el conflicto armado colombiano y su expresión territorial...

CAPÍTULO 3

El conflicto armado colombiano y su expresión territorial: presencia de los actores

Presentación

En desarrollo de la idea general del Seminario Internacional Dimensiones Territoriales de la Guerra y la Paz en Colombia, nos propusimos hacer que convergieran aquí varias destrezas analíticas, comenzando por la geografía y todo su instrumental analítico, en el análisis de un aspecto arduo en particular dada la naturaleza de la guerra que vive el país: la manera en que los actores armados están presentes en el territorio, sus pretensiones de controlarlo, los efectos que su presencia y los planes de expansión que elaboran, surten sobre los flujos de población y la configuración de las regiones. Con el grupo de ponencias que se presentaron y la discusión a que dieron lugar creemos haber conseguido en gran medida dicho objetivo

Ya en el libro pionero de junio de 1962, La Violencia en Colombia con el cual todos los investigadores colombianos sobre el tema hemos estado emulando, de modo consciente o inconsciente, la cuestión de la geografía de la violencia, su representación espacial con los instrumentos de la época fue un momento clave del análisis. Desde entonces, con alternativas varias, ya sea por parte de investigadores con conocimiento especializado, ya fuera por profanos en cartografía y geografía, se puede hacer un seguimiento de los intentos de una representación espacial y, subsidiariamente, de un abordaje que procura discernir la estrategia que emplean las organizaciones que practican la violencia, su significado social, sus efectos.

Muy recientemente (1989) hizo carrera la formulación sentenciosa del colega Alejandro Reyes: "En Colombia los conflictos sociales por la tierra, han sido sustituidos por las luchas por el dominio territorial", una expresión que, además de indicar con certeza el momento en que se produce un cambio significativo en la situación colombiana, designó la necesidad de un viraje en el estilo de análisis que hasta entonces practicaban las ciencias sociales, lo ineludible de la representación cartográfica y del conocimiento geográfico en adelante.

A los colegas franceses tal vez les haya sorprendido el auge que ha tenido en Colombia la noción de actores sociales y sus diversas significaciones; en particular la manera en que, con presteza y sentido de oportunidad, los jefes de los distintos grupos armados que practican la guerra irregular la han hecho suya, tomándola incluso como un elemento de su propia identidad. Se trata, por lo que se puede juzgar, más de un uso propagandístico del término que de una apropiación del concepto; no es un viraje en la teoría social propiamente dicha, un "reemplazar una sociología de la sociedad por una sociología de los sujetos", según el Uamado de Touraine.

Con todo, la expresión suena un tanto cruda todavía a muchos oídos pues parece que, a los «actores armados» y siguiendo la metáfora teatral, les atribuye un protagonismo que los realza, casi siempre en detrimento del "coro", de la apabullante mayoría de la población que no participa en la guerra, y que a simple vista se limita a padecer sus efectos. Por cierto que varios de los ponentes que aquí

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participan han subrayado la asimetría básica entre el grado de organización de quienes promueven la guerra, y la desorganización, la desmovilización de quienes se limitan a padecerla.

En todo caso, y como tendencia, se ha superado ya la actitud que consistía en subvalorar el papel de los actores, considerándolos simple expresión pasiva de las estructuras, abstractas e impersonales.

Aun con las simplificaciones, que parecen inevitables, el auge actual indica una contratendencia que pone el acento en la pluralidad, aplazando una visión de conjunto con tal de percibir las interacciones, las interferencias que se presentan entre las distintas modalidades de la violencia colombiana.

Pienso que hoy, y a la luz de los hechos y evidencias acumulados, es posible ponerse de acuerdo en que la intensidad y la diversidad de las violencias, están creando una nueva concepción de territorio. Algunos teóricos de la estrategia militar llegan a formular como principio, y de manera axiomática, la importancia del conocimiento geográfico: combatiente que no conozca bien el territorio en el que actúa está condenado a perderlo. La discusión clausewitziana y postclausewitiziana ha reformulado los términos de esa discusión, y subraya la primacía de la población sobre el territorio en su importancia estratégica, pero sin que llegue a minimizar al segundo de los componentes. De hecho, como un rasgo sobresaliente de la situación colombiana nos encontramos con que en un momento dado los actores armados parecen guiarse por la máxima: "si no cuentas con el apoyo de la población, busca dominar el territorio, que lo otro vendrá por añadidura". Así es que el nuestro resulta ser un territorio fragmentado y la nuestra una sociedad dividida (la anterior es una paráfrasis consciente del provocador título del libro de Marco Palacios y Frank Safford: Colombia: fragmented land, divided society. Latinamerican Series. Oxford University Press, 2001).

A la vez se ha ganado conciencia acerca de las limitaciones de la representación cartográfica para dar cuenta de la dinámica de la guerra y de los flujos poblacionales. En la primera de las ponencias que se presentaron, la del geógrafo Olivier Pissoat, y sobre la base de ejemplos tomados de pubUcaciones colombianas, se señalaron las inevitables distorsiones que sufren los mapas por efecto de la agregación y el carácter instrumental y condicionado de cualquier representación cartográfica, por bien elaborada que esté. Al investigador le corresponde, entonces, refinar la interpretación, ponderar los datos y ofrecer al lector, al lector en general, especialista o profano, un contexto adecuado a cada mapa, además de un cuadro de convenciones en que se especifique la fuente de la información, etc. Por cierto, es una lástima que no hubiéramos podido incluir acá ese texto pues, por ser parte de su tesis doctoral, el autor tenía ya compromisos editoriales para publicarlo en versión íntegra1.

1 Aun cuando una versión preliminar de la ponencia fue publicada como artículo en la Revista Análisis Político 45, enero/abril de 2002.

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Aunque son abundantes las referencias a la fragmentación territorial que produce el tipo de guerra que tenemos, la mayoría de los expositores se refirió, como posibihdad (aun cuando no en todos los casos corroborándola), a la idea de la conferencia inaugural del profesor Pécaut, incluida en el capítulo 1 (capítulo introductorio de esta compilación) acerca de una reterritorialización mediante la resistencia civü a la guerra; de que en efecto, las poblaciones afectadas que se movUizan en contra de la guerra y por la defensa de su identidad regional, lo hacen redefiniendo fronteras a su favor; y que en los hechos más recientes y posteriores a la ruptura de las conversaciones con las Farc, y en la medida en que la guerra se agudiza, se echa de ver que las fronteras se hacen más fluidas; que el territorio no es el espacio físico, sino también un elemento de identidad; del producto de la interacción a largo plazo entre ese espacio y las pautas de su poblamiento, su aprovechamiento, la identidad que se ha construido; todo lo cual se tiende defender, aun en medio de la guerra, como lo indican varias movilizaciones recientes.

Para este capítulo, quiero destacar el ambiente de libre discusión en que se desarroUaron las presentaciones; pese a lo sensible de los temas y al grado de polarización que una guerra como la actual produce en la sociedad colombiana, se mantuvo el ambiente de discusión, sin cortapisas y hubo la posibilidad de cuestionar toda clase de supuestos e incluso de escuchar la exposición de los supuestos y definiciones de la actual política gubernamental en materia de defensa y seguridad.

La que se puso en cuestión en cambio, y por lo visto lo estará cada vez más, es la idea de la excepcionalidad del caso colombiano, o en general la de que sea posible, hoy por hoy, entender la situación de un país, considerándolo en sí mismo, sin referencia al contexto internacional; notemos que en varias de las ponencias incluidas en este capítulo se ensaya la comparación con otros países, se emplean analogías históricas, se emplea una comparación metódica con otros casos conocidos. Al mismo tiempo, y como una conclusión gruesa, constatamos las limitaciones del tipo de representación cartográfica que se ha empleado hasta ahora para ilustrar la distribución territorial de los hechos de violencia, la presencia en las regiones de los distintos actores, el efectismo a que da lugar la yuxtaposición de indicadores sin una ponderación adecuada.

Los trabajos que se incluyen en esta compilación, si bien no consiguen presentar el cuadro completo, y respecto de la demanda de conocimiento sobre el problema que nos ocupa pudieran resultar insuficientes, sí recogen las tendencias principales en la evolución de los dominios territoriales, así como en la forma en que ha evolucionado la manera de analizarlos y encontrarles una racionalidad. Consideramos en efecto que son insumos indispensables hacia la necesaria recomposición de una futura representación cartográfica verídica, realista, que muestre la secuencia en las alternativas de la guerra y en el control territorial a que ésta dé lugar.

Es notorio que la mirada aquí fue interdisciplinaria por definición, y que con la participación de economistas, geógrafos, historiadores, sociólogos, L / V l l l V l U t ' - ' L l * Iwt) L^V_V,J.U_L.L>Jl,U.iJ V-J.A \„J . i i i a i l C w

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mando el caso colombiano como referente empírico, pero sin circunscribirnos a él, comparándolo en lo posible con la situación de otros países, la diversidad regional, la expansión territorial de la guerra, sus efectos sociales más notables. Sin que el componente geográfico en el conjunto dejara de tener un peso específico mayor.

Fernando Cubides C.

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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA GEOGRAFÍA

DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Cami lo E c h a n d í a Cast i l la '

INTRODUCCIÓN

La denominada "violencia estructural" ha explicado el conflicto armado esencialmente por la existencia de "condiciones objetivas"1 en las zonas rurales y apartadas, donde la insurgencia asume la causa del campesinado víctima de la violencia terrateniente o estatal. En esta perspectiva, la violencia ejercida sobre el campesino colonizador es un factor determinante en el acercamiento entre la población de estas zonas y la guerrilla en busca de protección y acciones "justicieras", en un contexto en el que el Estado suele estar ausente y por lo tanto no puede actuar como mediador, o en el que su única presencia es militar y represiva. Así mismo, en la medida en que la violencia acompaña los procesos regionales de configuración de las estructuras agrarias, los conflictos se asocian de manera global a la geografia de la violencia (Reyes, 1988).

Sin embargo, la geografía del conflicto en la actualidad desborda el alcance explicativo de esta visión, mostrando mayor complejidad. La insurgencia a partir de los años ochenta comienza a dar cumplimiento a sus principales objetivos de carácter estratégico: acumular recursos, desdoblar frentes para ampliar su presencia territorial y aumentar su influencia a nivel local. Con la diversificación de su presencia territorial, la guerrilla logró en la década del ochenta expandirse hacia localidades cercanas a los centros administrativos y políticos del país, sin que ello implicara la pérdida de influencia en zonas de implantación histórica donde conservan sus principales fuentes de financiamiento.

* Profesor Titular de la Universidad Externado de Colombia, Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales.

1 Por "condiciones objetivas" se entienden las realidades políticas, sociales, y económicas que generan un grave deterioro de las condiciones de existencia de no pocos sectores de la población. En un sentido amplio, la exclusión política, la pobreza y los profundos desequilibrios configuran las causas objetivas de la violencia, fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, producto de relaciones basadas en la desigualdad.

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Camilo Echandía Castilla

En la década del noventa, el fortalecimiento de las Farc sigue su marcha en estrecha relación con el proceso de integración vertical de todo el negocio de la coca: siembra, producción de base, refinación y transformación del alcaloide. En otros países bajó la producción y también se aliviaron los problemas de narcotráfico en Perú y Bolivia, victorias que por otro lado generaron elevados costos para Colombia, en donde se magnificaron los elementos nocivos de una producción integrada de cocaína. De hecho, las Farc lograron tener acceso a mayores fuentes de recursos toda vez que el país comenzó a producir hoja de coca, lo que le dio a esta guerrilla la oportunidad de imponer tributos a productores y procesadores, muchas veces a cambio de protección.

El escalamiento del conflicto armado registrado a partir del inicio de los años noventa evidencia el poderío militar alcanzado por la guerriUa, basado en el hecho de haber encontrado fuentes de recursos económicos muy importantes que a su vez ha determinado su visión optimista en cuanto a la continuación de la guerra. Por lo tanto, la prolongación del conflicto colombiano tiene como fundamento la autonomía adquirida por las guerrillas, sobre todo en el campo financiero, haciendo que la búsqueda de un mayor apoyo social constituya una preocupación secundaria2.

Pese a la marcada presencia guerrillera en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos y de importancia agropecuaria, en Colombia la economía de guerra ha dejado de depender exclusivamente del dominio territorial de estas zonas rurales por parte de los diferentes grupos armados. En efecto, los fondos también se obtienen de actividades como la extorsión y el secuestro, que no requieren de un elevado poderío militar para su ejecución. De hecho, estas prácticas se registran con bastante frecuencia en áreas urbanas, donde los grupos alzados en armas no tienen dominio territorial efectivo.

La guerrilla, que logró extender su presencia a zonas de gran significado en el desarrollo de la confrontación, hoy enfrenta la posibilidad de hacerse militarmente vulnerable y por ello ha modificado su conducta en función de los cambios experimentados recientemente, los cuales le han permitido al Estado retomar la iniciativa estratégica en el conflicto armado, mediante una mayor movilidad y la ampliación de la capacidad operativa.

2 Paul Collier, en varios de sus trabajos, muestra que -como sucede en Colombia- las guerras internas se encuentran acompañadas de bonanzas en productos agrícolas, mineros o ilegales, que han dado la posibilidad a los grupos insurgentes de saquear los recursos necesarios para financiase, condición que determina la viabilidad de la guerra civil. Según este autor, las rebeliones dependen en forma crítica de la utilización de recursos para la persecución de otros objetivos. Por lo tanto, los factores económicos -como la exportaciones de bienes primarios- son decisivos en la viabilidad de los conflictos internos.

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Evolución reciente de la geografía del conflicto armado colombiano

Con la evidencia geográfica presentada en este trabajo, se busca identificar los cambios en la conducta de los protagonistas del conflicto armado, que sugieren la existencia de planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de zonas con elevado valor estratégico. De igual manera, se mostrará la alta concentración de masacres y asesinatos3 en estas zonas donde se presenta la persistencia de los homicidios.

TENDENCIAS RECIENTES EN LA EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO ARMADO

La información estadística que se presenta en los primeros tres gráficos adjuntos, permite constatar el incremento en la intensidad del conflicto armado4 y pone al descubierto la mayor capacidad ofensiva con que cuentan, en particular las Farc, desde comienzos de los años noventa. El conflicto que registra una clara tendencia hacia la intensificación a partir de 1999, en los últimos tres años ha aumentado principalmente como consecuencia de los combates y operaciones militares emprendidos por la Fuerza Pública y no como consecuencia de las acciones por iniciativa de las guerrillas. En 2003 se registra una caída en el accionar de los grupos insurgentes y si bien es cierto que las Farc se han mantenido en niveles elevados, esto es más consecuencia de las acciones de sabotaje contra la infraestructura, que como resultado de acciones ofensivas contra la Fuerza Pública. En el caso del Ein es notoria la reducción de sus acciones, aún en lo que se refiere a los sabotajes contra la infraestructura, mientras que la iniciativa de la Fuerza Pública en su contra es cada vez mayor. Así mismo, las autodefensas por su parte disminuyen sus acciones en 2003, como resultado de las negociaciones adelantadas con el gobierno, aunque no se produce el cese total de su actividad armada, ni de los asesinatos de civiles.

Si se analiza la serie de mapas del 1 al 6 que muestran la evolución de la geografía de las acciones armadas más recurrentes en el nivel municipal, se descubre que más de la tercera parte de las acciones producidas entre 1998y2003se aglutinan en no más de cuarenta municipios (ante todo rurales). Así mismo, se pudo establecer que en este lapso, 35% de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto

3 Se utiliza la expresión asesinatos para señalar que son homicidios que se sabe fueron llevados a cabo por actores organizados de violencia.

4 La intensidad del conflicto armado se determina de acuerdo con el número de contactos por iniciativa de la Fuerza Pública y de acciones por iniciativa de las guerrillas. Las acciones por iniciativa de las guerrillas se dividen en tres: i) las acciones orientadas contra la Fuerza Pública, es decir las emboscadas, los ataques a instalaciones militares, los hostigamientos y ataques a poblaciones; ii) destrucción de infraestructura y iii) los actos con objetivos económicos, es decir las acciones de piratería terrestre y los asaltos a entidades públicas y privadas. Se excluyen las confrontaciones en^e guerrillas y autouciensas que se analizan mas aLieíanie.

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protagonizado por las Farc se concentró en algo más de cuarenta municipios. En el caso del Ein se registra una concentración aún mayor, ya que en tan sólo treinta municipios, se produce el 60% de sus acciones. En la medida en que la mayor intensidad de conflicto, como salta a la vista en los mapas 5 y 6, vuelve a expresarse mayoritariamente en las zonas donde se implantaron los primeros núcleos guerrilleros, los escenarios más afectados son ante todo rurales y apartados de las actividades económicas más dinámicas, localizadas en las áreas planas integradas a los principales centros de desarrollo nacional. En efecto, 60% de los municipios afectados en el presente por la elevada intensidad del conflicto armado, pertenecen a la estructura rural atrasada y de colonización; 20% son del tipo campesinado medio; 10% se caracterizan por el predominio de la agricultura comercial y sólo el 10% pertenece a la estructura urbana.

A partir de la ofensiva del Ejército contra el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Uribe-Meta en 1990, la organización insurgente logró avanzar en el proceso de especialización de sus frentes y la creación de grupos de choque, como las columnas móviles (Salazar, 2000)5 . En 1993 ya se vislumbraban los primeros ensayos en esta experiencia; el ataque a Dabeiba y el bloqueo en la región de Urabá donde participaron más de 500 guerrilleros del Bloque José María Córdoba. No obstante, sólo hasta 1996 se establece el punto de partida de una serie de éxitos militares que revelaban una mayor capacidad ofensiva.6 En efecto, las Farc entre 1996 y 1998 en las zonas del sur del país demostraron la existencia de un ejército, producto de una gran capacidad de financiamiento y control sobre la población. Este comportamiento tuvo como fin último sostener sus posiciones en las zonas de presencia histórica, a diferencia de lo que ocurre en el resto del territorio donde lo que se busca con la actividad armada es dispersar los esfuerzos del Estado, evitando que se presenten grandes y costosas ofensivas militares.

5 Estas estructuras responden no sólo a la estrategia del Estado de las Brigadas Móviles, sino también al comienzo de la búsqueda del salto cualitativo en el desarrollo de la guerra.

6 La crisis que sufrieron las Fuerzas Militares se inició en 15 de abril de 1996 con el ataque a Puerres ( Nariño) y continuó con la toma de la base militar las Delicias en el departamento de Putumayo, el 30 de agosto; el ataque el 7 de septiembre a la base militar de La Carpa en el departamento de Guaviare; y la acción la ofensiva contra la base militar de Patascoy en el departamento de Nariño, el 21 de diciembre. En 1998 los ataques se intensificaron a partir de marzo, cuando la Brigada Móvil No. 3 del Ejército fue atacada en el caño El Billar, en el departamento del Caquetá; el 3 de agosto, la guerrilla atacó las instalaciones de Policía en Miraflores, Guaviare y Uribe, Meta, así como la base militar de Pavarandó en Urabá; en noviembre, en momentos previos a la creación de la zona de distensión para adelantar las conversaciones de paz entre la administración Pastrana y las Farc, esta guerriUa tomó por asalto a Mitú, capital del departamento deVaupés, en el suroriente colombiano.

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Entre los cambios más significativos observados en la dinámica del conflicto, se destaca también la manifiesta prioridad que las Farc dieron entre 1997y2001 a los ataques a las poblaciones para destruir los puestos de Policía y debilitar la presencia estatal en los municipios donde buscaban ampliar su influencia. Así mismo, a partir de mediados de 2002, las Farc buscaron afectar la gobernabilidad local con amenazas contra alcaldes y concejos municipales para obligarlos a renunciar.

Los cambios experimentados recientemente también se relacionan con el Ejército de Liberación Nacional, Ein. La acción de los grupos paramilitares y la mayor decisión del ejército a partir de 1996, lograron romper la retaguardia de este grupo, que pierde hegemonía en una franja del territorio que abarca desde el nordeste antioqueño hasta Norte de Santander. A esto se suma la pérdida de influencia en Barrancabermeja, así como en Cúcuta y en Medellín (mientras que en Arauca las Farc avanzan sobre las posiciones tradicionales más preciadas del Ein). Se puede suponer que las Farc aspiran a absorber al Ein, proceso que se ha venido dando de varias formas: reforzando los frentes del Ein para evitar más derrotas militares (como se puede constatar en el sur de Bolívar); haciendo presencia en zonas de influencia tradicional del Ein (como se ha visto en Arauca) y defendiendo territorios de manera conjunta (como viene ocurriendo en Norte de Santander).

El inicio de las negociaciones de paz entre la administración Pastrana y las Farc en julio de 1999 estuvo precedido por una gran ofensiva de este grupo insurgente. El uso táctico que las Farc dieron a la Zona de Distensión (ZD) se descubre desde el momento previo al inicio de las negociaciones que se había acordado para julio de 1999. Las Farc desataron una ofensiva que se dirigió fundamentalmente a golpear los municipios cercanos al área desmilitarizada. La primera constatación que se produce al contrastar los datos de violencia de los municipios que conformaron ZD durante el proceso de paz con los promedios anteriores e históricos, es la marcada reducción de las acciones de guerra, hostigamientos y combates. La Fuerza Pública en el periodo de vigencia de la ZD logró neutralizar los ataques de los alzados en armas hacia los municipios vecinos y producirle un alto número de bajas. El mayor control impidió que las Farc siguieran utilizando de manera táctica la ZD, bloqueando las posibilidades de ampliar su dominio territorial y en consecuencia el grupo armado perdió interés en la ZD. La ruptura del proceso de paz en febrero de 2002 dio paso a la segunda ofensiva más grande de la guerrilla, después de la que se registró entre enero y febrero de 1991.

La Fuerza Pública, como se advierte en el gráfico 2, a partir de 1999 comienza a retomar la iniciativa en la confrontación, y en 2002 ya es clara la superioridad militar, resultado del incremento en la movilidad y la capacidad de reacción aérea para contrarrestar los ataques de los alzados en armas.7 La desventaja aérea de las

7 A partir de noviembre de 1998, cuando el Ejército recuperó Mitú, se comienza a registrar una serie de operaciones exitosas para la Fuerza Pública. A las acciones de julio de 1999 en Puerto Rico-Caquetá y Puerto Leras-Meta, se suma en agosto del

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Farc, representa un impedimento para pasar a otro estado de la guerra en el que esta guerrilla buscaría mediante la guerra de movimientos ampliar su dominio territorial efectivo sin poner en riesgo su influencia en las zonas de presencia históricas. Por lo tanto, mientras compensa su inferioridad militar, las Farc ha tenido que dar marcha atrás en sus aspiraciones territoriales y limitar los propósitos de los escasos ataques contra el Ejército para evaluar su capacidad de reacción. Tal y como se observa en el gráfico 3, en 2003 se produce una caída en las acciones de la guerrilla, evidencia de las dificultades en el campo operacional.

Ante la manifiesta intención del gobierno Uribe de enfrentar el desafío de la guerrilla con un mayor esfuerzo militar, se ha visto cómo las estrategias y los movimientos tácticos de los alzados en armas se han modificado en función de los cambios en la dinámica de la confrontación. La mayor presión del Ejército sobre las estructuras armadas, ha hecho que éstas retomen los comportamientos propios de la guerra de guerrillas, que ante todo buscan evitar golpes contundentes mediante el repliegue táctico hacia sus zonas de refugio y la realización de acciones a través de pequeños grupos de no más de 15 hombres.

Si bien la insurgencia ha dejando de lado el enfrentamiento directo con el Ejército para evitar su derrota, optando por golpear indirectamente a su adversario mediante el sabotaje a la infraestructura económica y la intensificación del terrorismo en las ciudades, es necesario reconocer las limitaciones de esta nueva conducta. Es cierto que la guerrilla ha identificando el sabotaje como una de sus principales armas de combate -en cuanto a través de una guerra de desgaste puede impedir la recuperación de su adversario- pero al mismo tiempo sabe muy bien que la obtención de los recursos necesarios para lograr sus objetivos de largo plazo depende de que el impacto sobre la economía sea leve.

mismo año una operación aérea en Hato Corozal-Casanare que causó la baja de 45 combatientes de las Farc. Hacia finales del año 2000, en el municipio de Suratá-Santander la Fuerza Pública dio de baja a 72 miembros de las Farc y capturó a 136 más, con lo cual desarticuló una columna que había partido de la zona de distensión con el propósito de recuperar territorios bajo control de los paramilitares en el Magdalena Medio. Mas tarde el Ejército cercó la región del Sumapaz, corredor estratégico de las FARC entre Bogotá y la ZD; en la operación fueron dados de baja 16 guerrilleros. En febrero de 2001, en desarrollo de la operación "Gato Negro" en el departamento de Vichada que produjo la captura del narcotraflcante Fernandiño, fueron dados de baja 19 integrantes de las Farc y 29 más fueron capturados. Posteriormente en mayo se adelantó la operación Tsumaní en Nariño, que produjo la baja de 12 guerrilleros de las FARC en el municipio de Barbacoas. Durante el mes de agosto las FF.AA. desplegaron la más grande ofensiva contra las Farc en el suroriente colombiano, cuando la columna luán losé Rondón, integrada por un elevado número de guerrilleros que había partido de la ZD con el propósito de tomar por asalto Barrancominas-Guainía, fue interceptada en Guaviare logrando frustrar sus planes.

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De otro lado, la urbanización del conflicto en las condiciones actuales implica el riesgo de hacer militarmente vulnerable a la guerrilla, por cuanto demandaría de su parte contar con los medios para controlar las grandes ciudades y enfrentar el escalamiento de la confrontación armada que pondría en peligro su influencia sobre las zonas rurales estratégicas construida a través del tiempo con grandes esfuerzos. Así mismo, debe resaltarse que la mayor decisión en la lucha contra la guerrilla ha dado mejor resultado en áreas cercanas a las ciudades, como en los casos de Medellín y Bogotá donde las estructuras armadas han sido fuertemente golpeadas en su presencia urbana y su retaguardia rural. Sin embargo, el objetivo de extender el conflicto armado a las ciudades no debe subestimarse, dado que en el futuro podría ser el medio utilizado por la guerrilla para adquirir una mayor capacidad de negociación y apalancar una demanda de mayor participación en el poder.

DINÁMICA REGIONAL DEL CONFLICTO ARMADO

La distribución de las acciones armadas más recurrentes en el conflicto a nivel departamental entre 1998 y 2003 (gráfico 4), permite una primera aproximación a la concentración geográfica de estos hechos. Cerca del 70% de las acciones armadas se aglutina en diez departamentos: Antioquia, Arauca Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Tolima. Los departamentos que experimentaron los incrementos más importantes en intensidad del conflicto armado entre 2002 y 2003 fueron Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, Qindio, Meta, Nariño, yTolima. En la serie de mapas adjunta, se identifican los municipios y regiones que entre 1998 y 2003 fueron los principales escenarios de las acciones armados de las guerrillas y los combates que parten de la iniciativa de la Fuerza Pública contra la insurgencia. En este intervalo, se destacan principalmente municipios del suroriente, suroccidente, centro, nororiente, la costa Caribe y noroccidente de país.

En el suroriente colombiano, la creación el 7 de noviembre de 1998 de la ZD se expresó posteriormente en una considerable reducción en la intensidad del conflicto en Caquetá y Meta , estimada en un 44% entre 1998 y 2000 con respecto al promedio de acciones registradas en los años anteriores. Los municipios donde se producen las reducciones más importantes en la intensidad del conflicto armado no sólo son los que corresponden a la ZD. La disminución en la intensidad del conflicto se expresa en la mayoría de los municipios de Caquetá y Meta. La tendencia descendente en la intensidad del conflicto se invierte a partir de 2001, como lo indica la evidencia que se presenta en los mapas adjuntos. En este año se comienza a intensificar la actividad armada de la guerrilla, así como los esfuerzos del Ejército para contenerla. La tendencia ascendente en la intensidad del conflicto se refuerza a raíz de la terminación de la ZD el 20 de febrero de 2002. A partir de esta fecha, las Farc desatan una gran ofensiva dirigida a afectar la infraestructura de las zonas donde tienen presencia.

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El panorama que se presenta durante 2002 y 2003 en el suroriente colombiano es totalmente diferente: son muy pocos los municipios donde no se registra actividad armada. La gran mayoría está en el rango más alto de intensidad y se observa una elevada concentración de hechos en los municipios que hicieron parte de la ZD así como en el área periférica. Con la disolución de la ZD, la conducta militar de las Farc ha experimenta cambios que deben analizarse en cada uno de los escenarios municipales. Se advierte cómo las estructuras armadas evaden el enfrentamiento con la Fuerza Pública y recurren a las acciones de sabotaje y terrorismo, que a pesar de que tienden a disminuir en 2003, se siguen produciendo. El Ejército y la Policía -quienes han procurado retomar el control- enfrentan dificultades debido a que la guerrilla recurrió al minado de los accesos a las zonas de mayor valor estratégico donde se encuentra replegada para impedir ser alcanzada.

Por otra parte, en el suroccidente del país, la elevada intensidad del conflicto en Cauca se explica por razones estratégicas. Este departamento se ha configurado como un espacio esencial en los desplazamientos de la guerrilla por cuanto convergen ahí corredores entre la Amazonia y el océano Pacíñco, el Valle del Cauca y Ecuador, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y selvas, que se extienden desde la cordillera Central hasta el Pacífico; estas características han favorecido la presencia de grupos insurgentes y de organizaciones de autodefensa. Las principales zonas donde estos grupos al margen de la ley tienen presencia son: la bota caucana que comunica con el departamento del Caquetá y con el Putumayo; el macizo que comprende también algunos municipios de los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Putumayo y Caquetá; la Vía Panamericana que atraviesa el departamento desde Nariño hasta el Valle; la zona noroccidental - río Naya, que a través del río San Juan y más arriba por el río Atrato, comunica con el municipio de Buenaventura (Valle) y el departamento del Chocó (Pacífico); la cordillera Oriental, en los municipios de El Tambo, Aregelia, Patía, Balboa y el piedemonte de la cordillera Central, especialmente los municipios de Mercaderes y Bolívar (zona de enclave cocalero), la zona del pacíñco, principal para el tráfico de armas y de drogas; así como Popayán y sus alrededores, eje administrativo del departamento. La estrategia adoptada por las Farc de erradicar a la Policía de las cabeceras municipales y de corregimientos es complementada en este departamento con el destierro de fiscales y jueces y la destrucción de las cárceles. Los ataques de la guerrilla desde 1998 se han dirigido principalmente contra Silvia, Timbio, Caldono, Caloto, Rosas, Piendamó y Páez; entre 2001 y2002 los ataques no cesaron y algunos tuvieron especial impacto: en Febrero de 2001 fue atacado El Tambo; en julio de 2001 en Bolívar, cerca de 500 integrantes de los frentes 60 y 13 de las Farc atacaron la estación de Policía; en septiembre del mismo año, en Ahnaguer se presentó una incursión por parte miembros de las Farc; en enero de 2002, guerrilleros de las Farc atacaron la estación de Policía de Puracé causando algunas bajas y daños materiales; en julio los ataques se dirigieron sobre Toribio yTotoró, poblaciones que han sido escenario de la resistencia civil a la presión armada de las

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Farc; hubo también ataques entre 2001 y 2002 en Corinto, Patía, Inzá y Puracé. Entre 2000y2003 1os ataques de la guerrilla superan ampliamente las acciones de la Fuerza Pública encaminadas a contenerla, con lo cual se puede afirmar que Cauca es un departamento donde las Farc mantienen una actitud claramente ofensiva a diferencia de lo que se observa en otras regiones del país donde ha optado por el repliegue.

El escalamiento del conflicto armado en Nariño en lo fundamental se relaciona con la decisión de las Farc de extender su presencia hacia la Costa Pacífica, atacando a su paso las poblaciones para destruir los puestos de Policía. El incremento de la actividad de los grupos de autodefensa registrada a partir del año 2000, obedece al propósito de disputarle a la guerrilla el control sobre las principales vías: la carretera al mar que une a Tumaco con la cabecera del municipio de Túquerres y con la capital del departamento y la carretera Panamericana, que comunica a Ecuador con el resto del país. Así mismo, las autodefensas rivalizan con la guerrilla al desplegar su presencia sobre la zona productora de coca en el sur occidente del departamento, desde Tumaco hasta El Diviso en jurisdicción de Ricaurte y desde allí hasta Barbacoas para tener el control del Río Patía hacia el Pacífico pasando por los municipios de Roberto Payan y Francisco Pizarro. Hacia el noroccidente del departamento, la producción y procesamiento de coca han aumentado al amparo de la presencia preponderante de las Farc en el Charco y Santa Bárbara. El número creciente de contactos armados registrados entre 2001 y2002 se expresa en la mayor iniciativa de la Fuerza Pública con el propósito de impedir el avance de las Farc sobre el territorio (con una presencia estatal debilitada por los constantes ataques a la Policía y las amenazas contra alcaldes). De otra parte las Farc a partir de 2001 han tenido que sostener enfrentamientos directos con los grupos de autodefensa.

En el Huila los ataques contra las poblaciones registrados entre 1997 y 2001 se realizaron a fin de presionar la salida de las instituciones que ejercen funciones de Estado en el nivel municipal. Ante la ruptura de las negociaciones de paz y el mejoramiento del desempeño de la Fuerza Pública, las Farc han seleccionado cuidadosamente sus objetivos dejando de lado las acciones que pueden acarrearle elevados costos militares. Las acciones de las Farc, aún las circunstanciales, se ciñen a planes de expansión dispuestos a lograr el control de zonas que proporcionan ventajas militares o logísticas. Por esta razón, la insistencia del grupo guerrillero desde los primeros años de la década del noventa es hacer sentir su poder armado en Neiva, Algeciras, Gigante, Baraya, Tello, Guadalupe, Rivera, Garzón, Acevedo, Campoalegre y Suaza. Así mismo, se revela la importancia estratégica que para la subversión tienen Pitalito, Isnos, San Agustín, La Plata, municipios pertenecientes al Macizo Colombiano, zona que ha desempeñado un papel crucial en el conflicto.

En Tolima, los contactos armados entre la Fuerza Pública y la guerrilla se producen principalmente en el norte, oriente y sur del departamento. En el primer

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http://YV-j.1a.vj.111w


nario de la acción del Ejército contra los frentes Bolcheviques del Líbano del Ein, Tulio Varón de las Farc e integrantes del Erp. El mayor esfuerzo en combatir a las Farc se tradujo en numerosos combates librados con el frente 25, en los municipios de Prado, Dolores y Natagaima hacia la parte más oriental del departamento. Hacia el sur, los frentes 21 y Joselo Lozada fueron enfrentados por las FE.AA. principalmente en Chaparral, Rioblanco y Roncesvalles. A partir de 1998 el objetivo de golpear los municipios del sur y oriente del departamento se convirtió en una prioridad para los frentes de las Farc con presencia en estas zonas. En el sur, Dolores, Ataco, Rioblanco, y Natagaima fueron blanco de las acciones ofensivas. Hacia el oriente la estrategia se ha expresado en Cunday y Alpujarra. En el norte, a partir de 1999,Venadillo, Villahermosa y Anzoátegui fueron atacados. En 2003, el frente de combate más importante se localiza entre los municipios de Roncesvalles, Chaparral, Anaime, Rovira, Ortega, San Antonio y Anzoátegui, que tienen como eje el cañón de las Hermosas. Esta es una zona de influencia histórica de las Farc y es uno de los centros de comercio de látex de amapola más importantes del país y desde donde pueden fácilmente incursionar sobre Ibagué y Armenia, atacar la vía de La Línea y replegarse, o entrar hasta el norte del Valle. Sobre esta zona ha habido numerosos bombardeos aéreos, sobre todo del cañón, con apoyo de la Fuerza Aérea, ante la imposibilidad de que las fuerzas terrestres puedan penetrar una zona minada completamente y en la que se encuentran varios campamentos de los frentes 25 y del "Tulio Varón".

En Cundinamarca, la actividad guerrillera experimenta un brusco incremento a partir de 1991, luego de la realización de la ofensiva del Ejército sobre los campamentos del secretariado de las Farc en Uribe-Meta, que produjo el desplazamiento de frentes del oriente del país hacia el departamento, rodeando a Bogotá. No obstante el evidente interés de las Farcpor extender su presencia hacia la capital, debido a su elevada importancia estratégica en términos de comunicaciones, aprovisionamiento y concentración de riqueza, y adicionalmente por cuanto el escenario urbano permite a los actores del conflicto hacer demostraciones de fuerza con un elevado efecto de perturbación, la ciudad aún no ha sido escenario de la confrontación armada entre la guerrilla y el Ejército regular. La carencia de capacidad de acción para adelantar la confrontación armada en el escenario urbano hoy es mayor si se tiene en cuenta que en 2003 la retaguardia de las Farc fue fuertemente golpeada por el Ejército en Cundinamarca, en desarrollo de la operación "Libertad". En efecto, los frentes 42, 22, 53, 54 y la columna Reinaldo Cuellar de las Farc, han dejado de operar en el departamento ante la ofensiva de la Fuerza Pública que, desde el mes de junio, libró un elevado número de combates que produjeron cuantiosas bajas y capturas e hicieron obligatorio el repliegue de las estructuras armadas que desde comienzos de los años noventa venían tendiendo un cerco sobre Bogotá.

En el nororiente del país se destaca la persistente intensidad del conflicto en los departamentos de Arauca y Norte de Santander. En Arauca, la incursión

160


paramilitar a partir de mediados del 2001, el incremento en las acciones de las Farc, las disputas locales entre éstas y el Ein y el incremento de los sabotajes contra la infraestructura, explican el escalamiento del conflicto. A partir de 1998, las Farc superan las acciones del Ein, pero los sabotajes contra el oleoducto y la infraestructura fueron ejecutados en un número mayor por el Ein. En 2001 se produjo la incursión paramilitar, desde Hato Corozal y Paz de Ariporo en Casanare, hacia Tame y otros municipios de Arauca, situación que se tradujo no solo en enfrentamientos con las Farc, sino también en un notable aumento en los homicidios especialmente en Tame, Saravena, Fortul y más recientemente en Puerto Rondón.

En Norte de Santander, la participación del Ein en la realización de las hostilidades sobresale frente a la actuación de las Farc y el EPL. Las acciones más recurrentes son los sabotajes dirigidos principalmente por el Ein contra la infraestructura de transporte de petróleo que atraviesa el departamento de sur a norte, transportando el crudo que se extrae en Caño Limón-Arauca yTibú-Norte de Santander hacia el puerto de embarque en Coveñas-Sucre. La acción del Ejército para contener a la insurgencia se traduce en un creciente número de contactos armados que en 2001 llega a su nivel máximo. Una característica sobresaliente del conflicto armado durante estos años es la elevada frecuencia de los contactos armados protagonizados por las guerrillas y los paramilitares. En medio del debilitamiento que ha venido experimentando el Ein, es evidente que las Farc apoya a esta guerrilla en la zona del Catatumbo, enfrentándose directamente con los grupos paramilitares para evitar que logren su propósito de aislar al Ein en esta zona de importancia estratégica para la subversión.

En la región del Caribe, los principales escenarios del conflicto corresponden a la Sierra Nevada de Santa Marta y la zona de Montes de María. En el primero de estos escenarios, en respuesta a las acciones de las guerrillas se han desarrollado intensos operativos militares que tienen como objetivo neutralizar los propósitos de los grupos armados y en particular evitar que consoliden la Sierra como una retaguardia estratégica. Las guerrillas, no obstante, no han cedido y tienen la capacidad para reaccionar reuniendo hombres de los diferentes frentes, o lanzando ataques y ejecutando sabotajes en la vertiente contraria en la que están siendo atacados, con lo que logran dispersar los esfuerzos de la Fuerza Pública que no tiene los medios para desplegar operativos que cubran todos los flancos a la vez. A pesar de que la modalidad predominante de paramilitares y guerrillas consiste en eliminar y desaparecer civiles por medio de homicidios selectivos y masacres, a partir de 2001 se hace más frecuente la confrontación directa entre las dos estructuras al margen de la ley.

La región de Montes de María8 constituye una posición estratégica que contiene corredores naturales y adicionalmente sirve de refugio a las estructuras ar-

Dentro de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación del Orden Público (ZRC)

ue jepticmure ue ¿.\J\J¿. por ei vjouierno ai amparo ue ia \-onmo-

161


madas que operan en un amplio territorio de la Costa Caribe. A partir de 2000 los frecuentes enfrentamientos entre los grupos de autodefensa y las estructuras de la guerrilla, el incremento de la acción contrainsurgente de las FF.AA. y la mayor insistencia de los alzados en armas en las acciones de destrucción de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones, son las características sobresalientes. El incremento en la actividad armada registrado a comienzos de 2002 respondió a la mayor iniciativa de la Fuerza Pública contra las guerrillas que operan en la región. Las acciones más contundentes de la guerrilla fueron cometidas por las Farc y solo marginalmente actuaron el Ein y el Erp. La mayor presión ejercida por las autoridades contra las estructuras armadas al margen de la ley que operan en Montes de María ha hecho que la guerrilla, buscando evitar golpes contundentes, se repliegue hacia las partes más agrestes de la Serranía de San Jacinto y se divida en grupos pequeños que ejecutan acciones rápidas y de tipo económico como retenes y secuestros (esto también revela las dificultades que se han comenzado a presentar en la consecución de las finanzas necesarias para garantizar su sostenimiento). La respuesta de los grupos armados a los mayores esfuerzos para reducirlos, también se expresa en el minado de los accesos a sus zonas de refugio y la realización de acciones terroristas y de sabotaje, estas últimas particularmente en El Carmen de Bolívar. Con este comportamiento la guerrilla busca que la Fuerza Pública disminuya su acción contrainsurgente en áreas rurales vitales para su supervivencia y se concentre en los cascos urbanos.

Hacia el noroccidente, las regiones más afectadas por el conflicto son el Oriente antioqueño y el Atrato medio en Chocó. En el Oriente antioqueño la guerrilla ha recurrido insistentemente a los paros armados y bloqueos de la autopista Medellín-Bogotá. Luego de la ruptura de las negociaciones entre la administración Pastrana y las Farc, esta guerrilla destruyó tres puentes que mantuvieron suspendido el tráfico entre Medellín y Bogotá entre marzo y abril del 2002. Este fue el momento cúspide de uno de los propósitos más importantes de la guerrilla en territorio antioqueño: la toma de la vía, que desde 2000 fue escenario de decenas de asaltos, secuestros masivos y atentados. En el 2003 la operación "Marcial" le permitió al Ejército retomar la iniciativa en la lucha contra la guerriUa, lo cual se expresó en 141 combates librados contra los frentes 9 y 47 de las Farc y Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyabe del Ein. Estos grupos ante el aumento de la presión armada, las bajas, las capturas y las entregas voluntarias, han optado

ción Interior, que estuvo vigente hasta en 30 de abril de 2003, se declararon como tal 26 municipios ubicados en los departamentos de Bolívar y Sucre. Del primer departamento se tomaron: Arroyo Hondo, Calamar, Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, Mahates, María La Baja, San lacinto, San )uan Nepomuceno y Zambrano. Del segundo se tomaron; Buenavista, Colosó, Corozal, Chalán, El Roble, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Benito Abad, San luán de Betulia, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo yTolúViejo.

162


por replegarse a las zonas boscosas y montañosas donde se ha impedido el ingreso de la Fuerza Pública mediante la siembra de minas antipersonal en los accesos.

En el último cuatrienio, las Farc atacaron el Atrato medio y el sur de Urabá, poniendo de presente que tiene entre sus planes recuperar el territorio perdido y esto hace prever la intensificación de la actividad de los grupos al margen de la ley sobre la población civil. El conflicto se manifiesta con especial intensidad en el Atrato medio, en los municipios de Bojayá y Quibdó. Las Farc fortalecieron sus dispositivos y ejecutaron ataques en Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá en 2000, mientras que las autodefensas venían llevando a cabo bloqueos económicos y ataques contra la población civil. Paulatinamente la confrontación entre estas fuerzas contrarias fue cada vez más directa y repercutió en las condiciones de vida de la población civil. Los hechos ocurridos en abril de 2002 en los que 119 civiles murieron en medio del fuego cruzado entre las Farc y las autodefensas, así lo demuestran. Fallecieron mientras buscaban refugio en la iglesia Bellavista como consecuencia del impacto de un cilindro de gas utilizado como mortero por parte de la guerrilla. Después de producirse la acción, no menos de 3.000 habitantes huyeron aterrorizados; casi todos llegaron primero a Vigía del Fuerte, en la rivera opuesta del río Atrato. A Quibdó no sólo lo afectó el conflicto proveniente de Urabá. También experimentó los efectos de la grave situación registrada en el Alto Atrato, el Andágueda en Carmen de Atrato, Uoró y Bagado. La violencia en esta parte está caracterizada por una disputa entre guerrilleros de las Farc, el Ein, el Erg, de un lado, y de otro lado, grupos de autodefensa provenientes de Antioquia que tienen influencia en la zona desde principios de los noventa. Como resultado de esto se producen ataques de los grupos de autodefensa y las guerrillas contra la población civil; hostigamientos y ataques de las guerrillas contra la Policía; retenes, acciones de piratería terrestre y quema de vehículos en las carreteras, a lo cual el Estado ha respondido con intensos operativos militares que han causado bajas numerosas entre los insurgentes.

LÓGICA DE LA VIOLENCIA PRODUCIDA EN MEDIO DEL CONFLICTO

Pese a que el conflicto armado y, con mayor precisión, las acciones de las guerrillas y los paramilitares hacia la población, explique hoy la elevada intensidad del homicidio muchas regiones, la violencia en el país sigue siendo atribuida mayoritariamente a un fenómeno cultural generalizado, enraizado en las características de la sociedad. Así mismo, la sabiduría convencional ha establecido una estrecha relación entre «condiciones objetivas» y violencia, concediéndole menor importancia a los actores armados que, para lograr sus objetivos, golpean a los civiles inermes.

El conflicto colombiano, al igual que otras guerras internas registradas en otros países, ha entrado en un proceso en el que las víctimas de la violencia se producen mayoritariamente entre las poblaciones y no entre los combatientes armados (Kaldor, 2001). Vale ia pena contrastar esta característica de los conflictos

163


internos recientes, con la visión clásica de distintos teóricos que destacan cómo los enfrentamientos entre contendientes armados ocupan un lugar central en la evolución de la guerra. La idea de confrontaciones supone interacciones entre beligerantes y una repetición de los combates en el tiempo y el espacio que busca la reducción o parálisis de la voluntad de lucha del enemigo. Sin embargo, en los últimos cincuenta años las modalidades de la guerra se han extendido y las poblaciones, que son fuente de respaldo económico, político, moral y logístico, se han convertido al mismo tiempo en medios y objetivos de la confrontación armada. Tienen además un valor militar para los beligerantes que se esconden entre la gente que las conforman o las usan como escudo humano durante los combates y las enrolan para aumentar sus efectivos (Lair, 2003).

La evidencia estadística que se presenta aquí, permite reconocer los cambios en la evolución reciente del conflicto armado, poniendo de presente la existencia de planes cuidadosamente dirigidos hacia el control de posiciones con elevado valor estratégico para los actores en competencia. De igual manera, se muestra la alta concentración de masacres y asesinatos selectivos en estas zonas, que a su vez experimentan un incremento en los homicidios indiscriminados. En efecto, es importante señalar a partir de lo observado en los mapas 7 y 8, existe en el país una elevada concentración de las muertes causadas por los protagonistas del conflicto armado en escenarios donde persisten los elevados índices de homicidio (mapas 9 y 10).

La tendencia creciente de la violencia, se explica en la medida en que los protagonistas del conflicto armado desencadenan una dinámica donde dirigen sus acciones contra los civiles, pues las respuestas para mantener su influencia sobre las posiciones en disputa se centran en la población (gráficos 5 y 7). En los últimos años, se han presentado masacres que se explican en la lógica de la expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo Urabá con el Catatumbo, con el objetivo de iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en el sur y oriente, así como las zonas de expansión en el norte del país. La reducción registrada a partir de 2001 en el número de víctimas de las masacres obedece al cumplimiento de las metas perseguidas por sus autores y al proceso de negociación que hacia finales de 2002 se inicia con las Autodefensas Unidas de Colombia que las lleva a mostrar pasividad operacional.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla ha terminado imitando las prácticas de terror de los paramüitares y por esto recurre a la masacre y al asesinato de civiles. Como se observa en el gráficos 5 y 6, las guerrillas han incrementado los asesinatos de civiles siguiendo a los grupos paramilitares que son los principales responsables de las muertes. Aun cuando en la mayoría de los casos no se conoce el autor, la correspondencia entre la mayor intensidad con que se producen los asesinatos y los momentos en que los grupos paramilitares adquieren protagonismo evidencia la participación preponderante de este actor.

164


De la misma forma como se ha modificado la dinámica del conflicto armado, el objetivo de la disputa entre sus protagonistas también ha cambiado pues la aspiración de lograr control territorial se ha pospuesto para dar paso a la búsqueda de control estratégico (Pécaut, 2002)9 . En este último sentido, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerriUas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Oriente antioqueño, Magdalena Medio, Montes de María, Cauca, Valle y Nariño, donde los grupos enfrentados actúan con especial intensidad golpeando civiles inermes con el propósito de lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos10.

En las regiones que se destacan en el mapa 8, la insistencia en la masacre tiene el fin de impedir la consolidación de los avances del enemigo, golpeando sus redes de apoyo, redes de informantes, familiares y milicias. Las matanzas pueden ser indiscriminadas. El enfrentamiento entre organizaciones armadas ilegales y las acciones que éstas dirigen contra los civiles explican los elevados niveles de homicidios; no hay al menos otra razón de cambios tan bruscos en los homicidios en contextos en que la guerrilla y los paramilitares luchan por el predominio.

A lo anterior hay que agregar que ante la presión de los grupos armados las comunidades en los cascos urbanos, muchas veces ubicados en zonas estratégicas a lo largo de los ríos y carreteras, han preferido desplazarse al área selvática, o han quedado inmovilizadas en sus lugares de residencia. Muchas regiones son, cada vez más, objeto de bloqueos económicos en buena parte de su territorio, interrupciones en el suministro de provisiones y las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos. Un ejemplo concreto de esta situación lo proporciona el departamento del Chocó. En el momento actual la mayor parte de los pueblos y pequeños centros urbanos a lo largo de los ríos Atrato, Baudó y San Juan, cuentan con una elevada presencia paramilitar. A su vez los pueblos ubicados en sectores más altos, registran la presencia mayoritaria de los grupos guerriUeros, en especial de las Farc. Ambas fuerzas tienen puestos de control en los ríos y carreteras para vigilar el movimiento de personas y productos.

' En el primer caso el objetivo de uno u otro actor armado apunta a mantener, por la fuerza y /o con medios indirectos, un dominio sobre una zona sin que esto implique la formulación de normas reconocidas y, menos aún, la adhesión de sectores importantes de la población. Mientras que buscando el segundo objetivo lo que cuenta no es prioritariamente la influencia que permite este control sobre la población, sino las ventajas asociadas a las lógicas de guerra.

'"Véase: Escobedo, Echandía y Salazar (2002), Colombia: conflicto armado, regio

nes, Derechos Humanos y DIH (1998-2002).

165


CONCLUSIÓN

No hay duda de que la resolución de un gran número de problemas que aquejan a mucha regiones del país depende de manera decisiva de la superación del conflicto armado. De tal suerte, el restablecimiento de la capacidad de preservación del orden público es elemento indispensable para asegurar el control eficaz sobre el territorio nacional. Sin embargo, cabe anotar que ante el optimismo manifiesto en el país en términos de lograr la derrota militar de la guerrilla, se corre el riesgo muy afto de subestimar hacia el futuro la capacidad de transformación e impacto del conflicto.

Como se presentó en este trabajo, las estrategias y los movimientos tácticos de las organizaciones guerrilleras se han modificado en función de los cambios experimentados recientemente en el conflicto, buscando adaptarse a las nuevas realidades militares. Por lo tanto, a pesar de que la ampliación de la capacidad operativa y de inteligencia del Estado ha mostrado resultados positivos en la lucha contra la guerriUa, esto difícilmente implicará que se consiga el sometimiento de los alzados en armas por la vía militar. Los resultados obtenidos en este campo deben interpretarse como una contribución a la creación de condiciones para negociar la terminación de la guerra, por cuanto permiten que la solución política del conflicto se convierta en una opción.

La dinámica que ha adquirido la violencia en medio del conflicto, hace necesario que el Estado se concentre en la población civil, protegiéndola y rodeándola de las garantías que hagan valer plenamente sus derechos. En la medida en que la problemática del desplazamiento forzado ha asumido crecientes y complejas proporciones que requieren de una atención especial, es indispensable atender eficazmente a la población víctima del desplazamiento, mediante programas de titulación de tierras, establecimiento de zonas temporales para la atención de desplazados, y el diseño y puesta en práctica de estrategias que garanticen el retorno seguro y voluntario. Así mismo, es de la mayor importancia impedir el bloqueo de las poblaciones y garantizar la libre circulación de alimentos y otros productos básicos en los zonas afectadas por las hostilidades.

BIBLIOGRAFÍA

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Kaldor, Mary (2001), Las nuevas guerras, violencia organizada en la era global, Barcelona, Tusquets Editores.

I 166 I


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Pécaut, Daniel (2002), "Hacia la desterritorialización de la guerra y de la resistencia civil" Ponencia presentada en el Seminario Internacional Dimensiones Territoriales de la Guerra y \a Paz, Universidad Nacional de Colombia, Red de Estudios de Espacio y Territorio (RET), 10 de septiembre, Bogotá.

Reyes, Alejandro (1988), "Conflictos agrarios y luchas armadas en la Colombia contemporánea", revista Análisis Político No.5 IEPRI. Universidad Nacional.

Salazar, Gustavo (2000), "Evolución militar de las Farc", revista del Instituto de Estudios por la Paz, la Democracia y la Convivencia en Colombia, "Depaz" No. 1, Bogotá.

167


M a p a i Intensidad del conflicto armado en 1998

Intensidad

I I 1 - 5 Baja I 6 - 2 0 Media | 21 -113 Alta

Año 1998 total acciones 1390

Incluye

- Ataque a instalaciones - Contactos armados - Emboscadas - Hostigamientos - Actos de terrorismo - Asalto a poblaciones

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

168


Gráfico i Combates de las FF. MM. y las acciones de la guerrilla

Fuente: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH.

Gráfico 2 Acciones armadas más recurrentes

1600

1400

, 2 IOOO

Años • Combates FF.MM v

Piratería terrestre

• Asalto población

S;l huí,lies Hostiga mi en lo Ataque instalación


169


Gráfico 3 Acciones armadas de la guerrilla y combates de iniciativa de las FF.AA.

(1998 - 2004)

| * r * l l | ' : & r S M | ' * M M | : * S - 5 ) t | 2000 "ESES 2001 2002 2003 04

• Combates FEMM vs Guerrillas • Total Acciones Guerrilla


Gráfico 4 Distribución departamental de la actividad armada de la guerrilla

y combates de las FF:AA. (1998 - 2003)

Antioquia Arauca

Meta Cundinam arca

Cauca Norte de

Santander Caquetá Tolima Nariño

Cesar Huila Valle

Pu tum ayo Bolívar Boyacá

Casanare Magdalena

Caldas Chocó Sucre

Risaralda Guajira

Guav tare Quindío Vichada

Distrito Capital Vaupés

Córdoba Guainía


170


Gráfico 5

Ases ina tos c o m e t i d o s p o r l as o rgan i zac iones a r m a d a s i legales

(1990 - 2 0 0 2 )

35O0

3000

2500

2000

1500

1000

5 0 0

o •+ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

• Organización no Identificada • Guerrillas Paramilitares


Gráf ico 6

Víc t imas d e m a s a c r e s

(1993 - 2 0 0 3 )

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

- Desconocidos

ELN

-ERP

~ Autodefensas

-EPL

- Total

Farc

-ERG

Fuente; ruiicia Nacional, centro ue investigaciones criminológicas.

171


Mapa 2 Intensidad del conflicto armado en 1999

Intensidad

1 - 5 Baja 6 - 2 0 Media 21 - 75 Alta


Variación 7.4

Fuente. Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

172


Gráfico 7 C o m p a r a t i v o d e la evolución d e los h o m i c i d i o s y a s e s i n a t o s c o m e t i d o s p o r

o rgan i zac iones a r m a d a s (1990 - 2 0 0 2 )

lOOO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

HB- Homicidios —•- Asesinatos


173


M a p a s Intensidad del conflicto armado en 2000

Intensidad

- 5 Baja - 20 Media

21 - 73 Alta


Variación 25.7

Fuente: Boletines de Orden Público Diarios del DAS, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

174



S 6-20 Media • 21 - 98 Alta


Variación -2.3


175


M a p a s Intensidad del conflicto armado en 2002

1 - 5 Baja 6 - 2 0 Media 21 -113 Alta


Variación 54.7


176



C U 1-5 | 6 - 2 0 Media

H 21 - 77 Alta


Variación -2.7


177


Mapa 7 Municipios donde se cometieron asesinatos

de civiles por grupos armados ilegales (1998 - 2001) Asesinatos selectivos

Víctimas

50

5 "


178


M a p a 8

M u n i c i p i o s d o n d e s e c o m e t i e r o n m a s a c r e s

d e c i v i l e s p o r g r u p o s a r m a d o s i l e g a l e s ( 1 9 9 8 - 2 0 0 1 )

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

MONTES DE MARÍA

URABAY PARAMILLO

ORIENTE ANTIOQUEÑO

SERRANÍA DE PERIJÁ

MAGDALENA MEDIO

ARAUCA Y CASANARE

11 - 20

21 - 121


179


Mapa 9 Tasas de homicidio 2002

Tasa Nacional de homicidios 2002 de 65.79

por cada 100.000 habitantes

I I Municipios por debajo de la Tasa Nacional C_3 Municipios que igualan o superan la Tasa Nacional ^ B Municipios que superan en más del doble la Tasa Nacional

Fuente: Policía Nacional, Procesado y georreferenciado por el observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

180


Mapa 10 Tasas de homicidio 2003

Tasa Nacional de homicidios 2003 de 51.62

por cada 100.000 habitantes

f 1 Municipios por debajo de la Tasa Nacional EE3 Municipios que igualan o superan la Tasa Nacional • • Municipios que superan en más del doble la Tasa Nacional

Fuente: Policía Nacional, Procesado y georreferenciado por el Observatorio del programa presidencial para los DDHH y DIH, Vicepresidencia de la República, cartografía Dañe.

181

COLOMBIA: ESTADO DÉBIL SIN TERRITORIALIDAD ENTERA.

UNA VISIÓN HISTÓRICA

T h o m a s Fischer"

La cuestión de las relaciones entre la sociedad (o la nación) y el Estado, así como el tema de cómo se obtiene y se ejerce el poder, se vinculan al problema de la territorialidad. En derecho público el concepto de territorialidad encarna el principio según el cual una institución estatal ejerce el poder sobre los habitantes del país; es decir, que el poder del Estado se extiende a todo aquel que permanece en su territorio. Se acepta que el Estado tenga, hacia adentro, el monopolio del uso legítimo de la violencia física y que guarde, hacia afuera, la soberanía frente a otros poderes. En pocas palabras, es un principio "moderno", colectivo y anónimo que remplaza el antiguo principio de relaciones y dependencias personales. El Estado, "visible" a través de sus instituciones y de la actuación de sus funcionarios, defiende y marca un espacio de residencia.

La idea del Estado "moderno" y territorial no encaja con la realidad colombiana ni en la mayoría de los otros casos de Latinoamérica y África. Por un lado, el servicio público que las instituciones de la República de Colombia prestan a su población es limitado, ya que, en la práctica, muchos políticos y funcionarios del Estado no actúan conforme a las normas. Éstas reconocen a la población dentro del espacio colombiano como individuos que gozan de libertad de conciencia, de religión, de opinión, de reunión, de elección del lugar de residencia y del derecho a la propiedad privada. A estas libertades se unen los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley y —por lo menos en algunos aspectos— a la seguridad social. Por otro lado, gran parte de la sociedad colombiana no confía en un Estado limitado en su función de Estado de derecho. Sin mayor confianza en las instituciones1, los co-

' Historiador, con doctorado en historia de América Latina. Especialista en proble

mas de desarrollo y conflictos colombianos. Actualmente, es profesor en la cátedra

de Ciencias Internacionales (España, Portugal, Francia, Italia y América latina) en la

Universidad de Earlangen-Nürnberg (Alemania).

1 Por curiosidad estudié los resultados de la encuesta iatinobarómetro sobre Colombia, tomados del 18 de abril al 22 de mayo de 2002, y encontré los datos siguientes: la democracia tiene hoy día poco valor. De un 60% en 1996 ha caído el apoyo a un 39% en 2002 (entre estas dos fechas gobernó ei presidente Andrés Pastrana, 1998-

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lombianos se niegan a menudo a respetar las reglas básicas y las normas establecidas en las instituciones, recurriendo, entre otras medidas, a la violencia para defender sus intereses2. Si Ernest Renán, en su famoso discurso de 1882, definió la existencia de una nación como un plebiscito diario de la población3, en Colombia puede observarse una constante negación a reconocer las instituciones y la actuación de los funcionarios oficiales. Es decir, hacen falta un orden y unas reglas generales temidas y aprobadas por todos los que viven en el espacio que conforma el país de Colombia.

El dilema colombiano está en el siguiente hecho: por un lado, el sistema político y democrático no puede producir resultados satisfactorios sin la cooperación de la población y, por el otro, ésta última no siente ni sus derechos ni su voluntad suficientemente respetados por el Estado. ¿A qué se debe este dilema? Para tratar de responder esta pregunta, adoptaremos una perspectiva histórica incorporando algunos resultados de las investigaciones recientes sobre el conflicto colombiano. Insistiendo en la vinculación entre sociedad (o nación) y Estado, se adopta una perspectiva "institucionalista" que incluye algunos elementos de los últimos estudios realizados por violentólogos colombianos: por una parte, elementos de los "culturalistas" y de los teóricos de la "violencia instrumental" y la "violencia organizada"4 y, por otro lado, se insiste en la importancia de las institu-

2002.) En este país, con una tradición de elecciones de más de 150 años, tan sólo un 11 % de los ciudadanos se muestra satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, mientras que un 57% de ellos tiene confianza en las fuerzas armadas. Portal www.latinobarometro.org, [19.8.2002].

2 Con todo ello, estoy de acuerdo con Eduardo Posada-Carbó en "que la cultura colombiana no la ha definido, ni se define exlusivamente por la violencia". Eduardo Posada-Carbó. Reflexiones sobre la cultura política colombiana. Bogotá, 2001, p. 12. Véanse también pp. 12-16. Sin embargo, a mi modo de ver, la deficiencia del sistema político y de las instituciones estatales favorecen el uso de la violencia.

3 Ernest Renán. "Qu'est-ce qu'une nation?" En Bundeszentrale für politische Bildung Bonn: Nation, Nationafismus, Nationale Identitát, 1998, p. 15.

4 El mayor logro de la investigación de los "culturalistas" y de los teóricos de la "violencia instrumental" y la "violencia organizada" consiste en la prueba de que no hay causalidad inmediata entre pobreza y violencia. Ellos tildan las "causas objetivas" de mito. Los "culturalistas" hacen hincapié en la importancia del [un] entorno ya sea -tolerante o intolerante- donde cada ser humano nace. Insisten en que la violencia, bien sea afectiva, instrumental u organizada (medio para obtener el acceso a recursos financieros, de controlar un terreno estratégico o de alcanzar ganancias políticas), es una expresión de la intolerancia en la convivencia de los ciudadanos. Véase María Victoria Llórente, Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Mauricio Rubio, "Violencia homicida y estructuras criminales en Bogotá". Análisis político, No. 44, 2001, pp. 22-25. En cuanto a la crítica global a las suposiciones teóricas y los méto-

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Colombia: Estado débil sin territorialidad entera. Una mirada histórica

ciones estatales y de las estructuras económicas y sociales como entorno en el cual se desarrollan las actitudes de la población colombiana. Con todo ello, mi enfoque hace hincapié en que no son tan sólo los afectos mal controlados y los intereses políticos o económicos perseguidos por algunos actores poderosos los únicos causantes de la violencia en Colombia, sino también el entorno estructural, la ausencia de instituciones estatales fuertes, la inclusión insuficiente de la población en el sistema político y la desigualdad económica y social. Se insiste en que la persistencia de la violencia debilita las instituciones estatales e impide su mayor efectividad. Debido a que las estructuras y las actuaciones de la población dentro de un espacio determinado se consideran interdependientes, los actores violentos de Colombia no se perciben ni como puros criminales ni como jacobinos desviados.

SOCIEDAD DEJADA EN LA ESTACADA POR EL ESTADO

La situación específica de Colombia no puede calificarse de guerra civil "clásica" entre las fuerzas armadas oficiales y grupos armados provistos de material bélico, o entre Estados que se pelean por el poder5. Ni es el Estado el único punto de referencia para la organización de la sociedad, ni existe un grupo que haya tenido una hegemonía duradera sobre otros (mediante mecanismos determinados para establecer consensos y —en particular— el control del aparato estatal). La sociedad colombiana muestra que la realidad del Estado sólo es un hecho al lado de muchas otras formas de organización, ya sean armadas o no armadas con fines políticos o

dos empíricos de los últimos estudios "culturalistas", véase el documento de Pedro Valenzuela "Reflexiones sobre interpretaciones recientes de la violencia en Colombia", presentado en el seminario sobre "Pobreza y Violencia en Colombia", en la Universidad de Uppsala, 28 de noviembre de 2001.

5 He planteado la tesis de que Colombia vive una "guerra civil modema", en mi ensayo "La constante guerra civil". En: PeterWaldmann y Fernando Remares (eds.), Sociedodes en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina. Barcelona, Buenos Aires, México, 1999, pp. 255-276, referencias pp. 362-370. Entre tanto, los críticos me han convencido de la limitada fuerza explicativa del término "guerra civil" para el caso particular colombiano. Véanse las afirmaciones con respeto de Carlos Miguel Ortiz, "Actores armados, territorios y poblaciones". En Análisis político, No. 42, 2001, pp. 68 y ss. Véase también la polémica de Eduardo Pizarro, quien descarta rotundamente el concepto de "guerra civil" en Colombia, declarando tal esquema como "tontería intelectual". Pizarro alega que en Colombia se trata de "violencia general y difusa". Eduardo Pizarro. Kolumbien.Aktuelle Situation und Zukunftsperspektiven für ein Land im Konflikt. Río de Janeiro, 2001, p. 26. No obstante, a mi modo de ver, quienes dan al enemigo únicamente un tratamiento delincuencia! también se quedan cortos. Véase al respecto el trabajo de Iván Orozco Abad (con la colaboración de Alejandro David Aponte), Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia. Bogotá, 1992, pp. 11-15.

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criminales. Quizá sería mejor hablar de una guerra entre varios actores armados de la sociedad. Si se acepta esta afirmación, es importante tener en cuenta que los "ciudadanos" colombianos no siempre definen su actuación por medio del Estado. De hecho, la idea de que el Estado es una necesidad antropológica es profundamente europea. En Colombia, el Estado, como lo postulaba Max Weber, no ha podido encontrar la obediencia necesaria a un orden por parte de personas definidas. Cuando Wolfgang Reinhard, en su Historia del poder del Estado, descubre en países como Ruanda, Somalia, Liberia o Zaire y Congo indicios claros del "fracaso del Estado" o incluso de su caída6, debe añadirse que Colombia no se encuentra tan lejos de este diagnóstico.

Este Estado ha fracasado en dos de sus funciones constitucionales esenciales: la seguridad y la justicia7, dejando sola a gran parte de la ciudadanía en cuanto a la protección de sus derechos. La nación, como "comunidad política imaginada, "imaginada como limitada y soberana" (Benedict Anderson), no se creó ni antes de conseguir la independencia ni durante las guerras consecutivas por obtenerla8. A pesar de que predominaba —por ejemplo, en el caso de Simón Bolívar- la opinión de que la nación debía crearse "desde arriba" para evitar el "caos" y la "discordia"9, los logros de dichos esfuerzos no fueron del todo convincentes10. En otras palabras, el Estado colombiano es débil a raíz de la débil articulación de la nación colombiana.

Además, en ninguna época el Estado ha podido asegurar un entorno que ofrezca suficientes oportunidades para trabajar de una manera digna, tampoco ha

6 Wolfgang Reinhard , Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichendeVerfassungsgeschichte Europas

von den Anfangen bis zur Gegenwart. M ü n c h e n , 2 0 0 0 , p . 4 8 0 .

' Pizarro, op. cit, p. 26 y ss.

8 En cuanto a la vinculación cognitiva y afectiva de la población con el Estado, existe una diferencia entre gran parte de América Latina y países como Francia, Suecia, Noruega y Suiza. Estos países gozan de una larga tradición como comunidades de derecho.

'Véase, por ejemplo, el "Mensaje del Libertador a la Convención de Ocaña del 1 de mayo de 1828". En Simón Bolívar. Proclamas y discursos. Bogotá, 2001, pp. 309-318.

10 Incluso Hans-Joachim Kónig, quien encuentra más evidencia para la existencia de un nacionalismo colombiano fomentado por el espíritu republicano y sentimientos anticoloniales a partir de los años de 1750, desarrolla su monografía en torno del tema del "camino hacia la nación". Jans-Joachim Kónig, Auf dem Wege zur Nation. Nationalismus im ProzeB der Staats- und Nationbildung Neu-Granadas 1750 bis 1856. Stuttgart, 1988. Podría decirse que Colombia todavía está en el camino hacia la construcción de la nación. La traducción al español del libro de Kónig fue publicada en Bogotá en 1994.

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garantizado de una manera convincente una compensación material para quienes no logran conseguir un buen empleo. Así mismo, hay que señalar que el mismo Estado alcanzó a implementar su política económica y monetaria durante casi todo el siglo XX gracias a un largo consenso dentro de los grandes grupos económicos del país y la influencia de poderes locales por medio del sistema clientelista imperante en la política1'. Incluso la época de La Violencia puede valorarse como un desmonte intencionado del Estado por parte de las clases dirigentes temerosas de los movimientos sociales12. En estas luchas gran parte de las élites salió fortalecida e incluso -como ocurrió con los industriales del sector textil y los especuladores de tierras— lograron mantener y aumentar su poder13.

Quiero resaltar, con todo ello, que, desde la perspectiva del historiador, la fase de un Estado fuerte, que consiguió una inclusión y una representación de la población al menos parcial (pero por lo general sin poder para tomar decisiones estratégicas en las instituciones), fue relativamente corta, sobre todo en los 16 años del corporativismo practicado por los gobiernos del Frente Nacional, de 1958 a 197414. Este puede considerarse como un intento de fortalecer el Estado-nación. Es irónico que el mismo Estado fortalecido marcara también el punto de partida de la guerrilla y el nacimiento de su poder como reacción al poder estatal15. Antes de esta época y después de ella, muchas personas en Colombia se vieron obligadas a organizarse fuera de las instituciones: "informalmente".

11 Dice Francisco Thoumi: "Notablemente, Colombia ha evitado las políticas macroeconómicas populistas que en diferentes ocasiones han adoptado otros países latinoamericanos, con resultados desastrosos". Francisco Thoumi, Economía y narcotráfico. Bogotá, 1994, p. 20. En cuanto al funcionamiento del sistema clientelista de Colombia, véase John D. Martz. The politics of clientelism. Democracy & the State in Colombia. New Brunswick-London, 1997; Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón de Guevara, dientelismo. El sistema político y su expresión regional. Bogotá, 1990. Las interrupciones más importantes en este sistema se produjeron durante la guerra de los Mil Días (1899-1902) y durante La Violencia (1949-1957).

12 Daniel Pécaut, L'ordre et la violence. Evolution socio-politique de la Colombie entre 1930 et 1953. Paris, 1987, pp. 334-385.

13 Carlos M. Ortiz. Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años 50. Bogotá, 1985; Eduardo Sáenz Rovner. La ofensiva industrial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia. Bogotá, 1992; Colombia años 50. Industriales, política y diplomacia. Bogotá, 2002.

14 Véase el análisis de Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia. Bogotá, 1993.

15 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens. Bandoleros, gamonales y campesinos. Bogotá, 1983.

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ORGANIZACIÓN " D E S D E ABAJO"

En efecto, gran parte de la población colombiana está organizada en forma paralela al Estado en otras agrupaciones subestatales: familias, clanes, regiones, partidos, etnias, consorcios económicos (legales o ilegales), sindicatos, guerrillas, grupos religiosos, etc., rivalizando hasta cierto punto las unas con las otras. Estos grupos y redes de asociaciones constituyen en realidad algo diferente de lo que Antonio Gramsci entiende por sociedad civil activa, vinculada al Estado, y que, sin embargo, existe como esfera de acción colectiva y discurso público independientemente de él16.

El Estado no ha conseguido establecer un espacio de dominio duradero con presencia de la administración en todas las regiones del país. No obstante, también allí donde está presente la administración estatal, ésta goza de una aceptación selectiva a causa de la arbitrariedad de muchos funcionarios, su corrupción, ya sea real o supuesta, y la parcialidad en el reparto de cargos, así como su instrumentalización para la imposición de intereses particulares. De acuerdo con la tipología deTrutz vonTrotha, esto beneficia una "cultura de la defensa violenta de los propios intereses"17.

En este "Estado débil" de aceptación limitada, como consecuencia, grupos o actores individuales con intereses y pretensiones de poder (político, económico, social) claramente definidos tienden a formar, "desde abajo", espacios propios con insignias particulares, que por definición pertenecerían al Estado18. Como última medida, y para compensar la ausencia de un poder estatal hegemónico, toman las armas, por medio de las cuales tratan de alcanzar sus objetivos. Hace mucho tiempo pretendían estar garantizando su propia seguridad, de ahí el nombre frecuente de "autodefensas", que —a falta de protección de los derechos civiles por parte de las instituciones oficiales— sugería una labor defensiva. Más allá de esto, ejercen funciones judiciales de facto, a pesar de que no se respeta ni se pratica un sistema legal coherente. Exigen poder imponer sus reglas dentro de "su" territorio "soberano".

l6Véase la interpretación del concepto de sociedad civil de Gramsci por Sabine Kebir, Gramsci sZivilgesellschaft.Alltag.Ókonomie.Kultur.Politik. Hamburg, 1991; sobre todo pp. 58-73.

"Trutz vonTrotha. "Ordnungsformen der Gewalt oder Aussichten auf das Ende des staatlichen Gewal tmonopols" . En Kólner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Sonderheft 35, 1995; en cuanto al cambio de instituciones políticas, véanse sobre todo pp. 142-146.

l8Véase al respecto el sugerente compendio de Beatriz Nates (ed.), Memorias II Seminario Internacional sobre "Territorio y Cultura. Territorios de conflicto y cambio sociocultural". Manizales, 2002.

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Todo esto da testimonio de que existe un enorme potencial de conflictos entre actores que compiten por la influencia territorial. Hay espacios unidos en los que una agrupación alcanza la hegemonía. Un cuadro similar tiene Heidrun Zinecker frente a sus ojos cuando habla del Estado colombiano como un "conjunto de espacios fragmentados marcados por estructuras paralelas entre poderes locales o segmentarios"19. Sin embargo, en mi opinión, esta interpretación se queda corta, pues dentro de varios espacios en Colombia no es reconocible ninguna hegemonía y, por tanto, los actores individuales se encuentran en conflicto unos con otros hasta el punto que impera una situación de embate. Tampoco se consideran en dicho análisis los cambios de hegemonía a escala local. Además, actores y espacios se encuentran en una relación muy distinta con el Estado. Más aún, están buscando otros interlocultores y aliados internacionales, en un intento de influir sobre la comunidad internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en las comunidades de paz de Apartado, los campesinos cultivadores de coca en Putumayo y Caquetá (quienes viven del mercado ilegal externo), también en la guerrilla y los paramilitares. En la Internet también "hay guerra" (aunque simbólica), favorecida entre otros factores por el creciente grupo de colombianos en el exterior. Esto significa que, en la esfera de las comunicaciones, el conflicto sobrepasó los límites geográficos, lo cual demuestra que éste también tiene un componente de globalización.

A partir de los años de 1980 la situación se complicó, en primer lugar, a raíz de la intensificación de la lucha de las guerrillas contra el Estado, hecho que implicó su distanciamiento de la base de civiles locales y el enfoque en una táctica militar que contemplaba todo el país20. En segundo lugar, diferentes núcleos mañosos trataron de extender su poder mediante el control del acceso a los centros de producción de oro, piedras preciosas, petróleo y —cada vez más- drogas. Para lograrlo, sacrificaban la armonía de intereses e identidades con los de la población local. No son las culturas o las identidades contrapuestas las que se ponen en juego ni los diferentes conceptos nacionales los que marcan las líneas divisorias2 ' , sino los intereses políticos o económicos. La guerra por los recursos natura-

19 Heidrun Zinecker. Kolumbien. Wie viel Demokratisierung braucht der Frieden? [= HSFK-Report 2 /2002] . Frankfurt a. M. 2002, p. 8.

20 Confirma Marco Palacios irónicamente: "Es obvio que la lucha ha sido prolongada pero no ha sido popular". Marco Palacios, "Un ensayo sobre el fratricidio colectivo como fuente de nacionalidad". En Gonzalo Sánchez Gómez y María Emma Wills Obregón (eds.), Museo, memoria y nación. Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Bogotá, 2000, p. 443.

21 María Teresa Uribe. "Las soberanías en disputa. ¿Conflicto de identidades o de derechos?" En Gonzalo Sánchez Gómez y María Emma Wills Obregón (eds.), op. cit,

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les y las ganancias estratégicas conlleva una "desterritorialización" creciente, cuya consecuencia es que cada vez más civiles se convierten en "objetivos militares" o en víctimas accidentales22. Cuando los actores armados se alejan de la base social están fijando a la vez límites para el debate. Se desplazan con la frontline militar-geográfica y están así menos vinculados a las tradiciones y a la geografía. La huida de los más débiles de las zonas de conflicto hacia las aglomeraciones urbanas se convierte en el síntoma más visible de esta tendencia de los grupos armados a querer controlar el territorio sin aspirar a fortalecer la identificación de la población local con los territorios y con aquellos que ejercen el poder en ellos. Los desplazados forzosos conforman comunidades de gran heterogeneidad, lo cual —a diferencia de los refugiados políticos y judíos europeos de los años 1930 y 1940-facilita la construcción de nuevas identidades23.

U N PAÍS DE REGIONES

Al considerar ahora las causas históricas de este fracaso, tanto en el desarrollo de la nación como en las relaciones del individuo con las instituciones oficiales, hay que mencionar distintas líneas divisorias, o cleavages, como dicen los sociólogos. Hay dos aspectos decisivos que tal vez hacen de Colombia algo diferente en América Latina: la relación entre región y nación y el proceso de colonización hacia adentro24 .Ya el primer intento de construcción del Estado fracasó de manera nefasta. La

22 Daniel Pécaut, "Guerre, processus de paix, polarisation politique". En Problémes d'Amérique Latine, No. 43, 2002, p. 25.

23 Gloria Naranjo subraya la utopía de reinventar la identidad mediante las luchas por el reconocimiento del derecho a la nación. No obstante, cabe preguntarse cuál sería el significado positivo de la noción de ciudadano en el escenario actual de Colombia. Gloria Naranjo. "El desplazamiento forzado en Colombia. Reinvención de la identidad e implicaciones en las culturas locales y nacional". En Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, No. 94, parte 1, 2001 (www.ub.es/ geocrit/nova.htm).

24 Hay otro aspecto que podría haber sido crucial: la Iglesia católica, y con ella el concepto de autoridad y disciplina en la vida cotidiana. Sin embargo, la Iglesia constituía en el siglo XIX un vehículo idóneo para la movilización de la masa de creyentes que podían ser reclutados y puestos al servicio de la defensa de los privilegios tradicionales, todo ello sin gran participación del clero. Considerando que la Iglesia católica siempre se ha declarado partidaria de la política conservadora, siendo en sí misma parcial, no podía desempeñar hasta bien entrado el siglo XX ninguna función equilibrante en la escena política colombiana. El antiliberalismo y la intolerancia religiosos de parte del establecimiento católico han sido más elaborados con claridad por medio de la personalidad de Laureano Gómez y su época. James D. Henderson considera esta personalidad emblemáticamente. James D. Henderson, Modernizotion in Colombia. The Laureano Gómez Years, 1889-1965. Gainesville, 2001. Cabe señalar que el

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cohesión interna del Estado colombiano era pobre, la competencia de los grupos dirigentes era dudosa, y las reformas emprendidas para la integración de todos los grupos sociales y étnicos fueron insuficientes para ofrecer una perspectiva a largo plazo. Apenas habían sido sometidos los últimos realistas cuando se inició el proceso de desintegración a partir de 182625 .Tampoco vino la tranquilidad después de la desintegración de la Gran Colombia y la consecutiva fundación de los Estados de Venezuela, Nueva Granada (Colombia) y Ecuador, en 1830-1831. El desacuerdo se mantuvo en los nuevos territorios estatales, lo cual llevó, especialmente en Colombia, a enfrentamientos violentos26.

Como causa principal del regionalismo hay que destacar la fragmentación geográfica del país. La escasa colonización del territorio estatal y la concentración de la masa de población en pocos asentamientos, apenas unidos, dificultaron mucho la formación y la consolidación de una conciencia nacional, como lo confirmó muy claramente Fabio Zambrano27. La composición étnica de las regiones del país era muy diversa y, en consecuencia, lo eran también sus costumbres. A esto se sumó que las reservas de recursos naturales, el clima y las posibilidades de transporte eran también desiguales en las distintas regiones. En razón a una integración diferenciada de cada región en el comercio mundial desde los años de 1850, estas desigualdades se hicieron aun mayores28. Las disparidades con respecto al desarrollo regional im

impacto concreto y la diversidad de los discursos católicos requieren todavía más investigación.

25 Kónig. Auf dem Wege, pp. 197-248; David Bushnell. El régimen de Santander en la Gran Colombia, Bogotá, 1985 [traducción al español], pp. 340-422; Joachim Gartz. Libérale Illusionen. Unabhangigkeit und republikanischer StaatsbildungsprozefJ im nordlichen Siidamerika unter Simón Bolívar ira Spiegcl der deutschcn Publizistik desVormdrz, Frankfurt a. M., 1998 [= Europáische Hochschulschriften Reihe III, No. 808], pp. 60-72; Frank Safford y Marco Palacios, Colombia. Fragmented Land, Divided Society. New York y Oxford, 2002, pp. 112-143.

26 Véase, por ejemplo, Eduardo Posada-Carbó, "Election and Civil Wars in Nineteenth-Century Colombia. The 1875 Presidential Campaign". En Journal of Latin American Studies,Vol. 26, parte 3, 1994,pp. 621-649; James Park, Rafael Núñez and the Politics of Colombian Regionalism, Baton Rouge y London, 1985, pp. 50, 117-121.

27 Fabio Zambrano, "Región, nación e identidad cultural". En Fernán E. González et al..Violencia en la región andina. El caso de Colombia. Bogotá, 1993, sobre todo pp. 113-139. Un estudio de caso de la construcción de identidades colectivas mediante un discurso regional-nacional en Alfonso Muñera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). Santafé de Bogotá, 1998.

28 Thomas Fischer. Die verlorenen Dekaden. "Entwicklung nach auBen" und auslandische Gescháfte in Kolumbien 1870-1914. Frankfurt a. M., 1997, pp. 66-192.

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pidieron que se conformara una clase dirigente nacional homogénea. En ausencia de objetivos comunes, prevalecieron los intereses poli ticos regionales.

De todo ello pudieron darse cuenta por primera vez los lectores de los informes y cuadros de la Comisión Corográfica, elaborados a principios de los años de 1850 bajo el régimen radical (quienes encontraron gran variedad de grupos sociales y étnicos pero quisieron construir una República de ciudadanos homogéneos, o sea "civilizados")29 y, en 1934, el médico y ministro de educación Luis López de Mesa (quien también optó por la construcción de una nación mestiza)30. Por tanto, se quiere hacer hincapié en el regionalismo que nunca desapareció y que hasta hoy día representa una especie de contrapoder social. La existencia de culturas regionales e identidad nacional no se contradicen por principio. No obstante, dos hechos marcan una constelación de fenómenos que puede contribuir a la erosión del concepto nacional: por un lado, la cohesión nacional permanece muy débil y los mitos nacionales que deberían fomentar la construcción de la nación hasta la aparición de la "nueva historia" en los años de 197031, han sido y siguen aún marcados por los atributos de la discordia: la violencia, la guerra y la intolerancia ejercidas por colombianos (aunque en el nombre de la patria)32. Por otro lado, las identidades regionales se muestran muy duraderas y provistas de connotaciones positivas.

A causa de las diferencias regionales, algunos políticos importantes, desde el paso del siglo XIX al siglo XX, pensaron en una descentralización. El concepto de Estado federalista introducido en 1863 significaba un aumento considerable

29 Olga Restrepo. "Un imaginario de la nación. Lectura de láminas y descripciones de la Comisión Corográfica". En Anuario colombiano de historia social y de la cultura, Vol. 26, 1999, pp. 30-58.

30 Luis López de Mesa. De cómo se ha formado la nación colombiana. Medellín, 1970 [primera edición, 1934].

31 Jorge Orlando Meló. "De la nueva historia a la historia fragmentada: la producción histórica colombiana en la última década del siglo". En Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 36, Nos. 50-51, 1999 [editado en 2001], pp. 165-184.

32 Esta es la preocupación de Posada-Carbó, Reflexiones, pp. 36-40. En cuanto a la glorificación de los héroes de las guerras de la independencia, véase Bernardo Tovar Zambrano, "Die Macht derToten. DasVaterland und seine Mythen in der Geschichte Kolumbiens". EnVerena Radkau García y Javier Pérez Siller (eds.), Identitaten: Mythen Rituale. Beispiele zum Umgang mit der Nation aus Lateinamerika und Spanien. [=Studien zur Internationalen Schulbuchforschung, Vol. 98]. Hannover, 1998, pp. 35-49. En cuanto al culto de la violencia después de la independencia, véase, por ejemplo, Malcolm Deas, "Las memorias de los generales. Apuntes para una historiografía de la guerra". En Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera (eds.). Los Mil Días, 1899-1902. Bogotá, 2001, pp. 125-141.

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del poder de las élites regionales. La intención de disminuir los conflictos por medio de la división de competencias no se hizo realidad. Por el contrario, revueltas y rebeliones —los contemporáneos las llamaban "revoluciones"— que tenían su origen en asuntos locales eran instrumentos usuales para la movilización de grupos de población, la articulación de ideas y su imposición. Tras haberse introducido nuevamente el principio del Estado central bajo la llamada hegemonía conservadora, después de 1886, la situación se agravó (con los conflictos más sangrientos en la guerra de los Mil Días, 1899-1902, y La Violencia). La renovada descentralización de la Constituyente de 1991 tampoco logró establecer una paz duradera. En la nueva Constitución se estableció la figura jurídica de territorios indígenas y de comunidades negras. De esta manera, la nación colombiana fue diseñada por primera vez como multicultural y multiétnica33. Sin embargo, la Constitución no refleja la realidad cotidiana de Colombia, debido a la resistencia de aquella parte de la población que no participó en la Constituyente a reconocerla como propia34.

P A Í S DE COLONIZACIÓN INTERIOR

Al problema regional se suma el conflicto social, visible de manera paradigmática en los años de 1850 y de 1890, y de nuevo durante La Violencia. No sólo en las ciudades se distinguía con facilidad el perfil de un conflicto social; en muchas partes del campo, donde campesinos y colonos se enfrentaban a los hacendados, también regía una situación similar. En algunas zonas cafeteras, protegidas por organizaciones de autodefensa, se llevaron a cabo experimentos socialistas. Aunque la confrontación de clases adoptaba cada vez más los rasgos de un conflicto entre partidos, concretamente entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, esto se debía a que las clases bajas rurales carecían de recursos y, por tanto, eran dependientes de otras fuentes de financiación para continuar la ya iniciada guerra de guerrillas. En este contexto, hay que señalar en forma especial otro fenómeno.

A partir de los años de 1920, el mayor potencial de disturbios se encontraba en los colonos, jornaleros y arrendatarios en las zonas de colonización vinculadas a la economía cafetera y otras formas de producción agraria. Exigían el reconocimiento del suelo explotado por ellos mismos como propio, entrando en conflicto con hombres de negocios, especuladores y hacendados que reclamaban para sí las mismas tierras. El tipo de pequeño campesino y colono descrito por Catherine

33Véase Christian Gros. "De la nación mestiza a la nación plural: el nuevo discurso de las identidades en el contexto de la globalización". En Sánchez Gómez y Wills Obregón (eds.), Museo, pp. 353-363.

34 Ana María Bejarano. "The Constitution of 1991. An institutional evaluation seven years later". En Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez G. (eds.), Violence in Colombia 1990-2000. Waging War and Negotiationg Peace.Wilmington, 2001, pp. 53-74.

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LeGrand, Elsy Marulanda, Alfredo Molano, Carlos Medina Gallego, Jaime Eduardo Jaramillo (et al.), Gonzalo Sánchez, Ricardo EsquivelTriana y otros, pertenece a las clases bajas sin que encuentre cabida en el esquema marxista35.

Algo característico de pequeños campesinos y colonos es el trabajo independiente sobre la base de un pequeño trozo de tierra, adaptado para ser cultivable y no utilizado en forma intensiva antes. El suelo -a menudo poco fértil— lo explotaban con su familia, con frecuencia sin título de propiedad asegurado de facto por ninguna institución oficial. Llegaban a las zonas de colonización después de haber fracasado en la ciudad, no haber visto ninguna perspectiva como antiguos agricultores o trabajadores de fábrica o incluso tras haber sido expulsados de manera violenta de un terreno explotado previamente. Las unidades de producción de los pequeños campesinos se basaban sólo en parte en la economía de subsistencia; también estaban destinadas al abastecimiento de unidades de procesamiento y de asentamientos mayores y —con la producción de drogas en la segunda mitad del siglo XX- cada vez más del mercado mundial.

En efecto, el aislamiento geográfico de la(s) (zonas de) frontera, la falta de infraestructura de transporte y la distancia respecto a las instituciones del Estado trajeron consigo que colonos y campesinos se autoorganizaran y adoptaran sus propias "leyes". El colono colombiano es una figura emblemática para la mencionada "cultura de la defensa de los propios intereses".

A esto se añadió el hecho de que los ricos se beneficiaran frecuentemente con la privatización de tierras baldías. Por esta razón, los colonos se encontraban la mayor parte de las veces en una posición crítica frente a las instituciones estatales, ya que éstas protegían sus intereses de manera deficiente. Organizaciones de "autodefensa" asumían a menudo las funciones judiciales, policiales y del ejército. Estas organizaciones surgían con frecuencia como reacción a amenazas externas pues, tan pronto como los pioneros construyeron una cierta cantidad de infraestructura, se inició un proceso de concentración de tierras. El suelo se encareció y los latifundistas, otro componente de la "cultura de la defensa de los propios intereses", aparecieron rápidamente y expulsaron muchas veces a colonos por medio de la violencia.

Esta constelación de actores constituía el componente local, autóctono y tradicional de la violencia política durante el Frente Nacional. Otro componente fue la aparición de los foquistas (cuya meta era sustituir por representantes del

35 Catherine LeGrand. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá, 1988, pp. 43-60; Alfredo Molano. Selva adentro:una historia oral de la colonización del Guaviare. Bogotá, 1987; Elsy Marulanda. Colonización y conflicto. Las lecciones del Sumapaz. Bogotá, 1991; Jaime Eduardo Jaramillo J., Leónidas Mora R. y Fernando Cubides C., Colonización, coca y guerrilla. Bogotá, 1989; Carlos Medina Gallego. Autodefensas, paramilitares y narcotraficantes en Colombia. Origen, desrarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá". Bogotá, 1990; Ricardo EsquivelTriana, "Colonización y violencia en los Llanos, 1949-1953", En Memoria y Sociedad, Vol. 6, No. 11, 2002, pp. 57-84.

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"pueblo" a las "oligarquías" que dominaban el Estado) a partir de la Revolución cubana y su transformación en mito inmediato. Fueron ellos quienes introdujeron un componente moderno en los objetivos sociales y, sobre todo, en la forma de hacer la guerra. Sobre la pelea entre guerrilla y Estado, y cada vez más entre guerrilla y paramilitares y fuerzas privadas, yace desde entonces el peso del conflicto colombiano.

A pesar de que Colombia está en gran medida urbanizada, el conflicto decisivo sigue desarrollándose, al igual que antes, en el campo. La tierra es el campo de batalla tanto militar como en los planos económico y simbólico. En cuanto a lo primero, basta recordar que las ideologías y tácticas foquistas radican en el suelo y el terreno; en lo que concierne a ias dimensiones económica y simbólica, cabe señalar que la finca raíz en el campo es un negocio bastante lucrativo, además, conforme a los valores de las clases altas y medianas. Quien tiene dinero —desde el narcotrañcante más rico hasta el miembro de la clase media— lo invierte en fincas, bien por razones económicas, bien para pasar los fines de semana o bien por razones de prestigio.

Estos conflictos sociales, mantenidos durante años en pos de un recurso (el suelo), son la razón histórica del drama colombiano, contándose entre sus víctimas tanto miembros de organizaciones armadas (guerrilleros, soldados, policías, paramilitares, autodefensas campesinas) como campesinos o colonos e indígenas no armados. Como ya se ha subrayado, en estas guerras no se respetan los derechos civiles. La situación se ha agudizado por el hecho de que los actores armados, gracias a su presencia en mercados ilegales, han podido prescindir casi completamente de otros recursos36. También son, en parte, independientes de los grupos sociales, regionales y étnicos que pretenden representar. Esto puede llevar a que la lucha por los recursos pase a primer plano, mientras los objetivos y los programas originales se desvanecen y son menos discutidos en la opinión pública.

36 Camilo Echandía Castilla, "La violencia en el conflicto armado colombiano duran

te los años noventa". En Ópera 2001, pp. 229-245.

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TRANSFORMACIÓN MILITAR EN MEDIO

DE UN CONFLICTO AGRAVADO

A n d r é s Dávila L a d r ó n d e Guevara* J u l i a n a Chávez E c h e v e r r i "

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta presentación, tal como su título lo indica, hace referencia a una reflexión en torno a los cambios que ha sufrido el aparato militar y policial del país en los últimos años, proceso que puede ser leído como una transformación de estas organizaciones, en medio de un conflicto que sigue su curso de destrucción sin que sea fácil hallarle solución o salida.

La cuestión de fondo que se quiere abordar es, entonces, la relacionada con el tipo de transformación operada en las organizaciones armadas del Estado colombiano y con la magnitud de tal cambio. Transformación o reforma del estamento militar y policial absolutamente indispensable dadas las condiciones agravadas del conflicto y los recurrentes golpes propinados por las organizaciones armadas al margen de la ley y, en cualquier caso, modificaciones tendientes a afrontar, en mejores condiciones y bajo cambios significativos, el conflicto armado interno. No obstante, tales transformaciones tienen que ceñirse a unos parámetros de restricción fiscal severos, contexto en el cual se obliga a una priorización y un acotamiento de las transformaciones requeridas al ámbito estricto de lo posible.

Para el análisis propuesto, en la primera parte se hace una rápida y breve caracterización del conflicto armado y de su evolución reciente; en la segunda se examinan las políticas que sigue el gobierno de Andrés Pastrana 1994/1998, con especial énfasis en aquellas que inciden directamente en la conformación y el funcionamiento de las fuerzas; en tercer lugar se estudian rápidamente algunos logros significativos de la política adoptada y, en cuarto lugar, se da un vistazo a las líneas de política más gruesa impulsadas por el nuevo gobierno de Alvaro Uribe, 2002-2006.

' Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la Flacso, sede México. Director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación.

*' Historiadora; forma parte del equipo de la Dirección de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación.

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Andrés Dávila Ladrón de Guevara y Juliana Chávez Echeverri

CARACTERIZACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

La caracterización del conflicto armado puede hacerse de muy diversas formas. Aquí se plantea hacerlo a partir de algunas cifras puestas en cuadros o en gráficos que reflejan algunos de los componentes más vistosos y de mayor incidencia. En tal sentido, la primera cuestión por considerar es el tema de la tasa de homicidios y algunas cifras de carácter comparado. Esta información muestra claramente el incremento del número de homicidios en Colombia, en especial a partir de 1984, fecha que coincide con el recrudecimiento del conflicto armado interno, en parte asociado al ingreso de los intereses y recursos del narcotráfico al mismo. En la década de los noventa la tasa de homicidios se mantiene en una cota alta, aun cuando muestra un comportamiento oscilatorio y al menos no tiende a crecer por encima de 30 mil homicidios por año. En términos comparados con América Latina, es evidente que la tasa que corresponde a los últimos quince años ubica a Colombia muy por encima del promedio regional. (Ver cuadros).

Un segundo indicador es el crecimiento de las OAML (Organizaciones armadas al margen de la ley). De nuevo, este indicador refleja con toda claridad el crecimiento en el número de hombres tanto de las organizaciones guerrilleras como de los grupos de autodefensas. Se marca con precisión el incremento en el tamaño de las Farc, con una pendiente mayor en el 2000, en pleno proceso de negociaciones, así como el aumento sostenido del pie de fuerza de las autodefensas. El ELN, por el contrario, deja ver su estancamiento. (Ver cuadro).

Evolución de Homicidios en Colombia (1964-2002)

30.000 n

Sí °S 9 E* * í » O CS í J OD O CS í í Jl ~ £ * S . C : £ ; £ ; E ; E í c o = o a ) O O o o o o os a. o*

0 s o o CM CM

Fuente: Policía Nacional.

198

Transformación militar en medio de un conflicto agravado

Tasa d e H o m i c i d i o s e n LAC y Colombia

Fin de los 8o, comienzo de los 90; promedio LAC 15.5

Fin de los 70 comienzo de los 80; promedio LAC: 7

80-,

70-

60-

50-

40-

30-

2 0

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

El CAÍ y las o r g a n i z a c i o n e s a r m a d a s al m a r g e n d e la ley

25.000

20.000

15.000

10.000 -

5.000 -

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

I • AUC • ELN D OTROS GRUPOS SUBVERSIVOS • FARC I

.,.. **;„;-*-_..;- j _ T-.„ÍO rueiue: ivj.misi.eiio ue j^eieusa rsacionai.

199

http://ivj.misi.eiio


Un tercer indicador es el número de víctimas por masacres, el cual recoge una de las acciones de mayor impacto sobre el tejido social. Tres rasgos cabe destacar: el incremento sostenido de esta práctica hasta el año 2000 y la aparente disminución desde entonces, la cual puede estar asociada a prácticas violentas que igual afectan a la población pero que no quedan catalogadas bajo este rubro. El impacto del alto número de masacres que generan las autodefensas, la utilización de este mecanismo por las organizaciones subversivas y un número significativo de actos cuyo responsable no se ha podido determinar. En cualquier caso, cifras preocupantes y que denotan el carácter agravado y descompuesto del conflicto. (Ver cuadro).Un cuarto referente está asociado a las cifras y duros hechos del secuestro. Aquí también se hace evidente un sostenido incremento hasta el año 2000 y una tendencia a la reducción que, aunque no es demasiado, ayuda al menos en cuanto a haber roto la tendencia previa. Quedan dudas sobre subregistro y falta de denuncia. En cualquier caso, estas cifras ubican a Colombia en un triste liderazgo en el tema. Adicionalmente, el secuestro muestra una panorámica de agravamiento y descomposición del conflicto, que aunque implica que éste no está solucionándose, por lo menos hay cifras que hablan del tema.

El CAÍ y los secuestros (1996 - 2002) Número total de secuestros en el ámbito nacional

1996 - 2002

4.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: DIJIN.

2 0 0


En cuanto a la georeferenciación de estos hechos, hemos visto con claridad el trabajo de Camilo Echandía, donde se recoge el siguiente planteamiento: se ha encontrado correlación entre el crecimiento del homicidio y el crecimiento de la actividad de exportación de cocaína, es decir, del crecimiento de la actividad del narcotráfico. De nuevo, parece que ese trabajo sugiere una hipótesis interesante respecto al tema de cómo se maneja el homicidio en el ámbito municipal. Ojalá se tuviera la capacidad de ser cuidadosos en someter estas hipótesis a juicio y en alimentar una discusión sistemática al respecto, cosa que ha faltado entre quienes han trabajado el tema de la violencia de los ochenta para acá. Ha habido hipótesis que se siguen por temporadas, que se vuelven de moda o que pasan de moda, pero no se ha dado una discusión en el mundo académico colombiano, sino que se tiende a desconocer lo que otros han hecho porque les falta teoría, metodología o empiria. Ojalá se pudiera sistematizar esto y generar una discusión que dé más claridad sobre la forma en que se comportan los distintos factores que alimentan el conflicto armado en Colombia.

Todos estos datos hablan del conflicto agravado en el país, que afecta la población civil. De allí la necesidad del Estado colombiano de responder a ese agravamiento y de tratar de invertir una relación desventajosa que se dio principalmente entre 1996 y 1998. Esta empieza a mostrar de manera preocupante una situación en que la guerrilla, al confrontar a la fuerza pública, en particular al Ejército, le da derrotas sistemáticas y genera esa sensación que Alfredo Rangel define como el paso de una guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, antesala del paso a una guerra de posiciones. Frente a esa evidencia, el Estado y la fuerza pública tienen que tomar algunas medidas, las cuales se tocan en este artículo, en especial la transformación militar que se da en Colombia.

Esta transformación militar se da en el marco de una política o de unas estrategias de seguridad y defensa que, aunque no son las políticas ni las estrategias integrales que todos soñábamos, han sido la única manera de darle alguna coherencia a este proceso de cambio que se describe en este capítulo. Esta transformación se da dentro de unas circunstancias específicas que, de alguna manera, delimitan el campo de opciones, el menú de posibilidades para adelantar esa transformación y para tratar de cambiar el equilibrio o la relación de fuerzas que hacia 1996/1998 empezó a darse en el conflicto armado interno.

Los tres rasgos que delimitan este problema son: 1) Una clara restricción fiscal por parte del gobierno central, que hacia 1998 comienza a sentirse con más claridad, y que ha sido la constante desde entonces; 2) Una creciente tendencia del gasto en fuerza pública que resulta incompatible con la restricción y que lleva a saber que el gasto no puede ser diminuido, pero tampoco puede ser excesivo; 3) La necesidad de afrontar de manera eficiente el conflicto armado interno en medio de las restricciones presupuéstales señaladas.

En cuanto al gasto en fuerza pública, existen varios rasgos que parece importante señalar, pues es común escuchar que el gasto en Colombia es gigantesco

2 0 1


e incluso que está desbordado. Sin embargo, los datos históricos demuestran que el gasto en fuerza pública ha sido muy bajo en Colombia, a pesar de presentar unos picos de crecimiento, asociados a hechos históricos importantes como el conflicto con Perú en 1932, o la compra de aviones estratégicos en los años setenta. Puede decirse que sólo en la década de los ochenta, el gasto en fuerza pública supera el 2.5 del PIB.

Gasto en defensa y seguridad como procentaje del PIB

V 4-.

a o

PH

4,5%

4,0%

3,5%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

1996 2002 1997 1998 1999 2000 2001

GDS: % del PIB (1996 - 2000)

Fuente:SIIF y Dirección de Justicia y Seguridad, Departamento Nacional de Planeación

Durante los años ochenta comienza una tendencia creciente, que se extiende hasta la década de los noventa, y que hace que el gasto en fuerza pública supere los 3 puntos del PIB y que permanezca cerca del 3.6/3.7. Es importante señalar que aquí se incluyen las tres fuerzas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y la Policía. Adicionalmente, esta cifra incluye un componente de funcionamiento bastante inflexible (que se encuentra cerca del 72%) y que se utiliza para pagar a los soldados, oficiales y suboficiales, y pensiones. Aunque la cifra global es más alta que el promedio histórico colombiano, sigue siendo muy baja si se compara con el gasto en otros países en conflicto.

Puede decirse entonces que Colombia tiene un gasto históricamente pequeño, para una fuerza militar pequeña y relativamente débil y que la transformación militar se desarrolla en cuatro aspectos fundamentales: profesionalización, movilidad, operaciones nocturnas y operaciones conjuntas.

2 0 2


TRANSFORMACIÓN

I . Profesionalización

En el terreno de la profesionalización, el sector defensa sufre muchas transformaciones en el país. Es decir que, aunque las Fuerzas Militares colombianas son profesionales desde la década de los cincuenta, es a partir de 1998 cuando se intensifica un proceso que comienza con Belisario Betancur y Virgilio Barco: la incorporación de soldados profesionales.

Los soldados profesionales son aquellos que no pertenecen a las Fuerzas Armadas gracias al servicio militar obligatorio, sino que reciben un sueldo, reciben prestaciones y reciben un entrenamiento especial. Es importante señalar que las prestaciones para los soldados profesionales se establecen en Colombia a partir de 1999, durante el gobierno de Pastrana, y que esta decisión tiene como objeto mejorar la capacidad de combate de la fuerza pública por la vía de la profesionalización1.

Mediante este mecanismo se busca cambiar la relación combate-apoyo existente en las fuerzas militares2. Hasta el momento, por cada soldado que iba a combate, se necesitaban ocho hombres que cumplieran labores de apoyo, tanto administrativo como logístico; pero a partir del gobierno de Pastrana se hizo necesario disminuir esta relación a 1:3, es decir, un hombre en combate por tres de apoyo.

De tener 22.000 soldados profesionales, pasamos a tener 55.000 (aproximadamente) y aún existe la propuesta de aumentar el número hasta 100.000. Sin embargo, es importante decir que esto tiene algunas dificultades, por cuanto mantener a un soldado profesional resulta más costoso que mantener a un soldado regular. A este último hay que vestirlo, alimentarlo, darle armamento y una bonificación simbólica, en tanto que al profesional hay que pagarle un sueldo, unas prestaciones, inscribirlo en un régimen pensional y de salud, entre otros.

Este proceso de cambio tiene bastante sentido si se tiene en cuenta la capacidad de reacción del ejército que se está buscando, pero que es dificil de realizar debido a la restricción fiscal que se vive actualmente. No obstante, es importante señalar que el cambio está dándose y que se ha logrado tener un ejército cercano a los 140.000 hombres, 55.000 de los cuales son soldados profesionales.

' En la actualidad existen cinco categorías de soldados. Por servicio militar obligatorio existe la modalidad de: soldados bachilleres, regulares y campesinos. Y por servicio voluntario existen los soldados voluntarios y los profesionales.

2 Mauricio, Vargas Vergnaud. "La relación ataque-defensa en la táctica: un modelo analítico de la confrontación militar entre el ejército y las FARC". Tesis de Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bogotá Noviembre, 2001 Juliana Chaves Echeverri, Lorenzo Morales Regueros y Mauricio Vargas "El tamaño importa: Formas de pensar el fortalecimiento militar en Colombia", en Revista de Estudios Sociales, No. 16, Bogotá, octubre de 2003.

203


P i e d e f u e r z a

1999 1 Soldados bachilleres m Soldados profesionales a Soldados regulares

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

Movilidad de las fuerzas

En general las Fuerzas Militares colombianas, han estado muy atadas a un territorio, a un batallón, a una brigada, o a un comando específico que existe en una zona determinada. En este sentido tradicionalmente han sido fuerzas que patrullan alrededor de sus instalaciones y que tienen poca capacidad de hacer presencia en zonas donde se presentan acciones guerrilleras y de las autodefensas.

En este sentido se ha hecho un cambio importante, pero también costoso: dotar a la fuerza aérea y en particular a la aviación del ejército con un número significativo de helicópteros de transporte de tropa y de combate. Esto se hace con el fin de movilizar soldados para que puedan acceder durante una toma a una población o durante una emboscada. En esta medida, se complementa la estrategia encaminada a lograr un mayor grado de profesionalización en las fuerzas, especialmente la del ejército, que necesita movilizar un gran número de hombres para sus acciones.

204


Capacidad helicoportada

2 5 0

1998 1999

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional.

2000 2001

3. Dotación de las Fuerzas Militares para mejorar la capacidad de operación nocturna

En este punto se hace referencia a la capacidad de llevar a cabo operaciones nocturnas, ya que las fuerzas militares colombianas sólo podían combatir de día, momento en el que la guerrilla llevaba la ventaja.

Se adquieren entonces equipos para las fuerzas de superficie, es decir, visores nocturnos, que permiten a la fuerza operar de noche y comenzar a tener una capacidad de acción sin mucho riesgo y con ventaja sobre la guerrilla y las autodefensas. Es claro que estos equipos implican una gran inversión, un entrenamiento y una capacitación para hacer un uso adecuado de las herramientas que se están entregando, pero también significan un cambio significativo en la forma de operar.

4. Inclusión de la Armada y la Fuerza Aérea en el conflicto

Con la inclusión de la Armada y la FAC en el conflicto, se deriva una mayor capacidad en el combate y la posibilidad de contener el avance de la guerrilla. Este trabajo conjunto ha implicado un redireccionamiento de la Fuerza Aérea, que contemplaba especialmente las amenazas externas, como Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú, y por lo cual privilegiaba la tradicional compra de Miragge y Kafir, aviones de tipo estratégico que el país podía adquirir para la Fuerza Aérea.

205


A partir de 1998, la Fuerza Aérea se involucra de lleno en el conflicto armado interno, lo cual plantea un nuevo debate sobre la posibilidad de remplazar los aviones existentes por unos más nuevos y más apropiados para el combate. Además de los aviones, la Fuerzas Aérea se fortalece con la capacidad helicoportada y de los helicópteros de combate Arpía, ganando de esta forma una mayor capacidad de apoyo de fuego.

Existen también cambios que no están relacionados con las adquisiciones de nuevos equipos, sino con la forma de operar. Es decir, que la Fuerza Aérea se involucra cada vez más en el apoyo real y concreto a las tropas en tierra y en el combate.

Este hecho es de gran importancia para entender el desarrollo del conflicto, pues el trabajo conjunto de las fuerzas constituye una ventaja contra la guerrilla, que se ve obligada a cambiar de nuevo su estrategia y su modo de acción. De esta manera los grupos guerrilleros optan por evitar la confrontación directa con los militares, para comenzar a atacar poblaciones con cilindros de gas, realizar acciones contra la infraestructura, concentrarse en el secuestro y la extorsión.

Parece entonces que, de estar a punto de pasar a una guerra de posiciones, el conflicto colombiano sufre un retroceso, volviendo a la tradicional guerra de guerrillas. La guerrilla trata de permanecer lo más dispersa posible para no ser objeto de las acciones conjuntas entre la Fuerza Aérea y el Ejército, hasta ahora bastante exitosas.

Además de la Fuerza Aérea, la Armada también se involucra en este proceso con importantes cambios que empiezan a verse desde el gobierno de Samper. Uno de ellos es la creación de la brigada fluvial, que ayuda a que los miembros de la Armada dejen de pensar en los océanos, en el papel de los submarinos, las corbetas, las fragatas, el buque Escuela Gloria, y empiecen a mirar los ríos y a desarrollar fuerzas y armas precisas para la actividad y la presencia fluvial. Esto implica un drástico cambio interno: el fortalecimiento de la Infantería de Marina, encargada de recorrer y vigilar las fuentes fluviales y, por tanto, de involucrarse de manera más profunda en el conflicto armado interno.

Estas han sido cuatro de las principales estrategias desarrolladas en las distintas áreas donde se ha dado la transformación militar. En cuanto a profesionalización, el pie de fuerza ha crecido pero no ha tenido un pico significativo; en este último período ha sido un crecimiento vegetativo. Lo que sí crece, como se ve en la gráfica, son los soldados profesionales, y en menor medida los soldados regulares, en tanto que en el caso de los bachilleres todavía quedan como 3.000, y seguirán existiendo mientras no se acabe el servicio militar obligatorio. Adicionalmente, vale la pena mirar cómo ha aumentado el pie de fuerza en relación con la población.

En cuanto a helicópteros, ha habido un crecimiento que si se pone en términos porcentuales es muy significativo, pero si se compara con El Salvador en el momento crítico del conflicto o conVietnam en plena guerra, salta a la vista un punto de partida y un punto de llegada que ilustran la precariedad y pequenez de

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nuestras fuerzas. Nos hemos fortalecido pero para el tamaño del territorio y la dificultad de la geografía, sigue siendo poco.

RESULTADOS

Esta transformación militar tiene importantes efectos sobre el desarrollo del conflicto, pero tal vez no los esperados en cuanto a disminución de las cifras y acciones de la violencia, ni tampoco en cuanto a desarticulación-debilitamiento de las organizaciones armadas al margen de la ley. No obstante, hay unos resultados que reflejan los efectos que ha tenido la transformación militar.

Un primer resultado, ya señalado, es un cambio en la estrategia que venían utilizando los grupos subversivos: han dejado de buscar la confrontación directa con las fuerzas, en especial con el Ejército y la Infantería de Marina y, aún más, están tratando de evitar los enfrentamientos directos con las fuerzas militares. Esto ha implicado atacar mucho más a la población civil, la cual sigue siendo un objetivo militar importante para ellos, a los policías y a las estaciones de policía en las poblaciones, así como utilizar medios de destrucción cada vez más letales, como los cilindros de gas.

Podría decirse, aunque sujeto a críticas y comentarios, que ha habido un incremento en la capacidad de contención y disuasión por parte de la fuerza pública. Y aunque es frecuente que los ciudadanos se sientan inseguros por la posibilidad de una pesca milagrosa, de un retén de la guerrilla o de un secuestro, esto parece más bien el resultado de la estrategia guerrillera, que tiene como blanco la población civil.

Otro punto importante por mencionar es el hecho de que hoy en día se hacen más operaciones en contra de las autodefensas, lo cual, aunque puede ser motivo de discusión, parece claro en las gráficas.

Por último, puede decirse que la transformación militar se ha dirigido hacia el incremento en la movilidad, aunque la presencia sigue jugando un papel fundamental. El dilema es, entonces, encontrar el equilibrio adecuado entre ambas posturas, en medio de un agravamiento del conflicto y de la situación de las finanzas públicas.

L A POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DEL GOBIERNO DE U R I B E

El gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez, posesionado el 7 de agosto de 2002, concentró buena parte de su capital político en desarrollar un plan de gobierno alrededor del concepto de seguridad democrática, como condición previa para avanzar en la construcción de un Estado comunitario. Para el gobernante, resulta imposible alcanzar el normal desempeño de la economía y el desenvolvimiento regular de la sociedad, sin unas mínimas condiciones de seguridad, por lo cual el gobierno ha trabajado en tres líneas de acción fundamentales: 1) en revisar el esquema de manejo del sector defensa y la conducción de la fuerza pública; 2) en adoptar medidas de emergencia para atender tanto la gravedad de la situación de orden

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público como los requerimientos de recursos de las fuerzas; y 3) en diseñar una política de seguridad democrática que defina los objetivos y las líneas de acción estratégica, de manera que se asegure su coherencia y su articulación a lo largo del cuatrienio.

En relación con el esquema de manejo del sector defensa, se han tomado decisiones de gran impacto en la conducción tradicional del orden público y la seguridad. Para empezar, se nombró a una mujer como ministra de Defensa que, por su reconocida capacidad gerencial, ha liderado varios procesos de transformación en la conducción del sector, pero quien también ha sufrido las presiones y tensiones propias de cualquier relación civil-militar sujeta a cambios.

La óptica gubernamental ha sido la de ahondar en el fortalecimiento de las fuerzas militares, pero ejerciendo un mayor control y una supervisión directa desde la presidencia y a través de las instancias civiles del Ministerio. En tal sentido, se entiende el esfuerzo por fortalecer la capacidad civil de gerencia y dirección política del sector, que se ha hecho manifiesta en tres decisiones administrativas: la creación de un segundo viceministerio dentro de la estructura orgánica de la gestión general del sector, el nombramiento de otra mujer civil en la secretaría general del Ministerio (cargo muy importante y dotado previamente de amplias atribuciones, pero siempre a cargo de un oficial en servicio -un general de dos soles, tradicionalmente—), y el desarrollo de un proceso mediante el cual la contratación ha ido pasando a manos del Ministerio y no a las de las fuerzas, en la búsqueda de mayor transparencia y aprovechamiento de las economías de escala derivadas de tal situación. Otro hecho importante fue el nombramiento, como director de la Policía Nacional, de un oficial retirado; a este se le restituyó su condición de oficial en servicio activo.

Estos procesos están en curso y no han estado exentos de tensiones y dificultades. Hasta el momento constituyen un conjunto de hechos que, vistos en perspectiva, implican cambios significativos en el manejo y la estructura del sector.

En cuanto a las medidas de emergencia, desde mediados de agosto pasado se adoptó el Estado de Conmoción Interior, el cual ya fue prorrogado una vez. Desde el gobierno de Ernesto Samper no se había utilizado esta figura, por lo cual resulta interesante el hecho de que la Corte Constitucional haya avalado esta decisión, salvo unas precisiones en relación con la creación de las zonas de rehabilitación. En efecto, varios municipios de Arauca y de la región de Montes de María quedaron cobijados por esta figura y, por tanto, han gozado de atención excepcional por parte de la fuerza pública en su esfuerzo por restablecer el orden público. Sin embargo, ésta es una figura en curso, que habrá que evaluar con mucho cuidado.

Adicionalmente, se adoptó un impuesto al patrimonio con el fin de financiar el fortalecimiento de las fuerzas militares el impulso a las estrategias derivadas de la política de seguridad democrática y algunos faltantes de presupuesto correspondientes al año 2002.

208


En cuanto a la política de seguridad democrática3, su defmición básica señala que el objetivo consiste en reforzar el Estado de derecho en todo el territorio, incluso en aquellas zonas donde tiene nula o poca presencia y aceptación, a partir del fortalecimiento y del ejercicio de la autoridad democrática. Su condición previa es que las instituciones y autoridades puedan cumplir sus funciones, se respete el imperio de la ley y se cuente con la participación activa de los ciudadanos. De hecho, lo que se pretende es la protección de todos y cada uno de los ciudadanos, para lo cual se insiste en que no es una política de guerra, sino de seguridad, en la que la democracia y los derechos humanos son pilares en su formulación y que para ello se requiere conseguir el control territorial y asegurar la acción coordinada del Estado.Todo lo anterior se quiere desarrollar bajo parámetros de eficiencia y austeridad, transparencia y juridicidad.

Luego de estos principios rectores, se definen las amenazas fundamentales que alimentan el diagnóstico y las propuestas de acción. Ellas son: el terrorismo, el comercio ilícito de drogas, el lavado de activos, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, el homicidio, entre otros.

Para avanzar en la búsqueda del propósito fundamental y teniendo en cuenta las amenazas listadas, se plantean, desde una perspectiva de acción integral del Estado, cinco objetivos prioritarios: el restablecimiento del control estatal de la totalidad del territorio, la protección de la población, la eliminación del comercio ilícito de drogas en Colombia, el mantenimiento de una capacidad disuasiva y la ejecución transparente y eficiente de recursos.

Para la búsqueda de estos objetivos se definen seis líneas de acción estratégica. Éstas son: coordinar la acción del Estado, fortalecer sus instituciones, en particular las de los sectores defensa, seguridad y justicia, consolidar el control del territorio nacional, proteger los derechos de los colombianos y los bienes de la nación, cooperar con la seguridad de todos y comunicar las políticas y acciones del Estado.

De estas acciones y objetivos cabe resaltar cómo, en términos generales, se ha hecho un ejercicio de profundización y redireccionamiento de los programas de fortalecimiento de las fuerzas que ya se venían adelantando desde el gobierno anterior. La diferencia fundamental radica en incorporar tal profundización y redireccionamiento en una formulación estratégica que le concierne al conjunto del Estado y que traduce de manera ordenada y articulada lo que implica cada uno de los objetivos por lograr mediante las líneas de acción propuesta. Así las cosas,

3 Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá, 2003.Véase también el capítulo 1: Brindar Seguridad Democrática del Plan Nacional de Desarrollo, en Departamento Nacional de Planeación, Hacia un Estado Comunitario, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Bogotá, 2003.

2 0 9


por ejemplo, la propuesta de un círculo virtuoso de recuperación, consolidación y mantenimiento asigna a las fuerzas unas tareas específicas, las cuales incluyen dar continuidad y hacer ajustes en los terrenos de la profesionalización, la movilidad, la adquisición de nueva tecnología y las operaciones conjuntas, pero a ello se agregan nuevos programas como el de los soldados campesinos o de apoyo.

En este sentido, el incremento del pie de fuerza, que en términos absolutos será de algo más de 100 mil hombres a lo largo del cuatrienio, conserva el lineamiento de las brigadas móviles y de cierto tipo de grupos especiales, pero con la novedad de los soldados campesinos que permiten asegurar, junto con la policía, el control de los territorios recuperados. De esta manera, se da una respuesta específica a la ecuación entre movilidad y presencia, pero con un claro desarrollo del tema de la colaboración y operación conjunta entre las tres fuerzas militares y la policía. Respuesta cuyo resultado habrá que evaluar en el tiempo. Cabe anotar que en este aspecto la construcción de varios batallones de alta montaña rompe con los parámetros de transformación previos, pero responde a urgencias constatadas de las zonas donde van a instalarse.

La propuesta de mantener una capacidad disuasiva, tal cual está formulada, se articula dentro de los lineamientos planteados. No obstante, surgen algunas dudas en torno a la viabilidad de entregar los recursos requeridos para cierto tipo de inversiones que resultan particularmente onerosas. Sin negar la necesidad de tales inversiones, es evidente que las dificultades fiscales se constituyen en un barrera difícil de franquear.

En un sentido semejante, las formulaciones acerca del respeto a los derechos humanos y las consideraciones sobre la cooperación ciudadana tienen al menos un soporte en este esfuerzo articulador. No obstante, no puede negarse que tales propuestas enfrentan una aguda desconfianza y una falta de credibilidad por parte de sectores de la sociedad que no consideran viable que puedan sacarse adelante estos proyectos sin generar efectos perversos y en contravía de los avances mostrados en los últimos años. Pero la tarea para las fuerzas consiste en desvirtuar, por sus procedimientos y sus resultados, las críticas y los cuestionamientos que se les han hecho.

El gran reto de la política está no sólo en conseguir sus objetivos, sino en hacerlo con los recursos existentes. Al respecto, cabe señalar que de entrada el gasto en seguridad y defensa ha subido hasta ubicarse por primera vez alrededor del 4% del PIB. La inversión para el cuatrienio se ha mantenido en sus cifras recientes, lo cual de todas maneras es significativo, dados los recortes y ajustes que han afectado a los demás sectores. Para el cuatrienio se tienen previstos alrededor de 3.2 billones de pesos para inversión. Es decir que, en medio de la estrechez fiscal vigente, los recursos entregados implican un esfuerzo adicional de la economía colombiana, pero sin duda y dados los requerimientos del conflicto no constituyen al menos los recursos que las propias fuerzas consideran necesarios. Es por ello por lo que cobran relevancia las referencias a transparencia, autoridad y eficiencia en el gasto, como temáticas presentes dentro de la formulación de la polí-

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tica. Por ello, también, se ha vuelto común el ejercicio de seguimiento y control a los resultados que la estrategia está generando.

CONCLUSIONES

Este trabajo ha hecho un recorrido por los procesos de transformación que ha sufrido la fuerza pública y, en particular, las Fuerzas Militares en medio de un conflicto que tiende a agravarse. Para ello, se partió de una breve caracterización del agravamiento del conflicto, se examinó en detalle la transformación realizada sobre todo en el terreno de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, se detuvo en algunos de los resultados más notorios de tales cambios en la dinámica del conflicto, y se plantearon los hechos y las líneas más visibles de la política de seguridad democrática del gobierno de Alvaro Uribe, 2002-2006.

El ejercicio deja algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, permite precisar el tipo de transformación militar que se adelantó durante el gobierno de Andrés Pastrana, como respuesta a un conflicto que había llegado a amenazar directamente a las instituciones armadas. Con un énfasis en la profesionalización del pie de fuerza y en la movilidad, la respuesta en términos de recuperar y fortalecer la capacidad de contención de las acciones de las organizaciones armadas al margen de la ley, es significativa y plantea procesos adicionales de cambio en la forma de afrontar el conflicto que tienen que ser incorporadas en cualquier nuevo desarrollo que quiera adelantarse. Tal es el caso de las operaciones conjuntas y del mayor involucramiento de la Armada y la Fuerza Aérea. Igualmente, incluye una modificación en la ecuación presencia-movilidad a favor de esta última.

En segundo lugar, resalta que pese a los avances, la dinámica del conflicto no ha roto su tendencia al agravamiento, lo cual explica el esfuerzo del nuevo gobierno por formular su propuesta alrededor de la seguridad democrática. Ello implica un trabajo en tres frentes, con un marcado interés por profundizar varias de las transformaciones planteadas y desarrolladas y direccionar, bajo nuevos parámetros y objetivos las líneas de acción prioritarias. Visto en perspectiva, hay un claro esfuerzo de prestar mayor atención al sector, tanto en su administración como en su adecuada dirección mediante la respuesta a los requerimientos urgentes y a las perspectivas de carácter más estratégico a través de la elaboración de una política articulada e integral. Esto implica dar continuidad a varios de los procesos en marcha, pero también replantear otros para efectos de precisar los objetivos y las formas de aproximarse a su consecución. El proceso está apenas en desarrollo y ello dificulta evaluarlo. No obstante, por lo elaborado se consigue al menos una primera aproximación a su lógica y a las tensiones, obstáculos y dificultades que enfrenta.

Lo sugerido es, entonces, un abrebocas para el adecuado seguimiento y evaluación de la transformación militar, pero también de los cambios en la política de seguridad y defensa para afrontar de mejor manera el conflicto. Sólo el tiempo dirá si se acertó o no en el proceso.

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el conflicto armado colombiano y su expresión territorial...

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