informe dh conap nororiente paro 21 septiembre

7/29/2019 Informe Dh Conap Nororiente Paro 21 Septiembre

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COORDINACIN NACIONAL DEORGANIZACIONES AGRARIAS Y POPULARES DECOLOMBIA- CONAP

Remitir informacin a: [email protected]

INFORME DE VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS Y DIH

PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR

COMISION DE DERECHOS HUMANOS CONAP-NORORIENTE

Septiembre 20 de 2013

La Comisin de Derechos Humanos de CONAP Nororiente presenta el

siguiente informe para dar cuenta de las violaciones de derechos humanos e

infracciones al Derecho Internacional Humanitario presentadas en el marco del

Paro Nacional Agrario, Minero y Popular convocado desde el 19 de agosto de

2013 en el todo el pas.

OBJETIVO GENERAL

Visibilizar la situacin de vulneracin de derechos humanos y amenazas a las

comunidades minero-campesinas e indgenas, las cuales acompaa la

Comisin de Derechos Humanos de Conap- Nororiente. Entre las regiones que

acompaa la comisin de Derechos Humanos estn, la regin del Magdalena

Medio, Santander, Norte de Santander, Antioquia y el Sur de Crdoba durante

el paro Nacional Agrario, Minero y popular.


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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Recopilar, sistematizar y analizar los hechos que constituyeron violaciones

de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,

durante el desarrollo del Paro Nacional Agrario Minero y Popular.

2. Incidir en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de cadauno de los manifestantes, de los Departamentos y regiones, Magdalena Medio,

Santander, Norte de Santander, Antioquia y el Sur de Crdoba en el marco del

paro Nacional Agrario Minero y Popular.

3. Recopilar informacin necesaria para las denuncias pblicas, penales,

administrativas y civiles que diere lugar a las violaciones a los derechos

humanos e infracciones al DIH.

INFORME DE DERECHOS HUMANOS

El presente informe de Derechos Humanos da cuenta de la situacin de

vulneracin y violacin a los derechos humanos que se han presentado en elmarco de las manifestaciones pacficas que han adelantado las comunidades

minero campesinas e indgenas en diferentes puntos de las regiones de

Magdalena Medio, Santander, Norte de Santander, Antioquia (Nordeste

Antioqueo) y el Sur de Crdoba. Las agresiones cometidas en contra de las

comunidades minero campesinas e indgenas pueden ser agrupadas dentro de

conductas tpicas que significan un patrn sistemtico e indiscriminado de

comportamiento violento por parte de los miembros de la fuerza pblica.


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Aqu un breve resumen de algunos puntos frente a las violaciones presentadas

a lo largo de 30 das de movilizacin, como tambin las realizadas en

Caucasia (Antioquia) y Catatumbo (Norte de Santander), regiones que inician

las protestas desde el mes de junio de 2013.

ABUSO DE AUTORIDAD Y USO EXCESIVO DE LA FUERZA COMO

PARTE DE UN COMPORTAMIENTO PERMANENTEMENTEHOSTIGADOR DE PARTE DE LOS EFECTIVOS DE LA FUERZA

PBLICA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PARO NACIONAL

AGRARIO Y POPULAR.

El caso ms preocupante que denunci la Comisin de derechos humanos, se

dio en el Municipio de Piedecuesta (Santander), donde la fuerza pblica

(ESMAD) agredi el da 26 de agosto de 2013, al lder comunitario, y miembro

de la Comisin de Derechos Humanos de CONAP Nororiente Frenyi Jimnez,

en el momento en que acompaaba a comunidades que haban ingresado a un

predio como parte de la protesta pacfica. Durante los hechos, el compaero

fue golpeado, amordazado, amarrado y encapuchado por parte de agentes del

ESMAD y la Polica Nacional que se encontraban en el lugar conocido como la

Cantera y obligado a subir a una de las patrullas. Tras una hora de bsqueda

frente a su paradero e interlocucin a nivel nacional, y a punto de activar el

mecanismo de accin de bsqueda urgente, se informa que se encontraba

detenido en la estacin de polica del Municipio de Piedecuesta (Santander) o

bien estaba siendo trasladado a la fiscala de Bucaramanga; sin embargo fue

momentos despus que se conoci de manera clara por parte de la polica

nacional sobre su paradero. Cabe resaltar que el compaero fue trasladado

posteriormente al Hospital de esa poblacin para que fuera atendido ante la

gravedad de las lesiones causadas por la fuerza pblica. Esta situacin, se ha


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presentado as mismo en otros puntos de concentracin de los diferentes

departamentos, tal como se encuentra consignado en las Denuncias.

As mismo, el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza se presenta en

el momento de la salida de las comunidades de Tierra Alta (Crdoba), el da 19

de agosto, cuando efectivos de la Brigada 11 Territorial Comando Batalln

Junn del Ejercito nacional empadronaron a los manifestantes, les hicieron

botar el alimento y les decomisaron los utensilios que estaban movilizandohacia el refugio instalado en el Municipio de Caucasia (Antioquia). Otro de los

hechos permanentes de represin cometidos por miembros de la fuerza pblica

en contra de las comunidades tiene que ver con los retenes que se hicieron a

las diferentes delegaciones, donde se les decomiso por parte de la fuerza

pblica, Polica Nacional los elementos de trabajo como machetes, entre otros

objetos personales.

DETENCIONES ARBITRARIAS

En lo que va corrido del Paro Nacional Agrario y Popular en la regin del

Nororiente se han registrado alrededor de 35 detenciones arbitrarias por parte

de miembros de la polica nacional, siendo especialmente preocupante el caso

ocurrido en el Municipio de Caucasia (Antioquia), donde retuvieron en mltiples

ocasiones a compaeros defensores de derechos humanos, que hacan

presencia en la regin como acompaantes de las acciones de movilizacin en

el marco del Paro, y a quienes se les retena permanentemente con la excusa

de revisar antecedentes. Hechos de esta misma naturaleza se presentaron en

el sector del Pramo de Berln (Ubicado entre los Departamentos de Santander

y Norte de Santander), el da 28 de agosto, cuando dos integrantes de la

Comisin de derechos humanos Movimiento Poltico y Social Marcha Patritica

capitulo Bucaramanga e integrantes de CONAP, Lenin Patio Gutirrez y

Wilmer Jaimes Rojas, son detenidos de forma arbitraria por su calidad de


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defensores y obligados a firmar el Acta de Buen trato para ser dejados en

libertad. En el caso del Municipio de Barbosa (Antioquia), es preocupante que

muchos de los campesinos que fueron detenidos de forma arbitraria fueron

trasladados a otras sitios de la zona, como Medelln o Copacabana y en

algunos casos, era difcil tener la certeza respecto a donde haban sido

trasladados. De otra parte las personas detenidas informaron que fueron

agredidas fsica y psicolgicamente por parte de agentes de Polica Nacional y

agentes del ESMAD quienes tambin procedieron a tildarlos de guerrilleros.

HOSTIGAMIENTOS Y AMENAZAS A LA POBLACIN CAMPESINA

POR PARTE DE LA FUERZA PBLICA

Desde el da 18 de agosto de 2013, en el marco de la declaracin del Paro

Nacional Agrario y Popular, las comunidades minero campesinas e indgenas,

decidieron ser partcipes de los escenarios de manifestacin en diferentes

municipios con diferentes actividades. En el marco de dichas actividades,

agentes de la SIJIN, DIJIN, Polica Nacional e Inteligencia militar, han sido

identificados por las comunidades y organizaciones sociales, infiltrndose en

los escenarios y las actividades previstas en desarrollo del Paro. Como

respuesta de las comunidades a estos hechos de sabotaje, se procede a la

identificacin inmediata de los sujetos y a realizar su entrega a funcionarios del

ministerio pblico (Procuradura y/o Defensora del Pueblo), al igual que a los

delegados de los gobiernos departamentales si hacen presencia en la zona,

con el objetivo de dejar precedentes de los hechos causados. Para citar uno de

tantos casos mencionamos el ocurrido el dia 04 de septiembre del ao en curso

en el sector de Blgica, ubicado sobre la va que conduce de Barrancabermeja

a la ciudad de Bucaramanga, uno de los lugares donde se concentran las

comunidades que por la regin del Magdalena Medio participan del Paro. All

fue identificado por parte de las comunidades un sujeto que responde al


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nombre de Manuel Ros Vergara, natural del Municipio de San Pablo Bolvar,

quien es soldado reservista de la Infantera de Marina, a quien se le hallo en su

poder un accesorio tipo telfono celular, pero que en realidad es una cmara

filmadora utilizada para hacer seguimientos a los lderes y comunidades

participantes de Paro desde el 18 de agosto de 2013, dia en el cual dichas

comunidades arribaron a Barrancabermeja. Sorprende al revisar los videos all

grabados, que en varios de ellos aparecen incluso agentes de la Sijin

Magdalena Medio, en los cuales indican a Manuel Ros Vergara la forma demanipular dicho accesorio, el cual no pudo justificar cuando fue indagado por

las comunidades el motivo de por qu lo portaba.

En el caso del Sector conocido como la Paya, en jurisdiccin del Municipio de

Sabana de Torres (Santander), en el cual se han evidenciado desde el dia 19 y

20 de agosto de 2013 seguimientos y registros fotogrficos y flmicos de

personal de la SIJIN de Santander y Magdalena Medio a los lderes de la

movilizacin.

En los casos denunciados se puede identificar un modus operandisistemtico

que contiene:

1. Personas de civil realizando toma de fotografas y videos a la poblacin

participante y los lderes de las manifestaciones.

2. Realizacin de retenes y permanencia por parte de la fuerza pblica en

lugares aledaos donde las comunidades transitan o permanecen alojadas; con

el fin de obstaculizar su paso y realizar empadronamientos.

3. Emisin de Publicidad ofreciendo recompensas donde se sealan a

campesinos y lderes de la protesta.


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EMPADRONAMIENTO

En los retenes que mencionamos en el apartado anterior, se hacan

permanentes empadronamientos a las comunidades que se trasladaban hacia

los puntos de concentracin, tomando fotografas a los campesinos, a sus

documentos de identidad, a los buses y a los conductores de estos. En algunos

casos, se tomaba la fotografa de los rostros de los manifestantes, las huellas

dactilares, o se les haca firmar actas para dejarlos en libertad. Estos hechos sehan presentado en mayor intensidad en las concentraciones ubicadas en el

Municipio de Caucasia (Antioquia), donde fue realizada la impresin de huellas

dactilares a campesinos, y en otros puntos como Berln (Santander), Tierralta

(Crdoba) y Barbosa (Antioquia).

DESPLAZAMIENTO FORZADO:

En el marco del trabajo de apoyo a las comunidades de Tierralta (Crdoba), el

Promotor y Defensor de Derechos Humanos, Andrs Chica, quien vena

realizando un acompaamiento a ASODECAS, tras una reunin el 20 de

agosto, en la Alcalda Municipal fue sealado por el comandante de polica del

municipio, el teniente encargado de la Polica Teniente Juan Pablo Rocha

Estupian, es abordado en horas de la noche por un sujeto que se trasportaba

en una moto, quien le comunica que tiene un plazo de 24 horas para salir del

municipio donde habita con su familia. Tras la realizacin de la denuncia e

interlocucin con los escenarios nacionales competentes, las funcionarias de

Defensora del Municipio le recomiendan una salida para la capital

departamental ms cercana a realizar el debido proceso para el reconocimiento

como vctima de desplazamiento forzado y las medidas pertinentes de

proteccin. El defensor de Derechos Humanos, fue acompaado por las

funcionarias y la polica del municipio; das despus el comandante del

municipio es trasladado.


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SEALAMIENTOS, AMENAZAS Y USO DE LENGUAJE

INTIMIDATORIO

En el marco de las movilizaciones se han presentado confrontaciones que son

iniciadas por personas ajenas a las comunidades que se encuentran en el

Paro, como parte de la justificacin de las entradas y agresiones hacia los

puntos de concentracin por parte de la Fuerza Pblica. A partir de esto, sepresentan sealamientos y estigmatizaciones hacia la comunidad y una serie

de apreciaciones falsas que desfiguran el objetivo de la movilizacin.

El caso ms relevante lo encontramos con los hechos que se presentaron el

da 28 de Agosto en el Refugio Humanitario del Municipio de Barbosa

(Antioquia), donde un grupo de jvenes de la poblacin de la cabecera

municipal se ali con la fuerza pblica para atacar al campamento. Esto fue

respuesta a dos acontecimientos: el primero de ellos fue la recuperacin y

devolucin por parte de las comunidades del campamento de cosas saqueadas

de vehculos por parte de jvenes de la cabecera municipal ajenos a las

comunidades en movilizacin; lo segundo fueron los incentivos que hizo la

fuerza pblica de impulsar con recompensas y ayudas en el momento del

ataque al campamento, donde los jvenes se escudaban en el ESMAD para

lanzar botellas llenas de gasolina, y personas de civil que con armas de fuego

dispararon hacia el campamento. El resultado de esta agresin por parte del

ESMAD en alianza con personas de civil a quienes les dieron incentivos,( se

les facilito drogas alucingenas) por el ataque al refugio de manera conjunta

dejaron como resultado, un campesino con heridas por impactos de balas de

fusil, ELEMER HERNESTO GAVIRIA, quien tuvo que ser trasladado a

Medelln, veinte personas con heridas por esquirlas de granadas de

aturdimiento, tres mujeres que se encontraban en estado de gestacin las

cuales perdieron sus bebes, afectaciones en general a ms de cincuenta


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personas producto de los gases lacrimgenos lanzados al interior del refugio

humanitario.

La interlocucin que se ha realizado por parte de las comisin de Derechos

Humanos de Conap Nororiente en los diferentes puntos de concentracin ha

sido enftica en el carcter pacfico de la protesta y en sealar

permanentemente la presencia de personas ajenas a las comunidades en los

alrededores, que toman fotografas, graban videos e incentivan a las gentespara sealar a los lderes de las comunidades y exponer falsos testimonios. As

mismo es preocupante que en el marco del relacionamiento establecido se

hayan cambiado los comandantes de polica en algunos puntos con quienes ya

se venan realizando una interlocucin fluida.

SABOTAJE Y SOBORNO

En el marco del desarrollo de las actividades de los puntos de concentracin y

acercamientos con los gobiernos municipales y departamentales, en el caso del

Municipio de Barbosa (Antioquia) ms concretamente, se ha presentado

intentos de soborno por parte de la Administracin Municipal, donde en los

hechos se vieron involucrados, el secretario de Gobierno del mencionado

municipio, Edgar Augusto Gallego Arias, el secretario de espacio Pblico

Rogelio Cardona, y el integrante de la Asociacin de Vctimas de la Violencia

de Barbosa, Nario Henao. Estas situaciones de soborno y sabotaje han sido

denunciadas por las mismas comunidades. As mismo, funcionarios del

ministerio pblico en Caucasia (Antioquia), concertaba con Defensores de

Derechos Humanos reuniones a las cuales no llegaba, pero si presentaban

agentes de la polica Nacional, a realizar empadronamientos y capturas. En

estos hechos el funcionario apagaba su celular y no responda hasta varios

das despus. Tambin ha sido recurrente el sabotaje por parte de funcionarios

de los Hospitales y centros de Salud, en trminos de la negligencia para la


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atencin mdica, como ha ocurrido con el Hospital Regional del Magdalena

Medio para la atencin de enfermos en los sitios de Blgica y La Paya; como

es el caso de la seora Diocelina Bernal Gerena, quien inicialmente tenia

paludismo y luego se enferm de infeccin pulmonar severa; estuvo tres das

hospitalizada sin que los mdicos le prestaran de manera efectiva atencin a

su enfermedad y fue necesario la intervencin de la Defensora del Pueblo

Esperanza Ramrez Castro, para que fuera atendida y trasladada a un

hospital de mayor nivel. Hechos similares tambin se presentaron en los demspuntos de concentracin, con el agravante de que las personas que llegaban a

los hospitales haban resultado heridas en los choques con la fuerza pblica.

Ha sido una constante que los miembros de la SIJIN y la Polica Nacional

esperan afuera de los hospitales a los heridos para proceder a realizar

detenciones arbitrarias de manifestantes que llegaban a estos lugares.

INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

REFUGIO HUMANITARIO SEGOVIA ANTIOQUIA

La noche del 19 de agosto de 2013, luego de que se declarara el campamento

de refugio humanitario en el municipio de Segovia, se presentaron

confrontaciones entre el ESMAD y un grupo de manifestantes que no hacan

parte del refugio humanitario. En medio de estas confrontaciones las

comunidades fueron vctimas de la arremetida por parte de la fuerza pblica.

Sobre las 10:00 pm, las comunidades y los organismos de derechos Humanos

presentes en el campamento de refugio humanitario alertaron sobre la

agudizacin de las agresiones por parte de la Polica Nacional, a travs del

Escuadrn Mvil Antidisturbios ESMAD que haciendo uso del

amedrentamiento y desconociendo la declaratoria de Refugio Humanitario,


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realizaron disparos de fusil, lanzaron granadas de aturdimiento y arrojaron

gases lacrimgenos al interior del campamento para desalojar a las

comunidades. En estos hechos resulto herido por arma de fuego el campesino

Sergio Luis Martnez, quien tuvo que ser traslado a la ciudad Medelln, por la

gravedad de sus heridas.

DENUNCIA, INTERLOCUCION Y ACUERDOS

Como un ejercicio que ha realizado la comisin de Derechos Humanos de

Conap Nororiente desde sus inicios, se han propuesto Comisiones de

Verificacin, fortalecimiento de la Denuncia, donde estos casos se han llevado

a instancias de la Polica Nacional, Defensora Nacional del Pueblo y ONU. En

el marco de acciones de interlocucin se ha llegado a unos compromisos

especficos con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Derechos

Humanos de la ONU, los cuales se resumen en los siguientes puntos:

1. Terminacin de Protocolo en la utilizacin de fuerza en los casos de

movilizaciones para la Fuerza Pblica.

2. En el informe anual de la ONU se har un informe frente al Paro, y se

propugnar por la solucin concertada.

3. Ante la preocupacin post- movilizacin, se plantea establecer una rutade observacin en los lugares donde se han adelantado las

movilizaciones, para hacer la verificacin y monitoreo del retorno de las

comunidades.

APUESTAS ESTRATEGICAS

Ante las situaciones presentadas, y las respuestas coordinadas que hemos

aprendido a tener, creemos importante resaltar unas apuestas estratgicas


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hacia lo inmediato en trminos de lo que nos queda de la movilizacin y las

exigencias que estamos realizando a los gobiernos departamentales y

nacionales.

CONCLUSIONES

Luego de treinta das de Paro Nacional, Agrario, Minero y Popular y con

acciones de protestas en algunos de los puntos en la regin del Magdalena

Medio y el Departamento de Antioquia, an continan las sistemticas

violaciones a los derechos Humanos, bajo los sealamientos de lderes

sociales, la estigmatizacin de los procesos organizativos, la represin a la

protesta social, la negligencia por parte de las entidades encargadas de

atender situaciones y problemas de salud, la falta de atencin por parte del

instituto Colombiano de Bienestar Familiar, especficamente en el albergue

instalado en Barrancabermeja, luego de que se establecieran algunos

acuerdos para la atencin de menores de edad, que a la fecha continan sin

dar cumplimiento.

La comisin de Derechos Humanos de Conap Nororiente insiste en que se

brinden las garantas para el retorno de las comunidades a sus lugares de

origen, especialmente a las regiones donde an permanecen concentraciones.

Desde La comisin de Derechos humanos de Conap Nororiente rechazamos

el trato de guerra que bajo la orden del Ministro de Defensa Nacional Juan

Carlos Pinzn se le ha dado al Paro Nacional Agrario, Minero y Popular.


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EXIGENCIAS

AL ESTADO COLOMBIANO

1. Adelantar de forma eficaz y eficiente las investigaciones e imponer las

sanciones de carcter penal disciplinarias, administrativas y dems a

que d lugar, con relacin a los hechos de abuso de autoridad, usoexcesivo de la fuerza y dems violaciones de Derechos Humanos e

infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por parte

de miembros de la fuerza pblica, en el marco de Paro Nacional Agrario

Minero y Popular

2. Instamos a las entidades del ministerio pblico, como Defensora

Nacional del Pueblo, Procuradura General de la Nacin, Personeras

Municipales, al igual que Secretarias de salud, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar, para que brinden un acompaamiento real y efectivo

a las comunidades manifestantes y a la poblacin en general, con los

cuales dichas entidades tienen responsabilidades del orden

constitucional.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL EINTERNACIONAL

1. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Organizacin de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instar al Estado

Colombiano para que adelante las investigaciones y correctivos de

orden jurdico, legislativo y judicial que sean necesarios con relacin a

los hechos de violaciones de derechos humanos e infracciones al


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derecho internacional humanitario cometidos por miembros de la fuerza

pblica, en el marco de las acciones de represin adelantadas en contra

de las comunidades participantes del Para Nacional Agrario, Minero y

Popular. De igual manera acompaar permanentemente y servir de

garante de las acciones de interlocucin que viene desarrollando la

Mesa Nacional Agraria de Interlocucin y Acuerdo M.I.A con el gobierno

nacional, en la bsqueda de solucionar de manera concertada las

diferentes problemticas que vive las comunidades participantes dedicho Paro.

2. Organismos no gubernamentales de defensa, promocin y proteccin de

derechos humanos de carcter nacional e internacional mantener el

acompaamiento poltico y humanitario a las comunidades que hoy 20

de septiembre de 2013, transcurrido ya un mes de iniciado el Paro

Nacional Agrario Minero y Popular, siguen exigiendo al Estado

Colombiano dar pronta solucin a la crisis humanitaria y de Derechos

Humanos que dia a dia persiste en gran parte del territorio nacional.

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