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Se está negociando el Tratado USA-UE Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ante las repercusiones que puede tener para, en otros aspectos, el sistema sanitario español y en consecuencia para nosotros los pacientes, es bueno que cuando oigamos hablar de ello, sepamos de que va.

Publicamos tres artículos para hacernos una idea de las consecuencias que puede tener la firma de este acuerdo para Europa en general y España en particular.

Como el tema es muy complejo, los artículos también lo son.

Iremos informando del desarrollo del debate y de las negociaciones

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De qué va el Tratado USA-UE (TTIP)

El llamado TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), también llamado ACTI o TAFTA es un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que EEUU y la UE llevan negociando desde junio de 2013.

Se conoce poco de él porque su negociación está transcurriendo en secreto y de espaldas a la ciudadanía. Lo poco que de él sabemos procede de filtraciones sobre los puntos que en él se están negociando.

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LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

El TTIP es un Tratado de Libre Comercio (TLC). No es el único ni el primero, aunque sí tiene unas características que lo diferencian de los que hasta ahora se han firmado. Tratados de este tipo existen desde hace años. Hay numerosos ejemplos de este tipo de acuerdos; a modo de ejemplo: el firmado entre Chile y EEUU (2004), el de México-Japón (2005), el firmado entre EEUU, Centro América y República Dominicana (CAFTA, 2006), el firmado entre Perú-EEUU (USP-TPA, 2009), el de Colombia-EEUU (TPA, 2012) o el llamado NAFTA, entre EEUU-Canadá y México, en vigor desde 1994.

L a característica común y formal de todos ellos es abogar por la extinción de aranceles en el comercio entre varios países. La realidad, sin embargo, oculta otros fines menos “bondadosos” y positivos, pues suponen cambios profundos en los marcos legales nacionales y en las posibilidades reales de crecimiento o desarrollo de los países firmantes… sobre todo de los países económicamente más débiles. El común denominador de todos ellos es que profundizan las desigualdades entre las potencias ricas (EEUU, Canadá, Japón) y los países más pobres (sus “contrapartes”) condenando a estos últimos a ser meros exportadores de materias primas o mano de obra barata, a la vez que socavan su seguridad alimentaria y precarizan su calidad de vida en todos los ámbitos (laboral, medioambiental y social), acrecentando su dependencia de los países ricos.

La peculiaridad del TTIP que nos ocupa es que, por vez primera, un Tratado de Libre Comercio e Inversiones se firma entre dos grandes potencias económicas: EEUU y la UE. No asistimos ya a clausulado que beneficia en exclusiva a una de las partes sobre la otra –más débil-. En el TTIP las verdaderas perdedoras serán sus poblaciones. A continuación vamos a ver el porqué con un poco más de detalle, aunque de forma breve.

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LAS RAZONES DE FONDO

La UE y los EEUU suponen más de 800 millones de personas, la mitad del PIB mundial y un tercio de todos los intercambios comerciales globales. La creación de la mayor zona de libre comercio nunca antes vista tendría un impacto considerable en el resto del mundo, especialmente frente los llamados “países emergentes”: Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, cuyas economías crecientes son vistas por EEUU y la UE como una amenaza a su hegemonía global. Se trata, pues, de una rápida maniobra para evitar el estancamiento de las negociaciones dentro de la Organización Mundial del Comercio e imponer el nivel de liberalización conseguida en el Atlántico al resto del mundo.

PARA EMPEZAR, UN ATRACTIVO “EMPAQUETADO”

Aunque las negociaciones entre EEUU y la UE comenzaron en junio de 2013 y se están desarrollando en medio de un total hermetismo, inevitablemente se ha empezado a hablar de este Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE. Y para “acompañar” estas primeras impresiones, nada mejor que un buen “envoltorio” de palabras y promesas avanzadas ya por parte de las instituciones de ambos socios: los gobiernos de EEUU y la UE, así como por parte de los gobiernos de los países de la UE, como el nuestro (descripción del TTIP en el apartado EEUU de la sección “Comercio Exterior” de la Secretaría de Estado de Comercio, o espacio dedicado al TTIP en la web de la Representación en España de la Comisión Europea).

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Se nos está vendiendo a la ciudadanía que el TTIP servirá para mejorar el crecimiento económico, prediciendo un aumento del hasta el 1% del PIB, así como la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, o el aumento de la renta per cápita a largo plazo. Lo más curioso de todo es que, en el alarde de proclamar ventajas, se señala una y otra vez que el “mejor escenario” posible será no sólo la eliminación de las barreras arancelarias (que entre EEUU y la UE no son muy significativas), sino, lo que es más importante, la eliminación de las barreras “no arancelarias”, es decir, las que tiene que ver con normativas legales y legislaciones.

GRANDES BENEFICIOS IGNORANDO LOS RIESGOS

La Comisión Europea llevó a cabo su propio estudio sobre el impacto del TTIP y concluyó que el crecimiento esperado en la región (UE) sería del 0.1%, y el ritmo del crecimiento en un periodo de 10 años, del 0,01% del PIB, lo que es absolutamente trivial si lo comparamos con los riesgos socio-económicos y medioambientales que puede traer como resultado.

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El incremento de la competencia entre EEUU y la UE por la liberalización comercial podría desatar un proceso de reestructuración productiva que llevaría a la pérdida de puestos de trabajo. Esta competición añadida incrementaría el desequilibrio ya existente entre la Europa del centro y la Europa periférica.

La aludida eliminación de barreras no arancelarias, demandada como necesaria y beneficiosa, es llamada eufemísticamentearmonización de las regulaciones y normas a ambos lados del Atlántico. “Armonización” que sólo puede llevar a una mayor liberalización si se hace por el mínimo común denominador, es decir, rebajando los estándares europeos y americanos (que ya difieren prácticamente en todo), para que la profundización en el libre comercio se lleve a cabo debilitando las regulaciones.

Este acuerdo, como vamos a ver, va más allá de simplemente eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado; las negociaciones se están centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos (que implican movimiento libre de su capital, bienes y trabajo).

Las negociaciones entre EEUU y la UE ya han comenzado, tras más de dos décadas en las que las grandes corporaciones de Europa y EEUU han “trabajado” por conseguir un libre mercado a ambos lados del Atlántico. Para ello, muchas asociaciones industriales han presentado documentos conjuntos a favor de este acuerdo haciéndose oír con una única voz. Entre estos sectores encontramos: el automóvil, el farmacéutico, la salud, los químicos y el IT, la Comisión Europea ya ha tenido con los “lobistas” más de 100 reuniones, mientras deja en la más absoluta oscuridad a la población civil sobre este acuerdo.

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Por otro lado, asociaciones de consumidores, activistas del medioambiente, comercio e internet, así como sindicatos y agricultores, ya han empezado a luchar contra esta agenda corporativa, a la vez que han subrayado la necesidad de que haya un debate público sobre este acuerdo, y han puesto sobre la mesa el debate sobre la necesidad de reformar las normas del comercio internacional.

Como ya se ha señalado, este acuerdo va más allá de eliminar los aranceles y abrir los mercados a los inversores de cada mercado; el “plato fuerte” de las negociaciones se está centrando en eliminar las mismas regulaciones que protegen a los consumidores, los trabajadores y el medioambiente, ya que se interponen en el camino de los beneficios corporativos. Y esto no lo afirmamos gratuitamente. La Dirección general de Comercio de la Comisión Europea encargó un “estudio independiente” (realizado por el Centre for Economic Policy Research de Londres), presentado en marzo de 2013, en el que (cita textual): “se examinan en detalle los actuales flujos comerciales y de inversión transatlánticos y los obstáculos a los mismos para, a continuación, utilizar modelos económicos para calcular el impacto potencial de diferentes escenarios políticos”. En este estudio se afirma que La reducción de las barreras no arancelarias, las denominadas “barreras detrás de las fronteras”, tendrá que ser el elemento clave de la liberalización del comercio transatlántico. Nos encontramos, pues, ante el que puede ser el ataque definitivo a la protección de los derechos de la ciudadanía (de ambos lados del Atlántico) y del medio ambiente en favor de los enormes intereses económicos perseguidos por los grandes inversores de uno y otro lado.

Pero demos un “repaso” somero a lo que puede suponer este Tratado en una serie de áreas o sectores.

ADIÓS A LOS DERECHOS LABORALES Y LA POLÍTICA SOCIAL

Nos venden el TTIP como un acuerdo que creará millones de empleos y un crecimiento del PIB del 1%, mientras que la propia CE lo sitúa en sólo un 0,1% y la creación de puestos de trabajo estaría por ver.

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La Comisión Europea reconoce que el incremento comercial con los EEUU tendría un shock inicial en los sectores más afectados que les llevaría a una reestructuración (productores de carne, fertilizantes, bio-etanol y azúcar, equipos de transporte, sector del metal, sector de la madera y productos de papel, los servicios a los negocios, o los sectores de servicios personales y de comunicación). Incluso si se incrementara la demanda de trabajadores en ciertos sectores, habría otros que perderían trabajadores y la empleabilidad de estos no sería automática, pues necesitarían nueva formación y destrezas. Para mitigar estos impactos negativos sería necesario incorporar en el acuerdo una serie de medidas preventivas, pero éstas no se hallan en Acuerdo TTIP, ni la Comisión Europea hace hincapié en que se adopten.

No hace falta hacer ejercicios imaginativos al respecto. El análisis de los impactos de anteriores Tratados de Libre Comercio nos ofrece una acertada imagen de lo que suponen este tipo de Acuerdos en el ámbito laboral. Por poner sólo un ejemplo, el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre EEUU, México y Canadá) incrementó el flujo comercial por tres pero la promesa de millones de puestos de trabajo – 20 millones – no se materializó. Más bien, sucedió todo lo contrario. La pérdida de empleos en Estados Unidos desde la entrada en vigor del NAFTA (1994) según el Instituto de Política Económica ha sido de un millón de empleos netos. Según datos oficiales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, desde entonces en este país se han perdido casi cinco millones de empleos en la industria; 200 mil en la industria de partes de vehículos de motor; cien mil más en la de vehículos de motor, y 170 mil empleos en explotaciones agrícolas familiares. México tampoco ha salido muy bien parado. El desempleo en este país se duplicó prácticamente entre 2000 y 2004. De 1993 a 2004 se perdieron casi dos millones de empleos agrícolas. Tan sólo en la producción de maíz se han perdido más de un millón de puestos de trabajo.

Según el Centro de Investigación sobre Globalización, el NAFTA permitió a las corporaciones norteamericanas mover más fácilmente sus fondos de inversión a través de la frontera para establecer sus nuevas fábricas de

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producción en México, debido a los sueldos más baratos de este país, mientras se cerraban las fábricas en EEUU. Las corporaciones incrementaron enormemente sus beneficios pero tuvo como resultado el deterioro de las condiciones laborales a ambos lados de la frontera. Los trabajadores estadounidenses sufrieron recortes salariales o desempleo, mientras los trabajadores mexicanos perdieron sus puestos de trabajo tradicionales para ser forzados a trabajar en condiciones de semi-esclavitud en las fábricas de las corporaciones norteamericanas situadas en México. (artículo de Mark Vorpahl en la web de Global Research).

Extrapolando esta situación al hipotético escenario que crearía el TTIP entre EEUU y la UE, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los intereses de exportación norteamericanos se dirigen precisamente a través del TTIP a los sectores principales donde la periferia europea tiene interés en defenderse. La apertura de este mercado transatlántico llevaría a exacerbar la división entre los miembros ricos y pobres de la UE, precisamente en un momento en el que se debería proteger a los ciudadanos en lugar de exponerlos a la competición extranjera.

Finalmente, los derechos laborales podrían deteriorarse más a través de la “armonización” de las normas y regulaciones transatlánticas, ya que los EEUU no han ratificado algunos de los estándares y convenciones de la OIT, lo que incluye el derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales. En EEUU ya se ha iniciado una carrera descendente en relación a los sueldos y los estándares de seguridad y salud, ya que los Estados compiten los unos contra los otros. Con el TTIP podríamos estar contemplando el inicio de un panorama similar entre los países europeos que deberían competir entre sí. Y todo ello ya “cae” en la Unión Europea (especialmente en nuestro país) sobre una “tierra abonada” por los ataques recientes sobre los sueldos de los trabajadores en el contexto de la euro-crisis. El TTIP serviría al propósito de profundizar más aún la reforma de la legislación laboral europea para “sintonizarla” con la de EEUU, lo cual incluiría una ley anti sindicalista, llamada erróneamente “Derecho a trabajar”, que ha restringido sistemáticamente la libertad de asociación de los trabajadores en EEUU.

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DESTRUCCIÓN MEDIOAMBIENTAL A CAMBIO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS

La Comisión Europea reconoce que el TTIP, al tener como objetivo prioritario el incremento del comercio transatlántico, tendría como resultado inevitable impactos negativos en el medioambiente. Además del aumento de la polución y el agotamiento de los recursos naturales que conlleva el incremento de la producción, el comercio y el consumo, el TTIP necesitaría también eliminar algunas normas y regulaciones en nombre de la pretendida “armonización” y “reconocimiento mutuo” entre los estándares de EEUU y la UE. Esto debilitaría ampliamente “el Principio de Precaución” europeo, piedra angular de la política europea medioambiental, teniendo serias consecuencias sobre la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente.

Las más grandes corporaciones europeas echan la culpa a la regulación medioambiental de poner a las compañías europeas en desventaja con sus homólogas americanas y chinas, y por ello, están haciendo lobby a los reguladores de EEUU y la UE con la intención de que reduzcan el diferencial entre EEUU y UE. Por ejemplo, el etanol norteamericano que se obtiene de maíz y soja modificados genéticamente no cumple con los requisitos europeos, que requieren que la materia prima utilizada para conseguir energía cumpla con ciertos objetivos de reducción de emisiones de gas invernadero y otros criterios de sostenibilidad. Este etanol no es, pues, competitivo en la UE. Pero si estos obstáculos regulatorios desaparecieran de escena serían inútiles los esfuerzos por evitar impactos dañinos sociales y medioambientales. Es por ello que las grandes compañías de la industria agraria están tratando de sacar adelante estos cambios legales que llaman “armonización”.

El caso del fracking o fractura hidráulica

Los impactos negativos de esta técnica sobre la salud y el medio ambiente son notorios. La extracción por esta técnica de gas de esquisto o de pizarra produce metano que escapa al medio ambiente; el agua proveniente de los pozos de donde se extrae este gas retorna a la superficie conteniendo elementos radiactivos y grandes concentraciones de sal, que puede ayudar a provocar pequeños terremotos. En EEUU la regulación medioambiental, mucho más débil que la de la UE, propicia que cada año se abran allí más de 11.000 pozos.

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Las compañías de energía norteamericanas tienen los ojos puestos en las reservas de gas europeas, especialmente las de Polonia, Dinamarca y Francia. Si finalmente saliera adelante el TTIP este se utilizaría para acabar con las prohibiciones y moratorias que protegen a los europeos de dicha práctica. Además, el precio de gas natural americano es mucho más barato que el europeo (3$ USA frente a los 11-13€ por unidad). Si las compañías norteamericanas consiguieran exportarlo a la UE a través de un acuerdo de libre comercio, aumentaría exponencialmente la práctica de la fractura hidráulica en los EEUU, con los graves perjuicios que supone para su población. Más información

La globalización se impone

Los acuerdos de libre comercio implican asegurar que la contratación pública esté abierta a la competición extranjera. Esta apertura sin regulación implicaría acabar en Europa con las medidas nacionales existentes en sus estados para favorecer la contratación pública de compañías nacionales, frente a las extranjeras. En una situación de crisis como la actual supondría eliminar las medidas de apoyo a la economía local, necesarias para su recuperación de la crisis financiera.

Un ejemplo de lo que esto podría significar lo encontramos en el caso de Japón cuando llevó a la provincia canadiense de Ontario ante la Organización Mundial del Comercio en 2010 por haber introducido una Ley de Energía Verde que tenía como objetivo expandir la producción de energía verde renovable. Bajo esta ley, todas las compañías, ya fueran nacionales o extranjeras, debían garantizar que al menos el 60% del valor de las partes y servicios contratados debían tener su origen en Ontario, de modo que se estimulara y apoyara la economía local. Aunque esta ley creó muchos puestos de trabajo e inversión, la OMC dictaminó que era ilegal porque la condición de “comprar localmente” violaba las leyes de comercio internacional.

Es fácil suponer que las medidas de contratación pública que pueda traer el TTIP llevarían a cualquier autoridad pública al riesgo de enfrentarse a demandas

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semejantes a la referida, con costes legales, aunque su actuación regulatoria fuera beneficiosa y necesaria para las comunidades locales y el medioambiente.

EL TRIUNFO DE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL SOBRE AGRICULTORES Y CONSUMIDORES

Es de suponer que el TTIP, en su búsqueda de la llamada “armonización de las normas y estándares” de la UE y EEUU, limitaría el “Principio de Precaución” europeo en el cual se basa la regulación alimentaria y los derechos de los consumidores europeos. Esto nos llevaría a tener que aceptar en la UE, entre otros, los alimentos modificados genéticamente, la carne de ternera y cerdo tratados hormonalmente o el pollo esterilizado con cloro, que se usa para eliminar los microbios en su proceso de producción en EEUU.

La reducción o eliminación de los aranceles llevaría a los agricultores europeos a una mayor competición internacional frente a las compañías agrícolas norteamericanas. Ambas medidas, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, provocarían una mayor concentración de poder económico en manos de las corporaciones del negocio agrícola a costa de los agricultores y consumidores.

Las granjas europeas, además de ser más pequeñas que las explotaciones norteamericanas, deben atenerse a unas regulaciones y normas más estrictas. Si el TTIP se llevara a cabo según está planeado, dañaría peligrosamente los intentos de reformar la política agraria europea sobre un asentamiento sostenible, social, económica y medioambientalmente. Supondría también el final de los pequeños circuitos creados entre productores y consumidores, así como el necesario apoyo para los sistemas de alimentación local y regional. En su lugar, la competición con los agricultores norteamericanos nos llevaría a la aceleración de la concentración de la producción agrícola en unas pocas corporaciones, a la reducción de trabajadores del sector agrícola y consecuentemente, a un mayor porcentaje de desempleo.

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Vía libre a los alimentos modificados genéticamente

La normativa de la UE requiere que los productos derivados de la biotecnología sean etiquetados al efecto, lo que impide la entrada de muchos productos norteamericanos. Si la CE va cediendo a la presión de las compañías biotecnológicas sobre la Autoridad de Seguridad Alimentaria europea, podríamos ver como se debilitan estas regulaciones para equipararse a las americanas, donde los productos modificados genéticamente no necesitan ser supervisados, realizar tests de seguridad o ser etiquetados.

Si se legitimara la industria de los alimentos modificados genéticamente, estos entrarían en el mercado europeo, y gracias al “reconocimiento mutuo” de estándares y normas de la UE y EEUU, estos productos importados no tendrían necesidad de etiquetarse, lo que debilitaría los derechos de los consumidores y el “Principio de Precaución” europeo.

Productos cárnicos preocupantes

La UE mantiene una serie de prohibiciones sobre algunos alimentos americanos como consecuencia de nuestras más estrictas normas de salud en la producción alimentaria y porque estos productos entrañan algunos riesgos para la salud de los europeos.

Este es el caso de los tratamientos hormonales para incrementar la productividad del ganado bovino en los EEUU, como la Somatrotropina Bovina Recombinante, sospechosa de producir cáncer en humanos, o el tratamiento a los cerdos con “clorhidrato de ractopamina”, que refuerza su crecimiento. También el lavado con

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cloro del pollo en EEUU supone un claro riesgo, al permanecer este hasta su consumo. La eliminación de las prohibiciones europeas sobre estos y otros productos peligrosos dejaría a los desprotegidos a los consumidores en Europa sin ni siquiera tener en cuenta sus preocupaciones y deseos.

DERECHOS DE PROPIEDAD POR ENCIMA DE DERECHOS CIUDADANOS

Dar más poder todavía a las grandes corporaciones de Silicon Valley o Hollywood podría resucitar el espíritu del ACTA (Acuerdo Comercial Anti-Falsificación) que se intentó aprobar en la UE sin éxito durante años y se dejó de lado definitivamente en el año 2012.

Frente a los argumentos corporativos a favor de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), (protección a las compañías frente a la “piratería” o estímulo de la innovación, el progreso y el crecimiento económico), se encuentran los argumentos de la ciudadanía europea, para la que estos “derechos” supondrían la restricción del acceso al conocimiento, el debilitamiento de la innovación y el ahogo de los mercados.

Sin embargo, hay párrafos centrales de aquel documento (ACTA) que han vuelto a la vida en la versión preliminar de un acuerdo que se está negociando entre EEUU y Canadá, llamado Acuerdo General Económico y Comercial (CETA en inglés, Comprehensive Economic and Trade Agreement), y hay razones para creer que servirá como anteproyecto para el TTIP, cuando este tema vuelva a las negociaciones, pudiéndose “colar” en la UE esta vez por la “puerta de atrás”.

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También se teme por las consecuencias que la introducción de esta normativa en el TTIP tendría sobre la protección de datos de carácter personal en la UE, pues daría a las corporaciones un mayor acceso sobre la información ciudadana (a expensas del derecho civil a la privacidad), con un impacto negativo importante sobre la libertad de expresión (ya que el control de los datos que fluyen en internet debilitaría la libertad digital). En EEUU las compañías pueden usar la información personal de los clientes casi sin restricciones, mientras que en la actualidad los ciudadanos en la UE están protegidos por un mínimo de derechos digitales que evitan irrumpir en su privacidad.

LA SALUD EN MANOS DE LOS GRANDES INVERSORES

Ya estamos comprobando cómo en Europa (en nuestro país es evidente) la crisis financiera y las políticas de austeridad han puesto en riesgo el derecho a una sanidad pública asequible y de calidad. En este marco el TTIP sólo contribuiría a empeorar más esta situación, puesto que la armonización de las normas y estándares a ambos lados del Atlántico se harían a la baja, degradando las más exigentes.

La competición transatlántica entre corporaciones y el reforzamiento de las leyes sobre patentes incrementarían los precios de las medicinas y los servicios de salud, haciéndolos menos asequibles al público.

En la Unión Europea, en base al Principio de Precaución, se exige hacer pruebas científicas de los productos antes de ser comercializados. También disponemos desde 2008 de la ley REACH (Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos) que permite a la Agencia Europea de Químicos poner restricciones sobre cómo se producen los productos químicos,

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cómo son vendidos y usados para proteger la salud pública y el medio ambiente. En EEUU, las normas sobre los productos químicos son más débiles y ofrecen poco margen de maniobra a su Agencia de Protección Medioambiental (EPA). Este acuerdo podría degradar la regulación europea y abrir el camino al flujo de químicos potencialmente peligrosos y sin testar de EEUU a la UE (todavía se comercializan en EEUU unos 30.000 productos químicos asociados con el incremento de cáncer mamario y testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad).

Otro aspecto preocupante es la intención de abrir con el TTIP la contratación pública de servicios de salud a la competición extranjera. Las grandes compañías y corporaciones, buscando la expansión de sus actividades a través de las fronteras, relegarían a las empresas sociales o a las nacionales, en un momento en el cual sería necesario promover el desarrollo local y el empleo a través de la contratación de empresas nacionales como medida para hacer frente a la crisis.

El acuerdo TTIP no sólo ofrecería la venta de nuestros servicios públicos a inversores transatlánticos, si no que merced a los Derechos de Propiedad Intelectual, alargaría la duración de las patentes, provocando una disminución del derecho de los pacientes a adquirir medicinas a un precio razonable. En un momento en el que las demandas fiscales sobre los servicios públicos europeos se están incrementando, es necesario permitir la competición entre las farmacéuticas y que las patentes expiren para mantener los gastos farmacéuticos bajos.

Por último, las grandes farmacéuticas suelen hacer uso de las normas establecidas en este tipo de acuerdos de libre comercio para amenazar mediante demandas el sistema de patentes de los gobiernos, asegurándose una mayor protección del monopolio de sus patentes. Ambas prácticas –demandar a los estados y el monopolio de patentes- incrementan el coste de los productos farmacéuticos a consumidores y gobiernos.

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VUELVEN A LA CARGA LOS MERCADOS E INVERSORES FINANCIEROS

A través del TTIP, la UE está proponiendo liberalizar y desregular todos los sectores de servicios, incluidos los servicios financieros, a pesar de que la desregulación y la competición del sector financiero fue precisamente la raíz originaria de la crisis financiera actual que todavía afecta a las economías de EEUU y la UE.

El sector de los servicios financieros está pidiendo que se eliminen todas aquellas regulaciones que pueden interponerse en el camino a los potenciales beneficios – tales como las restricciones sobre el total del valor de las transacciones financieras o la forma legal de sus operaciones – las cuales protegen a los ciudadanos de futuros y costosos recates económicos. El TTIP podría convertirse en el instrumento legal de los grandes bancos para evitar o debilitar las regulaciones nacionales.

Si hubiera una armonización de todos los acuerdos entre dos partes sobre servicios financieros, como así están demandando los bancos, estos podrían asentarse allí donde el marco legal les fuera más conveniente, y como consecuencia, cualquier nueva propuesta regulatoria tanto en los EEUU como en la UE sobre los servicios financieros sería inefectiva, pues los bancos podrían elegir dónde operar de acuerdo con la legislación más débil que beneficia a sus intereses.

Precisamente en este ámbito la Reserva Federal Norteamericana ha pedido más garantías que aseguren la estabilidad de los bancos americanos y otras firmas que operan en el extranjero y que están involucradas en el comercio muy arriesgado de derivados. Pero estas propuestas se han encontrado con la firme oposición del sector bancario, apoyado por las autoridades europeas que quieren proteger los intereses comerciales de los grandes bancos, y el poderoso lobby de la industria financiera.

El TTIP quiere incluir, además, un capítulo con el que se liberalicen todos los pagos por cuenta corriente y todas las transferencias de grandes inversiones sin

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casi excepciones, lo que haría muy difícil restringir el flujo masivo de capitales, y que todos los controles sobre los pagos transatlánticos, tanto de bienes como de servicios, royalties y dividendos, e importantes sumas de dinero relacionadas con los servicios financieros, fueran eliminados. Aunque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ya han empezado a reconocer la necesidad de controlar el capital para evitar y parar el flujo de capital especulativo y desestabilizador, hay un riesgo real de que, a través del TTIP, los grandes bancos pongan freno a la regulación que restringiría el flujo de capital, dejando a las poblaciones expuestas a futuras crisis financieras y nuevos rescates.

MÁS DERECHOS PARA LAS GRANDES CORPORACIONES QUE PARA LAS PERSONAS

El Acuerdo de Libre Comercio Transatlántico pretende restringir todavía más la intervención regulatoria estatal, e incluye en el capítulo sobre inversión internacional que se quiere incorporar en dicho acuerdo, una cláusula de resolución de conflictos entre inversores y gobiernos que permita llevar a estos ante tribunales internacionales en caso de que sus políticas dañen los intereses corporativos. Se trata del llamado ISDS (en inglés: Investor-State Dispute Settlement), es decir, mecanismo de solución de controversias inversor-estado.

Ya han ocurrido muchos de estos casos bajo otros acuerdos comerciales bilaterales, en los cuales leyes democráticas diseñadas para proteger a los consumidores y el medio ambiente han sido amenazadas por las demandas millonarias por compensación de compañías privadas. Esto significa que de incorporarse esta “cultura de la demanda corporativa” en el TTIP, las compañías estadounidenses podrían soslayar los tribunales europeos y demandar a los gobiernos de la UE en tribunales fuera de nuestro territorio cada vez que pensaran que las leyes en las áreas de la salud pública, de medioambiente y protección social interferían con sus beneficios.

Dos casos, a modo de ejemplo: la compañía de tabaco norteamericana Philip Morris demandó en 2010 al gobierno de Uruguay por su ley anti-tabaco. La compañía se quejaba de que los avisos publicitarios en las cajetillas de tabaco entorpecían la visibilidad de su marca y les causaba una pérdida substancial de mercado. En 2012, la multinacional de energía sueca Vattenfall llevó a juicio al gobierno alemán y pidió 3.700 millones de euros en compensación por la pérdida de beneficios relacionada con sus dos plantas de energía nuclear. El gobierno quería desmantelarlas en fases tras el accidente nuclear ocurrido en Fukushima.

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Anteriormente, en 2009, esta misma empresa ya había conseguido de ese gobierno -fuera de los tribunales- una rebaja de los requisitos ambientales para una de sus centrales eléctricas de carbón sobre el río Elba.

Las Naciones Unidas y el FMI avisaron de que estos acuerdos de inversión pueden dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica.

Más allá de los enormes costes financieros y sociales que este tipo de demandas supone para gobiernos y poblaciones, hay un sector que se ha mantenido prácticamente al margen del escrutinio público: la industria jurídica que se está beneficiando con el auge de las disputas inversor-Estado. Firmas de abogados, árbitros y compañías financiadoras se están beneficiando ampliamente de las demandas contra los Gobiernos. Muchos de los abogados especializados en inversiones mantienen fuertes vínculos personales y comerciales con compañías multinacionales y ostentan cargos destacados en instituciones académicas, desde donde defienden enérgicamente el régimen internacional de inversiones. Así, no solo buscan las oportunidades para demandar a los Gobiernos, sino que también desarrollan una fuerte y exitosa campaña contra toda posible reforma de dicho régimen. En lugar de actuar como intermediarios justos y neutrales, los árbitros internacionales tienen un enorme interés en salvaguardar un régimen de inversiones que prioriza los derechos de los inversores en detrimento de las decisiones de los Gobiernos. De este modo, han construido una industria multimillonaria que se autoalimenta, dominada por un selecto grupo de firmas y abogados cuyas interconexiones y numerosos intereses financieros plantean serias dudas sobre su compromiso de dictar sentencias justas e independientes (Informe “Cuando la injusticia es negocio”, publicado en 2012 por el Corporate Europe Observatory y Transnational Institute).

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La inclusión de este sistema de demanda inversor-estado en el TTIP representaría para las corporaciones la esperanza de que se implantara este modelo para la protección de la inversión en otros acuerdos alrededor del mundo. El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea parecen determinados a conseguir su inclusión, habiendo hecho ya la Comisión Europea una serie de detalladas sugerencias para crear este mecanismo de resolución de disputas entre Inversor y Estado.

Sin embargo, los ciudadanos y la sociedad civil se han opuesto a los excesivos derechos de las corporaciones. Según el Diálogo Transatlántico de Consumidores (TACD), “no se debería incluir semejante mecanismo de resolución. Los inversores no deberían ser apoyados para que demanden a los gobiernos de manera que se refuerce este acuerdo internacional en tribunales foráneos, privados y secretos para evitar los sistemas legales nacionales y las robustas medidas de protección de derechos de propiedad en los EEUU y la UE” (Doc Nº Trade 15/13, Oct. 2013). Así mismo, la Federación de sindicatos de trabajadores de EEUU(AFL-CIO) ha afirmado que “dado el avanzado sistema judicial de EEUU y la UE este mecanismo supone un riesgo innecesario para las políticas domésticas a nivel local, regional y nacional” (documento). Activistas del medioambiente y de los derechos civiles también se han opuesto a este asalto a la democracia y laConferencia Nacional de legisladores de los EEUU (NCSL) ha anunciado que “no apoyará una acuerdo de comercio internacional que incluya la resolución de disputa entre inversor y estado” porque interfiere con “su capacidad y responsabilidad como legisladores de los estados para decretar y reforzar normas justas y no discriminatorias que protejan la salud pública, la seguridad y el bienestar social, y aseguren la salud y la seguridad del trabajador y la protección del medio ambiente” (documento).

LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y EL DESPRECIO A LA DEMOCRACIA

Dentro del marco dañino que estamos describiendo, el “aderezo” más preocupante al mismo es la opacidad y falta de transparencia con la que se están llevando a cabo las negociaciones entre los EEUU y la UE en las sucesivas rondas llevadas a cabo hasta la fecha (ya han sido cuatro desde su comienzo).

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Y no es accesoria esta falta de transparencia. La opacidad con la que las delegaciones de ambas partes negocian es una condición “necesaria” para que las mismas lleguen a “buen puerto” (el “puerto” al que quieren llegar y que ha quedado descrito someramente hasta aquí). La propia elección de los interlocutores es ya, en sí misma, ajena a la transparencia y lejana a los principios democráticos sobre los que debería descansar (como lo hacen -al menos teóricamente- los procesos legislativos y normativos en el espacio UE). Es precisamente esta “designación” inicial la que determina el grado de transparencia del proceso negociador. Porque es el Consejo Europeo (los jefes de estado de la Unión) el que “mandata” a la Comisión Europea para negociar “en nombre” de la UE (toda la ciudadanía), quedando el Parlamento Europeo como validador “en bloque” de todo lo que contenga el Tratado al final de este oscuro proceso. Y es que el Parlamento no interviene en la negociación.

Resulta cuando menos curioso que el Parlamento Europeo sí se pronuncie respecto a la transparencia, mostrando su preocupación por las condiciones de la negociación, por ejemplo, en el caso de las que se han iniciado en febrero de 2012 entre la UE y China para llegar a un acuerdo bilateral de inversiones, para cuya negociación el Consejo también mandata a la Comisión Europea. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo se pronunció en octubre de 2013, estableciendo que la aprobación de un posible Acuerdo de la UE con China está “supeditada a la transparencia y a la supervisión parlamentaria de las negociaciones” (ver resolución). ¿Por qué en este caso esta preocupación por la transparencia? ¿Porque en este acuerdo se trata de China y no de los EEUU?

Es muy grave que en un espacio democrático como es la UE se estén despreciando los más elementales principios democráticos que deben regir cualquier acción. Estamos hablando del respeto a la legalidad internacional. No puede ser que la “letra” de un Acuerdo Comercial, como es el TTIP, pase por encima -conculcándolos- de los principios de la legalidad internacional suscritos por la UE: la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE o las Convenciones de la OIT suscritas por la UE. No es

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admisible en ningún caso que la “lex mercatoria” se imponga sobre las legislaciones nacionales e internacionales. Supeditar la legalidad jurídica a las decisiones de instrumentos arbitrales ajenos a la misma es antidemocrático. Y la ciudadanía europea nos tenemos que revelar ante este atentado contra la democracia.

CONCLUSIONES

A modo de conclusiones sobre lo poco que sabemos de la negociación de este Tratado podemos señalar tres:

1. Si se eliminaran las barreras de todo tipo al libre comercio, sectores industriales enteros quedarían expuestos a una competencia transatlántica feroz que beneficiaría a las grandes multinacionales a costa de reducir o eliminar a los competidores nacionales más pequeños gracias a la economía de escala. Sería particularmente difícil para algunos sectores, como la agricultura europea, donde las diferencias son demasiado grandes como para establecer una competencia justa.

2. La armonización de la regulación (especialmente los estándares que incluyen los alimentos modificados genéticamente y el REACH sobre regulación química), incluiría un reconocimiento de ambos marcos regulatorios como equivalentes, por lo tanto, muchas regulaciones medioambientales y sociales europeas dejarían de ser efectivas a la hora de proteger a consumidores, pacientes y medioambiente.

3. Si se incluyera en el TTIP un capítulo de protección de la inversión, las compañías podrían demandar a los gobiernos por poner en riesgo sus beneficios potenciales y pedir indemnizaciones millonarias. Las regulaciones que podrían implicar un riesgo para las corporaciones incluyen, entre otras, las moratorias y prohibiciones sobre tecnologías arriesgadas o peligrosas como el “francking” o la biotecnología. También limitaría considerablemente, la capacidad de los reguladores para intervenir en el mercado. A través del mecanismo de resolución de conflictos entre Inversor y Estado, se garantizaría a las corporaciones y bancos más derechos que a los/as ciudadanos/as, dejando a los contribuyentes con la responsabilidad de pagar indemnizaciones millonarias en un momento en el que los presupuestos nacionales están luchando para cubrir los costes esenciales de los servicios públicos.

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REFLEXIÓN FINAL

Desde su nacimiento en los Encuentros Intercontinentales por la Humanidad y contra el Liberalismo, organizados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) en 1993, y su posterior visibilidad mundial en las movilizaciones contra la OMC en Seattle a finales de 1999, el movimiento “altermundista” ha sido bautizado y nombrado una y otra vez por los grandes medios de comunicación como “anti-globalización”, como si este fenómeno imparable pudiera ser “detenido” por grupo alguno.

Una y otra vez, los medios de comunicación de masas al servicio de los intereses corporativos, han intentado encajar el prefijo “anti” a cualquier movimiento ciudadano de resistencia frente a la especulación, la injusta distribución de la riqueza o la corrupción y complicidad de los estados. Así, protestar u oponerse a cualquier medida de forma organizada desde la sociedad civil es tildado como “anti-sistema” en las principales portadas y noticiarios.

Oponernos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), especialmente a su opaca agenda de negociaciones, nos puede convertir de nuevo en otros “anti”, como si la ciudadanía sólo supiéramos decir “NO”, sin alternativa alguna. Eso es falso totalmente. Y en este caso podemos afirmar que no nos oponemos a Acuerdos y Tratados de Comercio entre países o regiones del mundo; no. Además de a la falta de transparencia con la que se llevan sus negociaciones, nuestra oposición es al modelo económico que quiere imponerse con ellos. Un modelo “hecho a medida” de las grandes corporaciones transnacionales, para salvaguardar sus intereses y ambición desmesurada de riqueza, siempre en detrimento de las personas y los pueblos, especialmente los más empobrecidos y vulnerables.

Sí tenemos alternativas. Sí las queremos y exigimos. Exigimos Acuerdos y Tratados en los que se busque la “simetría” entre los pactantes y no se ahonden las diferencias abismales de partida, o se coloque a las poblaciones como meros receptores pasivos de sus efectos. Buscamos y proponemos acuerdos basados en intercambios comerciales y económicos justos, sobre la base del respeto de los derechos humanos, de la legalidad y de los recursos naturales que han de ser respetados y preservados sus límites. Queremos Acuerdos que prioricen el Bien Común, el interés del 99% frente a la ambición depredadora del 1%.

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Este modelo que buscamos no es nada nuevo. Se viene trabajando por él desde hace tiempo y por parte de numerosos colectivos y organizaciones de muchos ámbitos. Baste poner el ejemplo del movimiento de Comercio Justo, nacido en Europa en 1964 y que desde entonces se ha extendido imparable, demostrando que es posible un comercio en el que ganen todxs: productorxs, consumidorxs y medio ambiente. Este movimiento sí ha luchado por un verdadero comercio “libre”; un comercio en el que los productos y manufacturas de los países empobrecidos sean tratados en igualdad de condiciones con los productos de los países ricos; abogando por la eliminación de barreras arancelarias y dictámenes proteccionistas que han convertido a muchos países en productores baratos de materias primas, privándoles de desarrollo e hipotecando su futuro.

El movimiento de Comercio Justo también ha creado su propia “Organización Mundial de Comercio Justo” (en inglés WFTO), que aboga por estos principios y lucha por “perturbar el mercado” dictado por el gran capital multinacional y por las leyes que lo sostienen.

Recientemente creado, el ATM o Acuerdo Alternativo de Comercio (Alternative Trade Mandate), una coalición de más de 50 organizaciones europeas, ofrece una alternativa a la agenda neoliberal, que incremente la economía y el bienestar social y medioambiental para todas las personas, globalmente. Frente a la falta de transparencia del TTIP y otros Acuerdos de Libre Comercio, el ATM debe ser controlado democráticamente por la ciudadanía y los parlamentarios. Su visión se halla anclada en una comprensión holística del mundo y su problemas, que tiene en cuenta el medioambiente y la limitación de los recursos naturales, así como el respeto por las distintas etnias, clases y género, con la visión y objetivos de fomentar la justicia y la igualdad, dejando amplio margen a las comunidades para elegir libremente e integrarse en una economía global con justicia.

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El 15 de febrero de este año se creó en Madrid, tras una jornada informativa, la Plataforma No al Tratado USA-UE, integrada por organizaciones sociales, ecologistas, de consumidores, sindicales y políticas, en la que ya participa EQUO. Esta Plataforma busca extenderse por todo el Estado, funcionando como nodos de una red.

Su recién creado blog lo puedes encontrar en: http://noalttip.blogspot.com.es

Otros enlaces de interés:

Sitio web creado contra la agenda TTIP por el Grupo Parlamentario Verdes/ALE Europeo: http://www.ttip2014.eu/

Bilaterals: http://www.bilaterals.org/?-TTIP- Web que reúne toda la información sobre Tratados de Libre Comercio (incluido el TTIP)

Diagonal: Lo que esconde el TTIC (Tratado Comercial Transatlántico): http://www.diagonalperiodico.net/global/20116-lo-esconde-tratado-comercial-transatlantico.html

Public Citizen: https://www.citizen.org/trade/

Diálogo Transatlántico de Consumidores (TACD), coordinado por Consumers International:http://tacd.org/topics/policy/ttip/

La respuesta de la sociedad civil a la lista de deseos de la industria farmacéutica

FUENTE equo Recopilación por Carlos M. Ozcáriz

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Negociando el TTIP: cuidado con los modelos

El Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) es un tratado que están negociando actualmente EEUU y la UE, y cuyo objetivo principal es facilitar y liberalizar el comercio y las inversiones entre EEUU y los países de la UE. El tratado se está negociando desde julio de 2013, la mayor parte del tiempo en secreto.Dado que los aranceles que se imponen desde Europa a los productos estadounidenses (y viceversa) son bajísimos, las únicas barreras que quedan por eliminar son los distintos estándares de seguridad, certificaciones o regulaciones técnicas que hay a ambos lados del Atlántico.Como suele pasar con los temas relevantes en Europa, el debate político sobre el TTIP está siendo casi inexistente. Y en la prensa tampoco es fácil encontrar información al respecto. Si finalmente el TTIP fuera aprobado por los estados miembros de la UE (para ello basta con que lo refrende el 55% de ellos, siempre que estos representen el 65% de la población), tendría que ser ratificado por sus respectivos parlamentos nacionales. Estos tendrán

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que aceptar o rechazar el tratado en bloque; es decir, que no podrán introducir enmiendas. Y no está previsto que sea ratificado por referéndums ciudadanos.

PELIGROS POTENCIALES

¿Qué puede implicar liberalizar un poco más los intercambios comerciales entre EEUU y la UE? Por lo que hemos podido ir viendo, el TTIP podría introducir mecanismos de arbitraje supranacionales que obligaran a los gobiernos a compensar a las empresas privadas si aplicaran una regulación (legítima) que las perjudicara: también hemos sabido que está sobre la mesa de negociación la posibilidad de privatizar muchos servicios que en la actualidad son 100% públicos (agua, sanidad, transporte, educación).

Según varias fuentes, una vez que esas privatizaciones se llevaran a cabo, la irreversibilidad del tratado haría muy difícil revertirlas (no obstante, conviene leer la versión de la Comisión Europea, en la que se asegura que la privatización no se impondría en ningún caso).

Otros peligros que se señalan frecuentemente son la posibilidad de que en Europa se acepten alimentos modificados genéticamente, o que se generalice el fracking, con las incertidumbres que conlleva. Otro riesgo importante es que, dado que EEUU sólo cumple con dos de los ocho estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores europeos podríamos perder derechos laborales al competir más directamente con los norteamericanos.

¿Y cuáles son los beneficios que se nos prometen a cambio de tantos riesgos potenciales? La Comisión Europea, basándose en varios estudios independientes que ha encargado, asegura que, en el mejor escenario posible, si se firmara el TTIP la economía europea crecería durante el periodo 2015-2025 un 0,5% más de lo previsto actualmente sin tratado. No un 0,5% más al año, sino un 0,5% al cabo de diez años. Si suponemos que esa riqueza adicional que se generaría gracias al TTIP se repartiera a partes iguales entre todos los europeos, cada europeo ganaría, en el mejor de los casos, unos 50 euros adicionales al añogracias al tratado. Claro que, dado que la masa salarial en porcentaje del PIB está estancada o cayendo desde hace más de un lustro en casi toda Europa (en eso consiste una “devaluación interna”), ese reparto equitativo es mucho suponer.

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Siendo realistas, lo probable es que el aumento de renta, de producirse, fuera a parar en su gran mayoría a incrementar el beneficio empresarial.

MODELOS Y “ESTUDIOS INDEPENDIENTES”

A la hora de evaluar los efectos de una política económica, es habitual que los economistas simulen sus efectos en un modelo econométrico, que no es otra cosa que una maqueta muy simplificada de la economía hecha a partir de una mezcla de teoría económica, matemáticas y estadística aplicada. Explicado de modo intuitivo, lo que busca el economista es algo similar a lo que busca un biólogo cuando hace un experimento en su laboratorio: si la política económica funciona en el modelo (porque al aplicarla crea empleo o crecimiento, por ejemplo), entonces la medida en cuestión es deseable.

Pero mientras en las ciencias experimentales podemos repetir el experimento las veces que haga falta y descartarlo si finalmente concluimos que no sirve, en economía eso no es posible: una vez que nuestro modelo avala la medida, sólo hay una forma de ratificar su eficacia: aplicándola, por lo que la incertidumbre respecto a sus efectos es máxima. Por ello, la calidad del modelo –de la maqueta– de la economía que utilizamos para evaluar una determinada medida a aplicar es algo de capital importancia.

¿Qué podemos decir de los modelos que utilizan las principales instituciones económicas del mundo, tales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la mayoría de gobiernos y bancos centrales occidentales? De entrada, que ninguno de ellos advirtió el peligro que suponía la enorme burbuja mundial de activos que caracterizó el periodo 2002-2007; ninguno predijo que se avecinaba la Gran Recesión ni la posterior crisis de deuda soberana de la eurozona.

Por si lo anterior fuera poco, una vez inmersos en el desastre económico actual los mismos modelos que fallaron anteriormente se han utilizado repetidamente para avalar y justificar, desde un punto de vista técnico, las políticas de austeridad que llevan fracasando en Europa los últimos 4 años (mención aparte merece el trabajo lleno de errorespublicado por Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en 2010, utilizado en repetidas ocasiones como justificación teórica por políticos europeos pro-austericidio).

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Según los resultados de esos modelos, la austeridad, junto con la devaluación interna, debería haber propiciado un crecimiento vigoroso capaz de sacar del agujero negro a la economía europea. Vemos cada día que no es así. En general, durante las últimas décadas las predicciones de estos modelos han sido correctas sólo muy excepcionalmente (generalmente en tiempos especialmente tranquilos), por lo que ¿tiene sentido que nos creamos las predicciones de crecimiento que nos dicen que va a traer el TTIP y que, basándonos en ellas, entre en vigor un tratado que en muchos aspectos puede ser irreversible ?

Los cuatro estudios encargados por la Comisión Europea sobre los efectos de TTIP (el más conocido de ellos es el del CEPR o Center for European Policy Research) se basan en el mismo tipo de modelos: los modelos de Equilibrio General Dinámico-Estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés), que son con diferencia los más utilizados por todas las instituciones económicas citadas. Pese a tan esotérico nombre, una característica fundamental de estos modelos es que, para poder ser tratados analíticamente, es preciso recurrir a tal cantidad de simplificaciones y supuestos irreales que, al final, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Por poner un ejemplo, en estos modelos hay pleno empleo siempre por construcción: debemos suponer que, bajo cualquier circunstancia, en el modelo los precios siempre subirán o bajarán lo suficiente como para que todo el mundo pueda trabajar. De modo que países como España, con nuestros cinco millones de parados, no tienen cabida en el mundo de este modelo. El economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, en un alarde de humildad, ha reconocido este problema recientemente. Otros economistas importantes como Willem Buiter han señalado con detalle algunos de los problemas más graves de este tipo de modelos.

¿Y SI PROBAMOS CON OTRO MODELO?

Una medida de la solidez de un resultado es comprobar si es posible obtenerlo desde varios puntos de partida distintos. Un grupo de investigación de la Universidad de Tufts, en EEUU, decidió simular los efectos de la implantación del TTIP utilizando el modelo de referencia que utiliza Naciones Unidas, el UN Global Policy Model o GPM.

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Sin querer abundar en detalles técnicos, este modelo no presupone pleno empleo (y además no parte de algunos supuestos consustanciales al enfoque neoliberal que subyace a los modelos DSGE). Además, incorpora algunos supuestos keynesianos (por ejemplo, el de la demanda efectiva). Mientras que en los modelos DSGE los cambios en la distribución de la renta son irrelevantes (algo que no ocurre en el mundo real), bajo el enfoque del modelo de Naciones Unidas la distribución de la renta contribuye a determinar el nivel de actividad económica.

¿Qué predice este modelo que va a pasar en Europa si entra en vigor el TTIP? Las simulaciones del modelo GPM nos dicen que el TTIP provocará: i) una pérdida de exportaciones netas para las economías europeas; ii) un descenso moderado del PIB en todos los países europeos participantes; iii) una pérdida de unos 600.000 empleos en Europa (no así en EEUU, donde habría creación de empleo); y iv) unareducción de la masa salarial en porcentaje del PIB en Europa (es decir, que proporcionalmente las empresas tendrían más riqueza a costa de los trabajadores).

Los resultados que predice el GPM no son dramáticos cuantitativamente, pero sí son concluyentes. Y también lógicos: intuitivamente tiene todo el sentido del mundo que un tratado de libre comercio que, por una parte, otorga a las empresas completa libertad en dos mercados enormes y distintos y que, por otra, impide que los trabajadores de esos dos mercados negocien colectivamente sus condiciones laborales (forzándolos, de hecho, a competir a la baja), empeore el reparto de la riqueza.

Una experiencia histórica reciente puede resultar esclarecedora: cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y México, varios sindicatos estadounidenses expresaron su temor a que la competencia con trabajadores mexicanos que tenían salarios ínfimos degradara sus condiciones laborales. La administración Clinton, apoyándose en modelos simplificados que daban el resultado deseado, les prometió a los estadounidenses que el TLC crearía centenares de miles de puestos de trabajo. La evidencia, como se describe en detalleen este estudio, es que el TLC ha destruido más de 600.000 empleos en EEUU.

Pese a todo lo anterior, también es cierto que el comercio entre distintos países ha producido en numerosas ocasiones grandes crecimientos económicos y

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mejoras sociales, por lo que no deberíamos adoptar conclusiones dogmáticas en ningún sentido.

En cualquier caso, lo que está muy claro es que ahora mismo no tenemos herramientas que nos permitan predecir con precisión las consecuencias de introducir un cambio de esta magnitud y, por ello, es aún más importante que exista un debate lo más abierto y transparente posible al respecto. Si se decide firmar el TTIP, debería ser una versión del acuerdo en la que todos los actores sociales estén justamente representados y sus intereses sean respetados. Fiarnos ciegamente de estudios que sistemáticamente yerran, tanto en sus predicciones como en sus recomendaciones de política económica, es una receta segura para el fracaso.

__________________________________ Lucas Duplá es analista financiero especializado en valoración de productos derivados. Licenciado en economía en la Universidad Complutense y Máster en finanzas cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas (AFI).

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¿Qué piensa el Partido Socialista del TTIP?

Sobre el Tratado Transatlántico de Libre comercio , conocido por sus siglas en inglés TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership) no es la primera vez ( ni será la última ) que hablamos en este blog. Es un acuerdo que se está negociando por parte de los miembros de la Comisión Europea , a espaldas de los ciudadanos y electores. De aprobarse podría implicar que cualquier empresa multinacional que viera sus intereses empresariales perjudicados por la decisión de un gobierno europeo, podría directamente demandar a éste por lucro cesante o cualquier otro perjuicio económico. Es decir, daría gual que en las próximas elecciones ganara Izquierda Unida , El Partido Socialista o Podemos, porque cualquiera de sus hipotéticas decisiones ( por ejemplo,de revocación de las adjudicaciones a corporaciones multinacionales) sería probablemente cuestionada y anulada por tribunales internacionales. El British Medical Journal dedicó uno de sus editoriales recientemente a las consecuencias que tendría para el National Health Services ( NHS) la aprobación del TTIP. Considera que directamente socava el derecho a la salud de los ingleses. Las negociaciones del TTIP comenzaron en julio pasado y está previsto que finalicen antes de finalizar este año, justo antes de las siguientes. John Hilary comenta en el editorial que el Acuerdo es , de hecho, una amenaza cierta para el SISTEMA NACIONAL DE SALUD, puesto que la propia Comisión Europea ha confirmado que la asistencia sanitaria está encima de la mesa: hospitales, atención domiciliaria o dental, fisioterapia, todos están abiertas a los maravillosos beneficios de la competencia. Al margen de las consecuencias que podría tener para la supervivencia de un sistema nacional de salud como el británico o el español, las consecuencias de la aprobación del TTIP en materia laboral no son pequeñas. Se calcula que puede significar la pérdida de cerca de un millón de puestos de trabajo. Este acuerdo no pretende actuar sobre los aranceles fronterizos ( ya en niveles ridículos) sino principalmente actuar sobre aquellos elementos que dan dignidad a un estado , protegiendo a sus ciudadanos de la avaricia salvaje de las grandes corporaciones en materia de seguridad alimentaria, ambiental o farmacológica.

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La defensa del TTIP y de la opacidad con la que se está negociando por parte de los partidos del ala derecha ( Partido Popular, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco) es perfectamente comprensible como en tantas otras ocasiones; La convergencia de CiU y PP a la hora de desarrollar políticas de desmantelamiento del estado de bienestar es pública y notoria. Lo que no deja de resultar sorprendente es que el partido que presume de su apuesta por el sistema nacional de salud en cuantas convocatorias de realizan en su defensa ( adecuadamente dividido en facciones y personajes ), sigue sin pronunciarse sobre un acuerdo de tal importancia para el futuro de nuestro sistema sanitario. De hecho, en varias ocasiones, distinguidos miembros del Partido Socialista español se han manifestado claramente a favor de la aprobación y aplicación del TTIP. Los últimos posicionamientos de Javier Solana al respecto dan mucho que pensar sobre los intereses que pueden subyacer en este proceso Al margen de quitar y poner permanentemente candidatos, defender a toda costa elecciones primarias y lo contrario, o negar ninguna posibilidad de acuerdo con ninguna otra fuerza política, sería interesante para todos conocer cual es la posición del Partido Socialista español respecto al TTIP. De los demás ya sabemos lo que piensan. El silencio no es respuesta…o quizá sí: el que calla, otorga fuente http://gerentedemediado.blogspot.com.es/