrajes) tienden a perder importancia,
f. Estos datos, además, demuestran la creciente subordinación de la agricultura a la industria y confirman que en el capitalismo -sea ésta campe-sina o capitalista- deja cada vez más de cumplir un rol independiente, porque es el desarrollo in-dustrial el que determina finalmente el curso del desarrollo agrario (ver cuadro abajo).
Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según rubros
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
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- 19
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1995
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- 19
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1997
1997
- 19
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2007
2007
- 20
0820
08 -
2009
2009
- 20
1020
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2011
(p)
6.083.883
3.292.067
1.486.809
905.007
9.096.333
1.958.097
1.087.451
2.122.871
1.101.426
10.454.8.3712.141.881
13.679.134
Altiplano Valles Llanos Total
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Industriales Frutales Hortalizas
Total
Tuberculos Forrajes
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
g. La región de los llanos, donde predomina la pro-ducción capitalista, es la que va cobrando mayor importancia en la producción agrícola tanto para la exportación como para el mercado interno,
h. Existe la tendencia de una cada vez menor relevan-cia de la producción agrícola en las regiones del alti-plano y los valles que concentran a la gran mayoría de las unidades campesinas del país (ver cuadro),
Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según regiones (en t.m.)
Periodos 1989/1990 - 2010/2011
El gobierno del MAS no ha podido cambiar esta tendencia, pues entre los períodos 2005 - 2006 y 2010 – 2011, la producción agrícola de Santa Cruz ha incrementado significativamente, dejan-do relegada a la producción en los valles y el alti-plano de Bolivia, tal como se puede observar en siguiente cuadro:
Bolivia: Volúmenes de producción, según regiones(en toneladas métricas)
Regiones 2005-2006 % 2010-2011 (p) %
Altiplano 1.087.451 9.0 1.101.426 8.1
Valles 1.958.097 16.1 2.122.871 15.5
Llanos 9.096.333 74.9 10.454.837 76.4
Santa Cruz 8.729.468 71.9 10.117.297 70.4
Total 12.141.881 100.0 13.679.134 100.0
Nota: (p) Preliminar
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
i. Como puede observarse, el 85% del incremento neto de la superficie cultivada en el país entre di-chos lapsos de tiempo puede ser explicado por el comportamiento agrícola observado en el depar-tamento de Santa Cruz.
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j. Los incrementos de la superficie cultivada en el resto de los departamentos no son significativos, tal como lo expresa el gráfico a continuación:
Bolivia: Variaciones en la superficie cultivada,según departamentos (en hectáreas)
Cultivo 2005-2006 % 2010-2011 (p) % Variaciones %
Santa Cruz 1.692.737 64 1.901.744 67 209.007 85
Cochabamba 195.588 7 210.065 7 14.477 6
Oruro 57.895 2 70.377 2 12.482 5
La Paz 228.536 9 234.094 8 5.558 2
Potosí 120.249 5 124.548 4 4.297 2
Pando 14.494 1 15.402 1 908 0
Incremento 246.731 100
Beni 71.742 3 46.477 2 -25.265 77
Tarija 84.825 3 78.941 3 -5.884 18
Chuqusaca 161.610 6 160.003 6 -1.607 5
Decremento -32.756 100
Variación Neta 213.975
Total 2.627.676 100 2.841.651 100
Nota: (p) Preliminar
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
k. En contrasentido a lo que afirma el discurso oficial, que señala haber dejado de promover los cultivos del agronegocio y la exportación de los productos agrícola provenienetes de ellos, se constata que son justamen-te éstos los que han incrementado durante la gestión del MAS.
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l. Un 76% del acrecentamiento total de los volúmenes de producción entre 2005 - 2006 y 2010 - 2011 co-rresponden a sólo dos tipos de cultivos: caña de azúcar y soya, como lo grafica el siguiente cuadro:
Bolivia: Variacionesen la superficie cultivada,según departamentos (en hectáreas)
Cultivo 2005-2006 % 2010-2011 (P) % Variaciones %
Soya (soja) (*) 1.608.728 13% 2.299.846 17% 691.118 40%
Caña de azúcar 5.786.076 48% 6.400.762 47% 614.686 36%
Trigo (*) 138.445 1% 237.847 2% 99.402 6%
Papa 859.676 7% 943.176 7% 83.500 5%
Sorgo en grano (*) 310.546 3% 389.534 3% 78.988 5%
Girasol 120.300 1% 152.652 1% 32.352 2%
Mandarina 103.414 1% 128.516 1% 25.102 1%
Frijol (*) 32.587 0% 57.603 0% 25.016 1%
Naranja 150.617 1% 170.221 1% 19.604 1%
Alfalfa 170.008 1% 187.507 1% 17.499 1%
Cebolla 61.789 1% 78.919 1% 17.130 1%
Banano 150.517 1% 160.264 1% 9.747 1%
Quinua 27.739 0% 36.854 0% 9.115 1%
Durazno 30.950 0% 33.274 0% 2.324 0%
Café 26.114 0% 28.335 0% 2.221 0%
Cacao 3.793 0% 4.729 0% 936 0%
Ajo 6.223 0% 7.055 0% 832 0%
Haba 54.685 0% 55.067 0% 382 0%
Incremento 1.729.954 100%
Arroz con cáscara 531.969 4% 473.522 3% -58.447 30%
Maíz en grano (*) 930.952 8% 877.047 6% -53.905 28%
Yuca 282.798 2% 243.984 2% -38.814 20%
Sésamo (ajonjolí) 22.500 0% 12.000 0% -10.500 5%
Plátano 346.823 3% 337.910 2% -8.913 5%
Cebada en grano 51.671 0% 42.934 0% -8.737 5%
Tomate 57.014 0% 50.518 0% -6.496 3%
Cebada berza 140.518 1% 137.613 1% -2.905 2%
Algodón 4.049 0% 3.105 0% -944 0%
Piña 49.394 0% 48.490 0% -904 0%
Arveja 21.964 0% 21.383 0% -581 0%
Maní 13.046 0% 12.496 0% -550 0%
Maíz Choclo 21.855 0% 21.311 0% -554 0%
Uva 25.121 0% 24.660 0% -461 0%
Decremento -192.701 100%
Variación neta 1.537,25
Total 12.141.881 100% 13.679.134 1
Nota: (p) Preliminar
Fuente: Elaboración Cedla con base en información del INE y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (Encuesta Nacional Agropecuaria 2008)
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En relación al comportamiento de la importa-ción de alimentos en Bolivia se observa que el gobierno del MAS no ha podido cambiar sustan-cialmente la tendencia hacia el incremento de importaciones de productos agrícolas y agroin-dustriales, que ya se observaba claramente a par-tir de 1999, como puede verse abajo:
Bolivia: Evolución en los volumenes de producción, según regiones (en t.m.)
Periodos 1989/1990 - 2010/2011
Conclusiones:
No se ha construido “otro patrón de desarrollo agra-rio” que alcance la soberanía alimentaria. Persiste, en grandes líneas, la aplicación de la política neoli-beral en el sector agropecuario.
Sigue vigente el modelo agro exportador que ha gol-peado duramente a la producción campesina.
Los servicios agropecuarios crédito y asistencia téc-nica por ejemplo siguen en manos privadas. La pre-sencia estatal en el sector no es significativa (EMA-PA, entre otros proyectos).
Durante el gobierno del MAS se han consolidado los cultivos agroindustriales a cargo de pequeños, me-dianos y grandes capitalistas.
La importancia, que en los hechos, da el gobierno a los pequeños productores campesinos dista mucho del discurso oficial en boga. Como se ha visto, no ha podido “fortalecer el rol de la agricultura familiar campesina con base comunitaria”.
Ha quedado en evidencia, por tanto, la imposibi-lidad del planteamiento del gobierno del MAS de “promover el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos en el país” con base en la pequeña producción parcelaria.
La alianza entre el gobierno del MAS y el empresa-riado agroindustrial es ya ahora explícita por lo que las acciones gubernamentales serán de franco apoyo a esta fracción de la burguesía.
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
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2007
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2011
(p)
416.462
301.411331.576
893.218
670.167
871.328
782.853
Materia prima para la agroindustria (1)Productos alimenticios (2)Trigo y harina de trigo de morcajoAlcohol etílico y demas bebidas espirituosasAzucar, cafe, quinua y otrosTotal
1. Incluye: Soja y girasol (Semillas, harina, aceite, torta y grano); Nueces de Brasil de mrañon y demas cocos Maiz Cacao en grano, cascara, polvo y pasta Malta (de cbada u otros cereales)2. Incluye: Frijoles y demas hortalizas
“La importación de alimentos, además de ser muy triste, es preocupante. Nuestro país es rico, tiene diversidad de nichos ecológicos y sin embargo importamos alimentos; no sa-bemos qué tipo de alimentos estamos consu-miendo”. (Estela Ramos, La Paz).
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Tema III: Territorios Indígenas Originarios Campesinos y sus perspectivas
Oscar Sánchez - CENDA
La importancia de Tierra y Territorio para hacer gestión de los Recursos Naturales
Un hito importante en la historia de las reivindica-ciones indígenas del oriente boliviano por la lucha de tierra–territorio ha sido la Marcha por el Territo-rio y la Dignidad, en 1990, porque por primera vez en la historia de la república, se reconocen los terri-torios indígenas en tierras bajas. Posteriormente, se logra la promulgación del Decreto Supremo 22610, del 24 de septiembre de 1990, en el que se reconoce al TIPNIS como Territorio Indígena a favor de los pueblos originarios que coexisten en él, a la par de su condición de Parque Nacional.
Que, el reconocimiento del Parque Nacional Isiboro- Sécure como Territorio Indígena a favor de los pueblos originarios que lo ha-bitan, no es incompatible con su calidad de Parque Nacional.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reconoce al Par-que Nacional Isiboro- Sécure como territorio indígena de los pueblos Mojeño, Yuracaré y Chimán que ancestralmente lo habitan, cons-tituyendo el espacio socioeconómico necesario para su desarrollo, denominándose a partir de la fecha Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro- Sécure.
Este mismo decreto en su artículo sexto se refiere a las obras y emprendimientos que se van a realizar en este Parque Nacional y Territorio Indígena y sobre la Consulta Previa que debería aplicarse a los pueblos y comunidades que habitan dicho espacio:
“Toda construcción y obras de desarrollo, particu-larmente, de vías camineras y poliductos, que se realicen en el Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro-Sécure, debe contar, previamente, con un pormenorizado estudio de impacto ambiental, de-bidamente aprobado por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, con la participación de la organización indígena de la región. Las obras que estén en ejecución deberán ser paralizadas hasta contar con su respectivo estudio de impacto ambien-tal. Asimismo, todo proyecto o estudio a rea-lizarse deberá ser consultado y coordinado con la organización indígena de la región”.
Avances en la consolidación de los territorios indígenas:
• La Marcha por el territorio, derechos políticos y desarrollo, realizada por los pueblos indígenas en 1996 también es un logro alcanzado por las bases de tierras bajas.
• Reconocimiento de los territorios indígenas bajo la modalidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), establecidos en el Art. 3 de la Ley INRA Nº 1715.
• En el año 2004 en el XI Congreso de la Federa-ción Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), realizado en Sacaba, se decidió en pleno la titulación de tierras a tra-vés de la modalidad TCO para las 16 provincias de Cochabamba. “Se realizará la TCO a nivel regional, provincial y comunal en todo el departamento de Cochabamba”, menciona la resolución de la comisión Tierra y Territorio, aprobada en plenaria.
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• El 2006, Marcha Indígena por la reconducción comunitaria.
• La aprobación de la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria Nº 3545, aprobada el 28 de no-viembre de 2006. El proceso de Reconducción Comunitaria a la que hace referencia esta ley dic-tamina que las tierras que no cumplan la Función Económica Social (FES), serán redistribuidas de manera colectiva.
• El XII Congreso de la CSUTCB apoya a la titula-ción colectiva de la tierra bajo la modalidad de TCO el año 2007. La Comisión Tierra Territorio establece que el “Gobierno debe agilizar sobre el saneamiento en coordinación con la organización social y apoyar el proceso de las TCOs”.
• Con la aprobación de la nueva Constitución Po-lítica del Estado el año 2009, se garantiza la propiedad colectiva de la tierra. El Art. 394, Par. III. Reafirma “El Estado reconoce, protege y ga-rantiza la propiedad comunitaria y colectiva, que comprende el territorio indígena originario cam-pesino, las comunidades interculturales origina-rias y de las comunidades campesinas”.
• Finalmente, es a través del D.S. Nº 727 que “Las TCOs pasan a denominarse Territorios Indígenas Originarios Campesinos”.
¿Qué son las Tierras Comunitarias de Origen?:
Las TCOs son los espacios geográficos que constitu-yen el hábitat de los pueblos y comunidades indíge-nas y originarias, a los cuales han tenido tradicio-nalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobre-vivencia y su desarrollo (Art. 41, numeral 5 de la Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria).
Sus características principales es que son:
• Inalienables: Que no se puede pasar a otros.
• Indivisibles: Que no se puede dividir en otras propiedades.
• Irreversible: Que el Estado no puede revertir.
• Colectivas: Por el manejo colectivo de la tierra y los recursos naturales.
• Inembargables: Que no se puede embargar.
• Imprescriptibles: Que no se puede extinguir en el tiempo.
• No pagan impuestos.
Más allá del procedimiento técnico-jurídico, el sa-neamiento de las TCOs debe ser entendido como un proceso social y político que permite a los pueblos indígenas y originarios ejercer su derecho colectivo al territorio. Las TCOs garantizan a los pueblos indí-genas originarios:
• La unidad orgánica.
• Acceso, uso, tenencia, seguridad jurídica sobre la tierra y recursos naturales renovables.
• Control, gestión y defensa de su espacio territorial.
• El consentimiento, previa consulta obligatoria a través de sus propias instituciones.
• Se constituye en un freno al mercado de tierras.
• Son un medio de resistencia a procesos de apro-piación ilegal de los recursos naturales por parte del Estado y las empresas transnacionales.
“Es importante mencionar que la Ley de Re-conducción Comunitaria es clara y no se la puede negociar. Las Tierras Comunitarias de Origen no se revierten, no se las mide por la cantidad de sus habitantes, ya que éstos viven mucho antes de la invasión española” (Oscar Sánchez, CENDA).
Situación de algunas TCOs:
• TCO Ayopaya: Se circunscribe a un total de 536.377,3062 has. (Polígono 1 y 2). Cuenta con su Resolución Final de Saneamiento Nº 01260. Nº TCO-NAL-000245, emitida el 14 de agosto 2009. Aún así su entrega ha sido suspendida.
• TCOs Duraznal y Pabellón, ubicadas en al sur cochabambino, avanzan lentamente en su proce-so de titulación.
• Ayllus de Cochabamba, demandan titulación TCO de los CONAMAQ.
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Presiones sobre los territorios indígenas:
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) existe una presión global so-bre los territorios indígenas: un 57% de la inversión recibida por América Latina se destinó al sector de recursos naturales, 36% a servicios y 7% a manu-facturas. “Los altos precios internacionales de las materias primas impulsaron las inversiones para la extracción y procesamiento de recursos naturales”.
En el ámbito nacional, existen varios factores impac-tan en los territorios indígena originarios y en sus habitantes, como la ampliación de las áreas de ex-ploración hidrocarburífera, como es el caso del TIP-NIS y Aguaragüe. Constan casos concretos como la explotación de minerales que se efectúa en la TCO Sullk’a Jilatikani, en Mallku Quta. Esta concesión minera afecta a tres TCOs: Urinsaya, Takahuani, Sullk’a Jilaticani. Las licencias de referencia fueron concretadas a través del D.S. No 29130, tal como se puede observar a continuación:
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29130, de 13 de mayo de 2007, modificado por Decreto Supremo Nº 29226 de 9 de agosto de 2007, con el siguiente texto:
“ARTÍCULO 2.- (RESERVA Y ADJUDICA-CIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HIDROCAR-BURÍFERAS A FAVOR DE YPFB)
I. De conformidad a lo establecido en los Artículos 34 y 35 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, se reservan cincuenta y seis (56) áreas de interés hidro-carburífero a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos- YPFB, en calidad de Áreas Reservadas, que se encuentran en Zonas Tra-dicionales y Zonas No Tradicionales y están definidas por sus vértices en coordenadas de la proyección Universal y Transversal de Mer-cator (UTM, PSAD- 56), detalladas en el anexo del presente Decreto Supremo.
Las áreas reservadas a favor de YPFB, se otorgan, conceden y adjudican a la indicada empresa estatal a objeto de su exploración y explotación por si, y en asociación mediante contratos de servicio.
Dentro de la propuesta de Ley de Tierras de la CSUTCB, formulada el año 2009, destacan algunos artículos referidos expresamente a las TCOs:
Artículo 20, Parágrafo I: “Los propietarios indivi-duales tienen el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales no renovables que estén dentro los límites de su propiedad previo cumplimiento de la normativa de tierras, productiva y agroambiental”.
Artículo 128, Sobre los asentamientos en TCOs y pactos territoriales: “A partir de pactos territoria-les expresamente consentidos por los pobladores de una TCO conforme a sus normas y costumbres re-conocerá asentamientos de comunidades indígenas campesinas dentro del área titulada o en proceso de
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titulación que serán reconocidos por el IBR (Insti-tuto Boliviano de Reforma Agraria). En calidad de dotación”.
En referencia a esto, encontramos algunos discursos que cuestionan a las TCOs. Rodolfo Machaca, diri-gente de la CSUTCB, dijo: “El tema de las TCO nos preocupa a los campesinos porque se está volviendo un motivo de prebenda, temas de corrupción, como es el tráfico de madera y la venta de tierras; lo que hay que hacer es volver a revisar el manejo de las TCO, reformular la modalidad de saneamiento de las TCO”. (Fuente: La Razón, 28 de agosto 2011).
Por otra parte, el dirigente informó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) realizará el Censo de Población y Vivienda en noviembre de este año y ser-virá para conocer la cantidad de indígenas que habi-tan en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y redistribuir tierras para ampliar la frontera agrícola. (Fuente: Erbol, 23 de agosto 2012).
El presidente Evo Morales señaló que será importan-te, a través de la auditoría o investigación, verificar la existencia de “empresarios ilegales, palos blancos, o mal manejo en las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)”. (Fuente: La Razón, 23 de julio 2012).
Frente a este panorama y de manera conclusiva po-demos afirmar que a futuro habrá mayor presión a las TCOs por parte de sectores dirigenciales, a favor de la individualización y mercado de tierras, una pal-pable flexibilización de los derechos de los pueblos indígenas y el impulso de normativas que facilitan el desarrollo extractivo y la ampliación de la frontera agrícola en desmedro de las TCOs.
Tema IV: Desafíos en la distribución y redistribución de tierras
Alejandro Almaraz Ex Viceministro de Tierras
La importancia de Tierra y Territorio para hacer gestión de los Recursos Naturales
¿Qué factores son los podrían permitir la construc-ción de un modelo de producción agrarista, como alternativa al modelo capitalista centrado en la pro-ducción y de constante ampliación de la frontera agrícola, en detrimento de los bosques? ¿poner en riesgo la revolución agraria es una alternativa?
La producción despiadada con monocultivos y la ga-nadería extensiva, han anulado la diversificación pro-ductiva y han ocasionado la destrucción de bosques.
El mercado de tierras en la actualidad es más agre-sivo. El campesino visto como individuo es mucho más vulnerable a las condiciones externas del mer-cado y, también, susceptible de entrar en las lógicas productivas del cultivo extensivo, como sucede con el caso de la producción de soya para abastecer a Co-lombia y Chile. Por esta razón, la pequeña propiedad campesina corre riesgo.
Respecto a este escenario, ¿Qué alternativas exis-ten? ¿la propiedad comunitaria y la perspectiva que tenían nuestros abuelos de construir un modelo comunitario de producción, donde la tierra es más importante y no sólo se reduce a un medio de pro-ducción, es una alternativa?
Tal vez es por esta razón, y a manera de hacer un breve recuento de sucesos históricos cabe señalar que el movimiento campesino indígena se unificó para luchar centralmente por tierra y territorio. Por esa razón se constituyeron los primeros sindicatos campesinos, que después cayeron en poder del Es-tado, mediante el pacto campesino militar. Es ahí cuando surge el partido de gobierno que manejaba a su gusto a los sindicatos.
Entonces surge la CSUTCB, como una forma de emancipación política y social, como una plataforma reivindicativa para la redistribución de la tierra co-munitaria territorial.
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Las posteriores luchas siempre tuvieron el ob-jetivo de lograr la redis-tribución de tierras para el campesino e indígena. Aunque históricamente la tierra les corresponde, ahora ésta es una nece-sidad para poder vivir y darle una nueva eco-nomía al país. La tierra productiva está en manos de los sectores empresa-riales, de los patrones de antes y también de los nuevos patrones.
La Reforma Agraria del 53, terminó siendo un fra-caso, mientras incentivaba latifundios en una parte pequeña en la Amazonía, Chaco, eran territorios an-cestrales de mojeños, chimanes, y otros grupos étni-cos ancestrales.
Hay tierras disponibles fiscales pero éstas no son aptas para la agricultura. Solamente revirtiendo las tierras que ahora pertenecen al patrón se puede concretar esta reasignación de tierras idóneas para la agricultura.
“A muchos campesinos se les ha dotado tierras aptas para producción forestal. Es un bien que hay que aprovecharlo sosteniblemente. Por ejemplo, asentamientos como los del tró-pico en Santa Rosa, donde se distribuyeron 75 has. por familia, podrían ser escenario de la aplicación de una agricultura de subsistencia, con desbosques mínimos se podría realizar una producción agroforestal como cacao y castaña. El gobierno no apoya a indígenas y campesinos en la producción.” (Alejandro Al-maraz, ex Viceministro de Tierras).
Reversión y redistribución de tierras:
La Ley INRA No 3545 dictamina que se debe realizar la reversión a propiedades que no cumplen la FES y posteriormente redistribuirlas a los campesinos e indígenas, de manera colectiva. Las Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Originarias propusieron la ley de modificación a la Ley INRA No 3545, que permite la reconducción comunitaria y mecanis-mos de redistribución.
Se hizo la reversión hasta el año 2010 y se redis-tribuyeron poco más de 4.000 millones de has. de tierra. Cabe aclarar que la mayor parte de estas acciones fueron producto del proceso de reversión y saneamiento. Mediante
la fiscalización de la FES se revirtieron cerca de 10.000 has. y se logró la produc-ción en condiciones de sostenibilidad y con respeto del interés público boliviano.
El presidente Evo Morales propone que la reversión se efectúe cada cinco años. Actualmente se realiza cada dos años. Hace dos semanas Evo entregó los proyectos de ley para el “perdonazo” de los desmon-tes ilegales, para que los terratenientes no paguen las multas de sanción administrativa y los desmon-tes valgan como FES. De esta manera se está permi-tiendo la destrucción del bosque.
La nueva propuesta de control de la FES, cada cinco años, se da solamente cuando hay alguna denuncia por parte de las organizaciones sociales. Entonces el único mecanismo efectivo de rever-sión está en peligro.
“Tenemos una gestión territorial que fue de-mandada el 90 en la TCO Monte Verde. Son tres organizaciones y 90 comunidades. En la mesa expusieron el tema jurídico de los de-rechos de los pueblos indígenas y hoy se nos está violando ¿qué podemos hacer para que esos derechos constitucionalizados se cum-plan? Se han realizado dos marchas y hasta ahora no tenemos respuesta” (Tomas Can-día, Chiquitano, CIDOB).
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“Los dirigentes de la TCO Monte Verde ha-cen los negociados y de por medio pasan tie-rras a segundas y terceras manos; se debe hacer una fiscalización a las TCO para ver si cumplen la FES. Nosotros no entendemos, somos de las tierras de Velasco y sólo hay siete pelagatos que manejan todo” (Repre-sentante de San Martin, de la provincia Ve-lasco, Santa Cruz).
Debate general de la mesa:
• La situación de la problemática de tierras en el país es muy grave. Se luchó por un proceso de cambio con la construcción y propuesta constitu-cional, pero la CPE está siendo violada, tal como pasa con la Ley INRA. Se otorgan privilegios a los empresarios con la FES. El Gobierno nos está traicionando al ampliar a cinco años la revisión de la FES.
• Se observa y se escucha un discurso de respeto a la Madre Tierra, que por el contrario, con la am-pliación de la frontera agrícola se está engañando a los bolivianos.
• Los terratenientes tienen 7% de tierra y las TCOs simplemente representan un 45%. Estas cifras demuestran la contrariedad y vulneración a nuestros derechos colectivos.
Tema V: Propuesta: una alimentacion y nutrición temporánea dual digna para Vivir Bien
José Denar Chura Mamani Participante del Programa NINA
En el marco de la finalización del proceso de for-mación en el Programa NINA y su participación en el Foro, José Denar Chura realizó una propuesta dirigida al gobierno, para proporcionar seguridad alimentaria a las mujeres embarazadas, madres re-cientes y niños menores de un año de edad en áreas rurales de Bolivia.
Bajo el objetivo de “disminuir el grado de desnutri-ción existente en zonas rurales, mediante la ejecu-ción y aplicación de una política pública, para poder satisfacer las necesidades básicas alimenticias que requieren nuestros nuevos ciudadanos del nuevo Es-tado Plurinacional” Chura profundizó en el tema de seguridad y soberanía alimentaria de manera con-junta con representantes de las distintas organiza-ciones sociales, quienes retroalimentaron el trabajo propuesto por este joven boliviano.
Chura inició su exposición realizando un análisis del contexto en el que se analizó, con datos, la situación nutricional de la infancia en Bolivia. Mostró la pre-valencia de desnutrición crónica existente en meno-res de 5 años y resaltó que 1 de cada 5 niños menores de cinco años presenta grave retraso en su creci-miento y 1.6 de cada 2, tiene algún grado de anemia.
En referencia a la desnutrición infantil en Bolivia afirmó: Según datos de UDAPE-PNUD, en niños y niñas menores de tres años la desnutrición crónica alcanza a 20,3%, mostrando una tendencia posi-tiva respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece al 2015 lograr la meta de 19% de desnutrición crónica. Existen va-riaciones porcentuales de los datos de Desnutrición Crónica, dependiendo de la fuente del dato: UDA-PE/PNUD 20,3%, SNIS 10%, ENDSA 20 %.
Este notable progreso se concentra en áreas urba-nas. En las áreas rurales, 39 de cada 100 niños y niñas menores de cinco años tienen desnutrición crónica, evidenciando los niveles de desigualdad
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en su acceso a un consumo adecuado de alimentos y nutrientes, lo que confirma que la relación entre las variables de pobreza y etnicidad va siempre en proporción directa.
Entre los departamentos con niveles más altos de desnutrición crónica se encuentra Potosí con una desnutrición crónica que alcanza a más del 38% de los niños y niñas menores de cinco años, de los cuales un tercio presentan condiciones de extrema severidad. En menor escala se encuentran los depar-tamentos de Chuquisaca, Oruro y Cochabamba.
En el otro extremo se encuentran el departamento de Santa Cruz con 22% de población indígena, 38% de población pobre, 22% de ruralidad y la desnu-trición crónica más baja, 8,6% de los niños y niñas menores de cinco años, los departamentos de Tarija, Beni y Pando mantienen un perfil muy parecido.
Dentro del marco legal, el también dirigente orgá-nico resaltó los derechos constitucionalizados de todos los bolivianos a que “Toda persona tiene de-recho al agua y a la alimentación” (Art. 16, CPE) y que “El estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población” (Art. 17, CPE). Por otro lado, también hizo referen-cia a la Propuesta de Ley Comer Bien para Vivir Bien, en la que el Estado es responsable de “Prote-ger a la población de la mal nutrición con énfasis en el control de la comercialización de alimentos que dañan la salud humana”.
En este sentido, José Denar expuso dos propuestas* a los participantes de la mesa:
Primera propuesta:
Esta propuesta base de política pública plantea am-pliar el subsidio materno infantil a todas las mujeres del área rural y urbana que no tuvieron la oportu-nidad de ser profesionales o tener un adecuado in-greso para dar a sus hijos la adecuada alimentación, empezando la dotación del S.M.I. desde el momento de su embarazo y dar continuidad a los bebes recién nacidos, hasta que cumplen el primer año de vida.
Segunda propuesta:
• La adecuación de política pública del bono JUA-NA AZURDUY DE PADILLA, con la intención de generar igualdades. Esta idea busca la nivelación del bono en base a un cálculo de alimentos nu-tricionales adecuados a cada región del país, de manera que se garantice la buena alimentación tanto de la madre, como del niño, especialmente en áreas rurales, como se puede apreciar en el si-guiente cuadro:
Víveres
Productos nuevos Unidad Cantidad
1. Bebida láctea (kumis) 1 lt 1
2. Queso madurado 500 g 1
3. Palmitos 1 kg 1
4. Sopa instantánea 250 g 1
5. maní natural 500 g 1
6. Gelatina fortificada 250 g 1
7. Yogurt en sachet 200 ml 5
8. Juguitos 140 ml 8
9. Arveja enlatada 350 g 1
10. Barra de chocolate 60 g 2
Total 22
El paquete prenatal y de lactancia fue elaborado por la Central Obre-ra Boliviana en coordinación con el Ministerio de salud, con la parti-cipación de especialistas en nutrición.
Productos nuevos Unidad Cantidad
Leche fluida 946 ml 5
Leche en polvo entera 2 kl 3
Leche saborizada 1 lt 3
Yogurt frutado 1 lt 2
Queso prensado 500 g 1
Mantequilla con sal 200 g 2
Queso fundido 250 g 2
Los ítems son 40
Fuente: Lacteosbol y elaboración propia del autor.
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1.3. Conclusiones generales de la mesa
• Los participantes de la mesa mostraron un des-contento generalizado respecto a las concesiones forestales que realiza el gobierno a empresarios privados y terratenientes.
• También existe disconformidad con la propuesta del Gobierno acerca del “Perdonazo” a los des-montes indiscriminados de los bosques y con la flexibilización a la FES.
• Se denuncia que no hay respeto a las TCOs tituladas.
• Se denuncia que extensas cantidades de tierras continúan en manos de extranjeros.
• Se observa que falta destinar recursos económi-cos para la conclusión de saneamientos en TCO.
• No hay consulta en las comunidades para definir aéreas de conservación por parte de municipios, prefecturas.
• Se observa la ausencia de políticas públicas ade-cuadas y suficientes sobre el recurso Agua para la producción de alimentos, respetando la vocación de las tierras.
• Falta asistencia técnica, por parte de los gobier-nos autónomos de distintos niveles y también del gobierno central.
• Se demanda la construcción de vías camineras y redes de transporte para comercializar los ali-mentos producidos por las comunidades.
• No hay asistencia financiera para las TCO, terri-torios comunitarios y territorios individuales in-dígena originario campesino.
• Se evidencia la inequidad que aún prevalece en la ejecución de programas y proyectos desde el Estado, destinados a los distintos departamentos y territorios indígena originario campesinos.
• No hay apoyo al productor campesino e indígena.
• La migración de jóvenes al extranjero por falta de políticas de incentivo a la producción en los territorios indígena originario campesinos.
• Denunciamos que hay supuestos funcionarios que están ofreciendo tierras fiscales a poblado-res urbanos, haciendo quedar mal al proceso de cambio.
• Solicitamos que el gobierno asigne presupuesto para el saneamiento de tierras, para que culmine el proceso que se ha iniciado en Beni, que es cer-ca de de un 30%.
• El saneamiento debe hacerse con recursos del TGN. En Pando se dice que ha terminado el sa-neamiento, sin embargo no es así.
• Denuncia: en San Miguel de Velasco los dirigen-tes que ahora están en la CIDOB, se hacen los de-fensores y allá de donde son originarios no hacen nada contra el avasallamiento por parte de brasi-leños, menitas, y otros.
• Exigir el cumplimiento de la FES, especialmente ahora que el gobierno ha hecho una pausa de cin-co años con los empresarios. Se debe fiscalizar las tierras para que cumplan esta función.
• Los principales culpables del doble saneamiento son los funcionarios del Estado, más que los diri-gentes.
• No tenemos la culpa los pueblos indígenas de ha-ber consolidado saneamiento. Nos preguntamos por qué no se pide auditoria a las tierras de los grandes empresarios, en vez de pedir auditoria a los territorios indígenas.
• Se debe fiscalizar a los directores departamenta-les del INRA para evitar que las tierras fiscales lleguen a las mafias. Por ejemplo, en Pando ya concluyó el saneamiento, pero aún no culminó la titulación, sin embargo hay funcionarios que se niegan a seguir el proceso.
• Demandamos que se cumplan las políticas públi-cas que el gobierno pregona en educación, salud, seguridad ciudadana y seguridad alimentaria.
• El bono Juana Azurduy no se está pagando en mu-chos lugares, es necesario fiscalizar estos fondos y saber a qué se los están destinando. La fiscaliza-ción debe aplicarse a los municipios, ya que hay hermanas que no están documentadas. Debería haber mayor coordinación con los municipios.
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• Trabajemos ecológicamente, para ello podemos realizar acciones cotidianas como: producir ali-mentos orgánicos, no lavar con lavandina, reci-clar objetos que sirven y también hacer buen ma-nejo de la basura.
• El consumo de alimentos transgénicos es excesi-vo. Es necesario investigar la incidencia de los ali-mentos transgénicos en la salud de los bolivianos.
• Aunque en el altiplano ya estamos produciendo alimentos orgánicos, no hay mercado para llevar adelante toda la cadena productiva. Tampoco te-nemos las condiciones para dar valor agregado y certificación a nuestra producción. Por ejemplo, la papa peruana entra de contrabando y eso per-judica a los productores bolivianos.
• Debería darse prioridad a los alimentos produci-dos aquí en Bolivia y no tanto los que importan de otros países.
• Cómo vamos a tener seguridad alimentaria si la gente prefiere sembrar coca.
• Para el pueblo ayoreo nunca llegan regalías por los recursos de hidrocarburos, somos de los más discriminados.
Rol de las organizaciones:
Los representantes de distintas organizaciones IOC coincidieron en la importancia de encontrar la uni-dad indígena originaria campesina desde las bases para replantear el proceso de cambio. Desde este punto de vista se debe trabajar en el fortalecimiento de organizaciones sociales:
• Proponer normativas construidas desde las bases a los gobiernos (central y autonómicos — gober-naciones y municipios).
• Luchar contra los latifundistas y no entre herma-nos campesinos e indígenas.
• El problema de una organización es problema de todos, para así mantenernos unidos.
Propuestas y desafíos:
• Se demanda la reversión de concesiones foresta-les y de tierras en manos de extranjeros.
• Construir políticas públicas respetando a la Ma-dre Tierra.
• Respeto a la Constitución Política de Estado y la Ley de Tierras en especial la FES.
• Un desafío importante, es el fortalecimiento y la unidad de las organizaciones sociales para re-plantear el proceso de cambio.
• Eliminar las semillas transgénicas en la produc-ción agrícola.
• Demandar al gobierno políticas que aseguren la producción de alimentos ecológicos libres de transgénicos, primero para la demanda del mer-cado interno y después para exportar.
• Se exige concluir con el saneamiento de tierras altas y bajas.
• Ampliación de la Ley de Tierras para la conclu-sión del saneamiento de tierras (TCOs, tierras comunales e individuales).
• Resguardar la seguridad alimentaria de la pobla-ción, respetando la vocación de los pueblos indí-genas dentro de sus territorios.
• Elaborar una política pública para la alimenta-ción y nutrición adecuada de las madres del área rural (campesinas e indígenas) y urbana desde el momento del embarazo, hasta que el niño cum-pla un año otorgándoles el subsidio de lactancia, porque es un derecho fundamental y también porque estas mujeres aportan en la economía fa-miliar y en la economía nacional.
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2. Mesa 2: Recursos Naturales y extractivismo
El Programa NINA en coordinación con La Platafor-ma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBCC) y el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación So-cial (CEJIS) organizaron esta mesa temática que in-cluyó a los siguientes temas de análisis:
• Políticas de Desarrollo;
• Desarrollo Alternativo;
• Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas: derecho a la consulta y autodeterminación de los pueblos;
• Impactos sociales y ambientales del uso y explo-tación de recursos naturales.
2.1. Metodología de trabajoEste espacio de conversatorio estuvo moderado por Edwin Armata, del Programa NINA. En primer lugar el moderador explicó la temática que se abordaría, contextualizándola en el momento que atraviesa la realidad nacional. Posteriormente hizo una presen-tación de todos los participantes en la mesa, quienes dijeron su nombre, el lugar de donde proceden y la organización a la que representan.
Posteriormente dio una explicación de los objetivos de la mesa y los temas que fueron tratados. Cada una de las exposiciones tuvo una duración de 20 minutos cada una y en este caso la disposición para el trabajo grupal fue por subcomisiones, según los bloques.
Expositores
1. Martín Vilela — PBCC – Políticas de Desarrollo y Río + 20 y Teresa Hosse – PBCC – Desarrollo Alternativo.
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2. Miguel Vargas – CEJIS, Rafael Quispe – CAOI, Fernando Vargas – Sub Central TIPNIS – Dere-chos Colectivos de los Pueblos Indígenas, Derecho a Consulta y Autodeterminación de los pueblos.
3. Emilio Madrid – Colectivo CASA, Oscar Balderas – CEJIS – Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales (hídricos, maderables, mineros y otros).
Equipo de apoyo
Jorge Peñaranda y Teresa Oporto – Programa NINA.
2.2 Exposición de temas
Tema I: Políticas de Desarrollo
Río + 20: Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible
Martín Vilela — PBCC
La Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Soste-nible se realizó en un contexto mundial de explosión demográfica, crisis financiera, fuertes presiones para el incremento de la producción de energía, aumento de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre otros factores determinantes en la explosión de diferentes tipos de crisis globales.
Este contexto repercute en el aumento de la frecuen-cia y gravedad de fenómenos climáticos, pérdida de la diversidad biológica y reducción de la producción agrícola y la crisis alimentaria en ascenso.
El principal objetivo de Río + 20 era reafirmar la voluntad política de los Estados frente al Desarro-llo Sustentable y a los compromisos alcanzados en la conferencia global de Río en 1992. En ese senti-do, se pretendió debatir dos grandes temas: por un lado la economía verde y erradicación de la pobre-za, por el otro el marco institucional para el Desa-rrollo Sostenible.
En el documento final de la Cumbre titulado «El fu-turo que queremos» se reafirman los temas acorda-dos hace veinte años en la Cumbre para la Tierra o hace diez en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo. En el documento final
se insta a la creación de un Foro de Alto Nivel de De-sarrollo Sostenible para continuar las negociaciones; se fortalecen las instituciones de la ONU dedicadas al desarrollo sostenible y al medio ambiente -como es el caso de PNUMA-; a examinar la posibilidad y la manera de proporcionar recursos financieros y tecnología a los países en desarrollo y a establecer nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); se debe crear un nuevo indicador global de rique-za que no sólo tenga en cuenta el Producto Interno Bruto (PIB). Como se puede apreciar, a pesar de las diversas problemáticas apremiantes por resolver, no hubo avances significativos en términos prácticos.
Los ODS son metas globales que los gobiernos, ad-heridos a estos lineamientos internacionales, se impondrán para tomar medidas en asuntos vitales como el agua, la tierra y la biodiversidad. Están ins-pirados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), las metas para temas como el hambre, po-breza, educación y salud a que se comprometieron la mayor parte de los países para el 2015.
Proceso de Cambio: de “Ley Marco de la Madre Tierra” a “Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien”Teresa Hosse – PBCC
La Propuesta de Ley Marco de la Madre Tierra na-ció el año 2010, como fruto del trabajo coordinado y consensuado entre las organizaciones IOC’s que componían el Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bo-livia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comu-nidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Con-federación Nacional de Mujeres Indígena Originaria Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMIOCB – BS), la Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB).
Dicha propuesta fue recibida por el Poder Ejecuti-vo y, con algunas modificaciones, la promulgó como Ley Nº 28: Ley Derechos de la Madre Tierra (Ley 28). Sin embargo, en septiembre de este año, el go-bierno también promulgó la Ley Nº 37: Ley Marco
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de Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley 37), en la que se pone más énfasis en el desarrollo denominado “integral”.
A continuación se comparan los puntos centrales de las dos leyes:
a. Objeto:
• Ley 28: Establecer los fundamentos de la con-cepción de la Madre Tierra.
• Ley 37: Establecer la visión y los fundamentos del Desarrollo Integral.
b. Fines:
Ley 28:
• Garantizar las condiciones para la reproduc-ción de los ciclos de la Madre Tierra y todos sus componentes.
• Ser fundamento para la formulación y ejecu-ción participativa de políticas de gestión inte-gral de la Madre Tierra.
• Promover y fortalecer la transformación ins-titucional y social para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la Madre Tierra.
Ley 37:
• Establecer la visión y los fundamentos del De-sarrollo Integral.
• Establecer los objetivos del Desarrollo Integral.
• Establecer mecanismos para la operativización del nuevo paradigma de Desarrollo Integral.
c. Modelo de Desarrollo:
Ley 28:
• Que “armonice” y produzca equilibrios con la concepción extractiva, minera e hidrocarburí-fera que orienta las iniciativas dominantes de desarrollo en el país.
• A la concepción dominante de extractivismo se le llama “desarrollo”, peor aún, desarrollo del pueblo boliviano. Cuando, en realidad, las resoluciones de Tiquipaya definen al Vivir Bien como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y a los paradigmas de desa-rrollo moderno.
• Los derechos de la naturaleza a ser protegidos y precautelados por el Estado boliviano y sus leyes.
• La concepción de una relación de equilibrio entre la naturaleza y el hombre, presente en la Ley Marco de Madre Tierra.
Ley 37:
• Con la ley aprobada por el gobierno, los dere-chos de la naturaleza a ser protegidos y pre-cautelados por el Estado boliviano y sus leyes, pueden ser violados a título del desarrollo del pueblo boliviano.
• Corresponde decir que la ley aprobada la asamblea, antes que ser una ley de Derechos de la Madre Tierra es una ley de Desarrollo Integral.
• Parte de un eje distinto a la hora de plantear la problemática, parte del tema del desarrollo y ya no de los derechos de la naturaleza, como lo mandan los acuerdos de la reunión de Ti-quipaya.
• Comprende a la naturaleza como un bien a ser aprovechado en función de las necesidades económicas de la sociedad.
• Parte del concepto de desarrollo como eje normativo y considera los derechos de la na-turaleza simplemente en términos enunciati-vos e instrumentales.
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d.) Derecho a la Consulta.
Ley 28:
• Contempla en cada uno de los recursos sus-ceptibles de ser aprovechados por los mode-los de desarrollo dominante, la implementa-ción de la Consulta Previa como mecanismo que garantiza el ejercicio de la libre determi-nación de las naciones originarias en Bolivia.
• Consulta como mecanismo de protección de sus derechos y mecanismo de construcción de una política pública relativa al Vivir Bien que se desarrolla con la participación de los pue-blos indígenas.
Ley 37:
• La Ley de Desarrollo Integral despoja a los pueblos Indígenas de su visión integral que tienen sobre la naturaleza y de garantizar la protección de esta visión mediante los proce-dimientos de Consulta Previa.
• La Consulta Previa en la Ley de Desarrollo Integral se diluye en una concepción de par-ticipación y opinión ciudadana que no tiene acceso a ninguna decisión; sus resultados, por tanto, son sugerencias que el gobierno puede o no considerar, no así resultados que gozan del factor vinculante que permite considerar la obligatoriedad que tienen los gobiernos a respetar los acuerdos alcanzados en un proce-dimiento de Consulta Previa; condición am-pliamente garantizada y protegida en la Ley de Derechos de la Madre Tierra.
Tema II: Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas: Derecho a Consulta Libre, Previa e Informada y a la Autodeterminación
Miguel Vargas – CEJIS, Rafael Quispe – CAOI, Fernando Vargas – Sub Central
TIPNIS
“Cuando hablamos de Consulta se nos dice que no hay mecanismo de consulta vinculan-te. Si bien la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas no es vinculante a pe-sar de que ha sido reconocida mediante ley del Estado y los gobiernos de turno tienen que respetar el Convenio 169 que si es vincu-lante, porque ese es un acuerdo entre Estados a través de Naciones Unidas. El Convenio es bien puntual y pedimos a nuestros hermanos que no están entendiendo el sentido, que no-sotros como pueblos indígenas pedimos, pue-dan leer la Declaración, el Convenio 169 y la Constitución Política del Estado y ahí van a poder sacar sus propias conclusiones de que nosotros estamos pidiendo una Consulta que se haga de buena fe”(María Saravia, repre-sentante del Oriente).
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Desarrollar mecanismos de cumplimiento de las normas:
El conflicto del TIPNIS ha evidenciado que las nor-mas internacionales como el convenio 169, y la De-claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como los artículos re-feridos a la consulta previa de la CPE, han sido vul-nerados en su cumplimiento. En éste contexto, urge desarrollar mecanismos jurídicos específicos que eviten la interpretación e implementación antojadi-za y abusiva que se hace de la C.P.E. y de estas nor-mas internacionales.
No hay seguridad política y la coordinación entre organizaciones y el gobierno se ha “clientelizado”:
El gobierno cuenta con el pleno respaldo de las tri-llizas (CSUTCB, CSCIB y CNMIOCB – BS), a cambio de favores que van desde cargos públicos, progra-mas y proyectos de desarrollo. A contracorriente, el CONAMAQ y la CIDOB, prácticamente han sido marginados de estos favores, debido a los cuestiona-mientos realizados a la gestión de gobierno.
No hay institucionalidad estatal indígena:
En términos generales, los indígenas han sido pau-latinamente marginados de los procesos de genera-ción e implementación de políticas públicas, y, los escasos espacios públicos aún controlados por ellos no logran encauzar las demandas del sector, ya que
están muy alineados con la política gubernamental. En éste contexto, las organizaciones indígenas re-quieren implementar estrategias que les permitan plantear sus puntos de vista al gobierno, y establecer agendas de trabajo para incorporar los temas que es-tán siendo pasados por alto.
El debate tiene que ser continuo, para garantizar el rumbo del proceso de cambio:
También en términos generales, las organizaciones urbanas y rurales ya no debaten, como lo hacían an-tes, los ejes temáticos de la agenda plurinacional. Han entrado en una preocupante fase que se carac-teriza por la falta de análisis y propuestas. Esto es más evidente en el caso de las organizaciones cam-pesinas (trillizas), cuyo discurso al ser notoriamente progubernamental, debilita el proceso orientado a construir propuestas desde la base. Por estos argu-mentos, se hace necesario recuperar el debate como instrumento para lograr canalizar las visiones y de-mandas de los sectores populares del Estado Pluri-nacional.
La fragmentación de las organizaciones está diluyendo las posibilidades de consolidar el proyecto histórico indígena-popular:
No solamente hay una fractura a nivel del Pacto de Unidad, sino que al interior de cada organización matriz, hay varias pugnas y tensiones, que no hacen otra cosa que contribuir a la fragmentación del pro-yecto histórico indígena-popular, restándole posibi-lidades de consolidarse como una alternativa social política y económica, a mediano y largo plazo.
Tiene que implementarse una auditoría al sector minero cooperativista:
Las distintas presentaciones del foro han incidido en el carácter altamente extractivo de la minería y en el ascenso de una clase política privilegiada, a tra-vés de mecanismos claramente electoralistas. Queda claro sin embargo, que el sector cooperativo debe ser sujeto de regulaciones fiscales y medioambientales mucho más exigentes, con el propósito de incremen-tar su aporte al T.G.N. y frenar los elevados impactos ambientales que actualmente causa. En éste contex-to, el gobierno debería implementar una auditoria al sector cooperativo, para delinear políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del mismo.
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Hacer auditorías ambientales a los lugares que están contaminados por la actividad minera, de acuerdo a los usos y costumbres:
Las auditorías ambientales realizadas por consulto-res, pocas veces han favorecido a las comunidades afectadas. Por eso, se hace necesario que las mismas comunidades, puedan generar mecanismos propios de seguimiento-monitoreo a la actividad minera; en-marcados en los usos y costumbres.
La defensa de los RRNN había sido un delito, y a quiénes los defienden, los procesan:
Los verdaderos responsables de la violenta represión de la VIII Marcha del TIPNIS, gozan de la protec-ción del gobierno, y algunos incluso son premiados como embajadores en la ONU (Sacha Llorenti). En cambio, a los dirigentes que denunciaron los abusos e interpusieron demandas jurídicas para sancionar los mismos, el Ministerio Público les ha iniciado procesos penales, cuya base legal es bastante cues-tionable. Lo peor de todo es que la investigación de Chaparina está en punto muerto, mientras que los procesos iniciados a dirigentes de la marcha, avan-zan rápidamente. Con esto se comprueba, que el sis-tema judicial es “llunku” del gobierno, por lo que los agresores de los RRNN no tendrán ninguna sanción, y los verdaderos defensores, estarán obligados a de-fenderse en los tribunales. Ya es hora de levantarnos contra éste sin sentido y establecer alianzas entre tierras altas y tierras bajas para cambiar la situación.
La consulta es un tema de fondo para los pueblos indígena originario campesinos, porque representa la posibilidad de definir visiones y prioridades de desarrollo:
La consulta que se desarrolla actualmente en el TIP-NIS, no es legítima. Hay que exigir el estricto cum-plimiento del Convenio 169, dónde se establece el carácter de buena fe y también el carácter vinculante de la misma.
Debe implementarse un mecanismo que permita un mayor beneficio de las zonas productoras de mineral.
El aporte del sector minero cooperativista al erario nacional no es significativo, debido a la flexibiliza-ción fiscal implementada por el gobierno del MAS. Esto va en detrimento de las zonas productoras de mineral, por lo que se hace necesario implementar un mecanismo fiscal que beneficie de manera directa a las mismas.
“Nos hablan de una Ley Marco de Consulta pero el gobierno no está superando los con-flictos que hay en los territorios indígenas no solamente con el TIPNIS, en el Madidi, han dicho Mallku Cota hay un sin fin de te-rritorios también de tierras altas como Coro Coro, que no tienen solamente conflictos socio ambientales, sino también conflictos con las organizaciones; donde se han divi-dido a las organizaciones y se ha tratado de cooptarlos. Entonces, la seguridad política no existe, no existe esta política sistemática coordinación que tiene que haber con los ór-ganos de Estado y que debería ser un prin-cipio que se había contemplado en el Pacto de Unidad. Este tema es muy complicado y tiene que ver con la autodeterminación, una autodeterminación, aprovechamiento soste-nible de los recursos naturales, procesos de gestión ambiental en los territorios indíge-nas, de justicia indígena, autonomía, dere-chos colectivos en general e institucionalidad estatal indígena”. (Iván Bascopé, CEJIS)
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Tema III: Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros
Emilio Madrid – Colectivo CASA, Oscar Balderas – CEJIS
Minería en Bolivia: extractivismo y costos ecológicos
Situación actual de la minería en Bolivia:
• Actualmente existe un dominio hegemónico de las transnacionales, particularmente tres compa-ñías: San Cristóbal de la Sumitomo (Japón), Em-presa Manquiri de Coeur d’ Alene (USA) y Sinch’i Wayra (actualmente Illapa) de Glencore (Suiza).
• El segundo sector importante, son las coopera-tivas, que manifiestan fuertes diferencias y des-igualdades internas. El 2010 las cooperativas concentraban un total de 65.606 personas, de las cuales sólo 41.993 se registraban como “So-cios” según El Instituto Nacional de Cooperati-vas (INALCO), y los restantes 23.613 (36%) son trabajadores asalariados. Durante el conflicto de Colquiri, los asalariados de la Cooperativa 26 de Febrero aceptaron pasar a la empresa nacional, mientras que los socios se resistieron. Sin embar-go, las cooperativas juegan un rol funcional al do-minio hegemónico de las transnacionales (como es el caso de San Bartolomé y Poopó).
• Pese a su significativo aporte, las empresas esta-tales tienen un peso marginal en las políticas de Estado y no se las fortalece. El año 2011 Colquiri, bajo administración de Sinch’i Wayra, reportó utilidades por cerca de 45 millones de $us, de los cuales entrego al Estado 2,5 millones de $us. Ahora, con la nacionalización, las utilidades de esa empresa ingresarán al Estado.
Algunos efectos de la minería en el recurso hídrico:
• La Minera San Cristóbal utiliza, extrayendo de acuíferos subterráneos, 42.000 a 50.000 m3 de agua/día, cantidad equivalente al consumo diario de la población del casco viejo de Cochabamba.
Esta actividad está ocasionando la desaparición de aguas subterráneas y de aguas fósiles, acuí-feros que no han podido recargarse en época de lluvia. Por otra parte, San Cristóbal genera cerca de 25mil m3/día de aguas residuales.
• La Minera Sinch’i Wayra, operación Bolívar, utiliza 24.685 m3/día de agua subterránea equivalente a la cantidad de agua que consume diariamente la ciudad de Oruro. Una grave con-secuencia de este hecho es la vulneración del de-recho fundamentalísimo del agua para la vida: la población de Totoral, ubicada a 3 Km de la mina, recibe agua una vez por semana, aproximada-mente 30 litros y la empresa recibe 120 litros por segundo. Pero también ha alarmado a la pobla-ción la contaminación del medio ambiente por el derrame de colas: en septiembre de 2007 se pro-dujo un accidente a 15 metros del Rio Chapana y su impacto alcanzó más de 10 km. aguas abajo.
“Quiero hablar desde Mallku Cota, como re-presentante y autoridad originaria, quiero decirles lo siguiente: depender de nuestros re-cursos naturales renovables o no renovables había sido delito y quienes defendemos como autoridad eso, como lideres también, había sido delito. Quiero decir lo siguiente herma-nos, desde Mallku Cota nosotros del norte de Potosí, nos encontramos en extrema pobreza, teniendo tanta riqueza la gente se va a las ciudades a pedir limosna y por eso nosotros vamos a pedir que los recursos naturales sean para nuestros hermanos bolivianos y bolivia-nas. Es lo que pedimos, no al contrario que nos dice el Presidente Evo, pero ellos no quie-ren soltar a las empresas transnacionales, quieren estar bien encadenados a las transna-cionales. Cuando exigimos y reclamamos nos dicen que estamos financiados por la USAID y eso es mentira. Nosotros siempre como parte de las tierras altas, siempre practicamos ayni, siempre nosotros trabajamos con nuestras co-midas secas, nuestro pito y tostado. Nosotros no somos asalariados, nosotros trabajamos y por eso hermanos que ya es hora de levan-tarnos a hacer alianzas con las tierras bajas” (Representante de la Federación de Ayllus del Norte de Potosí).
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Costos ecológicos de la minería:
• Si bien minería es de-clarada como activi-dad estratégica para el Estado, ésta genera un alto costo ecológi-co por el impacto que causa a los otros re-cursos naturales que son importantes para posibilitar niveles de desarrollo.
• Actualmente se valora y estima la actividad minera a partir de sus indicadores de volu-men y valor de la exportación, su aporte al PIB (Producto Interno Bruto), pero no entra en esta contabilidad y no están monetizados los otros recursos que también se van perdiendo como el agua y el suelo.
• “La actividad minera afecta, sin ningún control, a los acuíferos y cursos de agua sin pagar un solo boliviano”.
• Entre la necesidad de agua de una población y una empresa minera, la última tiene más derechos.
“Exigir al Gobierno que haya una auditoría al sector minero cooperativista, porque sabe-mos las cooperativistas del departamento de Potosí, existen 42 cooperativas, pero no pagan impuestos, se saca de la mina y llevan directa-mente a las transnacionales. Cómo va a haber seguridad alimentaria, primero tenemos que saber liberar nuestro territorio para tener el Sumaj Amaña. Por ello también mi propuesta es hacer auditorías participativas, monitoreo ambiental en los lugares que están contamina-dos de acuerdos a usos y costumbres ¿cómo se hace de acuerdo a usos y costumbres? porque sabemos hay tiempo de viento, tiempo de llu-via, tiempo de calor y tiempo de sembrar; por eso no contamina igualito, es de acuerdo a los tiempos” (Representante minero de Potosí).
Propuesta Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía Boliviana
La propuesta pretende priorizar, planificar y promover el desarrollo integral sustentable de la Amazonía boliviana en beneficio de las naciones y pueblos indígena ori-ginario campesinos, la población de la región y del país, y establecer un organismo especial, des-centralizado para pro-mover actividades pro-
pias de la región.
Para ello la intervención estatal en la Amazonía debe realizarse en forma coordinada con los pueblos in-dígenas y la población de la región para producir concertación entre y con todos los que vivimos en el Norte Amazónico boliviano.
Materializa varios derechos colectivos: derecho a la consulta, derechos territoriales y a la participación en las instituciones del Estado de las que somos su-jetos los pueblos indígenas originario campesinos
La propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía contiene cinco desafíos:
• Reconstruir las relaciones que mantiene el Es-tado garantizando su presencia, encuadrada en nuevos cimientos, traduciendo además la inter-vención estatal en institucionalidad de procesos de participación en la toma de decisiones.
• Partir de la descolonización o reinterpretación de desarrollo diferenciado a instituirse en la Amazo-nía, organizado de acuerdo a las necesidades na-cionales sin que signifique un riesgo para la Ma-dre Tierra y los medios de vida de la población, pueblos indígenas y comunidades campesinas.
• Construir un marco referencial desde la Amazo-nía para que la legislación positiva inherente y las políticas concuerden con su realidad, es de-cir, un desarrollo integral amazónico emergente,
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desde abajo y desde adentro; para que tanto el ni-vel central del Estado como las entidades territo-riales y la sociedad civil, cuenten con parámetros para una implementación coherente, organizada y coordinada.
• La mejora de condiciones socioeconómica en la Amazonía debe fortalecerse con actividades pro-pias de la región, redimensionando la conserva-ción de los bosques y su biodiversidad así como el uso forestal de productos no maderables, ar-monizadas por supuesto con sus características socioculturales y ambientales, dinamizando y alentando los emprendimientos comunitarios.
• Democratizar la participación y promover el diá-logo intercultural, para incorporar en la lógica estatal, la comprensión de que en la comunidad política no sólo existen individuos, sino también colectividades sociales que deliberan, proponen y deben ser parte de las estructuras estatales.
2.3. Conclusiones generales de la mesa
Trabajo por Comisiones
La metodología trabajada en la mesa, estableció el tratamiento conclusivo de los temas en base a comi-siones. Éstos los resultados:
Modelos de desarrollo
1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
• Desde las organizaciones sociales tenemos que reflexionar en el futuro, pensar en las consecuen-cias de estas políticas de desarrollo que favorecen a las transnacionales.
• La plata de las regalías, los bonos y las inversio-nes no llegan a las comunidades más lejanas. Por eso tenemos que hacer escuchar nuestras voces, lograr más fuerza y seguir en la lucha.
• Las cooperativas mineras ya son pequeños patro-nes, no distribuyen de manera equitativa las ga-nancias y no pagan suficientes regalías al Estado, hay que exigir que esto cambie radicalmente.
• Las condiciones de vida de muchos bolivianos siguen siendo lamentables por lo que tenemos que organizarnos para hacer cumplir nuestras demandas y fortalecer la unidad ante los intentos de dividir y chantajear del gobierno.
• El proceso de cambio no es del gobierno es de las organizaciones vivas de Bolivia, hay que recupe-rar esta posición.
• Las organizaciones debemos recuperar nuestra in-dependencia y dejar de ser la escalera del gobierno.
• Desde las organizaciones sociales tenemos la ta-rea de aclarar cuál es el modelo de desarrollo que está planteando el gobierno, debemos eliminar la confusión para que todos podamos aportar con más propuestas para un desarrollo real.
“Generar espacios y encuentros entre organi-zaciones de tierras altas y tierras bajas para lograr una sola posición en relación al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Yo creo que no podemos estar separados los de tierras altas y tierras bajas, aunque los problemas no son los mismos, tenemos que te-ner una sola posición debemos unirnos. Hay que ser orgánicos y empezar a fortalecernos, apoyarnos y solidarizarnos con quienes están luchando por la causa justa, como es el tema del TIPNIS, Mallku Cota, Colquiri y otros que puedan surgir. La rearticulación de las or-ganizaciones sociales desde sus bases, debe ser una bisagra entre los dirigentes y las ba-ses tanto de áreas urbana y rural. Tenemos que ver también que cuestionar, denunciar y sancionar a nuestras propias organizaciones, sobre todo a los líderes, dirigentes que persi-guen intereses personales, políticos que con-travengan, que se conviertan en cómplices de saqueos de nuestros recursos naturales” (Re-presentante del Occidente boliviano).
2. ¿Qué propuestas/demandas deberían ser trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
• Recuperar la visión y la vida colectiva y comunitaria.
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• Reorientar el proceso de cambio para que apoye a las comunidades. Las organizaciones deberían ser las que dirijan el proceso de cambio.
• Exigir al gobierno la industrialización de nues-tros recursos, no sólo basada en la explotación de materias primas.
• Es necesario cambiar el modelo de desarrollo económico capitalista extractivista y expulsar a las transnacionales, lograr una verdadera na-cionalización, con control y participación social. Para ello, primero debemos exigir que se cumpla la Constitución Política del Estado.
• La riqueza del país debe ser redistribuida entre los bolivianos y se debe quedar en Bolivia.
• Se debe lograr un sistema propio donde todos ga-nemos igual.
• Los proyectos deben ser aprobados por nuestras organizaciones y debe haber un verdadero con-trol social en su ejecución.
• Por lo menos un 10% de regalías deben quedarse en las localidades de donde salen los recursos na-turales, para la construcción de centros de salud y escuelas superiores para nuestros hijos.
• Los impuestos deben retornar en obras concretas a las comunidades.
• Debemos trabajar en propuestas de leyes para resguardar los intereses del pueblo boliviano.
• Exigir al Gobierno explique sus alianzas con las transnacionales y el saqueo de nuestros recursos.
3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas
• Hacer seguimiento a las políticas y los proyectos.
• Trabajar en conjunto para recuperar la unidad, hacer un compromiso entre las organizaciones para apoyarnos unos a otros.
• Debemos capacitarnos para cambiar el sistema del país y expulsar las transnacionales.
• Exigir la aplicación de la Constitución de lo con-trario hacer un amparo constitucional o una ac-ción popular por el incumplimiento de los man-datos constitucionales.
• Pedir el cambio del gabinete Ministerial.
• Exigir un proceso de concertación participativa para lograr consenso en la nueva ley de minería. Exigir que las cooperativas mineras paguen im-puestos y regalías.
• Impulsar con urgencia la aprobación de la Ley de Aguas.
• Las organizaciones sociales deberíamos tener reuniones más frecuentes cada seis meses y hacer un trabajo constante de socialización y difusión de información en las bases.
• Es necesario sacar un voto resolutivo de este encuentro.
• Se debería implementar un modelo de Desarrollo Comunitario.
• Implementar mecanismos de seguimiento a las propuestas del Foro Social.
Impactos sociales y ambientales del uso y explotación de recursos naturales: hídricos, maderables, mineros y otros
1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
• Unidad entre organizaciones de tierras bajas para detener la explotación de los bosques comu-nales y la venta de madera, ya que los beneficios son pocos y el impacto ambiental y en los medios de vida de las familias es negativo.
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• Debemos empezar a concienciar y cuestionar so-bre los derechos que tenemos respecto del uso, acceso y aprovechamiento de nuestros recursos forestales, minerales, hídricos, desde las organi-zaciones. Preguntarnos a quién beneficia más la explotación de los recursos minerales, forestales e hídricos para cambiar esta situación en favor de la mayoría y hacer que se traduzcan en políticas de Estado.
• Generar espacios de encuentro entre organiza-ciones de tierras altas y bajas para hacer una sola posición en relación a la explotación de recursos minerales, recursos forestales, recursos hídricos y elevar nuestra voz ante el Gobierno.
• Debemos empezar a tomar acciones orgánicas, empezar a fortalecernos, apoyarnos y solidarizar-nos con quienes están luchando por causas justas como el TIPNIS, Mallk’u Cota y otros casos de gran impacto.
2. ¿Qué propuestas/demandas deberían se trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
• Trabajar en propuestas de ley desde las or-ganizaciones como la Ley Especial de la Amazo-nía, para plantear nuestro desarrollo desde nues-tra problemática y nuestras potencialidades, en el marco del ejercicio de nuestros derechos colectivos e individuales. Esta propuesta de ley está enfocada en proteger nuestros recursos hídricos, forestales y mineros, dentro de nuestros territorios, y están
siendo explotados y contaminados sin control al-guno. Busca regular los impactos y los beneficios de las operaciones que realizan las firmas extran-jeras.
• Toda actividad de aprovechamiento de re-cursos, sea minero, forestal, hídrico o de otra naturaleza debe ser analizada desde la perspectiva de la distribución de bene-ficios de la distribución de impactos. Ge-neralmente el grueso del beneficio va a parar en pocas manos y la mayor cantidad de impactos se distribuye entre la mayoría de la gente. Estos impactos, generalmente negativos, lo sufren las personas.
• Debería haber una política de gestión ambiental de los recursos naturales en general propuesta desde las organizaciones sociales; de esta manera podemos identificar mejor el rumbo que vamos a tomar, a partir de mirarnos a nosotros mismos y querernos a nosotros mismos, a nuestro entor-no. Esta política debe estar orientada a la con-servación, pues ya se visualiza que varios de los recursos no renovables como gas y petróleo, se acabaran en unos años.
3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas
• Capitalizar lo que se hizo en el proceso constitu-yente desde las organizaciones sociales, que tra-bajaron articuladas en el Pacto de Unidad.
• Retomar la agenda de Octubre, para la recupe-rar nuestros recursos naturales renovables y no renovables en beneficio de los bolivianos y bo-livianas. Recuperar la libertad y soberanía para decidir sobre nuestros recursos, hoy no tenemos libertad, soberanía, porque se está pensando en defender los intereses de trasnacionales y no en los interese de la mayoría.
• Rearticulación de las organizaciones sociales desde sus bases e incidir en la unidad entre indígenas de tierras altas y bajas definiendo agendas comunes.
• Rearticular las organizaciones fracturadas por la cooptación política mediante un trabajo orgáni-co con las bases. Hemos llegado a entender que
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existen organizaciones grandes, pero están des-truidas y fracturadas, no hay trabajo orgánico sindical desde las bases, con nuestras bases. Es-tos fracasos en las últimas marchas nos muestra que el trabajo con nuestras bases es deficiente.
• Las organizaciones debemos, mediante el díálo-go y el debate permanente, dar a conocer situa-ciones de peligro ambiental y denunciar.
• Luchar contra el estigma y la persecución política a quienes se atreven a reclamar por sus derechos y los nuestros como es el caso del TIPNIS. Articu-lación de los sectores que están defendiendo los recursos naturales: TIPNIS, Mallku Cota, Colqui-ri. Cada uno está dando pasos aisladamente.
• Cuestionar, denunciar y sancionar en nuestras propias organizaciones a los líderes y dirigentes que persiguen intereses personales, políticos y económicos. Se convierten en cómplices del sa-queo de nuestros recursos en lugar de defender las demandas de sus sectores. Tanto se habla de la CPE donde, por ejemplo, dice que el agua no se vende; sin embrago más que nunca existen cooperativas que venden el agua y, como éste hay muchos ejemplos contradictorios.
• Recuperar la independencia política, porque ve-mos que muchas organizaciones están haciendo pongueaje político en las organizaciones, no per-mitir el servilismo de líderes y dirigentes.
• Sentar las bases para construir desarrollo comunitario.
• Conquistar también a la población urbana para tener aliados en la defensa de nuestros intereses que son de todos y todas.
• Buscar el reparo a los daños causados al medio ambiente.
• Formar y capacitar líderes comprometidos con el tema socio ambiental, capaces de identificar y diferenciar los roles de las organizaciones y del gobierno.
• Coadyuvar a las organizaciones, demostrar que no están solos y abandonados en la lucha por la defensa de los recursos naturales.
Derecho a la Consulta
1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones urbanas y rurales en el contexto del derecho a la consulta analizado?
• La Consulta es un derecho y un deber al mismo tiempo. Derecho colectivo de los pueblos Indíge-na Originario Campesinos para ejercerlo, y deber del Estado para implementarlo. En éste contexto, el rol de las organizaciones urbanas y rurales, es exigir su pleno cumplimiento en estricto apego a la Constitución Política del Estado y a las normas internacionales vigentes, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
• Si bien el Derecho a la Consulta se aplica a los pueblos indígena originario campesinos, los inte-reses que están en juego, son de carácter y alcan-ce nacional. Este aspecto exige el establecimiento de alianzas estratégicas entre actores y organiza-ciones urbanas y rurales.
• El rol de las organizaciones es intercambiar in-formación, con el apoyo de especialistas, para tomar mejor posición, sobre el aprovechamiento regulado de los recursos naturales.
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2. ¿Qué propuestas /demandas deberían ser trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales, en el contexto del derecho a la consulta?
• El tema de fondo, detrás del Derecho a la Consul-ta, en realidad pasa por la recuperación plena de los recursos naturales por parte del pueblo boli-viano y la reorientación del modelo de desarrollo basado en el extractivismo. Desde este punto de vista, el pueblo debería recuperar plenamente la propiedad, el control y la administración de los recursos naturales y también definir la orienta-ción del modelo de desarrollo.
• El mecanismo de consulta necesita afinarse en cuanto al tema de la indemnización, según el re-glamento vigente.
• Las organizaciones sociales tienen la obligación de difundir, denunciar y resistir las acciones del gobierno que agreden y pisotean los derechos de los pueblos Indígena Originario Campesinos.
• También implementar procesos de difusión y socialización de información destinados a que las organizaciones conozcan, con mayor detalle y precisión, la problemática de exploración y ex-plotación de recursos naturales, especialmente en materia minera e hidrocarburífera.
• Implementar procesos de formación política en las organizaciones.
3. Definir estrategias para lograr el cumplimiento de las propuestas y demandas identificadas
• Se precisa establecer alianzas estratégicas entre organizaciones urbanas y rurales, para confor-mar redes de trabajo en defensa de la biodiversi-dad y el medio ambiente.
• Las organizaciones urbanas y rurales, deben exi-gir la aplicación de la consulta en estricto apego a la Constitución Política del Estado, resguardan-do su integralidad y denunciando la interpreta-ción inconstitucional del gobierno.
• Las organizaciones deben re-articularse en base al análisis, debate y ajuste de sus propias agendas, implementando acciones de denuncia, para conso-lidar frentes sectoriales de solidaridad, que neutra-licen la cooptación que el gobierno implementa.
• Las movilizaciones deberían acompañar como ins-trumento de lucha, la propuesta de ejercer el ple-no control del pueblo boliviano sobre los RRNN.
• Considerando que el TIPNIS representa el cam-po de batalla para hacer respetar los derechos de los pueblos indígena originario campesinos y el cumplimiento de la consulta en estricto apego a la Constitución Política del Estado; las organiza-ciones, urbanas y rurales, deberían conformar un frente único de denuncia, resistencia, moviliza-ción y generación de propuestas, con el fin de re-orientar el sentido del proceso de cambio.
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3. Mesa 3: Redistribución de la Riqueza
Con el objetivo de debatir y analizar sobre las fuentes de generación de ingresos y las políticas macroeco-nómicas aplicadas por el gobierno, esta mesa analizó la situación actual de los recursos con que cuentan los bolivianos, los presupuestos y las políticas de re-distribución de dichos recursos y las posibles alter-nativas sobre el modelo económico óptimo para su administración.
Con Bruno Rojas del CEDLA e Iris Baptista de UNITAS, como moderadores, el recinto recibió a participantes de distintas organizaciones y departamentos del país para abordar las siguientes temáticas: redistribución de la riqueza, apuntes para el debate; algunas referencias sobre emprendimientos productivos y desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza.
3.1. Metodología de trabajoLa manera en que se trabajó esta mesa incluyó los siguientes pasos: en primera instancia se hizo la pre-sentación de los objetivos generales, luego cada uno de los panelistas realizó su exposición y, en base a esta información temática, se realizó una ronda de preguntas y respuestas. Posteriormente, el debate en plenaria motivó la elaboración conjunta de las conclusiones de la mesa.
Expositores
1. Bruno Rojas Callejas – CEDLA – Redistribución de la riqueza, apuntes para el debate.
2. Ángel Pinaya Chávez – FEDEMyPE (Oruro) – Re-ferencias sobre emprendimientos productivos.
3. Iris Baptista – UNITAS – Desigualdades y exclu-siones en la redistribución de la riqueza.
Equipo de apoyo
Bruno Rojas – CEDLA Iris Baptista – UNITASExposición de temas
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3.2. Exposición de temas
Tema I: Redistribución de la riqueza — apuntes para el debate
Bruno Rojas Callejas – CEDLA
El expositor empezó brindando datos sobre el creci-miento del Producto Interno Bruto (PIB), indicando que el año 2011 esta medida de bienestar material en el país fue del 5.7%. Es decir, cada boliviana y bo-liviano tendría 2.742,6 dólares al año; lo que equi-valdría a que una familia tipo, de cinco personas, tendría 13,713 dólares. Entonces deberíamos pre-guntarnos si esto pasa en la realidad.
Otro ejemplo: el año 2008 del 55% de la riqueza generada por los trabajadores asalariados fue des-tinado a los empresarios y 25% a los salarios de los trabajadores. Con relación a las exportaciones, és-tas crecieron en más de 2.000 millones de dólares, impulsadas por las ventas externas de recursos na-turales extractivos y no renovables. Así se confirma la “reprimarización” de las exportaciones y la baja capacidad de industrialización que tiene el país.
El incremento se debió a los buenos precios de las materias primas en el mercado mundial. El precio promedio de las exportaciones se elevó a 449 dólares por tonelada (t) el año 2011, frente a 358 USD/t del 2010 y de 349 USD/t del 2008. (Fuente: IBCE Re-vista Cifras, Nº 96, 30/01/12).
Explicó también la fluctuación del valor de las ex-portaciones entre los años 2008 y 2011, que ascien-den a 9.040 millones de dólares éste año, superiores en 2.088 millones respecto del año 2010 y en 2.107 millones del 2008.
El volumen de las exportaciones crecieron en 20,2 millones de toneladas con un crecimiento de 732 mil t respecto al 2010 y 284 mil t más que el 2008. Entre tanto, las exportaciones no tradicionales que signi-ficaron 1.528 millones de dólares, su valor cayó en 1,4%, respecto del 2010, Mientras que las exporta-ciones tradicionales están en 7.512 millones de dó-lares (83% del total), superior en 39% respecto del
2010. Estos datos representan en su mayor parte la explotación de gas y minerales.
Estructura sectorial de las exportaciones(promedio anual)
2006 - 2011
2001 - 2005
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hidrocarburos
2001 - 2005 2006 - 2011
Minería
33.0% 45.5%
Industria
14.2% 24.1%
Agricultura
47.5%
5.4%
26.3%
4.1%
Fuente: Elaboración Cedla
En cuanto a la inversión extranjera, el año 2005 fue-ron 291 millones de dólares los que fueron aposta-dos en el país; el 2010 fueron 651 millones de dóla-res; el 2011, 859 millones de dólares. Esto se traduce en que 0.5% con relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) en Sudamérica fue 153.448.000.000 dólares, es decir el octavo lugar en recibir inversión, 43% para Brasil. La IED se incrementa contraria-mente al proceso de “nacionalización” de empresas y se refirió a las remesas indicando que en la década de los 2000, fue de 1000 millones de dólares, supe-rior a la inversión extrajera, en el 2010, 986 millo-nes de dólares y en el 2011, 876 millones de dólares y hasta agosto de 2012, 592 millones de dólares y un estudio realizado por la UMSS en el 2011, mostró que hasta un 60%, las familias receptoras gastan en necesidades básicas.
En base a estos datos, el expositor afirmó que quien tiene la responsabilidad de redistribuir estos recur-sos es el Estado, a través de la aplicación de políticas de redistribución. Se tienen instrumentos para re-distribuir dichos ingresos captados, como por ejem-plo el Presupuesto General de la Nación (PGN).
En 2012, el presupuesto consolidado fue de Bs. 145.943 millones a ser invertidos en diferentes áreas. Las principales fuentes de financiamiento fueron:
• Impuestos: Bs. 35.356 millones
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• Regalías e IDH : Bs. 10.834 millones
• Deuda pública (títulos valor): Hasta Bs. 500 millones
A través de diapositivas demostró las fuentes de re-caudación impositiva y en qué se distribuyen estos recursos:
• Gasto corriente: 57% (83.610 millones de bolivianos).
- Se incrementó en 20% con relación al 2011.
- También se incrementó el monto para pago de rentas de jubilación en 17% (Bs. 5.927 millones).
- Al igual que la subvención a hidrocarburos: De Bs. 360 millones en 2011 a Bs. 755 millo-nes en 2012.
• Gastos de defensa: 20%.
- Los gastos totales crecen más que los in-gresos totales (déficit de Bs. 7.961 millones, 4.5% del PIB).
- Inversión pública: 15% (Bs. 22.200 millones, superior a los 626 millones en el año 2005).
“Nos han hecho creer que el IDH con la nacio-nalización iba a mejorar. No hay tal nacio-nalización, nos han hecho creer. Pienso que si recuperamos la agenda de octubre miramos todo eso tenemos que saber absolutamente estar convencidos que eso tiene que ser de los bolivianos, administrado por los bolivianos y distribuido por los bolivianos y sus beneficios para todos los bolivianos” (Representante de Cochabamba).
A modo de ejemplo, hizo una relación de la pobre-za extrema en Bolivia, desde 1996 hasta 2007, en el contexto urbano, rural e indígena; con lo que con-cluyó en que la redistribución del ingreso en el ac-tual Estado Plurinacional y autonomista, basado en el modelo actual de economía plural y comunitaria, la redistribución debería darse a través de dos vías:
1. Otorgación de bonos a sectores sociales vulnera-bles: como la Renta Dignidad, dirigida a adultos mayores de 60 años; el Bono Juancito Pinto, des-tinado a niños, niñas y adolescentes en edad esco-lar; el Bono Juana Azurduy de Padilla, destinada
a madres con niños menores de un año; el Bono para Madres Solteras, que aún se encuentra en proyecto, entre otros beneficios sociales.
2. Transferencia de recursos a “agentes económicos bolivianos”, dirigida “especialmente” a sectores marginados de la sociedad, como empresarios privados, cooperativas y comunidades.
Por otro lado, también mencionó la importancia de destinar recursos que generen condiciones u opor-tunidades para la proyección de empleo e inclusión social, poniendo como ejemplo el establecimiento de políticas públicas como la Desnutrición 0 para niños y niñas menores de 2 años, la protección social al bi-nomio madre-niño, la alimentación complementaria escolar y el Seguro Universal de Salud.
Entre otras políticas públicas de gran trascendencia social y protección para grupos de alta vulnerabili-dad también mencionó: la mejora de la educación pública con calidad, relevancia y pertinencia para todos y todas; el Plan Nacional de Vivienda Social; el Plan de Seguridad Ciudadana y Pública; la atención de servicios públicos básicos y las estrategias dirigi-das a lograr la Seguridad Alimentaria con Soberanía.
Sectores con pobreza extrema en Bolivia
Debate general de la mesa:
En estos últimos tiempos se han acrecentado los puestos de venta informales, las calles se han con-vertido en mercados ¿Cuál es la solución frente a las crisis a las que han llegado los distintos modelos de desarrollo, basados en la reprimarización de nues-tros recursos? ¿Qué modelo económico sería el me-jor para los bolivianos?
No indígena Urbano
18%(663.355)
No indígena Rural11%
(424.634)
Indígenas Urbano
23%(856.791)
Indígenas Rural48%
(1.774.365)Fuente: Elaboración Cedla
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No vamos a engañarnos, este gobierno es totalmente neoliberal y debemos plantear cambios reflexionan-do en base a todo lo que nos ha pasado, como con el D.S. 21060 y sus implicancias. El Estado tiene que encontrar las soluciones, pues tiene el control en tér-minos formales, pero son las empresas transnacio-nales las que siguen manejando la exportación.
“Tenemos el ingreso económico del gas y vemos la pobreza de los pueblos indígenas y a pesar de que tenemos grandes riquezas, seguimos pobres. Todo lo que sale del territorio indígena es rico. Cuando la gente del oriente reclama, no se le hace caso por-que no son militantes del gobierno. Los impuestos a los hidrocarburos han aumentado pero esto no beneficia a los indígenas. Hemos sido solidarios con los colonizadores y ahora miren la contradicción y mezquindad: los indígenas luchan por el 5% y ahora ¿quién se lleva la tajada del Fondo Indígena?, más del 80% de los proyectos los aprueban los coloniza-dores y las bartolinas y esa es la contradicción ¿cómo miramos la redistribución?, ¿hay que ser militante para que lleguen recursos?, los lugares de donde sale la riqueza es donde hay extrema pobreza”, afirmó un dirigente indígena del oriente boliviano.
En cuanto a los recursos destinados a las univer-sidades, hay tres tipos de universidades: las uni-versidades privadas, las indígenas y la universidad estatal. Sabemos que el Estado destina un porcen-taje a las universidades públicas para su funcio-namiento e inversión. No contamos con buenos profesionales y eso trae una decadencia en la for-mación de los jóvenes, se debería empezar a pen-sar en verdaderos cambios.
Al culminar la ronda de opiniones, Bruno Rojas aclaró que una cosa es la redistribución de la riqueza y otra es la redistribución del ingreso. Por ejemplo, dijo que no existe un impuesto a la ganancia, eso sig-nifica desigualdad en cuanto a ganancias; mientras que la inequidad en la distribución se nota en el ac-ceso que tienen sectores vulnerables de la población como las mujeres e indígenas, por ejemplo, a recur-sos o bienes; pues donde se concentra más la riqueza es en las ciudades. Visto desde este enfoque se nota que aún se promueve la desigualdad.
Tema II: Referencias sobre emprendimientos productivos
Ángel Pinaya Chávez — Afiliado de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (FEDEMyPE) – Oruro
Para dar una lectura del contexto sobre la actividad empresarial, a pequeña escala, emergente Ángel Pi-naya cuenta que, a raíz de la falta de empleos, la po-blación mayoritaria en las ciudades se ha ido agru-pando en microempresas, empresas individuales y pequeños emprendimientos.
Toda actividad emprendedora tiene un proceso creativo y de factibilidad, pero como este sector de la población no tiene a nadie quien le controle, son sectores que tienen ciertas características: por lo ge-neral no sólo trabajan ocho horas, sino trabajan a destajo1, son cuenta propistas2 y, desde el punto de vista de los derechos, esta población es la que mayo-res sacrificios laborales imprime para aportar en sus núcleos familiares, convirtiéndose en el pilar funda-mental de la economía.
El año 2006 se había dicho que la micro empresa podría pasar a ser mediana empresa. Inicialmente, la propuesta fue bien vista pues la microempresa necesitaba capitales para reforzarse y dar empleo a otras personas. El sector de la microempresa tiene esas prerrogativas y una estructura definida y para que sirva a las mayorías es necesario desarmarla,
1 Trabajo en que la remuneración se pacta en base a la cantidad de unidades, obras o labores que el trabajador realice en una jornada determinada.
2 Personas que trabajan por cuenta o iniciativa propia.
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reeducarla y formar un nuevo modelo. Dicha pro-puesta debe ser acorde a la CPE en base a la sobe-ranía que reside en el pueblo, que es quien tiene la última palabra.
Para resolver esos problemas se tendría que gestio-nar financiamiento, con bajos intereses, y dar capa-citación en diferentes rubros. En cuanto a las políti-cas macro, se debe abrir nuevas sendas a mercados para los diversos productos bolivianos.
En instancias de los gobiernos nacional y departa-mental, uno de los grandes desafíos es cambiar y re-diseñar la mentalidad de las personas. Todos debe-mos reflexionar sobre cuál es el nivel de compromiso que tenemos, para aportar con ideas y propuestas di-rigidas a promover el cambio en nuestra economía.
En cuanto a los dirigentes, una de las medidas que se pueden perfilar para evitar la división de las organi-zaciones sociales es invertir recursos y esfuerzos en las bases, para que se hagan productivas.
La incorporación de ciertas políticas y normativas en las Cartas Orgánicas Municipales dirigidas a promo-ver nuevos emprendimientos y que permitan aba-ratar los costos, tener el control de los mercados y capacitar a la gente para que genere su propia fuente de trabajo.
La población mayoritaria de Oruro es microempre-saria, es decir que una buena parte de los orureños ha sido autogestionario de su economía. Por su par-te, la alcaldía invertía solamente el 2% en el fomento a nuevos emprendimientos.
Como organizaciones vemos la importancia de bus-car soluciones, inmiscuirnos más en el problema para proponer alternativas y soluciones que pro-muevan mayor participación y analizar sus posibles repercusiones.
Debate general de la mesa:
El Ministerio competente no invierte. En la CPE todo está redactado bonito y se habla del proceso de cambio, pero no hay acción ni cambios. El Gobierno da más recursos a los empresarios y no a los que pe-queños emprendimientos.
Los asambleístas pueden trabajar y realizar control en cuanto a la redistribución desde los lugares a los que representan, proponiendo soluciones desde ahí.
No conozco las cifras exactas de inversión en las mi-croempresas a nivel nacional, pero así hubiese in-versión considerable, las otras condiciones no están dadas, capacitación técnica y productiva, y el merca-do no está asegurado, nos falta muchas condiciones al respecto.
Tema III: Desigualdades y exclusiones en la redistribución de la riqueza
Iris Baptista – UNITAS
Fuente: Datos del Informe Sombra CEDAW - Con-vención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
El informe sombra de la CEDAW es un documento en el que se da seguimiento y evaluación al cumpli-miento de las obligaciones contraídas por Bolivia al ratificar el tratado CEDAW-Convención para la Eli-minación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, firmada en 1989.
A través de la Ley No 1100 se incorpora los compro-misos CEDAW a la normativa nacional, obligando al Estado a cumplir las disposiciones de este tratado y a rendir informes periódicos ante el Comité supervisor. Hasta el momento, Bolivia presentó cuatro informes oficiales al Comité y se solicitó al Estado un quinto informe en el 2011 que todavía no se ha presentado, aunque se conoce que se está trabajando en él.
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Bolivia ha ingresado en un escenario de transforma-ciones, que se propone lograr la descolonización y despatriarcalización. En este proceso, para eliminar la pobreza y la exclusión social, la actual CPE pone de relieve el reconocimiento de derechos de mujeres y pueblos indígenas, promoviendo un Estado Plu-rinacional en el que su ejercicio quede garantizado para la construcción de una sociedad sin discrimi-nación y protegiendo los derechos humanos de las mujeres.
Frente a estos postulados, el último Informe Na-cional sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas demuestra la persistencia de desigualdades que marcan discriminación y exclusión entre la po-blación boliviana. Estas desigualdades denotan la ausencia de políticas inclusivas y equitativas de re-distribución del presupuesto en diferentes ámbitos: en educación la brecha de desigualdad en cuanto al acceso a la educación es visible entre hombres del área urbana y las mujeres del área rural.
En el ámbito laboral también se notan amplias dife-rencias entre hombres y mujeres. Debido a que los hombres pudieron acceder a mayor y mejor educa-ción pueden optar por fuentes laborales que ofertan mayores ingresos. Mientras que las mujeres que no pudieron acceder a educación se ven limitadas de acceder a espacios laborales mal o medianamente remunerados y con una serie de requerimientos de formación. Esta es una de las razones que derivan en que la mayoría de las mujeres se desempeñen en actividades de comercio informal y/o carreras aso-ciadas a sus roles reproductivos, como ser maestras, enfermeras, secretarias y otras similares.
“Yo quisiera aclarar sobre la agenda de octu-bre, en la agenda de octubre qué se ha hecho, se ha pedido la industrialización de todos los recursos naturales con valor agregado donde se pueda generar el trabajo digno, porque en Bolivia no tenemos un trabajo seguro y por eso hay mucho mercado informal, eso se ha pedido. Desde esa hora hasta esta fecha no se cumplen, incluso se llenan la boca de decirnos que ya habría cumplido la agenda de octu-bre, mentira, solo ha regalado, ha legalizado los contratos ilegales a las petroleras, nada más” (Mujer representante de La Paz).
Respecto a la redistribución de recursos económicos por género, la normativa boliviana hace pocos años ha incorporado criterios para destinar presupuestos específicos a temas de género en los distintos nive-les descentralizados. Aunque existe esta normativa, ésta no se refleja en la planificación lo que se traduce en que los presupuestos públicos siguen siendo in-sensibles a género y las instancias que asumen la ta-rea de trabajar con este tema tiene escasos recursos lo cual es una limitante para la implementación de políticas de género que están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Si bien es cierto que las brechas de pobreza han disminuido en los últimos años, las desigualdades dentro de esta misma línea entre hombres y mujeres continúa, eso demuestra que no se están tomando en cuenta las inequidades de género.
Existe normativa que establece que los presupuestos de las entidades territoriales autónomas incluirán categorías de género para asegurar la eliminación de las brechas y desigualdades de género. Los avances son mínimos en cuanto a redistribución por género en todas las partidas y la realidad nos muestra que los recursos destinados en las esferas públicas en Direcciones y Unidades de género son mínimos e insuficientes.
Según datos del Ministerio de Economía, la pobla-ción boliviana beneficiada con transferencias condi-cionadas directas como los bonos llega al 29%:
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• El Bono Juancito Pinto llega a 16% de los cuales el 50% son niñas;
• La Renta dignidad al 8%, 55% son mujeres;
• El Bono Juana Azurduy al 5% está dirigido al bi-nomio madre niño (a).
De manera general el 61%de los bonos está centrado en las mujeres que utilizan servicios públicos y edu-cación pública para sus hijos e hijas pero que ade-más en su mayoría se las reconoce en tanto repro-ductoras y madres, dando continuidad un contexto patriarcal. (Fuente: Fundación Jubileo).
La deficiente redistribución de recursos, desde una lectura de género, se debe a que el modelo econó-mico no ha experimentado cambios estructurales. Todavía se da continuidad a un patrón de desarrollo impuesto y no propio, políticas económicas que res-ponden a la clásica estructura neoliberal que deter-mina el sistema de dominación capitalista y patriar-cal, lo cual devela la existencia de miopías que no dejan ver las realidades y problemáticas cotidianas de las bolivianas y los bolivianos para delinear estra-tegias de planificación, tanto a nivel nacional como a niveles descentralizados.
A modo de ejemplo, se puede mencionar que la Ley de Pensiones todavía responde a un sistema de capi-talización individual, en el que la mayor parte de las “trabajadoras asalariadas” son la minoría y las que no acceden a fuentes laborales estables, con bene-ficios sociales y remuneración segura muestra a un nuevo régimen que reproduce la discriminación por género, la segregación y precariedad laboral. Este régimen impide a las mujeres que trabajan infor-malmente aportar sistema de seguridad laboral o solamente permite realizar contribuciones mínimas, con rentas muy bajas.
En la estructuración de los ingresos del hogar por lo tanto en la pobreza, no sólo inciden las desigualda-des como las brechas de género, etnia y lugar de re-sidencia, sino que a éstas se suman otras adicionales que atañen a la segmentación del mercado laboral urbano donde las mujeres se sitúan en los espacios informales y de mayor precariedad laboral y las dife-rencias de acceso y logro educativo entre otros.
La erradicación de la pobreza en Bolivia carece de un enfoque estructural, no aborda las diferentes dimen-siones y causas que generan la pobreza que afrontan las mujeres, se tratan de medidas poco sostenibles.
Entre las demandas de mujeres bolivianas incluidas en este informe, se pueden destacar algunas: como la creación de normativas, con sus respectivas re-glamentaciones, a nivel departamental y municipal que establezcan presupuestos sensibles a género; la inclusión en los Planes Operativos Anuales (POAs) la partida de género, que por lo general es desviada y reformulada en otras unidades; asegurar la eje-cución de estos presupuestos; que la Dirección de Género trabaje efectivamente en temáticas sobre la mujer que le atingen.
“Ahora nos consideramos pobres, pero so-mos pobres con dignidad, muchos de noso-tros hemos participado en la guerra del agua y muchos se han aprovechado, pero otros nos hemos quedado donde estamos. En Co-chabamba todavía se sigue invirtiendo en la zona norte, zona de ricos y jailones, y las obras se han entregado por donde viven los concejales. Las mujeres nos hemos cansado y nos hemos organizado por vivienda en la zona sud y respetando la equidad de género”. (Mujer, representante de Cochabamba)
Debate general de la mesa:
El sistema educativo, como pilar fundamental, debe ser transformado. La mayor parte de nuestro presu-puesto es destinado a Defensa Nacional y no a edu-cación. Este es un problema de políticas económicas y sociales, en el que la mujer está marginada, genera discriminación entre hombres y mujeres, entre lo urbano y lo rural.
Uno de los participantes cuestionó si el bono Jua-na Azurduy ha sido un incentivo para más embara-zos. Aunque existe la consideración de que la mujer sabe, con su pareja, cuántos hijos tener y la decisión es familiar. ¿Vamos a seguir viviendo de bonos? de-bemos cambiar de modelo de desarrollo, que genera una situación socio económica y cultural atrasada.
En las familias la redistribución de roles y rique-zas son diferenciadas entre hombres y mujeres. En
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cuanto a los bonos por lo general son más estrate-gias para propagandas políticas. De esta manera, el Presidente se ha vuelto Alcalde, lo cual es negativo para Bolivia. En vez de construir y poner en prácti-ca nuestra CPE seguimos con una colonización mo-derna y el Estado genera una mala redistribución de presupuestos.
Debate en plenaria
Por lo que puedo ver desde donde yo vivo, todavía hay lugares feudalistas. Para mí nuestra economía es una economía mezcla, mixta, en la que las polí-ticas económicas no están claras, estamos viviendo un “pejtu”3, seguimos siendo pobres los pobres y los ricos más ricos. La política económica promueve la desigualdad. Por otro lado, la Economía Plural no cambia la situación; en el caso de los trabajadores del campo, ellos no cuentan con seguridad industrial y la ganancia es relativa y, por su parte, los campe-sinos ya no piensan como pobres sino como nuevos ricos. Tenemos que concientizarnos, nuestros dipu-tados y ministros están pensando en su economía y no en la del país, ni de los campesinos.
Los ingresos y su distribución son sectorialistas. Aún existe inequidad y diferencias regionales entre occi-dente y oriente.
La minería debería ser nacionalizada porque en mu-chos casos las empresas son ilegales, saquean el oro y los minerales y van a una empresa privada, como pasa en Teoponte que genera riquezas que deberían ir al Estado.
Una propuesta podría ser que se aumente el haber básico al trabajador a 3.000 o 4.000 Bs. Sería bueno reescribir la historia, es cierto que en algunas insti-tuciones, como en los fabriles que no alcanza para vivir bien y las ganancias del empresario bajarían; podríamos conseguir algo de equidad en la redistri-bución de riquezas para todos y todas.
Como Central Obrera Departamental de La Paz que-remos que se cumpla la agenda de octubre 2003. En cuanto a la Constitución, es bueno que se sigan ge-nerando estos espacios de debate y análisis desde las organizaciones.
La violencia tiene una causa, que es la falta de empleo.
3 Palabra que significa que hay una mezcla, denota todo mezclado.
3.3. Conclusiones de la mesa Síntesis sobre la situación de la redistribución de riqueza
• En Bolivia, la redistribución de la riqueza es des-igual como resultado de la economía capitalista en la que vive, que privilegia la propiedad priva-da de los medios de producción, haciendo que los empresarios sean más ricos y los pobres sean más pobres.
• La redistribución es desigual por el capitalismo atrasado en que vive el país que explica la exis-tencia de diferentes formas de producción de bajo nivel de desarrollo y donde la pobreza de la población es mayor.
• En todo este tiempo, los modelos económicos que se implementaron en el país ahondaron la desigualdad económica y la desatención de las necesidades de la población, particularmente de la más pobre tanto en el campo como en las ciu-dades y profundiza las desigualdades entre hom-bres y mujeres.
• La desigualdad esencialmente es económica, pero también, es social y cultural porque pro-mueve la discriminación social y las diferencias regionales (oriente- occidente, urbano-rural). Por esta razón, la población se siente abandona-da y marginada en muchos lugares del país por-que el Estado boliviano y sus políticas no generan condiciones para atender sus necesidades.
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• La economía boliviana depende fuertemente de las exportaciones de recursos naturales (mine-rales e hidrocarburos). En los últimos años, esta dependencia se ha incrementado debido a los precios favorables de minerales, gas y otras ma-terias primas en el mercado mundial.
• Los recursos con que cuenta el país para la aten-ción de las diferentes necesidades de la población y para la inversión en la producción, dependen de estas exportaciones y de los cambios que pue-dan darse en la economía mundial.
• El modelo de economía plural implementado por el actual gobierno no cambia la situación de des-igual distribución de la riqueza, las diferencias entre ricos y pobres, las desigualdades de género entre hombres y mujeres, por lo que las brechas de discriminación y pobreza se ahondaron en la vida de las mujeres y más en el sector de mujeres indígenas originarias campesinas.
• Si bien actualmente se cuenta con recursos del Im-puesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) su distri-bución e inversión en el país no es adecuada porque descuida la atención de las demandas sociales de la población, la producción e industrialización del país. La política fiscal y la política de redistribución del ingreso no tiene enfoque de género.
• La distribución del IDH es sectorialista, dispersa y desigual porque no permite que todas las regio-nes y poblaciones del país tengan un presupuesto adecuado para atender diferentes necesidades.
Propuestas
• Sabiendo que la distribución desigual de la rique-za es un problema estructural de la economía ca-pitalista boliviana, es necesario desde las organi-zaciones avanzar en el cambio de esta economía y de los modelos que los sustentan.
• Nacionalización y control total de los recursos naturales por parte del Estado para que las ga-nancias que genera la explotación de estos recur-sos sean reinvertidos en el país, en su desarrollo y la atención de las necesidades de la población.
• Mejora sustancial de los salarios y los ingresos de la población trabajadora en general, así como la generación de más fuentes de empleo adecuadas y visualizar las desigualdades entre hombres y mujeres.
• Retomar y cumplir la agenda de octubre de 2003, porque se considera que la misma no ha sido cumplida.
• Los recursos con los que cuenta el país (IDH, im-puestos y otros) debe ser distribuidos principal-mente en la inversión en el área social tomando en cuenta el enfoque de género, en la producción e industrialización del país.
• Estos recursos deben fortalecerse aplicando un impuesto a la ganancia de los empresarios y de los sectores ricos del país para la atención de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y de la población pobre del país.
• Es necesario reorientar la distribución equitativa del ingreso para erradicar la extrema pobreza en el campo, las ciudades y en los pueblos indígenas originario campesino y en el sector de mujeres.
• La mayor inversión en la producción debe orien-tarse a la economía local y nacional a fin de forta-lecer el aparato productivo interno.
• Cumplimiento de los compromisos, planes y nor-mas asumidos por el Estado a favor de la pobla-ción y del país, con la asignación de presupuestos en cada nivel descentralizado.
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Rol de las organizaciones:
• Las organizaciones deben continuar movilizadas, mejorando la comunicación e información con las bases sobre el destino y la redistribución de los recursos que dispone el gobierno.
• Analizar detalladamente las normas, leyes, pla-nes y otras políticas vigentes referidas a la redis-tribución de los ingresos y al desarrollo del país en general, a fin de tener un conocimiento crítico de lo que hace el gobierno y realizar propuestas de cambio.
• Concienciar a toda la población sobre los temas de orden estructural, como el modelo económico y las políticas de distribución del ingreso, promo-viendo la participación de las mujeres en estos temas de nivel estratégico.
• Muy importante fortalecer el trabajo con las ba-ses hombres y mujeres, a fin que conozcan y se informen “en qué y cómo debe” redistribuirse e invertirse los recursos existentes.
• Fortalecer la comunicación y alianzas entre las organizaciones sociales a fin de tener propuestas conjuntas y constructivas.
• Exigir y ejercer mayor control y participación so-cial en las instancias y mecanismos de redistri-bución de los recursos y participar en la formula-ción de las políticas de desarrollo, considerando a la población más desfavorecida y las necesida-des diferenciadas entre hombres y mujeres.
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4. Mesa 4: Gestión Pública y Demanda Social
Quienes participaron en esta mesa temática pudie-ron acceder a información y emitir sus opiniones y puntos de vista en el debate de los siguientes temas:
• Situación de la participación y el control social,
• Gestión pública en educación,
• Gestión pública laboral.
4.1. Metodología de trabajoEl espacio dedicado al tema Gestión Pública y De-manda Social fue abierta a los participantes con la finalidad de profundizar la reflexión sobre la situa-ción del proceso de implementación del Estado Plu-rinacional en lo que se refiere a la gestión pública y la demanda social. Estuvo moderada por Osvaldo Peñafiel, de UNITAS.
Las exposiciones de los especialistas iniciaron la se-sión, dando información e insumos a los asistentes para poder aportar en el debate grupal. Como en las otras mesas, dicho debate contempló una síntesis analítica de los temas y de la problemática analizada por sub-temas.
Después, cada uno de los participantes como miem-bro representante o dirigente de alguna organiza-ción social reflexionó sobre el estado de situación de su propia entidad, así como de las otras organizacio-nes y sus interrelaciones. Al concluir, se delinearon algunas perspectivas y desafíos orgánicos.
De manera consensuada se realizó la elección del rela-tor representante del grupo, se redactó los puntos con-clusivos que posteriormente fueron llevados a plenaria.
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Asequibilidad/Disponibilidad
Sistema Educativo - Infraestructura - Equipamiento
De 13.554 locales educativos (2008), 54% ca-recen de servicio de agua, 80% no cuenta con alcantarillado y 62% no tiene energía eléctrica.
Limitada información sobre la asignación de material educativo a las escuelas, bibliotecas y/o laboratorios.
Hay 188 telecentros educativos implementados.
No se tiene conocimiento sobre programas escolares para madres embarazadas.
Son 108.025 docentes: 73% primaria, 22% se-cundaria y 5% inicial.
Accesibilidad
¿La educación es accesible a todas y todos sin discriminación en términos geográficos y económicos?
La cobertura neta en primaria ha descen-dido en los últimos años: en las niñas bajó de 94,1% a 92,8%; en niños 95,4% a 92,5%. (2000-2006)
La cobertura neta en secundaria no supera el 60% del total de la población entre 14 a 19 años.
Se atendió a 6.891 niños y niñas con necesida-des educativas especiales (2002).
El promedio de escolaridad de estudiantes de lenguas originarias es de 5 años. Disminución en el porcentaje de personas analfabetas/os 4%.
UNESCO declara a Bolivia “Territorio Libre de Analfabetismo” (2008).
Hay regiones donde el “Yo si puedo seguir”, recién se ha iniciado (2012).
Las zonas alejadas del país, como por ejemplo el Norte Amazónico, las zonas fronterizas, rurales y las áreas periurbanas no gozan en general de infraes-tructura, mobiliario, equipamiento, servicios básicos ni de condiciones dignas para tener una educación de calidad. Las comunidades indígenas y originarias no cuentan con profesores normalistas.
Expositores
1. Patricia Mercado – Miembro Foro Vecinal de Santa Cruz – Situación de la Participación y el Control Social.
2. Beatriz Pérez —Miembro Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)— Gestión Pú-blica en Educación.
3. José Luis Campero —Abogado laboralista, ex Se-cretario de DDHH de la COD La Paz — Gestión Pública Laboral.
Equipo de apoyo
Alfredo Cahuaya – UNITAS
Sara Campuzano – UNITAS
Vega de Hoyos – UNITAS
4.2. Exposición de temas
Tema I: Situación de la participación y
la demanda social Patricia Mercado – Miembro
Foro Vecinal de Santa Cruz
Educación
Existen nuevas políticas educativas promulgadas en el marco de la CPE, como la educación productiva, comunitaria, intra-intercultural y descolonizadora; sin embargo hay una debilidad en la puesta en prác-tica de estas estrategias. Las estrategias aplicada a educación no han logrado desarrollar políticas pú-blicas integrales que incluyan salud, alimentación, seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia y la discriminación.
El presupuesto destinado a educación es insuficien-te y se requiere de mayor inversión por parte de los gobiernos locales, departamentales y nacionales. La institucionalización en el ámbito educativo tiene una alta influencia partidaria, que no contribuye a una gestión pública educativa de calidad.
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El sistema educativo se mantiene discriminato-rio y excluyente, espe-cialmente hacia sectores sociales como los disca-pacitados/as y otros/as. Si bien existen normas en el ámbito que sancionan la violencia y el maltrato físico, psicológico, entre otras vulneraciones, és-tas no se cumplen. Los problemas vigentes de al-coholismo, drogadicción, acoso escolar en el ámbi-to educativo, no cuentan con políticas públicas ni programas de prevención sostenidos.
La currícula educativa en el nivel operativo, en la práctica, no toma en cuenta condiciones de género, diversidades sexuales y capacidades diferenciadas. Éstas quedan como realidades invisibilizadas.
La calidad educativa sigue siendo un tema pendien-te y en Bolivia todavía no hay una educación practi-ca-teórica científica.
La participación social y el papel de los padres y ma-dres de familia tiende a evadir responsabilidades y dejan a la escuela no sólo la formación sino también la educación. Los mecanismos de participación so-cial no están vigentes y las actuales juntas escolares tienden a ser funcionales al sistema.
Gestión pública laboral
Si bien en la CPE se expresa que el trabajo debe ser digno y con justo salario, hay un desconocimiento y falta de aplicación de las normas y derechos labora-les. Aún así éstos derechos son exigibles.
Las últimas reformas también resultan interesantes al contemplar que los derechos laborales se ejercen a partir de los tres meses de contratación y no a los cinco, como los estipulaban las anteriores normas. Sin embargo, el desempleo y subempleo persistentes en nuestro país, que sigue sumido en una economía terciaria y dependiente, hace que, en los hechos, se dé una flexibilización laboral que vulnera los dere-
chos de los trabajadores y trabajadoras, al persistir los contratos temporales.
Los despidos de trabaja-dores se dan sin respetar sus derechos y por falta de protección laboral. No se respeta el fuero sin-dical. Además, aunque el derecho a la huelga es constitucional, la Ley Ge-neral del Trabajo aún es deficiente en ese sentido.
Hay inseguridad y miedo del trabajador para ha-cer respetar sus derechos por falta de una real pro-
tección. La burocracia pública también vulnera los derechos laborales, ya sea por parcialización con los patrones o ya sea por negligencia.
No hay seguridad social en general. Por ejemplo, hoy los trabajadores no gozan de una jubilación digna.
Se ha naturalizado como algo normal el trabajo in-fantil, cuando esto es un síntoma del deterioro de nuestra economía, que debería generar fuentes de empleo para los adultos.
Se sigue discriminando laboralmente en las entida-des públicas y privadas. Se sobreponen criterios de sexo, género, edad, origen, religión, idioma, color, clase social, orientación sexual, por encima de la capacidad que tienen las personas para ejercer tal o cual oficio. Las personas con capacidades diferen-ciadas son discriminadas en el ámbito laboral. No se reconoce las múltiples capacidades mentales y físi-cas que tienen todas las personas para llevar adelan-te los diferentes oficios.
Control social
El modelo de la Participación Popular sigue vigente, aunque con muchas restricciones. Solamente tienen atribución de participar y hacer control social las organizaciones territoriales y no así las sindicales, gremiales, de mujeres, culturales y otras.
En dicho modelo, el control social sólo se lo realiza al municipio y no así al resto de las entidades públicas y
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también permite la sobre-posición de intereses per-sonales por sobre los intereses del pueblo. El rol del Comité de Vigilancia está siendo confundido y tien-de a funcionalizarse a los gobiernos municipales de turno; se ha convertido en un mecanismo caduco de representación.
“Como dice el Artículo 241 de la Constitución Política del Estado referido al control social; el control social no es solamente para ver cuánto de plata se gasta la autoridad, sino es también para definir políticas públicas en beneficio de la colectividad boliviana” (Re-presentante de Oruro).
No existe una participación social efectiva y con de-cisión, pues se reduce a la consulta sobre pequeñas obras barriales sin trascendencia. Predomina una visión “obrista” tanto en los gobiernos municipales como en las dirigencias de las organizaciones veci-nales, que priorizan el cemento por sobre las nece-sidades de educación y salud, mostrando inconse-cuencia con las necesidades de la población.
También se observa una excesiva centralización polí-tica y administrativa municipal, especialmente en las ciudades capitales, que impide el control social más efectivo y la generación de una vida digna en la ciudad.
Existe un desconocimiento de las políticas munici-pales y del derecho a la información pública y rendi-ción de cuentas, por parte de la población.
Existe injerencia político partidaria, de grupos de poder y de los gobiernos municipales de turno en las organizaciones encargadas de hacer control social. Predominan las relaciones prebendales entre muni-cipio y dirigencias vecinales, generando:
• falta de ética en el accionar dirigencial,
• desconfianza de las bases,
• ruptura entre dirigencias y sus bases,
• toma de decisiones autoritarias en los niveles dirigenciales.
No se respetan los derechos políticos de las mujeres en las organizaciones sociales.
Las cartas y estatutos autonómicos en proceso de ela-boración y/o readecuación son llevados adelante por las autoridades sin la participación del pueblo, utili-zando mecanismos de exclusión, como por ejemplo la elección de representantes por sorteo en Santa Cruz de la Sierra, lo cual no responde a los marcos constitucionales.
“Hay bastantes leyes, no podemos seguir tra-bajando en leyes y en leyes que no se cumplen no se las aplica. El otro tema es que hay que trabajar desde una estrategia orgánica para ver que las leyes que ya están en vigencia de-ben ser de cumplimiento obligatorio, tanto por quienes están gobernando como también por nosotros los bolivianos” (Representante del departamento de La Paz).
4.3. Conclusiones generales de la mesa1. ¿Cuál es el rol de las organizaciones
urbanas y rurales en los contextos analizados?
• Nuestro rol como organizaciones sociales se debe abocar a:
• Fortalecer la estructura organizativa, superando los quiebres tradicionales entre directivas y ba-ses. Este fortalecimiento debe incluir la democra-tización participativa interna y la recuperación de la independencia de partidos políticos, grupos de poder y de autoridades públicas.
• Promover la elaboración de la Ley de Participa-ción y Control Social y sus respectivos reglamen-tos, con participación y con poder de decisión de todas las organizaciones sociales.
• Exigir el desarrollo de una política que garantice calidad educativa.
• Hacer seguimiento para que en las Cartas Orgá-nicas y Estatutos Autonómicos para que incluyan la educación como una prioridad de Estado. Así mismo, plantear la ampliación de las competen-cias de los gobiernos locales en el ámbito educati-vo y exigir que la educación sea única y de calidad
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para todas y todos las y los bolivianos.
• Se debe trabajar en volver a fortalecer el sindi-calismo, con convicción y disciplina sindical. Las acciones de las dirigencias de las organizaciones deben tener convicción y coherencia.
• Conocer las leyes, dar a conocer nuestros dere-chos a las bases.
• Trascender e ir más allá de las demandas secto-riales hacia intereses comunes de los sectores po-pulares y discriminados en general.
• Luchar por la unidad popular.
• Restaurar la institucionalidad de las organiza-ciones sociales.
• Velar por el ejercicio y cumplimiento del derecho a la educación de todas y todos sin exclusión ni discriminación.
• Respetar y promover la equidad de género en las organizaciones sociales así como promover la in-clusión de la juventud en el quehacer dirigencial.
• Erradicar la corrupción y los apetitos personales de las dirigencias de las organizaciones sociales.
• Consolidar la democratización de la participa-ción política de mujeres y jóvenes.
• Exigimos y nos comprometemos a hacer segui-miento y evaluación de los impactos y los avances que tienen estas conclusiones y el Foro como es-pacio democrático, de opinión y de construcción de democracia ciudadana.
• Hacer posicionamiento de este espacio en otros espacios de poder.
2. ¿Qué propuestas/demandas deberían se trabajadas por las organizaciones urbanas y rurales en los contextos analizados?
Educación
• Concretar y aplicar los postulados de la nueva CPE, para lograr una educación de calidad.
• Desarrollar una educación integral teórica-prác-tica y científica, que se debe hacer efectiva de
acuerdo a la Ley.
• Desarrollar políticas integrales educativas loca-les y departamentales para superar el deterioro de las condiciones educativas actuales.
• Aplicar y desarrollar un curriculum educativo base que tome en cuenta el enfoque de género, de las diversidades afectivo sexuales y de las perso-nas con capacidades diferenciadas.
• Incrementar el presupuesto en educación no sólo para gasto corriente, sino también para el desa-rrollo científico, tecnológico, efectivo, principal-mente en los centros técnico-humanísticos.
• El desarrollo curricular debe ser construido y so-cializado en la comunidad educativa, respetando las atribuciones que les compete a docentes y pa-dres de familia.
• Promover escuelas de padres y madres de familia.
• Promover procesos de capacitación docente de calidad y que generen conciencia social, que no excluyan y estén sólo dirigidos a lograr grados académicos o certificaciones.
• Asignar ítems necesarios para superar el déficit histórico que existe e incorporar otros para las áreas de tecnología y computación.
• La incorporación de personal multidisciplinario en los establecimientos educativos.
Derechos laborales
• Aplicación y cumplimiento de los derechos labo-rales constitucionalizados.
• Sanciones ejemplarizadoras para todo aquel que viole los derechos laborales.
• Considerando que la mayor parte de la pobla-ción trabaja en la economía por cuenta propia, se debe transformar la economía de nuestro país para que genere valor agregado y se industrialice, generando asi fuentes de empleo digno, con sala-rio justo, de acuerdo con la canasta familiar, con seguridad social.
• Desarrollar programas obligatorios de sensibili-zación para la aplicación de la Ley No 045 Con-tra el Racismo y toda forma de Discriminación,
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en entidades públicas y privadas para lograr la inclusión social sin discriminación de ningún tipo, ya sea sexo, género, edad, origen, religión, idioma, color, clase social u orientación sexual.
• Las personas con capacidades diferenciadas de-ben ser reconocidas en su integralidad y plena-mente en el ámbito laboral. Deben reconocerse las múltiples capacidades mentales y físicas que tienen todas las personas para llevar adelante los diferentes oficios.
• Los contratos temporales deben desaparecer de las prácticas laborales.
• Inserción laboral para los jóvenes con salario jus-to y por trabajo igual.
• Respeto al derecho de las mujeres a que su traba-jo sea reconocido y que se logre simetría salarial en relación al varón, por igual trabajo.
• Protección real de parte de las autoridades labo-rales para que el trabajador se sienta seguro de ejercer sus derechos.
• Respeto a la sindicalización, derecho a la protes-ta, huelga, fuero sindical.
Control Social
• Construir un nuevo modelo de Participación y Control Social que genere protagonismo y for-talecimiento de las organizaciones sociales y populares, del campo y de la ciudad, al mismo tiempo que recupere su autonomía organizativa e independencia de los partidos políticos y de los
grupos de poder. Para ello este nuevo modelo implica una participación con real poder de de-cisión por parte de la población, ya que no basta proponer o ser consultados.
• Este nuevo modelo de Participación y Control Social debe trascender lo municipal y llegar a controlar todas las entidades públicas o que ma-nejen recursos públicos.
• La atribución de la Participación y Control So-cial no debe limitarse a organizaciones territoria-les sino a todo el pueblo organizado. Por ello los Comités de Vigilancia deben desaparecer para que sean las propias organizaciones sociales ya existentes, es decir las organizaciones vecinales, gremiales, sindicales, indígenas-originarias, cam-pesinas, juveniles, de mujeres, educativas, cultu-rales, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad, con sus representaciones locales, departamentales y nacionales las que ejerzan el control social directamente y sin intermediaciones artificiales.
• Por las razones expuestas es primordial nues-tra participación en la elaboración de una Ley de Participación y Control Social que exprese este nuevo modelo con la contribución de las organizaciones vecinales, gremiales, sindicales, indígenas-originarias, campesinas, juveniles, de mujeres, educativas, culturales, de la diversidad sexual, de las personas con discapacidad. La par-ticipación social con poder de decisión en la ela-boración de las Cartas y Estatutos Autonomicos sin exclusión de ninguna clase.
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V. Conclusiones del Foro
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Conclusiones del foro en plenaria generalMESA 1. Soberanía, seguridad
alimentaria y problemática agraria:
• Debemos cuidar a la Madre Tierra producien-do alimentos orgánicos, trabajando ecológica-mente. Es necesario investigar la incidencia de los alimentos transgénicos en la salud de los bolivianos, pues su consumo ha incrementado en gran medida.
• En el altiplano ya estamos produciendo alimen-tos orgánicos, pero no hay mercado para llevar adelante toda la cadena productiva, dar valor agregado y dar certificación. Para tener seguri-dad alimentaria el campesino debe sembrar otros productos antes que coca y la población en gene-ral dar prioridad a los alimentos producidos en Bolivia antes que los que vienen de afuera.
• Se deben fiscalizar las tierras y asegurarnos de que cumplan la función económica y social, es-pecialmente ahora que el gobierno ha hecho una pausa de cinco años con los empresarios. Tene-mos que trabajar coordinadamente para solucio-nar el tema de la distribución de tierras, pues aún no existe igualdad de acceso a tierras fiscales por parte de las mujeres e indígenas. El gobierno de-bería asignar un presupuesto específico del TGN para el saneamiento de tierras.
• En cuanto al tema de tierras se realizaron denun-cias sobre supuestos funcionarios que ofrecen tie-rras fiscales a pobladores urbanos, en desmedro del proceso de cambio. Se dijo también que los princi-pales culpables del doble saneamiento son los fun-cionarios del Estado, más que los dirigentes. Por su parte, representantes de San Miguel de Velasco
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aseguraron que los dirigentes que ahora están en la CIDOB no hacen nada contra el avasallamiento por parte de brasileños, menonitas, terratenientes, ni empresarios. Mientras que en Pando la realidad contrasta con lo que se dice en referencia a que el proceso de saneamiento ha concluido, sus repre-sentantes afirman que no es así.
• Se debe fiscalizar a los directores departamen-tales del INRA para evitar que las tierras fisca-les lleguen a mafias organizadas. Por ejemplo, en Pando todavía no ha concluido la titulación de tierras y hay funcionarios que se niegan a dar continuidad al proceso.
• Representantes indígenas afirmaron no tener la culpa de haber consolidado el saneamiento y reclaman auditoria a las tierras de los grandes empresarios, en vez de que sean aplicadas a los territorios indígenas de manera tan rigurosa y autoritaria.
• En referencia al conflicto del TIPNIS, sus dele-gados afirmaron que existen sectores que no son considerados como bolivianos, como sucede con las poblaciones que habitan este parque y terri-torio indígena porque denunciaron que sus de-mandas no han sido ni siquiera consideradas por el Gobierno. “Todos somos bolivianos, tenemos y merecemos el derecho a la tierra” dijeron.
• Representantes del pueblo ayoreo también de-nunciaron discriminación porque, como nación, nunca han recibido regalías por los recursos hi-drocarburíferos.
• Debe haber una fiscalización del bono Juana Azurduy pues en muchos lugares no se está pa-gando. Por un lado, por los malos manejos que se hacen en los municipios y, por otro, porque hay hermanas que no están documentadas.
• Fortalecer la educación en relación a los conoci-mientos ancestrales para complementar los co-nocimientos de la educación formal.
MESA 2. Recursos Naturales y extractivismo:
• Ahora es urgente encontrar mecanismos adecua-dos para el cumplimiento de las leyes y normas que viabilicen las demandas de sectores indíge-nas, campesinos y urbanos porque no hay coor-dinación entre las organizaciones sociales y la sociedad civil en general con los distintos niveles gubernamentales.
• Se debe coordinar una verdadera rearticulación de las organizaciones fragmentadas, conformar un bloque de resistencia contra las transnacionales y retomar la Agenda de Octubre apoyando lo bueno y cuestionando lo malo que hace el gobierno.
• Los pueblos Esseejjas, Tacanas, Chácobos se ven afectados por construcción de la represa Ca-chuela Esperanza. Sus representantes pidieron la aplicación de la Consulta para “establecer si que-remos ese proyecto o no” interpelaron al afirmar que el mecanismo de Consulta debe ser vinculan-te, tal como está establecido en las normas boli-vianas y en el Convenio 169.
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• La mayor parte de los asistentes al foro coincidió en que “debe haber una Ley de Consulta en la que nosotros participemos, aportemos y digamos qué es lo que se debe preguntar”.
• “En materia de Consulta desde el Gobierno nos exigen a los del TIPNIS, siendo que no queremos, y al pueblo guaraní que exige su aplicación, no les hacen caso” aseguraron representantes del TIPNIS.
• Los cooperativistas han constitucionalizado su figura en la CPE. El sector cooperativista debe pagar impuestos, a pesar de que aportan mucho menos al Estado y numéricamente son muchos más que los asalariados. Quienes extraen y explo-tan minerales deben pagar un porcentaje de sus ganancias, ya que se ocasionan impactos que hay que resarcir.
• La aplicación del proceso de gestión ambiental debería incorporar los usos y costumbres en el monitoreo y las medidas que se adopten para aplacar el cambio climático.
MESA 3. Redistribución de la Riqueza:
• Muchas consideraciones se hicieron respecto al papel que están asumiendo las organizaciones sociales en la actualidad. Entre las más recurren-tes: la recuperación de la agenda de octubre; la apertura a debatir y consensuar sobre qué mo-delo económico se está buscando; fiscalizar la distribución de recursos; hacer seguimiento a los postulados y requerimientos sociales que se hi-cieron en la Asamblea Constituyente y vigilar la implementación de la nueva CPE, más aún ahora que varios coinciden en que la Constitución ha sido superada por la realidad.
• Respecto al papel de los dirigentes, afirmaron que se debe ser más auténtico y defender las ideas que se pregonan orgánicamente. Para que las propuestas sean cumplidas es necesario for-mar líderes capaces de luchar en el poder, que hayan surgido desde abajo. Uno de ellos enfatizó en que, ahora el tiempo es un valor incluso mu-cho más apreciado que el dinero porque debido a las múltiples obligaciones que se tienen como dirigentes, hay poco tiempo para participar en las
organizaciones y como trabajadores no hay mu-cho tiempo para pasar con la familia.
• El proceso autonómico es muy importante para analizar qué papel tuvo la autonomía en la redistribución de la riqueza en cada depar-tamento. Los ricos están más ricos y los po-bres más pobres.
• Debe haber el seguro universal de salud para todas las mujeres. En este sentido, la mujer boliviana es discriminada por el Estado porque aunque como productoras y reproductoras de vida, de saberes y de la cultura aún existe una mala distribución de recursos que trasciende en la situación de las familias bolivianas, más marcada en áreas rurales.
MESA 4. Gestión Pública y Demanda Social:
• La gestión pública y social debería estar enfocada en priorizar la educación y la salud equilibrada, integral e igualitaria en ámbitos urbanos y ru-rales, debido a que se observan amplias brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. En materia de educación es importante incentivar la educación técnica y la creación de centros de educación para adultos.
• Hay que hacer seguimiento del Plan Nacional en referencia a la atención en salud para adolescen-te y jóvenes. Hasta ahora no existen los centros especializados de salud que menciona dicho plan.
• Resaltar la visibilización de las personas con dis-capacidad.
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• Como dirigentes debemos pelear por nuestras reivindicaciones. Los políticos hoy en día quieren entrometerse en nuestras organizaciones.
• Que se cumpla lo que la CPE y la ley educativa dicen, una educación de calidad. Que hayan pro-fesores normalistas y que hayan becas para los hijos de los campesinos e indígenas.
• Implementar proyectos en nuestro municipio, de educación, salud y empleo. La base es empleo, de ahí se puede tener salud y educación. Guarderías con apoyo escolar para que mientras las mujeres puedan trabajar y los niños reciban educación y estén seguros.
• Las trabajadoras del hogar dieron a conocer la urgencia de contar con una casa temporal, ya que la mayor parte son migrantes de áreas rura-les. De esta manera podrían ejercer su trabajo de manera más eficiente y segura.
• Que se reconozca el trabajo y sacrificios que rea-lizan los maestros que se tienen en las comunida-des campesinas, ya que un profesor atiende a por lo menos tres cursos.
• En infraestructura no se puede negar que ha ha-bido avances, pero hay maestros que no quieren ir al campo, acotó otro asistente.
• Los zafreros han puesto en evidencia que son una población desatendida en materia de salud: “somos olvidados, ya que nos enfermamos y no tenemos protección, ni siquiera una posta cerca-na, peor un hospital” reveló un asistente de este gremio.
• “También hay que reconocer que este gobierno nos ha traído luz y agua potable a varias comuni-dades altiplánicas” afirmó una participante des-tacando un aspecto de la gestión estatal que in-sistió en que “Hay que saber valorar los avances positivos pero criticar cuando haya que ajustar”.
• “Las juntas vecinales somos control social, pero también los ciudadanos de a pie, y la sociedad organizada” dijo una compañera al convocar a la sociedad civil a coadyuvar e inmiscuirse en esta responsabilidad social.
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V. Anexos
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Sexo No de Personas %
Mujeres 258 53.3%
Hombres 226 46.7%
Total General 443 100.00%
Departamento No Personas %
Chuquisaca 25 5.2%
La Paz 110 22.7%
Cochabamba 99 20.5%
Oruro 46 9.5%
Potosí 39 8.1%
Tarija 14 2.9%
Santa Cruz 69 14.3%
Beni 43 8.9%
Pando 37 7.6%
Lima, Perú 2 0.4%
Total General 484 100%
Área No Personas %
Urbana 241 49.8%
Rural 243 50.2%
Total General 284 100%
Tabla de participación por sexo
Tabla de participantes por departamento
Tabla de participación Área Territorial
Mujeres53.3%
Chuquisaca5%
La Paz23%
Cochabamba20%
Oruro10%
Potosí8%
Tarija3%
Santa Cruz14%
Beni9%
Pando8%
Lima Perú0.4%
Hombres46.7%
Rural50.2%
Urbana49.8%
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área1 Agua Dulce Pando No especifica Pando rural 2 Apología Boliviana AB La Paz urbana 3 Apoyo a Iniciativas o Nuevos Ingresos Artesanales AINI - ART La Paz urbana 4 ARIPIAC ARIPIAC Potosi rural 5 Asamblea de Pueblos Guaraní - Charagua Norte APG CHARAGUA NORTE Santa Cruz rural 6 Asamblea del Pueblo Guaraní APG Chuquisaca rural 7 Asamblea Derechos Humanos APDHP Potosi urbana 8 Asamblea Permanente de los Derechos Humanos-La Paz APDHLP La Paz urbana 9 Asociación HJVE Santa Cruz urbana
10 Asociación Adulto Mayor AAM Cochabamba rural 11 Asociación Colmena Juvenil COLMENA JUVENIL La Paz urbana
12 Asociación de Comunicadores desde el Pueblo y ara el Pueblo ACOPODYPP Oruro urbana
13 Asociación de Guías de Bolivia AGB La Paz urbana 14 Asociación de Productores Ecologicosn de Patacamaya COPEMPA La Paz rural 15 Asociación Departamental de Agua Potable y SB ADAP SB La Paz rural 16 Asociación Líderes Mujeres Barriales No especifica Oruro urbana 17 Asociación Productiva de Planificación INTI APPCI Oruro urbana 18 Asociación Productores de Papa No especifica Chuquisaca rural 19 Asociación Usuarios Laguna Loralty AULL Cochabamba urbana 20 Ayllu Tanapa JSP La Paz urbana 21 Ayllus de Cochabamba No especifica Cochabamba rural 22 Ayllus de Coroma AC Potosi rural 23 Bartolina Sisa BS Tarija rural 24 Bartolina Sisa BS Chuquisaca rural 25 Bartolina Sisa FD INDICEP Cochabamba rural 26 Bartolina Sisa BS Potosi rural 27 Bartolina Sisa FDMCILPBS La Paz urbana 28 Bartolina Sisa BS Santa Cruz rural 29 Bartolina Sisa - Organización OBS Santa Cruz rural 30 Bartolina Sisa - Organización de Mujeres OMC BS 26 de Enero Santa Cruz rural 31 Bartolina Sisa Chuquisaca OMCIO CH Chuquisaca urbana 32 Cantonal CUTCPO La Paz rural 33 Capitanía Alto Isoso CAI Santa Cruz rural 34 Capitanía Bajo Isoso CBI Santa Cruz rural 35 CBDE CBDE La Paz urbana
36 Centeral Unica de Trabajadores Campesinos de Velasco y Ñuflo de Chavez CSUTC VÑ Santa Cruz rural
37 Central Agraria CUTCPLA La Paz urbana 38 Central Agraria BS CABS La Paz rural 39 Central Agraria Cantu Paampa No especifica Chuquisaca rural 40 Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano CANOB Santa Cruz rural 41 Central Campesina No especifica Chuquisaca rural 42 Central Campesino No especifica Tarija rural 43 Central de Pueblos Etnicos Mojeños del Beni CPEMB Beni rural 44 Central de Pueblos Indígenas del Beni CEPIB Beni rural
Listado de Organizaciones Sociales e Instituciones Participantes
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área45 Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz CPILAP La Paz rural
46 Central departamental de Trabajadores Asalariados del Campo CDTAC Santa Cruz rural
47 Central Indigena de Comunidades Originarios CICOL Santa Cruz urbana 48 Central Indigena de la Región Amazónica de Bolivia CIRABO Beni rural 49 Central Indígena de Pueblos Originario de Pando CIPOAP Pando rural 50 Central Obrera Departamental COD La Paz urbana 51 Central Obrera Departamental COD Potosi urbana 52 Central Sindical de Trabajadores CSUTSJSA Pando rural 53 Central Sindical de Trabajadores Campesinos San Martin CSUTC - SM Santa Cruz urbana
54 Central Sindical Única de trabajadores Campesina Sena y San Lorenzo CSYTCS Y SL Pando rural
55 Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos G CSUTC G. Beni urbana 56 Centro Arte Pro Cultura CEN - AR - PROC La Paz urbana
57 Centro de Apoyo a la Gestión Sustentable del Agua y del Medio Ambiente AGUA SUSTENTABLE Cochabamba urbana
58 Centro de Comunicación Cultural Chasqui CCC CHASQUI La Paz urbana 59 Centro de Comunicación y Desarrollo Andino CENDA Cochabamba urbana 60 Centro de Comunicación y Desarrollo Andino CENDA Cochabamba rural 61 Centro de Cultura y Pensamiento CCP Cochabamba urbana 62 Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA La Paz urbana 63 Centro de Estudios Juridicos e Investigación Social CEJIS Beni urbana 64 Centro de Estudios Juridicos e Investigación Social CEJIS Beni rural 65 Centro de Investigación Jurídicos e Investigación Social CEJIS La Paz urbana 66 Centro de Información de la Mujer CIDEM La Paz urbana 67 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Pando urbana 68 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA La Paz urbana 69 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Beni rural 70 Centro de Promocion Minera CEPROMIN La Paz urbana 71 Centro de Promoción Minera CEPROMIN Oruro urbana 72 Centro de Promoción Minera de Llallagua CEPROMIN Potosi rural 73 Centro de Servicios para la Familia y el Desarrollo CESEFADE La Paz urbana 74 Centro Multiciplinario en Comunicación Popular CMCP Oruro urbana 75 Centro Putina Camacho CPC La Paz rural 76 Charkas Quara Qhara FAOS - NP Potosi rural 77 Coalición Comunitaria “Cotahuma” CCC La Paz urbana 78 COD / Federación de Trabajadores Gremiales La Paz COD LA PAZ La Paz urbana 79 Colectivo Casa COLECTIVO CASA La Paz urbana 80 Comité de la Defensa de la Canasta Familiar CDCF Cochabamba urbana 81 Comunicador Popular No especifica Oruro urbana 82 Comunicador Popular CEPROMIN Oruro urbana 83 CONAMAQ / Pueblo Indigena Originario del Suyu Chui CONAMAQ La Paz rural 84 Concejo de Autoridades Originarias de Potosi CAOP Potosi rural 85 Concejo Departamental Villa Tunari CODEC Cochabamba urbana 86 Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo CONAMAQ La Paz urbana 87 Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo CONAMAQ Chuquisaca rural 88 Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo CONAMAQ Cochabamba urbana 89 Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo CONAMAQ Cochabamba rural 90 Concejo Oriental Aiquile CODECC Cochabamba urbana 91 Concejo Social de Salud Municipal de La Paz CSSMLP La Paz urbana 92 Confederación de Indígenas de Bolivia CIDOB Santa Cruz urbana 93 Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa CMC BS Santa Cruz rural
94 Confederación de Pueblos Indígenas Originarios de Bolivia CIDOB Santa Cruz urbana
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área95 Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia CGTFB La Paz urbana 96 Confederación General de Trabajadores de Bolivia CGTFB La Paz urbana 97 Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CNMCIOC-BS Cochabamba rural 98 Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia CNAMIB Santa Cruz urbana
99 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB Chuquisaca rural
100 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB Beni rural
101 CONFEPRU CONFEPRU La Paz urbana 102 Consejo de Autoridades Originarias Indígenas CAOI Lima Peru rural 103 Consejo de Ayllus Originarios de Potosí CAOP Potosi rural 104 Consejo de Federación de Cocaleros de los Yungas COFECAY La Paz rural 105 Consejo Departamental de Educacón Comunitaria LODECC Cochabamba urbana 106 Consejo Nacional de Ayllus Y Markas del Qollasuyo CONAMAQ Potosi rural 107 Consultora Rodriguez y Baudoin R Y B La Paz urbana 108 Consultora Tierra CT La Paz urbana 109 Coodinadora de Pueblos Etnicos CPESC Santa Cruz rural
110 Cooordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Proteccion del Medio Ambiente CONAMPROMA Oruro rural
111 Coordinadora de Juntas Vecinales Urbanas COD-JUVEPURO Oruro urbana 112 CPEM - B - TIPNIS TIPNIS Beni rural 113 Creaciones Artesanales No especifica Tarija rural 114 CSUTCB Sub Central Tupak Katari CSUTCB La Paz rural 115 Delegado de la Comunidad No especifica Potosi rural 116 Desafio DESAFIO Santa Cruz urbana 117 Diakonia DIAKONIA La Paz urbana 118 Evolucionar EVOLUCIONAR La Paz urbana 119 Ex Dirigenta Vecinal FUL - UPEA La Paz urbana
120 Federación Central Única de Mujeres Indígenas Originarias Batolina Sisa FSUMIO BS La Paz rural
121 Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí FAOI - NP Potosi rural 122 Federación de Juntas Vecinales FEJUVE La Paz urbana 123 Federación de Juntas Vecinales de El Alto FEJUVE EL ALTO La Paz urbana 124 Federación de Juntas Vecinales de Oruro FEDJUVE Oruro urbana 125 Federación de Mujeres Campesina Bartolina Sisa FDMCP - BS Pando rural 126 Federación de Mujeres Interculturales FSCI 4 CAÑADAS Santa Cruz rural 127 Federación de Mujeres Trabajadoras del Hogar FEMTH Santa Cruz urbana 128 Federación de Panificadores FEDEPANOR Oruro urbana 129 Federación de Trabajadores Gremiales Oruro FDTGO Oruro urbana
130 Federación Departamental de Gremiales del Comercio Minorista de La Paz FE DE GRE CO MIN La Paz urbana
131 Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias FDMCOSC Santa Cruz rural
132 Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR Cochabamba urbana 133 Federación Departamental de Regantes de Cochabamba FEDECOR Cochabamba rural
134 Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz FDUTC LP La Paz rural
135 Federación Especial de Mujeres Campesinas La Asunta FEMCA - BS La Paz rural 136 Federación Interculturales FSCIPACC Santa Cruz rural 137 Federación Junta de Vecinos FEJUVE La Paz urbana 138 Federación Madre de Dios FSUTCRMOP Pando rural
139 Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social -Caja Nacional de Salud FENSEGURAL - CNS La Paz urbana
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área
140 Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social -Caja Nacional de Salud FENSEGURAL - CNS Potosi rural
141 Federación Regional de Cooperativas Mineras FERRECO La Paz urbana 142 Federación Regional de Cooperativas Mineras FERRECO La Paz rural 143 Federación Regional de Juntas Vecinales FERJUVE Santa Cruz urbana
144 Federación Regional de Mujeres Campesinas Vaca Diez Bartolina Sisa FRMC VD BS Beni rural
145 Federación Sidical Única de Trabajadores Campesinos Vaca Diez FSUTCR VD Beni rural
146 Federación Sindical de Trabajadoras de Prensa de Santa Cruz FSTP SC Santa Cruz urbana
147 Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios FSUTCRMDD Pando rural
148 Federación Sindical Unica de Mujeres Campesinos del Altiplano Sud FSUMCAS BT Potosi rural
149 Federacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando FSUTCP Pando rural
150 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos - Regional Vaca Diez FSUTCR VD Beni rural
151 Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios FSUTCRMD Pando rural
152 Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos Regional UD FSUTCR UD Beni rural
153 Foro de Mujeres Andrés Ibañes FMAI Santa Cruz urbana 154 Foro Politico de la Mujer FPALM Potosi urbana 155 Foro Sobre Medio Ambiente FOVOMADE Cochabamba urbana 156 Foro Vecinal FV Santa Cruz urbana 157 FRMCTO BS RUD FRMCTO BS RUD Beni rural 158 Fundación Colectivo Cabildeo FCC La Paz urbana 159 Fundación Construir No especifica La Paz urbana 160 Habitat para la Mujer/Comunidad María Auxiliadora HPM/CMA Cochabamba urbana 161 Instituto de Educación de Investigación Cultural INDICEP Cochabamba rural 162 Instituto Politécnico Tomás Katari IPTK Potosi urbana 163 Instrumento Político Revolucionario del Pueblo IPRP Cochabamba urbana 164 Jacha Carangas JACHA CARANGAS Oruro rural 165 Jóvenes con Valores JVC Santa Cruz rural 166 Jóvenes Organizados con una Misión JOCUM Cochabamba rural 167 Juana Azurduy JA Santa Cruz rural 168 Juana Azurduy JA Santa Cruz urbana 169 Junta Escolar No especifica Chuquisaca rural 170 Junta Vecinal JV La Paz urbana 171 Junta Vecinal JV Santa Cruz urbana 172 Junta Vecinal Las Peñas Junta Vecinal Las Peñas Cochabamba rural 173 Junta Vecinal Thika Loma JVTL Potosi rural 174 Juventud Democrática Boliviana JUBODE Cochabamba urbana 175 Los Amigos TDH Beni urbana 176 Madre de Dios No especifica Pando rural 177 Mallku Mayor de Provincia Pacajes MMPP La Paz rural 178 Manuela Sainz No especifica Cochabamba rural 179 Marcha Mundial de Mujeres MMM Tarija rural 180 Movimiento Franciscano Justicia y Paz JUSTICIA Y PAZ Oruro urbana 181 Movimiento sin Tierra MST Cochabamba rural 182 Movimiento Sin Tierra MST Cochabamba urbana 183 Movimiento sin Tierra MST Potosi rural
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área184 Mujeres Candelaria MC La Paz urbana 185 Mujeres Poder Local MUJE POL Oruro urbana 186 Municipio No especifica La Paz rural 187 Municipio de Villa Charcas No especifica Chuquisaca rural 188 Musu Q Nan No especifica Potosi urbana 189 Organización Bartolina Sisa FUMCIODBBS Chuquisaca rural 190 Organización Campesina FCUTCRMOP Pando urbana 191 Organización Campesina FUTSRMOP Pando rural
192 Organización Campesina Indigena Defensa Medio Ambiente Gran Chaco OCIDMACH Tarija rural
193 Organización de Discapacitados OD Santa Cruz rural 194 Organización de Mujeres MANUELA SAENZ Cochabamba urbana 195 Organización de Mujeres OMP Beni urbana 196 Organización de Mujeres Asambleistas OMASP Pando urbana 197 Organización de Mujeres Bartolina Sisa de Ascención OMCIO BS ASC. Santa Cruz rural 198 Organización de Mujeres Bartolina Sisa Sipe sipe BS-SIPE SIPE Cochabamba rural 199 Organización de Mujeres TIPNIS OM TIPNIS Beni rural 200 Organización Indigena Chiquitana OICH Santa Cruz rural 201 Organización Mujeres Bartolina Sisa CSTCOM - BS Potosi rural 202 Organización Originario Yampara Suyu No especifica Chuquisaca rural 203 Organización Sindical No especifica Chuquisaca rural 204 Organización Sindical No especifica Potosi rural 205 Organización Social Progreso Pueblos Nacionales PROPAM La Paz urbana 206 PACHA PACHA La Paz urbana 207 Periódico Popular La Protesta LA PROTESTA Cochabamba urbana 208 Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático PBFCC La Paz urbana 209 Programa de Parques Suelos Agua y Medio Ambiente PROBOSMA Cochabamba urbana 210 Programa NINA Programa NINA Nacional rural 211 Promotor Ambiental de Derechos Indígenas Originarios PADIO Potosi rural 212 Promotor Ambiental de Derechos Indígenas Originarios PADIO Potosi urbana 213 Proyecto Micro Riego No especifica Tarija rural 214 Pueblo Indigena Originario PIO Cochabamba rural 215 Radio Centro No especifica Cochabamba rural 216 Radio Fides FIFES Cochabamba rural 217 Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Cochabamba RED LB CBBA Cochabamba urbana 218 Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Santa Cruz RED LB SCZ Santa Cruz urbana 219 Regional Madre de Dios CSUTCSYSL Pando rural 220 Scouts MAFAKING Cochabamba urbana 221 Seamos Solidarios SOL Tarija urbana 222 Secretaría de relaciones Comunidad Viru Viru No especifica Chuquisaca rural 223 Servicios Multiples de Tecnologias Apropiadas SEMTA La Paz urbana 224 Sindicato Comunidad 26 de Enero Santa Cruz urbana 225 Sindicato No especifica Chuquisaca rural 226 Sindicato 1º de mayo No especifica Cochabamba rural 227 Sindicato 25 de julio No especifica Oruro rural 228 Sindicato Agrario No especifica La Paz rural 229 Sindicato campesino FSUTCRMD Pando rural 230 Sindicato de Empleados Municipales SEM Potosi urbana 231 Sindicato Trabajadoras Hogar Sopocachi STHS La Paz urbana 232 Somos Sur V SSV Cochabamba rural 233 Sub Central SUTOU Chuquisaca rural 234 Sub Central SCUTCMM Chuquisaca rural 235 Sub Central 15 de Agosto No especifica Pando rural
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Nº Nombre de la Organización Sigla Departamento Área236 Sub Central de Pueblo Movima SPIM Beni rural 237 Sub Central Llallagua FCOTONP Potosi rural 238 Sub Central Naranjo Agrio SCNA Tarija rural 239 Sub Central Norte de Potosí FCOTONP Potosi rural 240 Sub Central Puerto Bolivia SCSTCPBP Pando rural 241 Sub Central Tecoya FSUTCOP Potosi rural 242 Sub Central TIPNIS TIPNIS Beni rural 243 Sub Central TIPNIS TIPNIS Cochabamba urbana 244 Sub Central TIPNIS TIPNIS Beni urbana 245 Sub Central TIPNIS TIPNIS La Paz rural 246 Sub Central TIPNIS TIPNIS La Paz urbana 247 Subcentral de Campesinos FSUTCP Pando urbana 248 Sucre Centro Seccional No especifica Chuquisaca rural 249 Sud Central Puerto Bolivar SCSTCPBP Pando rural 250 Suma Sartawi CEA SS Cochabamba rural 251 Suyo Sora Marka el Choro No especifica Oruro urbana 252 Suyu Marka Ayllus Originarios SMAO La Paz rural 253 Teatro Popular Juvenil Sin Fornteras TSF Oruro urbana 254 Televisión Canal 2 CCA Cochabamba urbana 255 TIPNIS Camapaña de Defensa TIPNIS Cochabamba urbana 256 Trabajadores Asalariados del Campo CDTAC Santa Cruz rural 257 Trabajadores Sociales Comunitarios TSC Potosi urbana
258 Trabajadores Sociales Comunitarios de Bolivia Santa Cruz TSCB S.C. Santa Cruz urbana
259 UB San Isidro CODJUVE Oruro urbana 260 Unidad Comunitaria de Orientación UCO La Paz urbana 261 Unidos por la Vida Unidos por la Vida Oruro urbana 262 Unión de Mujeres de Bolivia y Mujeres de Poder Local UMBO-MUJEPOL Oruro urbana
263 Unión Nacional de Instituciones Para el Trabajo de Ación Social UNITAS La Paz urbana
264 Uyuni Nueva Quijarro Coroma AYLLUS COROMA Potosi rural 265 Yampara Suyu COAMAYS Chuquisaca rural
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Equipos TécnicosPrograma NINAWalter Limache Orellana
Lizzeth Chavez SotoTeresa Oporto Daza
Edwin Armata BalcazarJorge Peñaranda Muñoz
Pedro Pérez LeónNorah Miranda Melgar
Armandina Quenta de MamaniClaudia Alcázar Cuevas
Programa UrbanoAlfredo Cahuaya QuispeCarlos Revilla HerreroOsvaldo Peñafiel Ortiz
UnitasSusana Eróstegui RevillaFany Cárdenas Usquiano
Lilia León VidalShirley Salgueiro Marconi
Eleodora Laura BarrónWilfredo Pachagaya Gironda
David Birbuet DíazIris Baptista Gutiérrez
Roberto Mikihiro GonzalesLuciano Quispe Huanca
Marco Balboa Chuquimia
Plataforma Boliviano Frente al Cambio Climático
Teresa Hosse SahoneroMartín Vilela Peredo
Sebastián Ochoa Martinez Mario Laura Huallpa
Sarela Paz Patiño