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—Es transcripción de la versión magnetofónica.

PERÍODO LEGISLATIVO 2018-2019

COMISIÓN PERMANENTE

9.ª SESIÓN (Matinal)

(Texto Borrador)

MARTES 28 DE MAYO DE 2019

PRESIDENCIA DEL SEÑOR DANIEL SALAVERRY VILLA

Y

LEYLA CHIHUÁN RAMOS

SUMARIO

Se pasa lista.— Se abre la sesión.—

—A las 09 horas y 03 minutos, bajo la Presidencia del señor Daniel Salaverry Villa e integrando la Mesa Directiva las señoras Leyla Chihuán Ramos y Yeni Vilcatoma de la Cruz, el Relator para lista, a la que contestan los señores congresistas Miguel Grau Seminario1,

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Buenos días, señoras y señores congresistas.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado

Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

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Se va a pasar lista para computar el quórum.

Señor Relator.

El RELATOR pasa lista:

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han contestado a la lista 20 señores congresistas.

El quórum para la presente sesión es de 14. Con el quórum reglamentario, se inicia la sesión.

Se pone en conocimiento y en observación el Acta correspondiente a la octava sesión del Período Anual de Sesiones 2018-2019, cuyo texto ha sido puesto oportunamente en conocimiento de los miembros de la Comisión Permanente.

Si no hay observación al Acta, se dará por aprobada.

—Se aprueba, sin observaciones, el acta de la 8.ª sesión celebrada el 11 de febrero de 2019.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— El Acta ha sido aprobada.

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Señores congresistas, se va a dar cuenta de un informe de calificación remitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que declara la improcedencia de la Denuncia Constitucional 301.

Señor Relator.

El RELATOR da lectura:

Denuncia Constitucional 301, formulada por los congresistas Justiniano Apaza Ordónez y Hernando Cevallos Flores, contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, por la supuesta infracción a los artículos 3, 39, 44, 139 -incisos 2) y 3)-, 158 y 159 de la Constitución Política, así como por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado, fraude procesal y organización criminal contemplados en los artículos 186, 416 y 317, respectivamente, del Código Penal; asimismo, por la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia, contemplados en los artículos 368, 404, 405 y 409-A, respectivamente, del Código Penal. Informe presentado el 12 de abril de 2019.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— De conformidad con el inciso c) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el Informe de Calificación leído.

Congresista Pacori, ¿quiere hacer alguna precisión?

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El señor PACORI MAMANI (NP).— Señor presidente, esta es la Denuncia Constitucional 301 y con mi participación, señor presidente, quería presentar una cuestión previa, para que esta denuncia constitucional regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta denuncia constitucional se refiere al caso del deslacrado realizado por la ex asesora denunciada Rosa Venegas Mello, quien declaró ante la Fiscalía que Chávarry Vallejos ordenó el ingreso a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez a fin de sustraer documentos que lo involucrarían.

¿Por qué, señor presidente, nosotros pedimos, presentamos esta cuestión previa para que regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Señor presidente, en una primera instancia esta denuncia constitucional, en el informe de calificación, en un extremo, recomendaba que debería darse trámite a esta denuncia constitucional, debería declararse fundada.

Entonces, en ese sentido, señor presidente, se llevó a un debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En una primera votación, en una primera sesión, se llegó a tener la mayor cantidad de votos en abstinencia; luego, el final, en la otra sesión, que se dio la continuación de la Subcomisión, simplemente, sin mayor debate, se llevó a votación y se archivó esta denuncia constitucional, señor presidente.

Teniendo un informe de calificación en un extremo procedente, que debe ser investigado, nosotros sugerimos que para mayor debate debería regresar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Y lo otro, señor presidente, si bien es cierto se archiva esta denuncia constitucional, nosotros tenemos un antecedente que ya se dio aquí en la Comisión Permanente, y este antecedente tiene que ver con la denuncia constitucional que se presentó contra el fiscal Pablo Sánchez, quien a pesar de haber sido archivado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta, con recomendación de la Comisión Permanente, regresa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser tratada y, además, que ya tiene un archivo.

Y el otro elemento importante, señor presidente, si nosotros archivamos esta denuncia constitucional lo que vamos a dejar es que la última denuncia constitucional, que tiene los mismos hechos que lo ha presentado la Fiscal de la Nación, que ya tiene un acuerdo dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se le dé un trámite prioritario, simplemente corremos el riesgo de que el Informe de Calificación que vaya a tramitarse recomiende su archivo, y con esto estaríamos, una vez más, limitando las acciones que tendría que hacer en el caso del antejuicio, la labor que tenga que cumplir el Ministerio Público.

Esto es un tema de mucha importancia y es en ese sentido, señor presidente, que nosotros planteamos esta cuestión previa.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Ha planteado una cuestión previa, pero primero vamos a darle la palabra al congresista Marco Arana.

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El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidente

En el mismo sentido, para respaldar esta cuestión previa.

Aparte de los argumentos que ha señalado el congresista Pacori, quisiera recordar que hubieron diversas intervenciones de los miembros de la Subcomisión, donde se señaló, por ejemplo de parte del congresista Javier Velásquez, que la fiscal de la Nación ya estaba haciendo una investigación al respecto y resultaba poco serio, poco oportuno que sin mayor fundamentación, solo por lo que ha declarado la asesora del fiscal, declaraban procedente. Es decir, hubo un conjunto de argumentos para señalar que todavía no había mayores indicios.

Esa fue la razón fundamental de como el presidente de nuestra Subcomisión lo puede acreditar.

Sin embargo, los hechos, además en los días subsiguientes, en las semanas subsiguientes, han sido planteados con un conjunto de pruebas que han llegado sobre una denuncia que ha presentado la fiscal Zoraida Ávalos, que trae nuevos elementos.

En ese sentido, presidente, sería muy importante que regrese a la Subcomisión, de tal manera que, incluso con los nuevos elementos que hay, se pueda hacer una nueva calificación y se cerremos la posibilidad de que, habiendo tenido como Congreso y como Subcomisión esos hechos denunciados por congresistas, fuera descartado si es que hoy día se decidiera aprobar el archivamiento.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Segura, para una interrupción.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Gracias, presidente.

Sin ánimo de entrampar el pedido del congresista Pacori, tiene mucha razón el congresista en que la decisión que tomase la Subcomisión en ese momento era justamente porque no habían elementos, no habían pruebas.

Y quiero aclararles algo.

La Subcomisión no puede actuar de oficio. Ningún miembro de la Subcomisión puede hacer denuncias. Por ende, al ver una denuncia que no tiene ningún sentido, ni una prueba de hecho, a pesar de tener conocimiento que sí puede proceder pero se equivocaron de artículo o hemos visto en los medios de comunicación algún indicio, ni siquiera ese recorte periodístico ha sido adjuntado a la denuncia. Ese es el motivo por el que no procedió.

Nosotros no podemos integrar nuevas pruebas o pruebas a ninguna denuncia, porque estaríamos cometiendo una grave falta.

Es por eso que la posición, en el comentario que hace el congresista Arana, tiene toda la razón. No habían elementos de prueba. Por eso es que esta nueva denuncia, que ha presentado la fiscal Ávalos, vamos a calificarla y ahí se tomará una decisión.

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La posición en el debate fue bastante clara en ese momento, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción, congresista Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (FP).— Gracias, presidente.

El comentario que ha hecho el congresista Marco Arana dice que la primera denuncia que hace la fiscal Ávalos no tenía contenido...

Ah, okey. Entonces, no dije nada.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Arana, para que concluya, por favor.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Dado que ha llegado una nueva denuncia de la Fiscalía, que sí tiene los elementos probatorios... Recordemos que a nosotros nos bastan indicios razonables y suficientes. No somos una instancia jurisdiccional como lo es la Fiscalía de la Nación que tiene que probar.

Si el argumento, presidente, fue que la denuncia que presentaron los congresistas Hernando Cevallos y Justiniano Apaza no tenían los suficientes elementos indiciarios y ahora sí existe una acusación que ha llegado y que hay que calificar, mal haríamos de rechazar la cuestión previa planteada.

Esto debería regresar a la Subcomisión, de tal manera que se valoren los elementos que estarían proviniendo de la Fiscalía de la Nación, a fin de que no sea el Congreso de la República el que se inhiba de valorar los elementos adecuados a la luz de la nueva denuncia presentada.

Archivarla, presidente, sería decir que la denuncia que han hecho congresistas sobre estos hechos, que son la interrupción de la labor de investigación que hacían los fiscales anticorrupción al sustraer las pruebas, deslacrando las oficinas, nosotros no le damos ningún curso y solo dejamos que en este caso la Fiscalía le pueda dar curso.

Cuando sí existe una denuncia de congresistas, que en este momento si la archivamos, dejamos la posibilidad que en ejercicio del control político planteado por los congresistas, este se archive y solo dejaríamos expedita la calificación que vendría de la Fiscalía.

Yo creo que más bien regresando a comisión, estamos por un lado abriendo la posibilidad que los nuevos elementos que han llegado, se acumulen. Y eso sería lo mejor, señor Presidente, que pudiera ocurrir, que no se archive, sino pueda regresar a comisión.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta, tiene la palabra.

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La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, señor Presidente.

Los malos precedentes no pueden ir generando jurisprudencia y creo que eso ha sido ampliamente debatido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde colegas congresistas válidamente han hecho sus observaciones, que a la Comisión Permanente solamente de acuerdo al Reglamento cuando un Informe de Calificación de una denuncia es archivada, solamente se da cuenta. No hay debate.

Lo que ha generado un mal precedente no puede seguir generando mal precedente porque puedes dejar que la persona denunciada no tenga el espacio para que pueda hacer la defensa y con ello ir rompiendo procedimientos.

El planteamiento que hace el congresista Pacori respecto de la Denuncia Constitucional 301, efectivamente fue archivada porque simplemente narraban hechos, pero no se adjuntaba ningún medio de pruebas ni tampoco había indicios razonables, como dice el congresista, para que pueda declararse procedente.

Por ello es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como lo ha señalado el presidente de esta subcomisión, fue archivada. Y ha ingresado la Denuncia Constitucional 322 de la fiscal de la nación.

Lo que se tiene que hacer aquí, señor Presidente, es decir la verdad, no decir verdades a medias.

El congresista Arana y el congresista Pacori son testigos que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la última sesión ha aprobado por mayoría priorizar que este tema pueda ser analizado por los técnicos de la subcomisión y pueda en su momento tener el Informe de Calificación, y ahí sí habrá un debate.

Decirle que, por ejemplo, a diferencia de esta denuncia constitucional, 301, con el 322, hay pruebas que adjuntado y tendrán que ser valorados esos elementos de prueba. De lo que no contaba en esta denuncia, en la 301.

Entonces, fue por eso los motivos que conllevó a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en su mayoría, podamos archivar.

Siendo así, señor Presidente, entonces aquí hay una denuncia constitucional sobre los mismos hechos, o sea, es falso que se pretenda decir que con esto ya no se va a ver el tema de la denuncia contra el señor Chávarry sobre el deslacrado de la oficina que ingresaron que será materia de indagación en su momento.

Pero lo que quiero dejar constancia no para los congresistas, posiblemente, sino para la opinión pública porque basta de seguir mintiendo o diciendo a medias las verdades.

Aquí es una verdad, señor Presidente, que esta denuncia está pendiente de calificación, sobre los mismos hechos pero con mayor y mejor tipificación, podríamos decir, que la denuncia inicial del 301.

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Entonces, que quede claro que no es que ya se archivó y no se va a ver el tema. Y si esto no procede aquí con la cuestión previa, no es que ya no se va a ver sino que lo que estamos pasando a que pueda ser analizado y esta subcomisión pueda evaluar en su momento la calificación de la Denuncia Constitucional 322.

Me pide una interrupción el congresista Becerril y el congresista Arana.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, tiene la primera interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, señor Presidente.

No vaya ser que las ganas que tienen algunos congresistas de introducir la mayor cantidad de denuncias contra el ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, nos lleve a cometer errores, ¿qué pretendemos hacer?, ha habido ya una denuncia que la subcomisión mandó al archivo, ¿por qué?,

Porque no había indicios suficientes; luego que dicen, no habían pruebas; qué dicen ahora, como ya han aparecido pruebas entonces que regrese a la subcomisión, eso no es posible, presidente.

Porque la subcomisión determinó es en base a la denuncia que ellos tenían y si tanto interés tiene que nuevamente se le acuse al ex fiscal de la nación Pedro Chávarry, en todo caso, que presenten una nueva denuncia con los elementos, con las pruebas que ahora dicen que tienen.

Yo creo que no es viable lo que acá están planteando, entonces, presidente, ¿cuál sería la situación de aquellos denunciados ante la subcomisión que finalmente se archiva porque no hay pruebas, luego con los días, con los meses hay pruebas, ah, no, que regrese nuevamente, eso no es serio, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— La segunda interrupción, congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidente, estamos con ánimos de que puedan efectivamente haber procesos de investigación, conclusiones que nos lleven a además ser justos en los criterios y las decisiones que tomamos.

Yo creo que para no caer en la provocación de que aquí estaríamos el congresista Pacori y yo mintiendo o buscando a toda costa que se hagan denuncias reiterativas a Chávarry, porque eso habría que responderle diciendo, bueno, quienes precisamente no quieren que se investigue, quienes quieren blindarlo, pero ese es el tono con que queremos comenzar esta sesión, presidente.

No, no es el tono, si hay que hacerlo, sin embargo este es el foro de debate político e iremos sin duda insistir en ello, la intencionalidad, presidente, es si hay dos congresistas que han presentado una acusación constitucional por los hechos del deslacramiento de

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las oficinas y la sustracción de presuntas pruebas, y ese tema está siendo motivo de una investigación y se dijo en la subcomisión, que al no haber más indicios o más pruebas, había que esperar que llegue una nueva acusación, ya llegó una nueva acusación de la Fiscalía.

Porque cerrar la puerta con este archivamiento a que la labor fiscalizadora de los congresistas, en este caso del Frente Amplio que han señalado y que hicieron la denuncia pueda cerrarse, presidente. Y se ha dicho en segundo lugar, la congresistas Beteta ha señalado, que acá lo que se quiere es confundir o violentar los procedimientos.

Yo quisiera recordar, presidente, que el lunes 11 de febrero de 2019, fue el congresista Del Águila de Fuerza Popular, que planteó por ejemplo una cuestión previa para que se vote como procedente la denuncia constitucional 266 contra Pablo Sánchez, y en esa sesión, leo del Diario de los Debates, presidente, la congresista Beteta señaló, este Congreso no puede ser ajeno a una realidad, es necesario, señor presidente, sin adelantar quizás mayores fundamentos porque eso tendrá que ser analizado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero amerita que esta denuncia constitucional no pueda ser archivada.

Estamos planteando el mismo argumento sobre hechos similares, es decir, si se archivó una acusación constitucional porque le faltaban efectivamente como ha señalado la propia congresista Beteta, mayores fundamentos o elementos indiciarios y sigue en esa intervención, lo estoy leyendo del Diario de Debates, presidente.

Dice, amerita que esta denuncia constitucional no pueda ser archivada ya que han nacido nuevos elementos que al menos yo sí, coherente con mis sustento, porque yo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales voté a favor de la procedencia de la denuncia constitucional, para que al menos podamos saber la verdad.

Y entonces, presidente, para que podamos saber la verdad y existiendo acusaciones constitucionales, existiendo la misma argumentación hecha por quienes ahora tienen una razonamiento diferente, al parecer el razonamiento diferentes no tiene que ver con el procedimiento y el respeto del reglamento, sino con la persona que se investiga.

Entonces, en ese sentido, presidente, para salir de esa dicotomía y de esa incoherencia, efectivamente con los mismos argumentos que se han esgrimido antes, se pueda ahora, presidente, enviar esta acusación constitucional, no al archivo, sino a la Subcomisión para que lo vuelva a evaluar a raíz, justamente, también, de los nuevos elementos que una nueva denuncia ha traído sobre los mismos hechos.

Eso sería completamente precedente y coherente, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Invoco a los señores congresistas que solicitan interrupciones que más o menos calculen el tiempo que corresponde a una interrupción, que es de un minuto.

Congresista Beteta.

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La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidente.

Presidente, el congresista Arana, lamentablemente tengo que mencionarlo, y que no es alusión, sino es porque él menciona, está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, viene y cuenta partes incompletas, no de los debates como se dan.

Efectivamente, yo inicié mencionando que los malos precedentes no pueden generar jurisprudencia. Y una muestra de ello, el congresista Arana es testigo, y fue defensor del señor Pablo Sánchez en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales justamente que pedía la nulidad, porque había sido de manera irregular, que por la fuerza de los votos se habría incumplido el Reglamento. Y como consecuencia de ello, en los informes que se ha evacuado, y hemos votado el lunes, se archivó la denuncia constitucional del exfiscal Pablo Sánchez justamente porque lo que señalaban era que se estaban vulnerando derechos, que no podían ser defendidos, y eran temas que, dentro de esa razonabilidad, tendría que tomarse en cuenta.

Ahora bien, no es verdad, y por eso digo ¡basta de mentir a la opinión pública!, no es verdad cuando el congresista Arana afirma y dice "se está cerrando la puerta para que a Chávarry se le investigue por la obstrucción a la justicia en el caso del deslacrado de la oficina". Y eso es falso. Coma su mentira, congresista Arana. Es falso, porque no se puede cerrar la puerta cuando dice...

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidente, que se coma sus palabras la congresista.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta, no bajemos el nivel del debate. Evitemos los adjetivos, por favor, porque se va a desvirtuar un tema tan serio como el que tiene que con estas denuncias.

Le pido, por favor, que retire la palabra que acaba de expresar.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Presidente, yo no le he dado ningún adjetivo, simplemente he dicho "coma su mentira". Y vuelvo a decirlo, señor...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta, esa no es la manera de expresarse en el Congreso de la República.

Yo le pido, por favor, para que poder continuar con la sesión, que retire la palabra y mantengamos el nivel del debate sin usar ese tipo de adjetivos.

Le pido con respeto, por favor.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Presidente, vuelvo a señalar, rechazo que se pueda pretender decir "adjetivo", pero si al congresista Arana le ofende que le diga "que se coma su mentira", bueno, lo retiro, pero sigo pensando lo mismo.

Señor presidente, digo, ¿por qué? Es falso y es mentira cuando se dice que se pretende cerrar la puerta. A eso voy, señor presidente. Ya basta de seguir denigrando a este poder del Estado con versiones falsas, que no se ajustan a la verdad.

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Acá hay una denuncia constitucional, la 322, y voy a dar lectura para que la opinión pública pueda tener conocimiento.

Ha ingresado la Denuncia Constitucional 322, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto como instigador, encubrimiento personal y encubrimiento real, contemplados en los artículos 370, 404 y 405, respectivamente, del Código Penal.

Entonces, no es verdad cuando se pretende decir que si esto no pasa hoy con una cuestión previa simplemente se está blindando al señor Chávarry. Y eso no es así, señor presidente, en aras de la verdad.

No puede pretender señalar argumentos que no se ajustan a la realidad. Vuelvo a señalar, ese tema por la cual hoy los congresistas están pidiendo una cuestión previa, este tema el lunes ha sido aprobado por mayoría para que pueda ser priorizado y pueda ser analizado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí tendrán que hacer los argumentos.

Y hay algo muy importante, no es porque no se quiera por el simple hecho de que no querramos que vuelva a una comisión. Lo que va a ocurrir es que en esa denuncia constitucional ya no se podría agregar ningún elemento más, porque ya se ha presentado la denuncia constitucional, mientras que en esta denuncia, la 322 está mejor tipificado los delitos. Entonces, yo creo que no sigamos vulnerando el Reglamento. Los malos precedentes no pueden ir generando jurisprudencia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Morales.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Presidente, me solicita una interrupción el congresista Pacori. Si usted lo permite, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por supuesto que sí.

Vamos a implementar una práctica para las interrupciones. Vamos a hacer que en el monitor se fije el tiempo para que una interrupción no se convierta en intervención.

Tiene la interrupción, congresista Pacori.

El señor PACORI MAMANI (NP).— Muchas gracias, presidente. Acá no tenemos el ánimo de querer llevar a mayor debate, pero sí, hay cosas que tenemos que aclararlas.

Se ha dicho que se está mintiendo en extremo sobre la Denuncia Constitucional 301. Se ha hecho que no se corrobora la verdad. Señor Presidente, nosotros estamos hablando con argumentos, y además el congresista Segura lo ha dicho con claridad.

Nosotros tenemos aquí el Informe de Calificación 301, que la elabora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Qué concluye este informe? En un extremo, señor

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Presidente, concluye declarar procedente la denuncia constitucional formulada por los congresistas Justiniano Apaza Ordoñez y Hernando Cevallos Flores, por la infracción a los artículos 3, 39, 44, y, asimismo, la presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia, contemplados en los artículos 368, 404, 405...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

El señor PACORI MAMANI (NP).— Lo que nos está diciendo acá, señor Presidente, nos está declarando esta denuncia constitucional, que esto ha debido declararse procedente y darse trámite. Lamentablemente con votación, sin una valoración adecuada, se ha archivado y estamos dando a esta denuncia.

Una de las razones por las que hemos presentado esta cuestión previa es que es una labor que ha hecho los técnicos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ha debido declararse procedente. Por estos mismos artículos se va a archivar y con eso sí vamos a contravenir el Reglamento del Congreso, principalmente el artículo 89, señor presidente; y es por eso que estamos pidiendo que retorne para que haya una mejor valoración.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Puede continuar, congresista Morales.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias, Presidente. Saludar a los congresistas que se encuentran presentes.

Presidente, dos temas importantes y yendo en la línea de lo que ha dicho el congresista Pacori.

Primero, y todo el mundo lo sabe, que cuando se hace un informe de calificación no se toca el tema de fondo; y se tiene que hablar, precisamente, de los requisitos para que pueda ser admitido y puedan iniciar una investigación.

El informe de calificación, tal como lo ha dicho el congresista Pacori, dice procedente, y acá lo tengo el informe. ¿Eso qué significa? Que para valoración del equipo técnico cumple los requisitos de forma. Entonces, ahí se deshecha pues las otras argumentaciones.

Segundo, se ha presentado una cuestión previa porque cumplido los requisitos, de acuerdo de acuerdo a criterio de la comisión, se ha declarado improcedente con todos los argumentos que aquí ha esgrimido algunas parlamentarias. Lo que se está diciendo acá, Presidente, es que el hecho como tal sí ha existido, y claro que a juicio de valoración, y acaba de decirlo el presidente de la subcomisión que la segunda denuncia sí está justificada, la que ha presentado la fiscal de la Nación.

Y, entonces, Presidente, a dónde queremos llegar con esto sabiendo que el hecho sí es realmente ha ocurrido, que ha habido un informe de calificación, no de fondo, sino de forma, presentado por el congresista Justiniano Apaza y Hernando Cevallos de mi bancada, cumple los requisitos para iniciarse, y se ha tomado una decisión contrario a pesar de eso. Lo que estamos diciendo acá es que esta Comisión Permanente, porque no

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determina su función, la Comisión Permanente es la que tiene que determinar, debe de una vez, Presidente, acatar o pedir o llevar adelante este pedido de cuestión previa. ¿O qué cosa es lo que se está buscando? Se está buscando, por el contrario, alegar que habiendo sido votado el informe de la improcedencia, del número 301, y habiendo una segunda denuncia con los mismos hechos, claro, con otras cosas más, pero por los mismos hechos, entonces vamos a patear un poquito más lejos. ¿Esa es la táctica?, ¿esa es la estrategia? La opinión pública los está viendo.

Yo le digo, presidente, lo que queremos en este momento es que, y lo pedimos, porque he dado las dos características fundamentales por la cual ese Informe 301 o esa calificación del 301 debe ser reconsiderada.

Segundo, porque eso tendría relación con lo siguiente, y van a querer patearlo más lejos.

Entonces, presidente, creo yo, en este momento, los parlamentarios que se encuentran en esta Comisión Permanente deben asumir la responsabilidad frente al país y decir que sí libremente queremos que se investigue ese proceso, ese hecho que ha generado problemas al país, y que de cara al país no vamos a blindar más al señor Chávarry, eso es lo que debemos decir acá, presidente.

Yo le agradezco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Velásquez.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, me pide una interrupción Mauricio Mulder, con mucho gusto, si usted lo permite.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Mulder, tiene la interrupción.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, se disfraza de cuestión previa un tema que es de fondo, porque lo que están pidiendo los congresistas que han hecho uso de la palabra es un tema que debería, en todo caso, incorporarse a la agenda después del tema para el que hemos sido convocados.

Llamo la atención en el sentido de que estamos discutiendo un tema que no es el tema que ha suscitado esta convocatoria, es una cuestión previa que no es sobre un requisito de procedibilidad, sino sobre un tema de fondo, así que tiene que pasar este tema, en todo caso por disposición suya, al segundo punto de la agenda y no al primero, como lo están queriendo hacer.

En segundo lugar, referirles lo siguiente, con las palabras del congresista Marcos Arana, en el sentido de que él promete un tono no confrontacional en el debate de hoy. Esperemos que sea así, pero ya han utilizado la palabra "blindar" tres veces ya en estas intervenciones. Entonces, no parece que sea el tenor de lo que se esté buscando, más bien parece que se quieren disfrazar las cosas. Y espero que así sean, porque, evidentemente, si uno va a votar en un sentido y le van a decir...

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Y le van a decir que por votar en ese sentido es integrante de una organización criminal y está blindando, bueno, lo mismo podríamos decir de quienes tienen la obsesión de proceder con estas acusaciones porque también quiere controlar el Ministerio Público. Hemos visto que incluso hasta ese tipo de conceptos están escritos en el informe, en el sentido de que votar en un sentido ya es indicio de que uno pertenece a una organización criminal.

Los parlamentarios, como los fiscales y como los vocales supremos no respondemos por nuestros votos, ¿no es cierto? Sin embargo, ya se utiliza el voto de los parlamentarios para hacer estigmatizaciones de carácter penal, y no solamente por otro parlamentario, sino también por miembros del Ministerio Público, y en eso hay que tener mucho cuidado, presidente. Esperemos que esta sesión no sea una sesión para acusarnos mutuamente de la comisión de delitos, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Gracias.

Solamente quiero precisar que este tema sí está agendado como punto uno de esta sesión.

Congresista Velásquez, puede continuar.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Presidente, los malos precedentes antirreglamentarios y afectando el principio del debido proceso no se pueden invocar para revertir una decisión que toma una instancia de la Comisión Permanente. Y siendo coherente con lo que hemos discutido en la subcomisión, que me hizo recordar el congresista Arana, yo voté a favor de que se archive esta calificación, y voy a sostener lo siguiente: He escuchado con mucha atención la respetuosa opinión que han planteado todos los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero ninguno se ha tomado el trabajo de leer el Reglamento. Yo lo que le quiero pedir, presidente, es que, primero, definamos lo siguiente:

¿La Comisión Permanente puede hacer calificaciones de denuncia? No, no las puede hacer, para eso ha creado la Subcomisión de Acusaciones. Tan es así que se ha creado, este es un órgano que depende de la Comisión Permanente. Entonces, si la Comisión Permanente va a revisar las calificaciones que hace la subcomisión, desactivemos la subcomisión.

Que me muestre, y por eso lo hago, invoco esto como una cuestión de orden, presidente, para que quede muy claro. No es verdad que con esto se impide investigar al señor Chávarry por el deslacrado de sus oficinas.

Cuando se ha planteado la priorización, yo he votado a favor, siendo coherente con que la denuncia que plantearon dos congresistas, que me merecen el respeto, dos congresistas, no tenían, no cumplían con los requisitos para la calificación. Si esta comisión, la Comisión Permanente que ha creado un órgano para que haga la

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calificación, desautoriza ese órgano en calificación, entonces no tiene sentido que haya Subcomisión de Acusaciones.

Entonces, Presidente, yo quiero decirle lo siguiente, por qué voté yo, por qué yo voté a favor con el Reglamento en la mano, si no cumplimos el Reglamento el antejuicio constitucional ya no es un juicio político jurisdiccional, sino es un juicio político, porque no vamos a respetar el Reglamento, ¿qué dice el Reglamento, artículo 89°, las denuncias que son calificadas, ¿quién califica, la Comisión Permanente o la Subcomisión?, las denuncias que son calificadas improcedentes se remiten al archivo, se remiten al archivo, así categóricamente dice eso.

Y, ustedes dirán, ah pero como la Comisión Permanente, que es la que le ha encargado a la Subcomisión como no puede revisar la calificación, no puede pues, es como si el Pleno a una comisión ordinaria que manda al archivo un proyecto de ley, el Pleno lo revisa y le dice, no, reábrelo, entonces hay instancias preclutorias, entendamos colegas que el antejuicio es un procedimiento político jurisdiccional. Pero, además en este caso va acompañado del juicio político que tiene que ver con una sanción, y la función sancionadora, ya lo ha dicho, no solamente el Tribunal, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, que cuando una institución de un Estado ejerce su función sancionadora tiene que garantizar el debido proceso y la motivación de sus resoluciones.

Entonces, Presidente, siendo coherente con lo que yo planteé, yo voté a favor de que se priorice la denuncia que ha hecho la doctora Ávalos al Fiscal Chávarri por el deslacrado de las oficinas, yo voté para que se priorice, porque esa denuncia si cumple con los requisitos, y la denuncia de los dos parlamentarios no cumple por la siguiente razón.

El artículo 89°, cuando dice que la Subcomisión califica la denuncia y la mande al archivo, nos remite al inciso a), a los requisitos de la denuncia, no es que un parlamentario alegremente se levante y ve el periódico y "pa" denuncia constitucional, y hay que declararla procedente, no señor.

¿Cuáles son los requisitos que exige el artículo 89° para formular una denuncia?, la denuncia se presenta por escrito y debe contener documentos que la sustentan o en su defecto, la indicación del lugar donde dicho documento se encuentren.

¿Cuál fue mi argumento en la Subcomisión?, yo dije, esto debe ir al archivo porque la Fiscal de la Nación sí está haciendo una investigación que ha venido a la comisión fundamentada, con vídeos, con testimonios, con todo eso.

Entonces, acá se quiere confundir, y es justamente porque no se usa el Reglamento y es un gravísimo error, confunden los señores congresistas dos etapas del procedimiento de acusación constitucional que son diferentes, que son preclutorias, cuando el artículo 89° dice, que cuando la Subcomisión califica una denuncia y la manda al archivo, la Comisión Permanente no lo puede revisar, ¿saben por qué?, porque el congresista si tiene las pruebas puede volver a presentar la denuncia.

Algunos dicen, no, pero no lo puede presentar después de un año, no, eso es en otra etapa del proceso de acusación constitucional.

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Vamos al artículo 89°, Presidente, el artículo 89°, inciso m) dice, las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente período anual de sesiones, requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia; requiriendo la presentación de nueva prueba que sustente la denuncia, tiene que haber nueva prueba, pero luego que la Comisión Permanente ha autorizado un plazo.

Presidente, no es verdad que acá se blinda, sino lo que pasa es que acá el encono y el odio político quieren vencer a la Constitución y al Reglamento, siento vergüenza ajena de que acá se invoquen precedentes que son nefastos, y esta misma posición yo la he tenido cuando indebidamente la Comisión Permanente no tomó conocimiento de un archivo al Fiscal Pablo Sánchez y reabrió la investigación. Ahora, el día de ayer o anteayer que se ha reunido la Comisión Permanente ha hecho bien en archivar esa denuncia, porque no podemos de ninguna manera festinar trámites, y yo creo que lo que se invoca de buena fe por el congresista Oracio Pacori, es de buena fe, pero inobservando el Reglamento.

De cuándo acá, cuando un equipo de asesores de una comisión te plantean un borrador, ¿eso vale más que la decisión de los congresistas? ¿Quién define la calificación, el equipo técnico de la presidencia de la comisión o los congresistas?

Si nosotros en la Subcomisión no vamos a deliberar y vamos a hacer lo que nos hacen los asesores, y eso va a valer, entonces para qué estamos.

Respetemos el procedimiento, no cometamos los excesos, que nos están corrigiendo en la Comunidad Internacional. España nos acaba de hacer una corrección no solamente al gobierno, sino a nosotros.

Entonces, presidente, respetemos el Reglamento, y por eso es inaceptable que se plantee una cuestión previa para trasgredir el Reglamento del Congreso.

Trabajemos con el Reglamento en la mano y yo sí creo que la Comisión Permanente no tiene facultad para revisar una calificación, porque para eso creó la Subcomisión de Acusaciones, para eso, y esa es la única función que tenemos en la Subcomisión, instruir, y esta es una etapa que tiene que ver con el debido proceso.

Acá viene el informe, presidente, cuando se ha declarado procedente la denuncia para dar plazo. Por eso, presidente, no es verdad que en el caso del lacrado ya hay una denuncia de la Subcomisión.

Ya acordamos, con mi voto hemos votado para que eso se priorice.

Lo que sí no se puede permitir, presidente, es que se festinen trámites. Si alguien lo quiere hacer políticamente háganlo, háganlo si tienen su mayoría de votos, pero este Parlamento en procedimiento de acusación constitucional no puede trasgredir el Reglamento, porque en la práctica lo que se está proponiendo es que trasgredamos la Constitución, la Constitución.

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Si la decisión política se va a imponer a la Constitución y al Reglamento, desaparezcamos el antejuicio político.

Ahora que se está buscando que quitemos la inmunidad, también eliminemos el antejuicio político, porque ahora la valoración ya no va a ser en función del Reglamento ni la Constitución, sino por criterio de oportunidad política.

Y la propuesta, presidente, usted no puede someter a votación la trasgresión del Reglamento, con cuestión previa no se puede someter a consideración la trasgresión del Reglamento.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES (NP).— Gracias, presidente.

Me pide una interrupción el congresista Arana.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Arana, tiene la interrupción.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidente.

Presidente, no distorsionemos los hechos ¿no?, ¿alguien ha hablado de que aquí se cambie la calificación o lo estamos malentendiendo? Lo que se ha planteado es que regrese a la Subcomisión y se califique allá. Porque, de otra manera, lo que podríamos hacer es, para que la Comisión Permanente, si la Subcomisión ya toma decisiones, vamos directamente al Pleno; de otra manera, como ha argumentado el congresista Velásquez Quesquén, no es que sobre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino la que resultaría sobrando, en la argumentación que ha hecho el congresista Velásquez Quesquén, es la Comisión Permanente, de frente. Si aquí no se puede ni retornar a comisión, entonces por qué no pasa de la Subcomisión directamente al Pleno.

Entonces, nadie ha pedido que se cambie la calificación, yo creo que hay un mal entendido de parte del colega Velásquez Quesquén, uno.

Dos, hasta donde sabemos, y es un argumento que lo hemos planteado en diversos debates, no somos mesa de trámite, mesa de partes...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Segunda interrupción? Segunda interrupción.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Y, en ese sentido, presidente, lo que se está pidiendo es que retorne a la Subcomisión y ahí se acumule, y será ahí la calificación, que es lo que corresponde.

Y cuando el congresista Velásquez señala de que el error no genera derecho, efectivamente, lo ha pedido tantas veces, pero quien planteó anteriormente que pudiera regresar un informe de la Subcomisión a la comisión y que lo decida la Comisión

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Permanente fue precisamente Fuerza Popular, que ahora no quiere hacer lo propio. Es decir, unas veces vale un argumento, otras veces vale otro argumento, aquí no se trata de calificar, presidente, se trata del pedido de que regrese a la Subcomisión para que ahí se califique.

Gracias, presidente; gracias, congresista Arce.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Arce, puede continuar.

El señor ARCE CÁCERES (NP).— Gracias, presidente.

Saludando a los colegas congresistas.

Nuevamente, estamos en la Comisión Permanente y parto de la premisa de que no somos una mesa de partes, donde simplemente vamos a tramitar documentos, acá tenemos responsabilidad, evidentemente, en el marco de lo que establece el Reglamento del Congreso y nuestras funciones parlamentarias.

El congresista Velásquez Quesquén, por intermedio suyo, presidente, ha hecho una manifestación y ha hecho referencia al caso que sucedió en referencia a Pablo Sánchez, hay que recordar que fue votado —me refiero a la Denuncia Constitucional 266— de manera unánime inclusive y que, sí, de alguna manera estaría calificando, porque ha hecho una modificación a una decisión que se había tomado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En ese marco, presidente, me hubiera gustado que los argumentos que el congresista Velásquez Quesquén, por intermedio suyo, los ha esgrimido hubieran sido utilizados para justamente no generar estos precedentes negativos.

Recuerdo bien, y no sé si nos podría ayudar ahí la Oficialía Mayor, que aludieron a otros precedentes donde la Comisión Permanente definitivamente cambió el sentido de una denuncia constitucional.

Entiendo bien que la Comisión Permanente es una especie de segunda instancia, tal vez no en el mismo nivel que pueda existir en el sistema judicial, pero partimos de una premisa: Estamos haciendo nuestra labor congresal y hay un elemento sustancial en al decisión que se hace respecto a estas aperturas que se da a la comisión de delitos cuando hay una denuncia constitucional.

Me refiero abiertamente al hecho de que son suficientes los indicios, presidente. Si hay indicios, nosotros no tenemos que entrar al detalle de corroborar con pruebas.

La Comisión Permanente y el Congreso de la República no tienen la atribución de acusar de un delito a una persona. Lo que estamos haciendo es allanar procedimientos para que se continúe la investigación. Le estamos dando las herramientas al espacio jurisdiccional, a la Fiscalía, para que pueda desarrollar su trabajo.

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Caso contrario, vamos a poner como un corsé, vamos a limitar la función de investigación que requiere el Ministerio Público para que se pueda determinar el grado de responsabilidad.

En esa instancia, presidente, fácilmente la persona que está siendo involucrada hará ejercicio de su derecho a la defensa y podrá argumentar su inocencia.

Nosotros lo que tenemos que hacer en el Congreso es allanar los procedimientos. Caso contrario, cuál es la percepción que tiene la población. Y seamos objetivos, estamos en un espacio político. Por eso es el caso del blindaje. Y hay casos para demostrar, y podríamos entrar a mayor debate al respecto.

Acá lamentablemente, presidente, usted ha sido testigo muchas veces de cuál ha sido el sentido de la votación, sobre todo de Fuerza Popular respecto a estos casos que han llegado al extremo que al final nos está costando en el tema particular del señor Hinostroza Pariachi. Nos está costando porque es difícil extraditarlo, porque hay una serie de objeciones.

Un detalle muy importante, presidente, ya lo mencionaron varios congresistas, es respecto a los extremos de la Denuncia Constitucional 301.

En un extremo mencionaban que se iba a declarar procedente, y se iba a declarar procedente respecto a la infracción a los artículos 3, 39, 44, 139 incisos 2) y 3), el artículo 158 y 159 de la Constitución. Asimismo, respecto a la comisión de delitos como desobediencia a la autoridad, encubrimiento personal, encubrimiento real y obstrucción a la justicia, que están contemplados en los artículos 368, 404, 405, 409-A del Código Penal.

Esta propuesta, sí, los congresistas son los que deciden. En una votación se revirtió. Esto le da sentido, presidente, a que se pueda tomar en cuenta el pedido del congresista Pacori, como cuestión previa, porque esto nos ayudaría a desarrollar en el corto plazo las investigaciones.

Cuánto más vamos a demorar en este tema tan delicado que involucra al ex fiscal de la Nación, fiscal supremo que está encargado de tantas investigaciones.

Y un dato más. Lo acaba de leer el congresista Velásquez Quesquén, por intermedio suyo, respecto al artículo 89 y el inciso m). Si nosotros refrendamos en la Comisión Permanente, prácticamente vamos a limitar que la denuncia hecha por la fiscal Ávalos se tenga que postergar hasta el siguiente período, como lo menciona claramente el inciso m).

Permítame, lo voy a tener que leer, porque es importante que el país entienda.

El inciso m) menciona claramente que las denuncias declaradas improcedentes o que tengan informe de archivamiento y que pongan fin al procedimiento de acusación constitucional en cualquiera de sus etapas, no pueden volver a interponerse hasta el siguiente período anual de sesiones, requiriendo la presentación de nuevas pruebas que

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sustenten la denuncia. En caso contrario, son rechazadas de plano. Literalmente, presidente.

En otras palabras, si hoy día reafirmamos lo que se ha hecho en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, simplemente estamos postergando un procedimiento que al final lo que estamos haciendo es generarle ese espacio que requiere este señor Chávarry en las investigaciones.

Seamos responsables, colegas congresistas, frente al país.

Sí hay suficientes indicios, presidente. Discúlpeme, acá no necesitamos corroborar las pruebas. Hay suficiente información.

En ese marco es determinante, señor Presidente, que se tome en consideración la cuestión previa que se ha planteado y evidentemente en este extremo que se vote si es posible esta posibilidad de la recomendación que se hizo. Y acá la Comisión Permanente asumirá las responsabilidades frente al país.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Velásquez, por alusión.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Gracias, señor Presidente.

No es verdad que la Comisión Permanente es una mesa de partes, es una instancia. Si la comisión aprueba un informe y lo lleva al Pleno, el Pleno lo puede archivar y el hecho que el Pleno lo archive no supone que la comisión está demás. Son instancias.

Yo sé que el congresista Arana conoce mucho el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero hay que leer la Constitución.

Hay que leer la Constitución.

Permítame, señor Presidente, con el mayor respeto.

Hay congresistas que han hablado, pero para nada mencionan el Reglamento. El artículo 89, lo repito, dice: las denuncias que son calificadas —clarísimo— improcedentes, se remitirán al archivo. No se dice que se envían a la Comisión Permanente para que lo revise.

El inciso e) al que ha hecho alusión el congresista Arce es la otra etapa, cuando se ha declarado procedente la investigación y la subcomisión encuentra que no hay responsabilidad como lo que ha sucedido el día de ayer, en que un informe de un instructor de la subcomisión, ha propuesto el archivamiento de una denuncia.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por alusión, para que concluya.

El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Entonces, no confundamos las etapas.

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Lo único que hay que hacer, señor Presidente, es actuar en estos casos con el Reglamento y la Constitución en la mano.

Aquí no hay que el tema del deslacrado no se va a investigar, sí se va a investigar y va a haber una investigación profunda porque hay pruebas.

Lo que no puede hacer un parlamentario por encono odio, lee el periódico y pone esa denuncia constitucional. Y la Comisión Permanente tiene que habilitarlas todas porque tenemos que calificarla procedente, ya que la Comisión Permanente no puede calificar las denuncias. Y eso no tiene nada que ver con jerarquías, sino que para eso se creó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Aquí está clarísimo el Reglamento, votar en cuestión previa una trasgresión al Reglamento...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, tiene la palabra.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, señor Presidente.

Me pide una interrupción la congresista Aramayo y la segunda interrupción la congresista Letona

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo, tiene la primera interrupción.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, señor Presidente.

Buenos días a los colegas congresistas.

Estamos enfrascados en este tema ya bastante tiempo y yo quería, si usted me permite, señor Presidente, plantear una pregunta a los congresistas Pacori, Arce y Arana, que sostienen esta cuestión previa.

¿Cuál es el objeto de su pedido?

¿El objeto de su pedido no es acaso que se investigue al señor Chávarry?

¿Este pedido no está recogido en una denuncia bien formulada por la fiscal de la nación Dávalos?

Si el objeto es el mismo, señor Presidente, y hemos tenido una denuncia que ha presentado el congresista Apaza y el congresista Zeballos, de la Izquierda, que ha sido una denuncia mal formulada, ¿qué dice el Reglamento?

La denuncia presentada por escrito debe contener nombre del denunciante, domicilio procesal, fundamentos de hecho y derechos y documentos que lo sustenten.

Hoy, señor Presidente, se ha acreditado que la denuncia presentada por los colegas, tienen un fin legítimo que no ha alcanzado la calificación. Y el objeto del pedido ha sido subsanado por la fiscal de la nación.

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, señor Presidente.

Entonces, esta preocupación que tienen los colegas está ampliamente satisfecha con una denuncia.

Yo no creo que estemos menoscabando la preocupación que también tiene el Congreso con atender esta denuncia con una bien formulada por la Fiscalía de la Nación.

Yo pediría después de las participaciones que usted estime conveniente, que se lleve al voto porque acá hay un objeto que está siendo satisfecho con una denuncia bien planteada por la fiscal de la nación, y no puede ser el ego de la Izquierda y decir: oye, acá...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Letona, segunda interrupción.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, señor Presidente.

La verdad es que en la misma línea, y lo hemos sostenido desde que empezó esta campaña de desfinformación y de amenazas y de acusaciones, lo que hemos visto desde que empezó este problema hay congresistas que recurren a la presión mediática, al pueblo, a decir una sarta de adjetivos, de palabras, respecto de nuestro trabajo, cuando la primera obligación que tiene un legislador es observar la Constitución, y ya lo ha dicho con meridiana claridad, para los que sabemos leer, la Sala Superior de España.

Los informes que se han remitido en estos casos son defectuosos, tenemos que hacer un buen trabajo, si queremos de verdad respetar el debido proceso y que finalmente las acusaciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tenga asidero legal…

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Si queremos de verdad que esto llegue a buen término y que las personas que hayan cometido un delito sean sancionadas, pues las bases son las acusaciones, hagamos bien nuestro trabajo y dejemos pues la prensa, el pueblo, San Benito o sea, todo el mundo tiene que hacer aquí, acá quienes decidimos somos los congresistas, presidente, y los congresistas tenemos como primera obligación observar la Constitución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, puede continuar.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente, después de la explicación del congresista Javier Velásquez, si ya no quieren entender lo que dice claramente el reglamento y el odio los ciega de tal manera, entonces, presidente, ya acá vienen con una consigna simplemente de querer hacer prevalecer ese odio por encima de la Constitución, por encima del reglamento.

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En segundo lugar, hay un colega que lo plantea es una maniqueísmo puro, es una costumbre ya arraigada desde muchos años de un grupo político, ese maniqueísmo cuando dice, alguien ha planteado que se cambie la calificación, no, quiere que regrese a la subcomisión para no cambiar la calificación, para que siga igual, eso es maniqueísmo.

También cuando dicen, no es verdad, se cierran las puertas a la investigación, eso no es verdad pues, entonces, están mintiendo, quien no dice la verdad miente, ¿y por qué están mintiendo?, como van a decir que estamos cerrando la investigación de este tema, acaso ya no se ha investigado en la subcomisión o en la subcomisión nunca se ha visto el tema, nunca se ha tratado, nunca se ha investigado.

Ahora que ustedes quieran que se vote como ustedes quieren finalmente, eso no va a suceder pues, lamentablemente así ustedes quieran imponerse no lo van a poder hacer, porque nosotros pues personas que van a manipular como quieren hacerlo, disculpen, eso no va a suceder.

Luego, cuando dicen que regrese a la Comisión Permanente, ¿por qué?, porque hay nuevas pruebas dicen, ¿no es cierto?, pregunto yo, ¿puede de oficio los integrantes de la subcomisiones tomar esas nuevas pruebas, calificarlas?, no pueden, están impedidos.

Por lo tanto, lo que yo he planteado y esta de acorde con el reglamento es, que si quieren seguir acumulando denuncias contra Pedro Chávarry, a pesar que ya hay una denuncia, que planteen nuevamente en la otra legislatura, que esperen su tiempo, no se desesperen, tienen todo el tiempo del mundo.

Respeto a que el equipo técnico dice, como ya calificó que no es procedente, entonces, como los congresistas votan a favor de que sea archivado, de que sea improcedente, por favor a ese estado llegan ustedes de querer convencer con argumentos como este.

Entonces, ya pues que el equipo técnico reciba todos los problemas, nosotros simplemente ni vamos a la subcomisión, ese pobre planteamiento de los colegas que su odio los llega incluso a ya no pensar. Cuando dicen, la opinión pública nos está viendo, igual que el tuit que respondí o sea, hay que estar alertas, el pueblo nos sigue, el pueblo nos mira, ¿qué cosa creen?

Que, porque los medios de comunicación nos ponen en primeras planas o ustedes nos amenazas que el pueblo nos ve, vamos hacer lo que ustedes quieren, no se equivoquen señores, habemos congresistas que no le tenemos miedo actuar correctamente, no le tenemos miedo a sus amenazas, que digan el pueblo nos está mirando, entonces, votemos como quiere el pueblo, no lo quiere el pueblo, lo quieren ustedes.

Y ustedes en realidad siempre quieren manipular y eso es su costumbre. Y no nos vamos a dejar manipular. Así que nosotros vamos a actuar correctamente y vamos a votar de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a la objetividad y de acuerdo a las pruebas, presidente.

Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Gracias, congresista.

Había solicitado la palabra el congresista Vásquez. No se encuentra.

Habiéndose agotado el debate, señores congresistas, debo de mencionar, respecto a este tema, que existen precedentes en la Denuncia Constitucional 110.

En la sesión de la Comisión Permanente se vio la Denuncia Constitucional 110 el 13 de noviembre de 2013, respecto a un informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y fue la congresista Martha Chávez quien solicitó una cuestión previa para que regrese a la subcomisión, cuestión previa que se puso al voto.

Entonces, existiendo este precedente, vamos a solicitar al señor relator para que se someta a votación nominal la cuestión previa planteada.

—El RELATOR pasa lista:

Señores congresistas Chihuán Ramos (Sí); Tapia Bernal (No); Vilcatoma de la Cruz ()...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Estamos en votación.

Hemos dicho que esta votación es para consultar la cuestión previa planteada para que el Informe 301 retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Señor relator, como ha habido confusión por parte de los miembros de la Comisión Permanente con respecto a qué se está votando, vamos a empezar nuevamente la votación.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 votos en contra, nueve a favor y dos abstenciones, la cuestión previa planteada.

La señora CHIHUÁN RAMOS (FP).— Señor relator, yo voy a cambiar mi voto, me voy a abstener.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor nueve señores congresistas, 15 en contra, dos abstenciones.

Siendo rechazada la cuestión previa, de conformidad con el inciso c) del artículo 89 del Congreso de la República, pasa al archivo el informe de calificación leído y debatido.

"Votación nominal de la cuestión previa

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Andrade Salguero de Álvarez, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Mulder Bedoya, Salazar de la Torre y Letona Pereyra.

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Señores congresistas que votaron a favor: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Pacori Mamani, Aráoz Fernández y Guía Pianto.

Señores congresistas que se abstuvieron: Alcorta Suero y Chihuán Ramos."

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Señores congresistas, se va a suspender la sesión por breve término para que ingresen a la Sala de sesiones los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Aladino Gálvez Villegas, así como sus abogados defensores.

Se suspende la sesión.

—Se suspende la sesión a las 10 horas y 19 minutos.

—Ingresa al Sala de la Comisión Permanente los Fiscales Supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Aladino Gálvez Villegas con sus respectivos abogados defensores.

—Se reanuda la sesión a las 10 horas y 21.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Se reanuda la sesión.

La Presidencia saluda a los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Aladino Gálvez Villegas, así como a sus abogados defensores, quienes concurren a la Comisión Permanente para ejercer su derecho de defensa ante las denuncias constitucionales planteadas.

Se va a dar lectura a las conclusiones contenidas en el informe final y al Oficio 328-2018-2019-SCAC/CR, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sobre las Denuncias Constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288.

Tiene la palabra el congresista César Segura Izquierdo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que fundamente el informe final hasta por 20 minutos.

Congresista Segura, tiene la palabra.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Señor presidente, colegas congresistas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que presido, con fecha 20 de mayo del presente, aprobó con notificaciones las conclusiones del informe final de las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288, acumuladas, las cuales paso a leer sus conclusiones:

En contra del fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, exfiscal de la nación y el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, en la novena sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, llevada a cabo el 20 de mayo del presente año, se debatió y se votó la propuesta del informe final de las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288, acumuladas.

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Cabe indicar que por una cuestión previa planteada por los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, Oracio Pacori Mamani y Marco Arana Zegarra se modificó el sentido de la propuesta del informe final presentada por el delegado congresista Juan Manuel Sheput Moore, en los siguientes términos:

Primero.— respecto a la conclusión b), que recomendaba el archivo de la denuncia contra el fiscal de la nación Pedro Chávarry Vallejos por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal, se modificó por acusarlo por dicho delito, con una votación de seis a favor, tres en contra y una abstención.

Segundo.— Respecto a la conclusión c) que recomienda archivar la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia, previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal, se modificó por acusarlo por dichos delitos, con una votación de cinco a favor, tres en contra y una abstención.

Tercero.— Respecto a la conclusión c), que recomendaba archivar la denuncia contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas por infracción de la Constitución en el artículo 158, se modificó por destituirlo e inhabilitarlo por diez años, con una votación de cinco a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

Mediante Oficio 328-2018-2019, el 23 de mayo del presente año se remitió a la Comisión Permanente el informe de calificación del informe final para su debido análisis y debate.

Solicito a usted, señor presidente, someter a debate y votación el informe en referencia, de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Segura, habíamos obviado que se lean las conclusiones.

Así que, antes de entrar al debate, vamos a darle la palabra al relator para que nos pueda leer las conclusiones de este informe.

El RELATOR da lectura:

CONCLUSIONES:

I. SOBRE LA COMISIÓN DE DELITOS:

a) Se recomienda acusar al doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por los delitos de organización criminal y encubrimiento real, previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal, respectivamente. Y en consecuencia suspender el ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

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b) Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

c) Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia, previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal, respectivamente.

II. SOBRE LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES:

a) Se recomienda destituir e inhabilitar por 10 años al doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por las infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 del Constitución Política del Perú.

b) Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por las infracciones a los artículos 139.3, 146.2 y 159.2 de la Constitución Política del Perú.

c) Se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por las infracciones al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

OFICIO 328-2018-2019-CR

Lima, 21 de mayo del 2019

Señor congresista

Daniel Enrique Salaverry Villa

Presidente de la Comisión Permanente

Presente.

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento que en la novena sesión ordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, llevada a cabo el 20 de mayo del año en curso, se debatió y votó la propuesta de Informe Final de las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288, acumuladas, formulada contra el Fiscal Supremo Pedro Chávarry Vallejos, ex Fiscal de la Nación, y el Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas.

Cabe precisar, que por una cuestión previa planteada por los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, Oracio Pacori Mamani y Marco Arana Zegarra, se modificó el sentido de la propuesta del Informe Final presentado por el delegado congresista Juan Manuel Sheput Moore, en los siguientes términos:

1. Con relación a la conclusión b) que recomienda archivar la denuncia contra el ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos por el delito de encubrimiento personal

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previsto en el artículo 404 del Código Penal, se modificó por acusarlo por dicho delito con una votación de 6 a favor, 3 en contra y una abstención.

2. Con relación a la conclusión c) que recomienda archivar la denuncia contra el Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal, se modificó por acusarlo por dichos delitos con una votación de 5 a favor, 3 en contra y 1 abstención.

3. Con relación a la conclusión c) que recomienda archivar la denuncia contra el Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas por infracción constitucional al artículo 158, se modificó por destituirlo e inhabilitarlo por 10 años, con una votación de 5 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones.

Se adjunta al presente el informe y la asistencia de los integrantes de la Subcomisión.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración y estima personal.

Atentamente,

Congresista César Segura Izquierdo,

Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el Fiscal Supremo, doctor Pedro Chávarry Vallejos, para ejercer su derecho de defensa hasta por 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor, conforme a lo establecido en el artículo 55, literal f), del Reglamento del Congreso.

Nos está pidiendo una Cuestión de Orden la congresista Beteta.

Congresista Beteta, tiene la palabra.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, Presidente.

Sí, solamente para poner de conocimiento a la Comisión Permanente, en vista que el congresista ponente no manifestó, creo que es importante que podamos informar, si bien es cierto, nos han alcanzado el informe final presentado por el congresista ponente, que fue el congresista Sheput, donde vemos en las conclusiones que se han distribuido a los colegas congresistas, las conclusiones sobre la comisión de delitos, que hay tres incisos: a, b, c.

Y, en la parte 2, sobre las infracciones constitucionales, de la misma manera hay incisos a, b, c, no es este informe que vamos a suscribir, porque de acuerdo a estas conclusiones lo que se recomienda finalmente, si me permite, Presidente, un minuto por favor, dice:

Primero, sobre la comisión de delitos se recomienda acusar al doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por los delitos de organización criminal y encubrimiento real, previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal, respectivamente, y en consecuencia,

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suspender el ejercicio de sus funciones y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

Lo propio dice el inciso b), se recomienda archivar la denuncia constitucional contra el doctor Pedro Chávarry Vallejos por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Inciso c) Se recomienda archivar la Denuncia Constitucional contra el doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia, previstos en los artículos 317, 400 y 407 del Código Penal, respectivamente.

Quería dejar constancia, señor presidente, que no son estas las conclusiones que finalmente ha llevado la Subcomisión, es justamente la que ha dado lectura el Relator. Pero sería bueno que se nos entregue a todos los miembros de la Comisión Permanente realmente cuáles son las conclusiones que, finalmente, son las que se van a debatir, porque ahí es donde ya no se recomienda archivar, sino se recomienda...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Solamente eso quería poner de manifiesto, señor presidente, ya que de acuerdo a como está este informe para que podamos mejor aclarar a cada uno de los colegas congresistas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Sí, señora congresista, esas conclusiones se encuentran en la agenda de la sesión del día de hoy.

En todo caso, voy a encargar al Oficial Mayor para que pueda repartir el informe.

Congresista Mulder, tiene la palabra.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Sí, sobre el punto, que vendría a ser una parte anexa de lo expresado por la congresista Beteta. O sea, por información de prensa, los que no somos miembros de la Subcomisión hemos tomado conocimiento que a través de una cuestión previa se habría variado parte de lo que está contenido en el informe con relación al señor Gálvez.

Cuando uno recibe el documento con el cual se le cita para esta sesión, lo que se nos ha alcanzado es el grueso del informe que hizo el congresista Sheput, más las conclusiones que están al final; pero lo que no se alcanza, presidente, son los sustentos con los cuales se varió la propuesta del congresista Sheput en función del señor Gálvez.

Eso debería estar incluido, presidente, porque necesitamos conocer cuáles fueron las razones que se argumentaron para que se hiciera esa famosa cuestión previa y se determinase que una propuesta de archivo pasase a ser una propuesta de acusación, no lo sabemos. En ese sentido, presidente, solicitaría que también se nos alcance ese documento.

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a hacer las coordinaciones con el presidente de la Subcomisión de Acusaciones para que nos pueda alcanzar lo requerido.

Doctor Chávarry, tiene la palabra por un tiempo de 20 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor, conforme a lo establecido en el artículo 55, literal f), del Reglamento del Congreso.

El señor FISCAL SUPREMO, Pedro Chávarry Vallejos.— Muy buenas días, señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República; señores congresistas; participantes en la comisión.

En primer lugar, quiero solicitar a usted, señor presidente, se nos autorice se amplíe el término de la exposición que pensamos realizar, en razón de que en 20 minutos no vamos a poder desarrollar un informe de 80 páginas, y en 20 minutos no se va a poder resolver la situación de una persona que tiene más de 40 años de servicios, y es un momento sumamente importante y trascendental para mis pretensiones de defensa.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Doctor Chávarry, para garantizarle su derecho a la defensa, vamos a darle el tiempo que usted requiera.

El señor FISCAL SUPREMO, Pedro Chávarry Vallejos.— Ya. Muy amable, señor presidente.

Asimismo, quisiera también que usted autorice al personal que me acompaña, haga entrega de unos documentos que de alguna manera van a justificar lo que voy a exponer, documentos que son parte de la exposición que voy a desarrollar, conjuntamente con los abogados que me acompañan en este momento.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Autorizado.

El señor FISCAL SUPREMO, Pedro Chávarry Vallejos.— Asimismo, señor presidente, nos autorice la proyección, tenemos un trabajo ya realizado para que ustedes también tengan, vean con mayor amplitud lo que se va a exponer.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Autorizado el vídeo.

El señor FISCAL SUPREMO, Pedro Chávarry Vallejos.— Muy amable, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Ya está proyectado.

Proyecten, por favor, también en los televisores y lleven el control del tiempo.

El señor FISCAL SUPREMO, Pedro Chávarry Vallejos.— Señor presidente, señores congresistas, miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República.

En primer lugar, quiero recalcar y decir a ustedes que no he cometido ningún delito, que no he cometido ninguna infracción constitucional que me han atribuido estas denuncias que han presentado y que me motivan a presentarme ante ustedes para la sustentación respectiva.

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Señores congresistas, trataré de que en estos breves minutos que me conceden...

Me dirijo al recinto del pueblo, tribuna donde conocí a muchos juristas que desde su escaño parlamentario defendieron la democracia y el mandato popular, cuyo encargo tenía el fin la justicia.

Hoy se me maltrata mediáticamente porque la factura que me pasan los poderosos, acompañados de medios, saben que las atrocidades y oscuras operaciones comerciales no quedarían impunes conmigo.

Me quieren aniquilar como magistrado, un magistrado de trayectoria, un magistrado que nunca tuvo ningún problema disciplinario y, por el contrario, fui un magistrado y soy un magistrado que siempre aportó a las instituciones donde laboró: Poder Judicial y Ministerio Público.

Desde este recinto algunas voces senderistas, a quienes declaré la guerra cuando fui fiscal provincial en la década de los ochenta y hoy purgan condena como asesinos, y lo volvería a hacer de ser el caso, de lo cual no me arrepiento.

Me quieren silenciar. Y me quieren silenciar los orellanas, aquellas personas que delinquieron y a quienes como fiscal supremo de Control Interno investigué, porque yo tuve mucha participación en la investigación de estos hechos, incluidos jueces y fiscales.

De esto puede dar fe, me voy a permitir mencionar al congresista García Belaunde, que yo formé comisiones que viajaron a Ucayali donde detectamos las irregularidades que se venían cometiendo. Quizá un sector de este grupo delincuencial esté detrás también de estas falsas imputaciones que me hacen.

El IDL y el Ejecutivo, ustedes bien saben, con más de 2 mil portadas periodísticas y una sistemática desacreditación a mi persona.

Tengo que decirlo porque es mi defensa y tengo que decirlo porque es la verdad.

El señor presidente de la República, el señor Vizcarra, no quiere que se sepan temas de corrupción.

El señor Vizcarra se molestó cuando yo reabrí el Caso Chincheros. Este proceso, como se sabe, y la democracia lo permite, el 2021 se va a acreditar y se va a investigar como debe ser.

Será denunciado por posibles actos de corrupción. Quizá por eso no me perdona.

Los del Club de la Construcción no me pudieron comprar el silencio.

Yo lamento que en el Ministerio Público hoy en día las cosas no estén claras al respecto, y no se pongan la camiseta de luchar contra la corrupción y se ponen de rodillas ante intereses privados que vienen perjudicando al país.

Cómo es posible que un fiscal que ha luchado y que sigue luchando contra la corrupción mafiosa de Orellana y lucho contra Sendero Luminoso, este Congreso democrático me

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quiera eliminar, me quiera sancionar, y a aquel que defiende a Sendero Luminoso y califica como guerrilleros a los asesinos del pueblo y transgrede el respeto jerárquico, que lo viene efectuando en el Ministerio Público, "ordena" que me cesen.

Es el mismo que firmó el preconvenio entreguista con Odebrecht. Es el que se dedicó a perseguir políticos y partidos que no son de su agrado, siguiendo una línea de trabajo que realmente viene de alguna manera enlodando lo que significa el trabajo del Ministerio Público.

Sabemos de la incomodidad del gobierno. No tienen porqué molestarse porque fue mi trabajo el de ser fiscal de la Nación y efectuar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de hechos graves de corrupción.

Yo soy independiente. Soy una persona apolítica. Soy una persona que defiende la autonomía del Ministerio Público. Y eso nadie lo va a cambiar, así se molesten algunos colegas, felizmente pocos, y así se molesten algunas personas que me han denunciado con ese motivo.

Asimismo, en el camino que he cursado durante siete meses en el cargo y ahora seis meses fuera de él como fiscal supremo, he aprendido a definir, he logrado entender lo que vino sucediendo.

Tengo que decirlo también porque es la gran oportunidad, los designios de IDL y del Ejecutivo han marcado pautas en mi vida profesional.

No defiendo ni defenderá a la corrupción ni a los corruptos, pero tiene lógica, por ejemplo, que al ex Presidente Democrático, el doctor Alan García, lo hayan querido tener sin acusación fiscal y sin ningún indicio.

Hoy lo digo porque no tengo el cargo, ya no tengo compromiso, yo no resuelvo, no investigo, ya está en manos de otras personas. Pero hoy sí lo voy a decir.

Sabiendo además que tenía que asistir este señor que en paz descanse, tenía que asistir un 17 de abril a las diez de la mañana a la Fiscalía.

Se efectúa un allanamiento un día se Semana Santa, a mí sí se me cuestiona por haber cesado a los fiscales que estaban actuando de mala manera un 31 de diciembre; sin embargo, qué podemos decir cuando se hace un allanamiento en Semana Santa para los católicos.

¿Tiene sentido que la señora Keiko Fujimori tenga que afrontar treinta y seis meses de prisión preventiva, señor Presidente sin acusación fiscal, y lo que es más grave, sin que se haya aprobado siquiera que haya recibido dinero directamente de alguien?

Contra ello, iba mi trabajo, era de saber y no de defender a nadie porque todo tiene un procedimiento regular, era defender el principio de la defensa y también la presunción de inocencia.

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No podemos encerrar a una persona treinta y seis meses para ver si recién le encontramos responsabilidad o no. Esto es muy grave, señor Presidente.

Y eso nunca lo he visto en mis ya casi cuarenta y un años de servicio, siempre hemos debido tener cautela, hemos debido de ser ponderados, siempre hemos tenido que tener equidad en el trabajo para poder calificar una denuncia.

También, señor Presidente, es parte de mi función solicitar el informe que solicitaba a los fiscales del equipo especial, y no solamente a ellos sino a cualquier fiscal de cualquier nivel a nivel nacional. Nunca un fiscal de inferior jerarquía se ha quejado porque el fiscal de la nación le ha solicitado una información por determinados casos.

En el día a día, desde el despacho se observan casos sumamente delicados que ocurren a nivel nacional y nos vemos obligados nosotros a solicitar informe. Y de ser mayor gravedad el caso, viajamos a provincias. Viajamos a provincias para solucionar y ver qué está pasando y si es posible apoyarlos con equipo de trabajo, con fiscales, con material logístico. Para eso estamos.

Los fiscales de la nación no estamos para tener únicamente el grado y recibir la pleitesía del caso ni andar con la medalla río abajo, no el fiscal de la nación tiene que hacer gestión. Y eso es lo que yo siempre he hecho y eso es lo que quise hacer hasta el último día en que tuve a cargo la función.

Cómo es posible, señor Presidente, señores congresistas, y no dejo de mentir cuando yo les puedo decir que basta ver en la televisión en la forma cómo un tratamiento tan diferenciado de la señora Keiko con la señora Villarán. Un poco más y a la señora Villarán le piden, por favor, si pueden acompañarnos a la carceleta; a la señora Keiko le pusieron el chaleco con el membrete de detenida y esa es una bajeza, eso de alguna manera es dañar la imagen de una persona que todavía está sujeta a una investigación.

Pero ahí está la señora y que no tengo nada contra la señora Villarán, pero a la señora Villarán le ponen dieciocho meses de prisión habiéndose acreditado que ha recibido 10 millones de dólares, porque ella misma lo ha dicho, ¿por qué ese trato diferenciado?

Eso es lo que molesta, eso es lo que incomoda, la falta de ponderación, la falta de seriedad y la falta de equidad, en el tratamiento de los casos que ellos llevaban.

Fue uno de los motivos por el cual yo tomé la decisión de dejar sin efecto su nominación.

También se me cuestiona por solicitar informes del caso de los cuestionamientos al preacuerdo de Odebrecht. Y quiero hablar que es un preacuerdo, nuca fue acuerdo, es un preacuerdo que hasta ahora no se define en los órganos jurisdiccionales.

Una reparación civil que inicialmente se habló de cinco mil quinientos millones de dólares, diversas cifras que luego fueron bajando y posteriormente, se arribó a la suma de 610 millones de soles pagaderos en 15 años, había que dar una respuesta.

El Congreso de la República, muchos congresistas me han solicitado informe al respecto, tengo los cargos, ya los hemos acompañado con el auxilio, con el apoyo de la defensa

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legal, hemos acompañado los cargos de los congresistas que me solicitaron la información porque había motivo de preocupación. Y no con el afán de cambiar las cifras o el afán de intervenir como Fiscal de la Nación, porque esa atribución debe de quedar en claro, yo lo tengo en claro.

La autonomía y la independencia del fiscal provincial está clara, el problema era saber que estaba sucediendo y porqué yo cuando en un 17 de diciembre de 2018, le solicito información al respecto, un 17 de diciembre me dijo que no me lo podía dar porque era reservado, imagínense, el Fiscal de la Nación no recibe esa información.

Ahora, era una información en términos generales, no era una información minuciosa, detallista, porque al final yo le podía decir, sabes qué, no me gusta esta cifra pero el que iba a definir esa cifra era él. Eso es lo que sucedió.

Lo que pasa es que las facilidades después que le dieron pues a este preacuerdo que por suerte todavía no se define, no se resuelven por el órgano jurisdiccional, tiene que ser revisado. Respeto lo que va a decir el Poder Judicial, porque hay que respetar las instituciones. Porque la formación que tengo y la formación que tenemos los fiscales es de respeto a la autonomía de las instituciones.

Cosa que no se ha venido efectuando precisamente por la persona que debe dar el ejemplo, el señor Vizcarra, el Presidente de la República. Habría que darle respuesta a la colectividad jurídica, había que darle ese apoyo técnico para cautelar los intereses del Estado, formación de equipos de trabajo, de técnicos, formación de especialistas, de economistas, de contadores, de organismos afines, a fin de que los puedan orientar al fiscal, pero el fiscal no escuchó nada, no quiso nada.

Por el contrario, me denunció por obstrucción a la justicia, al final, quiero dejar bien en claro que el Fiscal de la Nación en el cargo no es un cuadro, no es un retrato, no es alguien que está pintado en la pared, es una personas que debe de dar pautas y debe de dirigir realmente a una institución.

El acuerdo no ha sido aprobado, como reitero, y al final nunca me dieron la información, pero si me denunciaron. Pero sí yo para conocer lo que realmente venía sucediendo, reitero, el día 17 de diciembre le solicito la información al grupo especial, al coordinador.

Pero sin embargo, ya el día ocho, ocho días antes ya estaba colgado en la página de IDL, ¿cómo podemos permitir esto, señor?, este fue uno de los motivos por el cual también cesé o deje sin efecto la nominación por la falta de seriedad y por atentar ellos mismos contra la reserva que debe tener un procedimiento regular.

Señor, voy a ser muy breve en cuando a los cargos, muy breve, muy breve a los cargos, porque ya mis colegas abogados van a definirlo.

Se dice, Pedro Chávarry habría mantenido una relación estrecha con Hinostroza, líder de la organización criminal “los cuellos blancos”. Debo de indicarle, señor presidente, señores congresistas, que a César Hinostroza los conozco de muchos años y no es

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porque sea una persona muy íntima a quien le habla, sino es una persona de la carrera judicial igual que yo.

Yo antes de ser fiscal he sido juez y nos hemos reunido en actividades académicas, no solamente con él por supuesto, sino con todos, con todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, puesto que siempre yo he tratado de vivir en comunidad y de la mejor manera, siempre cautelando los intereses de nuestras instituciones.

Se dice pues que en el informe del ingeniero Sheput, ha manifestado pues que se ratifica la relación o la vinculación de Pedro Chávarry con César Hinostroza y la vinculación con “los cuellos blancos”, porque soy amigo de Hinostroza, porque se acreditado la relación de amistad que tengo, la cercanía que tengo con César Hinostroza.

Esto puede ser un ilícito, eso podría ser criticable a una persona, eso se podría decir, no quiero mencionar nombres, para un congresista que era muy amigo del Presidente Toledo, también hay que comprenderlo en el caso Ecoteva. Porque eran muy amigos. Ese criterio no se puede mantener, señor presidente, señores congresistas.

Porque no solamente es una falta de respeto, sino que también es una situación que debe preocupar, porque manera de calificar, como les explico, pues, imagínense, la organización de "Los cuellos blancos" cuánto habría crecido si es que hubieran comprendido a todos los amigos del señor Hinostroza.

Dice que la mencionada organización —este es otro punto, señor— criminal habría apoyado a mi persona, para que en el proceso de ratificación como fiscal supremo, el Consejo Nacional de la magistratura.

Me vinculan con el Consejo Nacional de la Magistratura, lógicamente, pues, porque éramos organismos afines, operadores de justicia, y que siempre nos reuníamos a trabajar aspectos de proyectos, de comisiones, aspectos institucionales, sobre todo, porque como presidente de la Academia de la Magistratura era parte integrante del Acuerdo Nacional, y que periódicamente nos reunimos para tratar temas que involucraban a nuestras instituciones. Esa es la relación que tengo con ellos, una relación muy afectuosa, muy respetuosa, que el cargo ameritaba, y es por ello que yo me reunía con ellos.

Sin embargo, debo agregar, señor, también, la defensa ha presentado un escrito en que está acompañando una resolución en cuanto a la tan mencionada alteración de notas. Es un tema que también ha merecido muchas portadas en muchos diarios y han sido reiterativas, a pesar que ya en un primer momento la subcomisión archivó este tema, pero la vuelto a reactivar, en la que se dice que yo alteré mis notas para pasar la ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Señores, debo decirles que no es verdad. El proceso de ratificación la efectúa el Consejo Nacional de la Magistratura, y yo, de ninguna manera, podría alterar esas notas. Tenía que ingresar al sistema de ellos, como dicen, cambiar el sistema, agregar otras notas, a fin de favorecerme.

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Ya ha salido una resolución de la Fiscalía que ha tenido a cargo la investigación, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, la que ha investigado a los técnicos que tenían a cargo el Área de Informática del CNM, y arribó a la conclusión de que no encuentra responsabilidad alguna de parte de estos funcionarios. Por el contrario, indica que todo se debió a una falla técnica, que fue solucionada.

Y también pueden ver ustedes en la transcripción del acta de votación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, quienes en el debate han indicado: "Sí, efectivamente, se rectificó, ahora sí procedemos a la ratificación del doctor Chávarry". No solamente yo, sino muchos de las otras personas que estaban también inmersas en la convocatoria del CNM.

Qué responsabilidad puedo tener yo que la máquina haya fallado.

Y modestia aparte, como dije en la subcomisión, yo no he necesitado de nadie. Yo he sido un funcionario de primer orden, calificado debidamente. Yo he sido una persona que ha corrido mucho en lo que significa la carrera. Como fiscal he trabajado en todos los niveles, como juez instructor y luego como fiscal en todos los niveles, y he obtenido todos los cargos: fiscal provincial, fiscal superior, presidente de la Junta de Fiscales Superiores, he sido fiscal supremo, he sido miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones, he sido presidente de la Academia de la Magistratura. Y con estos antecedentes, ¿necesitaba que alguien me suba un punto o me ayude en la ratificación? Eso quiero que quede claro, señores.

La organización criminal habría apoyado —indica otro cargo que me hace el informe del señor Sheput— la elección de Pedro Chávarry como fiscal de la Nación.

Señor, ese día de la subcomisión, con mis abogados que me han acompañado, nos hemos excedido en el tiempo y con las preguntas, hemos aclarado todos los aspectos. Hemos dicho que yo, desde el día 15 de mayo del 2015, ya estaba designado como fiscal de la Nación. Ya se había acordado por junta que quien continuaba en la función era el fiscal supremo más antiguo, y era yo. Y el día 7 de junio del año pasado me nominaron. Me nombraron, se ratificó, con el apoyo también de los dos señores fiscales supremos que posteriormente se integraron a la Junta de Fiscales Supremos, los nuevos, mejor dicho, quienes también justificaron mi presencia como fiscal de la Nación.

Entonces, toda esa historieta que han creado, que "Los cuellos blancos", que intervino zutano. No, aquí no intervino nadie, solamente la junta.

Entonces, esa imputación que la organización criminal habría dicho que yo sea el fiscal de la Nación. Eso es falso, completamente. De lo contrario, pues, teníamos que comprender a la Junta de Fiscales Supremos que me eligió también como cuellos blancos pues. ¿Por qué únicamente yo y el doctor Gálvez Villegas?

También, señor, se dice que yo habría omitido dolosamente denunciar a César Hinostroza como miembro de una organización criminal. Muy brevemente también, ya los estamos ilustrando con las copias que estamos acompañando, decirles que yo, efectivamente, denuncié a los tres, cuatro días de que yo asumí el cargo a César Hinostroza con los tres miembros del exCNM por delitos de cohecho activo, cohecho

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pasivo, recuerdo, y negociación incompatible, y formalicé la denuncia ante el Congreso de la República.

Después de tres días amplía el procurador la denuncia por organización criminal, y para esto yo ya había remitido, ya me había excusado de estos casos porque apareció el famoso audio en la que tengo una conversación con César Hinostroza, en la que él me pide una constancia que no tenía procesos de enriquecimiento ilícito. ¿Y por qué me lo pide a mí? Porque los trámites de enriquecimiento ilícito se efectúan en el despacho de la Fiscalía de la Nación, y yo estaba a cargo del despacho de la fiscalía de la Nación.

Le indiqué que tenía que presentar una solicitud mientras indagaba si efectivamente tenía su documentación, pero nunca se le entregó nada, porque nunca presentó su solicitud con la cual tendría que regularizar el trámite. Ese es el famoso audio con el cual pretendieron impedir que yo juramentase como fiscal de la Nación.

¿Y por qué no ha tenido esto eco? Precisamente ha pasado tanto tiempo y, ¿por qué no ha tenido eco? Porque no tiene consistencia, señor Presidente, señores miembros de la comisión, no tiene consistencia. Todos los cargos no tienen consistencia. A mí nunca me han llamado ni por los cuellos blancos nada, ¿por qué? Porque no hay, no hay.

Yo he escuchado hablar de esta organización criminal, no sé si existirá o no, pero nunca me han citado, y no conozco a la mayoría de ellos, solamente conozco al señor Hinostroza y a los tres miembros del exConsejo Nacional de la Magistratura, por los cuales yo siempre he guardado respeto, y si tiene algún problema pendiente ellos asumirán su responsabilidad. Si los tuvieran.

Hay una prueba relacionado al señor, y eso tengo que dejarlo muy en claro. A mí me preocupa el tratamiento, felizmente no todos, que algunos congresistas digan que tienen una prueba. Yo soy fiscal de formación y ustedes han tenido esa atribución, ustedes, en la primera etapa, tienen la función de ser fiscales. Ustedes nos están fiscalizando. Usted tiene que aportar las pruebas para que nosotros podamos ser, de alguna manera, sancionados si incurrimos en responsabilidad.

Una de las aseveraciones del ingeniero Sheput, es decir, es cuando indica que “tengo 120 pruebas en contra”, que me perjudica, que mancha; sin embargo, señor, las 120 pruebas famosos son 120 publicaciones de diario El Comercio, La República, Perú 21, IDL. ¿Esas son pruebas? ¡Por favor! Y las ONG que no se quedan atrás, que siempre están detrás de uno cuando uno no piensa como ellos.

Finalmente, señor, debo indicarle que en los 41 años de servicios en el sistema de justicia he sido secretario de tribunales, secretario general de la Corte Suprema, juez de paz letrado de Lima, juez penal instructor de Huaral, fiscal provincial, fiscal superior, presidente de la Junta Fiscales Superiores, fiscal supremo, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, presidente de la Academia, fiscal de la Nación. Siempre he actuado dentro del marco de la Constitución y de la ley, destacando además que durante este lapso de tiempo jamás, señor, fui objeto de ninguna sanción. Todo comienza el 20 de julio del año pasado en que juré como fiscal de la Nación y comenzaron a llover las denuncias.

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Sí, desde esa fecha en la que el presidente de la República no asistió a mi juramentación porque seguramente no soy de su agrado, o de repente le recuerdo a alguien de su actividad de constructor, con el cual no ha tenido una buena relación.

Para acceder al tan honroso cargo, importante y honroso cargo, mi elección respondió al cumplimiento de los acuerdos que ya les he referido y también lo he explicado con las actas, les he acompañado a las actas, hoy, y también les he acompañado con el escrito, el recurso que ha presentado el doctor Julio Rodríguez, graficando lo que significa la forma cómo me nominaron.

Aquí no hubo personas extrañas, aquí no hubo cuellos blancos ni cuellos negros ni de ningún color, aquí hubo la autónoma junta de fiscales supremos, la que me designa, por aclamación, por aclamación. Nadie me cuestión, por aclamación, a propuesta de la señora Zoraida Ávalos, actual fiscal de la Nación, y con las más efusivas felicitaciones del señor Pablo Sánchez Velarde.

Siempre he defendido la autonomía y la institucionalidad del Ministerio Público y he luchado contra la corrupción, es por eso que a mí me afecta mucho cuando alguien interfiere en el trabajo de un fiscal. Si a mí me molesta, yo menos voy a interferir en la labor de mis fiscales en ese momento, los fiscales que dependían de mí. Por el contrario, lo único que buscaba era robustecer su trabajo, robustecer la autonomía, y no que personajes de otro poder vinieran a presionarlos para que de alguna manera cumplan objetivos ajenos a la función del Ministerio Público.

Sin embargo, no tuve respaldo, más por el contrario, fui víctima de incesantes ataques, publicaciones en los diarios, slogans en los aparatos publicitarios de la ciudad que corrían la publicidad luminosa donde decía "Chávarry cuello blanco", con el logo de América Televisión; "Chávarry de fue al estadio con Camayo", Chávarry, esto, Chávarry, el otro. Bueno, esa campaña la han desatado en contra de mi persona, pero yo si me mantuve era porque, la verdad, que me dolía que mi institución quedase en manos de personas sin escrúpulos, personas que no hicieran respetar a nuestra institución, más aún que ellos cuentan con el apoyo —y reitero— de la ONG, la de IDL, y lo voy a decir, que causa tanto daño a la administración de justicia, señor presidente, mucho daño. Durante muchos años ellos quieren siempre prevalecer y que sus ideas siempre sean preliminares y conocer, ellos quieren anticiparse a cualquier gestión.

El cuestionamiento a mi persona por la supuesta intromisión por haber solicitado informe a la situación del estadio y el estadio procesal de algunas investigaciones, sin querer reconocer que el fiscal de la Nación, yo puedo pedir como fiscal de la Nación información, yo soy el responsable de la institución. Si pasa algo en el Ministerio Público, a quién llama el Congreso? ¿Quién tiene que informar? ¿Acaso nosotros somos adorno, acaso estamos —disculpen el término— pegados en la pared como para decir "aquí no puedo hacer nada porque el fiscal no me quiere dar información"?

En cualquier institución, la jerarquía prevalece. No es posible que esto esté ocurriendo en el Ministerio Público.

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El señor fiscal provincial Pérez, y lo voy a decir, el señor ahora pretende no solamente faltarme el respeto, sino también pretende decir que el fiscal supremo que va a ver el caso o la casación de la señora Fujimori hay que cambiarlo, y también al juez del Poder Judicial, interfiriendo también con otra institución que no le gusta ese juez, que hay que cambiarlo, porque también según él es "cuello blanco". Esa es una falta de respeto, señor, y yo creo que ya con el tiempo quizás esto podamos cambiar y expectorar a esa gente que no respeta jerarquías. Él no puede, puede, podía discrepar conmigo, lo admito, somos seres humanos, pero con altura, con formas, para eso nos forman, para eso el Estado gasta dinero en capacitarnos, en darnos viajes, como él viaja mucho, para poder capacitarnos y hacer respetar.

Este señor ha viajado al extranjero a difamar, a hablar mal de su fiscal.

Yo cuando he viajado al extranjero qué voy a hablar mal de alguien, ¿no?, lo único que yo tendría que hacer es regresar a mi país y tratar de enmendar y decirle "fíjate, te has equivocado, vamos a ayudarte". No salir del país a hablar mal de su jefe o su superior en el cargo.

Los actos de rebeldía e insubordinación y faltamiento reiterado de respeto a la autoridad y jerarquía de la máxima autoridad del Ministerio Público, proveniente de los fiscales, a quien mismo yo designé a estos fiscales, yo los designé, confié en ellos, pero miren, en fin, errar es humano, también Jesús se equivocó, ¿no? Por un excesivo protagonismo y la inversión de competencias ajenas que atacan la base de la institucionalidad me hizo asumir la decisión de dar por concluida la designación, nombrando a otros fiscales muy competentes, muy competentes, pero sin embargo, la desmedida reacción del presidente de la República, ustedes recordarán, quien vino desde Brasil con un proyecto de reorganización del Ministerio Público debajo del brazo, a decir que había que reorganizar, entonces yo me sentí un poco incómodo, porque muchos de los fiscales iban a decir que por mi actuación iban a proceder a reorganizar y sabrá Dios como lo pensaba reorganizar, y ante esa eminente intervención del Ministerio Público me vi obligado a renunciar al cargo con mucha pena, porque quien después de 40 años llegar al máximo cargo, es una bendición llegar a ese cargo, pero también es una situación muy triste cuando no se encuentra el apoyo necesario para poder desarrollar el trabajo.

Tuve muchas ganas de hacer las cosas, tuve un proyecto muy bueno, con un grupo de fiscales preocupados siempre por el Ministerio Público, pero no se pudo hacer, pero al final, nadie es imprescindible, quizás vengan personas mejores que yo, que las hay, y ojalá que hagan respetar la autonomía y la independencia del Ministerio Público.

Al final de cuentas, cuando quise cambiar, di por concluido a los fiscales que iban a regresar a sus puestos, no como dicen las ONG, los destituí, no, no, ellos iban a regresar a sus puestos, iban a ganar igual, iban a venir otras personas, esa persona luego ante la intervención del presidente de la República, dijeron, doctor la situación está muy difícil, la coyuntura nos permite, bueno, me explicaron durante una hora y me pidieron dar un paso al costado.

Señor Presidente, cuando yo quise poner otros fiscales, porque hay fiscales muy buenos, hay fiscales de mucha capacidad, de mucho respeto, nadie quiso, nadie quiso porque

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todos tenían en su mente la imagen del presidente de la República con su texto de reorganización, su proyecto de reorganización del Ministerio Público. Bueno, tuve que aceptar la declinación y tuve que aceptar que permanezcan ellos, dejar sin efecto la resolución y que ellos permanezcan en el cargo.

También debo decirle finalmente, señor, momentos que viví, que no me quejo pero es parte de esto, tuve que declinar también por la constante amenaza de la turba violenta organizada contra mi hogar y mi familia, seguimiento a mi esposa, a mis hijos, a mis familiares, llamadas telefónicas amenazantes, ya era una situación que la verdad era sumamente preocupante, y yo me sentía realmente muy mal; tuve que dejar sin efecto, como repito, la designación.

Finalmente, la ilegal invasión al allanamiento que fue materia de lo que ustedes han debatido en los primeros minutos, no es el tema hoy día, pero también fueron actos de provocación, porque un fiscal provincial no puede allanar una oficina de un superior, de un Fiscal Supremo, y menos de un Fiscal de la Nación, y eso en su momento lo vamos hacer valer.

Termino, señor Presidente, reiterando no haber cometido ningún delito, ninguna infracción constitucional, a los señores miembros de la Comisión Permanente mi carrera profesional ha sido limpia, y seguirá siendo limpia, porque de esa manera me han formado mis padres, de esa forma me he formado yo, de esa manera me he cultivado yo y con la gente que siempre me ha rodeado, no de malas personas, no de cuellos blancos, sino con gente buena, gente de buena disposición y gente honesta.

Por ello, señor, dejo en manos de todos ustedes, y quiero que tengan en claro, señor Presidente, señores miembros del Congreso, yo no vengo a pedir un favor, yo les vengo a pedir justicia.

Gracias, señor.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Gracias.

Bueno, ha solicitado compartir su tiempo con sus abogados defensores. En vista que ha utilizado un tiempo bastante excesivo para su intervención, voy a pedir a los señores abogados que traten de ser lo más concisos posible.

Tiene la palabra el abogado defensor.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Carlos Fernando Mesía Ramírez.— Muchas gracias, señor Presidente, señores congresistas.

En su introducción el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace una distinción entre el juicio político y el antejuicio político, y para eso se vale de una sentencia del Tribunal Constitucional, esa sentencia del Tribunal Constitucional ha dejado establecido que el antejuicio político, además como ustedes lo saben, es por los delitos que se cometen en el ejercicio de la función. Y el llamado juicio político lo parangona o lo iguala con la llamada infracción constitucional, que, como ustedes saben, también está en el artículo 99.° y 100.° de la Constitución.

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Pero tanto el tribunal como el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales señalan que para que procedan las infracciones constitucionales, porque del antejuicio político se va a encargar el doctor Julio Rodríguez, en la medida que el antejuicio es por los delitos que se cometen, para que procedan las infracciones constitucionales tiene que tratarse de conductas que no constituyan ilícitos penales (página 29 del informe Sheput o del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales). Y, sin embargo, aquí hay un problema lógico: "Las infracciones constitucionales son una conclusión de los supuestos ilícitos penales", y eso no es posible, porque en la página 29 se dice: "se tiene que tratar de conductas que no supongan ilícitos penales".

Entonces, ya el informe empieza mal, porque hoy en día, en esta sede del Parlamento, ya nos olvidamos de los periódicos, nos olvidamos de las opiniones, de los pareceres, el debate se centra hoy en día en el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque ese es el informe que tiene que aprobar el Congreso, que tiene que aprobar la Constitución, y este es el informe, en el hipotético o supuesto caso que sea aprobado por el Congreso, el que va a servir como denuncia ante el Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial va a aprobar esto? Es la primera pregunta que tiene que hacerse el Congreso.

Bueno, lo que sucede —si me permiten señores congresistas— es que desde la Constitución de 1923, por una influencia de la Constitución gaditana de 1812, en el Perú se hablaba del antejuicio político y de las infracciones a la Constitución. Se decía, que cada vez que se aperturaba o se abría las sesiones del Congreso, el Congreso tenía que ver si es que los funcionarios de la República habían cometido delitos o habían infringido la Constitución. Y siempre fue lo mismo.

Pero la Constitución de 1993 hizo un deslinde, o hizo, digamos le dio otro matiz diferente, hizo que la infracción constitucional se convirtiera..., para Domingo García Belaunde seguía siendo el antejuicio político (este es un debate doctrinario); mientras que al presidente Valentín Paniagua, otro constitucionalista, decía: "no, es el impeachment, es el juicio político de los Estados Unidos".

Este debate doctrinario lo zanjó el Tribunal, señalando, y además lo zanja el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque dice: "es la infracción constitucional de juicio político". Entonces, si es juicio político, efectivamente, como dice el informe, no puede tratarse, no se puede destituir a una persona por ilícitos penales, porque ustedes no son jueces, los jueces están en la avenida Abancay o al frente del Hotel Sheraton.

Y si vamos a ir a las infracciones constitucionales, las conductas para declarar a un funcionario del Estado, pasible de destitución por haber infringido la Constitución, tiene que ser distintas a las conductas que se señalan en los tipos penales que forman parte del antejuicio político.

Y permítanme decir que ahí hay entonces un serio problema de lógica, porque el informe acepta que hay infracción constitucional, el informe acepta que tiene que ser conductas que no constituyan ilícitos penales, pero concluye diciendo "que el señor, el fiscal

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Chávarry, ha cometido infracción a la Constitución, y señala las conductas supuestamente típicas antijurídicas y culpables". Ahí hay un problema de error. Hay un problema de lógica en el propio dictamen de la comisión.

Pero además hay otro problema, que es el siguiente: El informe —porque tengo que reducirme al informe— dice que este Pleno, que el Congreso debe respetar el debido proceso, lo dice. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿se puede sancionar sin pruebas? Estoy seguro que todos ustedes responden que "no". Le puedo preguntar: ¿forma parte del debido proceso el derecho de ser oído? Claro. Acá estamos. El señor Chávarry viene con dos abogados.

Quién podría decir que no hay derecho a la defensa. Pero es porque hemos avanzado en democracia, aunque parece que hoy día vamos a retroceder.

Recuerdo que en el año 1991, el presidente Alan García quiso darle el uso de la palabra al abogado Francisco Chirinos Lizares, y quien en ese entonces presidía la comisión Ántero Flores Aráoz le dijo: "Usted no puede venir con abogados acá".

Tuvieron que pasar siete años más, cuando fueron destituidos tres magistrados del Tribunal Constitucional, para que la Corte Interamericana dijera que el debido proceso no solo se respeta en sede jurisdiccional sino también en sede administrativa y en sede política.

Entonces, yo les hago una pregunta.

¿Cualquier ciudadano no podría ver peligrada su libertad, peligrada su propiedad, peligrada su familia si es que puede ser llevado a un juicio, destituido, vejado, infringido en sus derechos fundamentales por unas conductas que no han sido tipificadas?

¿Algún ciudadano en este país que quiere ser democrático o que se reputa democrático, podría ser llevado a un proceso y decirle: "Tienes razón pero vas preso"?

¿Puedo yo sancionar a un funcionario del más alto nivel, un ex fiscal de la Nación, con una foja de servicios intachable durante 40 años, en un informe donde se dice que el Congreso de la República no necesita tipificar las infracciones constitucionales?

Es más, en el informe, si ustedes me permiten, se dice: "La ausencia de normas de tipificación no elimina la atribución constitucional del Parlamento de emitir juicios políticos por responsabilidades políticas".

Claro, el Parlamento puede emitir juicios políticos. Cómo no, si este es el lugar donde se tiene que debatir. El Parlamento puede hacer juicios políticos, pero no puede hacer sanciones políticas sin el debido proceso.

Entonces, desde el punto de vista de lo que quiero decir es lo siguiente. Que vemos dos errores, para terminar.

El primero, que no están tipificadas las infracciones constitucionales. Entonces, es un grave retroceso si es que el Parlamento aprueba o permite seguir aprobando sanciones

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por 10 años, inhabilitaciones por 10 años, sin que las conductas no estén previamente señaladas.

Y en segundo lugar, como lo dice el propio informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, yo tengo que decir cuáles son las conductas que infringen la Constitución pero que no constituyen delitos.

Porque si las conductas que constituyen delitos yo las señalo como infracción constitucional, estoy cometiendo un grave error. Porque, entonces, estoy violando... Y si le aplico la sanción, entonces estoy violando el principio de presunción de inocencia.

Y el Tribunal Constitucional lo ha dicho muy claramente: Cuando se trata de conductas típicas —vamos a ver si son típicas, hablará el doctor Rodríguez— el Congreso no puede sancionar. Tiene que esperar lo que el Poder Judicial dice.

Ahí tenemos el caso de Martha Chávez. Si no me equivoco, creo que fue del año 2001 al 2006. A Martha Chávez se le levantó el fuero, fue al Poder Judicial, y después de cinco años vino declarada inocente.

Entonces, vamos a inhabilitar por 10 años a una persona por una infracción que no está tipificada y calificando conductas que, en primer lugar, aparecen como delitos, no. Esas conductas no pueden ser calificadas para sancionar, porque esas conductas tienen que ir al Poder Judicial.

Y por otro lado, para terminar porque sé que hay poco tiempo.

Señores, yo, no faltarles el respeto, lo reto... No es la palabra retar pero es la que se viene en este momento. Discúlpenme.

Díganme en qué página de las 100... ¿en qué folio de las cien páginas del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Hay una, una página en la cual ustedes puedan decir: esto constituye un delito. Porque fíjense, solo a manera de ejemplo porque a manera de ejemplo basta un botón, y con eso termino, señor Presidente.

Fíjense en lo que dice el último en la página 41: El doctor Pedro Chávarry siendo fiscal de la nación no denunció a ex altos funcionarios presuntamente involucrados en la Red de los Cuellos Blancos del Puerto, por el delito de organización criminal.

O sea, es delito no denunciarlos, pero resulta que el fiscal de la nación en ese entonces el señor Pedro Chávarry, se había inhibido porque había el problema que en la prensa habían salido los audios. ¿Y quién fue el que hizo la denuncia, quién fue el que omitió —como dice acá— incorporar a los miembros de los Cuellos Blancos? Fue el doctor, el fiscal Pablo Sánchez, no fue el doctor Chávarry.

Entonces, como se trata de esto le corresponde al doctor Rodríguez. Yo lo dejaría ahí señalando solamente que no se puede declarar infracciones a la Constitución con conductas que ustedes consideran que son delitos, son dos cosas distintas porque así lo ha entendido la Constitución de 1993.

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Porque si se trata de conductas típicas antijurídicas y culpables, ustedes tienen que esperar lo que diga el Poder Judicial, que podría declararlo inocente.

Y en el informe, las conductas típicas antijurídicas y culpables, sirven para decir que se ha infringido a la Constitución, cuando el mismo informe dice que las conductas que son infracciones constitucionales, no son ilícitos penales.

Yo creo que con una contradicción en esos propios términos, el informe se cae por lo menos en la parte de la infracción constitucional.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Doctor Rodríguez, tiene la palabra.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Julio Rodríguez Delgado.— Muchas gracias.

Muy buenos días, señor Presidente, señores miembros de la Comisión Permanente.

Tres delitos, asociación criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal, eso se le atribuye al doctor Chávarry y debo decirles que los argumentos plasmados en el informe aprobado, son argumentos que ni siquiera mis alumnos de primer ciclo pasarían por alto y evidenciar que no hay un solo elemento de prueba, ni uno, porque si hubiese un elemento de prueba tal vez discutiríamos si ese elemento de prueba es válido para acreditar algo.

Pero todo lo que se ha presentado, señor Presidente, es absolutamente fantasioso, construcciones subjetivas, conjeturas que no tienen ningún respaldo. Vayamos a verlas para que ustedes se puedan dar cuenta que este informe respecto al primer delito y al más importante, que es asociación criminal no tiene una sola prueba.

Miren ustedes, asociación criminal supuestamente se establece porque el doctor Chávarry era amigo del señor ex supremo Hinostroza Pariachi.

La pregunta de la hicieron en la subcomisión y la respondió el señor Chávarry, no son amigos, son personas que se conocen sobre la base de una relación funcional. Y la pregunta más obvia, ¿el doctor Chávarry ha departido alguna vez en la casa de Hinostroza, lo ha hecho Hinostroza en su casa, se conocen sus familias? No.

La única relación que tenían era funcional, ¿y por qué se llamaban y por qué se reunían periódicamente? Presidente de la Academia de la Magistratura el doctor Chávarry, vicepresidente el doctor Hinostroza, ¿tenían que coordinar y reunirse? Sí, de manera periódica.

¿Eso lo hace miembro de una organización criminal? La resolución emitida en España ha sido categórica y clara, el uso de los vocablos, la forma amical o familiar de tratarse, no constituye en elementos de asociación criminal.

El doctor Mir Puig lo dice claramente, ser amigo de alguien no constituye ningún delito. Porque en el supuesto caso, que el doctor Chávarry fuese amigo del doctor Hinostroza,

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eso tampoco es delictivo, ¿dígame usted en que artículo del Código Penal se pena la amistad?, y esto es lamentable, porque lo sabe cualquier estudiante de derecho que ni siquiera ha tenido que acabar el primer ciclo.

Que más señalan como fundamentos para la existencia de esta supuesta organización criminal y se dice, que se favoreció no denunciar estas personas a la famosa organización cuellos blancos durante el periodo en que el doctor Chávarry era Fiscal de la Nación, muy bien.

El doctor Chávarry es escogido Fiscal de la Nación y lo ha mencionado acá y le pido a ustedes por favor, que tengan clara la línea de tiempo, al doctor Chávarry se le escoge Fiscal de la Nación en el año 2015, no en el 2017, no en el 2018, en el 2015 se firma una acta entre los fiscales supremo en junta y se establece que el criterio de antigüedad es el que va a prevalecer y el siguiente Fiscal de la Nación, a Sánchez Velarde era Chávarry Vallejos.

Pregunta obvia, ¿Dónde está la ayuda que iba a recibir de los ex miembros del Consejo nacional de la magistratura?, ¿dónde está la ayuda que iba a recibir de algún partido político si esto ya se había decidido?

No solo se decide en ese momento, sino señores, miembros del Congreso, dése cuenta de algo trascendental, esa acta es firma y posteriormente esos fiscales que intervienen originalmente cesan en el cargo, se incorporan fiscales supremos adicionales y se adhieren al acta, ¿Cuándo se adhieren?, el 2018, no, se adhieren el 2017, miren la antigüedad, se adhieren a la misma tesis, criterio de antigüedad.

¿Cuándo se decide formalmente su elección?, el siete de junio del año pasado. Por aclamación, para los que no saben que significa aclamación, unanimidad, los cinco miembros de la junta de fiscales supremos, los cinco votaron porque el doctor Chávarry sea Fiscal de la Nación, ¿ayuda de quien recibió?

Porque si la tesis de este informe que tiene argumentos absolutamente irracionales, ¿tendría algún grado de validez?, tendrían que señalar, ¿quién influenció en el doctor Sánchez Velarde para que vote por el doctor Chávarry?, ¿quién influenció en la doctora Zoraida Ávalos para que vote por el doctor Chávarry?, ¿quién influenció en el doctor Gálvez?, ¿en el doctor Rodríguez Monteza?

¿Quién influenció en estos vocales supremos de alta trayectoria para que voten por el doctor Chávarry?, porque si hubo una influencia tendría que haber sido en ellos, porque ellos son los que votaron, nadie más. Este informe no tiene fundamento alguno en ese aspecto.

Pero adicionalmente se dice que él colaboró para que no se investigue a los cuellos blancos, ¿quién fue Fiscal de la Nación hasta el 20 de julio de año próximo pasado?, Sánchez Velarde, ¿quién recibe las primeras denuncias de cuellos blancos?, Sánchez Velarde, ¿quién remite las primeras denuncias al Congreso?, Sánchez Velarde, así de claro.

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Y es más, miren la fecha, 20 de julio es un viernes, 23 de julio es un lunes, feriados de por medio por fiestas patrias, cinco días útiles después de haberse sentado en el cargo y no en cualquier cargo, en un cargo que significa tener la responsabilidad de más de cinco mil fiscales en la nación, a los cinco días útiles le delego toda la responsabilidad del caso cuellos blancos, el seis de agosto a Sánchez Velarde, seis de agosto del año próximo pasado.

Y háganse la pregunta si quieren, ¿cuándo se fugó Hinostroza Pariachi?, 10 de octubre de ese año, ¿quién tuvo dos meses para pedir algo más que un impedimento de salida?, no fue el doctor Chávarry porque estaba impedido.

Así que no construyan fantasías que no tienen ningún tipo de sustento. Están las fechas claras. Cuando se presenta la ampliación por organización criminal, ya se había delegado la función en Sánchez Velarde, no la tenía el doctor Chávarry. Como va a ser responsable de ello y ahí está otra vez la línea de tiempo clarísima. Y están todos los oficios de todas las investigaciones en las que se excusó. Yo le he presentado a ustedes, por mesa de partes, un escrito, donde he adjuntado todas las resoluciones que emitió el doctor Chávarry excusándose de todas esas investigaciones.

Señores miembros del Congreso, ¿en qué más se basa supuestamente el informe? El informe señala que supuestamente hubo una colaboración del doctor Chávarry en esta supuesta organización en la medida en que solicitó información y entorpeció, entre comillas, la labor de los fiscales encargados del caso. Lo acaba de explicar: no hubo ninguna labor de entorpecimiento. La labor simplemente fue cumplir con un requerimiento del Congreso. Y ustedes tienen ahí los documentos.

¿Cuándo sale publicado el preacuerdo en la página web de IDL Reporteros? 7 de diciembre del año próximo pasado.

El 15 el doctor Chávarry le pide información a los fiscales, información que está amparada en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y este dato es importante porque voy a volver sobre ello de manera muy breve.

Qué es lo que le pide información, en qué estado está el avance de estas negociaciones, y no le pide el contenido de las mismas. ¿Por qué lo hace? Porque días antes el doctor Chávarry, en virtud a la información propalada por medios, recibe un oficio, ¿de quién?, de la presidencia de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República pidiéndole información, a través de la presidencia del Congreso. Es decir, un canal de comunicación oficial entre el Congreso de la República-La Fiscalía de la Nación pide información sobre un hecho que se había hecho público.

El doctor Chávarry recibe una respuesta negativa. Y esa es la respuesta que acompaña al Congreso de la República.

La pregunta es obvia, ¿actuar conforme establece la Ley Orgánica del Ministerio público convierte a alguien en parte de una organización criminal? La regla más elemental —y veo bastante juristas sentado en esta mesa— es obvia. Si yo actúo de acuerdo a mis prerrogativas en la función que ejerzo, es imposible que cometa delito alguno. Si yo cumplo lo que la ley establece, no puedo cometer delito alguno. Y el doctor Chávarry

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cumplió lo que la Ley Orgánica del Ministerio Público establecía, de acuerdo a las prerrogativas que le daban su cargo.

¿Acaso interfirió en el acuerdo? ¿Acaso él objetó el acuerdo? ¿Acaso se opuso al acuerdo? Solo pidió información en virtud a que se había hecho público el preacuerdo y estaba en todos los medios de comunicación.

Por ende, no se trata de ningún acto que lo coloque como parte de una organización criminal. Esto no tiene ningún tipo de sentido.

Adicionalmente a ello, se establece que el doctor Chávarry, en calidad de fiscal de la Nación, lo que habría hecho es sostener una reunión con un empresario y algunos periodistas. Esto lo debatimos en el Congreso de la República para verificar si este mismo comportamiento era infracción constitucional. Y los que eran miembros en aquel momento de la subcomisión recuerdan que esto no fue aprobado para que fuese infracción constitucional.

Y acá viene otra regla del Derecho tan sencilla y tan elemental, si un comportamiento ni siquiera es de la gravedad suficiente para constituir una infracción administrativa, menos lo es para constituir un delito. Esta es la regla que sabe cualquier estudiante de Derecho. Y la regla es muy clara: el Derecho Penal, que es parte del Derecho Administrativo Sancionador, es la respuesta más grave del sistema frente a los actos más lesivos que existen en el ámbito de un Estado de Derecho. Y si el comportamiento no es infracción, menos lo va a ser un delito.

Y la pregunta, otra vez, se las hago en sencillo, ¿que un fiscal se reúna con periodistas está tipificado en un artículo? Sería bueno que señalen cuál. ¿Que un fiscal se reúna con periodistas es parte de una organización criminal? Se supone, entonces, que esos periodistas tendrían que estar investigados hoy por ser parte de una organización criminal, y como ustedes saben, no lo están. Y ahí viene, señor presidente, señores miembros de la Comisión Permanente, lo endeble, argumentativamente hablando, del informe presentado y aprobado por la subcomisión, porque para hablar de organización criminal lo primero que tiene que establecerse, y es claro, es que la organización como tal exista, que esté jerarquizada, que esté estructurada, y que en esta estructura jerárquica hayan cabezas, y que las cabezas controlen hacia abajo la organización.

¿Quiénes son las cabezas que se ha hecho pública de esta organización criminal? En teoría Hinostroza Pariachi y Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao. Walter Ríos ya declaró y ustedes tienen su declaración, Walter Ríos no conoce al doctor Chávarry. Pregunta. ¿La cabeza de la organización no va a conocer a sus miembros? ¿Cómo la cabeza de una organización criminal no va a conocer a sus miembros para darle las órdenes correspondientes? No tiene ningún sustento.

Pero además se establece, señor Presidente, de manera absolutamente superficial que el doctor Chávarry en virtud a llamadas telefónicas se acreditaría eventualmente la existencia de esta supuesta vinculación con la organización criminal.

Las conversaciones se hicieron públicas, las conversaciones per se no evidencian ningún tipo de acto delictivo, y lo único que vinculó al doctor Chávarry con esta investigación fue

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la aparición de su nombre en un informe, ojo, no en una disposición fiscal, no en una providencia fiscal, no es una resolución fiscal, en un informe interno aparece su nombre, diciendo que alguien habría dicho que él estaría conectado con. Ese alguien no tiene nombre y apellido, ese alguien hoy no existe.

Señores congresista, ha pasado casi un año de estas investigaciones de cuellos blancos. Hasta hoy no hay nada más que ese informe, que no tiene ni una sola prueba de vinculación del señor Chávarry con los famosos cuellos blancos, ni una, porque si lo hubiese tristemente ya estaría en todos los medios de comunicación vulnerando la reserva de la investigación fiscal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Doctor Rodríguez, van ejerciendo el derecho a la defensa por más de una hora. Yo le pediría, por favor, culminar.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Julio Rodríguez Delgado.— Déme cinco minutos para cerrar los últimos dos delitos, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Muy bien, puede culminar.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Julio Rodríguez Delgado.— Le agradezco, muy gentil de su parte.

Y acá viene otro problema, señores miembros de la comisión, porque lo ha dicho el doctor Mesías y lo ha repetido. El informe dice que acá se respeta el debido proceso, el informe dice que acá se respeta las reglas de un estado de derecho para investigar, pero la regla más elemental en un estado de derecho para investigar es saber cuáles son los hechos que se me atribuyen y que son subsumibles en un delito, y acá estamos ante una situación bastante grave, porque nosotros hemos recibido la comunicación del Congreso de la República el 23 de mayo y en el 23 de mayo nos han alcanzado el informe que fue debatido en la subcomisión. Y el informe desaprobó primigeniamente que el doctor Chávarry fuese investigado por encubrimiento personal, y posteriormente lo incluyen en encubrimiento personal y no sabemos cuáles son los argumentos para ello, porque no los han acompañado.

¿Cómo me voy a defender de encubrimiento personal si lo que me presentan es un informe que rechazaba esa imputación? ¿Esto acaso no es la vulneración más grave y grosera al debido proceso? ¿Cómo me defiendo de un acto respecto del cual no tengo los hechos, respecto del cual no se ha hecho subsunción y respecto del cual no están las pruebas?, porque el ponente del informe desechó encubrimiento personal. Y claro, lo deshecho correctamente, ¿por qué sencilla razón? Porque otra vez, hasta el estudiante de derecho más elemental sabe que por los mismos hechos no puede haber encubrimiento personal y encubrimiento real, es uno o es el otro.

El informe que se aprobó primigeniamente y que después fue objeto de un debate adicional para incorporar el otro delito le imputaba al doctor Chávarry encubrimiento real.

¿Cuáles eran los argumentos para este encubrimiento real? Tan solo tres, señor presidente y señores congresistas: Pedir al equipo especial de información sobre el

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acuerdo, remoción —así lo colocan— de los fiscales Vela Barba y Pérez, y haber solicitado información a los fiscales del equipo especial respecto a los procesos seguidos en el caso conocido como Odebrecht.

Muy bien, esos tres hechos no pueden ser de ninguna manera encubrimiento real, y por una sencilla razón, los tres hechos son comportamientos propios que están establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público para el fiscal de la nación. No es que lo llevó a sus oficinas el fiscal de la Nación y los amenazó, los amedrentó para recibir la información, no es que los conminó para que lo hagan bajo algún tipo de intimidación, les presentó el oficio por el conducto regular, como manda la ley, y si uno actúa como manda la ley no puede encubrir, y encubrir significa que una persona sea extraída de un proceso con el objetivo de que no se cumplan las investigaciones. Pedir información no es extraer a nadie, pedir información de cómo van los casos no significa entorpecerlos. ¡Ojo!, el doctor Chávarry lo ha mencionado, el equipo especial no tiene dos fiscales, no tiene tres fiscales, el equipo especial tiene más de 25 fiscales y 80 personas trabajando allí. Pedir información no significa entorpecer la actividad de todo ese equipo de fiscales que están realizando su labor. Pedir información es la prerrogativa que le corresponde a la autoridad más alta del Ministerio Público en aquel momento. Eso no es encubrir, eso no se subsume en el delito de encubrimiento, señor presidente, señores miembros de la Comisión Permanente.

Es por eso que las imputaciones están vacías, es por eso que las imputaciones no tienen contenido, es por eso que no se puede defender uno de aquello que ni siquiera está descrito formalmente en la imputación como delito.

España lo dijo, señor presidente, pertenencia, estabilidad en la organización, roles asignados, compartimentos estancos, son todas las características de una organización criminal respecto de la cual no se ha dicho qué es lo que hace el doctor Chávarry, cuál es su rol ni en qué está involucrado en dicha organización. Encubrir significa utilizar en alguna medida comportamientos para evitar una investigación.

Las investigaciones siguen y el doctor Chávarry no hizo nada para entorpecerlas.

Este informe, señor presidente, y con eso cierro, está plagado de conjeturas, está plagado de subjetividades, está plagado de argumentos propios más bien de una columna de opinión política, pero no de un informe de contenido jurídico, en donde tiene que respetarse las reglas absolutamente escrupulosas de la fundamentación lógico-jurídico. Este informe no respeta el más mínimo análisis legal, razones por las cuales se les solicita muy respetuosamente que no sea aprobado por la Comisión Permanente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— El fiscal supremo doctor Chávarry ha ejercido su derecho a la defensa por más de una hora diez minutos.

Vamos a dar el uso de la palabra al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas para ejercer su derecho a la defensa por el tiempo que lo considere necesario, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor, conforme lo ha establecido el artículo 55, literal f), del Reglamento del Congreso.

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Doctor Chávarry, usted y sus abogados tienen que permanecer en la sala hasta que concluya el doctor Gálvez, y ya luego le anunciaremos en el momento en que usted pueda pasar a retirarse.

Doctor Tomás Gálvez, tiene la palabra.

El señor FISCAL SUPREMO, Tomás Aladino Gálvez Villegas.— Muy buenos días, señor Presidente, señores congresistas.

En realidad, es la segunda ocasión que estoy tomando la palabra por este mismo hecho, y lo cierto es que no veo la forma adecuada para empezar, por la sencilla razón de que el informe que sustenta esta acusación, o que pretende sustentar esta acusación, simplemente me exime de todos los cargos, simplemente concluye de que no existe ningún elemento probatorio o por lo menos suficientes elementos que pueda sustentar una acusación en mi contra, tanto del delito de organización criminal, así como de los delitos de tráfico de influencias y omisión de denuncia, que son los delitos que se me acusa.

Y, por qué digo que no puedo defenderme siquiera, porque no hay ninguna imputación en mi contra, el informe es de total archivo por todos los delitos que se me imputa, ahora, es cierto que en la votación anterior, en la sesión anterior, se declaró fundada una cuestión previa que no debía declararse fundada por la sencilla razón que el artículo 60° del Reglamento del Congreso establece que las cuestiones previas solo funcionan para corregir un requisito de procedibilidad o para devolver la investigación a la comisión o al congresista delegado en este caso, solamente para esos dos supuestos opera la cuestión previa, no para cambiar el fondo del asunto, ni para convertir en acusación a un informe que concluye categóricamente solicitando el archivo de todas las imputaciones formuladas en mi contra.

Si eso es así, naturalmente solo me queda repetir sintéticamente los argumentos que el propio informe ha considerado, fíjese que ni siquiera voy a expresar mis argumentos de defensa a título personal sino que voy a sintetizar el contenido del informe que solicita o que propone que se archive en todos los extremos las denuncias formuladas en mi contra, repito, la cuestión previa no debió operar en ningún momento, y además, como ahora hemos visto en la sala de espera, respecto a una cuestión previa se abrió el debate, se esgrimieron argumentos para tomar la decisión que corresponda, pero en aquella ocasión en que se cambio el informe de archivo por uno de acusación, no se esbozó ningún argumento.

Y, el congresista García Belaunde, que fue quien solicitó la cuestión previa, solo dijo como argumento, como único argumento, que si están acusando al doctor Chávarry también me tenían que acusar a mí, ese fue el sentido de la cuestión previa, y lo sometieron a voto, lo aprobaron y pasaron a la acusación y me acusaron, ¿de qué?, hasta ahora me pregunto.

Entonces, señores, lo que existe acá es un informe de archivo en lo que a mí respecta. Y si ese informe se aprueba, naturalmente tiene que ser de archivo en lo que a mí respecta.

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¿Y por qué tiene que ser de archivo? Porque ciertamente el congresista delegado realizó la investigación, realizó la toma de declaraciones de testigos y de nosotros los imputados con mucho acierto, con mucho criterio; y, además, evaluó los elementos probatorios existentes, y con mucha solvencia y con mucha pertinencia concluyó de que no existía ningún elemento de prueba en mi contra.

Y no podía ser de otro modo, porque, fíjense, se me acusa de tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y omisión de denuncia. El primero delito ¿en qué se sustenta? Se dice que, de conformidad con el informe 1 de la fiscal Sandra Castro, un colaborador eficaz en su primera declaración sostuvo que los "Cuellos Blancos", y les pido atención, por favor, porque sino mi defensa no va a ser muy eficiente, miren lo que dice: "que los "Cuellos Blancos" tenían en mente, pensaban, tenían en mente llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través de Chávarry y de Gálvez. ¿Para qué? Para impedir la reelección de Pablo Sánchez y elegir a Chávarry como Fiscal de la Nación".

Ese es el gran contenido de la imputación. Miren, los "Cuellos Blancos tenían en mente, estaban pensando llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través mío y del doctor Chávarry para evitar la reelección de Pablo Sánchez. Y, señores, ya ha quedado totalmente claro, es de dominio público, ya no tenemos que acreditarlo, el doctor Pablo Sánchez nunca se propuso o postuló a la reelección, nunca, y eso lo dijo en todo momento, en todas las juntas de fiscales supremos que sosteníamos, decía que "él respeta el cambio", e inclusive en todo momento trató al fiscal Chávarry como a su sucesor.

Incluso habían hecho extensivo un dicho: "Los apóstoles Pedro y Pablo juntos siempre, y Pedro iba a sustituir a Pablo". Muy bien, entonces qué reelección buscaban impedir los "Cuellos Blancos a través de mi persona y del doctor Chávarry.

Y respecto a la elección de Chávarry, ya quedó claro, eso se determinó en el 2015, cuando yo no integraba la Junta de Fiscales Supremos, cuando se acordó que el Fiscal de la Nación se elegía por antigüedad, punto; y cuando nosotros nos incorporamos, los tres nuevos, nos adherimos a ese acuerdo.

Entonces, para la Junta de Fiscales Supremos y para el Ministerio Público, en general, estaba totalmente determinado que el propio Fiscal de la Nación era Pedro Chávarry. Entonces, ¿cómo es que los "Cuellos Blancos" querían llevar intenciones de...? Tenían en mente ah, no es que querían, sino tenían en mente. Ni siquiera querían llevar concretamente, sino estaban pensando, tenían en mente llevar intenciones de poder para impedir la reelección y elegir a Chávarry. ¿De qué estamos hablando?

Yo siempre he dicho, y con todo respeto lo reitero, nuestro pensamiento, nuestro debate, nuestras conclusiones tienen que tener algún nivel de racionalidad.

Se dice que estamos en un foro político, es cierto, es un foro político y se debaten ideas políticas, pero deben tener en mente, con toda claridad, que estos debates, que estos procedimientos se rigen por un reglamento, que es su norma, y violar el Reglamento implica cometer irregularidad.

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¿Y el reglamento qué cosa dice? Que aprueben o desaprueben el informe. No dice otra cosa. Sin embargo, con informe de archivo me resultan acusando.

Pero, bueno, volviendo a los "Cuellos Blancos".

Esa versión del informante o del colaborador eficaz contenido en el informe de la Fiscalía del Callao, simplemente no tiene ningún sentido. Yo quiero que entiendan. Está tan claro que no necesita ninguna explicación siquiera.

¿Pero, además, qué cosa dice para incluirme en los "Cuellos Blancos"? Que con fecha 23 de julio del 18, yo me habría reunido con uno de los financistas de la organización, el señor Mario Mendoza, y que tenía en mi poder las resoluciones de levantamiento del secreto de las comunicaciones de la Fiscalía del Callao, que eso supuestamente declaraba el colaborador eficaz.

Y, señores, en esto hay que tener cuidado. Porque desgraciadamente, y con mucha pena lo digo, desde el interior de la administración de justicia, puesto que aun soy fiscal supremo, en estos días se está manipulando las versiones de los colaboradores eficaces y de los testigos, especialmente de los testigos protegidos.

Repito, señores, se están manipulando las versiones de los colaboradores eficaces. ¿Por qué? Porque hay ciertos interesados en que se investigue, se sancione y desactive a determinadas personas que les son incómodas.

Naturalmente, yo en la Junta de Fiscales Supremos soy totalmente incómodo para ciertos fiscales, especialmente para el señor Pablo Sánchez.

El señor Pablo Sánchez que era uno de los 12 apóstoles, Pedro y Pablo, pero que después, una vez que eligieron Pedro Sánchez no se quiso ir de la Fiscalía de la Nación. Para eso, inventaron todo este laberinto de los "Cuellos Blancos" en su versión fiscales supremos.

Qué duda cabe que hay una organización criminal con la gente del Callao. No hay ninguna duda. Hay una organización. Y están siendo investigados. Están casi todos presos, y está muy bien.

Pero, señores, en cuanto a los fiscales supremos, tal vez a los jueces supremos, no puedo hablar por ellos, pero sobre todo en cuanto a mi persona, el único elemento que existe que puede vincularme es el haber compartido trabajo con el señor Hinostroza Pariachi.

¿Cuándo? Cuando él fue designado representante de la Corte Suprema al Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Y mi personalmente, igualmente, fui designado representante de la Junta de Fiscales Supremos al Consejo Directivo de la Academia.

Entonces, trabajábamos juntos. Nos hemos comunicado si es una vez a la semana es poco. En más de un año que hemos trabajado juntos, seguramente que me habré comunicado más de 50 veces por cuestiones estrictamente de trabajo.

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Pero no solo eso, sino que obviamente con las personas que compartimos el trabajo, con las personas que interactuamos cotidianamente, se genera una amistad.

Yo, a diferencia del doctor Chávarry, sí tenía una amistad con el señor Hinostroza Pariachi, una amistad de trabajo, una amistad que surge, que se generó a partir del intercambio cotidiano del trabajo.

Y muy bien. Dentro de esas comunicaciones, que lamentablemente estuvieron intervenidas, interceptadas en esa fecha, encuentran que nos comunicábamos. Y de ahí es que me incluyen como miembro de los "Cuellos Blancos".

Pero no solo eso. Fíjense, se dice que esta organización de los cuellos blancos se reunían cotidianamente en diversos lugares con diversas personas para tomar las decisiones correspondientes a su trabajo de organización criminal.

Esas reuniones, esos almuerzos, esas cenas, estaban siendo materia de vídeo vigilancia; es decir, la Policía los estaba siguiendo porque estaban interceptadas telefónicamente.

Y muy bien, se dice que ahí se reunían todos. Señores, yo no estoy en ninguna de esas reuniones, cómo puedo ser parte de una organización que se reunía para tomar sus acuerdos en la que yo no he tenido ninguna participación.

Pero no solo eso, sino que el cuerpo, el núcleo de la organización serían los jueces y la gente del Callao.

Señores, yo no conozco a nadie de la gente del Callao, yo no conozco a Walter Ríos, no conozco a los demás jueces, no conozco a nadie.

Al señor Mario Mendoza con el que supuestamente me habría reunido, no lo he visto nunca, no sabía de su existencia hasta cuando en el informe de la Fiscalía del Callao, se dice que se habría reunido conmigo.

Pero dice que se habría reunido en su primera declaración, esto también deben saberlo porque, bueno, ustedes no son abogados en su mayoría o en todo caso no están en el ámbito penal.

En las declaraciones eficaces primero el aspirante solicita acogerse y da gran cantidad de información; por decir, cien datos para darle relevancia a su solicitud y para que el fiscal acceda a concederle la colaboración.

Muy bien, entrega cien, cincuenta, doscientos datos que a juicio del fiscal es importante, esa es su primera declaración.

Pero después ya cuando se pasa a la segunda etapa, se dice: qué actos vas a corroborar y con qué pruebas. Ahí de los cien actos, simplemente habla de cuatro o cinco, y los demás fueron pura imaginación.

Entonces, esta versión en la que el colaborador dice: ¿los cuellos blancos tenían en mente llevar intenciones de poder al Ministerio Público a través de Chávarry y de Gálvez?

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Eso fue parte de la primera declaración que no fue sometida a corroboración, y ahí ha quedado.

Pero lamentablemente esa primera declaración que no tiene ningún efecto porque conforme a ley solamente se puede utilizar la información que se corrobora que es aprobada por el juez.

Pero esa primera información gaseosa y genérica del colaborador, sirvió para que la fiscal Castro haga este informe, sacando conclusiones que tales y tales personas, entre ellos Chávarry y Gálvez, integraban la organización criminal de los cuellos blancos. Señores, eso es grave.

Yo creo que eso tiene contenido delictivo y eso lo hice saber al señor Pablo Sánchez porque fue él quien solicitó ese informe. Y eso lo ha reconocido en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos.

Esa información gaseosa y genérica, no podía ser utilizada mientras no sea corroborada.

¿Y saben qué? Con esa información nos han creado a nosotros una organización criminal y con esa versión general estamos acá dando cuenta, estamos sometidos a un juicio político jurisdiccional, que hay que saber que además de político es jurisdiccional. Y por eso tiene que sujetarse también a toda la Constitución y la ley, naturalmente.

Entonces, respecto a esa versión inicial en la que nos incluía o me incluía el colaborador, ya no ha vuelto a insistir, por lo menos hasta donde sabemos porque si hay un dato más, quién nos notifica a la prensa, nos notifica a IDL, no lo notifica el fiscal. Incluso anoche me llamaron que Pablo Sánchez me habría abierto una investigación adicional por no sé cuántos delitos que solo caben en su imaginación. Todavía no me notifican, pero ya la prensa ya me llamó para pedir mis descargos. Entonces, fíjense y esto como decía hace un rato, señores, en este momento hay una persecución política, hay una persecución de las personas que cierto sector de la prensa, cierto sector de la izquierda y cierto integrantes del Ministerio Publico quieren desaparecer porque le son incomodos. Hay una persecución.

El señor Pablo Sánchez ha emprendido contra mí una persecución total, ¿por qué?, porque en la junta de fiscales supremos yo soy el que le pongo al frente cuando él quiere actuar arbitrariamente, muy bien. Eso respecto a este punto, pero además, ya decía a este señor Mario Mendoza no lo conozco, nunca lo he visto, nunca he tenido su número telefónico, no conozco el Callao en los últimos tiempos.

Como voy a reunirme con él y fíjense, dice que nos reunimos el 23 de julio y saben qué, para el 23 de julio este señor ya tenía gran número de audios en que se evidenciaba que él comandaba la organización de los cuellos blancos y lamentablemente, porque antojadizamente ha dado versiones en contra de personas inocentes, como este caso como el mío, le han concedido la libertad cuando este señor realmente ha sido uno de los principales miembros de esa organización.

Entonces, decía, el 23 de julio ya sabía que ese señor era uno de los jefes de la organización, yo no lo conocía, no lo he visto nunca, no sabía de su existencia, ¿ese 23

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de julio de iba a reunir con él?, ¿a título de qué?, ¿para qué?, ¿cómo se comunicó conmigo?

Entonces, eso revela y queda categóricamente demostrado que las versiones de estos señores son manipuladas o en todo caso, ha falsedades, sin ningún sentido ciertos fiscales vienen dándole consistencia para emprender una persecución contra otras personas u otros funcionarios que no le sea de su simpatía.

Y además, y para concluir este punto, además este señor dice que nos reunimos el 23 de julio, pero el 23 de julio yo he tenido una actividad totalmente pública que ha quedado totalmente acreditado con documentos públicos, desde que salí a las seis y veinte de mi casa hasta que regresé a las seis y media, a mi casa y no volví a salir.

Y está con documentos públicos, sobre todo de la seguridad que iba dando cuenta en su whastsapp de seguridad que tienen, donde me encontraba y con quién me encontraba. Y además, ese día tuvimos junta de fiscales supremos desde las dos hasta las tres de la tarde y no he tenido ningún momento libre como para poder reunirme con este señor, que dice que me reuní con él a pesar que nunca lo conocí.

Ahora, ¿por qué lo hace este señor?, por dos razones, o porque está manipulado en las investigaciones o en todo caso, porque este señor es muy amigo de ciertas personas que por el momento no voy a decir su nombre, pero que están en las denuncias, muy amigo de personas a quienes yo he denunciado, precisamente por su participación irregular en la ONPE y en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Que justamente la sesión pasada estuvo mi esposa que para entonces era Gerente de Asesoría Legal de la ONPE, dando cuenta de cómo ciertos señores trataron de manipular los procedimientos en la ONPE y por eso, yo he denunciado a este señor y estos señores, esta es su represalia, esta es su venganza.

De otro lado, respecto al delito de tráfico de influencias, se dice que he traficado influencias, ¿por qué?, porque en una ocasión comuniqué a Hinostroza respecto a la posible existencia de una condena injusta y arbitraria de un rondero de la Región San Martín, que había sido condenado a cinco años, ocho meses, de prisión efectiva porque le habrían encontrado un arma de fuego.

En principio, yo nunca conocí a este señor, a este rondero, que se llamaba Segundo Villalobos Zárate, de la región San Martín.

Pero yo he sido, y hasta la fecha lo sigo siendo, director del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público, y en ese ámbito el Ministerio Público ha suscrito un convenio de colaboración recíproca entre el Ministerio Público y las rondas campesinas.

¿Y cuál es nuestro trabajo, fundamentalmente, desde el Ministerio Público? Capacitarlos, en primer lugar; y, en segundo lugar, orientarlos cuando hay detenidos, a nuestro criterio, injustamente, particularmente cuando se detiene a personas, miembros de las comunidades nativas y comunidades campesinas, a quienes se les viola sus derechos

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muchas veces, porque, por ejemplo, no hablan español; sin embargo, les toman sus declaraciones en español y, ciertamente, no tienen ninguna oportunidad de defenderse.

Estas personas integran el grupo de población altamente vulnerable, que ya los convenios internacionales y las políticas institucionales del país han concluido que merecen especial atención. Y, por eso mismo, desde el Ministerio Público se suscribió ese convenio para capacitarlos y darles apoyo.

En ejercicio de ese convenio, cuando detienen a este señor Villalobos Zárate, que era presidente de las rondas campesinas de la región San Martín, los dirigentes de la rondas de San Martín, presidida en ese momento por el señor Martín Castro, en primer lugar, me llaman haciéndome conocer el hecho; y, en segundo lugar, me mandan un documento y luego me visitan para pedirme que interceda, que comunique a la Corte Suprema, porque el hecho estaba ya en casación en la Corte Suprema, para que se evite la violación de los derechos de este señor que, a juicio de estos ronderos, había sido injustamente condenado.

Ante eso, ¿qué hago? Y fue también circunstancial, porque nos encontramos, creo, en la academia con Hinostroza Pariachi, y yo le comento: "Hay este problema". ¿Y él qué cosa me dice?, como habían, creo, tres salas penales, el caso podía estar en cualquiera de las salas penales supremas, él me dice: "Pero, dame el número para ver, de repente lo tenemos nosotros, a ver qué se puede hacer". Y yo le doy el número.

Y después, cuando viene la delegación, viene Martín Cárdenas a exigirme que, en cumplimiento del convenio, se le brinde apoyo para que se ponga fin a esa arbitrariedad, yo llamo a Hinostroza, y le pregunto: "¿Qué pasó con el rondero de San Martín?". Y él me dice: "Ya hemos señalado vista". Perfecto. Hasta ahí estaba todo bien. Pero a la semana declararon infundada la casación, inadmisible la casación, y quedó firme la condena, a pesar que ese revólver le habrían sembrado.

¿Y por qué le habrían sembrado? Porque habían problemas en la propia dirigencia de izquierda de la federación, la CUNAR, que le llaman, entre los ronderos.

Y, fíjense, a los pocos días, al mes, dos meses, el fiscal y el policía que lo intervino a este señor, y que supuestamente lo encontró el arma, cayeron presos por corrupción. Y hasta están presos.

Entonces, era razonable que existiera una gran arbitrariedad en ese hecho. Ante ello, yo solicito a Hinostroza que traten de resolver ese problema. Y, justamente, ellos vieron el caso, y a los días lo declararon inadmisible la casación. Como ven, señores congresistas, señor Presidente, en realidad, se trató de un acto en ejercicio del convenio, en ejercicio de mis funciones.

La administración de justicia no puede ser tan legalista y tan ciega, la Constitución impone a los fiscales el deber de velar por la recta administración de justicia, y en esas condiciones velando por la recta de administración es que intervine. Eso no se puede considerar como un tráfico de influencias. Eso no es ilegítimo, no es ilegal, es el ejercicio de mi función, y sobre todo a favor de una persona que probablemente haya sido condenada injustamente, y sobre todo, de las personas excluidas, de las personas que

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siempre son víctimas de la justicia ordinaria. Por eso no se puede decir que he cometido, que he incurrido, en tráfico de influencias.

Finalmente, en cuanto al otro extremo del tráfico de influencias en que se dice que mi persona habría intercedido ante César Hinostroza para que nombren como fiscal superior al fiscal anticorrupción Walter Delgado. ¿Pero qué sucede? Esa imputación me hacen a partir de una llamada que yo hago a Hinostroza y le digo que Walter quería hablar con él. ¿Y por qué le digo Walter quiere hablar contigo? Porque se conocían, había sido su profesor de dos, tres cursos, creo, Hinostroza, de Walter en la academia, ya habían conversado antes, y quería conversar, obviamente lo explicará qué cosa es lo que quería conversar, que no es nada ilícito, ciertamente.

Entonces, el 23 de mayo hago esa llamada y le digo: "Walter quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes". Esa es toda la intervención en ese caso. ¿Y qué cosa dicen? Que yo estaba llamando a Hinostroza para que él influya en los consejeros para que apoyen a Walter. ¿Cómo a partir de esta llamada se puede llegar a esa conclusión? Esa es pura imaginación.

Pero no solo eso, y eso es lo determinante, la llamada fue el 23 de mayo, y el concurso para fiscales superiores en los que participaba Walter había concluido el 3 de abril. Entonces, señores, ¿cómo estoy llamando para que influya en un nombramiento que ya concluyó casi dos meses antes? Eso es irracional.

Ahora qué cosa dicen para darle forma ciertamente a estos calumniadores y, sobre todo, estos persecutores. ¿Qué cosa dicen? Ah no pues, es que no se trata solamente de que lo nombren a él, sino que quede en reserva, a eso le han estado ayudando, porque, ¿cómo funciona? En el concurso había una vacante para fiscales superiores. Walter Delgado estaba en primer lugar, lejos de los demás, no necesitaba ninguna ayuda, no necesitaba ningún apoyo, no necesitaba ninguna influencia, estaba en primer lugar, y es conocido que es uno de los grandes fiscales del país, tal vez el mejor, no porque lo diga la prensa mediática, sino porque lo ha demostrado con su trabajo.

Entonces, se supone que él tenía que hacer nombrado, estaba en primer lugar; sin embargo, el 3 de abril lo bajan a segundo lugar y nombran a otra persona, que en este momento está detenido, me refiero, se puede decir porque se sabe, al señor Abel Concha.

Y, entonces, ¿qué dicen? Claro, nombraron a Abel Concha y Walter quedó en segundo lugar, pero en segundo lugar de los eliminados, de los perdedores. Era una sola vacante, el quedó segundo no fue nombrado, punto. Entonces, ¿qué dicen? “Ah no pues, es que le ayudaron para que quede en la reserva”. ¿Acaso los que quedan en la reserva lo nombran?

Después que concluyó ese concurso, el Consejo Nacional de la Magistratura nombró a muchas personas. ¿Y acaso porque estaba segundo Walter lo nombraron? Para nada. Y no solo eso, sino que ahora ya se conoce justamente las notas que pusieron en la entrevista, ¿qué pasa? A Walter le ponen bajas notas, tres bajísimas notas, tres de los consejeros. Solamente cuatro de los consejeros le ponen en el orden de 92, 92, 96 y 99,

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que se supone eso era lo que correspondía, y los otros le ponen 60, 60, 70. Y, contradictoriamente, a los demás postulantes, le pusieron 99, 98, 100, 100, 100, 100, a pesar de que no habían contestado muchos de ellos las preguntas.

Entonces, ¿cómo se puede decir "tráfico de influencias" para el que pierde no para el que nombraron, sino para el que pierde? Para el que prácticamente, como lo dice él, y voy a utilizar esas mismas palabras, "prácticamente le robaron el nombramiento". Y, sin embargo, he hecho tráfico de influencias para que le roben el nombramiento. Así de irracional es la imputación. O sea, hay que tener también creo que ya un poco de razonabilidad.

Finalmente... ¡Ah!, y otro punto también importante es el siguiente, que dicen "quedó para la reserva", pero al momento de la conversación no se sabía todavía que estaba en segundo, que estaba en reserva, que estaba en segundo lugar. La reserva recién salió el 29 de mayo, la conversación fue el 23 de mayo. Y Walter recién se inscribe para participar en la reserva el 22 de junio. ¿Entonces, cómo voy a estar en tráfico de influencias para hechos que no existían? Es increíble.

Finalmente, en cuanto al último delito, omisión de denuncia.

Se dice que omití denunciar, en mi condición de fiscal supremo, al señor José Luis Cavassa Roncalla. ¿Y por qué? Porque yo declaré como testigo protegido ante las fiscales del Callao que llevan el caso de los "cuellos blancos", les di toda la información que necesitaban, y era su testigo protegido. Pero, en cambio, ellas empezaron a atacar al testigo protegido. Entonces, ¿yo qué cosa le digo? Que este señor Cavassa Roncalla había tenido influencia en la ONPE y el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien, y entonces por eso me denuncian que yo sabía eso y que no he denunciado y, en consecuencia, omisión de denuncia.

¿Pero saben qué? Yo he denunciado conjuntamente con mi esposa, que en ese momento era gerente jurídica de la ONPE. Lo he denunciado en la Fiscalía, como cinco denuncias; nadie ha hecho nada ni ha hecho nada hasta ahora. Lo he denunciado en la Defensoría del Pueblo. Lo he denunciado en el Congreso de la República. Hemos denunciado en la Presidencia de la República. Obviamente las denuncias fueron cuando ya teníamos algunos elementos objetivos, porque no se puede denunciar así como así tampoco.

Entonces, ¿saben qué? Dicen que he omitido denunciar, cuando lo he denunciado en todos los lugares y nadie ha hecho nada.

Pero no solo eso, yo no tenía la obligación de denunciar, ¿por qué? Porque esa información me comentó él.

¿Cuándo un fiscal tiene la obligación de denunciar? Cuando la información le llega en ejercicio del cargo, eso lo dice expresamente el artículo 326-B del Código Procesal Penal y la Ley de la Carrera Fiscal, el fiscal está obligado a denunciar, y si no lo hace comete omisión de denuncia cuando la información le llega en el ejercicio del cargo. Acá no estábamos en el ejercicio del cargo.

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Pero eso no es lo relevante, lo relevante es que yo denuncié en todas las instancias a este señor, nadie me hizo caso, y ahora estoy denunciado por no supuestamente haber denunciado. La verdad que esa es una ironía. Lamentablemente así estamos.

Yo espero que en algún momento termine y se pueda volver las cosas a su estado natural.

En este momento concedo la palabra a mi abogado, que va a hacer el análisis jurídico, muy brevemente por cierto.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Abogado defensor, tiene la palabra.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Aller Rodas Tenorio.— Señor Presidente, señores congresistas, señores Fiscales Supremos, colegas de la defensa, y a todos los presentes, muy buenas tardes.

Conocí al Fiscal Supremo Tomás Gálvez cuando el fue mi profesor de Derecho Penal en la Maestría de la Universidad de San Marcos, lo conocí como una persona proba, íntegra y honesta, y en ese sentido, señor Presidente, debemos señalar que con el respeto que me merecen los demás fiscales supremos, es uno de los fiscales más competentes y más preparado de la Fiscalía Suprema, y la defensa que ejerzo el día de hoy señor Presidente, señores congresistas, es con la convicción que mi defendido no cometió ninguno de los delitos que se le imputan; tampoco incurrió en ninguna de las infracciones constitucionales que se señalan en las denuncias constitucionales 243 y 248, uno de los problemas que hemos podido advertir en el trámite de las denuncias constitucionales...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por favor, ¿podrían solucionar el problema del micrófono?

Puede continuar, con las disculpas del caso.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Aller Rodas Tenorio.— ... gracias, señor Presidente.

Decía que, lo que hemos podido observar es que uno de los problemas que surgen en las denuncias constitucionales es que algún congresista dice, no es labor del Congreso establecer de si los hechos imputados es delito o no, esa es una labor de la fiscalía y del Poder Judicial, señor Presidente, la génesis, el origen de todo proceso penal contra altos funcionarios del Estado se da precisamente en la Comisión Permanente y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, entonces esa génesis y ese origen debe ser correcto o debe ser arbitrario, es necesario responder la pregunta de si las denuncias constitucionales deben cumplir con el principio de la legalidad penal, de si las denuncias constitucionales los hechos que cuando contienen deben adecuarse o no al tipo penal que se denuncia, esa evaluación la tiene o no que hacer la Comisión Permanente y en su momento la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

La respuesta la da la propia Constitución, que en el artículo 2°, inciso 24, literal d), lo reconoce como un derecho fundamental, nadie puede ser procesado por un hecho que

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no constituya delito, y lo leemos concretamente. Dice, nadie será procesado por acto que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible, es decir, como delito.

El artículo 99° de la Constitución también señala y les da esa tarea al Congreso, dice, corresponde a la Comisión Permanente, acusar ante el Congreso a los Fiscales Supremos por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Entonces, ¿qué es la primera tarea que tiene que cumplir la Comisión Permanente?, establecer que haya delito.

El artículo 100 de la Constitución señala, en uno de los párrafos, dice: "En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de 5 días".

Y el párrafo final, que es un párrafo famoso, dice: "Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso". Entonces, la Comisión Permanente tiene o no tiene la obligación de verificar de si lo que imputa es o no delito.

Cuando el Congreso remite esta resolución acusatoria con contenido penal, ¿qué es lo que hace el Fiscal de la Nación? El Fiscal de la Nación, con el respeto del caso, se convierte en mesa de partes, y simplemente traslada la denuncia ante el Poder Judicial. En este caso, formaliza investigación preparatoria e inicia el proceso penal.

Señor presidente, y es más, la labor que ustedes hacen en las denuncias constitucionales incluso suspenden la función constitucional que tiene el Ministerio Público de defensa de la legalidad, establecido en el artículo 159, inciso 1) de la Constitución. Porque cuando recibe la denuncia de ustedes, el Fiscal de la Nación no puede hacer absolutamente nada y lo único que hace es correr traslado al Poder Judicial.

Por ejemplo, señor presidente, si los hechos denunciados a mi patrocinado, como tráfico de influencia, omisión de denuncia, lo hubieran ustedes establecido como una denuncia por homicidio. "Ya, pero es absurdo por homicidio, ¿dónde está el muerto?" Podría ser absurdo, pero si ustedes lo hubieran trasladado como homicidio y hubiese empezado como homicidio, ustedes trasladan esa acusación al fiscal y el fiscal ni siquiera lo puede rebatir, tiene que correr traslado. ¿Por qué? Porque ya no puede ejercer la tutela de principio de legalidad, se encuentra suspendida por el artículo 99 y 100 de la Constitución.

Y en este caso, señor presidente, veremos si, efectivamente, los hechos que se le han imputado a mi patrocinado constituyen o no constituyen los delitos que se le imputan.

La Denuncia Constitucional 243 denuncia en primer término el presunto tráfico de influencia por el caso de la casación del rondero Segundo Villalobos Zárate. ¿Cuál es la imputación que se le atribuye en ese caso? Dice: "Influenció en el ex juez César Hinostroza para que resuelva a favor la casación de Segundo Villalobos", esa es la imputación. ¿Cuál es el tipo penal? El artículo 400.

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Señor presidente, señores congresistas, les corresponde a ustedes evaluar si se dan los elementos configurativos de ese delito de tráfico de influencias.

Se dice: "sanciona la conducta del que, primer elemento, invocando o teniendo influencias reales o simuladas"; segundo elemento de este delito: "Recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio; y el tercer elemento: "Con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo". Ese es el delito, tráfico...

Tres elementos: primero, es invocar influencias; segundo, que exista un medio corruptor; y el tercero, el ofrecimiento de interceder.

En el caso de mi patrocinado, señor presidente, señores congresistas, sobre el primer elemento, "invocar, tener influencias". En el caso de la casación de Segundo Villalobos Zárate, ustedes tienen los documentos y tienen las declaraciones que ha sido aportada por mi patrocinado.

El señor Segundo Villalobos Zárate se encuentra preso desde setiembre de 2017, no conoce, nunca le pidió ayuda a mi patrocinado. Mi patrocinado jamás le invocó influencia.

El señor Martín Castro, que es la persona que representó inicialmente como presidente de las rondas de San Martín, presentó una carta planteando su problema de una condena injusta de este señor, le remite una carta a mi patrocinado en febrero de 2018, y en marzo de 2018 se apersona a su despacho con otros ronderos y le hace conocer de esa tasación injusta, dice.

Tampoco señala que mi patrocinado haya invocado influencias.

Primer elemento, señor presidente, sobre invocar influencias no existe. No hay tráfico de influencias.

Sobre el segundo elemento, que es el medio corruptor, de si recibió, le hicieron dar, prometer ventaja o beneficio.

Ni el señor Segundo Villalobos Zárate ni el señor Martín Castro Cárdenas señalan haber dado algo a mi patrocinado o él le haya pedido algo.

Es necesario que ustedes tomen en cuenta esos elementos, señor presidente, porque la existencia de ese medio corruptor es necesario que se presente en el delito de tráfico de influencias.

Es similar a que si se imputa un delito de homicidio y no hay muerto. En este caso el medio corruptor debe existir. El medio corruptor es el muerto que se necesita en el delito de homicidio.

El segundo hecho que se le ha imputado a mi patrocinado, está referido a la postulación del señor Walter Delgado ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

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Se le imputa a mi patrocinado el haber ejercido influencias sobre el ex juez Hinostroza ante el Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecer al fiscal Walter Delgado Tovar, y eso sobre la base de una llamada que hace mi patrocinado y dice: "Cesitar, hermano, oye, un favor, Waltercito quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes".

En este caso creo que sería mucho más sencillo, y no lo vamos a hacer reiterativo, sobre el primer elemento de invocar influencias, no se da. Se ha tomado la declaración del fiscal Walter Delgado y él no señala que mi patrocinado haya invocado influencias.

Sobre el segundo elemento, que es el medio corruptor, también el señor Walter Delgado no señala que mi patrocinado le haya pedido, solicitado o recibir alguna promesa, ventaja o beneficio.

Por lo tanto, tampoco se da este segundo elemento.

Entonces, la sola llamada efectivamente no puede constituir un delito de tráfico de influencias.

El error que he podido apreciar, señor presidente, por parte de algunos congresistas es decir: "Llamó e influenció". No. Así no se comete delito de tráfico de influencias. Tienen que darse estos elementos, que tienen la obligación de verificar su cumplimiento.

El tercer delito que contiene ese Denuncia Constitucional 243, señor presidente, está referido al delito de omisión de denuncia.

Se le imputa a mi patrocinado que, habiendo tenido conocimiento de los hechos delictivos de José Luis Cavassa Roncalla sobre actos de corrupción y generación de redes de poder al interior del CNM y en la ONPE, no lo puso en conocimiento de la autoridad fiscal, pese a que tenía el cargo de fiscal supremo.

El artículo 407 del Código Penal sanciona el delito de omisión de denuncia y dice: "El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando esté obligado por su profesión o empleo".

Se debe revisar en concordancia con el artículo 326, inciso 2, literal b) del Código Procesal Penal, que dice: "Que los funcionarios que, en el ejercicio de sus atribuciones o por razón del cargo, tomen conocimiento de la realización de algún hecho punible".

Y hay un ejemplo bastante claro sobre este caso, señor presidente, y es el caso, por ejemplo, cuando una mujer por un sangrado profuso va a una atención de emergencia y el médico al atenderla verifica que hay signos de que ella abortó, ese médico está en la obligación de denunciar ese hecho.

Pero si ese mismo médico conoce que una vecina suya porque le dijo que abortó, ese médico no tiene la obligación de denunciar a su vecina, porque su obligación se da por el ejercicio de sus funciones y de sus labores.

Entonces, en este caso, señor Presidente, cuando mi patrocinado recibe información por parte de José Luis Cabazas Roncalla, no lo hace en el ejercicio de su función como fiscal

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supremo, sino en una conversación coloquial. Si quieren para ser más expreso, fuera del horario incluso de trabajo.

Además la información que ha recibido en ese momento ni siquiera contenía elementos constitutivos de delito, por lo tanto, él no estaba obligado a denunciarlo.

Pero a pesar de ello, señor Presidente, señores congresistas, mi patrocinado buscó con su esposa, mayor información y los denunció ante este mismo Congreso, a la Fiscalía y las demás instituciones.

Sobre la infracción constitucional, señor Presidente, que se le atribuye, también dice que al haber puesto en conocimiento de Hinostroza Pariachi, el caso del Segundo Villalobos Zárate, habría realizado una injerencia ante la Corte Suprema, afectando la independencia judicial.

El artículo 159, inciso 2), señala que la el Ministerio Público corresponde velar la independencia de los órganos jurisdiccionales.

En este caso, señor Presidente, ya el Tribunal Constitucional ha establecido en sentencias, por ejemplo, el caso 23-2003-AI/TC, sentencia del 9 de junio de 2004 y del 4 de 2006, ha señalado que la independencia judicial tiene que entenderse como el albedrío jurisdiccional, el albedrío de su función; es decir, el juez no puede ser presionado para resolver en otro sentido que no sea el que establece la ley y su criterio.

En este caso del señor magistrado no existió ninguna infracción constitucional porque la casación del señor Segundo Villalobos, ha sido declarado inadmisible siendo ponente el señor juez supremo de investigación preparatoria Núñez Julca, el 4 de mayo de 2018.

Entonces, no se ha afectado en nada la independencia de la función jurisdiccional.

Para finalizar, el señor magistrado porque la Denuncia 248 establece, imputa el delito de organización criminal sobre la base de dos hechos.

Dice que mi patrocinado integra la organización criminal porque primero habría impedido la reelección de Pablo Sánchez como fiscal de la nación; y en segundo lugar, se habría reunido el 23 de julio de 2018 con el financista de la organización los cuellos blancos del puerto, y el asesor del Consejo Nacional de la Magistratura Pablo Morales.

Sobre el segundo supuesto de la reunión, ya mi patrocinado lo ha desvirtuado totalmente, pero sí queremos incidir sobre la imputación sobre que él incluyó la reelección del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde.

Señor Presidente, esa imputación se cae sola, si ustedes lo tienen a bien, simplemente leer el Acta 908, de fecha 7 de junio de 2018, que corresponde a la elección del doctor Chávarry como fiscal de la nación. Y en ella, por ejemplo, Pablo Sánchez Velarde, dice: Hay un documento de la Sociedad Civil sobre el tema de la elección, lo que hago presente de manera transparente y el cual apoyo mi reelección, la cual no he pedido. Por eso le hago presente por cuestión de transparencia, presumimos con el tema de la agenda.

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Más adelante, Zoraida Ávalos señala y le responde al doctor Pablo Sánchez: Usted ha dado muestras de que cumple su palabra y ha dicho públicamente que ya no va a la reelección. Pero creo que nosotros somos gente de palabra y las personas que estamos acá, nadie se va a presentar como candidato porque estamos respetando la antigüedad. Por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo.

Repito, dice: Por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo, quien es el que sigue en el orden de antigüedad, no obstante que la Constitución señala que la elección debe ser por elección secreta, yo creo que aquí es un arte de aclamación.

Pablo Sánchez Velarde, dice, esa es la propuesta de la doctora Zoraida.

La doctora Zoraida le responde, ¿hay alguien que está en contra de la propuesta?, y más adelante el doctor Pablo Sánchez dice, ya que vista la propuesta que hace Zoraida, Tomas, Víctor Raúl, me aúno obviamente a la propuesta de aclamación de la elección del doctor Gonzalo Chávarry, a quien le deseo los mejores éxitos y cuentas con el apoyo de todos los nosotros y el mío especial, cuenta conmigo Gonzalo, tú eres el próximo nuevo Fiscal de la Nación que en asume en un mes aproximadamente la gestión, luego conversamos el tema de la precisión, desde ya mis felicitaciones, elegido por aclamación. Zoraida dice, sí por aclamación.

Con ello, señor presidente,…

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Doctor, estamos ya más de una hora en la defensa. Por favor, para que concluya.

El señor ABOGADO DEFENSOR, doctor Aller Rodas Tenorio.— Sí, para concluir, señor presidente, con ello desvirtuamos la existencia de una infracción constitucional sobre la elección del Fiscal de la Nación.

Por estas consideraciones, señor presidente, señores congresistas, solicito respetuosamente se declare improcedente la denuncia constitucional 243 y 248 y se remita al archivo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Habiendo ejercido el derecho a la defensa los dos fiscales supremos, por más de dos horas y media, y habiendo concluido las intervenciones de los mismos, se les invita a abandonar la sala de sesiones.

Se suspende la sesión, hasta las 14:00 horas.

—Se suspende la sesión a las 12 horas y 47 minutos.

—Se retiran de la Sala de la Comisión Permanente los Fiscales Supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Aladino Gálvez Villegas con sus respectivos abogados defensores.

—Se reanuda la sesión a las 14 horas y 08 minutos.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Buenas tardes, señores congresistas.

Continúa la sesión.

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SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Señores congresistas, quería proponerles poder fijar un tiempo de participación a cada congresistas, en vista que a las cuatro de la tarde, tanto la congresista Bartra como la congresista León, de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, van a sesionar y me han pedido que, por favor, les transmita esta preocupación, en vista que muchos integrantes de la Comisión Permanente forman parte de ambas comisiones. Así es que no sé qué les parece.

Congresista Mulder, tiene la palabra.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— De acuerdo, presidente, tratar de hacer las cosas lo más rápido posible, porque tengo la impresión que ya casi todos los parlamentarios han tomado una posición al respecto.

Simplemente señalar lo siguiente, presidente, que vulnera un poco nuestra condición de parlamentarios, hay una declaración del congresista Juan Sheput, publicada en el diario La República, que dice lo siguiente: "Todos los que blinden hoy serán comprendidos en investigaciones fiscales". Y señala que una vez que dejemos de ser parlamentarios el año 2021 se nos comprenderá en la acusación que hay de organización criminal a los parlamentarios que supuestamente blinden, porque ese es el término: "blindar". Siempre se utiliza ese término. Y esto, presidente, creo que debe merecer por lo menos una explicación; pero, por lo más, yo hasta propondría que suspendamos esta sesión, porque este es un amedrentamiento muy grave y, obviamente, está vulnerando nuestra libertad de voto. Ya el concepto de que los parlamentarios no rinden cuenta ante ninguna autoridad por el ejercicio de sus funciones y por los votos que tengan que el Parlamento está diluido porque el congresista Sheput ya sabe que nos van a abrir proceso de organización criminal a partir del año 2021, salvo que el señor Vizcarra disuelva el Congreso, y lo hagan antes.

Entonces, yo ya no voy a poder votar libremente, presidente. O sea, de acuerdo a mi criterio de conciencia, ya no, porque ahora, sí, ya tengo una espada encima y, evidentemente, quien va a votar en esas circunstancias. Me parece sumamente grave, presidente.

Yo creo que deberíamos suspender la sesión y pedir que la Comisión de Constitución debata este tema de si es posible que los parlamentarios ya no tengamos la libertad de poder votar de manera clara y contundente, de acuerdo a nuestra conciencia.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, ¿por alusión?

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Sí, presidente.

Es una lástima que estén buscando cinco pies al gato para tratar de desprestigiar esta sesión, inclusive querer suspenderla.

Acá no se puede tomar en cuenta una declaración que, en primer lugar, es descontextualizada; en segundo lugar, no tiene nada que ver con la posición del suscrito,

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sino que simplemente es una cuestión que está saliendo en diversos medios de comunicación.

Entonces, que a partir de ahí se pretenda ejercer un tipo de presión sobre esta comisión es desvirtuar completamente el asunto y, la verdad, que es una maniobra que se case por sí misma.

Yo sugeriría, señor presidente, que continuemos con el debate y, en todo caso, si esa es una situación que le preocupa al señor Mulder, que haga las denuncias respectivas y que se maneje por otro trámite; pero, de ninguna manera, llevar al extremo de suspender esta reunión cuando simplemente estamos en presencia de un tema mucho más grande, mucho más amplio, que es el que tiene que ver con la lucha contra la corrupción y el procesamiento de dos fiscales. No tiene que ver una cosa con la otra.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidente.

Yo esperaba otra respuesta, que pueda ir en el sentido democrático, del congresista Sheput. No es que nadie quiere frustrar. Una muestra de ello es que estamos aquí presentes. Estamos desde las nueve de la mañana acudiendo a la Comisión Permanente para escuchar los descargos y debatir.

Sin embargo, presidente, yo sí debo hacer una denuncia pública, y pediré las garantías respectivas, por esta amenaza, y no solamente por lo dicho, sino también vemos en Transparencia la relación de congresistas de la Comisión Permanente que tienen la responsabilidad de decidir sobre la acusación constitucional a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, presuntos integrantes de "Los cuellos blancos del puerto". Y sale la relación de los nombres. Y también han generado movilizaciones en la calles.

Y digo esto: si hay un atentado contra la integridad personal de quien habla y de otros colegas congresistas, señor presidente, quiero dejar la denuncia pública y responsabilizar a los miembros de Transparencia por no saber respetar un derecho democrático, que todos podemos tomar una posición sobre determinados temas.

Yo no he venido acá a responder intereses de ONG, yo me debo a mis electores, me debo a la representación, me debo a este reglamento y me debo a la Constitución. Y, por eso, señor Presidente, creo, es momento de hacer esta denuncia. ¿Que existe? Sí existe una organización criminal para amedrentarnos, porque esto viene articulado, ONG, tienen algunos integrantes Ministerio Público, Poder Judicial, seguramente algunos medios, qué sé yo, señor Presidente, para hacer este tipo de campañas.

Nunca he visto de esta manera, que integrantes de la misma comisión o congresistas delegados, puedan amedrentar de esta naturaleza para tomar una decisión tal o cual sea para una posición de una votación. Yo creo que debemos de ser respetuosos al margen de que podamos estar de acuerdo o no con las apreciaciones que puedan tener válidamente los colegas congresistas, pero de ninguna manera llegar a este tipo de

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amedrentamiento, acoso constante que vemos, porque aquellos que no pensamos igual o no recibimos líneas de algunas ONG que quieren que vayamos en ese sentido.

Yo por eso, señor Presidente, dejo constancia de lo que viene ocurriendo y; sin embargo, les digo desde aquí, esos amedrentamientos a mí no me asustan. Tengo la valentía de poder enfrentar, y si por eso tiene que correr sangre y perder la vida no tengo miedo.

Gracias, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a dar inicio al debate del informe sobre las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288, presentadas contra los fiscales supremos Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Aladino Gálvez Villegas.

Se abre el debate.

Congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, Presidente.

La decisión que va a tomar hoy esta Comisión Permanente es una decisión muy importante y va a marcar no solamente la vida profesional, sino también la vida en sí misma de dos fiscales supremos. Uno de ellos, el fiscal supremo Pedro Chávarry, que ha sido complemente vapuleado, comenzando por IDL, que tenían filtradas todas las noticias respecto a lo que ellos dar cuenta y luego a los medios de comunicación.

Nunca, creo que en la historia republicana, los medios de comunicación se han unido y ha habido ese nivel de linchamiento a una persona. ¿Cuántas primeras planas ha habido respecto a este tema? Meses tras meses tras meses. ¿Por qué ese ensañamiento? Habría que ver qué hay detrás de todo esto.

A quién finalmente le asustaba que el señor Pedro Chávarry continúe como fiscal de la Nación, porque acá esto, pónganse a pensar, y lo digo con total transparencia. El 2015 ya se tomó el acuerdo para que el señor Chávarry sea el próximo fiscal de la Nación después del fiscal Pablo Sánchez, y eso fue un acuerdo, incluso, plasmado en un documento.

Cuando se va elegirlo lo proponen, y es elegido por aclamación. ¿Qué pasó de ahí para que en pocos días cambie y venga toda esta vorágine de ataques al señor fiscal de la Nación? ¿Quién articuló todo esto? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Quién está detrás de todo esto y por qué?

Yo creo que el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, tiene conocimientos de temas de corrupción y cual también manifestó que se tiene que investigar, y esa es la razón, finalmente, por lo que ha sido tan vapuleado. Y hasta ahora ese odio que hay hacia él, cada colega congresista le pone una denuncia tras otra, tras otras, tras otra: ensañamiento total.

Yo quiero acá manifestar lo siguiente: Cuando hay una acusación constitucional, esto se divide en un juicio político y un antejuicio político.

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En el tema del antejuicio político, finalmente, debe terminar, y el antejuicio político es por delitos de función, y eso tiene que terminar, finalmente, si sigue su camino y no se archiva, en una resolución acusatoria que va al Ministerio Público.

Pero en el caso del juicio político, ahí es muy grande la responsabilidad del Congreso, porque ahí nosotros no derivamos la responsabilidad de sancionar como en el caso del antejuicio político. Acá, en el juicio político, el Congreso finalmente es el que evalúa y, finalmente, es el que sanciona con suspensión, inhabilitación, o sea, incluso hay resoluciones del Tribunal Constitucional que manifiestan que para el juicio político no solamente debemos evaluar indicios, tiene que haber pruebas contundentes para poder tomar una decisión.

Y a ese respecto del juicio político, presidente, permítame leer que para que exista esto tiene que haber una clara tipificación...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiempo adicional.

Hemos fijado cuatro minutos por participante, con tiempos adicionales.

Tiempo adicional.

Congresista Bartra, lo hago porque usted tiene sesión de la Comisión de Constitución a las 4.

¿Suspende entonces su sesión? Muy bien.

Congresista Becerril, puede continuar.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente.

Entonces, acá es que no está tipificado qué se considera como infracción a la Constitución. Esa responsabilidad política por infracción a la Constitución, porque si bien es cierto esa infracción se sanciona por motivos netamente o estrictamente políticos, también debe ser en aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, o sea no permitir la arbitrariedad. Y en esa línea de pensamiento, Bernales Ballesteros destaca que la Constitución de 1993, la que está vigente, no menciona nada al respecto ni existe una relación de hechos que puedan ser calificados como infracciones constitucionales.

El expresidente Valentín Paniagua también concluye afirmando que mientras no se tipifique los casos de infracción a la Constitución, no procede el juicio político, y no procede porque lo impide la falta de tipicidad y taxatividad. Quiere decir, presidente, que hoy día, si nosotros queremos aprobar una acusación por infracción a la Constitución, estaríamos cayendo en un vacío legal, porque eso no está ni en la Constitución ni en el Reglamento.

Y de acuerdo a la sentencia del caso Tineo Cabrera, en el fundamento 13 y 14, dice "no se procede el juicio político por infracción de la Constitución sin que exista previamente la tipificación taxativa".

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¿En qué momento, en qué parte de la Constitución, díganme ustedes, está tipificado taxativamente las causales de infracción a la Constitución? No existe. ¿Y como no existe, entonces, vamos nosotros a inventar lo que se nos ocurre como sanción por infracción a la Constitución? No. No existe, y si no existe tipicidad y taxatividad, no se puede tomar decisiones.

La falta de tipicidad y taxatividad y las infracciones constitucionales convierte al juicio político en uno arbitrario. Por lo que, en aplicación del principio de interdicción de la arbitrariedad, en tanto no se tipifique taxativamente por el propio Congreso no procede la acusación o juicio político por infracción. ¿Quién lo dice? ¿Héctor Becerril? No, lo dice el Tribunal Constitucional, ¡ojo!, el Tribunal Constitucional.

Y para terminar, respecto ya al antejuicio político, hay una serie de errores que se han cometido. En primer lugar, en el caso de Tomás Gálvez, inicialmente se ordena archivar todas las investigaciones en su contra. Luego, por una cuestión previa, se acuerda, finalmente, abrir una investigación, pero eso no ha constituido, no se ha puesto ninguna prueba, no hay un debate claro sobre las pruebas en la mesa para acusarlo, por eso creo que nuestro colega Juan Sheput, el delegado, en ese caso, seguramente al ver que no hay pruebas en su informe es lo que el ha estudiado y lo que ha presentado.

No puede ser posible Presidente, y colegas congresistas, que el delegado que investiga el tema, que tiene a su cargo todo, la carga de buscar las pruebas, que sé yo, y finalmente hacer su informe, sea desautorizado por una cuestión previa que finalmente no tiene ningún sustento legal, no hay pruebas, yo creo que eso no es serio, y todos conocemos, bueno, queremos conocer finalmente, que en el caso también del señor Pedro Chávarry, la verdad, todo lo que se ha dicho a el es respecto a lo que los medios de comunicación y personas interesadas de algunos grupos políticos que sabemos que no les gusta Pedro Chávarry, les gusta simplemente que en los cargos principales e importantes estén las personas y coinciden, entonces han hecho una alegoría; han comenzado a elucubrar cosas que no tienen correlación con lo que está tipificado en el Código Penal.

Por reuniones simplemente, por llamadas que no tienen ningún tipo de indicios ni siquiera delictivo, entonces ahora al señor, a Tomás Gálvez lo han satanizado y ahora los quieren inhabilitar, los quieren sacar del Ministerio Público, ¿qué buscan Presidente?, clarito, buscan tomar la Junta de Fiscales de esa manera, ¿para qué?, para seguramente porque hay fiscales como por ejemplo Domingo Pérez, Vela Barba, que sí han sido utilizados como persecutores políticos para dañar, para amedrentar a aquellas personas, aquellos congresistas, políticos, que no somos de su línea política, eso es clarito y lo vemos todos los días, por más que quieran cerrar los ojos o por más que la prensa minimice, los hechos no resalte, es un hecho real que está pasando en el país.

Entonces, ¿para qué quieren tomar el Ministerio Público y el Poder Judicial?, justamente, para amedrentarnos, para querer encauzarnos en temas, pero Presidente, habemos congresistas que no les tenemos miedo, que pueden hacer lo que quieran y vamos a ser consecuentes con la verdad, vamos a ser consecuentes con objetividad y consecuentes con el Estado democrático que vive el país, y eso vamos a defender.

Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Como habrán podido ver, ya se eliminó el acuerdo de fijar un tiempo, así que ahora la participación es libre, salvo en las interrupciones.

Congresista Mulder, tiene la palabra.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, gracias.

Mentalmente me he preparado para los 4 minutos nada más, entonces Presidente, ojalá lo pueda hacer.

En primer lugar, ratificar que no es por fastidiar que yo menciono esta declaración del señor Sheput, porque es evidente que ahí hay una manera de ejercer una presión indebida contra los parlamentarios que lleva a considerar que si hay un voto en uno u otro sentido por parte nuestra, vamos a tener que asumir una responsabilidad penal, y eso es sumamente grave, créame que en todos los años que yo tengo en el Parlamento siempre he votado con absoluta libertad en todo tipo de temas, yo muchas veces he presidido incluso la Comisión de Acusaciones Constitucionales, he sido el ponente, pero una amenaza como esa, jamás la había recibido y no es que yo esté queriendo fastidiar al congresista Sheput o en su intervención que yo soslayara esto como cualquier cosa, es un tema sumamente grave que el mismo día en el que se va tomar una decisión como esta el presidente, o mejor dicho, el encargado y representante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, venga con una declaración de esta índole.

Y, sobre todo poniendo a los actuales fiscales que están investigando el tema, como las que van a ejecutar eso, ¿no es cierto?, entonces esto parece un tema periodístico, pero no lo es, Presidente, es un tema de amedrentamiento, y ahora se me hace mucho más dificultoso el voto, porque créame que yo en lo que se refiere al caso del señor Chávarry, sí tenía una duda e iba a votar a favor de que por lo menos a lo que se refiere a un punto no aclarado de su vinculación con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecido en la página 45 del informe, yo tenía el criterio de que si debía en todo caso profundizarse una investigación ya en el ámbito judicial, en ese extremo, los demás extremos me parece que no están sostenidos. Pero en el extremo que implicaba la posibilidad de que pudiera haberse visto favorecido por una nota en algún momento, no está suficientemente aclarado; y, es más, el informe dice que "no existe, ni se advierte de los actuados, un medio probatorio que sustente la versión que él da".

Entonces, en función de eso, yo iba a votar marcando una reserva específica en este tema; sin embargo, ahora ya va a quedar, ¿que lo estoy haciendo porque tengo miedo de que me metan preso el 28 de julio del año 2021 o estoy haciéndolo porque mi conciencia me lo dicta? Nadie lo sabrá, ¿no es cierto?

Ya estoy con la espada de Damocles y todos los congresistas que tengan un voto, al revés, van a tener esa situación.

Si me pide una interrupción, yo se la concedo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, la interrupción.

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El señor SHEPUT MOORE (CP).— Gracias, presidente.

Insiste el congresista Mulder en tratar de descalificar el informe o los argumentos que se plantean en el informe sobre la base de una declaración periodística, que no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en estos momentos, que tiene que ver con dos fiscales de la Nación.

Como señalé hace un instante, señor presidente, se hicieron comentarios respecto a diversos comentarios que están haciendo, diversas declaraciones que se están haciendo en los medios en las redes sociales. O sea, no tiene nada que ver con amedrentamiento ni con una amenaza directa, congresista Mulder.

Que si él quiere utilizar ese tipo de calificación o ese tipo de noticia periodística como excusa para justificar su voto, en buena hora, en buena hora que lo haga, pero que no intente generar, él sí, una amenaza sobre el resto de personas sobre la base de algo inexistente, para que de esa manera se condicione el voto.

O sea, él me critica a mí porque estoy amedrentando y, sin embargo, él utiliza los mismos argumentos para amedrentar. Entonces...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Segunda interrupción?

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Solo para terminar, señor presidente.

Yo considero de que acá nos tenemos que limitar a tratar este informe, porque yo no veo ningún tipo de amenaza ni cosa por el estilo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción, congresista Arimborgo.

La señora ARIMBORGO GUERRA (FP).— Gracias, presidente.

Yo solamente quiero dar lectura a esto: "no están viendo la implicancia de sus actos. Supongamos que ellos hoy votan por el blindaje de equis persona. Lo protegen y continúan las investigaciones de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro (a cargo de los "Cuellos Blancos del Puerto") y determinar que había culpabilidad, pero no se les pudo juzgar. En el 2021 todos los que blinden serán comprendidos en investigaciones fiscales por ser cómplices o por protección real a una organización criminal". ¿Quiero que me explique eso, presidente?

Muchas gracias, congresista Mulder.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Mulder, puede continuar.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Bueno, presidente, y la declaración continúa con ese tenor: "Sheput señaló que dichos legisladores podrían ser acusados en el futuro como cómplices de una organización criminal o por proteger a uno de los grupos. Además, aseguró que los congresistas de Fuerza Popular no están considerando la implicancia de sus actos". O sea, si no es esto un amenaza, entonces ¿qué es?

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No me venga, congresista Sheput,... En todo caso, que reconozca que se excedió en sus palabras o que ha hecho o quiso hacer una especie de alegoría futura o lo que fuera; pero esto no está redactado ni siquiera en tiempo condicional, esto está redactado: "todos los que blinden hoy serán comprendidos en investigaciones fiscales".

Bueno, presidente, entonces bajo esa amenaza estamos votando.

Yo quiero decir también además, presidente, que el informe que hemos recibido los que no somos miembros del Grupo de Trabajo de la Subcomisión, y lo manifesté al comienzo de esta sesión, no contiene los argumentos por los cuales al señor Tomás Gálvez se le incorpora en el delito de organización criminal, no contiene la argumentación. Solamente hemos escuchado de su defensa el supuesto que él hace para tratar de darle contenido a su defensa, manifestando una hipótesis.

Pero no es serio, presidente, que venga un informe, en el que por una cuestión previa se diga: "fulano también organización criminal", pero no se sustente. Y, entonces, por carecer de sustento, presidente, evidentemente aquí no puede votarse por una imputación.

El propio congresista ponente desarma todas las imputaciones fácticas que hay alrededor del tema, entonces esto es una incongruencia.

Si en el informe aparece que el ponente señala que no hay actos delictivos por parte del señor Gálvez, y después se debate esto en la Subcomisión, y la Subcomisión modifica y dice: "Sí, hay que acusarlo", tendría que haberse agregado el supuesto fáctico que se le imputa, el delito que está establecido en el Código Penal descrito o la infracción constitucional que corresponda. No se ha hecho.

Por lo tanto, ahí adolece este tema de un vicio. Y es imposible votarlo en estas circunstancias. No estoy proponiendo que se proponga, sino votarlo en el sentido en el que la cuestión previa se ha planteado. Creo que va a tener que ser desestimada pues, presidente, porque no hay un sustento.

De manera que, entonces, siento que puede ser parte de la inexperiencia de las cosas. Porque lo que ha debido hacerse es que, si en alguna parte los miembros del grupo no estaban de acuerdo, solamente se puede votar aprobando o desaprobando.

Cuando se aprueba, viene para acá. Cuando se desaprueba, también. Y en el caso de una aprobación o una desaprobación, esta Comisión Permanente puede devolver a la subgrupo para que subsane un tema.

Pero ya se ha visto que este es un informe final, y que una cuestión previa, no con un examen de los hechos sino con una cuestión previa, se modifica una conclusión pero no se modifican las premisas.

Entonces, ahí este informe es una mesa que tiene tres patas, sino cuatro. La última pata se les salió completamente.

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Presidente, por orden de mi partido, el congresista Javier Velásquez Quesquén, en el grupo de trabajo votó en abstención. Yo, obviamente, como militante del partido también he recibido la misma directiva de parte de mi partido. Pero, evidentemente, las circunstancias frente a una amenaza como esta ya distorsiona y cambia las cosas.

Así que voy a reflexionar mi voto, pero es evidente, presidente, que las circunstancias en las que uno va a reflexionar no van a ser en función de los hechos que se han dilucidado, sino en función de si nos enmarrocan el 29 de julio del año 21, porque el señor Sheput así lo ha dicho.

Y él no es cualquier congresista en esta mesa, él es el ponente. Y al ser el ponente se convierte su versión en una versión oficial. Obviamente, la van a tomar en cuenta los fiscales.

Porque se dice que es una declaración periodística, pero si casi todas las pruebas están hechas basadas en recortes de periódicos, casi todo. Entonces, ahora las versiones periodísticas son palabra santa, y más aun si viene del eminentísimo presidente del grupo de trabajo que nos ha traído este informe, presidente, y que evidentemente nos pone en una situación bastante complicada.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, presidente.

El artículo 93 de la Constitución Política del Estado dice: "Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. No son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en ejercicio de sus funciones".

Tranquilicese, congresista Mulder.

No pueden ser tampoco procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto en delito flagrante. Y continúa el artículo 93.

Corresponde, presidente, que usted haga una precisión respecto al fuero. Porque hoy, en medio de un debate importante, en el que no solamente ONG sino hay cierta presión mediática, partidaria, gremial, se anuncian marchas en contra del Congreso, tenemos que expedir un voto. Y tenemos el artículo 93 que dice que tenemos ciertas garantías para proceder.

Cómo procedemos en este momento y nos manifestamos, nos pronunciamos a través de nuestro voto.

Yo lamento, y considero, con todo el afecto al congresista Sheput, a través suyo, es una afirmación no solamente inoportuna sino desafortunada. Porque necesitamos tener autonomía de lo que estamos votando.

Yo tengo algunos temas de fondo, a los que voy a pasar de inmediato.

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Se dice, por ejemplo, en las recomendaciones que tenemos a la vista, en la página 87, respecto a la comisión de los delitos, en el punto 4.2: En atención a la naturaleza y función que desempeña el Ministerio Público en el Sistema Democrático.

No es saludable y está emitiendo una opinión respecto al fiscal Chávarry, que entre sus miembros jerárquicamente superiores a los demás, encuentra un fiscal supremo que ha dado muestras claras de no compartir el espíritu constitucionalmente de lucha anticorrupción en uno de los casos más emblemáticos para nuestro país, como es el caso Lava Jato.

Este solo párrafo se da en atención a la decisión del fiscal de la nación, que en ese momento ejercía al fiscal Chávarry de remover a dos fiscales.

La pregunta es: ¿tenía facultades para tal cometido el fiscal de la nación? Porque sino estaría infringiendo.

Revisando algunos antecedentes que tenemos, que el fiscal Pedro Chávarry no tenía necesidad.

Perdón, en el artículo 2, dice: Tenemos un marco normativo en el que se precisa que era competencia del fiscal de la nación rotar a los fiscales superiores y también hacer lo mismo con los fiscales provinciales.

En tal decisión el fiscal no habría vulnerado el rotar o no a los miembros del equipo especial.

Dice el artículo 80.A: Designación del equipo de fiscales para casos complejos. El fiscal de la nación según lo estime conveniente podrá designar cuando las circunstancias lo requieran o por la complejidad de sus casos, un equipo de fiscales provinciales penales adjuntos, para que bajo la coordinación de un fiscal superior se aboque a la investigación preliminar.

En suma, solo este artículo de las recomendaciones planteadas, señor Presidente, por el congresista delegado para esta materia, es cuestionable porque según la Ley Orgánica del Ministerio Público, el fiscal Chávarry habría actuado de acuerdo a sus competencias.

Entonces, tenemos hoy un informe final que nos presenta conclusiones, pero esas conclusiones no están vinculadas a un cuerpo. Una resolución tiene tres partes, expositiva, considerativa y resolutiva.

Tenemos una resolución que no está articulando con la parte expositiva y considerativa, porque en este punto 4.2 se está observando unos hechos.

En el análisis de la norma se tiene que la Ley Orgánica del Ministerio Público facultaba al fiscal Chávarry, para poder ejercer esos cambios.

Y en la parte de las conclusiones, se nos está diciendo que hizo mal y que eso no lo compromete en la lucha contra la corrupción. Eso por citar uno de varios ejemplos.

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Hemos observado también, y de los medios probatorios que nos alcanza el fiscal Chávarry, algunas actas que serían elementos vinculantes respecto a las conclusiones, que emiten las señoras fiscales que investigan el tema de organización criminal y el tema de los cuellos blancos y dicen: habría —en hipotético— el interés de garantizar que el fiscal Chávarry sea fiscal de la nación. Que está a un punto que varios de los colegas que me han antecedido han hecho uso de la palabra.

Pero en su informe al congresista Sheput, que ha sido el congresista ponente y al congresista Víctor Andrés García Belaunde, que entiendo que es la personas que plantea la cuestión previa, ignoran el contenido del Acta 818, de fecha 14 de mayo del año 2015, y el Acta de fecha 7 de junio del año 2018.

En ambas actas, yo quisiera preguntarles, ¿por qué no las integran en sus conclusiones, por qué no son parte constitutiva de la misma?

Cuando se dice en el Acuerdo 3860, Folios 10, lo siguiente: La propuesta de la señora doctora Zoraida Ávalos Rivera, fiscal suprema titular para que en sucesivas elecciones de fiscal de la nación, se tome en cuenta el criterio de antigüedad en el cargo. Esto es en el año 2015.

Hoy año 2019, a 28 de mayo, estamos analizando un acuerdo que ha tenido cuatro años antes y que ha sucedido hechos como tener al fiscal de la nación Chávarry.

¿Cómo es posible que estos documentos no sean parte de las conclusiones? Porque ustedes nos están presentando hoy un informe que nos corresponde valorar.

Entonces, yo quisiera que nos expliquen porque no es parte de la conclusión del tema valorativo. En la misma línea, el acta 908 de fecha de siete de junio del año 2018, en la página doce de los medios probatorios ofrecido por el doctor Chávarry, en el acuerdo 5121, se acuerda elegir por aclamación al doctor Fiscal de la Nación por el periodo de tres años, comprendido el 20 de julio del año 2018 al 20 de julio del año 2021.

Estamos remitiéndonos y estamos ponderando no solamente actas en la que por unanimidad los fiscales supremos toman acuerdos, que inciden en la representación institucional de la Fiscalía de la Nación y que han llegado a la Comisión Permanente, sin ser valorados de debida forma por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Y, que en las conclusiones que hoy nos presentan, presidente, nos presentan cambios a lo que sugería el congresista Sheput y lo que se varía de acuerdo a las recomendaciones del congresista García Belaunde, perdóneme.

Quiero finalmente, compartir con usted el auto 2219, no tengo el folio pero en el punto cuarto, este es la resolución expedida en España.

Madrid, 13 de mayo del año 2019, que anota varios puntos de valoración de la Comisión Permanente respecto a votaciones como la del señor Hinostroza.

Dice lo siguiente, voy a leer literalmente, la mayor parte de los indicios en los que se basa los hechos de la imputación respecto a organización criminal, se basan a

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conversaciones entre reclamado y aquellos en los cuales el parlamentario ha archivado las actuaciones por organización criminal.

Lo cual produce una suerte de contradicción que impide, que podamos considerar que los hechos a los que refiere la imputación del delito de organización criminal, puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro tipo penal.

Aquí quiero reparar en algo, presidente, la tipificación que tiene en España respecto al Perú de organización criminal es análoga, tiene que ver mucho con el número de integrantes que hay en la misma.

Continúo en la lectura, a los efectos de este código se entiende por organización criminal, a la agrupación formada por más de dos personas con carácter de estable o tiempo definido que de manera concertada, coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

Ni tan siquiera superaría la tipicidad en lo que se refiere a un grupo criminal, a los efectos que este código entiende por grupo criminal. Entonces, señor presidente, podríamos poner la denuncia y los juicios de valoración de esta Comisión Permanente que hiciera respecto al caso Hinostroza, a lo que hoy nos presentan para el tema Chávarry.

Que dicen en materia de organización criminal, artículo 317° del Código Penal, se le imputa ser presunto miembro de la organización criminal de los cuellos blancos, dígame por su intermedio, al congresista Sheput, si sale él de ser el segundo miembro de mando de esta organización según el informe de la fiscal, ¿quién lo sucede en la organización?, ¿quién cumple sus veces?

Eso tendría que estar en el informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿cuáles son los indicios?, ¿cuáles son los indicios que hoy nos presentan?,

Hay un informe 01, 05-2018, donde se concluye que Chávarry tenía la finalidad de copar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Señor presidente, acabo de leer actas, cuatro años anterior a la fecha donde son los vocales supremos que acuerdan a solicitud de la que hoy es Fiscal de la Nación, que el criterio para ocupar el cargo era la antigüedad.

Entonces, debe haber un nuevo elemento que ustedes han valorado y que hoy no conocemos, yo pido que se nos presente para cumplir con la ciudadanía, para que no se me denuncie el año 2021. En setiembre.

En el tema de encubrimiento real y encubrimiento personal tipificados en el artículo 404° y 405° del nuestro texto normativo. Dice: "Se le imputa este delito por haber emitido Resolución n.° 4853-2018, con lo cual aportó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez el caso Lava Jato. Además por haber solicitado en reiteradas ocasiones información a los miembros del Equipo Especial Lava Jato sobre las investigaciones que venían realizado, por ejemplo, sobre el caso de los cocteles".

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Señor presidente, hay algunos requisitos mínimos que requieren los documentos que acá se analizan. Y es que, además, de que haya la tipificación, tiene que haber medios probatorios.

Lo había dicho hace unos instantes el congresista Mulder, varios medios probatorios, que hoy se nos han presentado, tienen que ver con textos periodísticos. Y si bien es cierto pueden ser una fuente de información valiosa, porque hay que reconocer en periodistas la agudeza que tienen en materia investigativa, y que podría ser valorada, esto no puede subsumirse a reemplazar medios probatorios suficientes para inhabilitar.

Yo podía eludir, presidente, estar hoy en la Comisión Permanente, había sido delegada en un tema de representación en el extranjero, he eludido eso y estoy aquí. Y, sin ninguna consigna para emitir un juicio responsable, quiero se me explique cómo es que voy a inhabilitar a alguien 10 años de su vida profesional si es que no hay un medio probatorio que así lo acredite.

Más allá de que hay una marcha, yo tendré que rendirme cuenta a mí misma de que hice bien, entonces cuáles son los medios probatorios que hoy me van a permitir inhabilitar a alguien; porque, finalmente, si a alguien se le tiene que investigar, que se le investigue. Si es el Poder Judicial que tiene que responder este exfiscal de la Nación, que responda.

Señor presidente, yo quiero pedir y plantear una cuestión previa.

Primero, es que se observe y se fundamente el tema de la inhabilitación de manera probada, que es algo que no tiene el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y que se haga una exposición solamente respecto al extremo de la inhabilitación. Todos tenemos derecho a la dignidad, a un futuro, a seguridad jurídica.

Y yo creo que en ese mérito, en ese Derecho de Estado que nos asiste a todos, tiene que ser la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien planteó la cuestión previa, quien firmó el informe, que nos diga hoy qué medios probatorios tuvieron para presentarnos hoy este informe.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Gracias, congresista.

Me informa el Oficial Mayor que para poder procesar la cuestión previa tendría que, en todo caso, o solicitarse que regrese a la Subcomisión, para que en esta se sustente y se fundamente bien, o se vota en contra; porque no sé cómo procesar una cuestión para que se sustente mejor el informe.

Para que lo precise, por favor, congresista Aramayo.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Presidente, no creo que haya necesidad de retrotraer al espacio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y dilatar, que no es el objeto. Lo que quiero tener hoy, y lo que le pido con absoluta cordialidad al congresista Sheput, es que argumente el tema, porque aquí no está, en los actuados no

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tengo un medio probatorio ni justificación ni línea argumentativa que me permita votar la inhabilitación, es conocer los argumentos que han permitido llegar a esa conclusión.

Si lo puede hacer el congresista Sheput ahora, yo se lo agradezco, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Bien, entiendo su posición, que argumente mejor. Pero eso no necesariamente tiene que ser a través de una cuestión previa, simplemente, cuando haga el uso de la palabra el congresista Sheput, que dicho sea de paso, sigue en la lista.

Congresista Sheput, tiene la palabra.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Gracias, presidente.

Presidente, yo he escuchado con suma atención a cinco parlamentarios, por los cuales tengo el mayor de los aprecios y respeto, manifestando su preocupación por unas declaraciones que he dado hoy.

Como acabo de señalar hace un instante, lo que planteé fue una hipótesis, que definitivamente ha sido inoportuna. Y así como soy respetuoso de ello, soy más respetuoso de la Constitución, y para que quede claro en el Libro de Debates voy a leer el artículo 93.

”Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones". Dicho eso, señor presidente, las declaraciones de la mañana que se ven en ese contexto no tienen nada que ver con el debate de fondo. Y si alguien ha afectado pues, retiro esas palabras, porque considero que primero está la Constitución.

Yendo al asunto de fondo, señor Presidente, quisiera hacer otra precisión, que es la que tiene que ver con la cuestión previa. También han manifestado algunos parlamentarios el hecho que el desarrollo del informe no tiene nada que ver con las conclusiones en lo que se refiere al doctor Tomás Gálvez. Y es así, porque las conclusiones son distintas y recomiendan el archivo de la causa, porque nosotros consideramos, como desarrollaré en algunos momentos, que las demandas constitucionales tal y como están redactadas y fundamentadas no permiten aplicar en una acusación ni en determinar una infracción constitucional en lo que se requiere al doctor Gálvez.

Y luego ya para pasar al fondo del asunto quisiera contestar las preguntas de la congresista Aramayo. En esta instancia, señor presidente, en el juicio y en el antejuicio político no necesitamos de pruebas, necesitamos de indicios. El impeachment o juicio político tiene que ver con eso, con la pérdida de confianza, con la generación de actos que colisionan con lo que significa la percepción ciudadana. Es un mecanismo plenamente constitucional que sin necesidad de prueba puede hacer de que el funcionario si es que con su accionar genera algún tipo de desafección con la

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ciudadanía pues tiene que ser destituido, si es que así lo amerita, en este caso el Congreso de la República.

Y díganme, ¿acaso no estamos viendo la situación en la cual se encuentra el Ministerio Público?, ¿acaso no estamos viendo pronunciamientos de fiscales a lo largo y ancho del país pidiendo la destitución?, ¿acaso no vemos enfrentamientos entre los mismos fiscales? ¿Existe o no existe una posición en la cual el Ministerio Público está en permanente enfrentamiento, por llamar de alguna manera, con la ciudadanía que al final haya llevado a que el doctor Chávarry, en este caso, esté en estos momentos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales?

Señor presidente, si usted lo permite.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Mulder, tiene la interrupción.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, yo creo que hierra el congresista Sheput cuando manifiesta que el Congreso solo debe puntualizar indicios. Eso no es verdad. Incluso él profundiza su hierro al manifestar que esto es un impeachment. Justamente, el impeachment es la acusación política, es el juicio político, es la imputación de hechos políticos, no en este caso que estamos hablando de temas penales.

Una cosa es el juicio político, y eso puede estar correcto en función de interpretar las infracciones constitucionales que se están imputando, que no deben ser hechos penales, y otra cosa es una acusación constitucional por la comisión de delitos, que de acuerdo al artículo 100 obliga al fiscal a abrir proceso en lo que está, justamente, diciendo el Congreso y en ninguna otra imputación. Este es un inicio de un juicio, Presidente, y por eso es que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional es que aquí también se tiene que respetar el debido proceso porque sino cae nulo. Este no es un caso político de impeachment, este es un caso de acusación constitucional por delito de función, y al ser delito de función cuando se modificó el artículo 100 de la Constitución y se estableció que el fiscal está obligado a abrir proceso se convierte ya en el inicio de ese proceso. Así que nos puedes determinarse de que este es un tema en el que así nada más tengamos que presentar indicios.

Se tiene que hacer una investigación en regla y...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, puede continuar.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Gracias, presidente.

Interesante lo que dice el congresista Mulder para el debate. Yo no he dicho es un impeachment, tiene su origen en el impeachment. Y lo que está sucediendo en este caso es que hay juicio político y antejuicio político. Es decir, es un caso tenemos que ver las acciones que podría haber cometido alguno de los fiscales en relación a ese proceso de descomposición en su relación con la ciudadanía y en otro caso tipificar los elementos penales que van a permitir que vaya fuero jurisdiccional, y de ambas cosas voy a hablar a continuación. Acá hay juicio y antejuicio, ambas cosas.

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Y para eso es fundamental, señor Presidente, retrotraernos a cómo empezó todo esto, para determinar, casualmente, los causales del juicio político. Hubo una serie de interceptaciones telefónicas en el caso de las bandas criminales en el Callao, que obligaron a que la Policía empezara a hacer una serie de chuponeos, que, al final, terminaron identificando a un grupo de jueces y fiscales, alguno de los cuales ya han sido destituidos por este Parlamento y acusados ante el respectivo sistema de justicia.

Y como consecuencia de esas interceptaciones salió por ahí algunos jueces que vinculan al doctor Pedro Chávarry, sea por relación, sea de manera indirecta o directa, y es allí donde empieza este proceso. Y, por lo tanto, desde el momento en que ha generado una carga tremenda en lo que se refiere a la decepción de la ciudadanía es que estamos llegando a este nivel en el cual hoy estamos viendo el juicio y el antejucio del doctor Pedro Gonzalo Chávarry.

No debemos olvidar, señor presidente... Me pide una interrupción la congresista Letona.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Letona, la segunda interrupción.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Presidente, a través suyo, preguntarle al congresista Sheput, que está, entiendo, haciendo la sustentación, en parte del informe de acusación, porque lo he escuchado en reiteradas oportunidades, y ya no me voy a referir a su desafortunado tweet, pero él sustenta mucho en la percepción de la ciudadanía, y la percepción de la ciudadanía no encaja. Acá las responsabilidades, y tratándose de un tema incluso político, tiene que haber una serie de circunstancias que ameriten que esa sanción que usted nos propone, a través suyo, presidente, de inhabilitación y de destitución, sobre todo la inhabilitación de diez años, es directamente proporcional a aquellas faltas que usted le está imputando al señor Pedro Chávarry, esas omisiones o esas acciones que ameritan que este Congreso lo destituya de su cargo al fiscal supremo, pero, además, lo inhabilite por diez años.

Y yo creo, presidente, y creo que es bien importante reiterarlo, porque lo he escuchado en varios...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— La ciudadanía le exige... pues, no. La ciudadanía nos exige hacer nuestro trabajo, tener un voto de conciencia, pero un voto que sea acorde con la Constitución, y los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, presidente. Y acá lo que prima es lo que dice la Constitución.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, para que concluya.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Gracias, presidente.

Evidentemente, una sustentación, que es lo que estoy haciendo ahora, tiene distintas fases. La primera es la contextualización, en la cual estoy colocando los casos, y al final

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llegaremos a la conclusión en la cual determinaré cuáles son los artículos de la Constitución que se han infraccionado.

Entonces, yo quisiera empezar por eso, señor presidente, porque la percepción es importante, por algo estamos hablando de política. La política tiene que ver con la legitimidad que puede tener el Congreso ante la ciudadanía en base a las acciones que tiene, ¿y acaso no estamos en cuestión por la forma como en determinados casos podría verse de parte de la ciudadanía como erradas nuestras decisiones? Esto ha llevado inclusive a un referendo, que ha puesto en cuestión a los 130 congresistas. Entonces, es fundamental señalar todos estos hechos que empiezan con "Los Cuellos Blancos" del Callao, pasan por la gran cantidad de personas que piden que se cuestione a funcionarios del Ministerio Público, pasa por un proceso de referendo; tenemos el caso del señor Hinostroza, que se encuentra en España fugado; tenemos el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, y no me van a decir que no está pasando nada. Entonces, la percepción ciudadana es completamente negativa y por eso es que estamos en un juicio político.

Además hay un precedente que tampoco podemos obviar, es aquel de las denuncias constitucionales 211, 215, 217, 18, 19, 28 y 29, en las cuales el señor César Hinostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ya fueron sancionados por este Parlamento, señor presidente. Y esa situación, que llevó posteriormente a la fuga del señor Hinostroza, igualmente fue cuestionado por los mismos argumentos que he escuchado hoy de la defensa: que no sirve el informe, que no está plenamente tipificado, que cuáles son las pruebas.

Señor presidente, un proceso como de una acusación constitucional, que tiene parámetros claros en cuanto a tiempo, cinco días, tres días, etcétera, y que bien manejado no supera un mes, no puede reemplazar, pues, al Ministerio Público, que se demora hasta dos años en investigar.

Entonces, que vengan a exigir pruebas a un proceso de denuncia constitucional, que tiene límites precisos de cinco días, tres días, etcétera, es sinceramente no conocer la dinámica de lo que es un juicio o un antejuicio político, en el cual —insisto— se tienen que determinar indicios y su relación con hechos concretos, a través de esos hechos con la infracción que puede haber en materia constitucional o del Código Penal.

¿Cuáles son los hechos incluidos en la denuncia contra el doctor Pedro Chávarry?, ahí tenemos que se están planteando, según las denuncias presentadas por diversos parlamentarios lo siguiente:

En primer lugar:

Favorecimiento de su ratificación como Fiscal Supremo.

Relación con miembros de los "Cuellos Blancos del Puerto".

Reunión con periodistas en la casa del colaborador eficaz Antonio Camayo.

Apoyo de los "Cuellos Blancos del Puerto" para su elección como Fiscal de la Nación.

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El ex Fiscal de la Nación no denunció a presuntos miembros de los "Cuellos Blancos del Puerto".

Remoción de los fiscales previos a la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz.

Pedidos de información sobre investigaciones al equipo especial.

Remoción de la Fiscal Ericka Delgado, del Equipo Especial.

Ya en el cargo de la Nación el doctor Chávarry omitió denunciar constitucionalmente por el delito de organización criminal al ex Juez Supremo César Hinostroza y otros ex funcionarios vinculados a los "Cuellos Blancos del Puerto".

¿Que hay en todos estos casos?, indicios contundentes que están en el informe, señor Presidente, más de 40 indicios, entonces si esos indicios se condicen con acciones, con actitudes, con normativa, con todo ese tipo de cosas, pues obviamente que el Congreso está en la facultad de sancionar y si a eso le agregamos lo que está sucediendo en estos momentos con el Ministerio Público de un enfrentamiento permanente entre fiscales de mejor jerarquía, que ya no respetan a los Fiscales Supremos ni al propio Fiscal de la Nación, entonces cómo nos vamos a trabajar o actuar en función de esa situación política. Es obvio que hay un problema en el Ministerio Público, y es obvia que dicen, que existen los indicios suficientes como para determinar el problema, y estos indicios, estas acusaciones son producto de documentos hechos por congresistas, algunos de los cuales se encuentran acá; o sea, como dice el Reglamento uno no puede ir más allá, así quisiera, de las denuncias planteadas y aceptadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Acá no está por ejemplo el tema del deslacrado, que hoy correctamente ha sido enviado al archivo, pues simplemente estábamos hablando de una situación estrictamente reglamentaria, ya la próxima denuncia podrá venir en la siguiente legislatura, pero estamos hablando de hechos absolutamente indiciarios que permiten señalar que se ha cometido una infracción, y el deterioro del Ministerio Público es algo que nadie puede negar.

Preguntaban, ¿de qué se le está acusando, cuáles son los delitos imputados y que hemos encontrado sustento?, y quieren que se tipifique, se tipificará, organización criminal, el artículo 317 del Código Penal, y para eso existen una serie de hechos en el informe, que por una cuestión de tiempo en el informe voy a señalarlo, en el informe que estipulan que existe en estos momentos una relación, no amical, funcional, jerárquica, con otros miembros que ya han sido desaforados por el Congreso.

Encubrimiento real, el artículo 405 del Código Penal, encubrimiento personal, que fue cambiado también por la cuestión previa, y la infracción constitucional en lo que se refiere a autonomía del Ministerio Público, lucha contra la corrupción, que involucra el articulado de la Constitución en los artículos que el Tribunal Constitucional ya señaló para ese fin, 39, 41 y 48.

Entonces, señor Presidente, existen elementos como para que se proceda a esta sanción.

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En el caso del señor Tomás Gálvez, en ese sentido quiero recalcarlo nuevamente, se ha mencionado que existen contradicciones entre lo que dice el informe y lo que se ha sancionado, vuelvo a repetir, señor Presidente, que en ese caso el informe está estructurado para exculpar al señor Tómas Gálvez de la acusación constitucional que se le plantea. Como consecuencia de la cuestión previa se cambió, y bueno, le corresponde al presidente de la Subcomisión, tal como lo conversé con el, sustentar los motivos de ese cambio. Eso lo digo, porque han señalado que debería incorporarse, en la mañana conversé con el presidente de la Subcomisión, con César Segura, y me dijo, que debería salir del Diario de Debates, es la decisión de el, no me corresponde a mí, hacer ese planteamiento sino al presidente de la Subcomisión.

En ese sentido, en esta primera parte, señor Presidente, doy por concluida mi participación.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra la congresista Bartra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

Yo supongo, presidente, que el congresista ponente Juan Sheput se ha referido a mí, y por eso cuando dice: "hay congresistas que han hecho pedidos, que se encuentran presentes en esta sala", ¿supongo? En todo caso, solo me doy por aludida, y como solo me doy por aludida, presidente, es precisamente porque en el informe del congresista Juan Sheput, al cual él se ha referido en este momento y habla de cuáles son los argumentos que sustentan el documento que él presenta, en uno de ellos dice, y lo ha leído con suma efusividad y con la contundencia, además, con la que él suele hacer su sustento, dice: "Pedido de información sobre investigaciones del equipo fiscal —dice— son indicios contundentes".

Señor presidente, el Reglamento del Congreso... Ah, pero antes de eso, supongo que se refiere él, cuando habla de eso, a lo que en su informe, página 16, Capítulo IV, Medios Probatorios, dice. Y avanza hasta la página 20, 4.2.1, resoluciones y documentos institucionales.

Y avanzo a la página 22 y, entonces, encuentro el documento 37, en mérito del Oficio 2500-2018-2019/*CIM*-CR, de fecha 2 de agosto de 2018, cursado por la congresista Rosa María Bartra Barriga al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Y el documento 39, en mérito del Oficio 139-2018-2019, de fecha 27 de noviembre de 2018, cursado por la congresista de la República Rosa Bartra Barriga al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Pruebas, presidente.

Claro, como él mismo ha señalado, para no quitar además la taxatividad...

El señor SHEPUT MOORE (CP).— ¿Puede precisar el número?

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Disculpe, congresista Sheput, no le han concedido la interrupción.

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¿Le concede la interrupción?

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Con todo gusto, presidente

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la interrupción.

Vamos manejando el orden de la sesión.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Simplemente quisiera saber el número y la página.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— 22 y 23, congresista Sheput.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— ¿De qué página?

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Perdón, por su intermedio, presidente, discúlpeme.

Entonces, sería bueno y además es pertinente, porque acá se encuentra el congresista Mauricio Mulder, el congresista Humberto Morales, el congresista Víctor Andrés García Belaunde, que han sido miembros de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Y también el congresista Costa, que en su momento estuvo participando en esa comisión.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra, el congresista Sheput necesita que precise el número de la página a la cual está usted haciendo referencia.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Lo acabo de decir.

Por su intermedio, presidente, lo repito, con todo gusto: página 20, signada como 20, pero en realidad es numerada 22 y signada como 21, foliada como 23.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Correcto.

Puede continuar.

Gracias.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Ahí es donde... Es que ahí...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, está en el uso de la palabra la congresista Bartra.

Luego, si usted gusta, pide una interrupción, y usted va a tener la oportunidad de aclarar. Pero no...

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Es que...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Pero permítame, congresista Sheput. No puede interrumpir la participación de un congresista que está en el uso de la palabra. Usted sabe cuál es la práctica parlamentaria.

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Si gusta, le puede pedir una segunda interrupción a la congresista Bartra, y si ella se lo concede, con gusto le doy la palabra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Con gusto, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la segunda interrupción, congresista Sheput.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Presidente, es que se está cometiendo un error, que es el mismo error que cometió la defensa. Hay prueba o hay indicios de los denunciantes e indicios de los denunciados.

Entonces, en el punto 4.2 dice: "Por su parte los denunciados ofrecen los siguientes medios probatorios", los denunciados. Pero lo están tomando igual la defensa, como si fueran los denunciantes.

O sea, en ese caso, los de la defensa ni siquiera leyeron bien el informe. Y en este caso no digo lo mismo por la señora Bartra, pero estamos hablando de los denunciados.

El tema de los denunciantes es el 4.1 y acaba en la página 18, a partir de ahí viene el 4.2. Y los denunciados ofrecen, obviamente, para contrarrestar lo anterior, sus respectivos sustentos.

En la defensa hablaron de 120 medios probatorios, etcétera. Bueno, sumaron denunciantes con denunciados, porque no leyeron bien el informe.

Entonces, en este caso específico yo creo que...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra, puede continuar.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

La congresista Beteta me pide una segunda interrupción.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por excepción, tiene la tercera interrupción, congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidente.

Hay que tomar en cuenta lo que dice válidamente y reclama la congresista Bartra, ya que el documento que se envía es en función a una comisión investigadora, que de ninguna manera se pueden considerar para una organización criminal los medios probatorios.

En el punto 4 de este informe, se argumentan como medios probatorios. ¿Y qué se consideran? Resoluciones, actuaciones fiscales y otros informes institucionales, notas periodísticas, material auditivo y audiovisual, declaraciones testimoniales.

Pero lo grave, se considera aquí dentro de las resoluciones y documentos institucionales, y ahí encontramos los dos oficios que habría enviado la Comisión Lava Jato en ese entonces al fiscal de la Nación. Esos están acreditados como medios probatorios.

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Esa es la gravedad en ese sentido.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

Reviso los documentos, los dos oficios enviados, uno se envió mientras yo era presidenta de la Comisión Investigadora, y pido los documentos en virtud del artículo 97 de la Constitución y el artículo 88 del Reglamento del Congreso.

¿Qué dice el artículo 97 de la Constitución? El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Para el cumplimiento de sus fines —me voy al segundo párrafo— dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria, en fin.

Presidente, la Constitución nos habilita pedir cualquier información.

Y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, inciso b), señala, presidente, que las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona está en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación, y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran.

¿Qué dice el inciso d), presidente? Que pueden solicitar incluso allanamientos, conducción por la fuerza pública, que se practiquen los apremios y con orden del juez especializado en lo penal, en fin, presidente.

No hemos actuado jamás ni al margen de la Constitución ni al margen del Reglamento.

Sin embargo, presidente, quiero avanzar en esto, porque realmente por más que reviso y reviso, y mis colegas han hecho lo mismo, todos estos —voy a insistir en palabras del mismo ponente del informe— indicios contundentes, no encuentro alguno, presidente.

Y para referirnos a este caso, yo quisiera comentarle el origen de los pedidos de información, porque se ha hablado mucho de que se ha pedido información al equipo especial Lava Jato con la intención de obstruir o de obtener información que pueda interferir con las investigaciones. Y eso, por lo tanto, lo hace pasible de inhabilitación, de sanción y de denuncia.

Presidente, el día miércoles 8 de agosto del año 2018, a la Comisión Investigadora que yo presidía en ese entonces acudieron el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el fiscal Rafael Vela Barba.

En esa comisión, presidente, ellos informaron sobre su trabajo. El fiscal Vela acababa de ser designado jefe del equipo especial.

Y en esa sesión no solamente quedaron claras las atribuciones que le da a una comisión investigadora la Constitución y el Reglamento del Congreso, sino que explícitamente el jefe del equipo especial habló de la transparencia, habló del cambio de actitud.

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Y habló de que de ese momento en adelante toda información relacionada con el acuerdo que ha sido materia de muchísimo debata y de muchísima crítica, que porqué además se pide información, que debe ser secreto, que además no se debe criticar de forma alguna...

El fiscal Vela Barba, cuando acudió a la Comisión, le voy a decir lo que él señaló.

Permítame, por favor, dar lectura para no cometer a lo mejor algún error que pueda prestarse a interpretación.

Dijo el fiscal Rafael Vela Barba y está contenido en el acta de ese día en la página 14:

Entonces, nos encontramos en ese esfuerzo, en donde la muestra de voluntad se ha trasuntado en un documento que en ejercicio de transparencia ha sido de público conocimiento. Sí es posible opinar y sí es posible formular una crítica de ese documento es porque ahora es de conocimiento público.

Nosotros, el mismo día que hemos firmado el Acta de Entendimiento, la hemos hecho de conocimiento público en mutuo acuerdo con la empresa Odebrecht, de tal manera que cualquier cuestión que pueda ser opinable y que naturalmente nos sometemos a la Majestad del Parlamento sobre cualquier inquietud que debemos responder, es ahora posible a partir de saber que existe un Acta de Entendimiento en términos específicos.

Señor Presidente, no solamente ponía a disposición para poder opinar y criticar, y ponía el documento como opinable o criticable, sino que además decía que en aras de la transparencia va a ser público.

Señor Presidente, solamente para dejar constancia plena de lo que nosotros estamos sosteniendo el día de hoy con respecto a la validez de los pedidos de información por la Constitución, por el Reglamento, por la disposición del entonces fiscal de la nación y del jefe del equipo especial, le voy a pedir que me permita transmitir un vídeo muy corto.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Autorizado.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, señor Presidente.

Por favor.

—Se proyecta vídeo.

El señor .— En cuarenta y cinco días nosotros tenemos ya que ser capaces [...?] este acuerdo. Y este acuerdo ha sido de conocimiento público, porque parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación en la necesidad de legitimarlo socialmente como institución, y hemos reconocido de que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información, no ha sido algo que beneficie a la institución como tal.

Entonces, tenemos en compromiso, señora Presidenta de que en cuarenta y cinco días los acuerdos van a ser de público conocimiento no solamente el primero, el primigenio del negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final.

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Lo sometemos a los criterios técnicos de ese aspecto y además al judicial porque nosotros llegar a ese entendimiento, tenemos que postular ese acuerdo y control la legalidad judicial.

—Finaliza el vídeo.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, señor Presidente.

Lo expresado plena y claramente por el fiscal Rafael Vela, que el documento será público, que el secretismo se va a acabar, que la compartimentalización de la información le ha hecho daño, que buscan legitimación social.

Señor Presidente, en base a eso se enviaron esos oficios y no es solamente la Constitución y el Reglamento, sino además lo que él mismo públicamente vino a expresar, ¿obstrucción, intromisión, crítica inadecuada? Nada, señor Presidente.

Todo dentro no solamente del marco estricto de lo que una comisión investigadora tiene como atribución, sino que además reflejaba una voluntad expresa del jefe del equipo especial, obviamente voluntad expresa que con el tiempo fue cambiando y que llegó al punto después de abrir o pretender abrir investigaciones a quienes se atrevían a criticar el acuerdo, que de pronto de haberlo ofrecido a ser público y transparente, se convirtió en el documento más secreto que puede existir.

No tenemos la culpa, señor Presidente, de que la gente cambie así de posición, de opinión o de que vulnere así mismo y en sí mismo el principio de legalidad.

Señor Presidente, yo espero con esto haber dejado claramente establecido no solamente la legalidad de nuestros actos, la constitucionalidad de los mismos, sino además explicitar cuál era la voluntad y cuál era además la disposición que tenían quienes ahora dicen que han sido vulnerados.

Por eso, señor Presidente, es que pongo en seria tela de juicio, pongo en tela de juicio, y con serias dudas, la validez de los indicios contundentes que sustentan el informe que hoy debemos votar.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Costa, tiene la palabra.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Gracias, señor Presidente.

Me pide una interrupción la congresista Aráoz.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aráoz, tiene la interrupción.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Gracias, señor Presidente.

Me sorprende el enojo presentado por la congresista Bartra por el uso de pruebas que vienen del lado de parte, o sea, de la defensa.

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Simplemente se ha usado como una señal del lado de la defensa que se le ha solicitado información y es una prueba que ellos han estado colaborando, por ejemplo, en este caso con el caso Lava Jato.

Entonces, no sé porque el grado de llevar nuestra discusión y tanto es así, que en las conclusiones que ha planteado el propio congresista, ese informe, cuando se habla de encubrimiento personal el artículo 404° del Código Penal, básicamente la opinión del informe es que vayamos a un archivamiento en ese extremo.

Entonces, ha sido consecuente el documento usando los argumentos de la defensa o sea, ha usado de alguna manera los argumentos de la defensa para llegar a esa conclusión.

Entonces, fue cambiado probablemente en la cuestión previa que no fue sustentada claramente en el, exactamente, porque la idea hasta este momento yo creo que en el informe si se emplea claramente que se va a ese extremo, entonces, no entiendo la posición de como si se estuviera diciendo que un argumento que fue usado por la defensa, en este caso de las dos personas que están involucradas…

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Segunda interrupción, congresista Costa?

Segunda interrupción.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Sí, brevemente para terminar o sea, la defensa usó eso como una herramienta para defender su caso, en el caso del señor Chávarry, y ahora llegamos al extremo donde se le dice que vayamos al archivamiento de esa parte, entonces, no entiendo la ofuscación, porque realmente creo que esta acá el derecho también de la defensa tiene que estar protegido y acá está, acá esta la prueba de que se puede llegar a usar correctamente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Costa, puede continuar.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Gracias, presidente, la defensa del señor Chávarry ha permitido confirmar muchas de las cosas que ya conocíamos de él.

En primer lugar, que se trata de un fiscal politizado, un fiscal sesgado, un fiscal subjetivo, ha venido acá atacar al Presidente de la República, a IDL y a las ONG, a la prensa independiente, es decir, a todos a quienes han trasmitido el profundo malestar e indignación de la ciudadanía, frente a los hechos que hemos conocido y de los cuales él ha sido un protagonista importante.

Y esa politización, presidente, está reñida con la naturaleza independiente y autónoma que debe tener un fiscal, más aún si es Fiscal de la Nación o fiscal supremo como él es ahora.

En segundo lugar, ha demostrado ser como muchos hemos venido diciéndolo el fiscal de la impunidad, ha venido acá, presidente, a descalificar a los fiscales Rafael Vela Y José Domingo Pérez y a señalar que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y no

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lo ha dicho pero imaginamos que los otros acuerdos de colaboración eficaz que están siendo negociados también, son entreguistas, ¿qué significa esto, presidente?

Significa que si no fuera por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, en este momento ninguno de las personas investigadas estaría donde está y sin ese acuerdo, nosotros no hubiéramos avanzado todo lo que hemos avanzado a conocer la verdad y acercarnos a la justicia. Si este señor que ha sido Fiscal de la Nación encarna, en sus propias palabras, presidente, la impunidad.

Y en tercer lugar, nos ha confirmado lo que también ya sabíamos, que el señor Chávarry falta a la verdad de manera sistemática, presidente, y voy a poner dos o tres ejemplos rápidos.

El primero, ha dicho que la suya es una trayectoria impecable de 40 años, pero no nos ha dicho si dentro de esos 40 años están incluidos los cinco en que destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, ejerció la profesión y defendió por ejemplo al traficante de armas James Stone, que es hoy día prófugo de la justicia, ¿esos son 40 años de carrera impecable, presidente?

También ha ocultado el hecho de que fue destituido por su proximidad y su relación con la señora Blanca Nélida Colán, que fue Fiscal de la Nación como usted recordará, al servicio de Vladimiro Montesinos y que fue gracias a ello, que fue destituida y regresó al Ministerio Público por una formalidad.

De manera que ha faltado a la verdad sobre su carrera fiscal y es bueno recordarlo, porque ha insistido mucho en la limpieza de la misma y nada más lejos de la verdad, presidente.

En segundo lugar, ha dicho que no ha habido ratificación irregular de él por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque él no necesitaba la ayuda de nadie.

No es verdad, presidente, no es verdad, él obtiene en las pruebas 69.22 que, de acuerdo a la Ley de Carrera Fiscal, es una calificación insuficiente para esa fase del proceso de ratificación. Y es, precisamente, por esa nota insuficiente que sus amigos en el CNM deciden adulterar las notas para ayudarlo.

Él dice, por supuesto, que esa adulteración de notas es una falla técnica. Otra gran mentira del señor Chávarry. En realidad, no es ninguna falla técnica, presidente, no es que ahí debía decir 69.22 el programa terminó marcando 79.72. En realidad, lo que hay es un incremento de 15% en la nota que él había obtenido, una variación en 10 de 16 decisiones en relación con su ratificación. Es más, la adulteración incluyó, presidente, la modificación de los textos de los evaluadores externos sobre su trabajo como fiscal.

Ninguna falla técnica. Aquí ha habido una adulteración de notas deliberada por parte del CNM para ayudarlo. Y esa es la razón, presidente, por la cual, entre otras cosas, los miembros del CNM fueron denunciados por el procurador anticorrupción junto con el señor Hinostroza Pariachi, porque deben de ser denunciados con el señor Chávarry, porque no hay forma de investigar a Chávarry si no investigamos a los "hermanitos" del CNM, que son los que le ayudan a llegar, en el caso del CNM; pero también están los

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"hermanitos" de la Junta de Fiscales Supremos, que también lo ayudan a llegar, como el señor Tomás Gálvez y el señor Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

Me parece, presidente, que ese es el perfil que tenemos del señor Chávarry, politizado, lejos de la independencia de autonomía que exige la Constitución y la ley de un fiscal, y menos de un fiscal supremo y un fiscal de la Nación; en segundo lugar, comprometido con la impunidad; y, tercero, sistemáticamente faltando a la verdad.

Yendo al fondo del asunto, me parece que ha quedado acreditado, presidente, la necesidad de que se le investigue por organización criminal, tal como lo recomienda el informe del colega Juan Sheput.

En primer lugar, llega con el apoyo de "Los cuellos blancos". Su ratificación irregular es el resultado del apoyo de "Los cuellos blancos". La adulteración de notas es el resultado de este apoyo.

Solo mencionar lo siguiente: se ha dicho que ese apoyo no era necesario. La razón por la cual es necesario asegurar el apoyo de Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Monteza habiendo un acuerdo para que fuera Chávarry el fiscal de la Nación sería el hecho de que hay una iniciativa por parte de Transparencia para pedirle públicamente al fiscal Pablo Sánchez que vaya a la reelección por dos años más, como lo habilita la propia Constitución. Y es en ese contexto que entonces los "hermanitos" mueven sus influencias para asegurar el voto de Tomás Gálvez y de Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

En segundo lugar, también votan por él, por supuesto, y lo sostienen a lo largo de los más de seis meses en que Chávarry está en la Fiscalía de la Nación. Y lo que demuestra el poder de Gálvez y de Rodríguez Monteza es que cuando Tomás Gálvez decide retirarle su apoyo inmediatamente después el señor Chávarry renuncia a la Fiscalía de la Nación. O sea que no solo llega con su apoyo, votan por él y lo sostienen durante seis meses, en los cuales Chávarry sabemos qué hace lo que hace para bloquear las investigaciones sobre "Los cuellos blancos del puerto" y para perturbar y bloquear las investigaciones del caso Lava Jato. O sea que hay responsabilidad no solo en Chávarry, sino también en Gálvez por todos estos hechos, presidente.

En cuarto lugar, se ha señalado que el señor Chávarry, pudiendo haber denunciado al señor Hinostroza y a los miembros del CNM por organización criminal, no lo hace; y, al no hacerlo, los ayuda, y de alguna manera crear las condiciones para que en el Congreso se excluya a los miembros del CNM de esa denuncia por organización criminal, que nos ha afectado, por supuesto, en el juicio de extradición que tenemos en España.

Segundo, me parece que las evidencias sobre encubrimiento real y personal de las que se le acusan al señor Chávarry son evidentes. Hostiga el trabajo del equipo especial, y hay varias muestras de ello; no les da la ayuda necesaria, los distrae; les resta apoyo logístico y al final los destituye. Y al mismo tiempo, a lo largo del proceso amenaza con hacer público el acuerdo de colaboración eficaz.

Si eso hubiera prosperado, presidente, nos hubiéramos quedado sin la pruebas necesarias para llegar antes los investigados ante la justicia y habríamos beneficiado a

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no uno o una, sino a todos los investigados, como parece que él hubiera preferido, porque hoy ha dicho que ese acuerdo de colaboración eficaz es una acuerdo entreguista.

Y nos parece, Presidente, que esto además de configurar delito que deben ser investigados parece que hay elementos de convicción suficientes a estas alturas de la investigación. Es una investigación que se frustra en sus fases iniciales. No es una investigación que está concluida. Por eso yo creo que lo que corresponde al Congreso es determinar si lo que se sabe hasta ahora es suficiente para que continúe la investigación o si estamos ante la presencia de una persecución política contra estos dos fiscales. En realidad, toda la evidencia apunta a que hay elementos de convicción suficientes para que esa investigación continúe en la esfera que continúa tratándose de funcionarios aforados

Y, por último, Presidente, las infracciones a la Constitución también creo que están claras, el principio de lucha contra la corrupción vulnerado y principio de autonomía del Ministerio Público también vulnerado. En ese sentido, soy de la opinión, Presidente, de respaldar las decisiones ya adoptadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en relación con el señor Chávarry.

En relación con el señor Gálvez, tres antecedentes, porque se ha dicho que él no tiene una historia cuestionable y que no hay elementos contra él. Pero hay que recordar, Presidente, que se le acusó en el Ministerio Público de haber falsificado facturas cuando se desempeñaba en un cargo en la Dirección de Asuntos Interculturales. Y esa investigación cerró con el archivo otorgado por el fiscal supremo de control interno que entonces, era el señor Chávarry. Esas adulteraciones de factura están acreditadas, han sido hechas públicas por varios medios de comunicación.

Segundo, Presidente, recordar que el señor Gálvez se reunió con un consejero del CNM, cosa que estaba prohibida. Fue tan grave el hecho que el Congreso destituyó al consejero que se reunión con él en medio de los exámenes para el ascenso, para una plaza de fiscal supremo. Esas investigaciones contra él fueron archivadas, pero en el caso del Congreso el consejero fue destituido. O sea, ya el 2010, cuando la primera que postula a ser fiscal supremo, ya estaba haciendo cosas también la margen de la ley.

Tercero, en cuanto antecedentes, mencionar que hay indicaciones de que colaboradores eficaces en otros procesos señalan que recibió la ayuda del consejero Iván Noguera para su nombramiento como subfiscal supremo el 2015, que son asuntos no determinantes, pero que tendrán que ser investigados como el tráfico de influencias por los que se le acusa, y dos casos de tráfico de influencias en los cuales él le pide ayuda al señor Hinostroza. Y hay un caso en el además pide ayuda para un concurso de un amigo suyo, el señor Walter Delgado, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y ambos casos aprovecha de su antigua relación con el señor Hinostroza para ayudar irregularmente a estas dos personas.

Y quizás lo más grave, es, por supuesto, la omisión de denuncia en la que incurre, porque él reconoce como testigo protegido, posteriormente, haber sido muy amigo del señor José Luis Cavassa Roncalla, que fue en su momento el mandamás de la ONPE de

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fines de los 90, volvió a hacerlo hace dos años. Reconoce que sabía que había nombrado al señor Castillo Meza y que Castillo Meza era un títere suyo que había logrado ubicar en todas las direcciones generales de la ONPE a gente suya, y que esto lo hacía al servicio del señor Luna Gálvez, para el que él trabajaba, y lo hacía con la connivencia de tres de siete consejeros que trabajaban para él. Todo esto lo sabía el señor fiscal supremo y no se le ocurrió denunciarlo. Dice que como él se dedicaba a asuntos civiles, no tenía obligación de denunciar un hecho como este. Pero cualquier funcionario público, cualquiera que sea la condición que tiene, presidente, está en la obligación de denunciar un hecho regular, más si uno es fiscal supremo.

Adicionalmente, presidente, en relación con Gálvez está lo ya dicho sobre su vinculación con "Los Cuellos Blancos del Puerto", lo que está acreditado en el informe de la señora Sandra Castro, cientos de audios y varios colaboradores eficaces que apuntan en esa dirección. Y me parece que las mismas infracciones en las que incurre, las mismas infracciones constitucionales en las que incurre el señor Chávarry son aquellas en las que incurre el señor Gálvez, es decir, faltamiento al principio constitucional del compromiso del funcionario público con la lucha contra la corrupción, por un lado, y el respeto a la autonomía del Ministerio Público en relación con otros intereses ajenos a la institución y ajenos a la justicia.

Por esas razones, presidente, también en el caso del señor Gálvez, soy de la opinión de que la Comisión Permanente pueda ratificar la decisión adoptada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Pacori.

El señor PACORI MAMANI (NP).— Gracias, señor presidente.

Me está pidiendo una interrupción el congresista Becerril.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, tiene la interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, colega Pacori. Gracias, presidente.

Para ir poniéndonos en contexto, presidente.

Pregunto yo ¿qué fue, qué ha sido de los supuestos narcotraficantes, llamados "Los Cuellos Blancos", con que se inició esta investigación? ¿Qué fue de ellos? ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos tienen sentencia? Nos olvidamos de eso.

Lo único que buscaron es dar ese nombre y decir que estaban investigando, ¿por qué fue, presidente? ¿Por qué, colegas? Para validar las escuchas ilegales que estaban haciendo a fiscales supremos y también a opositores políticos. Entonces, ahí comenzó todo este hecho, ¿o comenzó diciendo que están investigando a los fiscales? No, que está investigando a esta agrupación criminal de narcotraficantes.

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Finalmente, eso no se sabe cómo terminó ni quiénes son, lo único que sabe es que se aprovecharon de eso para dilapidar finalmente a los rivales políticos y a los fiscales que no eran convenientes para ellos.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Pacori, puede continuar.

El señor PACORI MAMANI (NP).— Muchísimas gracias, señor presidente.

Lo que yo quería sustentar, señor presidente, es en relación a la decisión que tomamos en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en relación al informe que ha sido aprobado en esta subcomisión y cual delegatura la tenía el congresista Juan Sheput.

Se ha cuestionado en distintos momentos, señor presidente, y se ha escuchado en distintos momentos que el presente informe no tendría los indicios suficientes para que los fiscales Pedro Chávarry y Tomás Gálvez puedan ser acusados en el tema de juicio político por infracción a artículos de la Constitución y en el antejuicio por la comisión de algunos delitos.

Señor presidente, nosotros más bien queremos destacar aspectos importantes que tiene este informe y que sí presenta los indicios necesarios para que se pueda acusar.

El informe del congresista Juan Sheput muestra 125 medios probatorios. De estos 125 medios probatorios, muchos de ellos sí requieren de una valoración preeminente para ciertos delitos, y vamos a empezar a sustentarlos, señor presidente.

Respecto al fiscal Pedro Chávarry, por la comisión del delito de organización criminal:

El Informe 0105-2018, del 15 de agosto, de la fiscal Sandra Castro, da cuenta de la existencia de una organización criminal en cuya lista se encuentra el fiscal Pedro Chávarry. Está acreditado en el presente informe, en la página 15.

Otro medio probatorio que ha sido valorado es la conversación de fecha 13 de febrero de 2018 y 8 de mayo de 2018, donde se evidencia relaciones de cercanía y coordinaciones entre Pedro Chávarry y César Hinostroza, y acercamiento con los exmiembro del CNM, como Orlando Velásquez.

Asimismo, el congresista Gino Costa ha dado cuenta sobre Pedro Chávarry fue favorecido por la CNM por el incremento irregular de puntaje en el proceso de ratificación como Fiscal Supremo.

De igual manera encontramos las conversaciones de fecha 17 de mayo del 2018, entre el señor Chávarry y Antonio Camayo, hoy Antonio Camayo es investigado por ser uno de los financistas de la organización criminal "Los cuellos Blancos del Puerto del Callao".

Finalmente, encontramos otro elemento que permite colegir la denuncia constitucional presentada por el congresista el 30 de julio del 2018, fue contra César Hinostroza y los ex miembros del CNM por delito de cohecho, negociación incompatible, excluyendo el

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de organización criminal, esto se entiende por las vinculaciones que ya existía entre Chávarry y otros integrantes de la organización criminal y se pretendía no incriminar por un delito mayor.

Hemos hecho una valoración de algunos medios probatorios y que sí se destaca en el informe por el tema de organización criminal del Fiscal Pedro Chávarry, solo hemos mencionado cinco hechos a los que pueden sumarse, y que hay más hechos con otros medios probatorios, señor Presidente.

Respecto a la participación del Fiscal Tomás Gálvez Villegas, respecto al delito de organización criminal de igual manera, el presente informe hace mención al Informe 01 elaborado por la Fiscal Sandra Castro, que señala que la vinculación de Tomás Gálvez con la organización criminal "Los Cuellos Blancos" manifiesta por el aspirante a colaboración eficaz, cuyas declaraciones obran en dicho informe, esto también está acreditada en la página 15, en el referido medio probatorio. Se ha puesto en debate y lo hemos podido escuchar, que Tomás Gálvez contribuye en la elección de Chávarry como Fiscal de la Nación al referirse a César Hinostroza, que ya es fijo, pues Tomás Gálvez sabía que existía el Acuerdo número 3860.

Quería referirme respecto a este acuerdo, si bien es cierto la elección en la Junta de Fiscales para la elección al Fiscal de la Nación, lo determina además la Ley de Nombramiento para el Fiscal de la Nación, determina que ésta podría ser un acuerdo, pero no es un acuerdo de carácter vinculante, y por ende al no ser un acuerdo de carácter vinculante, ésta podía ser vulnerada en algún momento si es que uno de los integrantes no estaba de acuerdo con ello, y es por eso que urgía para su ratificación que haya una serie de conocimientos, y esto se acredita para que haya esta ratificación la existencia de una serie de audios. Tenemos el audio de fecha 1 de junio del año 2018 entre Tomás Gálvez Villegas con César Hinostroza Pariachi.

Entonces, en ese sentido, Presidente, creemos que sí había la necesidad de que tenía que ser ratificado el Fiscal Pedro Chávarry, y por eso es que se ha cometido y existen los indicios de una serie de delitos.

Señora Presidenta, en el debate de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, si bien es cierto el informe del congresista Juan Sheput no consideraba la tipificación de los delitos de tráfico de influencias, así como de la omisión a la denuncia en cuanto al Fiscal Tomás Gálvez, nosotros sí encontramos una valoración y los medios probatorios dentro de este informe.

Encontramos un hecho donde el Fiscal Supremo Tomás Gálvez Villegas habría ofrecido al señor Segundo Nemesio Villalobos Zárate, interceder a su favor para que el Recurso de Casación interpuesto por la defensa de Segundo Nemesio Villalobos, esto está en el expediente judicial número 472 del año 2016, y el Recurso de Casación número 1654 del año 2017 ante los jueces supremos de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Si hacemos una valoración de estos hechos y además encontramos una serie de resoluciones judiciales podemos dar cuenta que el Fiscal Tomás Gálvez habría indicios suficientes de haber cometido el delito de tráfico de influencias.

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Respeto al tema de la omisión a la denuncia respecto al Fiscal Tomás Gálvez, según la tesis del Ministerio Público, que se encuentra en la Carpeta Fiscal número 05 del año 2018, José Luis Cavassa Roncalla es integrante de la organización ilícita liderada por César Hinostroza Pariachi y otros, toda vez que se encuentran procesadas por la presunta comisión de delitos de criminalidad organizada, tráfico de influencias, y otros, en agravio del Estado.

Solamente haciendo esta valoración a estos datos del informe habrían indicios suficientes para que en esta Comisión Permanente podamos ratificar lo acordado dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Solamente haciendo esta valoración a estos datos del informe habrían indicios suficientes para que en esta Comisión Permanente podamos ratificar lo acordado dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En el caso del Fiscal Pedro Chávarry, la comisión de los delitos de pertenencia a una organización criminal, asimismo, los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal; y respecto al fiscal Tomás Gálvez, la pertenencia a una organización criminal y la comisión de los delitos de tráfico de influencias y omisión a la denuncia, están claramente tipificadas dentro del informe.

Y es por eso que nosotros respaldamos este pedido de la cuestión previa para que sea valorada en la Comisión Permanente, porque respecto al tema del antejuicio político, nosotros creemos que el Congreso de la República, en este caso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, debería de actuar con toda la responsabilidad, y debía de permitirle, existiendo los indicios suficientes, para que el Ministerio Pública pueda investigar y realizar las sanciones correspondientes, porque no es el Congreso al final el que lo sanciona, señora presidenta.

Entonces, es en ese sentido nuestra participación, y creemos y damos cuenta de la existencia de indicio suficiente en el presente informe para que se pueda dar en adelante con la presente acusación constitucional.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

—Asume la Presidencia la señora Leyla Chihuán Ramos.

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Gracias, congresista Pacori.

Congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidenta.

Presidenta, yo no voy a volver a insistir en algunos de los argumentos que ya se han planteado, pero quisiera recordar a los colegas miembros de esta comisión que este debate no es sobre las declaraciones que ha hecho el congresista Sheput, ya en todo caso el incidente se da por superado.

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Sin embargo, el tema fundamental es, si se quiere justificar el voto en contra de la acusación constitucional, las recomendaciones que ha hecho el congresista ponente y que ha sido aprobado por la mayoría de miembros de la Subcomisión Constitucional, no hay que distraer la atención señalando que el voto está en duda, que el voto no puede ser libre, porque hay un congresista que los ha puesto contra las cuerdas en relación al voto que quieren emitir.

Yo creo que eso no está en cuestión, presidente, más aún cuando, digamos, aquí hay congresistas muy experimentados que han pasado crisis políticas mayores, y entiendo que su voto nunca ha estado condicionado por la declaración legítima o la opinión legítima —aunque puedan disentir de ella— de otro congresista.

Y, entonces, yo creo que debemos ir al fondo de los temas, porque ya la primera parte de la sesión de hoy de la Comisión Permanente han votado por archivar, por ejemplo, la denuncia, la acusación constitucional que hizo la Bancada del Frente Amplio contra el señor Pedro Chávarry, y lo han hecho ahí sin que hubiera las declaraciones del congresista Sheput.

Así que yo creo que más bien transparentemos la intención que tenemos, transparentemos y asumamos la responsabilidad política de nuestros votos simplemente.

Y el tema, presidenta, ahí, yo creo que es muy importante que además sepamos que en el Congreso los congresistas tenemos la libertad para emitir nuestro voto en una u otra dirección y que eso está protegido por garantía constitucional.

Entonces, digamos, no saltemos cuando el suelo está parejo, a eso me refiero, presidenta.

Ahora, sí tenemos desde la oposición, desde la ciudadanía una preocupación política, ético y política real, ¿porque pudiera existir un condicionamiento de respaldo al señor Chávarry respecto de cómo el señor Chávarry actuó siendo Fiscal de la Nación? Sí, presidenta.

Y yo aquí no quiero, digamos, generar enojos ni iras, pero está claro, por ejemplo, ayer, cuando se ponía en evidencia la manera cómo ha habido una negociación con el señor Chávarry, que a cambio de respaldo político aquí en el Congreso se hagan denuncias de parte del fiscal Chávarry contra congresistas, como la congresista Flores Aráoz o contra el congresista Bruce, etcétera.

Entonces, presidenta, estos temas son públicos, es decir, y como lo han señalado además en comunicaciones que trascendieron en medios de comunicación, la presencia del señor Chávarry en su cargo, como se señalaba en uno de los chats de Fuerza Popular, es un tema de sobrevivencia. ¿Para quiénes? Para quienes están encauzados e investigados por presuntos delitos comunes.

Entonces, presidenta, aquí el tema no es que el voto está puesto en peligro porque hay una amenaza, porque se sabe quiénes votan en una dirección u otra. No, presidenta. Hay un intercambio de favores de parte del fiscal Chávarry respecto del respaldo que aquí se le da.

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Y son temas que en todo caso serán, además, motivo de no solo el conocimiento ciudadano sino de la responsabilidades que la ciudadanía, en el momento de volver a elegir o de dar una votación, lo sancionará de uno u otro modo.

Presidenta, una interrupción a través suyo.

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidenta.

El congresista Arana constantemente deja y hace alusiones que son graves, y me gustaría que él pueda descifrar cuáles serían esos favores y con quiénes.

Cuáles son los favores que habría hecho el señor Chávarry y a quiénes.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidenta, la información que se ha hecho de conocimiento público es el respaldo político...

Por medios de comunicación, diarios públicos, de todo tipo de diarios. Las redes sociales, etcétera. Se conocen los chats en los cuales se señala claramente un mandato de respaldar a Chávarry sí o sí. Hay un mandato para respaldarlo además de manera acérrima.

Luego, se conoce —en el día de ayer por lo menos es de conocimiento público— que eso correspondía a la devolución que Chávarry hacía denunciando a algunos congresistas, haciendo uso de su fuero como fiscal de la Nación.

Así que dejemos ahí, presidenta, el tema, porque son hechos que son conocidos, que son de dominio público, y sobre los que cada uno tendrá que responder a su electorado, porque nos han elegido para un propósito, y el electorado cada cierto tiempo tiene derecho a respaldar o a quitar su apoyo.

Eso no es ninguna amenaza. Es el ejercicio democrático del voto.

Quisiera más bien avanzar, presidenta, en algunos elementos fundamentales.

¿El señor Pedro Chávarry ha expuesto al más alto nivel, porque ese es el cargo que tenía, del más alto nivel en la Fiscalía de la Nación, a la ilegitimidad, al cuestionamiento de la credibilidad y la institucionalidad del Ministerio Público? Sí. La respuesta es sí.

Él ha llevado al Ministerio Público a aquellos tiempos de ilegitimidad que creíamos idos con Nélida Colán, pero que los ha reeditado, que los ha puesto al día.

En ese sentido, presidente, por ejemplo yo quisiera recordar las cosas que han acontecido.

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El señor fiscal ha dicho aquí que hay una especie de complot de los voceros del terrorismo en el Congreso. Lo ha dicho aquí. Ha dicho, además, que hay un complot de los orellanas. Ha dicho que aquí hay un complot de ONG. Ha dicho que hay un complot aquí de mafias contra él y de poderosos grupos de poder.

Además, ha dicho, contradiciéndose a sí mismo, porque él ha invocado el principio de jerarquía como un tema fundamental, que en la propia Fiscalía, su propia institución, no se pone la camiseta para defenderlo.

Es decir, ha cuestionado el hecho de que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su legítimo derecho y, además, en su obligación ha presentado una acusación constitucional contra él.

Entonces, él, que en este momento es un miembro más de la Junta de Fiscales, ha venido a decirnos acá que su propia institución no lo defiende. Pero, ¿ese dato es nuevo, presidenta? No.

Yo quisiera leer aquí: 4 de setiembre de 2018, ¿qué hizo el señor Chávarry? Convocó a treinta y tres juntas de fiscales de todo el país y quiso que esas treinta y tres juntas le dieran su respaldo con un pronunciamiento público, ¿lo logró? No, señora Presidenta.

¿De quiénes de esas treinta y tres junta de fiscales solo consiguió su apoyo? Del fiscal de Cañete, de Ventanilla y de Piura, tres fiscalías altamente cuestionadas de similar modo como él.

Aquí está, señora Presidenta, el acta de los fiscales del 4 de setiembre, que dice: Así mismo, a la vez que rechazamos los graves actos de corrupción e infracciones éticas de algunos integrantes de nuestras instituciones, las que deberán ser sancionadas con el mayor rigor de la ley y estricta observancia del debido proceso.

Treinta juntas de fiscales que le dicen al señor Chávarry: Oiga, no nos lleve de la nariz, nosotros no le vamos a cubrir la espalda, nosotros no le vamos a blindar.

12 de setiembre, los fiscales de la selva central se pronuncian y dicen: La corrupción como cáncer que padece la sociedad, debe ser combatida por todos, no debe permitirse ni un ápice de tolerancia a la corrupción.

Y exigen además a sus colegas fiscales: Tomar acciones a fin de recuperar la funcionalidad y legitimidad institucional que debe primar.

¿A qué se refieren con recuperar la funcionalidad y legitimidad institucional que debe primar? A la que el fiscal Chávarry ha atropellado, a la que el fiscal Chávarry justamente no ha sabido honrar ni respetar en su propia institución.

5 de octubre, señora Presidenta, qué dicen los fiscales de La Libertad: Ante la sensación de crisis en el Ministerio Público, consideramos que el fiscal de la nación debería priorizar el interés de la institución y dejar el cargo provisionalmente hasta que se aclaren los graves cuestionamientos.

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¿Estos son los Orellana, estos son los terroristas, los fiscales terroristas de La Libertad?

¿Los anteriores son las mafias de fiscales de treinta juntas de fiscales del país?

¿A eso se ha referido el señor Chávarry hoy?

3 de enero de 2019, y esto tiene que ver con mi región, señora Presidenta: Los integrantes de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Cajamarca, rechazamos enérgicamente las decisiones de desplegadas por el fiscal de la nación, doctor Pedro Chávarry Vallejos, que aunque fueron rectificadas, han afectado la independencia en la labor fiscal y la imagen del Ministerio Público en el ámbito nacional e internacional.

¿Otra vez son los Orellana, los voceros de los terroristas, las ONG? No, son sus propios fiscales los que le están diciendo: Oiga, haga un paso al costado, no siga arrastrando tras de sí la legitimidad, la credibilidad del Ministerio Público.

El 9 de noviembre de 2018, un poco antes, señora Presidenta, que es un tema por el que además Chávarry se ha visto obligado a comparecer ante el Congreso, ¿porque el Congreso está siendo presionado, llevado de la nariz por el Presidente Vizcarra, porque hay un financiamiento internacional para ello? No, señora Presidenta.

¿Qué es lo que pasó el 9 de noviembre de 2018? Dice Chávarry: Imagínense si por mentir me van a inhabilitar, pues que me disculpen mis colegas abogados. Aquí hay varios, me imagino que también les extiende a ellos la disculpa. Pero todos los abogados tendríamos que dejar la incorporación al Colegio de Abogados.

Entonces, ha asumido el tema de sus mentiras, su responsabilidad sobre las mentiras. Y está diciendo: Por mentirles no me van a sancionar.

¿Pero sobre qué estaba mintiendo?

¿Estaba mintiendo sobre el hecho de que en su casa un familiar había sacado a pasear al perro y él dijo que no lo había sacado a pasear? No, señora Presidenta.

¿Sobre qué estaba mintiendo el fiscal Chávarry? Estaba mintiendo, uno, sobre el hecho que no se había reunido con su hermanito César Hinostroza, sobre eso estaba mintiendo, no estaba mintiendo si fue al cine, no fue al cine, si sacaron o no a pasear su mascota. Estaba mintiendo sobre el hecho de que se había reunido con un grupo de periodistas auspiciado por el empresario Mendoza y por el señor Camayo, y había mentido una y otra vez, sobre temas de su función en un hecho que es grave.

Que era a ver faltado al mandato de preservar —un momentito para terminar la idea, congresista— sobre el hecho de que él no podía exponer el Ministerio Público a la pérdida de su autonomía, para ir a discutir con su hermanito Hinostroza pidiendo apoyo a Camayo y a Mendoza, sobre el hecho de que él quería asegurar que de ninguna manera se pudiera variar el acuerdo que existía en la junta de fiscales para nombrarlo a él como sucesor en la Fiscalía de la Nación.

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Sobre eso estaba mintiendo, sobre el hecho de estar haciendo intervenir al corrupto Hinostroza, en el apoyo que le querían brindar desde una institución por fuera del Ministerio Público, para que él pueda mantenerse en el cargo y el acuerdo que había no se pudiera variar, porque había antecedentes que los acuerdos se podían variar en el Ministerio Público, sí, había antecedente y él tenía temor de que se pudiera variar ese acuerdo.

En otras palabras, fue a vender la autonomía de su institución y eso es muy grave, presidente.

Me ha pedido una intervención, a través suyo, presidenta, la congresista Aramayo.

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Congresista Aramayo.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, presidenta, gracias, congresista Arana, usted en su intervención a través de la presidenta, alude a varias conductas del ex fiscal Chávarry, que si convoco o no a la junta de fiscales a nivel provincial, a nivel de los distritos fiscales.

Alude que si converso o no con el hermanito tal o el hermanito cual, esta Comisión Permanente reviste de legalidad, no legitimidad. Usted ha dicho y acude y apela a legitimidad que también coincido con usted, a través de la presidenta, es un elemento importante que no pretendo desterrar.

Pero hablando del criterio de legalidad, hay una sentencia, congresista Arana, a través de la presidenta, del Tribunal Constitucional que valdría la pena que usted revise, que es la 156-2012 del caso Tineo Cabrera, ¿y qué dice esa sentencia del Tribunal Constitucional?

Y no apela a la legitimidad o si hizo, habló o no habló, la subjetividad, la mentira, que es la retórica de su intervención…

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Para concluir.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— ¿Qué dice esta sentencia del Tribunal Constitucional?, la lógica consecuencia que desprende los principios es que el Congreso no puede iniciar ningún procedimiento de antejuicio político, autorización para el juzgamiento de altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de la función, por conductas que previamente no se encuentran tipificadas en el ley penal.

Dígame, la conversación, citar a los miembros de los fiscales, ¿cuál es el tipo penal que vulnera?, y la misma lógica, presidenta, el juicio político contenido en esta resolución del Tribunal Constitucional…

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Para concluir.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— ¿Qué dice?, la taxatividad no se exige a los delitos, también le alcanza a las infracciones constitucionales previstas en el artículo 99° de la Constitución, tal como le sucedía a la ley de acusación constitucional.

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Presidenta, el órgano supremo de la Constitución, el intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso de la República, en que materias debe legislar.

Le pido por favor, tomarlo en consideración, gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA (Leyla Chihuán Ramos).— Congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidenta, tan así lo tomo en cuenta, presidenta, a través suyo para responder a la congresista Aramayo, que recuerdo en primer lugar, que los diversos presientes del TC han señalado que sus sentencias son cuestionables y criticables.

Lo cual no quiere decir que no son acatables, es la diferencia entre el respeto por ejemplo, que ha mostrado el Frente Amplio sobre las sentencias del Tribunal Constitucional, aunque no nos gusten, porque finalmente es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía y los congresistas de Fuerza Popular, que, sí querían hacer interpretaciones auténticas de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Recordemos en el caso de la nueva creación de bancadas.

Pero ejerzo, sí, mi derecho a cuestionar y a criticar, aun reconociendo la validez de la sentencia, que esa fue la sentencia que justamente para exculpar a Alan García, ¿verdad?

Entonces, tenemos que usar la sentencia del TC, que se usó con un Tribunal Constitucional, filo apristizado, para defender a Alan García, para ahora defender a Chávarry. Bueno, la catadura moral de ambos, efectivamente, sí permitiría que se puedan usar ese tipo de argumentos ahora.

Pero a lo que quiero ir, y avanzar, presidenta, es lo siguiente:

En el informe que ha hecho el congresista Juan Sheput cabe alguna duda, porque ha presentado como indicio razonable, y lo ha sustentado el congresista Gino Costa, ¿le ayudaron a César Hinostroza los miembros del CNM para alterar sus notas y poder ratificarlo? La respuesta es sí.

¿Y esos miembros del CNM, que le dieron una manita o que le dieron un empujón para ratificarlo, han sido destituidos? La respuesta es sí.

¿Y están siendo investigados por su graves inconductas funcionales, incluso por haber cometido delitos? Sí.

Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando queremos acotar que no deberíamos establecer responsabilidades en materia de infracciones constitucionales o de la presunta comisión de delitos del señor Chávarry?

¿Lo queremos reeditar, presidenta, con el voto lo que se hizo con Hinostroza pasada la medianoche en la Comisión Permanente y después echarle la culpa al Poder Judicial de

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que no ha sustentado suficientemente el pedido de extradición para Hinostroza? Entonces, las respuestas caen por su peso, presidenta.

A mí me parece que es importante que en los argumentos que se han señalado y que han sido considerados en el informe de Juan Sheput, no nos desviemos de la atención.

¿El señor Chávarry omitió denunciar a quien él llamaba su "hermanito" Hinostroza o le llamaban "hermanito" Chávarry, pese al pedido del procurador Amado Enco? Sí, omitió denunciar.

Entonces, ¿todas esas omisiones o esas conductas o esos hechos, presidenta, eran casualidad, eran hechos aislados? No. Lo que señala el informe es que no eran hechos aislados, y que, por el contrario, hacían parte de una arquitectura mafiosa de organización criminal.

Y eso es lo que vamos a tener que votar y calificar, presidenta. Es más, desde la bancada del Frente Amplio, nosotros, a pesar de cómo se dio la votación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por ejemplo, que ya terminaba la sesión y habíamos excedido el tiempo y había que salir, se hizo una votación punto por punto. Y, por ejemplo, creo que podía haberse extendido un poco más el debate y poder calificar otras infracciones constitucionales, por ejemplo la 193, que el informe del congresista Sheput desestimó.

¿Y por qué ha sido desestimada la infracción constitucional 193, presidenta? Porque el señor Chávarry ha argumentado que cuando él despide a los fiscales Vela y Domingo Pérez lo ha hecho con la fundamentación jurídica que estaban bajo su mandato jerárquico y que, por tanto, él podía tomar esa decisión.

Sin embargo, presidenta, no nos olvidemos que el artículo 139 de la Constitución hace referencia a los principios y derechos de la función jurisdiccional. Y, precisamente, el numeral 3 indica el tema de la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Tan sí, presidenta, que el fiscal Chávarry, luego de haberlos destituido, tuvo que reincorporarlos. Y aquí nosotros consideramos que la verdad es que el fiscal Chávarry tomó esa decisión, dentro de un conjunto de muchos otros hechos, destinados a obstaculizar las investigaciones del sistema anticorrupción. Y que ahí ha habido una nefasta intervención suya que estaba destinada a favorecer a quienes se hallaban investigados por casos de corrupción, y encontraban respaldo político aquí en el Congreso.

De otro lado, Presidenta, también consideramos el informe del congresista Sheput ha desestimado la Infracción Constitucional 146.2, en el tema de la separación fiscal del señor Vela y Pérez, dando por concluida su participación en el equipo especial Lava Jato.

Aquí, Presidenta, nosotros lo que consideramos es que no hay que perder de vista que el artículo 146, inciso c), dos de la Constitución hace referencia a la inamovilidad de los fiscales en su cargo en tanto no pueden ser trasladados sin su consentimiento. ¿Infraccionó eso el fiscal Chávarry? Sí lo infraccionó. Y, sin embargo, por ejemplo, esta infracción constitucional ha sido desestimada en el informe.

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Igual ocurre, Presidenta con el artículo 159.2 de la Constitución Política del Perú. Este artículo hace referencia a la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, y se reconoce una serie de competencias al Ministerio Público que no pueden ser vistas de manera aislada, sino más bien sistémica.

Y uno de los temas que vemos aquí, Presidente, en principio porque según la propia Ley Orgánica del Ministerio Publico se garantiza la actividad y la autonomía de esta institución, porque ello, Presidente, permite promover de oficio o a pedido de los ciudadanos la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad, y este principio permite que el Ministerio Público desarrolle sus funciones con independencia de otros poderes legalmente constituidos o de los poderes fácticos.

Cómo lo leemos desde la bancada del Frente Amplio, Presidente, y consideramos por qué sí había que considerar esta infracción constitucional que el informe ha desestimado. Porque si uno mira el contexto, Presidente, de lo que estaba ocurriendo, ¿se buscaba, y hemos tenido debate largo acá en el Congreso, tirarse abajo el convenio de colaboración eficaz con Odebrecht? Sí. Se buscó eso. Y, entonces, si uno mira se buscaba tirarse abajo el informe de colaboración eficaz, se buscaba deslegitimar la institución de los colaboradores eficaces, se buscaba defenestrar a los fiscales anticorrupción. Entonces, Presidente, es evidente para nosotros que debieron señalarse estas infracciones constitucionales en la acusación al fiscal. Debieron sí estimarse también la infracción constitucional del artículo 159, inciso 2).

Entonces, Presidente, yo creo que lo que tenemos una grave responsabilidad hoy. Entiendo que algún congresista que ha precedido en la palabra ha dicho que no importa lo que pueda pensar la ciudadanía, no importa lo que se pueda informar en medios de comunicación. Si lo que se quiere decir con eso es de que nosotros somos responsables de la decisión que tomemos lo entiendo bien, pero si con eso lo que se quiere señalar es: "Miren, ¿cuando necesitamos su voto para llegar al Congreso sí les hacemos caso, pero cuando tenemos que tomar una decisión que es un clamor ciudadano y que está basado en hechos graves vinculados a encubrimientos de la corrupción en el más alto cargo del Ministerio Público vamos a desoír esas voces? Yo creo, presidente, que de ninguna manera.

En todo caso, nos hacemos responsables ante la historia, nos hacemos responsables ante nuestros electores por las decisiones que hoy tomemos.

Muchas gracias, Presidente.

—Reasume la Presidencia el señor Daniel Salaverry Villa.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra la congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Presidente, el congresista Quintanilla tiene que irse a Inmunidad y me cambió la posición de los horarios.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Gracias, congresista.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— No hay ningún problema.

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El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Ya se votó y levantamos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Puede continuar, congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, Presidente.

Presidente, varios temas y quiero empezar por estas acusaciones que varios congresista han hecho respecto a la votación que hemos tenido hoy para no aceptar una cuestión previa en el caso del deslacrado de las oficinas del doctor Pedro Chávarry. Y voy a aprovechar que está la prensa para aclarar.

Acá no ha habido ningún blindaje, y ya la verdad la palabra agota, agota porque todo el tiempo el discurso monotemático es el mismo: la "población quiere", "las ONG", "la prensa respetable". ¿Qué se cree cierto sector del Congreso? ¿Los dueños de la verdad, presidente?

Acá yo no he blindado a nadie, y he votado por que se archive la cuestión previa porque eso dice el Reglamento, y porque antes de ser congresista, antes de venir y pertenecer o no a un grupo parlamentario somos personas, y las personas hacen las cosas correctas, y las personas tenemos una formación, y yo tengo por formación ser abogada, y tengo que respetar la ley, así me lo enseñaron en mi casa desde chiquitita. Hay que respetar la ley, y el Reglamento del Congreso es clarísimo, esta Comisión Permanente no corrige la calificación que hace la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, eso está escrito, y si no saben leer, no mientan, no salgan a decir cosas que no corresponden, presidente. Creo que ese es el primer tema que hay que dejar en claro.

Y sí, yo lo ratifico, yo cuando voto no me guío por lo que dice la prensa o por lo que dice la población o por lo que dicen los indignados, porque sino yo quisiera ver acá a "Los Cuellos de la Chacana", quisiera ver a "Los Cuellos Verdes", quisiera ver a "Los Cuellos de Choquehuanca" y a sus fiscales y jueces amigos o a sus congresistas elegidos, sobre todo esos que han estado en la Chacana, esos que han estado con Susana Villarán y que estuvieron con el señor Pedro Pablo Kuczynski, que hay uno en específico que se rasga todo el día la vestiduras y sale a hablar cualquier cosa a la prensa cuando no le gusta cómo votamos. No se lo permito, pues, presidente, yo también tengo legitimidad, yo también fui elegida.

Entonces, por lo tanto, mi voto obedece a lo que dice el Reglamento, no lo que ciertos dueños de la verdad quieren decir.

Me voy a referir a las conclusiones del informe del congresista Juan Sheput.

La primera conclusión recomienda acusar al doctor Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento real, previsto en los artículos 317 y 405 del Código Penal. Y, en consecuencia, suspende en el ejercicio de sus funciones y lo pone a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

¿Qué dice el artículo 317 del Código Penal?

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El artículo 317 señala qué es una organización criminal y dice "el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días–multa e inhabilitación. La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días–multa e inhabilitación en el supuesto: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal o cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física".

Y aquí, presidente, y no lo he dicho ahorita, lo dije con ocasión del informe del congresista Pacori, los indicios no solamente, y acá voy a recordar una frase de alguno de mis colegas, más allá de las abstinencias que se han mencionado y de la evidencia evidente, bueno, pero acá dijeron "abstinencia", se confundieron, por eso es que estoy tratando de ironizar. Más allá de eso, de las evidencias evidentes, la norma dice "indicios razonables", la norma dice "indicios racionables", y el Tribunal español ha señalado en una resolución que le enmienda la plana al Estado peruano, uno, que el hecho que las personas supuestas que conforman una organización criminal se conozcan o el hecho de que se traten con familiaridad o que se reúnan o que se digan "hermanito", "compadrito", "chalinito" o que tengan una campaña por el No juntos no significa que sean una organización criminal, pues, presidente, no significa, tiene que ir más allá, tiene que quedar claro los roles tiene que haber una jerarquización y entiendo que el congresista Sheput concluye que esos tres elementos que ya la justicia española ha determinado como no válidos, ni contundentes para afirmar siquiera el tipo penal de organización criminal se configure no existen.

Entonces a mí me queda clarísimo, que acá hay un problema y el problema no está en la norma ni en quienes votamos. El problema está en los informes.

Y nuevamente, presidente, esto es algo que no le hemos dicho ahora lo dijimos desde el principio —si lo puedes decir presidente que guarden.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresistas Violeta e Ibérico, la congresista Letona les pide, por favor, que conversen en las galerías.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— El congresista Becerril me ha pedido las dos interrupciones.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, tiene la interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Yo creo que hay colegas que están en esta comisión, que constantemente nos están confrontando con la población desde que han llegado: miren la población está mirando cómo votan, que va a decir la población

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respecto a ustedes y presidente nosotros representamos a la población, y por lo tanto votamos de acuerdo al criterio que tenemos.

Sin embargo estos colegas que nos llaman blindadores, ustedes alientan la impunidad, pero hay aquí congresistas presidente, que han trabajado y se han servido de gobiernos como de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, de Susana Villarán, de Pedro Pablo Kuczynski, pregunto yo cuándo los han denunciado por los casos de corrupción, que ahora todos lo sabemos. Nunca presidente, siempre se han callado, han mirado al otro lado, se puesto de costado.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— ... Esto es inmoral.

Entonces no vengan acá a darnos cuestiones de moral teniendo todos antecedentes, presidente, acá nos conocemos. Así es que sabemos la trayectoria política y cuántas camisetas finalmente han vestido.

También presidente, hablan de fiscales politizados, habrá más fiscales politizados que ¿Domingo Pérez y Vela Barba?, o nos hemos olvidado, a quién filtraban las informaciones de todos de los cuellos blancos, no era IDL y IDL después no filtraban a algunos medios o ellos mismos. Eso es verdad o vivo en un mundo ficticio. Es verdad pues. ¿Y eso es correcto? No es correcto.

Entonces esos fiscales, presidente, son politizados y hasta ahora lo siguen utilizando para atacar en medios políticos, digan lo que digan, eso es la pura verdad presidente.

Gracias congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— De nada congresista Becerril.

Presidente y también que menciona el artículo 405 del Código Penal, referido al encubrimiento real en la descripción de la conducta que se pretende penar, se señala: "que el que dificulta la acción de la justicia procurando la desaparición de las huellas o pruebas del delito, o encriptando los efectos del mismo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 4 si el hecho se comete respecto a los delitos, —y hay una serie de delitos—, la pena privativa de libertad será no menor de 7 ni mayor de 10 años y de 180, 365 días multas".

Entonces, yo me pregunto presidente, de una lectura de las imputaciones que se realizan así como de los ciento y pico pruebas que son en realidad recortes periodísticos, ¿tenemos indicios razonables como para acusar constitucionalmente al señor Chávarri por haber infraccionado los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú?

Esa es la primera pregunta que se me viene a la mente, y aprovechó para aclarar, porque nuevamente están tratando de confundir a la opinión pública diciendo que somos políticos, que tenemos que escuchar lo que dicen las calles; yo recibo muchísima gente

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que nos reclama pues que son los cuellos chacanos, los cuellos verdes, los de Choquehuanca afronten procesos sus jueces, fiscales.

Sin embargo, también, del otro lado de la Mesa presidente, tengo la obligación de votar de acuerdo a lo que creo que es correcto. Y en este caso, creo que a faltado un test de proporcionalidad en el desarrollo del expediente, porque los artículos que se mencionan de la Constitución, el 39, el 41, el 43 y el 158, se hace de forma somera, sin un análisis, sin una relación entre aquella conducta que se imputa sobre los indicios que la sustentan y, finalmente, sobre las conclusiones de aquello que se pretende aplicar, y específicamente me voy a referir a la proporcionalidad, por ejemplo, en el faltamiento de la verdad.

"Un congresista señaló que el señor Chávarry mentía, porque había sido —voy a leer— beneficiado en el puntaje que se le asignó en el concurso", y eso es falso, y me sorprende que teniendo sus fiscales amigos no le cuenten.

Voy a leer la Resolución del caso 1380-2018, 8 de abril de 2019, voy a leer, obviamente, un extracto, presidente: "No existió un incremento de nota en la calificación de la calidad de decisiones que hubieran favorecido al mencionado Fiscal Supremo, doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, en su proceso de evaluación y ratificación.

Por lo tanto, la decisión fiscal, que parece que este no era un fiscal amigo, declarar no a lugar a formalizar denuncia penal contra Luis Eduardo Vargas Vila y José Antonio Alarcón Butrón, que eran los técnicos acusados de supuestamente favorecer al fiscal Chávarry y a otro fiscal por la presunta comisión del delito informático, en su modalidad de atentado a la integridad de datos informáticos en sus circunstancias [...?]. Falso, el señor Chávarry no tiene una investigación, ni siquiera ha sido...

Me pide una interrupción excepcional el congresista Costa.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Como lo hemos hecho en otras ocasiones, por excepción, congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Le agradezco, presidente; y le agradezco, colega.

Es verdad que hay una investigación fiscal donde se ha decidido archivar esa denuncia, pero esa decisión ha sido apelada. O sea, quien falta a la verdad nuevamente es Chávarry, porque ese caso no está archivado, sino está apelado. De manera que su investigación sigue su curso, no como usted dice: "no ha sido archivada".

Y segundo, ha quedado acreditado que la adulteración de notas ocurrió, que personal del CNM se dio cuenta a tiempo. Sonaron las campanas y se corrigieron los hechos después de varias horas. Pero la adulteración y la voluntad de ayudar a Chávarry existió.

Gracias, presidente.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Solamente para precisar algo y que quede grabado. O sea, lo que dice mi colega Gino Costa, a través suyo, presidente, es que hay que esperar sentencia firme, eso es lo que está diciendo.

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Solamente quería precisar ese punto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Y en la misma línea, presidente, ya que he tenido la interrupción del congresista Costa, es que, efectivamente, hay una investigación y yo les recuerdo a los colegas que en nuestro país, como en muchos países del mundo, la presunción de inocencia prima y nadie, nadie, inclusive un fiscal, que hoy ha venido a mencionar algunos aspectos del gobierno, nadie está exento de la presunción de inocencia. Y, por lo tanto, hasta que no exista una sentencia en segunda instancia, personalmente voy a creer que respecto de esta supuesta adulteración el señor Chávarry no es culpable, porque es falso, como ha señalado el congresista Costa, que se haya acreditado que hubo adulteración; porque este informe, esta resolución fiscal en primera instancia dice que "no es así", y yo no tengo por qué no creerle en este caso al Ministerio Público.

Yo le di la interrupción, congresista Costa.

Gracias.

Y, en segundo lugar, presidente, que si hay una investigación en trámite entonces por qué, si hay una investigación que podría vulnerar, como lo han señalado algunos colegas, el derecho a defensa y la presunción de inocencia del doctor Chávarry, hoy pretendemos que esa sea parte de una acusación constitucional.

Total, o respetamos la independencia de poderes o no la respetamos, o lo observamos para todos los cuellos o no lo observamos para ninguno.

En mi caso, la presunción de inocencia es absoluta y es para cualquiera, y en tanto no... Incluso para el presidente de la República, para su ministros, para nuestros congresistas, para todos.

La presunción de inocencia es una garantía constitucional cuyo deber también los congresistas tenemos de preservar y de observarla.

Yo no le voy a decir a nadie culpable en tanto no haya una sentencia en segunda instancia, que tenga la calidad de firme o definitiva, presidente.

Finalmente, creo que sería importante que en una intervención final el congresista Sheput pueda justificar cuál es ese test de proporcionalidad que él hace y en qué se sustenta, para que en base a indicios que él considera razonables, se destituya y se inhabilite por 10 años al doctor Chávarry.

O sea, no hay una proporción si es que hablamos de indicios razonables. Porque el daño se produciría en forma inmediata. ¿Qué pasa si el Poder Judicial lo declara inocente? ¿Qué pasa luego de un proceso de cinco años el Poder Judicial dice: "No, Congreso. Se equivocaron".

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Como lo ha dicho la resolución de la sala de España: "No hay suficientes elementos probatorios para determinar una organización criminal". ¿Qué sucede? Ya lo destituimos, ya lo inhabilitamos.

Y creo que para tomar esa decisión, además de indicios razonables, tiene que haber una correlación entre aquello que se imputa y que se sustenta en estos indicios razonables, y nuestra decisión final, presidente.

Porque sí tenemos que contestar a cada uno de nuestros votantes y a la ciudadanía en general que está polarizada.

Así como hay gente que hoy podría venir a marchar exigiendo azuzados por cierto sector del propio Congreso el cierre de esta institución, también hay gente que está en contra de que se le procese a un fiscal de esta manera.

En ese sentido, presidente, mi pedido va a que podamos en una intervención final escuchar al congresista Sheput justificar cuál es el test de proporcionalidad que él ha aplicado para que, en base a lo que él considera indicios razonables, tengamos a un funcionario que tiene una carrera bastante larga y que además de acusársele constitucionalmente, se le destituya y se le inhabilite.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Quintanilla.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Gracias, señor presidente.

Tenía pensado intervenir respecto a la preocupación del congresista Mauricio Mulder, que dijo que había una suerte de declaraciones del congresista Juan Sheput que le había hecho entrar en una especie de pánico.

En fin, no voy a aprovechar que no está, y suscribo lo que ha señalado la congresista Aramayo al respecto. Debe mantener la tranquilidad, porque el artículo 93 lo protege de sus opiniones y votos.

Quiero llamar la atención sobre otro tema que me parece sumamente importante, señor presidente.

Es el procedimiento que está establecido en el artículo 100 de nuestra Constitución, cuando habla de las acusaciones por infracciones constitucionales, el antejuicio por la presunta comisión de delitos de los altos funcionarios, entre ellos los congresistas y ministros, entre ellos los miembros del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial.

Señor presidente, la Constitución del 93 fue aprobada en 1993, cuando en ese entonces estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Cuando se aprueba el Código Procesal Penal es el 29 de julio del 2004. El procedimiento que se establece aquí en el artículo 100 guarda concordancia con el Código anterior, el de Procedimientos Penales.

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Por eso es que dicen, por ejemplo, que las acusaciones que se formulan... Dice: "La resolución acusatoria". Y aquí se está refiriendo a la denuncia penal. Esa denuncia la tiene que procesar e investigar, hacer la instrucción a cargo de un fiscal a diferencia que en el caso del Código Procesal Penal la etapa instructiva no está a cargo del juez, como es en el anterior, y en el Código Procesal Penal está a cargo de la Fiscalía. Esa es una cuestión sustancial.

Porque cuando está refiriéndose aquí a que la acusación... por ejemplo, los términos de la denuncia fiscal y el autoapertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso, no se está refiriendo a la acusación sino está refiriéndose a la denuncia.

La denuncia abre un proceso de instrucción y aquí claramente señala en el segundo párrafo, en la parte final: El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente.

Va a abrir en base a la denuncia que formula el Congreso de la República, y los términos de esa denuncia fiscal no pueden exceder ni recortar lo que nosotros hagamos. Pero está hablando de la denuncia, la denuncia que abre paso a una etapa de investigación o instrucción.

No nos está exigiendo a nosotros que en cinco días hagamos todo lo que puede demorar el Ministerio Público en el actual Código Procesal Penal, o antes demoraba el juez instructor de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, que puede ir hasta treinta y seis meses.

Es un absurdo pedir que nuestra acusación contenga todos los elementos, la acusación que hace el Congreso de acuerdo al espíritu del Código de Procedimiento Penal vigente hasta el 2004, y todavía en varios otros lugares en el país hasta la fecha tienen solo características de denuncia, de indicios razonables, de la presunta comisión de un delito, no exige que acompañe a toda la prueba. Entonces, no confundamos.

Las pruebas van a actuarse cuando haya acusación, cuando después como aquí dice el vocal supremo penal: Ábrase la instrucción correspondiente. Después de la instrucción de la investigación, formulará la acusación que daba en el Código de Procedimientos Penales al juzgamiento. Ahora se ha cambiado, pero ya es una cuestión diferente.

Lo que ocurre, señor Presidente, es que estamos viendo lo que está señalado en la Constitución de 1993, como si estuviera concordada con un Código de Procedimientos Penales vigente de 2004 para adelante. Antes no se denuncia con la plena convicción de las responsabilidades, sino con las presuntas responsabilidades y en la etapa instructiva, se obra todas las pruebas.

Creo que esa es una cuestión absolutamente clara.

Me pide una interrupción la congresista Alejandra Aramayo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo, tiene la primera interrupción.

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La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, señor Presidente; gracias, congresista Quintanilla.

Respecto a este tema, yo encuentro una clara contradicción no en función a su interpretación legítima como congresista de la República, sino a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional.

Hace unos instantes había referido a un fallo del Tribunal Constitucional, el 156 del año 2012, que es posterior a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en la que se señala que los delitos por los que se procesa, tienen que estar claramente tipificados; o sea, un indicio no resulta siendo suficiente.

Quiero leer, señor Presidente, de manera sucinta, lo que dice en esta línea de pensamiento Bernales Ballesteros: Que destaca que la Constitución de 1993 no menciona nada respecto si existe o no una relación de hechos que puedan ser calificados como infracciones constitucionales. Cualquier intento de aplicar una sanción bajo el argumento de cometerse una infracción constitucional cuando no hay presunción legal que establezca los alcances de esta figura.

¿Qué se exige entonces? Indicios no es suficiente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Segunda interrupción?

Para que concluya.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Estamos hablando entonces que en el caso del juicio político, las exigencias que usted dice no ser necesarias, el Tribunal Constitucional dice exactamente lo contrario a lo que usted pretende argumentar en una interpretación de la Constitución de 1993.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Rosa Bartra, segunda interrupción.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, señor Presidente; gracias, congresista Quintanilla.

Ahondando un poquito más. No solamente son exigibles los argumentos que la congresista Aramayo señala, sino que además, fíjese, señor Presidente, por su intermedio al congresista Quintanilla, cuando se decide imputarle el delito de encubrimiento personal, ¿cuáles son los hechos que se invocan? Precisamente aquellos que yo describía acá: Haber solicitado información al equipo especial sobre la suscripción del Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht, pese a que legalmente el proceso de colaboración eficaz tiene la condición de reservado.

Hemos visto que el mismo fiscal Rafael Vela habla de que eso debe ser transparente, público, que él lo va a hacer público, que él lo va a entregar no solamente el último acuerdo, sino también el primer acuerdo.

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Y todo eso, señor Presidente, por su intermedio al congresista Quintanilla, todos los argumentos giran alrededor de los pedidos de información sobre el acuerdo de las cosas claras, no existe ningún elemento que pueda ser acogido para poder imputarle ese delito.

Gracias, presidente.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Señor presidente, entonces, lo que queda claro, es que lo que tiene que hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es presentar lo que antes era una denuncia, no una acusación que daría a un supuesto juicio oral y al procesamiento, sino inicia la investigación, inicia la instrucción.

La sentencia que refiere la congresista Alejandra Aramayo, la número 256 del 2012 sobre Tineo Cabrera, es una sentencia que no es vinculante porque han analizado caso específico y estaban analizando el caso específico, para ver cómo se aplicaba y reconocían los derechos a la legítima defensa que tenía en ese caso.

No la hacen extensiva, ¿por qué?, porque que además, cuando el exconstituyente, hoy fallecido, el doctor Enrique Bernales Ballesteros, espero no equivocarme que realmente haya fallecido.

Entonces, él señala de que es la necesidad de tipificar, pero en todo caso aquí tenemos nosotros, otra función que tenemos los congresistas, es cierto que sería mucho mejor que hubiera la tipificación de las infracciones constitucionales.

Pero mientras tanto, nosotros tenemos la obligación de administrar justicia en lo que compete a nosotros, porque si no, si eso fuera absolutamente cierto. Entonces, bajo que tipificación se ha suspendido al congresista Kenji Fujimori, al congresista Bocángel, al congresista Bienvenido Ramírez, tampoco habría el criterio.

Entonces, en este caso, nosotros estamos actuando como tribunal o sea, nosotros definimos ante una situación si consideramos infracción o no constitucional y eso es lo que estamos definiendo, porque claramente y ahora vamos a tocar el tema, de porque sí se cometía una infracción constitucional.

Es cierto que en la Constitución nuestra, en la vigente de 1993 no está explícitamente señalado que el combate a la corrupción es un valor de nuestra República. El Tribunal Constitucional en una sentencia lo ha resuelto ya, dice que sí, que es una obligación de todos los funcionarios y eso está señalado en el artículo 39°, que servimos a la nación, respetar los principios democráticos de una República y una República tiene entre otras cosas, el objetivo de combatir los males del ejercicio de poder, la corrupción y el abuso del poder en base a mecanismos republicanos democráticos, que son el equilibrio, la división de poderes, la mutua fiscalización, etcétera, etcétera.

Y es por eso, que también en el artículo 41° de la Constitución vigente del 93, señala que los funcionarios públicos tenemos la obligación de hacer declaración jurada, porque está adoptando un mecanismo para combatir la corrupción y es por eso, que se hace una interpretación entre el 39° y 41° y el 43°, nosotros sí estamos obligados como funcionarios a combatir este mal que es la corrupción.

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Y en este sentido, nosotros terminamos señalando que en el 158°, uno de los valores que tiene nuestra república es defender la independencia jurisdiccional del Ministerio público, y cuando se ha trasgredido eso, no se ha combatido la corrupción y se han hecho una serie de acciones para impedir, que fiscales inferiores continúen con sus investigaciones que tenían por ley orgánica del Ministerio Público, independencia, se está trasgrediendo ese valor constitucional y por eso que nosotros consideramos que sí es conveniente y legítimo, el plantear una suspensión en el caso de los fiscales supremos que ahora estamos señalando.

Otro tema que también es importante señalar, se dice que mientras no haya sentencia firme y ese debate colateral que ha sido traído también en esta tarde, no se puede levantar la inmunidad, que es lo que se ha esgrimido en el caso del congresista Edwin Donayre, presumo que también van a esgrimirlo en el caso del señor Dipas, del congresista Dipas o presumo también que lo pueden esgrimir en el caso de Moisés Mamani.

Lo que hay que señalar, es que la sentencia firme, a la cual se refiere el artículo 25° de nuestro reglamento, se refiere para el caso de proceder al reemplazo al quedar vacante el ejercicio de la función congresal y reemplazarlo, porque claramente dice: "En caso de muerte, o enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones; o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional; o que haya sido condenado mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva, el congresista será reemplazado..."

No se está refiriendo al levantamiento de la inmunidad de proceso ni al levantamiento de la inmunidad de arresto, porque puede darse el caso —y eso vamos a verlo con el congresista Moisés Mamani— que levantemos la inmunidad de proceso y esté procesado por el Ministerio Público y el Poder Judicial, y sigue ejerciendo sus funciones. Eso es perfectamente lícito.

Pero en el caso que un congresista esté con una sentencia, y esta ha sido ya sentencia, ahí procede el levantamiento de inmunidad.

En el caso de la congresista Glave, yo le quiero responder para no esconder la mano y gritar, que me parece una actitud infraterna, la congresista Glave no está incluida en ninguna investigación. Si alguna comisión ha tenido algún indicio ha sido, por ejemplo en la comisión que presidía la congresista Rosa Bartra, que ha tenido varios meses y varias oportunidades de poder implicarla. Lo que pasa es que no han encontrado nada que lo pueda implicar. Ustedes van a decir que si hubiesen encontrado algún elemento razonable para implicarla, ¿no lo hubiese hecho la congresista Rosa Bartra? Ciertamente sería pecar de ingenuo pensar eso.

Finalmente, lo que hay que diferenciar también es lo que es una infracción constitucional de lo que es de la comisión de un delito penal.

Hay infracciones constitucionales que no pueden ser delitos, como hay faltas éticas que no pueden ser delitos, en el otro extremo. Pero los delitos penales, generalmente, sí son trasgresiones también éticas; y los delitos penales, no todos, pueden significar una

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trasgresión constitucional, salvo que se esté trasgrediendo el principio, que todos debemos respetar la ley y la Constitución; pero como delito penal en sí mismo puede ser delito y no ser infracción.

Entonces, lo que estamos discutiendo aquí son dos temas paralelos, y nosotros nos quedamos, y hemos sustentado eso ya la vez pasada, respecto a acusar a Pedro Gonzalo Chávarry y a acusar al doctor Tomás Aladino Gálvez Villegas por la infracción constitucional en la lógica que les he planteado: todos los funcionarios públicos estamos comprometidos a respetar los valores democráticos republicanos, por los artículos 39, 41 y 43; y al no haberlo hecho o haber impedido o haber dificultado, estaríamos, según el Tribunal Constitucional, trasgrediendo este principio democrático republicano. Y es por ello que nosotros sí creemos que procede el votar por la suspensión y la inhabilitación de estos funcionarios que hoy nos ocupa.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Presidente, me ha pedido una interrupción la colega y abogada Alejandra Aramayo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo, tiene la interrupción.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Muchas gracias.

Gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde.

Para avanzar en el debate acá hay una disquisición y quería marcar, presidente, cuál es el punto de controversia.

De la intervención del congresista Quintanilla se concluye entonces que no hay la necesidad de acreditar fehacientemente los delitos y que estos no deberían estar tipificados.

Quiero decir, con absoluto respeto, que considero que ese es un error, además de otros a los que ha incurrido en su intervención, como decir que nosotros administramos justicia. Ese es un error bastante grueso, que no se puede dejar pasar por alto.

El artículo 138 de la Constitución Política del Estado le reconoce esta capacidad solamente al Poder Judicial.

Y para acotar lo anterior, señor presidente, quería agradecer la interrupción para decir lo siguiente, además.

Paniagua Corazao señala que la Constitución no permite acusar y sancionar infracciones constitucionales no tipificadas legales. Esto lo dice en el artículo 2, inciso 24) cuando lee y recoge...

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El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Segunda interrupción?

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Sí, encantado, presidente.

También me ha pedido el congresista Quintanilla, si usted es generoso esta vez, presidente, puedo dupletear.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Muchas gracias.

Cuando dice: "Tampoco los altos funcionarios del Estado serán procesados ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente tipificado en la ley de manera expresa, inequívoca, como infracción punible”. Eso da la seguridad al Estado, que no hay un criterio discrecional, que no porque yo creo o hay un limbo de interpretación entre lo ético y lo legal, lo legítimo y lo que legalmente corresponde puedo yo apelar un sentido de justicia.

Entonces, señor presidente, creo que valdría la pena mirar por analogía la resolución que tiene la constitución democrática y autocrática México, UNAM del año 2009, que cuando en las páginas 126, 127 y subsiguientes, acotan sobre la necesidad de la tipificación clara y precisa. Yo creo que ahí se está marcando un limbo de los argumentos que considera una sector representado hoy en el Congreso de la República que dice que no es necesario tipificar, que no es necesario acreditar, que es suficiente tener algunos indicios respecto...

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— El señor Quintanilla.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Quintanilla, por excepción.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Gracias, señor presidente.

Lo he dicho específicamente que nosotros tenemos la función de administrar justicia en lo que nos compete. La Comisión de Ética y después lo lleva al Pleno está administrando justicia en lo que nos compete, no estamos invadiendo el fuero jurisdiccional del Poder Judicial, que ellos sí administran justicia en la comisión de delitos o en el deslinde de controversias de tipo civil u otro tipo. Nosotros tenemos un fuero determinado en lo que nos compete, no estamos hablando en la generalidad.

Y el otro tema en segundo lugar. No olvidemos, miren, el artículo 100 habla que el vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. ¿Y qué instrucción? Es proceso de investigación. Cuando el vocal supremo penal termina en la instrucción presentará la acusación. Lo que pasa que estamos confundiendo uno, el Código de Procedimientos Penales, que estaba vigente cuando se dio esta Constitución, con el Código Procesal Penal, que tiene un carácter garantista a diferente del anterior, que es inquisitivo esto...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

El señor QUINTANILLA CHACÓN (NP).— Termino, señor presidente.

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Porque sino caeríamos en el absurdo, ¿cómo lo sancionamos si no está tipificado el conjunto de acciones de infracción inconstitucionales a los congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez?

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista García Belaunde, puede continuar.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Presidente, bien, yo no me voy a referir al señor Chávarry, porque él es la piñata, todo el mundo lo golpea, yo para qué voy a sumarme a un golpe adicional de todo lo que ya se han dado y todas las muchas verdades que se han dicho y no voy a referirme a él. Yo creo que está muy bien incluido en la denuncia que con tanto juicio y criterio ha elaborado Juan Sheput.

Yo quiero referirme un poco al tema de Tomás Gálvez, que es el gran abandonado, que se han olvidado de él. Y Tómas Gálvez ha dicho acá una cosa que me preocupa, ha dicho que: “García Belaunde cree que porque somos, es la misma denuncia, somos iguales”. Tiene razón, las denuncias no son iguales, la de él es mucho peor, y lo voy a demostrar. Pero antes de entrar al detalle de Tómas Gálvez, “Tomacito”, como le decía Hinostroza. Es como si a usted, señor Presidente, le dijesen "Danielito", acá está, en un audio que hoy ha salido, que dice “Tomacito”, y Gálvez le contesta: “Sí hermanón”. Bueno, parece que es seguidor de Belmont.

Pero lo que sí me preocupa, y una pequeña precisión, es lo que ha dicho el amigo Gino Costa, con el cual coincidimos en algunas cosas, sobre todo en el tema de lo que él se ha referido a Tomás Gálvez, pero ha dicho algo que yo quisiera precisar, con lo cual no estamos de acuerdo, evidentemente, que el convenio con Odebrecht que ha criticado el señor Chávarry no es entreguista. YO creo que sí es entreguista, Presidente, y el tiempo lo está demostrando que es así.

No se ha conseguido gran cosa. ¿Qué cosa es lo que ha dicho el convenio? ¿Barata habló? Todos esperamos que hable Barata, y salvo algunas cosas adicionales finalmente no sabemos, no hay nada nuevo, y les hemos entregado 4000 millones de dólares para su declaración. Esa declaración vale cuatro mil millones de dólares, y, entonces, la pregunta es, ¿para qué nuevos sabemos?

Fíjese, hay que tomar en cuenta la declaración del fiscal Chirre, que ha declarado hace poco, interesante. El fiscal Chirre dice, "hemos recuperado 65, o sea, Odebrecht nos ha pagado 65 millones de soles por el tema de Ancash, la carretera de Ancash, 65 de reparación civil", y ahí no hubo acuerdo, ningún acuerdo, hubo embargo, hubo embargo, y embargando han pagado.

En este caso no hay embargo y van a pagar 610 en quince años, o sea a razón de 20 o 30 millones de soles por año, con acuerdo y liberando de toda responsabilidad.

Anoche, ayer, presidente, que usted estuvo muy acertado en la visita y condecoración del presidente de Colombia, que halagó a la vicepresidenta y a otros peruanos más que conocemos, dijo una cosa que llamó la atención muchísimo, presidente, dijo que en

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Colombia, para ellos corrupción eran no solamente las empresas que corrompían a los funcionarios, sino corrupción también era que se sigan quedando a trabajar en Colombia. Lo dijo, eso también es corrupción, y no permitió, él, Colombia no permite que las empresas corruptas se queden a trabajar en Colombia.

Cuando le dijimos al presidente de Colombia, a Duque, "disculpe usted, pero en el Perú hay un acuerdo y le van a permitir seguir trabajando, y siguen trabajando y siguen cobrando todos los días" se quedó impresionado el presidente Colombia. Eso también es corrupción. Entonces, la corrupción hay que combatirla de esa manera.

Y respecto a la Comisión Lava Jato, que no tiene 90 personas como tiene la Comisión Especial del Ministerio Público, no tiene 25 fiscales, tiene modestos parlamentarios, algunos con poca experiencia, otros con un poquito más, otros con algunas torpezas propias de nuestras deficiencias, y que no tiene fiscales, en esta comisión, que Kuczynski le echa la culpa de su vacancia o de su renuncia, se presentó la señora Susana Villarán. Y aquí está todo lo que dijo, todo esto lo hizo el 4 de setiembre del año 2017, hace dos años, y recién están actuando sobre ella. Y acá acepta ella, dice, habla de una tasa de inversión con un retorno de 12.8. Falso. Habla de una inversión de mil millones. Falso. De 1500. Falso. Habla de una serie de cosas la señora Villarán, dice, por ejemplo, "el aporte de campañas —dice— hemos sido ayudados por el Partido Popular Cristiano, Perú Posible, Partido Humanista, todos los partidos de la Confluencia por Lima, Fuerza Social, Partido Socialista, Partido Comunista, Tierra y Libertad, MPP —no sé qué cosa será— y otros miembros de la Confluencia por Lima en base a nuestro gobierno municipal". Lo dice, lo dice la señora Villarán, todos ellos los han ayudado en los aportes de su campaña.

Esto es falso, la señora declaró y no pudo justificar los inmensos recursos que tuvo para la no revocatoria, y luego no pudo justificar cómo entregó por 40 años a OAS un gran negocio de la municipalidad.

Entonces, la comisión sirvió para algo, es evidente, sirvió para algo. Ahora, que se han demorado 2 años en tomar pulso a sus declaraciones y a otras cosas más, bueno, eso es otra cosa.

Pero tocando el tema, presidente, de la denuncia tan acertada que ha planteado el señor Sheput. En primer lugar, esto se basa, casi todo lo basamos en la denuncia de la fiscal Sandra Castro. Y la fiscal Sandra Castro denuncia a los dos, al señor Chávarry y al señor Gálvez Villegas, como organización criminal llamada "Los Cuellos Blancos del Puerto". Pero acá hay tres cosas fundamentales que lo distinguen, presidente, yo creo, que de la otra denuncia, y que esta la hace, a mi modo de ver, mucho más grave, mucho más grave pero olvidada por sectores de la prensa, sectores políticos, esa es olvidada, Tomás Gálvez casi casi no existe, y yo creo que es mucho más grave, mucho más grave que lo de Chávarry.

Tomás Gálvez, presidente, realiza conversaciones telefónicas a inicios de 2018 con Hinostroza, y Tomás Gálvez busca interceder ante su amigo Hinostroza para favorecer a Segundo Nemesio Villalobos Zárate, para favorecerlo en una casación que él ha interpuesto para anular, pretenden anular una sentencia condenatoria por tenencia ilegal

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de armas. Eso está ya probado, aprovechándose de su condición de fiscal supremo y de la amistad que tenía con el juez supremo Hinostroza, que era nada menos que el presidente de la Sala Penal.

Luego hay conversaciones telefónicas obtenidas por Tomás Gálvez e Hinostroza, juez supremo, este último para lograr solucionar y eliminar o desechar una denuncia familiar contra Walter Delgado, quien estaba postulando nada menos al Consejo Nacional de la Magistratura. Ahí esta pues la organización criminal, para el cargo de Fiscal Superior Titular Anticorrupción, nada menos y la demanda familiar, evidentemente perjudicaba su nombramiento.

El 2018, en mayo, Gálvez pide a Hinostroza que solucione la demanda familiar que interpuso la esposa de Delgado, a pesar que lo hizo este no pudo ser elegido.

En tercer lugar, presidente, el fiscal supremo Gálvez admitió reuniones en su casa y oficina con el operador de la ONPE y el Consejo de la Magistratura entre 2015 y 2017, señalando que no reporto dichas citas secretas con José Cavassa de la ONPE hasta que tuvo conocimiento que la policía tenía grabada sus conversaciones.

Luego, revelado los primeros audios, el señor Gálvez acude rápidamente a la fiscalía a denunciar a su amigo Cavassa, porque sabía este que la fiscalía ya tenía en poder los audios de la conversación. Y vemos esos audios estaban vinculados a la ONPE y a los beneficios, entre otros beneficiados de las irregularidades de la ONPE al señor José Luna Gálvez.

Pero hoy, presidente, hoy han aparecido nuevos audios a través de algún medio de comunicación que hablan de cosas que aún no conocemos, pero que son parte de toda esta organización criminal, por ejemplo las conversiones entre Hinostroza y Gálvez Villegas, esta vez Hinostroza llama a Gálvez para que apoye señor Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la empresa Corefo con un dictamen fiscal favorable del ministerio público, esta empresa Corefo fue multada y sancionada por la Sunat por una serie de irregularidades que había cometido en el pago de impuestos

O sea pedía la nulidad judicialmente de las sanciones impuestas por la Sunat y uno de los audios presidente el audio del 24 de enero 2018, ahora último, Hinostroza llama a Gálvez y le dice Tomasito y Gálvez le contesta sí hermano, hermanito le dice Hinostroza y ya el señor llamado Mauricio Arrieta, el de Corefo, el multado por la Sunat, el problema con la Sunat te va a llamar y Gálvez le contesta ya Mauricio ya, y luego Hinostroza le dice te va a buscar para ver si se soluciona este problema, o sea el dictamen el dictamen que además salió favorable.

Entonces con todo esto se ve, que hay una relación muy cercana, muy cercana entre Gálvez y César Hinostroza es una relación de ida y vuelta y de amistad Tomasito, hermanito, en fin es una relación bastante cercana con los resultados que hemos dicho, algunos que hemos podido sacar de estas cosas que han aparecido antes y que están apareciendo el día de hoy.

Por todo eso, señor presidente, esto es clarísimo que hay un tráfico de influencias y por lo tanto debe de ser sancionado amigo del...

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Por eso vamos apoyar y no sé si se pueda corregir porque el informe inicial no estaba incluido el señor Gálvez y después lo hemos incluido, quizás se pueda redactar mejor el informe, no sé si puede redactar mejor para que pueda coincidir con la conclusión como los antecedentes.

En todo caso presidente, creo hay que apoyar esta decisión y esta votación.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra, congresista Beteta.

En todo caso, vamos dar la palabra congresista Morales.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Presidente, me solicitan la interrupción la congresista Bartra, con todo gusto si lo permite.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra, las dos interrupciones.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias congresistas Morales, gracias presidente.

Presidente, yo voy a insistir en este tiempo que es breve con respecto al tema que discutimos antes con el congresista Sheput, porque cuando yo hice alusión a los oficios que había enviado y que estaban plenamente justificados por el Reglamento por la Constitución y por el ofrecimiento del fiscal Rafael Vela Barba que ofreció hacer público no solamente el primer acuerdo sino el acuerdo final por transparencia y además para someterlo a la crítica pública es que los oficios que sí ha cogido el informe son en respuesta a esos requerimientos, presidente, todos, y se citan no solamente para la acusación penal sino también para infracción constitucional.

Entonces, es pertinente que quede claramente establecido acá que fue el fiscal Rafael Vela quien públicamente ofreció el acuerdo. Por lo tanto, no se puede cometer ningún tipo de falta, ninguna, menos infracción constitucional, mucho menos encubrimiento real cuando versan, presidente, sobre hechos que el mismo fiscal Vela públicamente dijo que no iban a tener secretismo, que no iban a tener ningún tipo de restricción y que él los ofrecía para la crítica y el escrutinio público.

Entonces ¿por qué acogen como medios probatorios oficios en los cuales se requiere informes sobre presuntos cuestionamientos a las condiciones en las que se habría suscrito el acuerdo de colaboración eficaz, que los usan para imputar el delito de encubrimiento personal, que los usan para el delito de encubrimiento real.

Aún más, con mayor razón, porque ahí todavía hablan de solicitar información especial sobre la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, cuando dice el mismo fiscal que Odebrecht está de acuerdo con que se haga público ese acuerdo, y ahí dice: "pese a que legalmente el proceso de colaboración eficaz tiene la calidad de reservado".

Reservado no era, presidente, porque el mismo fiscal dijo que había negociado con Odebrecht para que esto se haga público.

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Entonces, presidente, tanto...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

Sí, tanto las denuncias como las acusaciones están fundamentadas en hechos relacionados con información relacionado con el acuerdo, que el fiscal Vela lo ofreció como público, transparente, y además sujeto a crítica, el informe, presidente, se cae por su propio peso.

Gracias, congresista Morales.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Morales, puede continuar.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias, presidente.

Presidente, hay dos temas que hay que aclarar acá. Es legítimo la defensa de una posición, es legítimo la defensa que están dando, y muestras claras, de defender al señor Chávarry, es legítimo, yo no entiendo por qué tanto se alteran por eso.

Y como es legítimo, también es legítimo que algunos parlamentarios tengamos una... Estamos convencidos de que aquí ha habido delito y que, es más, no solo se han aglutinado para agruparse en temas de interés personal, sino además han violentado no solamente procesos judiciales con algunos delincuentes, que después se negociaba inclusive sentencias, sino han violentado el país. O sea, es legítimo, y lo que queremos y defendemos esa posición no podemos, de ninguna manera, ser desligitimado.

Y si las calles están en desacuerdo con el voto de algunos parlamentarios, los parlamentarios tendrán que responder a sus electores, eso es legítimo, pues, así es, y la política juega así.

Lo que sí me parece inaceptable es que el Parlamento y algunos parlamentarios pueden decir: "no me importa lo que digan las calles", eso en un estado de derecho y democracia, presidente, es inaceptable.

Estamos en política y en política lo que tenemos que decir es debatir qué cosa defendemos.

Y sobre ese tema, presidente, yo quiero entrar al detalle de las valoraciones que ya lo ha hecho el informe Sheput, y la primera, presidenta, respecto de las comisiones de delito, que está dentro del antejuicio político, primero, esto es un procedimiento político jurídico, y lo saben los abogados, es un procedimiento político, jurídico, a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios, lo dice la Constitución, por la presunta comisión de delitos de función.

En este caso, presidente, se está hablando de organización criminal, tipificado en el artículo 317, y encubrimiento real, en el artículo 405, ambos del Código Penal.

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El artículo 89 del Reglamento del Congreso no establece la obligación de realizar alguna tipificación del delito. El artículo 89 del Reglamento, lo repito, presidente, porque los parlamentarios sabemos que el Reglamento del Congreso tiene rango de ley para el parlamentario, y el artículo 89 no establece, pues, eso que están aquí sustentando.

Por lo tanto, en este proceso no existe la obligación de probar la comisión de los hechos denunciados, sino únicamente demostrar a nivel de indicio la existencia de hechos delictivos denunciados. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público asuma su responsabilidad en defensa del Estado y hacer la acusación correspondiente y las indagaciones que eso amerite, y el Poder Judicial tenga que sentenciar sobre esos hechos y zanjar, definitivamente, las responsabilidades que esos funcionarios hayan cometido.

Ese es el camino, presidente. Y no entiendo porqué abogados de profesión estén distorsionando lo que significa el antejuicio aquí en el Congreso de la República.

Por otro lado, en el tema de la infracción constitucional.

Cabe precisar, presidente, que a diferencia del delito es la contravención a los deberes, principios y valores constitucionales contenidos en esta Constitución del 93.

Los hombres y mujeres de izquierda no estamos de acuerdo con la Constitución del 93, pero es la que está vigente, y así tiene que ser, porque eso da estabilidad al país. Creemos que debe haber una nueva Constitución, pero eso es un proc eso.

Acá hay una Constitución y rige todos los principios y valores constitucionales que en el país tienen que seguirse adelante.

Entonces, acá ya no estamos hablando de que hubo una violación a la Constitución. Estamos hablando claramente de que sí están tipificados los principios y valores constitucionales para el país.

Por lo tanto, presidente, y el Informe Sheput da hasta cuatro infracciones constitucionales presentados.

La primera, es el artículo 39 de la Constitución: "Los funcionarios están al servicio de la Nación, no al servicio de sus hermanitos, sus amiguitos, no.

¿Se ha infringido eso? Claramente. Ahí están. Incluso, algunos que me han antecedido han mostrado bastante información sobre esto.

Segundo, se ha hablado sobre la infracción al artículo 41 de la Constitución. "El funcionario público cumple sus atribuciones dentro del marco de la Constitución Política y su ley orgánica, no así a la sombra de intereses particulares".

Esto, presidente, por ejemplo, se ha demostrado claramente aquí y con suficientes indicios.

En la infracción al artículo 43, que los funcionarios del Estado respetan el principio de separación de poderes. No interfieren en las labores de otros poderes. Ahí está.

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Y hay un informe que ha utilizado el Informe Sheput del Ministerio Público, que después detallaré obviamente en mi alocución. Y eso prueba con suficiente indicio la violación del artículo 43.

El punto 4, la infracción al artículo 158, que también lo plantea el informe que estoy aludiendo, por el que el Ministerio Público es autónomo en las labores inherentes a su función, no así interfiriendo en las investigaciones a cargo de sus subordinados, con pedidos de información, como lo que ha ocurrido.

Entonces, presiente, hay suficiente argumento, porque lo que he escuchado acá es irse por las ramas y no al tema de fondo que estaba dentro del informe.

Es más, ha habido un ataque ad hominem, como dicen los abogados. Han priorizado el nivel más bajo de la escala de un debate. Atacar a una persona o insultar a otros.

Bueno pues, eso es. Nosotros esperábamos que se toque el tema más de fondo.

Entonces, presidente, en el Informe Sheput, en la página 9, se cita claramente el Informe 0105/2018 del Ministerio Público, elaborado —no sé si será doctora, estoy seguro que es abogada— la señora y fiscal provincial, la señora Sandra Castro, que ha sido el documento base para este informe.

Lo citan en la página 9, presidente. Además, en parte del informe cuando hablan de los datos que ellos han llevado adelante.

Entonces, presidente, sobre el tema de organización criminal no es una elucubración, no. Hay una ley sobre ese tema. A propósito de todas las cosas que han ocurrido en el país.

La Ley 30077, Ley del Crimen Organizado. Para ello establece hasta seis requisitos para determinar ese tema.

El primero, que deben ser tres o más personas que estén organizados.

El segundo, que deben tener tareas, que se distribuyen tareas.

Tercero, que debe haber jerarquía.

El cuarto, actuar de forma coordinada.

El cinco, que tenga temporalidad. Que estén en relación al tiempo y al espacio.

El sexto, que hayan fines delictivos. Y eso está en el artículo 3. Y en el artículo 3 de esta ley hablan claramente de una relación de delitos posibles que pueden cometer los que se encuentran en esta organización criminal o que estén inmiscuidos en crimen organizado.

Y todas ellas están relacionadas a delito de corrupción de funcionarios, delitos contra la Administración Pública. Estamos hablando de delitos de corrupción.

Entonces, señor Presidente, dejándonos ya del ataque a *Dominin, bueno, vamos a comenzar a refutar los temas del punto central los que legítimamente asumen la defensa

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del señor Chávarry, teniendo en mano este Informe 0105, que fue entregado el 29 de agosto de 2018.

Nosotros, señor Presidente, comenzamos a verificar si lo que está enmarcado en la Ley 30077, tiene valoración o no en este informe.

Entonces, vemos el primer caso sobre tres o más personas, ellos hacen una cita de trece personas vinculadas. Y acá están los nombres: señor César Hinostroza Pariachi, el señor Aldo Figueroa Navarro, en fin.

En el décimo primer lugar está el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas, en su calidad de fiscal supremo; y en el décimo tercero, está el señor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.

Estamos hablando de trece personas, que estaría tipificado dentro de este delito de organización criminal, ¿son más de tres? Por supuesto que sí.

Entonces, con esto el primer requisito que pone la ley, sí se cumple, señor Presidente, y que gran parte está en el informe.

El segundo, cuando se habla —y acá está en el informe— de los alcances de la organización criminal los cuellos blancos, —y lo cito literalmente— los cuellos blancos es una organización criminal cuyo objetivo es la comisión de delitos contra la Administración Pública. Lo citan claramente.

Es más, citan que el artículo 317 del Código Penal y todo lo que esto significa.

Hablan sobre los delitos claramente señalados, está hablando el tráfico de influencias, cohecho pasivo específico.

Entonces, lo que está señalado en el artículo 3 de la Ley 30077, se cumple, señor Presidente, porque una organización criminal tendrá siempre la finalidad de cometer delitos de corrupción. Y acá está citado, qué delitos y sustentado obviamente.

¿El quinto requisito se cumple? Por supuesto que sí.

Sobre la estructura organizacional, se cita claramente, señor Presidente, quienes y qué función cumplen.

El señor Walter Ríos es el cabecilla dos, alias El Jefe, inclusive tienen alias. Acá está; señor Mario Mendoza, igual, operador financiero; en fin, ahí está toda la organización criminal de las trece personas.

¿El segundo requisito que se reparte en diversas tareas se cumple? Sí se cumple, señor Presidente.

Además, ¿funciona de forma concertada y coordinada? Claro que sí. Y el cuarto requisito se cumple, ¿porque ellos conversan temas de interés del país? No.

Me piden otra interrupción, señor Presidente.

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Se lo doy con todo gusto, porque estoy refutando el tema de fondo que ellos no han podido sustentar.

En todo caso, señor Presidente, ¿ahí hay un tema de fondo con lo cual se cumple el requisito de la Ley 30077, el artículo 3? Por supuesto que sí.

Tenemos además, señor Presidente, todos sus alias. Y acá está en este informe.

Tenemos además una sola conversación que voy a citar por cuestión de tiempo, señor Presidente.

El acta de recordación y control de comunicación de fecha 18 de julio, para aquellos que ponen en tela de juicio si conversaron o no.

Acta de recordación y control de comunicación de fecha 18 de julio de 2018, registro de la Comunicación 01, entre César Hinostroza y Gonzalo Chávarry. Esa es un acta.

¿Qué cosa conversan? Es un acta oficial del Ministerio Público.

Le dice el señor Gonzalo: Aló. César Hinostroza dice lo siguiente: Gonzalito, tengo un pequeño problemita, a ver si me puedes ayudar para la visa que me piden para Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia o en todo caso las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo.

Y Gonzalo, dice, ya, ya, hermanito.

Esto demuestra, presidente, claramente que había coordinación, por supuesto que sí, demuestra claramente, que no quieren aquí debatirlo los temas de fondo es otra cosa, que si cumple o no cumple el papel, eso no tiene nada que ver.

Acá queda claro, presidente, que ha habido inclusive una relación directa.

Me pide una interrupción, creo que, con todo gusto, presidente, si usted lo permite.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Letona, no.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Ok, con todo gusto, adelante, presidente, me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril, tiene la interrupción.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— A ver, presidente, gracias, colega, a su pedido, y en que parte del Código Penal está considerado como delito una conversación totalmente inocua o que el un fiscal le pida que le haga un trámite a otro fiscal, ¿eso es delito?

Sino que acá, presidente, lo que ocurre es que todo lo quieren llevar a ese nivel, que me digan en esa conversación, ¿cuál es el término ilegal o delictivo que se ha mencionado, presidente?

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El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias, presidente, yo continuo, porque definitivamente acá hay intereses, en este mismo informe, presidente, y voy a contestarle al, en la declaración del colaborador eficaz número 108-2018, el cuaderno de colaboración 108-2018-02, se menciona lo siguiente, presidente.

Y lo voy a leer literalmente para que también el país lo sepa, el colaborador señala que la esposa de Antonio Camayo Valverde, organizó una reunión para celebrar sus 50 años de vida, el 13 de febrero de 2017 en la calle 54, en un inmueble que se encuentra al frente al domicilio de Camayo Valverde.

Ha dicha reunión acudieron los cómicos Hernán Vidaurre, Manolo Rojas; los periodistas Enrique Vidal y su esposa, Aquilino Flores, Edwin Oviedo, Alonso Bueno y su esposa, Héctor Campos, Héctor Becerril, la madre, hermanos, cuñados, sobrinos de Camayo y Valverde, presidente.

Lo dice este informe, lo dice este informe, bueno, si lo permiten, yo sigo, con todo gusto, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por alusión, congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente, una vez más, siempre tratando de un hecho normal, común y corriente, llevarlo a un hecho delictivo.

Que diga una vez más, no pudo responder la pregunta anterior, que me diga, ¿cuál es el hecho delictivo de que en mi caso haya estado en el cumpleaños del señor Camayo?, que esos momentos no tenía ninguna investigación, que no tenía ningún tipo de cuestionamiento, ¿qué me lo diga, presidente?

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Morales, tiene la palabra.

El señor MORALES RAMÍREZ (FA).— Gracias, presidente, yo continuo, y lo digo porque yo estoy citando un informe, presidente, un informe hecho del Ministerio Público en cuya conclusión, que lo voy a leer al final por supuesto.

Por eso digo, acá hay intereses, más bien algunos que tienen algún tipo de interés, deberían abstenerse, como lo ha dicho el señor Chávarry que tuvo que retirarse de una acusación y entregar que otra persona lo haga porque él ha sido acusado.

Y lo voy hacer para conocimiento, la fiscal provincial del primer despacho de Efecor Callao, la señora Sandra Castro Castillo, presenta este informe donde tipifica que aquí había una organización criminal, este es el informe y lo estoy citando, no sé porque se alteran, en todo caso tendrán pues su manera de defenderse en ese tema.

Entonces, presidente, continuo, la intervención en el nombramiento de magistrados, ¿ha habido un delito funcional?, por supuesto que sí, porque han intervenido en nombrar magistrado, ¿cuál era el interés?, de copar el Ministerio Público, lo dice el informe

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Sheput, lo dice el informe Sheput, no quieren atacar el tema de fondo, no quieren pues, que vamos hacer, pero este es el tema de fondo.

Cumple los requisitos de la Ley 30077 por organización criminal, cumple los requisitos, tenemos que entrar a un análisis del informe, por supuesto y acá está sustentado por que lo han citado, lo ha citado el propio informe, presidente.

Entonces, si era la intención de copar el Ministerio Público, como hay un conjunto de conversaciones sobre ese tema y como se elegían y como hacían favores y como se llamaba, inclusive a parlamentarios que intervienen y acá está el informe.

Había un interés delictivo, permanente y se cumplía, sí se cumplía, presidente, y se cumple. Entonces, hechas las aclaraciones de este informe que valoro y debe valorar esta Comisión Permanente para votar, presidente. Porque es el sustento de un informe del congresista Sheput.

Entonces, presidente, volviendo al inicio de mi alocución, ¿es necesario votar con estos suficientes indicios y pruebas que tiene que levantarse la inmunidad a un funcionario de alto nivel para que pueda ir al Poder Judicial? Claro que sí.

¿Que ha habido una violación a la Constitución? Claro que sí.

O en qué momento ellos pueden refutar esta violación directa a la Constitución.

Entonces, presidente, para nosotros queda claro, y lo voy a decir abiertamente, porque es legítimo que un parlamentario tenga una opinión sobre un hecho, un señor Chávarry viniendo aquí y diciendo que es apolítico, que eso es en cualquier concepción del mundo, no existe un ser humano apolítico. Eso es absurdo. Un ser humano es político, sino que vayan a leer a Platón, en fin. El ser humano es una persona política. Esa es su naturaleza. Eso le es humano.

Entonces, presidente, diciendo que es defendiendo a las detenciones de la señora Keiko Fujimori, cuando debía defenderse acá sobre este tema.

¿Es una acción politiquera? Sí, pues, es una acción politiquera.

¿Debió defenderse de los hechos de fondo? Sí, pues, acá están.

Entonces, presidente, creemos nosotros, y el Frente Amplio va a votar a favor que este informe sea aceptado, pero también diciendo que para nosotros la lucha contra la corrupción es caiga quien caiga, e iremos hasta el final, y tenemos que asumir la responsabilidad histórica.

Yo pido, a través suyo, presidente, que esta Comisión Permanente asuma su responsabilidad histórica. Y asuma frente al país, porque aquí las decisiones que se toman son políticas. Así de claro. Estas decisiones no son jurisdiccionales del Poder Judicial. Al Poder Judicial tendrá que ir y resolver el tema. Estamos hablando de dos hechos: una de tipo de comisión de delitos, que terminan en antejuicio, y que su máxima decisión es el levantamiento de inmunidad, para que el Poder Judicial pueda proceder. Y

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el oro caso, presidente, es el tema de la infracción constitucional, que esa, sí, puede tener una sanción, porque estaría violentando los principios y valores constitucionales. Y esa sanción va hasta 10 años de inhabilitación y destitución del cargo. Eso es.

Entonces, presidente, creo que debemos de asumir nuestra responsabilidad. Tampoco hay que decir que no es un tema que hay que valorar. Claro que, sí, hay que valorar. Y ahí hay responsabilidades, presidente, y esta Comisión Permanente asumirá su responsabilidad también ante el país.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra la congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidente.

Presidente, he escuchado algunas opiniones, porque son opiniones, más no son sustentos jurídicos, que pueda conllevar a una interpretación jurídica de sanción o no de las personas a quienes estamos juzgando.

Por ejemplo, he escuchado que algunos colegas congresistas creen y afirman, dicen, por ejemplo, que es responsable el señor Chávarry de una organización criminal, ¿por qué?, porque no denuncia a los miembros de la organización criminal. Y eso es falso. Falso, porque el competente para denunciar era el fiscal supremo Pablo Sánchez, porque él estaba a cargo de esta investigación. Qué no hizo nada, ese es su problema. Pero como es amigo de muchos de los que están presentes, simplemente ahí no hay por qué juzgarle al señor Pablo Sánchez. Él tiene licencia para no denunciar, tiene licencia para dejar escapar a Hinostroza, tiene licencia para todo.

Asimismo, se miente al afirmar cuando se dice que gracias a ese acuerdo, vende patria y entreguista, los fiscales pudieron llegar a la verdad. ¿Cuál verdad? ¿La verdad que tenía hace dos años el informe de OAS respecto a la señora Villarán? ¿Qué pasó? Se esperó, ¿cuándo? ¿Que todavía pase casi más de dos años recién para tomar una decisión?

Podríamos decir, también, ¿qué parte, entonces, del Ministerio Público son socios de la organización criminal de la chalina verde?

Se dice que existe 125 medios de prueba, lo cual incriminan la comisión del delito. Y no es cierto, señor presidente. Creo que podemos sustentar y podemos cada quien defender sus posiciones con la verdad, porque no es bueno repetir, repetir, porque se dice miente, miente, que algo queda. Y aquí está, yo me voy a remitir al informe presentado. ¿Y qué es lo que valoran como medios probatorios y de incriminación para una organización criminal? Simplemente los informes periodísticos.

Aquí está. Se señala, por ejemplo, que dice la publicación del diario Perú 21, La República, y así podemos seguir mencionando cada uno de los diarios a que se hace referencia para llegar a tal incriminación. Y luego se argumenta que el único que he podido ver, salvo que nos podrían quizás entregar otros medios probatorios, porque vemos cuáles son los medios probatorios que incrimina, el mérito de un oficio de fecha

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tal, emitido por la gerente de sede. De la misma manera, dice, el mérito del acta de fecha 23 de junio.

Pero todos estos si nosotros revisamos cada una de las actas no están referidas necesariamente a las personas a quienes se les están incriminando, son en general de todas las actuaciones de otros jueces y magistrados que están siendo investigados. Entonces, no se puede decir que existe 125 medios probatorios que incriminen al señor Chávarry para que haya cometido o pueda estar inmerso en la organización criminal.

El único documento que puedo ver en donde se hace alusión directa, que se menciona cómo donde hay un audio, y en ese audio de lo que ha dado lectura en una conversación, que le pide respectos a unos trámites para que pueda sacar una visa, pero no hay otros medios probatorios donde se pueda evidenciar, por ejemplo, que pida un favor para que lo ayude en una resolución de una sentencia, no existe. Aquí vemos nosotros, todo lo que están son recortes periodísticos, y aquí hay un solo, como hemos mencionado, el mérito de un CD que contiene el audio de conversaciones entre los señores César Hinostroza, Pedro Chávarry, respecto de lo que ya he mencionado.

Luego, los medios probatorios, notas periodistas, ejemplar de revista Hildebrant en sus trece, el mérito del diario Exitosa, el mérito La República, Expreso, La República, El Comercio, Expreso, Expreso, Gestión, La República. Y así son los medios que se acreditan para que se pueda considerar como parte integrante de una organización criminal.

También se menciona, por ejemplo, los argumentos para acusar de una organización criminal es porque no tuvo el respaldo de las 30 juntas de fiscales. O sea, ahora que los miembros de las juntas de fiscales no dan un respaldo a un fiscal de la Nación ya es un requisito para considerarlo como parte de una organización criminal, porque dice el pronunciamiento de la Junta de Fiscales de la selva también estaban en contra del señor Chávarry y lo argumenta como medio probatorio, según algún congresista, para que se pueda consolidar y reforzar la comisión del delito de organización criminal.

De la misma forma, por ejemplo, se dice que sería parte de esta organización criminal porque hay conversaciones para asegurar su nombramiento para ser fiscal de la Nacion. En esa conversación entre Hinostroza y el señor Chávarry respecto a una reunión con periodista.

Entonces, por su intermedio, señor Presidente, ¿sería bueno decir que el señor Hinostroza compró los votos de los fiscales supremos para que elijan al fiscal de la Nación, en ese entonces Pedro Chávarry? No podemos ser ligeros, porque quien elige al fiscal de la Nación no es, primero, no es el Congreso de la República, para que puedan incriminar que habría un favorecimiento de algún partido político. Al fiscal de la Nación lo eligen los fiscales supremos, y como consecuencia, si dicen que esa elección es parte de una conversación con "Los Cuellos Blancos", lo que significa es que Hinostroza tendría que haber convencido al fiscal Pablo Sánchez, a la señora Soraya y todos los demás fiscales para que la ayuden en esa votación al fiscal Pedro Chávarry, lo cual todos sabemos que eso sería imposible creer que también ellos serían parte de esta organización criminal.

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Luego, se menciona y se dice "sí tenían tareas asignadas". De acuerdo al informe, porque es un informe y no una acusación que presenta la fiscal, solamente dice "también podrían considerarse como apoyo al señor Chávarry y al fiscal Tomás Gálvez", y no se les asigna ninguna tarea. Mientras, a diferencia, por ejemplo, dicen "Camayo es el financista", el otro también, el otro de la misma manera diseñan cuáles son sus roles y cuáles son las actividades que ellos van a desempeñar en esta organización criminal.

Y no se dice nada, por ejemplo, a quienes acusan por los famosos y algunos algunas conversaciones. Todos recordarán que también salió un audio en una conversación con un integrante, yendo a la misma terminología de ellos, con un integrante de la organización criminal de "Los Cuellos Blancos", entre el señor Walter Ríos y el juez supremo San Martín. ¿Y dónde, qué le pide? Le pide interceder y favorecer en un proceso de interdicción a favor ¿de quién? De su hermana. ¿Y por esa conversación yo voy a atribuirle que él también es parte de una organización criminal? Yo no me atrevo a calificar que el juez San Martín también por haber hecho esa comunicación con el juez Walter Ríos sea parte de una organización criminal.

Así como ellos, señor presidente, podríamos seguir mencionando, y ya los colegas que me han antecedido han mencionado de manera clara que, de acuerdo a los hechos y a la tipificación, no habría argumentos para que pueda conllevar, por ejemplo, a una destitución, ya que la sanción de inhabilitación no ha sido valorada en concordancia con el principio de proporcionalidad. Esta no puede sobrepesar la responsabilidad por el hecho sino debe guardar relación con el grado de la afectación. Para que pueda haber una inhabilitación, el grave daño que puede haber ocasionado no se menciona, simplemente incluso se dice que no hay la comisión del delito, pero sí por haber generado la remoción a estos fiscales, a quienes no les ha sacado nunca del cargo, simplemente les quitó la confianza. Y era la gran pregunta, ¿era una de las facultades que tenía el fiscal de la Nación? Claro que sí, porque, de lo contrario, ¿por qué no lo acusaron constitucionalmente cuando removió también del cargo al fiscal Hamilton Castro? ¿ahí por qué nadie lo denunció y decir que también no podía moverlos del cargo? Justamente porque estaba dentro de sus atribuciones.

Se dice, de la misma manera, por ejemplo, que todo ello se debe, para que pueda considerarse miembros de una organización criminal en base a una declaración de un colaborador eficaz. Y nosotros, en el largo de todo lo que hemos podido ver, los colaboradores eficaces no es que quieren colaborar con la justicia, sino que buscan evadir una responsabilidad ¿para qué? Para no ser privados de su libertad y un claro ejemplo Horacio Cánepa, ex árbitro, dónde está, como Pedro paseándose por su casa y cuántos millones de los arbitrajes le pagaron la empresa Odebrecht para el perjuicio del Estado peruano.

Presidente de la congresista Aráoz, me pide una interrupción.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aráoz, tiene la interrupción.

La señora ARÁOZ FERNÁNDEZ (PPK).— Gracias presidente, vuelvo a insistir en este tema.

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En la página 54 donde se hacen todos estos argumentos respecto al hecho de el entorpecimiento, porque de hecho fue un entorpecimiento en el trabajo que están haciendo señor fiscal Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez como miembro del equipo especial, porque justo estaban entrando a la etapa de la negociación y todo.

Sin embargo en la página 54 dice textualmente: "cómo puede advertirse todo esta sección estuvieron direccionados a mermar directa o indirectamente la labor realizada por el equipo especial, sin embargo estas acciones llevadas a cabo por el denunciado no constituyen la frustración de las personas investigadas del caso cócteles, hostal, como lo ha entendió la Corte Suprema etc. etc. llega y después en la página 55 por lo tanto en virtud de estas consideraciones corresponde admitir la denuncia al doctor Pedro Chávarri Vallejos en el extremo que se le imputan delito encubrimiento personal previsto artículo 404 del Código Penal".

Entonces, volvemos a repetir estos argumentos como si estuviéramos haciendo esa acusación y no se está haciendo esa acusación, entonces porque estamos yendo y viniendo...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresistas Letona, segunda interrupción.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias presidente, presidente solamente para acortar un tema que creo que es bien importante.

Se ha mencionado aquí por varios colegas que el informe la fiscal del Callao sería contundente que el informe la fiscal del Callao acreditaría ya que se trata de una organización criminal, y yo quiero traer a colación si usted me permite, presidente, lo que dice la sala penal española respecto del expediente de extradición que comprende el informe de la fiscal dice: "como elementos identificadores de una organización criminal se dice, —en el expediente de extradicción— que trabajan con palabras claves señalando un elenco de las mismas, en segundo lugar, se pone de manifiesto una relación de amistad que tenían los involucrados en estos hechos, lo cual se infiere del trato cariñoso que se daban en las diferentes conversaciones grabadas, y en tercer lugar se cita una serie de personas como empresarios totalmente ajenos a los hechos tratados en el razonamiento anterior, los cuales podrían haber financiado almuerzos en los que se reunían los involucrados e incluso uno de ellos organizaba reuniones y cenas en su casa, en fin...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— ... concluye la sala, no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de interferencias, pero nada más. Teniendo en cuenta la condición de altos integrantes del poder judicial peruano y la naturaleza de las conversaciones, no es plausible plantarse el uso de un lenguaje críptico en sus Comunicaciones, y por ello por más que probable confianza de los mismos ante la improbable intervención de las comunicaciones si no fuera por el

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hallazgo casual producido en otra investigación, por un delito de tráfico de estupefacientes relacionado con otras personas. Parece que tales palabras, más que una suerte lenguaje críptico...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Entonces, presidente, decir que hay indicios y que el informe de la fiscal del Callao concluyen que hay una organización criminal, bueno ya nos lo han dicho de afuera, presidente, está mal sustentado.

Entonces deberíamos pedirle al ministerio público que trabaje en forma más coordinada, hay empresarios que supuestamente han sido identificados, se ha hablado de personalidades, también, del mundo político. Entonces que hagan su trabajo, sustenten mejor y nos acrediten con indicios suficientes de que habría una organización criminal. Para la sala penal española y para muchos congresistas de acuerdo a lo que se ha especificado no habría una organización criminal que concluya en un delito de crimen organizado, sino más bien incluso, que no se ha abarcado en el informe podría haber el delito de tráfico de influencias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Sí. Efectivamente lo que dice la congresista Aráoz es cierto, pero al final se propone sin denunciar.

Sí, está aquí, congresista Aráoz.

Sí, pero nosotros lo que estamos viendo acá no es el informe del congresista Sheput, lo que estamos es debatiendo la acusación que se hace por todos esos delitos. Por eso, es contradictorio, señor presidente.

Una sentencia tiene la parte expositiva, la considerativa y, finalmente, la resolutiva, o que es un fallo. ¿Y qué es lo que dice en la parte expositiva? "De acuerdo a los argumentos tal, no existe la comisión del delito".

Luego vamos a la parte considerativa, hace una valoración de los hechos, más la prueba.

También dice que la comisión de delitos, por la cual incriminan tanto al fiscal Pedro Chávarry y el fiscal Tomás Gálvez, dice que no habrían cometido los delitos por las cuales se les acusa, sin embargo, el fallo determina acusándolos.

Entonces, esa es la irregularidad, señor presidente, que, lamentablemente, a través de una cuestión previa se ha tratado de cambiar de lo que decían los fundamentos de hecho y derecho para archivar, resultan acusándolo.

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Entonces esto se tiene que advertir y modificar, de lo contrario, en el Poder Judicial, obviamente, les darán la razón con una acción de amparo, un hábeas corpus, porque se habrían vulnerado los procedimientos a un debido proceso, porque toda la parte considerativa concluye en que no han cometido la infracción constitucional ni tampoco la comisión de los delitos, pero vaya resultado del fallo, lo acusa. Entonces, eso es lo que se tiene que corregir.

De la misma manera, señor presidente, por ejemplo, no se le denunció constitucionalmente al ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; porque también le removió del cargo al fiscal Ricardo Rojas León, que estaba a cargo del caso Nadine Heredia. Ahí no pasó absolutamente nada.

Entonces, queda demostrado que dentro de las facultades que tiene un Fiscal de la Nación es poder quitar la confianza a un fiscal que está a cargo de un determinado caso, porque hay que dejar en claro, nunca los ha destituido, no podría, porque no es su competencia, ya que ellos ostentan los cargos de fiscales porque han ganado un concurso y el único que podría destituirlo hubiera sido..., bueno, ahora es la Junta Nacional de Justicia.

Entonces, señor presidente, el tema para mí es claro, los que propugnan que se vote a favor de la acusación en realidad no tienen un objeto de una lucha contra la corrupción, sino aquí se trata de un acto de tomar el poder de todos los estamentos del Estado. Ya tienen el Poder Ejecutivo, tienen parte del Tribunal Constitucional, tienen parte del Ministerio Público, entonces ahora quieren tomar no solamente la Defensoría del Pueblo, sino también quieren tomar la Junta Nacional de Justicia. Eso es la verdad, quieren tener tomado y copado el Ministerio Público. ¿Y eso por qué?, ¿y para qué? Con el objetivo de perseguir a la oposición, con el objetivo de meter preso a la oposición y aquellos que discrepan y piensan diferente que ellos.

Ya lo dijo el fiscal supremo Gálvez, que aquí la única intencionalidad y la pugna que hay en el Ministerio Público es la pelea por el poder, y eso es lo que ha motivado para que se pueda llegar a que un grupo de manera selectiva denuncian a un solo ex Fiscal de la Nación. Pero los otros ex fiscales de la Nación tenían licencia para todo, ahí podían remover, hacer lo que le venga en gana con esos famosos de los acuerdos con Odebrecht, nunca lo han mostrado, nunca hemos llegado a saber que habían hecho un cálculo de treinta millones. ¿A cambio de qué?, si la verdad ya estaba.

La Comisión Lava Jato en el Congreso no ha necesitado vender al Perú para lograr los objetivos y llegar a la verdad.

Que la fiscal de la Nación no haya cumplido en denunciar a los responsables, ese es otro tema. El caso de la señora Susana Villarán no era ajeno, ya lo sabíamos hace más de un año atrás.

Entonces, esta organización criminal que trata de encubrir a los Cuellos Verdes, simplemente lo que busca es tomar el poder a toda costa del Ministerio Público.

Eso sí me preocupa, señor presidente. Me preocupa esa actuación. Más aun luego que acaban de mencionar y señalar que estamos advertidos. Y no me extraña.

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Lo que dice la Constitución en el artículo 93, que los congresistas no tenemos porqué responder por nuestras opiniones, sin embargo, estoy plenamente convencida, sé que aquí van a quedar grabados los audios, este debate volverá a cobrar fuerza en el año 2021.

No me extraña que por mi votación seguramente van a quererme incluir dentro de esa organización criminal, que ellos quieren destruir. No me extraña. Desde aquí les digo que no me amilanan.

Mi deber es defender la democracia. Mi deber como congresista es defender la institucionalidad y las autonomías de los poderes del Estado, señor presidente.

Por ello, no puedo ser parte de esta conspiración contra el Estado democrático.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista César Vásquez.

El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ (APP).— Gracias, presidente.

Me pide una interrupción la congresista Bartra.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

Voy a insistir una vez respecto al delito de encubrimiento real.

Textualmente dice el informe: "Como puede advertirse, el tipo penal descrito supra el delito de encubrimiento real sanciona a quien lleva a cabo acciones para dificultar la acción de la justicia, desapareciendo las huellas o pruebas del delito previo u ocultando sus efectos".

Para eso, ¿cuáles son las acciones que hizo el ex fiscal de la Nación? Mediante oficio, número tal, solicitó información al equipo especial sobre la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, pese a que legalmente el proceso de colaboración eficaz tiene la calidad de reservado.

Esa es la prueba, presidente.

Y ha quedado plenamente acreditado acá que fue el mismo Rafael Vela quien dijo que no era secreto, que había acordado con Odebrecht que no era secreto, y que lo ponía a disposición.

Presidente, a las pruebas hay que remitirnos. Y creo que las pruebas acá son absolutamente insuficientes para los delitos que se pretenden imputar.

No podemos ser tan ligeros. El juicio público tiene que alejarnos a nosotros para someternos estrictamente a lo que tenemos en manos, porque no es una situación sencilla. Solamente porque el pueblo lo pide, la calle lo pide.

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Entonces, alegremente cogemos pruebas que acá han quedado plenamente acreditadas que no existen.

Gracias, congresista Vásquez.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Vásquez.

El señor VÁSQUEZ SÁNCHEZ (APP).— Gracias, presidente.

Desde Alianza para el Progreso lamentamos un poco que este debate tan importante, de tanto interés nacional, más de una vez se lleve nuevamente a una discusión ideológica, donde dos frentes se culpan y buscan resquebrajarse uno al otro.

Creo que en el fondo, presidente, lo que más lamento es que se quiera desestimar un informe que, a mi juicio, está bien sustentado. Un informe hecho por un político que no es novato, un profesional creo que reconocido por lo menos en nosotros, como es el colega Sheput.

Él ha dedicado su tiempo y no necesita ser abogado para hacer un informe, porque para eso se ha asesorado lo suficiente. Soy testigo del trabajo que ha venido haciendo de manera dedicada, y hoy se e pretende deslegitimar, se pretende desestimarlo alegremente. No me parece justo.

Hemos perdido bastante tiempo en este debate, primero argumentando una opinión que finalmente él mismo aclaró, como congresista delegado, sobre el temor que podría existir de alguna represalia o levantamiento sobre el voto.

Creo que aquí todos los congresistas hemos ingresado con ese conocimiento básico, que nadie en ningún momento de nuestras visas vamos a poder juzgados por lo que votemos.

Finalmente, creo que lo que nosotros debemos discutir es no solamente la parte procedimental, sino también como ya se ha hecho en buena parte de las intervenciones, el fondo del problema.

En la parte procedimental ha habido cuestionamientos de forma al procedimiento, que no sean respondido y que incluso en algunos de estos cuestionamientos, ha venido de parte de uno de los denunciados que vía documentada ha hecho llegar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, su observación en que no se podría a través de una cuestión previa cambiar alegremente las conclusiones y las recomendaciones de un informe, que una cuestión previa solo permitiría o aprobar o archivar las recomendaciones. Cosa que no se ha aclarado.

Creo que por lo menos aquí lo que se ha hecho más de una vez es desinformar a la población.

En algún momento del debate se dijo que el informe Sheput estaba hecho en cuanto a la acusación al doctor Chávarry, se había hecho en función únicamente a oficios, únicamente a reportajes periodísticos, etc.

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Lo que no dijeron era que ese más de centenar de documentos o pruebas testimoniales, fueron presentados por una y otra parte, tanto por los denunciantes como el denunciado, y que era obligatorio que sean considerados en el informe porque así tenía que ser, él tenía que colocar todas las pruebas testimoniales y todos los argumentos que han puesto a disposición, tanto los que denuncian como el denunciado.

Pero no vieron después el análisis que hace el propio informe, donde obviamente algunas de estas pruebas testimoniales han sido valoradas y otras bien.

Algunas han sido consideradas contundentes, otras medianamente y otras sin importancia para esta denuncia.

Entonces, no se ha dicho y eso creo que tiene que aclararse.

Por otra parte, yo sí tengo una gran discrepancia con el colega Víctor Andrés García Belaunde, que ha terminado diciendo que el caso o la situación de Tomás Gálvez es mucho más grave que la del fiscal supremo Chávarry.

Aquí tenemos que dejar claro y creo que seguramente él aduce esto porque no estuvo en la audiencia que duró más de nueve horas en la que tanto los denunciantes como los denunciados, tuvieron la oportunidad de hacer su descargo necesario, y obviamente hay un mundo de distancia entre la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las denuncias, en lo que respecta al doctor Chávarry con el doctor Gálvez.

En el caso primero, se hicieron un sinnúmero de preguntas que no fueron absueltas en su momento y que todo esto ha sido valorado y evaluado en el informe Sheput.

Y en el caso de Tomás Gálvez, los denunciantes no siquiera vinieron y no vieron las denuncias. Lo cierto es que la investigación y el informe en sí ha sido parametrado por las denuncias en la forma cómo se han hecho.

Por ejemplo, se decía hace un momento, que en el caso del señor Gálvez que tiene una vida cuestionada, que había falsificado facturas en un momento, que tenía denuncias porque se había reunido con un consejero o que había recibido la ayuda para su nombramiento como fiscal.

Puede ser que estos hechos sean ciertos, yo no voy a poner a defender al fiscal Gálvez, pero lo cierto es que estos hechos que se han hecho mención más de una vez, no están puestos en la denuncian constitucional que son motivos hoy del debate.

Las dos denuncias constitucionales contra Gálvez, tienen hechos concretos y esos hechos han sido aclarados no solamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino también aquí hoy por parte del acusado.

En el caso del rondero, que supuestamente benefició él, el mismo rondero ha dicho que ni lo conoce al señor y por último, el rondero terminó siendo sentenciado.

Lo mismo se ha aclarado también en el caso del señor Walter Delgado que nunca ganó el concurso y que la llamada telefónica fue muy posterior a la misma fecha del concurso.

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Entonces, creo que hay un mundo de distancia entre ambos casos, y la verdad que nosotros tenemos clarísimo que la evaluación que se ha hecho en el Informe Sheput es una evaluación con un rigor jurídico en función al Reglamento, en función a las denuncias constitucionales que se han presentado y que hay que reconocer, que en caso de Gálvez han sido débiles, y eso es lo que pasa generalmente en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, lo he dicho más de una vez.

Por salir a figurar en una conferencia de prensa, los colegas se apresuran en presentar una denuncia constitucional sin mayores argumentos y finalmente, en vez de llegar a la sanción que se supone espera un denunciante, termina ayudándolo al denunciado y estas cosas se dan, porque a veces el afán mediático nos gana y nos esperamos a que se aclare bien los suficientemente estos hechos, como ya se ha visto por ejemplo incluso en más de una oportunidad, incluso en la denuncias constitucionales contra Chávarry.

Finalmente, entendiendo que ya tenemos más de cuatro horas debate solamente, fuera de la presentación que se ha hecho en la mañana, nosotros como Alianza para el Progreso respaldamos el trabajo del congresista Sheput, representado a través de su informe.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Richard Arce.

El señor ARCE CÁCERES (NP).— Gracias, presidente, me pide una interrupción el congresista Mulder.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Mulder, tiene la interrupción.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, muchas gracias, gracias al congresista Richard Arce, solamente porque me he puesto a leer esta carpeta que no la teníamos.

Está la ha traído creo que el señor Chávarry, y aquí está el acta, es por un tema de rigor porque yo estoy leyendo en el informe del congresista Sheput, lo siguiente, que se le imputa al señor Chávarry organización criminal porque la organización criminal cuellos blancos habría apoyado la elección del doctor Pedro Chávarry, como fiscal de la Nación.

Y aquí está el acta y la transcripción de la sesión del 14 de mayo de 2015, cuando la doctora Zoraida Ávalos propone, “sea propicia la ocasión para proponer un pacto de caballeros”, dice. “Pero teniendo en cuenta el criterio de antigüedad para que así no tengamos problemas, en esta oportunidad le corresponde al doctor Pablo Sánchez porque es el más antiguo y después corresponderá, al doctor Gonzalo Chávarry”.

Y en el acta del siete de junio de 2018, la doctora Zoraida Ávalos, en consecuencia con lo que había dicho tres años antes, dice…

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

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El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Dice, “este es un acto solemne, no es una junta cualquiera, pero yo quisiera aprovechar para decir de que nosotros somos gente de palabra y las personas que estamos acá nadie se va a presentar como candidato, porque estamos respetando la antigüedad, por eso yo me permito proponer al doctor Gonzalo, quien es que sigue en la orden de antigüedad y que lo hagamos por aclamación”. Y la resolución dice, elegir por aclamación al doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.

Entonces, la pregunta al señor Sheput, ¿dónde que los cuellos blancos están apoyando la elección del señor Chávarry?, o salvo que usted diga, que los cuellos blancos sean el señor Sánchez, el señor Gálvez, el señor Rodríguez y la señora Zoraida Ávalos.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Puede continuar, congresista Arce.

El señor ARCE CÁCERES (NP).— Gracias, presidente, me había pedido una interrupción también la congresista Beteta, pero es su prerrogativa, presidente.

En realidad estamos desde la nueve de la mañana, presidente, siguiendo el curso de la Comisión Permanente y es importante que el país se entere y sepa de qué estamos hablando. Es determinante lo que ha sucedido en este tiempo.

Recordemos bien de donde viene toda esta investigación de esta presunta organización criminal los cuellos blancos del puerto que según la fiscalía ya tiene suficiente información, suficiente prueba para seguir investigando y determinando el grado de involucramiento. Viene de una investigación a consecuencia de una interferencia telefónica, que hacía a una organización criminal relacionada a actos delincuenciales.

Estamos hablando del barrio King, gente que estaba vinculada directamente con actos delictivos y es ahí donde empieza a surgir las conexiones que tenía con el sistema de justicia, y ahí esta Walter Ríos. Walter Ríos ya tiene una prisión preventiva y está en marcha, y es ahí en donde también tenemos que recordar, el país tiene que recordar que sucedió, los audios de la indignación, donde se negociaba y se traficaban sentencias judiciales con Hinostroza Pariachi de por medio.

Presidente, realmente una circunstancia que no debe olvidar el país, porque cuantas personas habrán sido afectadas cuando han requerido el pronunciamiento de nuestro sistema de justicia, y han presentado sus requerimientos y tenían a este tipo de jueces, a este tipo de fiscales, involucrados. Y ahora sabemos que primaba otro tipo de intereses por encima de la justicia. Y acá lo que tiene que hacer el Congreso es allanar esas investigaciones, no bloquear el trabajo de la Fiscalía.

En ese marco, presidente, lo primero que hay que recordar, definitivamente, es que el amigo directo de Hinostroza, que le llamaba para poder hacer favores, para poder apoyar la elección del fiscal Pedro Chávarry, era Tomás Gálvez, "tomasito", tal como lo graficó el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Él era el que tenía el nexo.

Entonces, definitivamente hay suficiente información.

Y acá, presidente, también tenemos que ser muy objetivos, hay el juicio político y hay el antejuicio político. Ya hubo suficiente argumentación de parte de varios congresistas

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para justificar, con sobradas razones, uno, que abramos el espacio para que se pueda investigar en la Fiscalía, y, definitivamente, también, en el juicio político se les pueda inhabilitar y se les pueda suspender de su función.

El informe que ha presentado el congresista Sheput tiene suficientes argumentos, tiene suficiente sustentación, ya varios colegas congresistas lo han refrendado, presidente, y acá tenemos que, una vez más, porque estamos en todo este período legislativo, de este año legislativo, hablando este tema de los presuntos "Cuellos blancos del puerto".

En ese marco, es muy importante, presidente, que nosotros expliquemos al país que son suficientes los indicios. Acá no vamos a validar pruebas. Acá no somos jueces. Permitamos por una vez que el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el congresista Quintanilla fue muy gráfico, el nuevo Código Penal le da cierta prerrogativa a la labor del fiscal. Con el antiguo Código Penal era el juez el que desarrollaba la investigación. Ahora es el fiscal.

Si no le permitimos desarrollar esta investigación, cómo se va a lograr la verdad, cómo se va a conseguir que se pueda identificar el grado de responsabilidad que se tiene.

Y hemos escuchado a los abogados y hemos escuchado a los dos fiscales supremos argumentar una serie de estrategias, llamaría, dentro de su defensa que han sustentado hoy, pero con el objetivo de provocar. Han pretendido descalificar a los fiscales que vienen investigando el caso Lava Jato. Son esos fiscales que han permitido, presidente, que la país conozca los casos de corrupción, donde están involucrados expresidentes, exalcaldes, por supuesto, de derecha, de izquierda, y se tiene que seguir investigando para saber a qué grado se llegó con la corrupción. Y sí tienen resultados.

El acuerdo de colaboración ha sido determinante para poder tener la precisión respecto a las investigaciones que se han hecho. Y, lamentablemente, acá en esta mesa, en esta Comisión Permanente, se genera un conflicto de intereses, porque acá hay congresistas que representan a partidos políticos que están siendo investigados, porque acá hay congresistas que representan, que son compañeros del mismo partido político, del líder político, del expresidente, de la exdirigenta nacional de su partido, que están involucrados en esta investigación. Entonces, ahí hay un conflicto claro de intereses.

Y con objetividad, nosotros no vamos a sancionar, nosotros no vamos a sentenciar a la persona involucrada. Lo que vamos a hacer es aperturar estos procesos de investigación. Y ahí está claro en el informe que se presenta respecto, en primer caso, respecto a Tomás Gálvez, se está recomendando la sanción, como corresponde, de inhabilitación y suspensión de su función por el tema de los beneficios que le habría otorgado al señor Walter Delgado para que sea elegido como fiscal superior penal, en esta relación que tenía con Hinostroza Pariachi. Y, aparte, el tema de la omisión de las denuncias que debió haber hecho dentro de su función.

Y de la misma manera, en el caso de Pedro Chávarry por encubrimiento personal, y que llega al extremo de involucrar justamente a varias personas, que están involucradas en esta denuncia de "Los cuellos blancos del puerto", presidente.

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Realmente, causa mucha indignación, porque empezamos a revisar qué ha sucedido (falla de grabación) vamos a tocar, tanto contando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión Permanente, y siempre ha sido por la fuerza de los votos. Sí, eso es democracia, pero también con objetividad tenemos que allanar los procesos de investigación.

¿Vamos a seguir generando blindajes a personajes cuestionados?

Lamentablemente, Presidente, el 10 de octubre de 2018 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahí se eximió de la responsabilidad a Chávarry, con los votos del fujimorismo y de un congresista del APRA; de la misma manera el 15 de octubre de 2018 en la Permanente; el 14 de enero de 2019 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; el 29 de enero de 2019 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; el 2 de abril de 2019 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; el 20 de mayo de 2019 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde sí, se aprobó, pero la votación también fue en contra de Fuerza popular, que conforman la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entonces, definitivamente, acá tenemos un problema serio frente al país. ¿Por qué la descalificación frente al Congreso, por qué esos altos niveles de desaprobación? Porque no estamos sintonizando con la población. Y es determinante, pues, presidente, la percepción ciudadana es determinante, porque nos debemos, nosotros representamos, hemos sido elegidos para representar a esa población, y que bueno que el país no pierda esa capacidad de indignación.

Hay una crisis política en esta circunstancia y el escándalo de Lava Jato ha desnudado a la mayoría de la clase política al extremo de llegar a esta circunstancia donde están siguiendo procesos judiciales y que se tiene que seguir investigando caiga quien caiga, Presidente. Es muy importante. Tenemos que recuperar la credibilidad de parte de la población.

A veces se quiere disociar la responsabilidad que se tiene frente a la población, y eso sería gravísimo. No hay que perder la capacidad de indignación, hay que seguir confrontando esta lucha contra la corrupción.

Yo respeto las opiniones que han emitido varios congresistas, pero es evidente que están actuando mejor que los abogados. Están perdiendo plata contratando abogados, en su momento Hinostroza, en su momento Pedro Chávarry, en su momento los exconsejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque acá en esta Comisión Permanente, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su derecho ellos responderán a sus electores, responderán al país. Acá han defendido de diferentes maneras, buscando la argucia legal para que se evada la responsabilidad.

Expliquemos al país que es importante que en el antejuicio político lo único que vamos a hacer es allanar el proceso, someternos a un espacio jurisdiccional que va a hacer la Fiscalía la que va a investigar. Permitamos, congresistas, finalmente con nuestra decisión, con nuestros votos que eso se desarrolle.

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El señor Chávarry tiene serias implicancias justamente a consecuencia de esos audios, por esa relación que tenían con esos jueces que traficaban sentencias, que traficaban inclusive la elección de esos jueces, ¿con qué objetivo? Copar el sistema de justicia. Y vaya a saber en qué instancias más y dentro del sistema de justicia estará la corrupción. Tenemos una oportunidad frente a ellos, Presidente.

Para terminar, nosotros desde Nuevo Perú vamos a respaldar, por supuesto, la propuesta presentada por el congresista Sheput, como congresista delegado respecto a esta acusación constitucional. Es muy importante el mensaje que le vamos a dar al país hoy. Sé que nuevamente la fuerza de los votos se va a imponer y no va a ser la razón, responderán con sus actos a la población. Nuestros votos lo dice, la Constitución, no van a tener mayor problema penal, de eso estamos casi seguros porque dice la Constitución y nos ampara, y fue parte del debate de hoy, pero algo mucho más importante, que ese estrictamente legal respecto a nuestros votos, es el tema del respeto a nuestro país, a esta lucha contra la corrupción, a esta capacidad de indignarse frente a estos actos donde gente se metió en el Poder Judicial con el único objetivo de buscar beneficios, de buscar beneficios para terceros y ahí está. La verdad va saliendo y va continuándose.

Recuerdo bien y no voy a olvidarme, Presidente. A mi marcad muy bien a las dos de la mañana cuando se blindó a Hinostroza Pariachi acá en esta Comisión Permanente. Espero que eso no vuelva a repetirse por el bien del país.

Muchas gracias.

Y los cuellos naranjas también.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Calma, por favor, y no caigamos en las provocaciones.

Hemos terminado la primera rueda; sin embargo, la congresista Milagros Salazar no había hecho uso de la palabra aún.

Lo que pasa es que vamos primero a los congresistas que aún no hacen uso de la palabra ni siquiera una vez y luego, con una segunda ronda, a los demás congresistas.

Congresista Salazar.

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).— Gracias, Presidente.

Presidente, aquí empezamos bien el debate y estamos terminando en adjetivar y descalificar a las personas. Lo que tenemos que analizar, presidente, colegas y a la ciudadanía que nos está escuchando, viendo, es el contenido. Vamos al fondo, tenemos que ir al fondo, no a la forma, presidente.

En relación a la imputación del delito de asociación ilícita, la Ley 377 establece, entre otros aspectos, la definición y los criterios para determinar la organización criminal. Ya lo hemos dicho, pero parece que algunos colegas no entienden cuándo califica una organización criminal, y dice que "una organización criminal es cualquier agrupación de

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tres o más personas que se reparten diversas tareas, funciones, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción".

Asimismo, presidente, en el Acuerdo Plenario 1-2017, del pleno jurisdiccional del 2017, de la Sala Penal Nacional y de los juzgados penales nacionales, precisa "la configuración de una organización criminal necesita de una estructura, la cual proviene de los elementos normativos de reparto de tareas o roles, así como la propia exigencia de una organización del actuar de manera organizada, sistemática y permanente".

Entonces, una organización criminal, presidente, tiene que tener cuatro criterios: Elemento personal, que tiene que ser tres o más personas; elemento temporal, caracteres estables o permanentes; elemento teológico, desarrollo de un programa criminal; elemento funcional, designación y reparto de roles, y el elemento estructural, que engarza o articula todo estos componentes.

En el informe final, presidente, se ignora el elemento de análisis de los hechos que configurarían una organización criminal que integraría el fiscal Gonzalo Chávarry, y cuál era la función de la que él participaba dentro de la organización criminal. En el informe no dice y no precisa cuál era su función, qué actividad hacía, con quiénes coordinaba, absolutamente no hay ni una sola evidencia en relación a ello, presidente.

Entonces, tenemos que tener en claro quiénes son los presuntos integrantes de la organización criminal, ¿dice? ¿En el informe está? No aparece. ¿Cuál era la finalidad de la misma? Tampoco aparece. ¿Cuál era el rol? Tampoco aparece. ¿Quién era el jefe? Si él era el jefe o subordinado tampoco precisa en el informe, presidente.

El otro punto que también lo consideran es, dice, "por la amistad". O sea, un elemento de la organización criminal es, dice, "la amistad con César Hinostroza, el apoyo a Chávarry y por la forma como se hablan". O sea ¿el llamar "hermanito", "amigo", "padrinito", eso es un elemento para considerar una organización criminal? No lo es, y eso ya lo ha demostrado la Corte del Poder Judicial de España, ya lo manifestado, y ellos son independientes, no tienen carga política, no tienen carga ideológica, no están en el Perú, no están a favor o en contra, solamente se han limitado a analizar los elementos que se ha enviado a través de la carpeta fiscal, y de acuerdo a esos elementos ellos han tomado una decisión. Así que esos elementos que aquí se esgrimen como "hermanito" que es parte de una organización criminal es totalmente falso e inconsistente, presidente.

Otro de los puntos y otro de los argumentos acá dice "por no haber denunciado al señor Hinostroza y a los miembros del CNM". Totalmente falso, presidente, totalmente falso, ¿por qué? Porque aquí el señor Chávarry como fiscal delegó la responsabilidad para que armara la carpeta fiscal al señor Pablo Sánchez. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de no incluir en una organización criminal a todos aquellos que participaron, como son fiscales, como son empresarios, otros jueces? Fue del fiscal Pablo Sánchez. No es responsabilidad del señor Chávarry. Entonces, le quieren endilgar una responsabilidad cuando él delegó su función de investigación y de armar toda la carpeta fiscal al señor Pablo Sánchez. ¿Incapacidad del señor Pablo Sánchez? ¿Volado estaba el señor Pablo Sánchez o simplemente también quiere encubrir a alguien, quiere proteger a alguien, y por eso es que no hizo una buena carpeta fiscal?

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El otro punto presidente, en relación a la imputación del delito de encubrimiento real. El artículo 405 del Código Penal, establece que el encubrimiento real se define: "dificultad de acción de la justicia procurando la desaparición de huellas o pruebas del delito u ocultando los efectos del mismo".

Entonces, cómo es que el señor Chávarri ha cometido semejante infracción. Según el informe final se refiere, increíblemente, a estas pruebas dice: "haya removido sin justificación a los fiscales Rafael y José Domingo Pérez", dice que no hay justificación y cuando él presenta y salen en El Peruano la justificación de la remoción está amplísimamente detallado la justificación porque los remueven.

Entonces éste no sería en todo caso la primera denuncia que le hagan a señor Chávari, hubieran hecho primero por haber removido al señor Hamilton. Cuando lo removió al señor Hamilton solamente habían dos párrafos, haí nadie saltó, ahí nadie presentó denuncia, nadie dijo que está vulnerando, nadie dijo nada, felices todos de que le remueban al señor Hamilton Castro, pero cuando sí lo remueven a sus amiguitos y especialmente del presidente Martín Vizcarra que tuvo que venir desde Brasil a defenderlos, ahí sí todo el mundo se pone de costado, todo el mundo no dice nada y ahí dicen que hay autonomía de los poderes del Estado. Por favor, por favor.

Punto dos, haya solicitado información sobre el citado acuerdo con el cual se habría contaminado el proceso de colaboración eficaz. Acaso la congresista Rosa Bartra no a puesto un video donde señor Vela se presentó la comisión y dijo que no iba haber secretismo, que iba informar sobre el acuerdo, primero y el nuevo acuerdo, para que la población vea y cautela, acaso no lo dijo, acaso no tuvo la disposición de apertura del acuerdo, qué cambió, qué cambió desde esa declaración y la posición de ahora, presión, favoritismo o le van a dar un cargo de fiscal más adelante, a ver qué responde el señor Vela.

Entonces, fuera de los hechos indicados no constituye en sí mismo acto de cubrimiento real. Se a procurado la desaparición de pruebas o se ocultado defecto de las mismas. Esta tesis reviste sustento alguno, presidente.

En relación a la infracciones constitucionales que se le imputa 39, 41 y 43 de la Constitución. Entonces dice: "que el máximo representante del Ministerio Público solicite informes a cualquier fiscal del territorio nacional sobre el ejercicio de sus funciones más aún en un caso tan mediático y tan complejo que ha golpeado a todo nuestro país", es importante y se tiene que pedir informes es el fiscal de la nación, no está pidiendo que varía el informe, no está pidiendo que excluya pruebas, no está pidiendo que no debe declarar, no, simplemente está pidiendo un informe, como cualquier funcionario de jerarquía mayor, tiene que pedirlo, dónde está la prueba de que ha pedido que cambien el informe, dónde está la prueba, dónde está la evidencia donde diga que no haga A que no citen E que no citen a cuales. No hay nada absolutamente, presidente.

Y aquí también he escuchado a algún colega que dice, tenemos que sintonizar con la población, o sea nuestros votos tiene que ser en sintonía de la población. Entonces yo pregunto por aprobemos el CAS, aprobemos al tercero pasarla nombrados, aprobemos el fortalecimiento de salud, aprobemos todo lo que pasa acá, si es que es el criterio de

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sintonizar con la población, entonces para algunas cosas y sí sintonizamos y para otra cosas sí no sintonizamos.

Qué gracioso, qué graciosos, entonces la sintonía de nuestros votos es por la población y no es por un criterio de conciencia y un criterio técnico del informe, o sea que el informe para que lo hizo el congresista Sheput, o sea no sirve pues el informe, porque tenemos que sintonizar con la población, una población que está distorsionada de la información, por qué, por titulares, porque hay algunas personas que distorsionan la verda.

Otra de las cosas que han dicho hablar de blindar, pero aquí por ejemplo escuchado a los congresistas que dicen no respetamos la posición de los congresistas, tenemos dos posiciones, respetamos, sí respetan, pero cuando salen a los medios ahí sí ya no respetan dicen que estamos blindando.

Entonces yo preguntaría Y ustedes a quién están blindando, a IDL, a las ONG, al presidente Martín Vizcarra que tiene 46 denuncias, que tiene financiamiento de campaña, que ha beneficiado a Alteza, que ha beneficiado a Conirsa. Entonces, están blindando a ellos.

Desde el gobierno de Toledo, presidente, todos los aliados se unieron y nos decían que ellos eran los partidos políticos que luchaban contra la corrupción. ¿Y qué resultó Toledo?, ¿qué resultó Ollanta Humala?, ¿qué resulto PPK?, ¿qué resultó Vizcarra?, ¿qué resultó Susana Villarán? ¿A todos aquellos no los apoyaron?

¿Quién lo apoyó en la segunda vuelta a PPK, presidente?, ¿no lo apoyó APP?, ¿no lo apoyó Frente Amplio?, ¿no lo apoyó Verónika Mendoza?, y los que ellos apoyan siempre al final salen con denuncias de corrupción.

Entonces, no hay que creerles, pues, ellos no tienen la capacidad para creer que están luchando por la democracia y por la lucha contra la corrupción, porque a todos aquellos que han dicho que apoyan, todos están más embarrados, presidente.

Entonces, aquí, presidente, lo que tenemos que tener es criterio, criterio técnico y criterio ético. El criterio técnico en función a las pruebas y a las evidencias; y el criterio ética no se regala en la esquina, viene de casa, presidente, y cada uno tendrá una responsabilidad a la hora de emitir su voto.

Yo no sé cada uno de los colegas congresistas cómo votará, pero tampoco puedo ser tan alegremente decir: "han blindado".

Cada uno analizará de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su criterio ético. Pero por el hecho de que nos salgan portadas o que, supuestamente, salga una marcha para que nosotros votemos como les gusta...

Y, lamentablemente, presidente, ese "No a Keiko", siempre nos ha vendido gato por liebre. ¿Y cuándo va a asumir su responsabilidad?

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No metió gato por liebre con Toledo, no metió gato por liebre con Humala, no metió gato por liebre con Susana Villarán. Entonces podemos creer que ellos tienen la capacidad y la credibilidad para hacer un análisis jurídico, técnico y político.

También nos preguntaríamos: ¿no nos están vendiendo gato por liebre esta vez?

Y, lamentablemente, utilizan la buena fe y la buena voluntad de la ciudadanía que, sí, verdaderamente quiere gente honesta; que, sí, verdaderamente quiere que se acabe con la corrupción.

Pero esta misma gente que más de 20 años está abanderado de la lucha contra la corrupción, y al final son los que están vinculados directa o indirectamente con los corruptos. Eso no tiene credibilidad moral, presidente.

Entonces, acá nadie ha perdido la capacidad de indignarse. Lo que acá yo veo, presidente, es que acá se ha perdido la capacidad de decir la verdad.

Acá hay colegas que dicen mentiras, pero son tan frescos que cualquiera que los escucha les cree, pues. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar.

Entonces, presidente, mi voto va a ser técnico y de conciencia, yo no me voy a dejar llevar por discursos baratos, por discursos populistas, por discursos que quieren desacreditar a la persona y lo que tenemos que discutir aquí es el contenido, el contenido, no las personas, presidente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Muy bien.

Ya hemos concluido el rol de oradores.

Me han pedido el uso de la palabra, por segunda vez, tres congresistas: Costa, Arana y Bartra. ¿Ya no?

Congresista Costa, le pediría que trate de ser lo más conciso posible, por favor, porque ya hemos extendido demasiado el debate.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Gracias, presidente.

Primero, me pide una interrupción el congresista Sheput, por favor, presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Sheput, tiene la interrupción.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Gracias, presidente.

Lamentablemente, parece que algunos por falta de tiempo no han leído el informe, señor presidente.

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En la página 35, cuando se habla de los argumentos de la denuncia contra el doctor Gonzalo Chávarry, se plantean en el caso específico de organización criminal cuatro hechos: desde haber mantenido una estrecha amistad con el juez supremo César Hinostroza; haber apoyado al denunciado en su proceso de ratificación como Fiscal Supremo ante el Consejo Nacional de la Magistratura; el tema de los "Cuellos Blancos"; y que el doctor Pedro Chávarry en su calidad de Fiscal de la Nación habría omitido dolosamente denunciar al ex juez supremo César Hinostroza y a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.

O sea, no tiene nada que ver con el proceso de elección que mencionaba el congresista Mulder en el caso de Pablo Sánchez.

Pero, por otro lado, entre las páginas 38 y 41 aparece una serie de hechos, en los cuales se plantea porqué se le está denunciando por organización criminal al señor. Y en el lado derecho, los descargos...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— Y en uno de sus descargos, se indica lo que mencionaba el congresista Mulder, que aparece en un acta en el cual el propio fiscal Pablo Sánchez como Zoraida Ávalos habían planteado la elección del señor Chávarry.

Pero ahí no queda el asunto, señor presidente.

En la página 45, cuando se habla de los argumentos de la denuncia contra Tomás Gálvez Villegas dice a la letra: "Además, sostienen que en su calidad de miembros de la referida organización criminal, el fiscal supremo denunciado, Tomás Gálvez, habría intervenido en la no reelección del doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y como tal había logrado el posicionamiento el doctor Pedro Chávarry en dicho cargo".

Y se pone a continuación los argumentos del denunciado.

"En cuanto a su intervención en la elección del entonces fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, como fiscal de la Nación, alega que la doctora Zoraida Ávalos y el doctor Pablo Sánchez fueron quienes lo propusieron para que ocupe tal cargo por aclamación y que, además, el doctor Pablo Sánchez manifestó públicamente su intención de no reelegirse, por lo que la imputación referida carece de todo fundamento".

Es decir, todo lo que está acá ya está en el informe. Pero, además, lo siguiente, para que se vea...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que culmine, por favor.

El señor SHEPUT MOORE (CP).— La calidad técnica del equipo que ha hecho este informe junto con los congresistas.

En el párrafo final, y la objetividad y los criterios de conciencia.

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En suma, atendiendo que no existen medios probatorios suficientes que den cuenta de la pertenencia del fiscal a la organización criminal "Los Cuellos Blancos", se concluye que no cabe acusarlo por la comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal", porque hay un solo elemento y no un conjunto de elementos como es en el caso del doctor Chávarry.

Entonces, está clarísimo de que lamentablemente muchos parlamentarios...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por alusión, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente, los sustentos con los que el informe pretende sostener finalmente un pedido en el que se le impute delitos de organización criminal, encubrimiento real, previstos en los artículos 317 y 405 del Código Penal, que está acá para votarlo, están contenidos en varias páginas.

Y lo que he leído, presidente, no solamente se dice en lo que leí en su momento, sino se vuelve a repetir más adelante, en el sentido de que existe un concierto de voluntades —aquí está— en el que se determina que un concierto de actos llevados a cabo por el juez César Hinostroza y otros presuntos miembros de la organización criminal "Los Cuellos Blancos", dirigidos a promover y favorecer la ratificación como fiscal supremo y luego la asunción del denunciado como fiscal de la Nación.

Entonces, dos veces repite ese argumento y no lo desestime. Y lo que lo está desestimando es lo que acabo de leer, que es el acta.

O sea, por lo menos en esa parte no hay elementos de...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Para que concluya.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Termino, porque es un debate.

Y en lo que se refiere a manifestar que había una relación de amistad, el mismo informe está desestimándolo, porque dice que lo único que queda como posible análisis es lo que se refiere a la supuesta adulteración de notas en el Consejo Nacional de la Magistratura.

Es decir, es el único elemento que sostiene, según lo que el mismo informe declara, para poder hacer imputación de organización criminal.

Entonces, a mí me parece, presidente, que eso merece explicaciones extras.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Costa.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Gracias, presidente.

Comienzo haciendo una aclaración. Se ha dicho que el acuerdo de colaboración eficaz no se ha hecho público. Se ofreció en su momento a través del fiscal Vela Barba.

El acuerdo no se pudo hacer público antes de su homologación, presidente.

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Una vez que se homologa, esto se traduce en una sentencia condenatoria, y puede ser utilizada como elemento de prueba en las investigaciones o como prueba en juicio oral. De manera que en ese momento se hará público.

Sin menoscabo de ello, tanto los fiscales del equipo especial como el procurador ad hoc para el caso Odebrecht, en el momento en que suscribieron el acuerdo con Odebrecht hicieron públicas las líneas generales. Y ahí nos enteramos de los proyectos que estaban involucrados, del monto de la reparación civil, etcétera, por razones de transparencia.

Pero el hecho de que no se haya hecho público todavía tiene que ver con el...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por excepción.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Señor Presidente, no es verdad que el criterio haya sido que hay que esperar que lo homologuen. Aquí está el oficio firmado por el fiscal superior coordinador Rafael Vela Barba, en la que a pedido de la Comisión Lava Jato, dice: Se solicita muy respetuosamente —después de argumentar que efectivamente aquí está el acuerdo— que por su intermedio se sirva remitir en sobre cerrado que se adjunta, el mismo que contiene copia del Acta Fiscal de Coordinación Superior de Entendimiento Mutuo para la culminación del Procedimiento de Colaboración Eficaz, suscrito el 2 de agosto de 2018.

O sea, el fiscal Vela Barba lo está remitiendo al Congreso de la República, al pedido que hizo la congresista. No es que sea tan secreto porque ya lo tenía la comisión.

El señor COSTA SANTOLALLA (BL).— Seguramente es resumen ejecutivo porque el acuerdo consta de más de mil páginas, está en proceso de homologación. Y una vez que sea homologado, se convierte en elemento de prueba en las investigaciones o en una prueba en un juicio oral. De manera que se hace público en ese momento.

En segundo lugar, señor Presidente, se ha dicho que el fiscal Chávarry podría separar a los fiscales del equipo especial, y eso es verdad, podía separarlo.

El cuestionamiento a la decisión es que esa separación fue inmotivada injustificada y arbitraria porque son separados del equipo especial, no porque estuvieran haciendo mal su trabajo, sino porque estaban haciendo bien su trabajo. Lo separan a once días, el 31 de diciembre a once días de que se firmara precisamente el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht; es decir, que se ratificara en Brasil porque ya se había firmado acá un acta de entendimiento inicial.

Y eso es lo que lleva, señor Presidente, a que se configure un delito de encubrimiento real y personal, real porque si no se firmaba el acuerdo de colaboración eficaz, las nuevas pruebas que iba a entregar Odebrecht, no las iba a entregar y las que ya había entregado, perdían valor jurídico; es decir, no era posible porque esas son las reglas de la colaboración eficaz, es decir, si no se cierra un acuerdo, todas las pruebas que se han ido remitiendo en el proceso no pueden ser utilizadas en juicio.

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Eso configura encubrimiento real porque hubieran sustraído estas pruebas de todos los procesos de investigación. Y eso hubiera tenido como consecuencia beneficiar a todos los investigados que no hubieran podido ser llevados ante la justicia, señor Presidente.

Entonces, quería también hacer ese comentario.

En tercer lugar, sobre los comentarios hechos por mi colega García Belaunde.

Estoy de acuerdo en la importancia que él le asigna al papel de Gálvez en esta supuesta organización criminal, concuerdo con él, pero no estoy de acuerdo en lo que dice sobre el acuerdo de colaboración eficaz que él coincide con el señor Chávarry y que es un acuerdo entrevista, y pone como modelo alternativo a Colombia, porque su presidente habría dicho ayer en Palacio de Gobierno que Colombia muy dignamente no acepta que Odebrecht siga trabajando en el país, y que ese es el modelo que deberíamos seguir.

En Colombia no ha avanzado un ápice en conocer la verdad y no van a tener justicia, no van a saber con quién operó Odebrecht en el país, solo hay tres muertos y no conocerán nunca la verdad y la justicia.

Nosotros para avanzar hacia conocer la verdad y hacer, por lo menos, en parte justicia, hemos decidido entrar por la vía de los acuerdos de colaboración eficaz, que es lo que se hace en todos los países en la lucha contra el crimen organizado.

Entonces, no creo que sea el modelo ideal, y de ahí discrepo con él.

En cuarto lugar, señor Presidente, muy rápidamente en relación con la ratificación irregular del señor Chávarry y la adulteración de notas.

Hay una declaración de la directora de Evaluación Integral del ex CNM, que es la doctora Norma Luz Gutiérrez Vega, que dice: Yo como directora del ex CNM, advertí modificación de notas del rubro calidad de decisiones del aspecto de idoneidad del magistrado Chávarry, siendo que dicha modificación se produjo el 28 de junio de 2018, advirtiendo que las calificaciones habían sufrido variaciones.

En el caso del magistrado Pedro Chávarry fiscal supremo había variado en 69,22 a 79,72, habiéndose aumentado a favor del 10,50; y en su declaración que incorpora extensamente el procurador anticorrupción Amado Enco, en su denuncia el señor Chávarry y los miembros del CNM, sostiene que esto se identifica a mediodía y que recién a las seis y media de la tarde se concluyó con la rectificación de todo los errores, que no eran una falla técnica como ya he advertido anteriormente y que no solo implicaba una modificación del puntaje, sino que se había advertido variación en diez de las dieciséis decisiones de la evaluación, y que se había modificado el texto de las calificaciones de dos decisiones de evaluadores externos.

O sea, que estábamos no ante una falla técnica sino ante una clara adulteración, esto está en la denuncia del procurador anticorrupción y nadie ha objetado ni cuestionado esta declaración de la responsable.

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En quinto y último lugar, presidente, una reflexión sobre lo que nos proponen acá algunos colegas, nos dicen, mira, la investigación no está completa, entonces, completémosla. Pero ocurre que no es posible completar la investigación. Uno, porque nos corresponde a nosotros investigar.

Si fuera un colega congresista o un político, a lo mejor el Congreso como ha ocurrido en el pasado, inicia una investigación y el Congreso se encarga de completarla, pero estamos hablando de organizaciones criminales, complejas, no está en condiciones el Congreso de hacer una investigación de esta naturaleza.

A quien le corresponde investigar es precisamente a la Fiscalía de la Nación, esta investigación, presidente, se encontraba en sus fases iniciales cuando los integrantes de esta organización descubren que los están escuchando legalmente, y que hay interceptaciones telefónicas y ahí colapsa la investigación y se hace público lo que sabemos.

O sea, que es una investigación que tenía tan solo siete, ocho meses para una organización con este grado de complejidad, y por eso tenemos lo que tenemos, la pregunta es, presidente, si nos quedamos con eso y decimos insuficiente o si respondemos al pedido de quien tiene que investigar que es el Ministerio Público y decimos, bueno, acá no estamos ante una persecución política o ante una reacción ante estos funcionarios públicos por el trabajo que realizan.

Una perturbación de su labor y de sus responsabilidades, no, no, estamos ante hechos que ameritan ser investigados y entonces eso es lo que hay que hacer, pretender que tenemos que tener toda la investigación y las pruebas acabadas, cuando eso lo que corresponde es que acopie esos elementos probatorios la Fiscalía de la Nación antes de hacer la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

Es eso lo que se exige de nosotros en este momento, presidente, no que concluyamos una investigación que no nos corresponde, sino que le corresponde al Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación por tratarse de funcionarios aforados.

Y en relación y con esto termino con las infracciones a la Constitución, este es un asunto que tiene que ver con el juicio a cada cual, si consideramos que Chávarry y Gálvez actuaron de acuerdo a lo que preceptúa la Constitución, lo que espera la Constitución de un alto funcionario, de un Fiscal de la Nación y de un fiscal supremo.

Lo que espera la Constitución o si actúo muy lejos de lo que ella solicita, yo creo que no hay ninguna duda sobre esto y por eso respaldamos la recomendación del informe de que les destituya e inhabilite, pero en todo caso, en relación con esto estamos ante un juicio de cada quien.

En el primer caso, estamos ante la necesidad de habilitar una investigación que está en sus fases iniciales y no corresponde que el Congreso obstruya esa investigación, sino que dé luz verde para que pueda concluir satisfactoriamente y se aclaran si hay o no responsabilidad penal de los involucrados. Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Gracias, congresista.

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El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Por alusión.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Por alusión, congresista García Belaunde.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Alusión, con el respeto y aprecio que le tengo al señor Gino Costa.

En primer lugar, presidente, que el convenio de colaboración eficaz como lo dije en esta entrevista, lo he dicho yo todo el tiempo, no sé si el señor Chávarry haya dicho lo mismo. En todo caso está coincidiendo conmigo porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo y en todo caso lo discutiremos después.

Con el señor Costa y con todo los vizcarristas que quieran, vamos hacer un grande bate sobre el convenio de colaboración eficaz, cuando he hecho la referencia a lo que él dice, es por lo siguiente, presidente. Vamos a ser dos pequeñas comparaciones y con esto acabo, presidente.

Ancash, la carretera de Ancash, la carretera de Chacas en Ancash, ¿qué el fiscal Chirri ha acusado por 25 años a todos los que estuvieron metidos en el tema? Funcionarios públicos y gente de Odebrecht el fiscal Chirre los acusó por 25 años por delito de corrupción. No hubo colaboración eficaz, no se aplicó el otro tema; sin embargo, logró obtener, después de haberlos acusado y haberlos embargado, 65 millones de soles, cash, contado, que hace poco, hace una semana, dos semanas, lo anunció el fiscal Chirre con bombos y platillos.

¿Cuánto era la obra? 400 millones? Obtuvo 65 millones, cash.

Y en el caso de Brasil, que se van todos los fiscales, se van a firmar con Odebrecht en Brasil, no han hecho nada, no han embargado, no han acusado. No, no, han llegado a un acuerdo, ¿y cuánto han conseguido? 610 millones de soles, pagaderos a 15 años, con un interés 1.2% anual. O sea, han obtenido el 1% de las ventas que han obtenido. En este caso, sin colaboración eficaz, el fiscal Chirre ha obtenido el 18% del monto de la obra.

Entonces, ¿cuál es mejor? Bueno, el tiempo lo dirá, señor presidente.

Gracias, señor Costa, por supuesto, por su paciencia.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Arana.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Gracias, presidente.

Está quedando claro, presidente, que el informe, que ha sido aprobado por mayoría en la Subcomisión, plantea la destitución y 10 años de inhabilitación para el fiscal Pedro Chávarry y para el fiscal Tomás Gálvez.

El tema de si les corresponderá cárcel, es un tema del Ministerio Público y del Poder Judicial. Nosotros no tenemos esa competencia.

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En ese sentido, lo que vamos a votar, y la manera cómo valoraremos, efectivamente, tiene que ver con lo que ha aprobado la Subcomisión, que es destitución inmediata y 10 años de inhabilitación.

Si algunos votaremos porque se respete ese pedido, ese acuerdo; y otros, con todo derecho, votarán seguramente porque las cosas continúen como están en la Fiscalía.

Queda claro, presidente, además, que aquí no se trata de medir con doble vara. En el Frente Amplio hemos planteado claramente que en la lucha contra la corrupción el tema es caiga quien caiga. Y si algunos colegas quieren endilgar responsabilidades política solamente a la izquierda, yo recuerdo, para comenzar, que hay varias izquierdas, y que algunas incluso apoyaron a Alberto Fujimori, que está preso, entre otras cosas, por temas de corrupción. Otras apoyaron a Alejandro Toledo, que está prófugo de la justicia. A Alan García, que ya no está, sin embargo, hemos tenido una actitud muy clara sobre el tema, incluso cuando la bancada del Frente Amplio hizo su mayor esfuerzo para impedir o para advertir que el Frente Amplio de Uruguay le diera posibilidad de fuga. A Ollanta Humala, que va a tener que vérselas con la justicia. A Pedro Pablo Kuczynski, razón por la cual, además, el Frente Amplio fue tan atacado. A Susana Villarán, que mintió todo este tiempo y que tiene que vérselas con la justicia, y que ahora está teniendo un trato diferenciado respecto de la señora Keiko Fujimori, que tiene las facilidades de la cárcel que se le brindan en Chorrillos, y se envía a Villarán hacia una cárcel común.

Sí, quiero terminar la idea, congresista, y le cedo, con gusto.

Entonces, son investigaciones que están en curso. Y, ciertamente, esperamos que el dinero recibido por OAS de un alcalde, frecuentemente mudo, pero que comienza a hablar, también sean investigadas, y no ocurra, como pasó con Comunicore, que encontró jueces y fiscales que le archivaron el caso. O el caso de la señora Lourdes Flores, que también ahora, bajo la misma coartada, de que fueron aportes y no dineros sucios de la corrupción los que financiaron su campaña, pretende también pasar desapercibida o acogerse al mismo argumento, o el caso de gobernadores o alcaldes que están siendo investigados, algunos sancionados.

Recordemos que al señor Álvarez, que tiene graves acusaciones, ayer, justamente, el Poder Judicial le acaba de absolver en uno de sus juicios. Vamos a ver, efectivamente, que la lucha anticorrupción y el trabajo de los fiscales anticorrupción luego no terminen desbaratados por, todavía, jueces que quedan en el Poder Judicial para encubrir como lo hemos visto a lo largo de todos estos años porque si no fuera porque falló el sistema anticorrupción, tanto en las fiscalías como en el Poder Judicial, como en la Contraloría, como en la propia Sunat en las procuradurías no hubiéramos llegado a los niveles de corrupción que Lava Jato ha tenido en nuestro país.

Entones, eso es lo que está en juego, presidente, en la votación que hagamos, la destitución inmediata y los 10 años de inhabilitación, y luego la obstrucción o el paso para que la Fiscalía y los jueces hagan su trabajo en materia penal.

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Se ha dicho que en el caso de Tomás Gálvez se ha abierto un mecanismo inexistente que sería inadecuado sobre el cambio de la calificación por cuestión previa. Pero yo quisiera recordar, presidente, la doble vara o el doble racero que se maneja.

Mire, presidente, y quisiera que me permita leerlo. En el Diario de Debates el 5 de octubre, cuando se vio el caso Hinostroza fue la congresista Yeni Vilcatoma la que planteó que al señor Hinostroza por cuestión previa. Dice, “concretamente mi intervención tiene lugar para solicitarle al congresista Pacori como responsable de esta acusación constitucional realice la integración respecto a la imputación en relación al delito de crimen organizado que el día de hoy ha tenido lugar a discusión por la cuestión previa admitida”.

Esto es el Diario Debates, presidente, es decir, por cuestión previa presentada por la Yeni Vilcatoma sobre el caso Hinostroza se le pide al congresista delegado, que este caso es el congresista Oracio Pacori, que había preparado el informe, que por cuestión previa se admita la imputación en relación a crimen organizado. Y eso se produce, presidente, en esta sesión. Y luego tenemos la declaración del congresista Pacori en el Pleno, que dice: “El día de hoy cumpliendo el debido proceso ha sido incorporada”. ¿Qué ha sido incorporada? La cuestión previa para el informe que planteó la congresista Yeni Vilcatoma y también había presentado el congresista Humberto Morales, vocero de mi bancada.

El congresista Oracio Pacori, justamente, en el Diario de los Debates da cuenta en el Pleno y dice: "En este sentido, señor presidente, nosotros vamos a incorporar y a anexar la solicitud y las recomendaciones que nos han hecho llegar la congresista Yeni Vilcatoma de Fuerza Popular y el congresista Humberto Morales de Frente Amplio”.

Es decir, ¿se puede incorporar temas por, en las acusaciones constitucionales, por cuestión previa? Sí, presidente. Es más, Presidente, se señala en la votación. Aquí tengo la votación del día 4 de octubre. La votación del 4 de octubre que se ha ce sobre Hinostroza con la cuestión previa planteada por Yeni Vilcatoma y por Humberto Morales tiene una votación.

¿Quién vota porque sí? Voy a leer de los congresistas que están presentes. La congresista Gladys Andrade votó porque sí. Es decir, admitida la cuestión previa de la congresista Yeni Vilcatoma y del congresista Humberto Morales aceptada por el congresista delegado, el congresista Pacori; luego la congresista Alejandra Aramayo votó también por sí; la congresista Karina Beteta votó porque sí. Y podríamos seguir leyendo. También del Apra, quien estuvo, bueno, ahora no están los congresistas, porque estuvo ausente el congresista Mulder, pero votó por que sí. También la congresista Úrsula Letona, que está aquí. Votó además el congresista César Segura, que está aquí. La congresista Milagros Takayama, que está aquí. Votaron por un procedimiento, presidente, no estoy aludiendo en el sentido peyorativo, presidente, estoy leyendo un proceso, es decir, un informe sobre el señor Hinostroza que no contenía unos elementos que consideró la congresista Yeni Vilcatoma que deberían incorporarse. ¿Cómo lo planteó? Por cuestión previa. El congresista Humberto Morales, ¿cómo lo plantearon? Por cuestión previa. ¿El congresista delegado aceptó que se incorporen? Sí. Se debatió en el pleno, se votó, y el

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leído los nombres de algunos congresistas que están aquí que se votó por todo ese procedimiento.

Pero aquí se está diciendo que por cuestión previa, en el caso del fiscal Gálvez, no se puede incorporar por cuestión previa. Y, entonces, presidente, a mí sí me preocupa que en algunos casos proceda un tipo de procedimiento y de acuerdo y en otros no, que es justamente lo que varios congresistas han señalado.

Me pide una interrupción, presidente, a través suyo, la congresista Aramayo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo, una interrupción y una alusión, al mismo tiempo.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Solo una cosa, en realidad, yo le doy la razón, a través suyo, al congresista Arana.

Cuando uno plantea una cuestión previa, esta puede versar en diferentes temas, respecto a diferentes puntos. Entonces, en aquella fecha, y yo lo recuerdo con absoluta claridad, lo que se pide es que se anexe el conjunto del informe porque se había anexado párrafos del informe de la fiscal. ¿Y qué pedíamos nosotros en aquella oportunidad, por su intermedio, presidente? Que sea todo el informe. Lo que es diferente de la cuestión previa materia del primer punto de la agenda del día de hoy, porque lo que pretenden hacer es cambiar el sentido de un archivamiento, y por cuestión previa, en este espacio, cambiar el sentido una votación.

Entonces, yo ratificó lo que en aquella oportunidad voté, yo voté para que se anexe el informe de la fiscal de manera completa y que no se tomen párrafos de manera parcial y se descontextualice.

El día de hoy, y usted pretende hacer una analogía en función algo que no hay, lo que usted pretende es que esta Comisión Permanente pueda cambiar el voto de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que es algo que no es posible.

Entonces...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, presidente. Gracias, congresista Arana.

No solamente es impertinente la comparación que hace, es desproporcional. Me ratifico en la votación de aquella oportunidad. Y todo lo que usted ha pretendido hacer hoy no es equivalente porque son sentidos contrarios con efectos totalmente contrarios.

Muy agradecida, presidente. Gracias, congresista Arana.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Arana, puede continuar.

El señor ARANA ZEGARRA (FA).— Presidente, no estaba estableciendo con...

Gracias, presidente.

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No estaba estableciendo analogía con la cuestión previa presentada al inicio de la sesión esta mañana, a la que se le refiere la congresista Aramayo. Estoy haciendo analogía con la cuestión previa que se planteó en las sesiones del 4 y 5 de octubre sobre el caso Hinostroza, allí la congresista Yeni Vilcatoma y el congresista Humberto Morales, de mi bancada, plantearon que el informe del congresista delegado incluyera la figura de crimen organizado, y hubo una votación.

Pero, bueno, el otro tema, presidente, para ir a otro tipo de procedimiento, la Comisión de Ética. La Comisión de Ética plantea de manera ilegal, porque no hay una prohibición sobre el tema de la incorporación, en ese momento no la teníamos además, como sí se aprobó después, de la incorporación de personas que han sufrido condenas por terrorismo. Y, entonces, la Comisión de Ética planteó un informe contra la congresista Foronda, pidiendo que se le aplique una sanción de 60 días, cuestión previa planteada por la congresista Milagros Salazar en el pleno, y señala que sean 120 días. Y se cambia el acuerdo de la Comisión de Ëtica aquí por cuestión previa, se cambia.

Entonces, el tema no es si la congresista Milagros Salazar, porque así fue, efectivamente, tenía el derecho o no a presentar una cuestión previa. Tenía el derecho, y tenía el derecho de que su cuestión previa incluso planteará un cambio en la sanción que había propuesto la comisión de Ética, sí tenía todo el derecho.

El problema es por qué cuando se trata de otros casos, como en este en el de Gálvez, lo que se está señalando es que no procede que por cuestión previa puede haberse modificado un acuerdo, ya leí cómo por cuestión previa se cambió y se pidió que se varíen el informe sobre Hinostroza, que es exactamente lo mismo que ha ocurrido, porque estamos hablando del fuero de la Subcomisión de Acusaciones, pero he señalado que Fuerza Popular lo hace con el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en el caso de Hinostroza y no lo hace no lo niega hacer ahora y lo han hecho con la comisión de Ética, que es otro fuero y también se ha cambiado por cuestión previa.

Entonces, yo lo que pido presidente, es que no haya doble rasero.

Y para ir concluyendo presidente, se ha señalado de que el informe del congresista Sheput es inconsistente, porque no ha señalado o pretende señalar, en todo caso, que la organización criminal existirían en base que se llaman amiguitos, comen juntos, se piden botellitas de vino, se piden que se pagan las cuentas en el restaurante, y dicen no, eso es normal, eso no es suficiente entre patas no es normal que eso ocurra, pero eso no alcanza para señalar que hay organización criminal.

Pero cuál es el temor de que la fiscalía por mandato y el acuerdo que tomemos hoy proceda con sus investigaciones. Cuando tenemos el informe de la fiscal Sandra Castro Castillo, que en la página 7 su informe del 29 de agosto, señala de las declaraciones de los colaboradores eficaces que además antes ha incluido los audios de CNM, que incluyen además las informaciones sobre lugares donde se reunían, que incluye además los temas de testimonios diversos que incluso sabemos que hay fotografías y vídeos en el marco de las investigaciones de los cuellos blancos del puerto, que comenzó como bien

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Se ha recordado investigando a Caracol por narcotráfico y allí resultan jueces y fiscales en esas conversaciones inmersos.

Pero qué dice la página 7 del informe de la fiscal Castro, presidente, el informe de la fiscal provincial del primer despacho del Callao Sandra Castro Castillo dice: "de las declaraciones de los colaboradores eficaces se evidencia que forman parte de la organización criminal los siguientes altos funcionarios: César Hinostroza Pariachi, Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Ángel Romero Díaz, Orlando Velásques Benites, Guido Águila Cuadros, Iván Noguera Ramos, Elver Marcelo Cubas, Julio Gutiérrez Pebe en su calidad de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tomás Aladino Gálvez Villegas, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y dice, además nos da unos detalles que no solamente se trataban de amiguitos, de tomasitono o de hermanones. Esta organización criminal operaba con palabras claves que es propio del rasgo de este tipo de organizaciones: chimbo celular alterno control de teléfono cambiar de versiones, verdecitos dólares, libros 100 soles, cuaderno 50 soles, naranjas no se refiere a Fuerza Popular, se refiere los whiskies gringas dólares, cholas, soles, tesis, expedientes, ayudas memoria, USB, proyectil, resoluciones armadas, resoluciones armadas y hablaban de las resoluciones armadas como proyectiles, tenían todo su código de comunicación como lo hace una mafia y Anita Fiorella Vargas Rojas, Chiquito Abel Zavala, tenían hasta sus alias entre ellos, profesor a quién se le va ayudar, o Hernando Salinas Valverde, el jefe Walter Ríos, les están asignando a Walter Ríos y lo llaman con su nombre de jefe caballito, Enrique Vidal periodista, no se ponga nervioso congresista congresista Mulder no aparece su nombre aquí, pájaro consejero, Guido Águila, chino Óscar Peña Aparicio, chiri chiri Chirinos, cumpa Carlos, kiri Víctor León Montenegro, chusi César Salinas Vedón, calendarios nacionales se refieren a soles, tamales a dinero, punto sitio acordado dónde sería el encuentro, grandazo Iván Noguera.

Entonces, el informe ha sido considerado por el congresista ponente, el congresista Juan Sheput, y yo creo que a estas alturas, presidente, no más nerviosismos.

En todo caso, lleve al voto, sobre el tema de quienes aprobamos el informe, porque se destituye inmediatamente al fiscal Chávarry y al fiscal Gálvez y que se los inhabilite por 10 años y que la Fiscalía haga su labor.

Este tema, presidente, sabemos que para algunos es un tema de una cuestión de sobrevivencia, para otros es una cuestión de responsabilidad, de ética pública y del despliegue de la actividad de fiscalización y control político, que el Congreso nos ha dado y que es la razón por la que estamos aquí.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Gracias, presidente.

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Presidente, el principio de legalidad no es cuestión de supervivencia. En todo caso, se luchará por el estado de derecho, por la defensa de la democracia y por evitar el copamiento de las instituciones de manera indebida, presidente.

Voy a tratar de no hacer la homilía, como me ha pedido el congresista Mauricio Mulder, ni el sermón de las tres horas, pero quisiera, presidente, que quedarán claramente establecidos algunos temas.

Las infracciones constitucionales, presidente, no son una cuestión de consciencia, como se ha querido hacer ver, especialmente a quienes están siguiendo este debate.

Exigen, presidente, demostrar que se ha vulnerado principios basilares de nuestra ley fundamental. Es absolutamente...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresistas, entiendo que estemos cansados todos. Estamos desde las 9 de la mañana en este debate. Yo les pediría que ya no se fijen en los comentarios, que pueden estar fuera de ese ámbito del debate, y que más bien se preocupen en fijar su posición.

Congresista Bartra.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Las infracciones constitucionales, presidente...

No sé que ha dicho el congresista Arce, presidente, pero, en todo caso, le puedo dar una interrupción si es que él quiere expresarlo abiertamente y no soterradamente detrás en un escaño.

Si no hay nada que decir, entonces...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Bartra, continúe, por favor.

La señora BARTRA BARRIGA (FP).— Sí, no vamos a caer en la provocación, presidente, sobre todo de quienes a falta de argumentos tienen que usar otro tipo de estrategias.

Volviendo sobre las infracciones constitucionales, presidente, debe tenerse presente que de normas generales no pueden derivarse de responsabilidades específicas.

El informe no dice cuál es la acción u omisión que viola un deber constitucional expresamente estatuido, presidente, y eso es fundamental para que nosotros acá tomemos una decisión.

Los elementos para organización criminal, ya ni siquiera hay que volver a analizarlos. La congresista Letona ha leído acá cómo han fallado y el ridículo internacional que hemos hecho.

Los elementos para la organización criminal son los que la audiencia nacional de España ha desestimado por inútiles, presidente, no como se ha querido vender aquí, que ha sido por una deficiencia de la Comisión Permanente del Congreso de la República. No, presidente, sino porque no existen los elementos necesarios para poder calificar lo que forzadamente se pretende como una organización criminal.

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El encubrimiento real, presidente, no se sostiene ni en la ley, ni en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Queremos generar nuevos elementos que lleven a precedentes nefastos solamente porque queremos forzar figuras para satisfacer, sabe Dios, qué tipo de intereses, porque ni siquiera son los de la población, presidente.

La población necesita que se haga justicia y la justicia se sostiene sobre elementos fácticos, no sobre lo que se quiere, se supone, nos gustaría que sea.

Intereses soterrados no vamos a avalar, presidente.

Acerca del pedido de informes sobre el acuerdo de colaboración eficaz, presidente, yo nuevamente voy a referirme a los hechos y voy a tratar de ser breve, sin embargo, es necesario que se exponga claramente aquí qué es lo que tenemos como hechos, porque no solamente se ha mencionado una vez los pedidos de información para sostener no solamente el encubrimiento real, sino también las infracciones constitucionales.

Para el caso de encubrimiento real se pone como sustento, como pruebas de ese delito que se haya solicitado información sobre el citado acuerdo, con lo cual se habría contaminado el proceso de colaboración eficaz y no se habría obtenido por parte de Odebrecht la información relevante para llevar adelante las investigaciones.

¿Se sostiene realmente eso, presidente? ¿Realmente existe algo que pueda sostener eso?

Me gustaría tomarme el tiempo de leer lo que ha dicho el fiscal superior, Rafael Vela, en este mismo espacio, presidente, porque es necesario. Es necesario para que se deje de narrar historias para forzar delitos o infracciones constitucionales.

¿Qué dijo? "Nos encontramos en ese esfuerzo, en donde la muestra de voluntad se ha trasuntado en un documento que en ejercicio de transparencia ha sido de público conocimiento. Sí es posible opinar. Sí es posible formular una crítica de ese documento, porque ahora es de conocimiento público.

Entonces, ¿por qué se pretende que pedir opinión o criticar el acuerdo se convierte en elementos de convicción contundentes, como ha dicho el congresista Juan Sheput aquí mismo?

¿Qué más dijo? "Habrán circunstancias en las que tal vez no podremos informar de algunos aspectos puntuales, que son parte de la reserva de la investigación, pero siempre trataremos de darles explicaciones y una información conforme.

Seguramente también al propósito que ustedes, como distinguidos parlamentarios están en ese esfuerzo conjunto. Nosotros estamos en el esfuerzo conjunto de proscribir la impunidad. Y entiendo que también es el esfuerzo de punición y de castigo, y no darle un centímetro a la corrupción.

Estamos hablando de acuerdos corporativos de delación, que en algún momento fueron desincentivados. Sin embargo, ahora estamos trabajando de manera diferente".

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¿Por qué decía eso? Porque le había designado el fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry Vallejos, en reemplazo del fiscal Hamilton Castro.

¿Qué dijo en esa ocasión el fiscal de la Nación, entonces el doctor Pedro Chávarry? "El contenido del documento todavía no lo tenemos a la mano —se refería al acuerdo—. No sabemos cuál ha sido el aporte que ha brindado, y nos hemos enterado por la prensa".

No era raro que se enterara por la prensa, presidente. No solamente de eso se enteraba por la prensa.

Pero hay algo más. ¿Sabe qué dijo el fiscal Rafael Vela en esa sesión? "Ahora hemos sido fortalecidos. Se ha incrementado el número de fiscales. Se ha incrementado el número de personal administrativo. Estamos a la altura de la exigencia de poder acortar cualquier plazo de investigación con el máximo esfuerzo posible, y estableciendo prioridades que creo han sido un defecto estructural de lo que ha venido sucediendo".

Sí, les dio más personal, más fiscales, más presupuesto. Y por eso el fiscal estaba contento. Además, ofrecía máxima colaboración y máxima transparencia.

¿Qué dijo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, entonces fiscal? "Me informan del Área de Presupuesto que queda pendiente la suma de 10 millones. Vale decir que este año serían 20 millones para poder contar con la contratación de 31 fiscales, 13 peritos, 156 personal administrativo, para fortalecer a ese equipo".

¿Realmente había obstrucción, ganas de dificultar su trabajo? ¿Por dónde?

El fiscal Vela Barba: "Desde ese punto de vista entendemos la preocupación fundamental de conocer estos términos del acuerdo. Y más bien nuestro propósito está en que el acuerdo final sea uno que corresponda proporcionalmente a la negociación y a la voluntad de las partes y a lo que proporcionalmente —reitero— pueda corresponder también en beneficio mutuo".

Escuche, presidente. Esto es importante.

"Tenemos el compromiso ya de la empresa de poder hacer públicos estos acuerdos. Es decir, no va a existir más ese secretismo".

Presidente, ¿pero qué dicen acá? Que habían contaminado, dificultado con Odebrecht, cuando el fiscal Vela, él mismo, hechos, no suposiciones, no inferencias lógicas, no lo que el pueblo... su pueblo seguramente está pidiendo...

Repito: "Tenemos el compromiso ya de la empresa de poder hacer públicos estos acuerdos. Es decir, no va a existir más ese secretismo".

Presidente, que aclaro que si se está usando el argumento de que los pedidos de información, que hizo el ex fiscal de la nación, estaban claramente avalados por quien tenía el deber de impulsarlos, no se sostienen ni las infracciones constitucionales ni los delitos imputados, señor Presidente.

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Y nuevamente me refiero a hechos, podría volver a pasar el vídeo con todo lo que dijo el fiscal Rafael Vela para que no quede ninguna duda con respecto a lo que acá se está sosteniendo.

No podemos forzar las figuras legales ni las infracciones constitucionales, no es no solamente ético, es antijurídico. Y acá nosotros hacemos un análisis técnico jurídico, señor Presidente.

Probablemente nos fastidie el tiempo que nos toma conocer la verdad, pero esta es la verdad, no la que queremos construir, sino aquella verdad sobre la cual tenemos que votar.

Ese voto, de ninguna manera constituye, y no voy a usar el término tan fácil de usar por algunos, porque acá no se hace, señor Presidente, se pretende, hay un Congreso que sí está enfrentando con valentía la corrupción; y eso no les gusta, no les gusta la defensa de la legalidad, no les gusta la defensa de la Constitución, no les gusta la defensa del Estado de Derecho, no les gusta, quieren cooptar las instituciones, especialmente el Ministerio Público.

¿Vamos a ir por ese camino, vamos a recordar al presidente Vizcarra viniendo apurado para presentar una ley inconstitucional para intervenir el Ministerio Público, ese es el camino, falló ese camino y entonces vamos por este?

Señor Presidente, nuestro voto tiene que ser no solamente de conciencia, sino tiene que ser un voto que responda a criterios técnicos jurídicos, al respeto a la Constitución y a los hechos.

No podemos inventar organizaciones criminales, no podemos inventar delitos.

En todo caso que quede para el juicio de la historia cómo se toman decisiones en esta comisión que es importantísima para poder hacer realmente lo que se necesita tanto en nuestro país, que es justicia.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra el congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, señor Presidente.

Qué fácil sería el día de hoy estar de acuerdo con los medios de comunicación proponen, con lo que supuestamente la población en gran mayoría quiere, lo cual yo creo que no es cierto porque obviamente esas encuestas desde mi punto de vista son totalmente manipuladas.

O sea, qué fácil sería ir en favor de la corriente que actualmente domine el país, y nos acabamos el problema, se acabó el problema y listo. Pero no, señor Presidente, nosotros tenemos la responsabilidad de actuar con coherencia y no como algunos lo hacen simplemente por odio y por intereses también, como dijo la colega Bartra, de cooptar las instituciones porque de algo tienen miedo.

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De este debate, yo creo que hay muchos congresistas que no tienen claro el tema de la acusación constitucional, ¿por qué? Un colega dice, por ejemplo: Al Congreso no le corresponde investigar, eso le corresponde al Ministerio Público.

Otro colega dice: Si les corresponderá cárcel, bueno, eso depende del Ministerio Público.

O sea, no están conscientes que una acusación constitucional tiene dos partes, el antejuicio político como su nombre lo indica es antes de un juicio; y termina, como digo, con una resolución acusatoria y que va al Ministerio Público, y a partir de ahí se inicia un proceso y eso puede llevar finalmente al investigado en el proceso, a la cárcel o finalmente archivarlo.

Incluso para eso, una sentencia del Tribunal Constitucional dice: No solo la actuación de los órganos que ejercen función jurisdiccional debe estar ajustada a derecho, sino también la de aquellos que se lleven a cabo en la función administrativa y la función política.

Ese el sometimiento de todos al derecho y la interdicción de la arbitrariedad, lo que distingue un Estado de Derecho a otro que no lo ves.

Entonces, señor Presidente, si bien es cierto, en el antejuicio político va a haber otras instancias como el Poder Judicial que van a resolver el tema, pero eso no nos libra a nosotros de actuar en consecuencia y con responsabilidad, y valorar finalmente los indicios, entiendo que es muy complicado a veces buscar las pruebas certeras, pero tiene que haber indicios por lo menos coherentes, indicios que nos lleven conscientemente que sí se ha cometido un delito.

En el tema del juicio político, lo que parece que no se está entiendo acá, es responsabilidad únicamente del Congreso de la República, nosotros acá por el juicio político podemos suspender, inhabilitar como lo proponen hasta diez años a estos fiscales supremos o sea, los vamos a inhabilitar acá, eso no va a ir al Poder Judicial ni al Ministerio Público, acá se toma la decisión.

Entonces, tan alegremente, porque simplemente se nos ocurre o porque se llamaban de amiguito o por se llamaban no sé pues, hermanito, no, presidente, acá no hay ninguna razón de peso para aplicar una inhabilitación. O sea, acá incluso el Tribunal Constitucional ha manifestado que en ese caso actuamos cuasi como una sede jurisdiccional porque nosotros juzgamos y sentenciamos.

Entonces, tiene que ser con mayor abundancia de pruebas, no podemos decir tenemos cinco días, seis días, el Poder judicial tiene cuatro, cinco, diez, doce años y así salvarnos de la responsabilidad, no, acá estamos hablando de personas como nosotros, que tienen familia, que tienen hijos, que tienen esposa, que tienen padres, que tienen madres.

Y simplemente, no, como no tengo tiempo, acá voy al juicio político y lo inhabilito diez años. Eso es correcto, sumado incluso, presidente y colegas, aun hecho totalmente cuestionado, de que los fiscales investigaciones reservadas los filtran a la prensa, lo filtran y que ocurre.

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Tenemos ya un juicio mediático, una sentencia anticipada, una sentencia moral, porque después de todas las primeras páginas que te indilgan como corrupto, como delincuente, quien finalmente te repone tu imagen, nadie, y por eso, presidente, valga la oportunidad. Yo he presentado un proyecto de ley criticado por los medios de comunicación, donde que dice, presidente, simplemente, dice, que la filtración de investigaciones reservadas tiene que ser catalogadas como una falta muy grave.

Actualmente, está legislado, no, necesita legislarse o es una conducta correcta que los fiscales filtren información para dañar nuestra imagen a priori, obviamente que eso no es correcto y muchos se equivocan o quieren equivocarse a propósito, quieren decir que queremos amordazar a los fiscales.

Ojo, que este proyecto de ley no tiene nada que ver con las declaraciones que hacen los fiscales a los medios de comunicación, no tienen nada que ver. Siempre y cuando obviamente no toquen los tema de fondo, ¿y quien resuelve si es tema de fondo o no?, el mismo Ministerio Público o el Poder judicial.

Así que, presidente, aquellos congresistas que dicen por ejemplo, se separó a los fiscales del equipo especial porque estaban haciendo bien su trabajo, no, estaban haciendo mal su trabajo, ¿y quién lo determina eso?, lo determina el Poder Judicial, el Ministerio Público, no, lo determina un congresista.

Para él finalmente, el trabajo que estaban haciendo era mal y finalmente, por eso los suspende.

Me pide una interrupción la congresista.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Beteta, tiene la interrupción.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias, presidente, lo que me gustaría preguntarle a los colegas congresistas que acusan y pretender inhabilitar, por haber dejado sin efecto del cargo a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez.

Y porque también no lo denuncian por la resolución 2681 del 23 de julio de 2018, donde le da por concluida la designación del abogado César Augusto Sanabria Chávez, fiscal superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, quien reemplaza y designa al fiscal Rafael Ernesto Vela Barba.

Entonces, habría una infracción a la Constitución por haber quitado la designación, quitado la confianza al abogado César Augusto Sanabria Chávez, quien estaba anteriormente como fiscal superior a cargo de esta investigación, designado por Pablo Sánchez.

Y, además de ello, cuando se dice que no hubo una colaboración para enfrentar el caso Lava Jato, se miente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

La señora BETETA RUBÍN (FP).— Gracias.

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Aquí tenemos la resolución de la Fiscalía de la Nación, de fecha 26 de julio de 2018, la 2701-2018-MP-FN, donde se ve, a diferencia del exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, sí, realmente, se contrata o se designa a más de 13 fiscales para que puedan hacerse cargo del caso Lava Jato.

Entonces, creo que hay evidencias que sí hubo un apoyo a los fiscales para que puedan ellos puedan tener mayor recursos humanos y tener recursos económicos para enfrentar la corrupción a través de Odebrecht.

Pero, ¿a quién tenemos que hacer caso, al gran abogado Carlos Rivera, quien facturó medio millón al caso Lava Jato? ¿A Amado Enco, que era procurador de la gestión de la señora Susana Villarán, y se le pasó por ahí los 10 millones de OAS por los peajes? O sea, ¿a ellos le tenemos que hacer caso?...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Becerril.

El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (FP).— Gracias, presidente.

Entonces, retomando el tema, en el caso del antejuicio político, presidente, no se puede enviar una acusación, una resolución acusatoria, si las conductas, que acá hemos evaluado y hemos investigado, no están previamente tipificadas por la ley. Y si estamos hablando en este caso de delitos que se cometen en el ejercicio de la función, mucho más, presidente, en las infracciones constitucionales tiene que estar no solamente el delito o la infracción constitucional taxativamente escrita, determinada, sino que también tiene que estar tipificada.

El no hacerlo, presidente, ¿a qué va a llevar? Finalmente, a que esto vaya al Tribunal Constitucional, y ellos, finalmente, van a terminar enmendándonos la plana.

Dirán muchos, y lo dijeron, que esta sentencia del TC no tiene carácter vinculante; pero, ojo, está firmada por los siete miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, no es cualquier cosa y no cometamos errores por odios, animadversiones; trabajemos acorde con la ley, acorde con el reglamento, acorde con las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Tiene la palabra, finalmente, y con esto cerramos el debate, la congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente.

Presidente, lamento que haya sido con tanto tiempo, después de la intervención del congresista Arana, pero yo sí quiero hacer dos precisiones, que considero fundamentales.

El congresista Arana ha sugerido, en forma muy ligera y absolutamente inexacta, que Keiko Fujimori goza de privilegios. Yo le voy a decir al congresista Arana que él no conoce, seguro, el Anexo Chorrillos, ni conoce los informes defensoriales que hablan de

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la situación de Keiko Fujimori en un penal, porque tiene cualquier cosa, menos privilegios.

Privilegios tiene la señora Villarán, privilegios tienen otros corruptos, que están fuera, pese a que se ha demostrado que siendo gobierno administraron las cuentas, deberían estar presos, y gozan de impunidad: Toledo, Susana de la Puente, como señala la congresista Beteta. No voy a hacer mayor relación de presuntos corruptos ni de sus aliados, porque no me toca; pero lo que sí puedo afirmar es que la señora Keiko Fujimori no fue gobierno, no administró fondos, nunca ha gestionado el presupuesto público ni ha adjudicado obras; sin embargo, la señora Keiko Fujimori tiene una medida previsional de 36 meses, que espero se revoque, y que espero, confiando en la justicia de nuestro país, ella finalmente pueda afrontar este proceso de investigación en libertad y se demuestre que no tuvo nada que ver con la empresa Odebrecht ni con las imputaciones que se le hacen.

Pero sí considero oportuno aclararle al congresista Arana —qué pena que se haya ido— que su comentario ha sido inexacto, pero sobre todo ligero, porque hay informes de la Defensoría del Pueblo que dan cuenta de la situación penitenciaria de la señora Keiko Fujimori.

Dicho esto, Presidente, también me voy a referir, y qué pena que tampoco esté el congresista Arana en este momento, en que suposiciones podemos hacer todos. Yo puedo suponer que hubo un partido político que llegó a este Congreso robándose las curules, puedo decirlo. Hay más de dos casos, hay una cabecilla, hay una organización criminal, que anotaba en las agendas de la señora Nadine Heredia, pues la organización criminal izquierda que llegó al Congreso robándose las curules y, sin embargo, hasta el día de hoy nadie los acusa. Yo no voy a ser tan ligera pues, Presidente.

Aquí hay una ordenamiento jurídico, presidente, aquí todos los congresistas tenemos la obligación de respetar ese ordenamiento jurídico. Y lo que no ha habido hasta hoy, y es una vergüenza que la justicia española nos lo haya dicho, es que ahorita el Ministerio Público no ha podido armar con todos los elementos que existen, y que hoy nos han dado cuenta muchos colegas de que, efectivamente, habría o no una organización criminal denominada los cuellos blancos, como estoy segura debe haber los cuellos verdes, los cuellos chacanos, los cuellos de Choquehuanca, etcétera.

Yo no voy referirme a esos cuellos, porque no es mi trabajo. Eso le corresponde al Ministerio Público, pero sí me parece no doble racero, me parece triple racero, que haya gente que venga acá hablar de impunidad, de blindaje, de por aquí, cuando ha estado con Toledo, cuando ha sido defensor de Villarán, cuando han salido groseramente apoyando la campaña del NO de los 10 millones de dólares de las empresas brasileras y hoy vienen a señalarnos. Eso yo no lo voy a permitir, Presidente, porque eso no es doble racero, es triple racero.

Y acá que sepa, ahí está la prensa pues, a ver por qué no responden, por qué no hablan con la verdad, quién blinda a quién, ¿quién blinda a quién? es la pregunta. ¿Quién está digitando estas investigaciones?, ¿quién dirige la impunidad grosera respecto de quienes manejaron el presupuesto?

164

Presidente, yo sí creo que es indispensable que al momento de votar no nos dejemos presionar por aquellos blindadores reales, por aquellos robacurules, por aquellos cuellos que hoy pretenden venir a hablar de principios, de moral, acusar. Po favor, presidente, las pruebas.

Aquí el voto tiene que obedecer a criterios objetivos, presidente. El expediente...

Me pide una interrupción la congresista Aramayo.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Gracias, congresista Letona.

Yo quería fijar un punto de atención a esta hora de la noche, cuando hay algunos medios de comunicación que convocan a una marcha, con sitios de concentración y con rutas, cuando hoy en el Congreso de la República se debate, presidenta temas sensibles. Deberá llamarnos la atención. Y debería llamarnos la atención también, algo, presidente.

El Presidente de la República dice, hace no mucho tiempo, “el Congreso de la República no existe voluntad para llegar el Bicentenario con una democracia fortalecida y con instituciones que tengan confianza de la población”. El Presidente de la Republica, Vizcarra, no es vidente, no sabe cuál es el sentido de nuestra votación, no sabe cuál ha sido los argumentos que se han esgrimido hoy en la tarde y desde la mañana.

El Presidente de la Republica no tiene la más mínima idea de la responsabilidad histórica que tenemos hoy los congresistas que estamos acá, que se abra en algunos años...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Segunda interrupción.

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— […?] de debates y que se analice el contexto de lo que hoy se plantea y se pone en la mesa.

Empezamos hoy este importante análisis de temas que tienen que ver con el equilibrio de poderes, con la autonomía de las instituciones cuando se decía que el sentido del voto que hoy tendríamos los congresistas sería procesado el 2021. Ha pasado la mañana de hoy, después convocando a marchas en las calles. Y finalmente el Presidente de la República dice que no creemos en instituciones fortalecidas. Así está la democracia hoy en el Perú.

Nadie me dijo, presidente Salaverry, lo complicado que era ejercer mi labor parlamentaria. Puedo decir hoy que no rehuyó a la responsabilidad, que voy a votar en pleno uso de mi conciencia, pero que es importante que la ciudadanía sepa que hay fuerzas mediáticas externas a la labor de un parlamentario, contenido en la Constitución Política del Estado que te quieren decir cómo votar...

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Letona, puede continuar.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, presidente.

165

Presidente, yo había señalado en la primera intervención que resulta indispensable que el Ministerio Público reevalúe, como nos lo señaló y en algún momento compartí esa reflexión con algunos congresistas, incluso el congresista autor del informe de calificación, como nos encomienda la plana la justicia española respecto a la tesis de organización criminal. El hecho que existan personas que se conocen, el hecho de que tengan ese lenguaje coloquial, al que hacía mención un colega, o el hecho de que haya reuniones con empresarios o incluso donde supuestamente hasta el presidente la República ha sido mencionado no puede significar que hablemos de una organización criminal. Necesitamos que el Ministerio Público refuerce ese trabajo y establezca con indicios razonables esas tesis, sino, al final, lo que estamos propiciando es la impunidad. Si nosotros no hubiéramos dispuesto, y ahí también el congresista Arana se equivocó, si nosotros no disponíamos en el pleno la acumulación del informe de la fiscal del Callao en el expediente que se tramitó en el caso del señor Hinostroza no se hubiera cumplido con el debido proceso, lo dijimos, presidente. No se trataba de un blindaje, se trataba de asegurar que el señor Hinostroza puede ser juzgado dentro de la tesis del debido proceso. Increíblemente hubo hasta siete posiciones contradictorias de la propia izquierda, y se acordarán que yo hice mención a cada una de las siete posiciones, todas ellas incongruentes e inexactas y hasta contradictorias entre ellas, respecto de la posibilidad de complementar el informe.

Pero, finalmente, por ejemplo, yo no voté, ya había votado en la Comisión Permanente, y eso no puede significar un doble rasero, eso significa que hemos aplicado el Reglamento.

Entonces, creo que es bien importante que ahí sí, cuando nos dirijamos a la población le hablemos con la verdad, con el Reglamento, con la Constitución, que son finalmente las únicas armas que tenemos para defender nuestro trabajo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Bueno, luego de casi...

Congresista Arce, hemos concluido el debate. Lo siento.

Hemos sido lo suficientemente tolerantes con el tiempo de cada uno. Tenemos casi 6 o 5 horas de solo debate.

Congresista Arce, cuando usted se ha referido a una bancada en específico y los ha tildado de "blindadores", yo no lo interrumpí. Ahora, en que recibe usted la respuesta, tampoco se queje.

Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Gracias, presidente.

Respecto a las denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288, acumuladas, propongo una cuestión previa, señor presidente.

166

Con relación a lo aprobado en la subcomisión, solicitó que se vote enunciado por enunciado, asimismo se voté delito por delito, sanción por sanción de manera separada.

Gracias, presidente.

Y de manera también accesoria.

Me pide una interrupción la congresista, quiere precisar la congresista Letona.

La señora LETONA PEREYRA (FP).— Gracias, congresista.

Lo que pasa es que los términos son distintos y de repente es un lenguaje más jurídico que parlamentario.

En el informe se propone como sanción principal la acusación constitucional, conforme a hasta 3 delitos. Y como sanciones accesorias, por ejemplo, se propone la suspensión, la inhabilitación o la destitución.

Entonces, creo que es importante, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, que esto se produzca en votaciones por separado.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Entonces, atendiendo a la cuestión previa planteada por el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vamos a proceder a votar la cuestión previa.

Si se aprueba esta, votaremos para cada fiscal por separado, cada denunciado por separado, cada delito también por separado y cada sanción también por separado.

Señor Relator, votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 20 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, la cuestión previa planteada.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Son 20 votos a favor, cinco en contra, cero abstenciones.

Ha sido aprobada la cuestión para que se vote por separado cada denunciado, cada delito, cada sanción y, también, la suspensión.

“Votación nominal de cuestión previa

Señores congresistas que votaron a favor: Chihuán Ramos, Tapia Bernal, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, Mulder Bedoya, Aráoz Fernández, Guía Pianto y Vilcatoma de la Cruz..

167

Señores congresistas que votaron en contra: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde y Quintanilla Chacón.”

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos someter a votación para acusar al ex fiscal de la nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal.

Votación nominal:

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

Señores congresistas, Chihuán Ramos (sí); Tapia Bernal (no); Vilcatoma de la Cruz (no); Alcalá Mateo (no); Alcorta Suero(); Aramayo Gaona (sí); Arimborgo Guerra (no); Bartra Barriga (no); Becerril Rodríguez, (No); Beteta Rubín, (No); Galarreta Velarde, (); Letona Pereyra, (No); Andrade Salguero de Álvarez, (No); Salazar de la Torre, (No); Sarmiento Betancourt, (); Segura Izquierdo, (No); Takayama Jiménez, (No); Torres Morales, (Sí); Arce Cáceres, (Sí); Zeballos Patrón, (); Choquehuanca de Villanueva, (); Meléndez Celis, (); Arana Zegarra, (Sí); Morales Ramírez, (Sí); Vásquez Sánchez, (Sí); Acuña Núñez, (Sí); García Belaunde, (Sí); Mulder Bedoya, (Abs.); Quintanilla Chacón, (Sí); Aráoz Fernández, (Sí); Guía Pianto, (Sí).

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Hay un cambio de voto del congresista Mulder.

El RELATOR pasa lista para la votación nominal.

Mulder Bedoya, (No).

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 13 votos en contra, 12 a favor y ninguna abstención, acusar al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejo, por el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 12 señores congresistas, en contra 13, cero abstenciones.

Ha sido rechazada o no aprobada la acusación contra el ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de organización criminal previsto en el artículo 317 del Código Penal.

Vamos a consultar la votación para acusar al ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento real previsto en el artículo 405 del Código Penal.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

168

—Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 12 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, acusar al ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento real previsto en el artículo 405 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 12 señores congresistas, nueve en contra, cuatro abstenciones.

Ha sido aprobada la acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento real, previsto en el artículo 405 del Código Penal.

"Votación nominal la acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento real, previsto en el artículo 405 del Código Penal

Señores congresistas que votaron a favor: Chihuán Ramos, Aramayo Gaona, Torres Morales, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Quintanilla Chacón, Aráoz Fernández y Guía Pianto.

Señores congresistas que votaron en contra: Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo y Takayama Jiménez.

Señores congresistas que se abstuvieron: Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Mulder Bedoya y Tapia Bernal."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a consultar y a poner a votación la acusación al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

Señores congresistas Chihuán Ramos, abstención; Tapia Bernal, no; Vilcatoma de la Cruz, no; Alcalá Mateo, no; Alcorta Suero; Aramayo Gaona, sí; Arimborgo Guerra, no; Bartra Barriga, no; Becerril Rodríguez, no; Beteta Rubín, no; Galarreta Velarde; Letona Pereyra, no; Andrade Salguero de Álvarez, no; Salazar de la Torre, no; Sarmiento Betancourt; Segura Izquierdo, no; Takayama Jiménez, no; Torres Morales, sí; Arce Cáceres, sí; Zeballos Patrón; Choquehuanca de Villanueva; Meléndez Celis; Arana Zegarra, sí; Morales Ramírez, sí; Vásquez Sánchez, sí; Acuña Núñez, sí; García Belaunde, sí; Mulder Bedoya, no; Quintanilla Chacón, (Sí); Aráoz Fernández, (Sí); Guía Pianto, (Sí).

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— La congresista Chihuán, va a cambiar el voto.

Relator, hay un cambio de voto.

El RELATOR pasa lista para votación nominal.

Chihuán Ramos, (Sí).

169

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 13 votos en contra, 12 a favor y ninguna abstención, la acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor doce señores congresistas, trece en contra y ninguna abstenciones.

No ha sido aprobada la acusación contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por el delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal.

Vamos a poner a votación para suspender en el ejercicio de sus funciones al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos y ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 votos en contra, 10 a favor y ninguna abstención, la suspensión en el ejercicio de sus funciones del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, así como ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 10 señores congresistas, quince en contra , cero abstención.

No ha sido aprobada la suspensión en el ejercicio de sus funciones del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, así como ponerlo a disposición de la jurisdicción penal ordinaria para los fines pertinentes.

"Votación nominal la suspensión en el ejercicio de sus funciones del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, así como ponerlo a disposición de la jurisdicción penal

ordinaria para los fines pertinentes

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales y Mulder Bedoya.

Señores congresistas que votaron a favor: Chihuán Ramos, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Quintanilla Chacón, Aráoz Fernández y Guía Pianto."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a continuar con la votación para destituir al Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39°, 41°, 43° y 158° de la Constitución Política del Perú.

170

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 votos en contra, 10 a favor y ninguna abstención, la destitución del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39°, 41°, 43° y 158° de la Constitución Política del Perú.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 10 señores congresistas, quince en contra , cero abstención.

No ha sido aprobada la destitución del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39°, 41°, 43° y 158° de la Constitución Política del Perú

"Votación nominal la destitución del Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39°, 41°, 43° y 158° de la Constitución Política del

Perú

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereira, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales y Mulder Bedoya.

Señores congresistas que votaron a favor: Chihuán Ramos, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Quintanilla Chacón, Aráoz Fernández y Guía Pianto.”

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a consultar en votación para inhabilitar por diez años al Fiscal Supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39°, 41°, 43° y 158° de la Constitución Política del Perú.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 14 votos en contra, 10 a favor y ninguna abstención, la inhabilitación por 10 años al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 10 señores congresistas, 14 en contra, cero abstenciones.

171

No ha sido aprobada la inhabilitación por 10 años al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución Política del Perú.

"Votación nominal la inhabilitación por 10 años al fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución

Política del Perú

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez y Torres Morales.

Señores congresistas que votaron a favor: Chihuán Ramos, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Quintanilla Chacón, Aráoz Fernández y Guía Pianto."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Votación para archivar la Denuncia Constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 139.3, 146.2, 159.2, de la Constitución Política del Perú.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se aprueba, por 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 139.3, 146.2 y 159.2 de la Constitución Política del Perú.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 14 señores congresistas, 10 en contra, una abstención.

Ha sido aprobado el archivamiento de la denuncia constitucional contra el exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 139.3, 146.2 y 159.2 de la Constitución Política del Perú.

“Votación nominal para archivar la Denuncia Constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, por las infracciones a los artículos 139.3,

146.2, 159.2, de la Constitución Política del Perú

Señores congresistas que votaron a favor: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Tapia Bernal, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez yTorres Morales.

Señores congresistas que votaron en contra: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez, García Belaunde, Mulder Bedoya, Quintanilla Chacón, Aráoz Fernández y Guía Pianto.

172

Señora congresista que se abstuvo: Chihuán Ramos.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a consultar en votación para acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 en contra, cinco a favor y cinco abstenciones, acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor cinco señores congresistas, quince en contra, cinco abstenciones.

No ha sido aprobada la acusación contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal.

"Votación nominal acusar al Fiscal Supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317 del Código Penal

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Seguro Izquierdo, Torres Morales, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez y Mulder Bedoya.

Señores congresistas que votaron a favor: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde y Quintanilla Chacón.

Señores congresistas que se abstuvieron: Chihuán Ramos, Salazar de la Torre, Takayama Jiménez, Aráoz Fernández y Guía Pianto."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a consultar en votación para acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 votos en contra, seis a favor y cuatro abstenciones, acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal.

173

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor seis señores congresistas; quince, en contra, cuatro abstenciones.

No ha sido aprobada la acusación contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal.

"Votación nominal acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Vásquez Sánchez, Acuña Núñez y Mulder Bedoya.

Señores congresistas que votaron a favor: Aramayo Gaona, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde y Quintanilla Chacón.

Señores congresistas que se abstuvieron: Chihuán Ramos, Salazar de la Torre, Aráoz Fernández y Guía Pianto."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a consultar en votación para acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 407 del Código Penal.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 15 votos en contra, seis a favor y cuatro abstenciones, acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 407 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor seis señores congresistas, 15 en contra, cuatro abstenciones.

No ha sido aprobado la acusación contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de omisión de denuncia previsto en el artículo 407 del Código Penal.

“Votación nominal acusar al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por el delito de omisión de denuncia, previsto en el artículo 407 del Código Penal

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Seguro Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Vásquez Sánchez y Acuña Núñez.

174

Señores congresistas que votaron a favor: Aramayo Gaona, Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde y Quintanilla Chacón.

Señores congresistas que se abstuvieron: Chihuán Ramos, Mulder Bedoya, Aráoz Fernández y Guía Pianto.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Vamos a votar para destituir al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

Votación nominal.

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 16 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, destituir al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor 6 señores congresistas, 16 en contra, dos abstenciones.

No ha sido aprobada la destitución del Fiscal Supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

"Votación nominal destituir al Fiscal Supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Seguro Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Vásquez Sánchez y Acuña Núñez.

Señores congresistas que votaron a favor: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde, Quintanilla Chacón y Guía Pianto.

Señores congresistas que se abstienen: Chihuán Ramos y Aráoz Fernández."

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— ¿Perdón?

Ya se dieron los resultados. Déjeme consultar.

Me dicen que ya no se puede cambiar el voto.

Vamos a consultar en votación para la inhabilitar por 10 años al Fiscal...

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista García Belaunde.

175

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Cuestión de orden, presidente.

Hemos votado la destitución y no se ha aprobado, ¿para qué vamos a votar la inhabilitación por 10 años?

O sea, vamos a inhabilitarlo 10 años, en el supuesto que se apruebe, cuando esa persona no está destituida. O sea, vamos a inhabilitarlo, pero sigue chambeando.

Me parece que no tiene ningún sentido, presidente.

La votación que se aplica la misma para ambas cosas.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Esa misma consulta se le hice yo a Oficialía Mayor, pero como había sido planteada y aprobada por cuestión previa, entonces, respetando la decisión de esta comisión, hemos preferido votarlos.

En todo caso, podrían rechazarlo porque tiene razón, no tendría sentido.

Pero para que no se vaya a viciar...

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP).— Presidente, que se vote para que se aplique la votación para las dos.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Sí, no se vaya a viciar el procedimiento, de la misma manera que lo hemos hecho con el fiscal Chávarry, lo hacemos ahora con el fiscal Gálvez.

Entonces, vamos a votar...

La señora ARAMAYO GAONA (FP).— Presidente, permítame.

Disculpe la interrupción, por favor, pero en situaciones análogas usted ha permitido cambiar el voto.

Quiero dejar constancia de ello, que no se me está permitiendo, cuando pedí la precisión, antes de iniciar el voto, no se me hizo saber.

Entonces, le pido, por favor, que lo tome en cuenta y que conste en Acta.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Aramayo, en ocasiones anteriores en esta sesión todavía no se habían anunciado los resultados. Por eso que se permitió cambiar el voto.

Pero, en todo caso, queda constancia en Actas que usted tuvo la intención de votar distinto.

Vamos a consultar la votación para inhabilitar por 10 años al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

Votación nominal.

176

—El RELATOR pasa lista, a la que contestan los señores congresistas expresando el sentido de su voto.

—Efectuada la votación nominal, se rechaza, por 16 votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, inhabilitar por 10 años al fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Han votado a favor seis señores congresistas, 16 en contra, dos abstenciones.

No ha sido aprobada la inhabilitación por 10 años al fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez Villegas, por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú.

“Votación nominal la inhabilitación por 10 años al fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez Villegas, por infracción al artículo 158 de la Constitución Política del Perú

Señores congresistas que votaron en contra: Tapia Bernal, Vilcatoma de la Cruz, Alcalá Mateo, Aramayo Gaona, Arimborgo Guerra, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Beteta Rubín, Letona Pereyra, Andrade Salguero de Álvarez, Salazar de la Torre, Segura Izquierdo, Takayama Jiménez, Torres Morales, Vásquez Sánchez y Acuña Núñez.

Señores congresistas que votaron a favor: Arce Cáceres, Arana Zegarra, Morales Ramírez, García Belaunde, Quintanilla Chacón y Guía Pianto.

Señores congresistas que se abstuvieron: Chihuán Ramos y Araóz Fernández.”

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Señores congresistas, en aplicación del inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, se va a consultar la propuesta del Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para designar a la Subcomisión Acusadora que estará integrada por uno o más congresistas, quienes se encargarán de sustentar el informe aprobado y formular la correspondiente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso. Esto es por el delito de encubrimiento real, que es el único que se aprobó.

Congresista Segura, tiene la palabra.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Presidente, nosotros vamos a proponer a la congresista Salazar, para que sustente esta acusación.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Congresista Salazar, el Presidente de la Subcomisión de Acusaciones la está proponiendo a usted para que sea la encargada de sustentar la denuncia por encubrimiento real en el Pleno.

¿Está de acuerdo?

La señora SALAZAR DE LA TORRE (FP).— Presidente, disculpe. Yo voté en contra.

El señor SEGURA IZQUIERDO (FP).— Bueno, yo la sustento, presidente.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Perfecto.

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Entonces, vamos a votar a mano alzada para que sea el mismo presidente de la Subcomisión de Acusaciones, el congresista César Segura, quien sustente la denuncia.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se aprueba la propuesta para que sea el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales quien sustente ante el Pleno la acusación constitucional contra el ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos por la presunta comisión del delito de encubrimiento real, previsto en el artículo 405 del Código Penal.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Aprobado.

SUMILLA

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Se va a dar cuenta de modificaciones a la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Señor relator.

El RELATOR da lectura:

"Modificación del Cuadro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2018-2019.

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sale como titular el congresista Violeta López, Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio. Ingresa como titular el congresista Dávila Vizcarra, Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio.

Sale como titular el congresista Sheput Moore, Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio. Ingresa como titular el congresista Guía Pianto, Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio".

Sale como titular la congresista Cuadros Candia, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ingresa como titular el congresista Sarmiento Betancourt, Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

Sale como titular el congresista Pariona Galindo, Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ingresa como titular el congresista Alcalá Mateo, Grupo Parlamentario Fuerza Popular".

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Se va a votar a mano alzada las modificaciones que han sido leídas.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

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—Efectuada la votación, se aprueba la modificación del Cuadro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2018-2019.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Aprobado.

Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del Acta, para ejecutar lo acordado en la presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta.

El señor PRESIDENTE (Daniel Salaverry Villa).— Aprobado.

Se levanta la sesión.

—A las 20 horas y 38 minutos, se levanta la sesión.

Esta sesión ha sido publicada en el Portal del Congreso de la República a las 15:20 horas del miércoles 29 de mayo de 2019.