Ruralidad y producción agrícola en Cuba: 50 años de transformaciones.

Johanna Cilano Pelaez

Las zonas las zonas rurales de Cuba son herederas de una larga tradición agro-

exportadora, de monocultivos y de extracción indiscriminada de recursos naturales (Le

Riverend, 1992; Moreno Fraginals, 1978; Marrero, 1974). Estos modelos agrícolas,

practicados durante aproximadamente cuatro siglos, generaron una alta dependencia de

insumos importados, provocaron la degradación de los suelos, la disminución de la

biodiversidad y una reducción drástica de la cubierta forestal (Funes, 2009).

Entre los principales problemas que caracterizaban el “campo cubano” en 1959

estaban: la situación de la tierra, dada la alta concentración de la propiedad de esta, y el

predominio del latifundio (tanto nacional como foráneo- principalmente de Estados

Unidos), donde el 9 % de las fincas concentraba el 73% de las tierras cultivables

(Jiménez, 1996); en igual sentido el 85% de los pequeños agricultores cubanos pagaba

renta y sufría la amenaza perenne del desalojo; alrededor de 400.000 familias vivían

hacinadas y en condiciones de insalubridad y analfabetismo1.

Así, la atención a las zonas rurales y las políticas agrarias ocuparon un papel central

en el proyecto revolucionario que llego al poder en 1959. Medidas que comenzaron tan

temprano como el 17 de mayo de 1959 con la Primera Ley de Reforma Agraria, y que

han sido una constante durante los últimos cincuenta años.

Entre 1960 y 1990 la agricultura cubana adopto un modelo industrial, caracterizado

por tecnologías de producción intensivas, especializadas y dependientes de altos

insumos externos, y la tendencia a concentrar la tierra en grandes empresas estatales,

que permitió aumentar la productividad de la tierra y del trabajo. Lo que podía parecer

favorable para la agricultura cubana, con un acceso casi ilimitado a tecnología y

recursos, a energía y capital en forma de subsidios, creó una enorme dependencia, con

serias consecuencias en términos de inseguridad alimentaria, que se manifestó

dramáticamente a inicios de la crisis de los noventa, cuando se demostró la alta

fragilidad e ineficiencia del modelo (Funes, 2009).

1 Tomado de “La historia me absolverá”, devenido plataforma programática de la Revolución Cubana donde se definían los 6 problemas fundamentales que aquejaban a la isla.

Por solo citar dos ejemplos, durante la década de 1980, la intensidad del uso de

fertilizantes alcanzó niveles comparables con los de países europeos, y a comienzos de

los años setenta la densidad de tractores llegó a ser aproximadamente de 1 por cada 50

hectáreas (que triplicaba la densidad de estos respecto a la región de centroamérica y el

Caribe).

Desde el punto de vista ambiental, el empleo de tecnologías costosas y de altos insumos

tuvo impactos negativos reportados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio

Ambiente (CITMA): reducción de la biodiversidad, contaminación de las aguas

subterráneas, erosión de los suelos y deforestación.

Además para inicios de la década del 90, a pesar de la alta calidad de la infraestructura

instalada y de los crecientes niveles de capital, fertilizantes y concentrados disponibles,

se reconoce que la productividad de la tierra había comenzado a declinar (Nova, 2006),

ejemplo de ellos es la necesidad de formular un Programa Alimentario Nacional

(ANPP, 1991).

Desde el punto de vista social, la creación de las llamadas comunidades o pequeños

asentamientos poblacionales, construidas para los integrantes de las granjas estatales y

cooperativas (única forma de adquirir una vivienda, electricidad, equipos

electrodomésticos, etc.), se fomento, incluso desde el Estado el éxodo del campesino a

la ciudad, con la consecuente pérdida de su condición de campesinos, y la

desvinculación de las labores agrícolas. La vinculación al sistema educacional, y su

preparación como técnicos e ingenieros, así como su asignación a centros de trabajos

estatales, se convertían en factores de disuasión para convencer a sus padres de que

abandonaran las propiedades y a venderlas o entregarlas a las distintas cooperativas, que

provocó la pérdida de muchos agricultores experimentados, con sus conocimientos y

tradiciones. Todo ello contribuyo a que “culturalmente” la noción de ruralidad y

campesinado evocaran a un pasado triste que se logro superar, a condiciones de miseria

y pobreza, a trabajo “esclavo” y poco remunerado, en resumen “a aquello que no

queremos volver a ser”.

La crisis de los 90 y la caída del bloque socialista supusieron un nuevo reto para la

agricultura cubana y para las condiciones de vida en las zonas rurales. Se privilegio

entonces el apego a pequeñas formas de producción (incluida la agricultura urbana), la

presencia de nuevos actores rurales y el reordenamiento de la tierra. A pesar de los

reconocidos avances de las alternativas de bajos insumos para la producción

alimentaria, el país todavía importa cerca del 50% de los alimentos que necesita. Las

importaciones en este sentido han crecido de manera sostenida durante los últimos diez

años –de 0,7 billones de USD en 1997 a 1,5 en 2007, aproximadamente–, de forma

proporcional al incremento de la capacidad de compra del país. Además continua la

disminución de la fuerza de trabajo en el campo y la condición “rural”, después de 50

años de políticas de urbanización, deviene alternativa poco atractiva para la sociedad.

El presente trabajo busca acercarse a las políticas de atención a la zona rural y la

agricultura en la cuba revolucionaria. Se tratan de explicar algunos elementos que

caracterizaron el llamado “desarrollo” agrario en la Cuba de 1960 a 1990; y las

alternativas tan elogiadas de producción sustentable y agroecología nacidas en la década

del 90. Además de esbozar la situación actual y presentar algunas líneas o áreas

estratégicas de intervención, en las condiciones de incentivo a la producción agraria y a

la vida rural que vive el país.

Según estudios del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) la

ruralidad en Cuba asume los rasgos generales que caracterizan el contexto actual (tanto

global como regional) de creciente heterogenización y diversificación de espacios y

actividades, multiplicidad de actores socioeconómicos, fuentes y magnitudes de

ingresos, percepciones sociales, y proyectos de futuro. Consecuentemente, una

multiplicidad y coexistencia de estrategias de reproducción de la vida social, aun

cuando se reconoce que la actividad agrícola continúa siendo el eje estructurador de la

vida económica y social del espacio rural (Martin, 2007:2).

La definición de ruralidad de uso en Cuba, de acuerdo a datos de la Oficina Nacional

de Estadísticas (ONE), lo rural se establece primeramente por exclusión de lo urbano,

unido a la densidad de población y elementos de infraestructura (alumbrado público). Se

entiende entonces a la población rural como aquella que reside en viviendas dispersas o

aisladas; en asentamientos con menos de 2000 residentes permanentes; o aquella que

viviendo en lugares con 2000 o más habitantes, no cumpla con alguna de las siguientes

nueve características: trazado de calles y ordenamiento de las edificaciones; presencia

de espacios públicos (parques, plazas o paseos peatonales para el descanso, el

esparcimiento y el intercambio social permanente); alumbrado público; acueducto;

tratamiento de residuales; servicio médico; centro educacional; servicios gastronómicos

y comerciales; servicios de telefonía pública, correos y telégrafos, así como señales de

radio y televisión (ONE, 2002: 20-22) (Martin, 2007).

1959 el inicio de las transformaciones.

Las primeras medidas de transformación de la agricultura tuvieron como objetivo el

fomento de asentamiento poblacionales para garantizar el bienestar de las comunidades,

el desarrollo de una determinada infraestructura para el desarrollo del campo

(comunidades, viales, transporte, electricidad, etc.), el desarrollo de programas de

educación, salud, y otros servicios a la población, etc. Además buscaban la creación de

mejores condiciones laborales y de vida para los habitantes de las zonas rurales, que

propiciaran la elevación de las aspiraciones y motivaciones personales de los

trabajadores del campo, y se promovió la colectivización del trabajo (Jiménez, 2005).

El 17 de Mayo de 1959 fue firmada la Primera Ley de Reforma Agraria, que entregaba

la propiedad de la tierra a los que la trabajaban y eliminaba los latifundios que

permanecían en manos de la oligarquía nacional y de compañías extranjeras,

principalmente de los Estados Unidos (United Fruit Company), al limitar las

extensiones de la tierra como propietarios a 30 caballerías (402 ha.) (PLRA, 1959).

Leyendo en documento de la Ley resaltan entre las causas enunciadas por el gobierno

revolucionario cubano para la promulgación de la Primera Ley de Reforma Agraria las

siguientes: La concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos, donde 2

336 fincas representaban el dominio sobre un área de 317 mil caballerías de tierra, lo

que significaba que el 1,5% de los propietarios poseían más del 46% del área nacional

en fincas; el desaprovechamiento de las tierras en las grandes fincas, donde se

mantenían las áreas cultivadas en una producción de bajos rendimientos (grandes

extensiones dedicadas a la ganadería), y otras totalmente ociosas, y a veces cubiertas de

marabú; la necesidad del crecimiento y diversificación de la industria cubana, para

facilitar el aprovechamiento más eficaz de sus recursos naturales y humanos, y la

eliminación de la dependencia del monocultivo agrícola; facilitar el surgimiento y

extensión de nuevos cultivos que proveyeran a la industria nacional de materias primas

y que satisficieran las necesidades del consumo alimenticio, consolidando y ampliando

los renglones de producción agrícola con destino a la exportación; elevar la capacidad

de consumo de la población mediante el aumento progresivo del nivel de vida de los

habitantes de las zonas rurales, contribuyendo a extender el mercado interior; arrancar,

de la situación de miseria tradicional, a la inmensa mayoría de la población rural de

Cuba; eliminar la aparecería y la producción latifundiaria, extensiva y antieconómica, y

sustituirla preferentemente, por una producción cooperativa, técnica e intensiva, que

llevara consigo las ventajas de la producción en gran escala; así como establecer

medidas para impedir la enajenación futura de las tierras cubanas en manos de

extranjeros (INRA, 1959).

La Primera Ley de Reforma Agraria proscribió el latifundio en Cuba, fijando el límite

máximo de caballerías a poseer por personas naturales o jurídicas en 30. Las tierras de

los que excedieran ese total fueron nacionalizadas y repartidas entre los campesinos y

obreros agrícolas, además fueron objeto de reparto las tierras pertenecientes al Estado y

a los municipios.

No se consideraron nacionalizables las áreas concedidas en propiedad a cooperativas

agrícolas de producción organizadas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, para

la explotación de tierras del Estado; las del Estado, Provincias y Municipios que

estuvieren dedicadas o se dedicaren a establecimientos públicos o de servicio general a

la comunidad; los montes cuando se declarasen incluidos en las reservas forestales de la

nación, sujetos para aprovechamiento, utilidad pública o explotación determinados por

la Ley y las de comunidades rurales destinadas a satisfacer fines de asistencia social,

educación, salud y similares, previa declaración de su carácter por el Instituto Nacional

de Reforma Agraria, y sólo en la extensión requerida para esos fines (PLRA, 1959).

Según la Ley fueron exceptuados del margen máximo de 30 caballerías:

- Las áreas sembradas de caña, cuyos rendimientos no sean menores del promedio

nacional, más de un 50%.

- Las áreas ganaderas que alcancen el mínimo de sustentación de ganado por

caballería que fije el Instituto Nacional de Reforma Agraria, atendido el tipo

racial, tiempo de desarrollo, por ciento de natalidad, régimen de alimentación,

por ciento de rendimiento en gancho en el caso vacuno destinado a carne, o de

leche, en el caso de vacuno de esa clase. Se considerarán las posibilidades del

área productora de que se trate por medio del análisis físico químico de sus

suelos, la humedad de los mismos y régimen de las lluvias.

- Las áreas sembradas de arroz que rindan normalmente no menos del 50% sobre

el promedio de producción nacional de la variedad de que se trate, a juicio del

Instituto Nacional de Reforma Agraria.

- Las áreas dedicadas a uno o varios cultivos o explotación agropecuaria, con o sin

actividad industrial, para cuya eficiente explotación y rendimiento económico

racional fuera necesario mantener una extensión de tierra superior a la

establecida como límite máximo en el Artículo 1 de la Ley (PLRA, 1959).

De 1960 a 1990… los años del “desarrollo” agrícola.

Bajo esta primera ley, en octubre de 1960 fueron creadas las Cooperativas Cañeras en

tierras de antiguos latifundios dedicados al cultivo de la caña de azúcar. Con esta

estructura el Estado el Estado poseía el derecho de la propiedad sobre la tierra, y los

medios de producción, y los integrantes de las cooperativas detentaban el usufructo de

la tierra

Los integrantes de estas Cooperativas Cañeras eran obreros agrícolas y no pequeños

propietarios. Según la economista cubana Blanca Rosa Pampín, en 1960 se contaba con

621 cooperativas cañeras, su tamaño promedio era de 1409 ha, con un total de 876 142

ha dedicadas al cultivo de la caña de azúcar (Pampín, 1996). Estas primeras

Cooperativas Cañeras sólo duraron un corto período (1960-1962). Respecto a su

organización y funcionamiento, se le señalaban en la época serios errores de carácter

organizativo y de métodos de dirección (Jimenez, 2006).

El 17 de mayo de 1961 se constituye la Asociación de Pequeños Agricultores (ANAP)

en el marco del su Primer Congreso, al amparo de las leyes revolucionarias. Como sus

principales antecedentes tenemos el Congreso Campesino en Armas (celebrado en

1958) y el trabajo organizativo del Comité Regional Campesino. El reglamento general

define que, por voluntad y decisión expresa del campesinado cubano, la ANAP es la

organización de masas de los cooperativistas, campesinos y sus familiares, cuyos

intereses económicos y sociales se corresponden con el desarrollo armónico de la

construcción del socialismo, y que sus proyecciones están basadas y orientadas hacia el

cumplimiento de la política agraria de la Revolución. Dispone de la siguiente estructura

orgánica y territorial: un Comité Nacional con un Buró Ejecutivo electo de su seno, así

como un aparato auxiliar de cuadros profesionales; Catorce Comités provinciales y 153

Comités municipales con sus respectivos Buró Ejecutivo.

En el año 1962 surgen las Sociedades Agropecuarias, la cuales se constituyeron sobre

la base de la voluntariedad de los campesinos de unir sus tierras, equipos y animales de

labor, para de forma colectiva hacer uso de la tierra, aunque tuvieron una vida breve y

su éxito o fracaso es difícil de analizar, si constituyen un primer intento de

cooperativizacion del campesinado cubana luego de la revolución.

En 1963 se promulgó la segunda Ley de Reforma Agraria, que redujo la tenencia de la

tierra hasta 67 ha, se nacionalizaron las fincas con mayor extensión, incrementándose la

participación estatal en la agricultura cañera. Con ella se buscaba aumentar la

diversificación de la producción y produjo una especialización que dio lugar a una

transformación de las cooperativas cañeras en granjas agropecuarias estatales

encargadas de suministrar la materia prima: es decir, la caña a los centrales azucareros.

Entre los motivos que originaron esta nueva ley de reforma agraria se encontraba la

existencia de fincas mayores de sesenta y siete hectáreas y diez áreas, (cinco

caballerías), que propietarios o poseedores burgueses retienen en sus manos en

detrimento de los intereses del pueblo trabajador, bien obstruccionando la producción de

alimentos para la población, especulando con los productos o utilizando con fines

antisociales y contrarrevolucionarios los elevados ingresos que obtienen de la

explotación del trabajo; un segundo Por cuanto destaca la existencia de una burguesía

rural incompatible con los intereses y los fines de la Revolución Socialista que se

construía; la necesidad de establecer las bases definitivas sobre las cuales se desarrollar

la agricultura, coordinando los esfuerzos de las empresas agropecuarias estatales y los

pequeños agricultores; y la intensión del gobierno de impulsar al máximo la agricultura

para satisfacer plenamente las necesidades de la población e incrementar el desarrollo

económico del país (SLRA, 1963).

La segunda ley de reforma agraria contaba con 9 artículos y sus disposiciones

principales postulaban: la nacionalización, y por consiguiente la adjudicación al Estado

Cubano de todas las fincas rústicas con una extensión superior a sesenta y siete

hectáreas y diez áreas (cinco caballerías de tierra) (art.1), exceptuando aquellas que

desde antes de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria estén siendo explotadas

en común por varios hermanos, siempre que la parte proporcional de la extensión de

dichas fincas que corresponda a cada hermano participante en la explotación, no exceda

de sesenta y siete hectáreas y diez áreas (cinco caballerías) (art.2) o aquellas fincas que

hayan sido mantenidas en excepcionales condiciones de productividad desde la

promulgación de la Ley de Reforma Agraria, y cuyos propietarios o poseedores hayan

demostrado una plena disposición a cooperar en la realización de los planes de

producción y acopio agropecuarios del Estado (art.3).

Se dispuso además que cuando el propietario o poseedor afectado por la presente Ley

residiere permanentemente en viviendas ubicadas en la Finca objeto de expropiación y

no poseyere vivienda urbana, podrá continuar residiendo en la misma, si así lo desea

mientras no pueda obtener otra vivienda en la ciudad o pueblo más inmediato a la finca

Art.5); y reconocía el derecho de los propietarios de las fincas expropiadas, que las

estuvieren explotando directamente o mediante administración en el momento de

promulgación, a percibir una indemnización. Quienes no se encontraban explotando las

mismas por sí o por medio de administración, no tendrían derecho a indemnización

alguna (art. 6).

La década de los años 1970s marca un periodo de auge e impulso al movimiento

cooperativo, que asumió como sus principales formas las Cooperativas de Crédito y

Servicio y Cooperativas de Producción Agropecuaria. El cooperativismo campesino fue

relanzado bajo el principio de la voluntariedad, con el objetivo de tecnificar y

humanizar el trabajo agrícola y la construcción de modernas comunidades

electrificadas, y atrajo a gran parte del campesinado, especialmente a las mujeres

(Figueroa y Averhoff, 2002). Bajo este régimen los cooperativistas mantienen su

propiedad individual, y se unen para obtener ciertos beneficios respecto a la asimilación

de tecnologías de punta, créditos bancarios, mejores formas de comercialización, entre

otros beneficios. Si en un momento determinado decidían no continuar perteneciendo a

la cooperativa, y se retiraban, y se mantenían como propietarios individuales de todos

sus medios de producción (Jiménez, 2006).

Las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) -reguladas por la Ley 95 de 2002- la

constituyen la asociación voluntaria de agricultores pequeños que tienen la propiedad o

el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la

producción que obtienen. Es una forma de cooperación agraria mediante la cual se

tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y material que el Estado brinda para

aumentar la producción de los agricultores pequeños y facilitar su comercialización.

Tiene personalidad jurídica propia y responde de sus actos con su patrimonio (art. 5 Ley

95, 2002).

Según la misma disposición jurídica los fines para los que se crean las CCS son:

planificar, contratar, comprar, vender y utilizar en forma organizada y racional los

recursos y servicios necesarios para sus miembros y la cooperativa, en razón de la

producción agropecuaria; gestionar, tramitar y colaborar en el control, la utilización y

recuperación de los créditos bancarios necesarios para sus miembros y la propia

cooperativa; planificar y comercializar las producciones directivas de los miembros y de

la cooperativa; comercializar otras producciones y servicios autorizados en su objeto

social; adquirir, arrendar y explotar en forma colectiva los equipos agrícolas y de

transporte y construir las instalaciones necesarias para mejorar la eficiencia en la

producción y comercialización agropecuaria autorizadas en su objeto social (Ley 95,

2002).

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) son definidas por la Ley 95

como una entidad económica que representa una forma avanzada y eficiente de

producción socialista con patrimonio y personalidad jurídica propios, constituidas con

las tierras y otros bienes aportados por los agricultores pequeños, a la cual se integran

otras personas para lograr una producción agropecuaria sostenible (art.4).

Se constituyen con fines de desarrollar con eficiencia económica la producción

agropecuaria sostenible en atención a los intereses de la economía nacional, de la

comunidad y de la propia cooperativa; además de utilizar racionalmente los suelos

agrícolas, propiedad o en usufructo de la cooperativa y los demás bienes agropecuarios

y recursos productivos con que cuenta; incrementar sostenidamente la cantidad y

calidad de las producciones directivas y propiciar su rápida comercialización; y

desarrollar otras producciones agropecuarias y forestales, así como prestar servicios

agropecuarios que hayan sido autorizados en su objeto social (Ley 95).

Los principios de ambos tipos de entidades cooperativas vienen también expuestos en

la Ley 95, donde se destacan la voluntariedad para la incorporación y permanencia de

los miembros de las cooperativas; la cooperación y ayuda mutua entre todos los

miembros; la contribución al desarrollo de la economía nacional; la disciplina

cooperativista, donde todos sus miembros conocen, cumplen y acatan conscientemente,

las disposiciones de la Ley, los reglamentos, los acuerdos de la Asamblea General y las

demás leyes y regulaciones que son de aplicación en las cooperativas; la decisión

colectiva como vía para regir la vida económica y social de las cooperativas, de forma

democrática en la Asamblea General y la Junta Directiva, donde la minoría acata y se

subordina a lo aprobado por la mayoría. Otro de sus principios es la territorialidad; el

bienestar de los cooperativistas y sus familiares; la colaboración entre cooperativas; la

solidaridad humana; y la primacía del interés social en todos sus actos y acciones (Ley

95, 202).

En 1975 se realiza el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), donde el

Informe Central, y en su documento final- Tesis y Resoluciones-se hace un balance de

la situación rural de cuba desde la colonia hasta 1959, además se analizan los impactos

de las principales medidas tomadas por el gobierno revolucionario en los 15 años

transcurridos, y por último se plantean los retos y el camino a seguir en lo adelante.

La Tesis Agraria como se le llamo a esta parte del documento final fue una especie de

guía programática del rumbo a seguir por la política agraria y las relaciones con el

campesinado en lo adelante. Destacó logros como la erradicación del analfabetismo, la

atención medica extendida a todas las regiones rurales del país, el acceso a la educación,

el pleno empleo mediante la incorporación a cooperativas y al sistema agropecuario

estatal (granjas estatales, centrales azucareros, etc.), la mejoría en las condiciones de

vida de la población rural por la llegada de servicios de electricidad y salubridad, y la

construcción comunidades integrales, obras viales y medios de comunicación.

Destaca lo que en su momento se consideraba un gran logro que era la tecnificación y

mecanización que había alcanzado el agro en Cuba, a través de los programas de

cooperación y capacitación con el entonces bloque socialista esteuropeo; así como la

quimización (Tesis y resoluciones, 1975) con la utilización de diversidad de agentes

químicos, fertilizantes, plaguicidas, todo ello a la par con la creación de un sistema de

estudio, protección y enriquecimiento del medio natural.

El documento señala algunos problemas que ya enfrentaba la producción agrícola

cubana, como la baja productividad, el decrecimiento de las zonas cultivables, la

necesidad de lograr algún grado de autoabastecimiento nacional, la ineficiencia de

algunos sistemas de organización de la agricultura, y aventura dos posibles caminos o

variantes para superar esta situación: integrar la producción agrícola a los planes

económicos nacionales, y la producción cooperativa, no siendo estas excluyentes y

debiendo tomar en consideración la situación integral antes de escoger uno u otro

camino (Tesis y resoluciones, 1975).

Así, desde la década del 70 la evolución del cooperativismo puede enmarcarse en tres

etapas (Figueroa et al, 1985): Una primera, de 1977 a 1983 caracterizada por la

multiplicación acelerada del número de cooperativas y de campesinos asociados durante

una época de crecimiento económico nacional, y predominio de las pequeñas

cooperativas de gestión muy eficiente, aunque a partir de 1981 la política de

agrandamiento de las CPA tuvo efectos negativos, que se hicieron patentes a partir de

1983. Una segunda etapa, de 1984 a 1987 donde destaca la disminución creciente de la

integración a las cooperativas de nuevos campesinos, el gigantismo cada vez más

acentuado de estas entidades, la disminución de la rentabilidad y aumento del número

de cooperativas no rentables, con un período crítico entre 1986 y 1987 coincidente con

una fase recesiva de la economía nacional. Y una tercera etapa, de 1988 a 1993 donde

hay que señalar el agotamiento y parálisis del movimiento de transformación

cooperativa del campesinado. El apoyo estatal se concentró en el fortalecimiento del

sector de las CPA y no en la expansión del movimiento cooperativo.

Durante este mismo periodo, el modelo estatal agropecuario identificó en un solo

elemento la propiedad, la gestión y la administración directa por el Estado de las

explotaciones agropecuarias a través de un sistema empresarial con poca o casi ninguna

autonomía. Una densa red institucional de administración centralizada implantó

delegaciones territoriales del sector cañero y no cañero, y dos ministerios que cerraban

la pirámide (Ministerio de la Agricultura y Ministerio del Azúcar). El predominio de los

métodos y mecanismos de dirección del sector estatal terminó modificando e

impregnando los modelos cooperativo y campesino, integrándolos a sistemas no

mercantiles. La pérdida de eficiencia e integridad del desarrollo rural se hizo manifiesta

a finales de los años ochenta y más aún en 1993 y 1994. La tecnificación «fordista»

derivada de una tecnología soviética importada; la asimilación del modelo eurosoviético

de dirección de la agricultura, y ciertos elementos de la integración progresiva al

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) obraron en direcciones que fueron

alejando progresivamente el desarrollo rural de las normas de la eficiencia (Figueroa y

Averhoff, 2002).

Sin embargo, en preciso señalar, siguiendo a Guzman, Pico y Leon (2003) que la

cooperativización (CCS y CPA) permitió mejorar las condiciones de vida del

campesinado cubano, en cuanto a vivienda, alimentación e ingresos; organizar mejor las

fuerzas productivas del campo en aras de lograr un aumento de la producción agrícola;

capacitar y escolarizar a todos los miembros de las familias campesinas y

cooperativistas, haciendo obligatoria la asistencia a la escuela de los niños de 5-12 años,

así como la obtención mínima de escolaridad de 9º grado, para todos sus miembros;

ofrecer una alternativa más viable, rápida y efectiva de atención a la salud en todas las

comunidades campesinas, de manera totalmente gratuita, con la atención primaria

garantizada, a través del desarrollo de diferentes planes de salud y terminando con el

médico de familia; dar posibilidades ilimitadas de superación superior a las familias

campesinas, en todas las especialidades universitarias abiertas en el país, incluyendo por

supuesto las del sector agropecuario; ser mucho más eficientes en su gestión, logrando

desarrollar a plenitud sus potencialidades, involucrando voluntades y esfuerzos, así

como distribuyendo las utilidades de acuerdo al aporte individual y colectivo.

En el proceso histórico de desarrollo agrorural que se inició a partir de 1959 se

delinearon dos tipos fundamentales de comunidades rurales: la comunidades naturales o

tradicionales, formadas, obviamente, sin intervenciones externas y portadoras de una

sólida identidad sustentada en lo consuetudinario; y las comunidades inducidas,

resultado del desarrollo social agrario llevado a cabo por la Revolución y que poseen

una identidad que se gestó en menor tiempo y está más expuesta a los cambios a nivel

regional y societal (http://www.grupochorlavi.org/accionco/desarrolloruralencuba.pdf) .

Los años 80 fueron el escenario de un fenómeno de concentración de la población

rural, y al mismo tiempo, una fuerte movilidad hacia las ciudades o zonas urbanas en

general. Una de las vías utilizadas para la concentración fue la construcción de

comunidades “inducidas”, en cuyo diseño original predominó un enfoque urbanizante

que, si bien contribuyó a elevar el bienestar social, modificó gradualmente el modo y

expectativas de vida rurales haciendo que los más jóvenes, entre ellos hijos de

campesinos y obreros agrícolas, buscaran en las ciudades y demás zonas urbanas la

realización de sus proyectos de vida distanciados de las necesidades y exigencias del

campo, elemento que repercutió desfavorablemente en la reproducción natural de la

fuerza de trabajo (http://www.grupochorlavi.org/accion/otro/desarrolloruralencuba.pdf).

Estas comunidades experimentan cambios en su identidad y prácticas culturales a

partir del creciente espacio que ocupan los socios de la cooperativa que poseen una

procedencia no campesina, fundamentalmente ex asalariados estatales que se acogen a

los beneficios derivados de la superioridad que en el orden de la eficiencia económica

muestran estas organizaciones en comparación con las empresas estatales. Ellos van

sustituyendo gradualmente a la masa de campesinos aportadores, que se extingue a

través de la jubilación, fallecimiento u por otra causa. Su reproducción natural se ve

amenazada por el sesgo antiagrícola que caracteriza las aspiraciones ocupacionales de

sus hijos (http://www.grupochorlavi.org/accioncolectiva/desarrolloruralencuba.pdf).

La década de1990 comienza marcada por este signo, sumado al hecho de que de los

países de Europa del Este, y especialmente de Rusia, llegaban a nuestro país la mayoría

de los insumos, piezas de repuesto y combustible; así como el 85 % de la actividad

comercial del país.

El modelo vigente en la producción agropecuaria cubana, basado en los principios de

la “revolución verde” y consistente en el monocultivo extensivo (caña de azúcar) con

abundante uso de maquinaria e insumos (fertilizantes y pesticidas químicos) importados

enfrento graves retos: falta de fertilizantes, falta de combustible, déficit de regadíos,

reducción de siembras, no reposición de cepas, necesidad de cortar hasta la última caña,

falta de implementos agrícolas, descenso de la atención a los productores, y falta de

piezas de repuesto, entre otros (Jiménez, 2006).

El Programa Alimentario Nacional y la llamada “Tercera Reforma Agraria” de los

90s.

El Programa Alimentario Nacional (PAL), aprobado por la Asamblea Nacional del

Poder Popular en 1990, se hizo eco de estas deficiencias acumuladas, y contenía además

las principales soluciones que debían adoptarse lo más rápidamente posible en virtud del

agravamiento de las condiciones internacionales- apenas un año después, se desintegró

la Unión Soviética y el campo socialista, y Cuba perdió unos vínculos comerciales,

financieros y tecnológicos forjados a lo largo de más de 30 años. La suma de los

fenómenos internos y externos antes mencionados daría paso a las políticas económicas

específicas de ajuste y reforma en el primer tercio de los años noventa, y a los que se

considera una tercera reforma agraria; que junto a la apertura en 1994 del mercado

agropecuario de libre oferta y demanda, marcan la serie de transformaciones relativas al

funcionamiento económico, al redimensionamiento de todo el sector agrícola, y a las

consecuencias socio-culturales que caracterizan a la Cuba de hoy.

La reforma del régimen de tenencia y explotación de la tierra tuvo su base jurídica en

la Constitución de la República (CR) reformada en 19929; donde se reconoce la

posibilidad de enajenación de una parte de la propiedad estatal socialista al transferir su

propiedad o administración a colectivos y personas naturales o jurídicas nacionales y

extranjeras (CR, 1992). En una reunión celebrada el 10 de septiembre de 1993 el Buro

Político del PCC estableció los principios de los cambios en el régimen agrario, y

seguidamente, ese mismo mes, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros dictó los

Decretos-Ley 142 y 2708, los cuales definen el carácter y alcance de la apertura en

materia de tenencia del suelo y los principios del funcionamiento de las nuevas

cooperativas agropecuarias y de otros productores; y posteriormente se dictan las

Resoluciones No 354 y No 60 de 1993 del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y del

Ministerio de la Industria Azucarera (MINAZ), respectivamente, que concretizaron

etapas y fórmulas organizativas y otras mediaciones del proceso de cambio (Fogueroa y

Alverhoff, 2002).

La reforma de 1993, considerada una tercera reforma agraria, difiere de las reformas

de 1959 y 1963 y de la política plasmada en las Tesis y resoluciones de 1975. Las dos

primeras reformas (1ra y 2da Ley de Reforma Agraria) propugnaron la socialización de

la gran propiedad privada agrícola y del campesinado, la de 1993 llevó a cabo un ajuste

estructural de la propiedad estatal mediante la parcelación de la tierra bajo diferentes

regímenes: en régimen cooperativo (fórmula dominante); en régimen de autogestión

participativa en las granjas no cooperativizadas; en régimen individual a favor de

personas y familias; y en régimen privado empresarial de parcelación (Figueroa y

Alverhoff, 2002).

Según Figueroa y Alverhoff (2002) entre los objetivos de la reforma se encontraba el

enfrentamiento a la crisis agroalimentaria (objetivo más inmediato) creando las

condiciones para la reactivación de la producción agropecuaria y agroindustrial. Otro

objetivo era lograr un ajuste del conflicto entre fuerzas productivas, formas de

explotación del suelo y funcionamiento del sistema agropecuario, es decir una fórmula

de desestatización de la agricultura; donde se imponía una intensificación del trabajo

manual para garantizar la supervivencia y superar la crisis. Esta nueva reforma y

repartición persiguió, además, la “rerulalización” y un nuevo desarrollo campesino.

La parcelación de la tierra del Estado se realizó en régimen de usufructo gratuito y por

tiempo indefinido, manteniendo la intangibilidad del monopolio estatal de la tierra como

objeto de propiedad en la mayor parte del territorio nacional; a la vez que la renta del

suelo y la valorización de la tierra siguieron siendo conceptos excluidos de la práctica

económica.

Los beneficiarios de la parcelación de la tierra fueron los colectivos de cooperativistas

integrados por ex trabajadores agrícolas estatales; los colectivos agrícolas

autogestionados de las granjas estatales agropecuarias; los campesinos y parceleros

usufructuarios que se beneficiaron de la repartición de las tierras estatales, quienes bajo

un régimen de usufructo gratuito produjeron productos de subsistencia y comerciales

(café, tabaco, etc.); los colectivos laborales de las empresas mixtas dotadas de capital

extranjero destinado a actividades agropecuarias; los colectivos laborales de carácter

extraordinario y temporal que comprendían miembros de las Fuerzas Armadas y del

Ministerio del Interior, y entidades no agrícolas dedicadas a la producción comercial y

de autoconsumo.

Una de las principales implicaciones de la reforma de 1993 fue la constitución de las

Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), resultado de la conversión de la

mayoría de las granjas estatales de producción de caña de azúcar y otros cultivos. Están

constituidas con trabajadores provenientes de las empresas estatales, las tierras que les

han sido traspasadas en calidad de usufructo y los medios de producción comprados al

Estado; y se clasifican de acuerdo a su actividad fundamental en cañeras (atendidas por

el Ministerio del Azúcar, y no cañeras (atendidas por el Ministerio de la Agricultura),

dedicadas a cultivos varios, cítricos, frutales, café, tabaco y a la ganadería,

convirtiéndose en la forma principal del agro cubano (Jiménez, 2006) (DL 142, 1993).

Según las disposiciones del Decreto Ley 142 de 1993 están sustentadas en los

siguientes principios: 1. La vinculación del hombre al área como forma de estimular su

interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad individual y colectiva; 2.

El autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familias con esfuerzo cooperado,

así como mejorar progresivamente las condiciones de vivienda y otros aspectos

relacionados con la atención del hombre; 3. Asociar rigurosamente los ingresos de los

trabajadores a la producción alcanzada; 4. Desarrollar ampliamente la autonomía de la

gestión. Las unidades de producción que se proponen deben administrar sus recursos y

hacerse autosuficientes en el orden productivo.

Estas nuevas cooperativas tendrán el usufructo de la tierra por tiempo indefinido, serán

los dueños de la producción, podrán vender su producción al Estado a través de la

Empresa o en la forma que éste decida, pagarán el aseguramiento técnico-material,

operarán cuentas bancarias, comprarán a créditos los medios fundamentales de

producción, elegirán en colectivo a su dirección y ésta rendirá cuenta periódicamente

ante sus miembros, igual que se hace en las CPA; y cumplirán las obligaciones fiscales

que les correspondan como contribución a los gastos generales de la nación (DL 142,

1993).

Así tenemos que en 1989 el 82% de la superficie total y el 73% de la superficie agrícola

pertenecían a 385 empresas estatales, mientras para el año 2000 las cooperativas

agropecuarias de diferente tipo ocupan el 43% de la superficie total y el 61,3% de la

agrícola. De ellas, las UBPC ocupan el 28,7% de la superficie total y el 40,6% de la

agrícola (Díaz, 2005).

En octubre de 1994, dentro del contexto de las transformaciones económicas, se

realizó la reapertura del Mercado Agropecuario de venta minorista, otra de las medidas

trascendentales de este periodo. El hecho contribuyó a deflacionar los altos precios que

se manifestaban en la economía subterránea (Nova, 1995), ampliando las posibilidades

de oferta de alimento a la población y considerado como un factor de estimulo a la

producción y al productor, donde obtiene mejores precios, superiores a los que

tradicionalmente paga Acopio, la empresa comercializadora estatal, quien mantenía

hasta ese momento el monopolio de compra y venta de la producción agropecuaria-

tanto mayorista como su posterior distribución al mercado minorista (Jiménez, 2006).

A pesar de ellos, existen grandes dificultades para el acceso y participación de los

productores en este mercado, debido a diferentes causas como los elevados

compromisos contractuales fijados por Acopio (de obligatorio cumplimiento para poder

concurrir al Mercado Libre), tanto para las UBPC como para las CPA, destinados a la

satisfacción de la canasta básica y al mercado estatal, y por consiguiente a precios bajos

establecidos por el Estado; esta limitación a la oferta no facilita que los precios

disminuyan.

A esta situación hay que añadirle las dificultades que se confrontan para la

transportación de los productos, al no disponer de los medios de transporte necesarios, ó

los elevados precios que se ven precisados a pagar por el concepto de fletes, que

incrementan sus gastos y reducen sus ganancias.

Jiménez (2005) señala además la existencia de una serie de restricciones sobre las

UBPC, CPA y otros productores, respecto a la participación de algunos productos, que

no están autorizados a vender en el Mercado libre Agropecuario como son: papa

(recientemente liberada a primeros de 2012), café, carne vacuna, leche y derivados,

huevos, arroz, cítricos, entre otros ó algunos de ellos requieren autorizaciones

particulares. Además de la ausencia de un mercado de insumos y servicios donde el

productor pueda acudir, y donde pueda seleccionar de acuerdo a la calidad y precio.

El ajuste de principios de la década de 1990 se vinculó también a otro conjunto de

acciones y cambios, entre los que cabe destacar los siguientes (Figueroa y Averhoff,

2002):

desarrollo de la agricultura urbana mediante organopónicos y huertos integrales

urbanos destinados a la producción de hortalizas, arroz y otros cultivos en el

interior y en los alrededores de ciudades y pueblos.

introducción de sistemas tecnológico-productivos de bajos insumos y alta

densidad de mano de obra, con el propósito de combinar más racionalmente el

modelo productivo convencional o clásico con un modelo de producción

sostenible.

fortalecimiento de los centros de investigación agropecuaria con el objeto de

introducir nuevas tecnologías sustitutivas de los insumos agroquímicos y de la

mecanización.

La reforma ha modificado sustancialmente la estructura de la tenencia del suelo

existente hasta finales de 1992. A partir de finales de 1993, se parcelaron más de

3,3 millones de hectáreas de superficie agrícola estatal a favor de colectivos y

trabajadores.

En 1998, algo más del 50 por ciento del fondo agrícola nacional correspondía al

sector cooperativo, mientras que el Estado disponía de un tercio de dicho fondo:

una parte era explotada según el esquema tradicional, y otra se encontraba en

transición a granjas integrales de nuevo tipo. El resto de la tierra era explotado

por las granjas militares, los colectivos de contingentistas, las entidades del

Poder Popular, instituciones científicas y otras instituciones. Finalmente, el

sector privado campesino y parcelero disponía de algo más del 16 por ciento de

la superficie agrícola nacional (el 72,1 por ciento del fondo de tierra privada en

CCS, equivalente a un 12 por ciento de la tierra agrícola nacional). Los

agricultores privados restantes eran campesinos no asociados a CCS y la casi

totalidad de los parceleros o conuqueros (ONE, 1998).

En el año 2000, el número de agentes agrícolas consistía en más de 4 300

entidades estatales, cooperativas y asociaciones económicas, y 2 709 CCS con

alrededor de 90 000 asociados; el resto del sector privado incluía unos 118 000 a

125 000 productores campesinos, parceleros y patieros independientes.

La Agricultura Urbana comenzó su desarrollo en Cuba en los críticos años 90 como un

movimiento agrícola en las ciudades y asentamientos poblacionales con el objetivo de

obtener la máxima producción de alimentos diversos, frescos y sanos en áreas

disponibles, anteriormente improductivas.

El proceso ha sido una de las transformaciones más exitosas de esa época y ha

generado un conjunto importante de acciones y prácticas que van desde la educación

ambiental, la calidad de los alimentos que se consumen, recuperación de espacios

inutilizados y un conjunto de acciones de reactivación comunitaria y ciudadanización.

La agricultura urbana se basa en prácticas orgánicas, que no contaminan el ambiente,

en el uso racional de los recursos de cada territorio, y en una comercialización directa

con el consumidor. Por su ubicación geográfica y destino de consumo, es una

agricultura de bajos insumos, que no permite el uso de agrotóxicos, con extrema

economía en el uso del agua, y exquisitez en el cuidado de la fertilidad de sus tierras,

manejo de los cultivos y de los animales

(http://www.desal.org.mx/pdf/COMPANIONI---La_agricultura_urbana_en_Cuba.pdf ).

El programa de agricultura urbana cuenta actualmente con 26 subprogramas que

abarcan temas específicos como la producción de hortalizas, plantas medicinales,

condimentos, granos, frutas y crianza de animales (gallinas, conejos, ovinos, caprinos,

porcinos, abejas y peces), que se desarrollan a través de todo el país.

A pesar del éxito reconocido, y de la unanimidad que existe en los expertos en el

agotamiento del modelo de la revolución verde que primo la agricultura cubana desde

los años 70, existen factores que limitan el desarrollo de prácticas agroecológicas:

1. La conciencia del empleo de técnicas agroecológicas aún se apoyan en buena

medida en el interés económico productivista.

2. Los mecanismos de gestión y participación aún no se han desarrollado a fondo,

por lo que el interés de producir y conservar el medio ambiente no se despliega

como se requiere.

3. Se observa poca ayuda al funcionamiento del mercado actual para motivar

demandas agroecológicas.

4. No existen incentivos económicos que promuevan la agricultura ecológica.

5. Existe una escasa institucionalización de las ideas y prácticas de la agricultura

ecológica que se manifiesta en las comunidades rurales.

6. Indefinición del tiempo de tenencia de la tierra en usufructo gratuito.

Actualidad: transformaciones y nuevos retos.

Los cambios de la década de 1990 marcaron un signo alentador para el repunte de los

sistemas productivos, de la producción de bienes de consumo directo y de materias

primas destinadas a la agroindustria, y del mercado interno y externo al incremento y a

la estabilización de la mano de obra rural.

No son pocos los estudios efectuados que dan cuenta del retorno, desde principios de

la década del 90, de efectivos laborales a las tareas agrícolas, que ha dado lugar a la

emergencia del término de “recampesinización” (Martín, 2007) aludiendo a una

particularidad propia del proceso de reajuste cubano a contrapelo de la extendida

tendencia a la “descampesinización” que caracteriza a las reformas implementadas en el

área hacia el último cuarto del siglo XX. Una reciente investigación en la oriental

provincia de Granma revela que algo más de la cuarta parte de los miembros de las

UBPC y el 43% de los usufructuarios de las CCS, eran con anterioridad obreros

estatales- no precisamente empleados en el sector agropecuario- produciéndose una

redistribución de efectivos de otros grupos hacia los “nuevos nichos de la estructura

social agraria” (Leyva, 2006: 83-85) (Martin, 2007: 8).

Algunas tendencias de la estructura de la ocupación en las zonas rurales se mantienen

desde las reformas de los 90 hasta la actualidad, como son el aumento de los ocupados

en la actividad agropecuaria en la economía nacional; la pérdida del peso de los

trabajadores vinculados a la propiedad estatal; la resignificación del peso de las formas

cooperativas de producción por la emergencia de las Unidades Básicas de Producción

Cooperativa (UBPC); el decrecimiento del grupo de campesinos cooperativistas (CPA),

asociado a una disminución del número de socios, de Cooperativas y de tierras; la

emergencia y crecimiento sostenido de los campesinos usufructuarios en tierras del

estado; y el fortalecimiento del grupo de campesinos privados, tanto en su peso

numérico como en cantidad de tierras y en ingresos percibidos (Martín, 2007).

Son varias las consideraciones sobre las dificultades y problemas que aún confrontan

las UBPC, las cuales se han mantenido casi desde su creación, junto otras surgidas en el

transcurso de los casi veinte años de constituidas:

♦El elevado nivel de compromiso de ventas establecidos con Acopio, superior al

70%2 de la producción fundamental (alimentos destinados a la canasta básica), así

como el compromiso adicional de vender una cantidad de todos los renglones que no

clasifican como producción fundamental. Los precios pagados por Acopio son muy

inferiores a los del Mercado Libre Agropecuario y por lo general no cubren los costos.

♦La existencia de una empresa (como nivel intermedio), que agrupa a las UBPC y que

finalmente es la que orienta, determina y centraliza las decisiones, desde lo que deben

producir, a quien vender, a que precios, que insumos recibirán, que inversiones realizar,

entre otros aspectos.

♦Los recursos los reciben por asignación centralizada, no existiendo un mercado de

insumo, ni de equipamiento, donde el productor pueda acudir.

♦Las UBPC ganaderas no pueden acudir con su producción fundamental (leche y

carne) al Mercado Libre Agropecuario, como tampoco aquellas arroceras, citrícolas y

los productores de papa.

♦Presentan dificultades internas en la contabilidad y la estabilidad de los

cooperativistas (Nova, 2008:4).

Entre los años 2002 y el 2007 el área ociosa se incrementó de forma sostenida, algo

coincidente con el inicio de la etapa de redimensionamiento de la agroindustria cañera,

aunque no atribuible totalmente a este proceso. Por otro lado las importaciones en

alimentos crecen de forma importante, se calcula que durante el año 2008 estas han

ascendido aproximadamente a unos 2,400.0 millones de dólares estadounidenses (Nova,

2008:8).

El resumen de la década de 2000 a 2010 se caracterizaría por el descenso de la

producción agrícola y ganadera, el registro de magnitudes importantes de tierras

agrícolas ociosas, y por volúmenes de importación de alimentos cada vez más elevados,

para cubrir el déficit de la producción nacional.

Desde el año 2007 y 2008 comienza otro proceso de redimensionamiento de la

agricultura que parte de algunas premisas como:

En primer lugar, un nuevo proceso de descentralización de las empresas estatales y la

promoción de la cooperativización para mantener a las personas vinculadas a la tierra.

En ese intento han sido claves la entrega de tierras en usufructo, la reducción de la

escala de producción y la diversificación (Funes-Monzote, 2009).

En segundo lugar, la desactivación de 110 centrales azucareros de los 155 existentes,

por lo que la mitad de las más de 1.4 millones de hectáreas antes dedicadas al

monocultivo de caña de azúcar está disponible para otros propósitos agrícolas.

En tercer lugar, alrededor del 40% de las dos millones de hectáreas cubiertas por

pastos (cerca de 900 000 ha) están invadidas actualmente con marabú (Dichrostachys

cinerea) y aroma (Acacia farnesiana), dos especies leñosas de leguminosas de rápido

crecimiento, la causa principal de esta desmedida invasión es el abandono de los suelos

agrícolas y el uso inapropiado de la tierra (Funes-Monzote, 2009).

Las nuevas regulaciones aprobadas en el 2009 permitirían a los productores arrendar

hasta 67 hectáreas, frente al máximo permitido hasta ahora, 13 hectáreas, "Las personas

o usufructuarios que realmente han demostrado que pueden producir podrán aumentar

su territorio hasta cinco caballerías (165 hectáreas)" (Funes-Monzote, 2009).

Como parte de un plan de medidas para intentar aumentar la producción, el gobierno

ha entregado en usufructo desde 2008 cerca de 1,6 millones de hectáreas de tierra a

143.000 campesinos y aspirantes a hacerla producir, pero los usufructuarios se han

quejado de que la poca cantidad de tierras y otras restricciones obstaculizan la

producción.

Siguiendo un estudio realizado por Funes-Monzote (2009) en una provincia cercana a

la capital del país, a las personas que viven en los pueblos o ciudades se le torna casi

imposible enrolarse en este proyecto, porque no existen los medios necesarios para la

construcción de viviendas en los nuevos predios, medios de transporte, electricidad,

agua potable, etc., y mucho menos los insumos necesarios para acometer un trabajo

como el de fomentar la cría de ganado o cualquier actividad agrícola, además del alto

índice de robo que existe en las zonas rurales cubanas.

Las estadísticas oficiales habían reconocido desde el año 2006 que los pequeños

campesinos, con la mitad de la tierra en uso agrícola, eran responsables del 65% de

todos los alimentos producidos en el país. Específicamente en el sector ganadero, con

alrededor del 13% de las áreas de pastos (unas 300 mil hectáreas), poseían el 43,5% del

rebaño ganadero del país y en marzo de 2008 esta cifra ya era del 55% (ONE, 2008).

El presente proceso de “Actualización del modelo económico” en que se encuentra el

país abarca a la totalidad de los sectores económicos, con implicaciones importantes en

los aspectos económicos, sociales y políticos de la isla. Estas transformaciones han

quedado recogidas en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y

la Revolución, aprobados en el VI Congreso del PCC, en abril del 2011 y ratificadas en

la Conferencia del PCC celebrada en febrero del 2012 año (Nova, 2012:1).

Algunas de las transformaciones más profundas e importantes se han iniciado en el

sector agropecuario, que desde el año 2007 viene implementado una serie de medidas

encaminadas a la búsqueda de soluciones y a la reactivación de este sector, que

conduzcan al incremento de la producción, sustitución de importaciones de alimentos y

a la generación de excedentes para incrementar las exportaciones de bienes (Nova,

2012: 2).

Entre estas medidas se encuentran el incremento del precio de la leche, la carne bovina

y productos agrícolas; el proceso descentralizador de funciones identificando –con el

Municipio como el espacio clave para el desempeño y toma de decisiones dentro de la

actividad agrícola territorial; la contratación libre de la fuerza laboral, ampliación del

microcrédito agrícola y la descentralización paulatina de la comercialización de los

productos agrícolas (Nova, 2012:3).

La medida más importante ha sido la entrega de tierras agrícolas ociosas (sin cultivar)

bajo condiciones de usufructo a personas naturales. La entrega se realiza bajo las

condiciones de contrato de arrendamiento, por un periodo de 10 años renovables. El

decreto ley 259 es el encargado de regular dicho proceso, pero aunque constituye un

paso importante y decisivo, a la vez, estuvo impregnado de una serie de restricciones y

limitaciones que encierran un grado importante de incertidumbre para los beneficiados2

(Nova, 2012:3).

En un estudio del 2012 Armando Nova destaca como la actual distribución de tierras

ociosas conduce a la vez hacia un nuevo escenario y modelo agrícola que establece y

consolida el predominio de los productores no estatales, particularmente las

Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y el productor privado, que pudiera pasar

de un 18,5 al 51,0 % de tenencia de la tierra.

¿Qué falta aun?

A pesar de las medidas implementadas desde el 2007 los resultados obtenidos no han

sido los esperados, cifras productivas de los años 2009 y 2010 mostraron que durante

ese periodo la producción agrícola y pecuaria descendió, ó en el mejor de los casos se

mantuvo estable (ONE, 2011).

Estudios analizados por Nova (2012) consideran que el factor más importante que

incide de forma no favorable lo constituye la dilación en la implementación de las

medidas en el sector agrícola cubano, plasmados en los Lineamientos Económicos y

Sociales aprobados en el VI Congreso del PCC y la no consecuente aplicación

sistémica de los mismos:

1. Demora en las entregas de tierras en usufructo dentro de los marcos del Decreto

Ley 259 y su Reglamento (aspectos burocráticos fundamentalmente).

2. Un mercado de insumo, medios de trabajo y medios de producción insuficiente,

con elevados precios, y no ajustado a la demanda, requerimientos, calidad y

especificidades de los productores y regiones, por lo general se ha hecho

modular.

3. Necesidad de modificar el Decreto Ley 259, para eliminar los factores de

incertidumbre que encierra y que no favorecen la permanencia del productor.

4. La no implementación amplia de las medidas encaminadas a la

descentralización de la comercialización y eliminación del monopolio del

sistema de Acopio Estatal.

2 Incertidumbres referentes al periodo del tiempo de entrega en usufructo, la cantidad de área a entregar, la condición hereditaria del usufructo, y el derecho sobre la vivienda a construir.

5. El tema de los precios pagados a los productores, los cuales no resultan lo

suficientemente estimulantes, en particular de aquellos productos que sus-

tituyen importaciones.

6. Acción tardía en la entrega de créditos y asistencia técnica necesaria. (Nova, 2012:

6 y 7).

A pesar de todas las transformaciones aun no están resueltos tres aspectos

fundamentales del problema de sector agropecuario en Cuba (Nova, 2012:7): La no

realización de la propiedad, que el productor pueda tomar sus propias decisiones a lo

largo del ciclo producción-distribución-cambio-consumo; el no reconocimiento real y

objetivo de la existencia del mercado y su papel de complementariedad con la

planificación; y la falta de enfoque sistémico en la concepción e implementación de

las medidas.

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